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Campesinos​ no están contentos con el Informe de Peña: reclaman abandono y mayor dependencia

jueves, septiembre 6th, 2018

El Presidente Enrique Peña Nieto queda en deuda con el campo, por lo que reprobamos “el discurso triunfalista” en esta materia pronunciado en el Sexto Informe de Gobierno, aseguraron campesinos mexicanos. 

De acuerdo con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, México importa frijol y maíz en casi un 40 por ciento de las necesidades de consumo nacional; soya más de un 90 por ciento; trigo y arroz en cerca de un 80 por ciento. 

El pasado lunes, Peña Nieto aseguró que el campo mexicano se convirtió en una potencia exportadora. Pero para los campesinos, los productos exportados son industrializados agrícolas y tienen que ver con un sector muy reducido de los productores mexicanos como Maseca y Sukarne.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto planteó hacer un campo próspero, justo y rentable, sin embargo, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) aseguró que en el actual sexenio subieron en 6 puntos porcentuales las importaciones de alimentos, por lo que no comparten “el discurso triunfalista del Sexto Informe de Gobierno”.

Federico Ovalle Vaquera y Gilberto Silvestre López, integrantes del CEN de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, aseguraron que México pasó de importar el 40 por ciento de alimentos al 46 por ciento al final del sexenio.

“Como país importamos frijol y maíz en casi un 40 por ciento de las necesidades de consumo nacional; soya más de un 90 por ciento; trigo y arroz en cerca de un 80 por ciento”, dijeron.

Los líderes campesinos indicaron que lo único que se demuestra es que “los industriales de México, los favoritos del gobierno solo exportan productos terminados, industrializados con el apoyo del Gobierno mientras que el Gobierno importa alimentos”.

El pasado lunes, en el marco del Sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente Peña Nieto aseguró que el campo mexicano “se convirtió en una potencia exportadora, pasamos de ser la quinceava economía del mundo a la posición 11”. Pero para los campesinos, los productos exportados son industrializados agrícolas y tienen que ver con un sector muy reducido de los productores mexicanos que no llegan siquiera al 10 por ciento.

Entre las empresas nacionales y extranjeras que se favorecieron en este sexenio, dijeron, están Cargill, Bayer, Maseca y Sukarne.

“El valor de las exportaciones ganaderas, los productos asociados a una empresa que se llama Sukarne, concentra casi el 80 por ciento de las exportaciones de ganado en México”, destacaron.

Federico Ovalle Vaquera y Gilberto Silvestre López, integrantes del CEN de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, aseguraron que el Presidente Enrique Peña Nieto queda en deuda con el campo mexicano. Foto: CODICS

Inconformes por el poco apoyo al campo durante el sexenio actual, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos también recriminó que el Presidente aceptó un acuerdo bilateral con Estados Unidos sin considerar que la producción agrícola y agropecuaria en México es altamente subsidiada y al hacerlo ellos están en condiciones de ofertar sus productos a precios que van desde un 20 hasta un 50 por ciento menor al costo de producción que tienen en México, por lo que es difícil competir.

Para Federico Ovalle Vaquera y Gilberto Silvestre López, integrantes del CIOAC, el Presidente Enrique Peña queda en deuda con el campo pues dejó solo “parches”.

“No basta con pequeños parches para que la agricultura repunte, se requieren cambios verdaderos, de raíz y esos pasan, en primer lugar, por establecer un divorcio claro y contundente del modelo neoliberal establecido por 36 años en el país”, mencionaron.

Coincidieron en que se necesita un nuevo diseño normativo, es decir modificar la legislación actual en materia agraria-agropecuaria y así como modificaciones a las Reglas de Operación de los programas sociales vigentes que permitan que el gasto público se destine a la producción interna de alimentos que se necesitan.

Aseguraron que la CIOAC cuenta con propuestas y planteamientos en los  puntos antes citados mismos que están a disposición de otros actores de la sociedad rural, del Congreso de la Unión y del nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo a los compromisos firmados por el Presidente durante su campaña, sólo cumplió 12 de los 17 en materia del campo.

En este fin de sexenio, el campo mexicano sigue con sus viejos problemas, sin programa revolucionario y la paradoja del hambre. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) calcula que el número de personas en pobreza alimentaria pasó de 27 millones 400 mil a 28 millones en 2014 en un país que produce por toneladas todos los granos básicos. El programa anunciado por el Presidente jamás fue presentado pese a varios foros de discusión cuyos resultados han ido a parar al archivo.

En los campos agrícolas de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua prevalece la desigualdad como un fantasma. Un pequeño grupo de corporaciones agroalimentarias como Bimbo, Bachoco, Lala, Maseca, Monsanto, SuKarne y Nestlé concentran la tierra y su producción. Mientras, los jornaleros (muchas veces migrantes en su propio país) sobreviven en condiciones precarias, sin ropa adecuada, con la paga mínima y el sol a cuestas.

–Con información de Dulce Olvera

Impunidad y hasta complicidad de autoridades ahondan crisis de desplazados en Chiapas, acusan

lunes, diciembre 11th, 2017

En Chiapas hay grupos paramilitares que, dado que el gobierno estatal no los ha desarmado, operan al margen de la ley con absoluta impunidad, han asegurado centros de derechos humanos locales. A raíz de un conflicto territorial antaño entre Chalchihuitán y Chenalhó que renació en octubre, 5 mil tzotziles vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes. El Alcalde de Chalchihuitán reportó que seis personas murieron por hambre y frío.

El miércoles pasado, de acuerdo con el Gobierno estatal, el grupo armado de Chenalhó reabrió la carretera bloqueada que mantenía aislado al municipio rival desde mediados de noviembre, pero al menos mil siguen entre las frías montañas.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la ley”, aseguró Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, con presencia en la entidad desde 1979.

Tzotziles en Chenalhó, Chiapas. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Chiapas atraviesa una ola de violencia incluyendo el conflicto territorial entre dos comunidades indígenas que ha mantenido durante un mes a miles de tzotziles desplazados en las montañas, por lo que han muerto seis de hambre y frío. Centros de derechos humanos locales y el pueblo de Chalchihuitán exigen al Gobierno de Manuel Velasco Coello desarmar al grupo paramilitar de Chenalhó que hace más de 20 años participó en la masacre de Acteal y que, dicen, sigue arropado por la Alcaldesa Rosa Pérez Pérez.

“Los conflictos son diversos en la entidad sureña pues van desde los relacionados con la tenencia de la tierra, los religiosos, sociales, entre municipios y entre partidos políticos”, aseguró en entrevista Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con presencia en la entidad desde 1979. Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso del asesinato en el último año y medio de seis líderes campesinos de su organización que siguen en la impunidad, ya que han liberado a los culpables.

Dado que en Chiapas “se acostumbra reprimir a los que no se someten al gobierno estatal”, advirtió que el clima de violencia e inseguridad se puede recrudecer en los próximos días ante el interés del Gobernador, Manuel Velasco Coello, de que el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sea su sucesor en 2018. El legislador del Partido Verde es “una persona indolente que controla ciertos grupos de choque y no goza de buena reputación”. Fue Secretario de Gobierno estatal, pero durante su gestión no resolvió las amenazas y asesinato de uno de los campesinos.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la Ley. No hay atención ni respuesta, y no se puede hacer denuncia a través de los medios estatales porque también están controlados”, aseguró Ovalle.

DESPLAZAMIENTO DE UN MES

En octubre, el pánico ante el incendio de viviendas, amenazas y disparos de grupos armados obligó a casi cinco mil indígenas a huir de sus hogares para refugiarse en el bosque montañoso, en el marco de un antaño conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

El miércoles seis de diciembre los inconformes que mantenían bloqueada la carretera que comunica con el municipio de Chalchihuitán desde el 13 de noviembre decidieron retirarse y entregar la vía a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno con lo que se restableció el libre tránsito en la zona, informó el gobierno de Chiapas.

Pero, a días de que entre el invierno, al menos mil indígenas siguen escondidos en chozas improvisadas y fogatas en las montañas entre los que figuran mujeres embarazadas, niños sin clases y adultos mayores. Al menos seis han muerto por hambre y frío, de acuerdo con el Presidente Municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez.

“Siento mucho dolor en mi corazón”, dijo una mujer de Chalchihuitán tras perder sus pertenencias y cosechas. También había enfermos de tos, gripe y fiebre. “Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que los grupos armados nos liberen los caminos. Que el gobierno nos dé seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, declaró Efraín López Gómez, otro de los afectados, a la prensa local.

Aunque el conflicto comenzó desde octubre y se agudizó en noviembre, hasta finales de mes el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó sobre la entrega de víveres, artículos de limpieza personal, cobertores y colchonetas, así como brigadas médicas para la atención oportuna de la población afectada. También se instaló un albergue provisional y la Secretaría de Salud ha otorgado casi dos mil consultas en comunidades de ambos municipios.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reportó que el 17 de octubre hubo un muerto de Chalchihuitán, por lo que llamó al Gobierno de Chiapas a desarmar a los grupos que actúan de manera impune. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, en Chenalhó subsiste el grupo paramilitar que actuó en la masacre de Acteal, pero ahora está más armado y más numeroso.

“El caso es que Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento, situación por la que será recordado como Gobernador”, escribió el Centro Ku’untik a Manuel Velasco Coello.

El 29 de noviembre las autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron al gobierno chiapaneco de encubrir a la Alcalde de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado. Pérez Pérez estuvo fuera del cargo durante casi un año porque la comunidad la acusó de incumplir sus promesas de campaña.

La organización Serapaz también urgió a que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal, la matanza de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños– en ese municipio chiapaneco de Chenalhó, por un conflicto intracomunitario. La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas ha reiterado durante años que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno pudo detener el conflicto para evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias, justo como sucede ahora.

El Gobierno del Estado llamó a los presidentes municipales de Chalchihuitán y Chenalhó a resolver las diferencias por medio del diálogo, y acordaron respetar las resoluciones judiciales sobre el conflicto de límites. Asimismo las autoridades formaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con el objetivo de disuadir la portación de armas de fuego.

Además, 117 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 150 elementos de la Policía Estatal arribaron el jueves pasado a la cabecera municipal de Chalchihuitán para brindar ayuda a la población.

“Debieron de haber actuado desde hace mucho tiempo. En un problema muy añejo. Ayer ya quitaron las barricadas, pero hay otros problemas en Chenalhó, Pueblo Nuevo y las Margaritas donde operan una serie de grupos al margen de la ley con absoluta impunidad. El gobierno del estado no ha hecho ninguna acción”, aseguró Federico Ovalle del CIOAC. “El riesgo de que se den otros enfrentamientos está muy latente”.

EL CONFLICTO DE CUATRO DÉCADAS

El conflicto corría el riesgo de escalar al nivel de la matanza de Acteal, ocurrida en 1997. Foto: Cuartoscuro.

La confrontación entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó comenzó desde hace 45 años a raíz de que la Secretaría de la Reforma Agraria trazó una línea recta para establecer los límites territoriales de cada región, en vez de basarse en el recorrido natural del río que los separa. A Chalchihuitán autoridades les entregaron tierras que indígenas de Chenalhó reclaman como suyas.

El Gobernador Manuel Velasco Coello promovió en 2015 la firma de convenios de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario entre ambos municipios, pero no fueron respetados.

El 13 noviembre grupos armados, quienes se identificaron como habitantes de Chenalhó, bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, por lo que la población quedó incomunicada hasta el 6 de diciembre.

El Centro Frayba alertó que los negocios cerraron y dejó de haber maíz, fruta, tortilla y gasolina.

“No podemos cruzar a pie porque están vigilando el camino y dicen que van a matar a quien pase”, aseguró hace unos días al diario Chiapas Paralelo el párroco Sebastián López López. “Los desplazados están viviendo en las montañas sin ninguna protección”.

Como desapareció la Reforma Agraria, ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la responsable de buscar y resolver el conflicto, aseguró el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, al diario Chiapas Paralelo.

“Nadie quiere recordar lo que pasó en Acteal, pero el ambiente es muy semejante al que era previo a la matanza. Lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en la siguiente elección”, agregó.