“Qué bonito verlo, hay mucha gente. Asumo cualquier riesgo, estoy construyendo la democracia. ¿Quién me va a sancionar? ¿El pueblo? A la única sanción a la que le temo es a la del pueblo, no a la de burócratas que son conservadores enemigos de la transformación”, dijo entre retórico y exultante Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, a los medios de comunicación, parecía de libreto, una sinfonía monocorde que se repetía a lo largo y ancho del país. Era en los hechos una suerte reiterada de aquella frase desafortunada de “al diablo las instituciones”, lo único novedoso en esta ocasión es que se hace en nombre del pueblo y la construcción de una democracia a imagen y semejanza del líder.

¿Cuál democracia? ¿La establecida como parte de un proceso de construcción histórica o aquella que está en el imaginario de un concepto bizarro de “pueblo” sin mayor anclaje que el de las emociones? La lealtad al líder. A toda la parafernalia de los símbolos que representa el obradorismo y que se mancha con el acarreo insano de miles de seguidores en cientos, quizá miles, de camiones desde todos los rincones del país para estar en los cierres de promoción del voto a favor de la permanencia de López Obrador en la Presidencia de la República. Cuando eso no está en duda, se la ganó con todas las de la ley, con los 31 millones de votos a favor de Morena y sus aliados electorales.

¿Entonces? Se trata de una iniciativa que debió salir de la oposición o de la organización ciudadana y refrendada por millones de firmas de apoyo al instrumento de Revocación de Mandato. Pero no ocurrió así. Las firmas las recolectó el partido del Presidente y ese ejercicio se transformó en un acto de proselitismo y medición de fuerzas.

La convocatoria del INE la hace porque así lo establece la Constitución y las leyes reglamentarias mientras los dirigentes de Morena despojados de todo respeto a la ley, a las leyes que sus legisladores aprobaron para proteger la consulta de interferencias ajenas a la voluntad popular van a la plaza pública para llamar a participar en SU consulta porque fueron ellos, no la ciudadanía organizada, quien la solicitó al INE.

Y para ello se habrán de gastar al menos mil 700 millones de pesos que aún con cualquier resultado no tendrá efectos vinculantes porque la ley simplemente no es retroactiva, aunque el Presidente ofrezca renunciar si los números le son adversos. Y es que no toca al Presidente en turno. Y si no toca, es además de un despilfarro de dinero público, un acto de egolatría política, de culto a la personalidad, de una personalidad que se busca medir más allá de los estudios demoscópicos que lo sitúan en la frontera del 60 por ciento de aceptación, pero que se cae cuando se mide en las políticas públicas por el rendimiento de las dependencias del Gobierno federal.

¿Cuál de estas referencias dominara en el momento de salir a votar el próximo 10 de abril? ¿Asistirán a las urnas los 37 millones de votantes para que el resultado sea legítimo o sólo lo harán los 31 millones de sufragantes a favor de Morena y sus aliados que votaron en el verano de 2018? ¿O veremos un espectáculo sombrío como el de la consulta que buscaba juzgar a los expresidentes promovido desde Palacio Nacional y, que escasamente, atrajo la participación de siete de los 92 millones de mexicanos que comprende el listado nominal?

Ahí está el quid de la cuestión. Si la convocatoria no atrae al menos ese 40 por ciento del listado nominal será un fracaso absoluto. La culminación del despilfarro. Y el sobrante de los 94 millones de boletas se irán a la pira que es dinero valioso para atender a los más pobres. Que estarán ahí esperando a los sufragantes. Acarreados y no acarreados. Consientes e inconscientes. Sería el fin momentáneo de este ejercicio revocatorio y democracia directa. De la pérdida de apoyo a la figura del Presidente más votado en los últimos cincuenta años.

Pero también, en alguna forma, sería apoyo al vilipendiado INE que en estos meses ha sufrido una campaña sin precedente en el periodo democrático. Sea reduciéndole su presupuesto, sea desprestigiándolo, sea cuestionando la legitimidad de sus consejeros y sus decisiones.

No hay que olvidar que en los estudios demoscópicos el INE aparece mejor posicionado que el pPresidente. Esos “burócratas”, como los califica el Gobernador Rocha Moya, administran las leyes en la materia y contaron los votos que llevó a Rocha Moya al Senado y luego localmente al Gobierno de Sinaloa. Esas leyes que se elaboran en el Poder legislativo que, si no se cumplen, recordemos, podría iniciarse un juicio político contra los consejeros electorales.

Es una ley construida con la arena y el cemento de la desconfianza (Woldenberg, dixit). Con todos los candados habidos y por haber. Nada se escapó para garantizar un equilibrio mínimo. Por eso, hoy que se trata de dinamitar nuestra institución de la democracia, hay que defenderla y no perder de vista a los que saldrán a votar, pero también a los que se abstendrán, que sospecho será la mayoría. La suma de los votos en contra y la abstención aún con todos los peros no serán a favor del Presidente. No vestirán con papeletas al Presidente de las multitudes, el de los grandes discursos anticorrupción y con unos familiares salpicados por ella en Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Houston.

Mostraran lamentablemente los saldos de una guerra mediática que nunca debió haber existido entre el Presidente, su partido y los repetidores de la infamia, contra el árbitro electoral, porque al final todos saldremos perdiendo, atizando a la desconfianza, la polarización, el enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos.

Pero, confío, deseo, que de esta confrontación unilateral salgan airosos los organismos electorales. Sería un mensaje vigoroso de la ciudadanía a posturas irreductibles, antidemocráticas, confrontativas. Se lo que se dirá, si las cosas salen mal porque ya lo dijo el Presidente López Obrador. El INE es el culpable bla bla bla…

La otra sería aceptar el mensaje invisible de una baja o meridiana participación y la ausencia en las urnas que estamos mandando todos. Y el problema no está ahí o está pasajeramente. Está en el día siguiente con el intento de una Reforma Electoral que a todas luces busca favorecer el proyecto político del obradorismo. Capturar las instituciones y los presupuestos. Reducir a su mínima expresión a las oposiciones. Concentrar las instituciones en un INE hecho a imagen y semejanza del imaginario presidencial. Cuando lo que se necesita en este país es la conciliación, la negociación y el acuerdo entre las partes para avanzar en la construcción de un verdadero sistema democrático con un mejor nivel de debate público.

Afortunadamente los votos legislativos del partido del Presidente no son suficientes y habrá que ver si lo apoyan los partidos aliados, por las pérdidas que les representarían en el remoto caso de aprobarse la ley como la ha perfilado el Presidente en su conferencia “mañanera”.

Sólo así sabremos si ese “pueblo” al que acuden retóricamente los gobernadores, alcaldes y diputados está a la altura de esto que llaman Cuarta Transformación. De lo contrario, lo único que nos quedará es esa imagen esplendorosa, bonita, como lo dice ubicua y exultantemente Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa, en su baño de pueblo, pagado por quién sabe quién.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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