Es curioso que las caravanas migrantes organizadas o “acompañadas” por miembros de la organización Pueblo Sin Fronteras y sus aliados en el continente—a veces financiados por algunas fuentes comunes—coinciden en general con algún evento político de gran relevancia en los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en las elecciones intermedias de 2018; las luchas por el poder político en la era de Trump que desembocaron en los denominados Protocolos de Protección Migratoria (MPP por sus siglas en inglés) o Programa Quédate en México; la reinstauración del MPP; o el inicio de la agenda denominada “Reconstruir Mejor” (o Build Back Better por su traducción al inglés).

Se acerca ahora mismo, lenta pero segura, una caravana hacia la frontera México-Estados Unidos. Los organizadores o líderes de la misma son ya conocidos. Lo que no es conocido a ciencia cierta es el financiamiento de este aparente movimiento social, que algunos han llegado incluso a denominar—quizás de forma romántica e ingenua—una novedosa forma de “autodefensa” migrante. El impacto político de estas movilizaciones en masa, por el contrario, han desembocado—de una forma bastante irónica—en mayores restricciones migratorias, tales como el llamado Programa “Quédate en México” o el sistema de “metering” que limitaba el número de migrantes que podían pedir asilo en puentes fronterizos o puertos de entrada oficiales.

La nueva caravana se ha ido mermando desde su formación hace ya algunas semanas y ahora busca refuerzos en algunas ciudades del país donde los organizadores tienen contactos con albergues—particularmente en algunas ciudades del estado de Veracruz, así como en Sonoyta y Caborca, Sonora (donde supuestamente uno de los líderes de la caravana, Irineo Mújica, administra espacios migrantes). Dicha movilización se desarrolla en el marco de dos sucesos fundamentales en la Unión Americana ligados a la política y al tema de la migración. Uno es la casi inminente reimplementación (tal vez con otro nombre y slogan) del programa “Quédate en México”, y el más importante se enmarca en la puesta en marcha de la agenda Build Back Better (BBB). Esta agenda se materializa en un plan para transformar la matriz energética de Estados Unidos, con miras a reconstruir la economía estadounidense mediante políticas keynesianas que se comparan con un “Nuevo Acuerdo” (New Deal), pero ahora verde.

Dicho esquema es avanzado por la actual administración estadounidense del demócrata Joe Biden y fue propuesta por el ala más radical de ese partido, encabezada por políticos “progresistas” como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Esta agenda beneficiará, en mayor medida, a grandes grupos empresariales que dominan el sector de las energías renovables en Estados Unidos y que aprovecharán un gasto gubernamental billonario para brindar además trabajo a una gran cantidad de personas que habían sido excluidas del desarrollo en ese país y habían abandonado el “sueño americano”.

Dicho plan va tomando forma—aunque aún es incierto su desempeño—con la aprobación, el 15 de noviembre, de la Ley de Inversión en Infraestructura y Trabajos y la aprobación, en la Casa de Representantes (falta el Senado), de la Ley “Transformar Mejor” (BBB) el 19 de noviembre. Parece que la agenda avanza rápidamente, pero aún faltan definir los detalles finales y proceder a la implementación. Para lo segundo, se requerirá—si todo sale bien—de grandes cantidades de mano de obra a nivel nacional en un intento por reactivar la economía estadounidense. Sin embargo, esta especie de Nuevo Acuerdo Verde también requerirá de mano de obra no calificada extranjera dispuesta a participar en las tareas más arduas de la “mejor transformación” a través del desarrollo masivo del sector de las energías renovables para luchar contra el malsano cambio climático que supuestamente podría causar una catástrofe mundial.

Considerando la legislación del BBB y la masiva inversión para transformar la matriz energética de Estados Unidos—y el resto del mundo, por ende—se espera cambien la perspectiva y las políticas dirigidas a administrar y regular los flujos migratorios en el continente. Se pronostica, en primer lugar, que se regularice a una parte importante de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular/ilegal y se acepte la entrada de trabajadores migrantes nuevos, bajo ciertas condiciones—siempre favorables al gran capital (ahora concentrado en la industria de las energías renovables). Así, se daría un giro de 180 grados al discurso relativo al tema migratorio, si todo sale como lo planean las élites que actualmente gobiernan a los Estados Unidos.

No obstante este panorama que pareciera resultar tan benéfico para todos en la Unión Americana—incluyendo a los migrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, y hasta para quienes desean pedir asilo en este país—la realidad resulta ser bastante más complicada y los acuerdos parecen continuar siendo bastante injustos. Parece ser que la sociedad estadounidense se encuentra más polarizada que nunca con relación al tema migratorio y que existe actualmente un segmento de la población que rechaza a los migrantes más pobres—aunque desean que éstos sigan trabajando (de forma invisible) en las labores más arduas para seguir “haciendo a América grande”. Así, aunque la administración del Presidente Joe Biden haya planteado la necesidad de aprobar una reforma migratoria comprehensiva en el Congreso, el éxito de la misma se ve no sólo lejano, sino imposible.

La ley del BBB—en caso de aprobarse en el Senado como se encuentra actualmente—otorgaría un permiso temporal (parole amnesty en inglés) a millones de trabajadores extranjeros que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin haber acreditado legalmente su situación migratoria. Lo anterior causa una gran incomodidad entre los sectores conservadores en el país. Ello dificultará aún más la aprobación de cualquier intento de reforma migratoria comprehensiva y un camino a la ciudadanía para los más de 10 millones de migrantes indocumentados en la Unión Americana. En este contexto adverso, a lo que más quizás podría aspirarse es a generalizar las políticas de acción diferida que únicamente retrasan la deportación y no confieren antigüedad, ni prestaciones a los trabajadores extranjeros que entraron al país de forma irregular o ilegal, como sea el caso.

Así, esquemas como DACA y DAPA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y Acción Diferida para Padres de Estadounidenses) se generalizarían, beneficiando así a la economía estadounidense en su conjunto. Al mismo tiempo, se reforzarían las ventajas para los grandes empresarios (generadores de fuentes de trabajo), pero desafortunadamente se mantendría a los migrantes que llegaron indocumentados a Estados Unidos en la incertidumbre. Por otro lado, parecería ser que se mantendrían las actuales restricciones a la llegada de nuevos migrantes y refugiados, pero quizás se innovaría en la penosa implementación de nuevos esquemas de selección de personal o de selección de los migrantes más fuertes y más aptos para la “mejor reconstrucción” de los Estados Unidos de América.

Parece ser que lo anterior ya había venido sucediendo, si se consideran los éxodos de migrantes de distintas partes del mundo que deben cruzar varias fronteras, partiendo desde naciones sudamericanas (como Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana o Chile, entre otros), y que deciden tomar un largo y peligroso camino hacia el “sueño americano”. Dichos flujos de migrantes son facilitados por sofisticadas redes transnacionales de traficantes de personas que operan con métodos cada vez más sofisticados y que, de forma sospechosa, rara vez (si no es que ninguna) son desmanteladas.

Muchos de estos grupos de migrantes y refugiados cruzan la peligrosa selva del Darién donde la autoridad migratoria de Panamá (el Servicio Nacional de Fronteras o SENAFRONT)—que opera de manera muy cercana con las autoridades estadounidenses y recibe abundante financiamiento por parte de las mismas—les registra y toma sus datos biométricos. Por lo anterior, sorprende que en el discurso se hable de crisis migrantes (o de refugiados) inesperadas en la frontera México-Estados Unidos (ej., la reciente “crisis” de migrantes haitianos), porque todo apunta a que el Gobierno estadounidense conoce perfectamente los perfiles exactos de quién llegará a su frontera y de dónde vienen.

En resumen, bajo el contexto actual del BBB, parece que cambia el discurso en Estados Unidos con respecto al tema migratorio, pero se mantendrían las restricciones de entrada. Todo parece apuntar a que el programa “Quédate en México” o MPP se reinstaurará como lo ordenó la Corte Suprema de los Estados Unidos, quizás ya con la venia de México—lo que faltaba para hacerlo efectivo. A cambio de esto, México podría ya haber negociado algunas vías para la regularización de migrantes mexicanos en la Unión Americana, aunque ello implique más que nada esquemas de acción/deportación diferida. Dentro de este esquema se vislumbran excepciones que continuarán haciendo posible la selección de los individuos y familias más aptos para los arduos trabajos del Nuevo Acuerdo Verde estadounidense. Por su parte, parece ser que México, en una decisión llena de “pragmatismo”, opta por dar refugio—sin contar con suficientes recursos—a los migrantes menos fuertes y más vulnerables. No sorprende este esquema, pues siempre Estados Unidos ha tratado a su vecino como un “Patio Trasero”.

No parece ser entonces una coincidencia que Elvira Arellano del “otro” (¿?) Pueblo Sin Fronteras, hoy en día La Familia Latina Unida, le diera la bienvenida a AMLO en Washington DC. Veremos si el Gobierno de México acepta finalmente (quizás con otro nombre) la implementación del MPP o algo parecido. Por lo pronto, parece que se aplazará la deportación de los migrantes mexicanos hoy indocumentados pues fungirán como los obreros del Build Back Better. Simultáneamente, se continuarán alentando las migraciones desde Sudamérica, entrarán las familias y los individuos más fuertes, y quedarán en el camino (algunos muertos o ultrajados) los más débiles.

Por su parte, las caravanas migrantes arropadas por miembros de Pueblo Sin Fronteras, entre otras organizaciones no gubernamentales, muy probablemente tendrán finalmente los mismos efectos que han tenido desde 2018. Es decir, contribuirán a la polarización en torno al tema migratorio en la Unión Americana y se recrudecerán las posiciones antinmigrantes de los sectores conservadores estadounidenses. Por su parte, se cerrarán cada vez más las fronteras a la llegada de nuevos solicitantes de asilo y la división ideológica hará cada vez más difícil la aprobación de una reforma migratoria comprehensiva en el Congreso estadounidense, que abriría un camino a la ciudadanía para aquellos que han dado a ese país su trabajo y los mejores años de su vida. Entonces las caravanas, en lugar de ser formas novedosas de transmigración y autodefensa, como algunos lo han planteado, podrían tener un resultado adverso y reforzar al final los esquemas de explotación de la mano de obra no calificada que busca mejores oportunidades en la era del Build Back Better.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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