La pregunta parece ociosa: ¿quién no quisiera ver tras las rejas a los expresidentes que han saqueado, mentido o cometido graves violaciones a las garantías de la sociedad mexicana? Sin duda una gran mayoría dirá que sí quiere que se les castigue. Una encuesta de octubre del año pasado arrojó que más de 78 por ciento de los mexicanos se manifestó a favor de enjuiciar a expresidentes. Este dato podría anticipar que la consulta convocada para el próximo 1 de agosto será un éxito.

Pero lo cierto es que aunque la consulta sea un éxito y legalmente válida, es decir que vote más de 40 por ciento del listado nominal que corresponde a 93.4 millones de electores, y que se responda afirmativamente a la pregunta, nada garantiza que los exmandatarios que siguen vivos sean juzgados.

En realidad la consulta está planteado en términos tramposos que hace creer que está convocada para juzgar a los expresidentes, cuando no necesariamente será así.

Esta situación confusa, o tramposa, en buena medida se debe a que así lo ha propiciado el actual mandatario, y porque sus seguidores dan por hecho que, tras el 1 de agosto, varios de los mandatarios a quienes responsabilizan de la crisis del país, podrían ser juzgados.

Como se recuerda, durante varios años de precampaña en busca de la Presidencia, López Obrador armó un discurso político básico pero efectivo al señalar que los grandes males nacionales se deben a la corrupción propiciada por una mafia del poder en la que mezclaba presidentes, gobernantes y empresarios.

Una parte significativa de los 30 millones de votos que lo llevaron a la Presidencia el 1 de julio de 2018 se debe a la eficacia de este discurso. López Obrador estaba comprometido a cumplir con la promesa de limpiar la corrupción en el Gobierno federal y castigar a los responsables.

Pero ya como Presidente electo se pronunció por hacer una especie de borrón y cuenta nueva en la persecución de delitos cometidos en el pasado. Como hábil político que es, al final lo dejó en una supuesta decisión popular. Propuso que se sometiera a consulta la decisión de juzgar o no a expresidentes.

Obligado por su promesas de campaña, López Obrador propuso una pregunta para la consulta donde sí se mencionaba a los exmandatarios: “¿Está de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En paralelo, distintas organizaciones de la sociedad civil propusieron que la consulta no se centrara solo en el combate a la corrupción y se definiera en un sentido más amplio en lo que llaman justicia transicional, y propusieron la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el Presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?”

Pero al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reformuló la pregunta en octubre del año pasado y quedó así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Desde mi punto de vista, esta reformulación no solo parece confusa, sino que jurídicamente puede ser utilizada por los llamados “actores políticos” del pasado (como los expresidentes) para evadir la justicia, y la pregunta reformulada por la Corte está lejos de apoyar la creación de una “comisión de la verdad” y la justicia transicional que se demandaba desde la sociedad civil.

Esto último también se debe a que para el actual Presidente lo más importante es el combate a la corrupción, pero parece que nunca tomó en serio la exigencia de víctimas para crear una gran comisión de la verdad para juzgar grandes crímenes cometidos en el pasado.

Si esto es así, en este Gobierno se perderá la ocasión histórica de investigar, llevar a juicio y castigar a los responsables políticos que ordenaron y a mandos militares y policiales que llevaron a cabo actos de violencia estatal como las represiones a movimientos sindicales (ferrocarrileros, magisterio, electricistas, médicos), la masacre de Tlatelolco en 1968, el Halconazo de 1971, la guerra sucia de fines de la década de los 70 y comienzos de los 80, así como masacres como las de Aguas Blanca, El Charco, Acteal; y represiones a gran escala como las que se cometieron en Atenco y en Oaxaca, en 2006.

Se corre el riesgo de que queden sin ser juzgados los mandos políticos y los operadores militares y policiales que ordenaron la práctica generalizada de la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres como las de Tlatlaya, Apatzingán y otras más ocurridas al amparo de la presunta guerra contra el narcotráfico y contra quienes han resistido las políticas neoliberales desde hace varias décadas.

La mayoría de quienes votaron por castigar a la partidocracia tradicional y darle oportunidad a un candidato y un partido que prometieron transformar la vida pública nacional no estarán de acuerdo en que se deje sin castigar a quienes han saqueado y mentido al pueblo, y quienes también han ordenado crímenes de lesa humanidad en contra de gremios, grupos sociales o comunidades y pueblos enteros.

Quienes decidieron los “vuelos de la muerte” (arrojar cuerpos de detenidos al mar) merecen ser castigados, al igual que quienes dieron impunidad a grupos paramilitares para detener, aplicar métodos de tortura en extremo dolorosos, y desaparecer y ejecutar extrajudicialmente a quienes el régimen consideraba disidentes políticos.

La consulta debería servir para enjuiciar y llevar a la cárcel a los corruptos, pero también a los servidores públicos que hicieron de la represión y violencia estatal una práctica cotidiana. Pero la consulta corre el riesgo de quedar en un ejercicio confuso que deje a pocos satisfechos y puede incluso terminar en un ejercicio tramposo de simulación de consulta a la sociedad sobre temas que ni siquiera deberían consultarse. Investigar y sancionar a quienes saquearon, robaron o reprimieron a los mexicanos no debería someterse a consulta.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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