El acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 22 noviembre que declara que los proyectos estratégicos y prioritarios son asuntos de seguridad nacional ha generado una gran polémica desde diversos ámbitos, entre los que se destaca el riesgo que supone este acuerdo administrativo para la transparencia y la rendición de cuentas, los impactos ambientales o incluso las posibles violaciones a la Constitución y diversas leyes del país.

Pero poco se ha discutido la narrativa implícita del acuerdo que habla de construir infraestructura para fomentar el desarrollo y las consecuencias que este discurso estatal-liberal puede acarrear en términos de despojo de territorios y bienes comunes de comunidades campesinas y de pueblos originarios.

Al hablar de infraestructura, el gobierno de la Cuarta Transformación se refiere a los megaproyectos como el Tren Maya en la península de Yucatán, el corredor Transístmico, y proyectos energéticos como refinerías, pozos petroleros, presas y gaseoductos y acueductos.

Así lo plantea el acuerdo del 2 de noviembre: “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”.

Con independencia de la ideología o del color del partido que controle el aparato de Estado en México, todos los gobierno dan por descontado que crear o construir infraestructuras es en sí mismo bueno para el país y para las poblaciones de los territorios donde se crean dichas infraestructuras. Nada más alejado de la realidad.

Los megaproyectos de infraestructura implican por definición grandes reorganizaciones territoriales y poblacionales, y se justifican sobre la narrativa estatal-liberal de que la obra pública llevará el progreso a la sociedad, pero detrás de este discurso puede preverse la proliferación de conflictos sociales y políticos por despojo de tierras y bienes comunes en manos de pueblos y comunidades.

Este proceso de destrucción de comunidades mediante el despojo que implican los megaproyectos ocurre por todo el país, como en Oaxaca donde desde hace quince años se impulsan la proliferación de parques eólicos. Así lo explicó Bettina Cruz, vocera de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en entrevista en junio de 2017: “A partir de ahí empiezan los problemas, los parque eólicos empiezan a dividir a las comunidades, los hijos sí quieren y los papás no quieren; una comunidad quiere, la otra no: empiezan a haber los problemas sociales, enfrentamientos, y ya cuando empiezan a instalar los parques, empiezan a ver todo lo que le hacen a la naturaleza. Para instalar un parque en un terreno deforestan completamente, en el espacio donde se va a asentar, y quita todo, quita aves y animales, y desplazan a la ganadería, las actividades de recolección (…) sin que el beneficio sea para los habitantes. En la posición de qué vamos a dialogar, qué vamos a negociar ¿Por qué?, porque lo que está en juego es la calidad de vida, nos han cambiado, nos han hecho ser otras personas, nos están quitando nuestra alimentación, nuestra actividad económica, para ser peones nuevamente, esclavos, de las empresas”.

El “progreso” estatal-capitalista es en realidad, el despojo y destrucción de los medios de vida para las comunidades. Allí donde el Estado y el capital ven proyectos de desarrollo, los pueblos y comunidades ven proyectos de destrucción y muerte.

Y esto es así porque los megaproyectos más que obras de desarrollo e inversión para las comunidades, son obras necesarias para la circulación del capital. Se pueden identificar dos tipos de megaproyectos: aquellos que son la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la economía capitalista y que suelen ser obras estatales; y los megaproyectos que son negocios de corporaciones privadas.

Los megaproyectos estatales están encaminados a cuatro propósitos: 1) producción y abasto de energía; 2) abasto y concesión del agua; 3) crear infraestructura para las comunicaciones y la movilidad; y, 4) garantizar acceso a la tierra. Como se puede ver, los megaproyectos estatales están dirigidos a la creación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento y reproducción de la economía capitalista.

Los megaproyectos estatales pueden entenderse como las arterias para la circulación del capital. Las comunidades pagan los megaproyectos, primero, con el despojo de sus tierras, con desplazamientos forzados, con contaminación y devastación ambiental y también con recursos públicos y deuda estatal contratada a largo plazo para financiar dichas infraestructuras.

Cuando desde el gobierno de la Cuarta Transformación se defienda el acuerdo del 22 de noviembre y repitan que se trata de proteger obras necesarias para llevar desarrollo a regiones “rezagadas” del país, no hay que olvidar que los megaproyectos son esencialmente las arterias por las que circula la economía capitalista. Por lo tanto, el acuerdo del 22 de noviembre es un instrumento jurídico que abre paso a otro ciclo de acumulación por despojo en amplias porciones del país.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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