Hace unas semanas Sabina Berman entrevistó virtualmente a Anabel Hernández por su libro Emma y las señoras del narco, y la autora de esta obra de gran éxito mediático repitió lo esencial de lo que dijo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, luego, en varias entrevistas que dio a medios de comunicación.

Sabina Berman quería ir más allá del aura frívola del libro, entrar lo sustantivo, ya no de la travesía de las “señoras del narco” por las alcobas de los señores del narco si no a otro tema, la relación de los gobiernos con el narco y, más específicamente, de la gobernabilidad que puede eventualmente generar bien llevada esa relación.

Palabras más, palabras menos, Sabina le preguntó agudamente sobre que pensaba ella de un eventual acuerdo del Gobierno con los cárteles del crimen organizado para evitar el baño de sangre y la inestabilidad que hoy vemos en distintas partes del país, con su estética poco alentadora, cuerpos colgados en puentes perimetrales, incendios de inmuebles y vehículos, balaceras interminables o el preocupante, corrimiento de la mancha de violencia hacia otros estados del país.

La respuesta de Anabel fue contundente, de rechazo inmediato y argumentó certera y fundadamente, él porque de su negativa cuando señaló que eso significa -él singular, es porque ya se hace, en algunos estados- poner sobre la mesa de negociación la vida de los mexicanos -ahora, si, en plural.

No es nuevo el argumento a favor de ese tipo de pactos, lo nuevo es que hoy, se esté planteando como alternativa a la violencia criminal. Este tipo de salida a un problema ya crónico ha estado presente de facto y ha sido renovada por décadas especialmente en el noroeste del país –léase, para documentarse la investigación con fuentes norteamericanas del sociólogo Luis Astorga: Drogas sin Frontera– y, en esa mecánica, se buscaría extenderlo al resto del territorio nacional.

La lógica del argumento es muy sencilla. Como las instituciones de seguridad nacional son incapaces de acabar con el crimen organizado se hace necesario negociar con los líderes de los grandes cárteles para garantizar una sui generis gobernabilidad democrática; y, cómo son cuantiosos los recursos financieros que maneja  bajo distintos ropajes, genera áreas de oportunidad en inversión y empleos, técnicamente, eso significaría darse un “balazo en el pie”; y, como el crimen organizado, tiene un gran asentamiento social con su parafernalia (estéticas, consumos, lujos, música), para que mantener una guerra contra las drogas que de antemano culturalmente está perdida.

Esta lógica descabellada ha permeado la política y hasta podría estar detrás de la máxima de “abrazos, no balazos”, incluso, estar funcionando en estados, lo que no significa que la violencia haya mermado en ellos significativamente, sino, que ha adquirido otras manifestaciones que muestran una relativa disminución de la violencia que, eso sí, nada tiene que ver con la que hemos visto en los últimos meses en Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, dónde la escalada de violencia, no parece tener fin, porque esta ha transitado de la cotidiana a la política.

Esta semana el diario sinaloense Noroeste publicó un largo reportaje bajo el titulo sugerente: “Sin cuerpo, no hay delito”, que tiene en el centro el tema de las personas desaparecidas especialmente en el municipio de Culiacán y extraemos, de ese acucioso trabajo realizado por el periodista José Abraham Sanz, algo que explicaría algunas dinámicas que estamos viviendo en el país.

Pero, antes, vayamos al concepto de “donbernabilidad”, acuñado por el abogado colombiano Michael Reed Hurtado, avecindado en la Universidad de Yale, donde enseña temas de seguridad y derechos humanos.

Bien, “donbernabilidad” es una composición referida a la gobernabilidad sin calificativos, es decir, a la conservación de los equilibrios básicos para que funcione una sociedad y en el caso colombiano se desprende de la acción político-criminal del paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como Don Berna, quién hoy purga una larga condena en los Estados Unidos.

Este hombre que es personificado en una de las tantas series colombianas existe y como lo dice Reed Hurtado fue pieza clave en los “acuerdos que se hicieron entre las autoridades locales, autoridades policiales, y los paramilitares para controlar la criminalidad en un sitio como Medellín y la zona metropolitana, que, agrega, estaba poniéndose muy caliente y él indicador de que las cosas están calientes por lo general son los homicidios dolosos”.

Ergo, había que restar visibilidad a este tipo de homicidios en la narrativa criminal de los distintos gobiernos, sean de derecha o de izquierda, ambos necesitaban atenuar los efectos de esta Medusa de mil cabezas.

Y es que cualquier estrategia de Gobierno, que busca conciliar intereses técnicamente tan diversos y encontrados estaría destinada, a disminuir el número de homicidios dolosos, limpiar la estadística criminal y presentar a cualquier Gobierno, como medianamente eficaz en el combate contra el crimen organizado.

Así, técnicamente, disminuyendo la estadística de los homicidios dolosos, sorprendentemente aumenta el número de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda, y luego un reportaje publicado en el New York Times, muestra que entre 1964 y 2021, pero, especialmente desde el Gobierno de Felipe Calderón, hay un incremento de este tipo crimen que alcanza casi los 100 mil desaparecidos que se explica por la detención de líderes del narcotráfico, la fragmentación de cárteles y células del crimen organizado, además, de la ampliación de campos de operación criminal.

Precisamente el escenario se vuelve complejo por esa alta fragmentación del crimen organizado que igual fragmenta los posibles interlocutores. De ahí la idea equivocada de que pactando con estos grupos provocara un equilibrio y, con ello, una disminución de la violencia y es que, cómo bien se lo dijo Anabel Hernández, una renuncia del monopolio de la violencia del Estado genera espacios vacíos que son cubiertos inmediatamente por el crimen organizado y eso fue patente en las elecciones del verano pasado cuando los distintos grupos hicieron acto de aparición poniendo y quitando candidatos.

Peor, todavía, un eventual pacto entre ambos actores representaría actuación libre en las 23 áreas que según Edgardo Buscaglia existen y eso, significaría, la construcción de un Estado fallido, un Estado, que renuncia a sus competencias y, en primer lugar, las de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En definitiva, el falso dilema que está en algunas de las preguntas y respuestas de la larga entrevista de Sabina Berman con Anabel Hernández, aun con todos los riesgos que representa, la apuesta es que haya más Estado y más gobernabilidad democrática, lo otro podría derivar en un singular en uno o varios conceptos sociológicos de acuerdo con cada región y grupo criminal pactante.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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