Derivado del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos―mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa―se conocen más pruebas fundamentales y detalles escalofriantes que desmantelan, de una vez por todas, lo que se llegó a denominar alevosamente como “Verdad Histórica”. Dicha “mentira” repugnante fue avalada por una serie de comunicadores y servidores públicos que actuaron en contubernio, y sin escrúpulos, para encubrir un “crimen de lesa humanidad” (o contra la humanidad), a lo que muchos también se refieren como un “crimen de Estado”.

El relato detrás de denominada “Verdad Histórica” fue rápidamente desmentido por las familias de los desaparecidos y por las organizaciones sociales que se unieron en un esfuerzo de defensa de los derechos humanos y búsqueda de justicia, sin precedentes en la historia de México, al grito de “Fue el Estado”. De acuerdo con el loable trabajo del GIEI, lo que sucedió en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, parece haber sido una acción concertada donde participaron, de forma coordinada, las agencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de todos los órdenes (federal, estatal y municipal), con el conocimiento de las autoridades al más alto nivel, incluyendo al Presidente de México en ese entonces, Enrique Peña Nieto.

Todo apunta a que se trata efectivamente de un crimen atroz encubierto, cuyos culpables tienen nombre y apellido. Dicha responsabilidad, como ya lo han dicho muchos—y en nombre de las víctimas y sus familias—no puede quedar en el olvido o impune. Es necesario hacer justicia y encontrar finalmente a los desaparecidos—quienes ya antes fueron revictimizados por comunicadores y comentócratas carentes de ética y de principios. Es extraordinaria la labor del GIEI y también es loable el aparente compromiso de la actual Administración, y en especial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se refiere a esclarecer los hechos, facilitar las investigaciones y apoyar los trabajos de expertos internacionales. Ojalá se cumpla con la promesa de hacer justicia y no dejar a las víctimas ni a sus familias en el olvido. Falta mucho camino por recorrer y es ahora responsabilidad del actual Gobierno la de finalizar las investigaciones correspondientes a partir del enorme trabajo del GIEI, además de sentar responsabilidades a quienes resulten culpables o responsables directos de la masacre y su encubrimiento, sea quien fuere.

Este es un tema de gran importancia para nuestro país. Quedan aún muchísimas preguntas que no tienen respuesta concreta. Y lo más importante es que aún no sabemos dónde se encuentran los 43 estudiantes; ellos siguen desaparecidos. Esta es la misma tragedia que viven muchas otras familias mexicanas en el marco de lo que ha sido la denominada “Guerra contra las drogas” en México. El Gobierno mexicano se comprometió a hacer justicia y a develarnos la verdad de lo ocurrido en esa terrible noche de Iguala hace más de siete años. Veremos si nuestras autoridades, y principalmente nuestra Fiscalía General de la República (FGR), se encuentran a la altura de las circunstancias.

El reporte del GIEI y las acciones del actual Gobierno de México me hicieron reflexionar sobre un aspecto no menor que pienso debe discutirse con toda profundidad y profesionalismo. Entre las preguntas que quedan pendientes, tengo una que causa resquemor entre algunos y particularmente entre aquellos que forman parte de algunas organizaciones sociales o grupos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, pienso vale la pena articularla por sus potenciales implicaciones que no todos parecen anticipar y mucho menos comprender. Después de las pruebas presentadas por el grupo de expertos independientes, parece no quedar duda de que se articuló una operación bien coordinada por parte de las fuerzas públicas de todos los órdenes—con conocimiento de la autoridad máxima—para ocultar lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Para muchos entonces, se confirma el lema o la consigna de los activistas por Ayotzinapa de que “Fue el Estado”.

Pero yo me pregunto: ¿Fue el Estado o fue el Gobierno de Enrique Peña Nieto? Y es simplemente una pregunta que yo creo relevante y que no me es fácil responder hoy en día. Si atendemos a los conceptos de la Ciencia Política, se podría poner en duda la pregunta original sobre la culpabilidad del Estado. Pero aunque ello cause indignación y estupor entre algunos defensores, en términos formales, y para efectos prácticos, hace mucho sentido. Para aquellos que aseguran “Fue el Estado” y cuya consigna se confirma con las evidencias que cancelan la “Verdad Histórica”, valdría la pena reflexionar sobre los conceptos básicos de Estado, Gobierno, Estado-nación y otros que abonan a la discusión y que quizás nos permitirían sentar las responsabilidades correspondientes y además cuestionar la ingeniería social en algunos temas geopolíticos clave. Lo último es poco más complejo de entender, pero intentaré explicarlo en textos subsecuentes.

El libro de texto que utilizo para impartir mis clases de política comparada explica muy claramente—y de forma muy didáctica, para principiantes—las diferencias entre Estado y Gobierno. Existen muchos otros textos parecidos, pero Patrick H. O’Neil en las diferentes ediciones de su libro Essentials of Comparative Politics (Lo Esencial de la Política Comparada; W. W. Norton), define al Estado como “la entidad que tiene el monopolio de la fuerza sobre un territorio dado” y que además “está formada por un conjunto de instituciones políticas que generan y llevan a cabo una serie de políticas; está altamente institucionalizado; es soberano; y se integra por instituciones como el ejército, la fuerza policial, el sistema tributario, la judicatura y un sistema de seguridad social”.

Debe reconocerse que las definiciones de Estado pueden llegar a variar y la discusión sobre el término puede resultar ser muy compleja. Existen cursos exhaustivos y avanzados de Ciencia Política sobre las teorías del Estado, pero los libros de texto para principiantes delinean bastante bien los componentes principales de este término. O’Neil, por otra parte, se refiere al Gobierno como “el liderazgo o las élites que están a cargo de operar las funciones del Estado”. De acuerdo con esta definición, el Gobierno “está débilmente institucionalizado; está limitado bajo un cierto tipo de régimen político; está compuesto frecuentemente ya sea por autoridades electas (tales como el Presidente o el Primer Ministro), o autoridades impuestas o no electas (como un monarca)”.

Considerando estas definiciones muy básicas y concretas sobre Estado y Gobierno, me parece pertinente mi pregunta y va de nuevo: ¿Fue el Estado o fue el Gobierno de Peña Nieto? No lo sé, dadas las complejidades de la discusión teórica y a las circunstancias particulares del hecho (sobre el cual aún no tenemos certezas). Invito entonces a la reflexión y a un diálogo serio y abierto al respecto. El debate se torna aún más complicado cuando introducimos conceptos como el de país (“Estado, Gobierno, régimen y la gente que vive dentro de un sistema político” específico) o de nación (“grupo de personas vinculadas entre sí por un conjunto de aspiraciones políticas comunes”), como los define O’Neil. Además, tenemos otro concepto relacionado y fundamental: el de Estado-nación, sobre el que se han escrito innumerables textos, pero que se define generalmente como una organización política que cuenta con un Gobierno, una población y un territorio claramente delimitado.

Es con relación al concepto de Estado-nación, que surge a partir del tratado de Westfalia en 1648 al final de la guerra de los Treinta Años, que la pregunta que planteo cobra relevancia fundamental en un contexto donde parece haber fuerzas y proyectos dirigidos directamente a cuestionar su relevancia y quizás hasta la pertinencia de su existencia. Sin la intención de plantear aquí teorías conspirativas por supuesto, lo que si se comprueba en los hechos es la existencia de una serie de acciones concretas que parecieran cuestionar el concepto de soberanía y que tenderían a cancelar, restar relevancia o incluso a demonizar la existencia misma de los Estados-nación.

Las voces nuevas del progresismo internacional (incluida la Internacional Progresista), el movimiento indigenista más radical y otros movimientos afines, así como personajes vinculados a ciertos espacios o medios de comunicación o escuelas de pensamiento (como la lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil) hacen una crítica fundamental al Estado. Todo esto se hace en el marco de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, así como de la labor incansable de las grandes fundaciones filantrópicas internacionales que apoyan el trabajo de organizaciones de derechos humanos, entre las que destacan aquellas que se enfocan en la protección a periodistas o en la búsqueda de desaparecidos en México, en todo el continente y en otras partes del mundo.

Los argumentos contra el Estado parecerían justificar la existencia de un nuevo orden supranacional que tomaría como ejemplo pionero (y aún en vías de desarrollo) a la Unión Europea, pero que se sustentaría en el sistema político y financiero internacional que tendría quizás como su centro neurálgico a las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Pagos, entre otros organismos de la misma índole. Pensar en lo anterior es de fundamental importancia, pero va mucho más allá del alcance del presente texto.

Por lo que toca al tema de Ayotzinapa, las evidencias recolectadas hasta la fecha por el GIEI—cuyo trabajo extraordinario surge gracias al acuerdo entre el Gobierno mexicano y la CIDH—apuntan en la dirección de crímenes de lesa humanidad perpetrados en territorio mexicano. Y si esto se confirma por el trabajo subsecuente de las autoridades mexicanas y quizás otras instancias, y se logra judicializar la participación de las distintas agencias gubernamentales durante el Gobierno de Peña Nieto en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos estaríamos hablando de un crimen contra la humanidad.

Para la mismísima ONU, un crimen contra la humanidad se refiere a “la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un Gobierno o por una organización política o grupo cualquiera” de algunos actos bien definidos. Pienso que la masacre de Ayotzinapa recae perfectamente en esa definición, la cual no se refiere al Estado sino al Gobierno. Entonces, me pregunto una vez más: ¿Fue el Estado? Y con ello no pretendo concluir de manera terminante. Es simplemente una pregunta que, por su complejidad, requiere de un debate y requiere pensar cuestiones que van más allá de lo aparente y del ámbito nacional. Seguiremos preguntado e investigando y esta historia continuará…

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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