Imagino el momento. Lo veo ahí, reunido con su equipo de asesores en una oscura oficina de aquel edificio en Insurgentes Norte que vio pasar ya sus mejores días. Lo imagino en una esquina, arrinconado. Alito lleva la chamarra roja, el pelo relamido, la consciencia intranquila.

Entonces viene la idea. La propuesta es de uno de sus asesores, uno de esos que aparecieron (o aparecerán) en alguna de las grabaciones que todas las semanas da a conocer la Gobernadora de Campeche. Jefe, esta idea cambiará la conversación pública.

Imagino a Alito rumiando al tiempo en que se lleva la mano al mentón. Sí, quizás no sea mala idea. Quizás ayude. Quizás me saque de este apuro. Mejorarán sus métricas, le prometen; los distraeremos de las grabaciones, pronostican. Alito sonríe.

Quizás fue diferente, pero no demasiado. No imagino otro escenario en el que a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le ocurriese anunciar que buscaría modificar la Ley Federal de Armas de Fuego para que —lo cito de su discurso— “las familias que lo deseen tengan la opción de armarse”. Frente a los pocos medios que todavía siguen la fuente del partido, Alito dio la noticia en una conferencia de prensa ligeramente más improvisada, si eso es posible, que la propuesta misma.

No es claro el contenido de la reforma sugerida a la Ley Federal de Armas de Fuego. No hay visos de que la iniciativa legislativa vaya a llegar pronto; ni siquiera es obvio que alguien vaya a sentarse en un escritorio a imaginarla. Una propuesta de ese calado no está en ninguno de los contenidos programáticos del PRI (Visión de Futuro, Programa de Acción, Declaración de Principios). No es parte de la plataforma electoral de su partido ni del grupo parlamentario del PRI. Es una ocurrencia. Es un salto al vacío. Y no está mal. Quemar las naves en política no es novedoso ni grave; lo que no se vale es despertar fantasmas e invocar demonios para salvarse a uno mismo.

“Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender”, escribió Alito en uno de sus tweets. Su frase no es muy distinta a la que profiere la Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de cuyos eslóganes refiere a que una sociedad armada es una sociedad más respetuosa. Suena bien, pero Alito y la NRA se equivocan: la evidencia demuestra precisamente lo contrario: una mayor disponibilidad de armas genera sociedades más violentas. No es casualidad que en Estados Unidos haya hasta 25 veces más homicidios cometidos con arma de fuego que en otros países desarrollados, una métrica que bastaría para zanjar la discusión de una vez por todas.

Ya lo hemos dicho, pero ahora toca gritarlo: tener armas en casa no es una buena idea. La bibliografía académica ha demostrado que es más probable que un arma de fuego en un hogar se utilice para asesinar a un miembro de la propia familia o en un acto suicida que para lastimar o matar a un intruso.[1]

Salir a la calle con una pistola tampoco es una buena idea. Estudios de salud pública han demostrado que las víctimas que cargan armas de fuego tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un asalto que quienes no las llevan.[2] Son innumerables los trabajos que han demostrado relaciones positivas entre disponibilidad de armas y casos de homicidio, robo, asalto y abuso sexual en Estados Unidos.[3] México no tendría por qué ser un caso distinto.

Permitir que las “familias mexicanas” accedan con mayor facilidad a armas de fuego es una pésima idea por donde se le mire. Es, además, una propuesta que va a contracorriente con las tendencias globales e incluso con los esfuerzos históricos del propio PRI por “despistolizar” al país tras la Revolución mexicana. Es, también, antagónica a los esfuerzos que realiza la Cancillería mexicana por impulsar políticas de desarme en todo el globo. Es un sinsentido.

La propuesta de Alejandro Moreno demuestra algo que ha quedado oculto en las discusiones sobre el tema: representa muy bien el momento que vive su instituto político.  El PRI comienza a comportarse como lo que ya sabíamos que era, pero no acababa de aceptar: un partido en descomposición. La propuesta rememora las inverosímiles campañas del Partido Verde y otros análogos en favor de la pena de muerte o de castrar químicamente a violadores —al feminicida córtenle los huevos, rezaba un slogan de una campaña anterior— o cortarles los brazos a los delincuentes, tal como sugería el Bronco en 2018 (y seguramente dejó de recomendamos hace unos meses cuando él mismo entró a la cárcel).

A escala global, el uso del discurso punitivo es práctica común entre figuras y partidos urgidos por regatear votos de lo peor de la sociedad. Es un ejercicio útil para quien no le interesa el consenso, la concordia ni tejer esferas de convivencia. Quien promueve este discurso apuesta, precisamente, a lo contrario: a la división, la desconfianza, la anomia. Es útil —insisto— para las fuerzas electorales que no aspiran al centro político, sino a los extremos ideológicos; es rentable para quien no aspira a ser Gobierno, sino pelear las migajas de la insignificancia.

En esa esquina, en el borde de la nadería, arrinconado por su propio desasosiego, es a donde quiere arrastrar Alejandro Moreno a su partido, el otrora Revolucionario Institucional. En esa esquina lo imaginamos. Que ahí se quede.

[1] Carlos A. Pérez Ricart, «¿Más armas, más violencia? Evidencia de una compleja relación desde América Latina», Perfiles Latinoamericanos 30, n.^o 59 (2022): 13, https://doi.org/10.18504/pl3059-011-2022.

[2] Pérez Ricart, 13.

[3] Pérez Ricart, 14.

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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