Los episodios de violencia organizada que se vivieron esta semana en Jalisco y Guanajuato el martes, el jueves en Ciudad Juárez y en cuatro localidades de Baja California el viernes, confirman lo que las autoridades no quieren admitir: que vivimos en México en una guerra informal que es funcional para jugosos negocios ilegales en donde la sociedad mexicana queda atrapada en medio del fuego.

Un operativo desplegado por el Ejército el martes 9 de agosto en Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para detener a Ricardo Ruiz Velasco, auto reconocido como jefe del cuerpo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató otro episodio de narcobloqueos y ataques a civiles y establecimientos en la Xona Metropolitana de Guadalajara y en al menos seis municipios de Guanajuato. Estos hechos de violencia fueron perpetrados por grupos de halcones y sicarios para entorpecer la respuesta de las fuerzas de seguridad y permitir la escapada del mando del cártel.

Si bien el Gobierno federal reportó 16 personas detenidas por los hechos de violencia, cinco en Jalisco y 11 en Guanajuato, el Ejército fracasó en detener al líder del CNJG que pretendía capturar. Inicialmente se dijo que a pesar de los daños a vehículos y establecimientos comerciales, no se reportaron agresiones a personas, pero el jueves la Fiscalía General de Jalisco confirmó que fallecieron tres personas ajenas a los grupos criminales.

Apenas se hacía el recuento de daños de la violencia desatada por el CJNG en Jalisco y Guanajuato, el jueves 11 de agosto se vivió en Chihuahua una de las batallas más cruentas en esta guerra informal que vivimos en México. Luego de una confrontación entre las bandas criminales de los Mexicles y Chapos en el Centro Estatal de Reinserción Social nº 3 de Ciudad Juárez, posteriormente ocurrieron varios episodios de violencia que incluyó ataques directos a la población civil dejando 11 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y cuatro trabajadores de una estación de radio perteneciente al grupo Megaradio. Además de los disparos directos a la población, en este caso también se incendiaron intencionalmente varios comercios, en algunos casos con trabajadores y clientes en su interior.

De manera inesperada, pues no se informó de operativos de las fuerzas armadas en esa entidad, el viernes 12 ocurrieron narcobloqueos en Mexicali, Tijuana, Ensenada y Playa de Rosarito en Baja California. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada; tres en Tecate; dos en Mexicali, y tres en Playas de Rosarito.

Aunque estos episodios de confrontaciones entre fuerzas de seguridad y grupos armados privados no son nuevos, lo ocurrido esta semana escala en la intensidad de los ataques directos a la población civil. Especialmente en el episodio de violencia ocurrido en Ciudad Juárez, el pasado jueves, fue evidente la intención de los grupos armados privados de atacar directamente a la población civil de modo indiscriminado e indignante.

A diferencia del discurso predominante desde la clase gobernante que interpreta la mayoría de los homicidios como bajas entre los grupos de criminales, sintetizado en la frase “se matan entre ellos”, lo ocurrido esta semana en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California demuestra que la sociedad civil mexicana queda atrapada en medio del fuego entre las fuerzas armadas públicas y los grupos armados privados al servicio de las empresas del capitalismo ilegal.

Para tratar de parar esta violencia organizada, debemos identificar correctamente este fenómeno: se trata de una guerra informal no reconocida por el Estado dado que todavía la conceptualizan como una guerra contra el crimen organizado en una falsa narrativa de buenos (el Gobierno y sus fuerzas de seguridad) contra los malos (los cárteles y sus ejércitos de sicarios). De ser sólo una guerra contra las drogas, ya hace tiempo que las amplias fuerzas del Estado habrían detenido a los principales capos y terminado con las actividades de estas empresas del crimen organizado.

Los hechos violentos de la semana pasada dejan en claro el fracaso de la política de seguridad que han emprendido las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa, del priista Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Éste último en particular no sólo ha fracasado en detener la violencia, sino que en contra de lo que prometió en campaña, no ha devuelto a los militares a los cuarteles sino que les ha dado más atribuciones y ámbitos de competencia haciendo a las fuerzas armadas un actor más poderoso de lo que ya era. El Gobierno de la Cuarta Transformación también ha incumplido su oferta de desplegar otra política contra las drogas, como su eventual legalización.

En este contexto, las políticas estatales no sólo no han detenido la violencia sino que en el mismo Estado es corresponsable de la misma, ya sea por omisión, por corrupción, complicidad o ser responsable de la impunidad con la que operan estas redes de macro criminalidad. Redes de las que muchos mandos políticos, militares y policiacos son cómplices.

Esta guerra informal es más amplia que una supuesta lucha de soldados y policías contra sicarios, implica un tipo de violencia que es funcional para que operen negocios ilegales que abren paso a jugosas dinámicas de acumulación de capital que benefician no sólo a los que están al frente de los cárteles de las drogas, las armas y la trata de personas, sino que benefician también a banqueros lavadores de dinero, empresarios que blanquean los capitales, y los mandos políticos, militares y policiales que permiten que estos lucrativos negocios sigan operando.

Mientras desde el Estado se siga permitiendo el funcionamiento de los negocios del capitalismo ilegal, seguirán existiendo bandas de sicarios que protegen estas corporaciones, que se pelean plazas y territorios y continuará la simulación de la guerra contra el narcotráfico, con las secuelas de narcobloqueos, masacres, homicidios masivos, ataques directos a la población civil, desplazamientos, desapariciones y cuerpos enterrados clandestinamente en fosas ilegales. Y la sociedad mexicana atrapada y en medio de esta violencia funcional al capitalismo ilegal.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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