Como suele ocurrir con las grandes revueltas y revoluciones, la de Chile ocurrida en octubre de 2019, la rebelión comenzó con una acción política aparentemente pequeña. Un grupo de chicas estudiantes de secundaria tomó la estación Santa Lucía del metro de Santiago de Chile para oponerse al aumento de la tarifa de ese sistema de transporte decretada por las autoridades dos semanas antes. Era el 17 de octubre de 2019 y al grito de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, decenas de chicas de secundaria comenzaban, sin saberlo, la mayor revuelta social ocurrida en ese país sudamericano.

A dos años de distancia, ese gesto insumiso y rebelde de las chicas de secundaria que se oponían al aumento del pasaje del metro de la capital chilena, no solo se convirtió en el más grande ciclo de protestas y estallido social en Chile, sino que derivó en el proceso de una convención que redactará una nueva constitución política para ese país.

La protesta contra el alza del transporte iniciada por las jóvenes mujeres de secundaria, se convertiría en los siguientes días en la mayor protesta social en Chile. El mensaje de “evadir, no pagar, otra forma de luchar” tuvo tanto eco en el resto de la sociedad, que a los días siguientes sacaron a las calles a millones de chilenos que protestaron no solamente contra el aumento del pasaje del metro, sino contra todos los reclamos acumulados a lo largo de 45 años de régimen neoliberal impuesto en Chile mediante una sangrienta dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar que derrocó y asesinó al presidente socialista Salvador Allende.

En seguimiento a la protesta de las chicas de secundaria, el 18 de octubre de 2019 comenzaron las manifestaciones masivas y cotidianas en Santiago y que a lo largo de esa semana se extendieron por todas las regiones y grandes ciudades chilenas.

La primera respuesta del gobierno del conservador Sebastián Piñera fue ordenar la represión en contra de los manifestantes y a la vez operó un macabro plan de construir un “enemigo interno” al qué declarar la guerra. Este “enemigo interno” eran los “vándalos y violentos” (“alienígenas” los llamó incluso la esposa de Piñera), que se dedicaban a saquear supermercados y destruir patrimonio urbano y del trasporte público.

Pero desde la sociedad se documentó que la gran mayoría de saqueos, destrozos en estaciones de Metro e incluso el incendio en un edificio de la empresa Entel fueron provocados por agentes del régimen. Con el intento de sembrar miedo y aplacar el estallido social, el gobierno de Piñera declaró el estado de excepción y el toque de queda en Chile y ordenó que los militares volvieron a las calles.

Ni la dura represión, que incluyó el disparo de perdigones que lesionó a los ojos a 500 chilenos, ni el estado de excepción aplacaron la protesta. El 25 de octubre de 2019 se convocó a una huelga general que desató la movilización más grande de la historia de Chile. Se estima que unos cinco millones de chilenos salieron a las calles ese día.

A partir de ese día, cotidianamente miles de chilenos salieron a las calles. En especial la protesta se concentró en la renombrada Plaza de la Dignidad, oficialmente nombrada como Plaza Baquedano y popularmente conocida como Plaza Italia. En ese sitio se conformó la punta de lanza de la movilización: la “primera línea” conformada por jóvenes especialmente de clases bajas y medias, que enfrentaban día a día la dura represión de los carabineros chilenos. En torno a la primera línea se sucedían grupos de protesta social acompañados de un conjunto autoorganizado de proveedores de municiones (piedras del adoquín de las calles), enfermeros, médicos y especialistas en limpiar los ojos para revertir los efectos del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad.  Ni la pandemia que llegó en marzo de 2020 a Chile logró detener el estallido social.

Un papel destacado en el estallido social lo desempeñó el movimiento feminista que participó activamente en las protestas y que obligó a incluir en el reclamo social, la lucha contra la violencia patriarcal. El performance de la colectiva feminista las tesis llamado “El violador eres tú”, le dio la vuelta al mundo por su alta carga simbólica del reclamo feminista.

El estallido social puso en cuestionamiento el discurso de legitimación del régimen. Apenas un mes atrás, las clases dirigentes chilenas decían que esa nación era un “oasis” en el contexto de la pobreza y atrasos de las sociedades latinoamericanas y un ejemplo de desarrollo y crecimiento económico.

Bastaron dos semanas de protestas para desnudar el verdadero estado del antagonismo social en Chile: una minoría que es dueña del 80 por ciento del país y una gran mayoría condenada a una vida de duro trabajo para apenas sobrevivir.

La salida de los militares a las calles, la represión indiscriminada, el discurso de guerra del gobierno, las mentiras de los medios y el cinismo de políticos y grandes empresarios mostraron de súbito a millones de chilenos que la dictadura pinochetista nunca se había ido y que la llamada “democracia” era apenas una careta para ocultar un país desigual e injusto, donde la oligarquía protegida por los militares tiene todo mientras a la mayoría se le condenó a una vida indigna. Las protestas que comenzaron contra el aumento del precio del metro de la capital chilena, se transformó en una potente rebelión popular que está impugnó el orden capitalista establecido.

Un orden político y económico impuesto a sangre y fuego desde el golpe militar encabezado por el dictador Augusto Pinochet en el que se experimento la aplicación violenta y radical de las doctrinas neoliberales mediante las cuales se despojó a los chilenos de sus bienes y recursos comunes y servicios públicos para pasarlos a manos de corporaciones privadas, nacionales y extranjeras. En Chile se aplicó uno de los proyectos neoliberales más radicales del mundo que expropió a la sociedad de todos sus bienes para pasarlos a corporaciones privadas.

De manera federativa y descentralizada, porque no hubo un partido u organización o dirigente que encabezar el estallido social, las clases bajas y medias chilenas exigieron la devolución de todo los que se les expropió: salud, educación, agua, pensiones, salarios, pesca, minería, costo de los servicios y, en suma, de la riqueza que ellos producen y una democracia autentica, no tutelada por los militares.

El poderoso estallido social y popular chileno iniciado en octubre de 2019 cuestionó no sólo el modelo neoliberal que se impuso en Chile a sangre y fuego desde la dictadura del infame Augusto Pinochet en 1973. Al mismo tiempo desnudo y volvió transparentes a millones de chilenos las relaciones de opresión y explotación sobre las que se reproduce un sistema social como el capitalista.

Gracias al estallido social el régimen de Sebastián Piñera se vio obligado a aceptar el reclamo de la sociedad de convocar a una convención constituyente para crear un nuevo pacto social en Chile.

El 15 de noviembre de 2019, apenas un mes después de iniciada la protesta de las chicas de secundaria y extendida a toda la sociedad chilena, la mayoría de los partidos con representación en el Congreso de Chile aprobó convocar a un plebiscito para preguntar a los ciudadanos: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. El plebiscito se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, y ganó por amplio margen la aprobación de una nueva constitución: 78.27 por ciento de los chilenos votó por esta opción.

La nueva constitución será redactada por una Convención Constitucional que fue votada el 15 y 16 de mayo de 2021. La convención encargada de la nueva constitución está integrada por 155 constituyentes elegidos de manera paritaria (78 hombres y 77 mujeres) y 17 representantes de pueblos originarios. Se espera que la nueva constitución quede completada en mayo de 2022, luego de un proceso de deliberación amplio y democrático en todos los sectores de la sociedad chilena.

De manera más que simbólica, los constituyentes eligió a Elisa Loncón una dirigente y académica del pueblo mapuche, como presidenta de la Convención Constitucional. Al ser electa, Loncón dijo: “Esta convención transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural”, agregó. Junto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la mayoría de la sociedad chilena espera que la nueva constitución entierre el modelo neoliberal que expropió y privatizó los recursos y bienes comunes de la sociedad y abra paso a un modelo que permita vivir con dignidad y paz. Si esto es posible, se debe al estallido social que comenzó con la protesta de decenas de chicas de secundaria hace dos años.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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