Se acerca la definición del candidato o candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay dos perfiles que sobresalen: el del ex secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch, y el de la otrora alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Sobre los resultados del primero al frente de la policía de la ciudad he escrito varias veces en este mismo espacio; sobre los de Brugada todavía no. Es buen momento para comenzar. La lista no es corta.

Poco se sabe fuera de Iztapalapa, pero Clara Brugada ha sido impulsora de uno de los programas de atención al consumo de drogas más vanguardistas del país: el que forman los Centros de Atención Integral para Personas Usuarias de Sustancias Psicoactivas y sus Familias, los llamados Centros Colibrí.

A contracorriente con la política pública a nivel federal, la ex alcaldesa de Iztapalapa apostó por privilegiar un enfoque integral al consumo de sustancias psicoactivas. Colibrís no criminaliza y castiga; comprende y ayuda. Tan solo durante los últimos dos mandatos de Brugada al frente de la Alcaldía se han creado doce Centros Colibrí, localizados en las (ya famosas) Utopías, así como en diferentes Casas de Salud de Iztapalapa. Se trata de un esfuerzo gigantesco para un gobierno local.

¿Qué hacen los Centros Colibrí? En una frase: ofrecen servicios especializados a usuarios de sustancias psicoactivas. Asesoran y brindan atención terapéutica individual y grupal a consumidores y a sus familiares. Quienes ahí trabajan, todos ellos certificados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, lo hacen desde un enfoque de derechos humanos y no prohibicionista. Están a la altura de las mejores y más vanguardistas prácticas internacionales en la materia.

Hay tres premisas que subyacen a la existencia de los centros Colibri. En primer lugar, que las personas que consumen sustancias son ciudadanas y, por tanto, sujetas de derechos. El Estado debe ofrecerles servicios de salud, no quitárselos. En segundo lugar, que no todo uso de sustancias equivale a una adicción. Esto es, existe el consumo responsable; más todavía: el uso problemático de sustancias es la excepción y no la regla. Finalmente, en tercer lugar, que el consumo de drogas ilegales no siempre (y casi nunca) conlleva a dinámicas criminales. No son delincuentes; las autoridades no deben tratarlos como tal.

Es deseable (y más que deseable, prioritario), que quien gane la elección a la jefatura de gobierno en junio de 2024 expanda los Centros Colibrí a toda la ciudad. Imagino algo más: un amplio programa de reducción de daños en el que intervengan federación y gobierno local. ¿A qué me refiero? A la aplicación de estrategias que minimicen las consecuencias adversas provocadas por el consumo de drogas. Entre otros: programas de intercambio de jeringas para evitar infecciones de VIH o hepatitis, servicios de identificación de sustancias en eventos masivos, así como la edificación de centros de consumo supervisado o tratamientos de sustitución de opiáceos. El objetivo es minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas, no encerrar más gente en las cárceles. En Iztapalapa lo han entendido bien.

Los Centros Colibrí y sus premisas están en las antípodas de la absurda campaña de prevención de adicciones del gobierno federal. Presentan una alternativa de vanguardia y una manera distinta de abordar un fenómeno que en Palacio Nacional nunca se terminó de entender.  Las políticas de reducción de daños son, además, como ha sido demostrado por multiplicidad de estudios, una excelente política de prevención de violencia y crimen. Van de la mano.

A los y las candidatas hay que evaluarlas por sus promesas de campaña, pero, sobre todo, por el historial de sus políticas públicas. No sé si los méritos de Brugada le alcancen para ser nominada a la jefatura de la Ciudad de México, pero no dejan dudas del perfil progresista de un eventual gobierno. Ese es el camino: la ruta es clara.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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