El Caso Narvarte evidencia la incapacidad de las autoridades encargadas de impartir justicia en la Ciudad de México, coincidieron abogados y también la Comisión de Derechos Humanos local. Las irregularidades y el desaseo en la investigación del multihomicidio, que cobró la vida de cuatro mujeres y un hombre hace dos años, impiden que en este caso pueda llegarse a la verdad.
Aun cuando se tiene a tres personas detenidas, la debilidad de su situación jurídica, basada en dichos y no en hechos, generan más incertidumbre, plantearon.
“La Procuraduría [General de Justicia de la CdMx], o no quiere investigar por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la Ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, consideró el abogado de las víctimas Héctor Pérez, quien es también integrante Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Cometido hace dos años, el asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte evidenció las limitantes del sistema de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con familiares de las víctimas, sus representantes legales e incluso una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, las agentes del ministerio público e incluso del Tribunal Superior de Justicia local cometieron tal cantidad de negligencias que, aun cuando hay tres personas detenidas, no se ha aclarado plenamente el móvil de los hechos y, por tanto, se ha negado el acceso a la verdad y la justicia.
“Estos feminicidios y homicidio reafirman el clima de riesgo con que se vive en la Ciudad de México”, advirtió la Comisión de Derechos Humanos de esta capital en su recomendación 4/2017, emitida el 21 de junio.
“Visibilizan una vez más la violencia estructural y generalizada que existe en la misma, reflejando los resultados de la impunidad y la corrupción imperante, así como las condiciones favorables que se presentan en la ciudad para la comisión de conductas delictivas”, agrega.
El crimen se cometió el 31 de julio de 2015, cobrando la vida de Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Por el trabajo periodístico de Rubén Espinosa en el estado de Veracruz, el contexto de reporteros asesinados en México, así como por el activismo político de Nadia Vera en esa entidad y las amenazas que ambos denunciaron de parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, familiares y organizaciones exigieron la ampliación de la investigación hacia ese contexto.
La Procuraduría capitalina, por su parte, lo consideró sólo bajo exigencia de las familias y cerró la investigación desde el primer día alrededor del círculo de Mile Virginia Martin.
Una huella en el clóset de una de las recámaras condujo a la detención de Daniel Pacheco Gutiérrez. Él, a su vez, incriminó al ex policía preventivo Abraham Torres Tranquilino y éste a Omar Martínez Zendejas, de quien el segundo dijo haber escuchado que trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada.
Ninguna de las dos líneas, sin embargo, ha sido agotada en dos años. Desde 2015, los abogados de las familias de Vera Pérez y de Espinosa Becerril pidieron profundizar, entre otras líneas de investigación, en la relación que Torres Tranquilino tenía con la víctima Mile Virginia Martin.
Para este fin, desde el 17 de agosto de ese año, pidieron conocer si los agentes de la Policía Investigadora de la Ciudad de México “se entrevistaron con las anteriores inquilinas que cohabitaban en diverso departamento con Mile Virginia Martin, así como a la anterior arrendadora”.
Esto, debido a que Torres Tranquilino proporcionó la dirección de un departamento ubicado en la Colonia del Valle en el que habría convivido con Mile Virginia Martin meses antes del crimen y, también, donde se generó la demanda por despojo interpuesta por la joven el 22 de julio de 2015, pocos días antes de su muerte.
La respuesta entregada por la Procuraduría diez meses después, sin embargo, fue que la dueña del departamento y el resto de los inquilinos “no fueron localizados”.
Pero en el departamento, ubicado sobre la calle Adolfo Prieto 1345, casi esquina con calle Pilares, este medio recopiló información que indica que Mile Virginia –conocida ahí como Nicole– empezó a frecuentar el departamento 501 como visitante y que, en noviembre de 2014, cuando el inquilino que frecuentaba se fue, se quedó como ocupante junto con otras cinco o seis personas, entre ellas Abraham Torres Tranquilino, que se identificaba como su hermano.
La misma información planteó que, luego de que el arrendatario original dejó de pagar la renta, en diciembre de 2014, los dueños dieron la orden de que una compañía de mudanza sacara los muebles y que los dejara en el estacionamiento del edificio.
“Horas después del desalojo, alrededor de las una de la madrugada, Mile Virginia Martin llegó con otra persona que también frecuentaba el lugar, a quien conocían como ‘La Licenciada’, y de entre el mobiliario desalojado y cubierto sólo con sábanas sacaron dos maletas y una caja de cartón”, publicó SinEmbargo hace un año.
“La fuente consultada, y que pidió no ser identificada, dijo que en el año transcurrido desde el homicidio de Martin y de otras cuatro personas en la colonia contigua no ha sido entrevistada por autoridad alguna”, agregó la información.
La falta de profundidad en las líneas de investigación, tanto la relacionada con Veracruz como la vinculada con Mile Virginia Martin, fue también documentada por la Comisión de Derechos Humanos.
“La autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias por motu propio que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del Estado de Veracruz a la Ciudad de México”, dice la CDH.
“La autoridad está obligada a investigar la información proporcionada por el probable responsable B (ahora sentenciado –el ex policía José Abraham Torres), quien ante la autoridad ministerial manifestó que el probable responsable C (Omar Martínez Zendejas) tenía vínculos con una organización delictiva; además que el día de los hechos, aunado a los vehículos en los que se transportaron al lugar del hecho, acudió otro vehículo, el cual permaneció fuera del departamento con otras personas a bordo, quienes venían acompañando al probable responsable C”, agrega.
La recomendación de la CDH capitalina, dijeron familiares de las víctimas y representantes legales un día después de difundido el documento, sintetiza las omisiones y maltratos que ellos habían denunciado durante los últimos casi dos años.
“Eso es sólo un ejemplo”, dijo Héctor Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Si seguimos en cada una de las cinco víctimas, líneas de investigación sin agotar para poder esclarecer cuál fue el móvil de este crimen, en ninguno de los casos las hay. Pasa en el caso de Alejandra (…) ella claramente señaló a su ex pareja, ni siquiera se indagó a esta persona ni qué estaba haciendo el día de los hechos. Es decir, la PGJDF sólo investiga un hecho que para ellos ocurrió durante 40 minutos, sin un antes ni un después”, agregó el abogado Pérez, también representante de las familias de Nadia Vera, Mile Virginia Martin y Yesenia Quiroz Alfaro.
Desde la primera semana, este medio documentó un patrón de actuación de la PGJDF que incluyó, además de la exclusión de líneas de investigación, la omisión de revisión de datos, como el teléfono de Rubén Espinosa, y la filtración de información personal de las víctimas que les criminalizaba.
De acuerdo con la CDH, además, las autoridades de esta capital también contaminaron la escena, omitieron la aplicación de protocolos de investigación para crímenes contra víctimas mujeres, periodistas y activistas y, en general, violentaron diferentes derechos de los afectados por el crimen, como al debido proceso –en relación con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión–, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“A casi dos años de ocurridos los hechos, la PGJ-CdMx continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia”, dice la recomendación.
Cuatro días después de la difusión del informe de este informe de la CDH, el Procurador Rodolfo Ríos Garza, que desde 2010 había trabajado con el Jefe de Gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, renunció a su cargo.
Pendiente, sin embargo, dijo Alma Espinosa Becerril, queda el compromiso formulado el Jefe de Gobierno desde 2015, cuando ofreció “llegar hasta las últimas consecuencias” y agotar la línea de investigación sobre el trabajo periodístico Rubén y el activismo de Nadia Vera.
“La Procuraduría, o no quiere investigar por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la Ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, consideró Pérez.
El 24 de junio pasado, Rodolfo Ríos Garza renunció al cargo de Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, mismo que asumió el 5 de diciembre de 2012. En cuatro años y medio, su gestión quedó marcada por la revictimización de las mujeres, incluidas menores de edad.
“No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros de la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”, sostuvo Sayuri Herrera, abogada de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la joven de 22 años asesinada en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 3 de mayo, y a quien la Procuraduría en manos de Ríos Garza estigmatizó de inmediato.
El caso de Yakiri Rubio Aupart, protagonista de En legítima defensa, el libro escrito por la abogada Ana Katiria Suárez, también se inscribe en esta cauda de irregularidades con que se desempeñó Rodolfo Ríos. Es, además, una evidencia de la misoginia y el odio que campea en este país, y cómo su sistema de justicia está atrapado en manos de la corrupción.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– En diciembre de 2013, la joven Yakiri Rubí Rubio Aupart fue secuestrada en la Ciudad de México por dos hombres que la condujeron a un hotel para violarla. Luego de ultrajarla, uno de ellos intentó asesinarla. Ella acabó matando al agresor en defensa propia; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entonces comandada por Rodolfo Ríos Garza, la acusó de homicidio calificado y la encarcelaron.
Ana Katiria Suárez, autora de En legítima defensa, es la abogada penalista que defendió a Yakiri Rubio. En una carrera contra el tiempo, después de haber tenido acceso a un expediente mutilado y alterado por diversos representantes de la autoridad de justicia de la capital del país, su objetivo desde el primer momento fue demostrar que Yakiri actuó en legítima defensa tras haber sufrido una violación sexual.
Con la pasión que caracterizó su defensa, la abogada relata los pormenores de un proceso viciado desde el origen, repleto de omisiones, fallas y contubernios entre los delincuentes y la autoridad. Muy pronto, este caso se convirtió en una lucha personal para la abogada por los derechos humanos y en una cruzada jurídica con perspectiva de género, que generó la atención nacional.
Con la autorización de la autora y por cortesía de la editorial Grijalbo, propiedad del grupo editorial Penguin Random House, el suplemento Puntos y Comas presenta a sus lectores el capítulo siete de esta batalla contra la violencia machista, y la misoginia y la corrupción que prevalecen en el sistema penal en México.
Portada de el libro “En legítima defensa”. Foto: Grijalbo
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Capítulo 7
El don de la ubicuidad
El 23 de diciembre de 2013 presenté la apelación contra el auto de formal prisión que tenía a Yaki en una situación muy delicada. Correspondería a la quinta sala penal pronunciarse mientras el proceso seguía su curso en el juzgado 68 .
Es importante recordar que cuando un juez dicta auto de formal prisión, la sala penal puede modificar o reclasificar el delito. En este caso el objetivo era pasar de “homicidio calificado” a “homicidio cometido en legítima defensa”, lo cual constituía una excluyente de responsabilidad y la posibilidad de obtener la libertad inmediata. Una excluyente significa el derecho de cometer un delito como el de homicidio por salvaguardar la vida propia, y ello no es penado por la ley, es decir, te excluye de una sanción. De este modo, con la apelación se buscaba que a Yaki no la sancionaran por haberse defendido de su violador.
Las salas penales de la Ciudad de México las integran tres magistrados, el caso lo atiende un ponente y los otros dos votan. Se pasa a los magistrados y cada uno emite su resolución. El resultado puede ser por mayoría o por unanimidad. Para Yaki, en un principio la quinta sala determinó que Celia Marín Sasaki, la única magistrada, sería quien emitiera unilateralmente la resolución, por tratarse de un tema de género, pero finalmente se resolvió por mayoría después de tres meses.
La estrategia de apelación consistió en señalar seis puntos fundamentales que buscaban echar por tierra las endebles suposiciones en las que se basaba el caso y demostrar que lo esgrimido por el juez 68, Ávila Negrón, no cumplía con una debida fundamentación y motivación en su resolución. Por fortuna, cabe decir, algo que caracterizó a las acusaciones de Yaki en contra de sus agresores fueron la inmediatez y la espontaneidad .
Al dirigirnos a la quinta sala para apelar la resolución de la formal prisión (redactada, por formulismos, en primera persona, desde la voz de la joven), fuimos claras: “Es por ello que suplico a esta H. Sala logre apreciar el esfuerzo que hice para proteger y salvaguardar mi vida […] la legítima defensa tiene una razón de ser”.
1) No hubo flagrancia
Es esencial dejar claro que Yakiri no fue detenida en flagrancia, como se señalaba en el mencionado “Acuerdo de retención” (el informe de los policías de investigación). Ninguna autoridad la sorprendió en la comisión de un delito.
Su contacto con la policía tampoco fue producto de que un tercero la señalara como sujeto activo de delito ni de una persecución. En ningún momento intentó escaparse de la acción de la justicia. Nunca evitó mencionar que había lesionado a uno de sus victimarios. No existieron, pues, los llamados “requisitos de procedibilidad”, es decir, las condiciones necesarias para acreditar procedente la puesta a disposición de Yaki en ese momento (1). Por el contrario, fue Yaki la que se dirigió a la autoridad buscando salvar su vida. Como puede constatarse en las declaraciones iniciales de los policías implicados, fue por voz de ella y de nadie más como se enteraron de los hechos.
Sin embargo, con torpeza, dolo, mala fe y una complicidad vergonzosa con los criminales, los policías ofrecieron una versión distorsionada de la realidad: nunca explicaron por qué a Yaki la llevaron inicialmente a la agencia 50 del Ministerio Público para que hiciera la denuncia por los delitos de violación y tentativa de homicidio, ninguno de ellos incluyó este hecho clave en sus informes.
2) La integración de la averiguación previa no sigue un orden cronológico real
Para cualquier abogado resulta elemental saber que la investigación y persecución de cualquier delito está a cargo de un ministerio público, auxiliado por la policía; de la misma manera, que todo juez o ministerio público debe, en una inspección, apoyarse en peritos que posteriormente emitan sus informes sobre los lugares u objetos examinados.
En nuestro caso eso no ocurrió así. Como si fuera el escenario de una obra de teatro absurda donde se abren y se cierran puertas, donde entran y salen personajes de forma desordenada, las horas posteriores a la llegada de Yaki a la agencia 50 desafían todo orden cronológico y espacial. Asimismo, son constancia de la absoluta falta de rigor en la investigación de delitos tan graves como el secuestro, la violación sexual y el intento de homicidio.
De manera insólita, la averiguación previa inició después de que comenzaran las pruebas periciales. Según parece, en la agencia 50 tanto los policías como los peritos y demás personal cuentan con la facultad irrestricta de actuar por iniciativa propia y erigirse en ministerio público, investigador, juez, procurador y abogado defensor al mismo tiempo . No podría ser otra la explicación a la serie de irregularidades que se cometieron contra los preceptos constitucionales y contra el Código Penal.
Yaki fue atendida de las heridas que presentaba a las 21:05 horas. Si bien el testimonio de los policías coincide en que el primer contacto entre la joven y la policía ocurrió aproximadamente a las 20:50 horas, existen contradicciones respecto al lugar donde recibió los primeros auxilios por parte del personal de la ambulancia 392 de la Secretaría de Salud. Algunos de ellos insistieron en que cerca de 30 minutos después de que se solicitara, la ambulancia atendió a Yaki a las afueras de la agencia 50. Yaki asevera que recibió atención de los paramédicos en el interior de la agencia 50, lo cual coincide con las declaraciones del paramédico de la ambulancia.
De manera oficial, el Ministerio Público comenzó la averiguación previa por homicidio calificado a las 23:27 horas del lunes 9 de diciembre de 2013. Por su parte, la perito Marisol Mejía Inurreta señala como inicio de su “dictamen de criminalística de campo” las 22:25 horas del mismo día, es decir, 85 minutos antes de que el Ministerio Público realizara su primera actuación. ¿Por qué la perito se presentó en la vecindad de Doctor Jiménez 24-B (lugar donde supuestamente fueron encontrados el cadáver de Miguel Ángel y su motoneta) cuando todavía no existía una averiguación previa y, por ende, un llamado para tal fin? Como parte de un informe insólito, por decir lo menos, la perito afirma haberse encontrado a esa misma hora en la habitación 27 del Hotel Alcázar.
A las 23:40 horas Luis Omar Ramírez Anaya todavía no había presentado su denuncia, mientras que el Ministerio Público asevera que: “[…] en su primera actuación hace constar que no es posible recabar de manera prioritaria la declaración del denunciante, en virtud de que aún no se ha presentado ante esta representación social”. ¿Por qué entonces el Ministerio Público ya había iniciado sus actuaciones por homicidio contra Yaki cuando todavía no había un denunciante y a la joven la habían conducido hasta ahí como víctima y denunciante de una violación y tentativa de homicidio?
A las 12:17, ya en la madrugada del 10 de diciembre, se le notifica a Yaki de la imputación que obra en su contra sin estar presente el denunciante ni algún defensor.
El descubrimiento del cuerpo de Miguel Ángel se consigna a las 02:00 a.m., aun cuando éste fue “hallado” en la vecindad de Doctor Jiménez 24-B desde las 21:00 horas del día anterior.
Luis Omar rinde su declaración hasta las 03:00 a.m., es decir, seis horas después de la llegada de Yaki al Ministerio Público, repito, en calidad de víctima y denunciante. Según la lógica de la autoridad, las acciones contra Yaki se iniciaron a petición de alguien que ni siquiera había declarado.
De acuerdo con el testimonio de uno de los policías, se entrevistó con ella en el interior del hospital Rubén Leñero, ubicado a casi 10 kilómetros de distancia, en el área de urgencias médicas. Sin embargo, Yaki jamás pisó aquella noche dicho hospital ni ningún otro de la Ciudad de México. ¿Estuvo mi defendida presente aquella noche al mismo tiempo en la agencia 50 del Ministerio Público y en una sala de urgencias? De ser así, el caso tal vez debió ser materia de análisis de la parapsicología y no del derecho penal.
Documento de la absolución de Yakiri Rubí Rubio Aupart Foto:
3) Se rompió la cadena de custodia
Los policías tenían la obligación de resguardar los lugares donde ocurrieron los hechos. En cambio, su caótica conduc-ta solamente sirvió para sembrar el desorden y alterar las posibles pruebas. En este caso hay dos lugares donde se desarrollaron los hechos: la habitación número 27 del Hotel Alcázar y la vecindad de la calle Doctor Jiménez número 24-B, donde según la versión oficial apareció el cuerpo de Miguel Ángel. Ambos lugares debieron preservarse de acuerdo con los protocolos que establecen las normas internas de la Procuraduría del Distrito Federal. No fue así. Por ende, resultaba factible su manipulación.
A este descuido imperdonable hay que sumar la destrucción intencional de pruebas. El mejor ejemplo de ello es lo que ocurrió con el cigarrillo de mariguana —la perito oficial se refirió a éste en su informe como “[…] un cigarrillo improvisado de alguna hierba de cuatro centímetros de longitud con un extremo calcinado”— que Luis Omar encendió poco después de que Yaki fuera secuestrada en el cuarto de hotel. Como ella afirmó desde el primer momento y sostuvo siempre:
Alcancé a ver cómo el segundo sujeto ponía una toalla debajo de la puerta, de manera que tapaba la rendija que quedaba entre la puerta y el suelo, en ese momento pensé que era para que no escucharan mis gritos […]
Dicho cigarrillo pudo demostrar, mediante las pruebas necesarias, la presencia de Luis Omar en aquel lugar y contrarrestar así la versión de que nunca estuvo ahí y que se encontró con su hermano cuando éste llegó a la vecindad para morir. La obligación de los policías remitentes era resguardar las evidencias con la intención de deducir cuál había sido la mecánica de hechos. No lo hicieron. Esto debió ser razón suficiente, insisto, para que el juez desestimara probanzas como la diligencia ministerial y los medios probatorios exhibidos por los peritos. A ello habría que agregar la falta de fijación de indicios y su descripción precisa.
En su lugar los policías aportaron uno de los episodios más inverosímiles e improbables en la historia de la criminalística moderna, una escena que haría palidecer a los guionistas más ingeniosos de historias de crimen:
[…] al estar preguntando con vecinos del lugar y al llegar al hotel de nombre Alcázar […] un sujeto del sexo masculino quien les dijo ser administrador de dicho hotel de nombre Víctor Núñez Álvarez […] les señaló que el interior del cuarto marcado con el número 27 se encontraba completamente desarreglado y lleno de sangre en la cama, por lo que había realizado un rastreo por la calle siguiendo las manchas hemáticas percatándose que había huellas de llanta con sangre, el cual los conducía a la calle de Doctor Jiménez número 24-B inmueble que es una vecindad y que en el interior se encontraba una moto de la marca Yamaha color negra con vivos naranjas […] la cual estaba maculada de sangre en el asiento, en el manubrio, espejo, tablero, espejos retrovisores así como en la calavera la cual estaba estática y a un costado de esta se encontraba sobre el suelo el cuerpo sin vida de una persona que en vida respondiera al nombre de Miguel Ángel Ramírez Anaya, el cual presentaba a simple vista varias heridas por arma blanca en el cuello, tórax y brazos […] en este lugar se encontraba el señor quien dijo llamarse Luis Omar Ramírez Anaya quien refiere ser hermano del que había llegado a bordo de la motoneta […]
Entre el Hotel Alcázar y el predio marcado con el número 24-B de la calle Doctor Jiménez hay varios cientos de metros. Los agentes aseveran en su declaración que en plena oscuridad lograron distinguir y dar seguimiento a un trayecto de manchas de sangre, sin equipo especial, sin herramientas apropiadas, guiados únicamente por su sagacidad. No obstante, en ningún momento los peritos ofrecieron fotografías que demostraran la presencia de esa sangre. Aun así, cuando menos dos de los policías declararon haber seguido un trayecto marcado por un “goteo hemático”. Uno de ellos refiere el descubrimiento de gotas con una separación aproximada de 50 centímetros entre una y otra, aunque dijo no recordar el número de gotas. El otro, en un ejercicio inaudito de imaginación detectivesca, aseguró que cada gota presentaba una “cola” o ligero alargamiento que permitía deducir qué dirección había seguido su conductor herido de muerte, aun cuando, según su declaración, algunas de las manchas ya habían sido pisadas por los curiosos que se aproximaron a ver qué estaba sucediendo. Tal vez el lector se pregunte, al igual que quien esto escribe, por qué razón la PGJDF no asigna a esos acuciosos, versados y avispados sabuesos tareas más acordes con sus facultades cuasi sobre-humanas, como la búsqueda de niños extraviados, empresarios secuestrados o verdaderos delincuentes en fuga.
No hay que ser un experto en criminalística para deducir que para imprimir un camino de huellas hemáticas con una llanta de motoneta en una calle de una colonia populosa y en hora pico habría sido necesario sumergir los neumáticos en una tinaja de sangre. Los policías se dirigieron al domicilio de los hermanos Ramírez Anaya porque lo conocían perfectamente y, de una u otra manera, se enteraron de que ellos, sus vecinos del Búnker, habían atacado a Yaki, y como resultado, a Miguel Ángel lo habían malherido cuando la muchacha se defendió ante el peligro inminente de que la asesinara. Como sabemos, cuando comparten secretos e intereses, los vecinos siempre se echan la mano.
Entre una y otra cosa, la habitación 27 quedó sin resguardo.
Las contradicciones entre las declaraciones de los policías también fueron graves: al menos uno de los agentes aseguró haber hallado la motoneta afuera de la vecindad, mientras que otros afirmaron que ésta se encontraba dentro. Lo mismo ocurrió respecto al cadáver de Miguel Ángel.
¿Cuál es entonces la utilidad de las herramientas científicas si se pasan por alto o se sustituyen por suposiciones? La respuesta, tal vez, me la haya ofrecido durante las audiencias la misma perito oficial de la PGJDF, quien en su dictamen inicial calificó como mortal “la herida producida por mecanismo cortante lesionante de cuello” que presentaba Miguel Ángel. Pero el “arma homicida” no se sometió a dictamen pericial en dactiloscopía.
La autoridad tiene la obligación de aplicar dichas técnicas para fundamentar sus acusaciones. Habría bastado la pericial en dactiloscopía del mango del cuchillo para probar el dicho de Yaki de que ella en ningún momento le arrebató el arma a Miguel Ángel. Si jamás tuvo el cuchillo en sus manos, mucho menos podría haberle asestado más puñaladas a su agresor después de herirlo de muerte al defenderse.
4) No hubo concubinato ni, por ende, ventaja en el homicidio
En enero de 2014 llamó mi atención un artículo de la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, titulado “¡Cuidado! Violación correctiva”, publicado en el portal de noticias Sin Embargo (2). En éste, la autora se pregunta si la agresión sufrida por Yaki, cuyo padre había declarado públicamente que su hija no podía haber tenido ninguna relación sentimental con su violador porque es lesbiana, obedecía o no a las formas de la violencia contra las mujeres lesbianas que ha encontrado terreno fértil en países como Sudáfrica. En dicho artículo explica:
[…] los violadores son hombres que, apoyados por sus familiares y personas lesbofóbicas, reprueban el lesbianismo y consideran que las mujeres deben corregir su comportamien-to “desviado”. La violación se convierte entonces en un rito de sometimiento desde el poder masculino, pero también es una forma de castigo o reprimenda social hacia la mujer que ha declarado abiertamente su lesbianismo.
Menciono este artículo y la hipótesis de Cacho en vista de que uno de los elementos de los que en todo momento se valió la autoridad para acusar a Yaki fue su convencimiento de que ella conocía a Miguel Ángel, como si esa posibilidad justificara la agresión de la que fue objeto. El mismo juicio machista que impera en el caso de una “violación correctiva” parece ser en nuestro país el fundamento detrás del prejuicio de que toda mujer que es víctima de una agresión sexual “se lo merecía” y que llega incluso a suponer que una relación de pareja, concubinato o matrimonio explica o aminora la gravedad de un acto de violencia sexual. Dicho prejuicio se fortalece en casos como el de Andrea Noel (3), la joven periodista estadounidense radicada en México, víctima de una agresión pública disfrazada de “broma” en marzo de 2016. Una de las reacciones fácilmente distinguibles en las redes sociales es que ella y su agresor se conocían desde antes, como si ello diera luz verde a sus atacantes y derecho a gozar de impunidad .
No otra cosa puede deducirse de la insistencia del procurador en el punto que muchos medios repitieron sin cansancio: Yaki había entrado en el Hotel Alcázar por su propia voluntad. En el citado artículo, Lydia Cacho menciona al respecto:
Curiosamente el procurador Rodolfo Ríos Garza salió con gran premura a anunciar a los medios que Yaki no había sido violada, entonces sin periciales de por medio el abogado público decidió revelar datos inconclusos de una averiguación previa. ¿Por qué el encono y la prisa del procurador? Al día siguiente el subprocurador Garrido, ya en bajo perfil, admitió que Yaki sí había sido violada, que el procurador Ríos se había precipitado. Que no hay evidencia alguna de que ella hubiera entrado por su voluntad al hotel donde ocurrió la agresión sexual y que las cartas que el procurador dijo a los medios demostraban que Yaki y Miguel Ángel se conocían, no habían sido revisadas aún y se desconocía a su autor. Ahora lo sabemos, el remitente de las cartas ha declarado formalmente: no era el agresor. ¿Por qué se atrevió el procurador a desacreditar una violación y una defensa propia sin evidencia ni periciales?
El juzgador y los funcionarios de la PGJDF prefirieron dar por sentado que existía una relación de concubinato en lugar de razonar con base en la definición de dicha figura: “Las concubinas y los concubinos […] han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años […] el concubinato constituye esencialmente una institución de derecho análoga al matrimonio” (4). Para que esa figura se sostenga debe demostrarse la existencia de un domicilio común. Sencillamente esto fue indemostrable, sólo aconteció en las convenientes fantasías del juez. Por descontado, tampoco se comprobó ninguna condición de ventaja y traición en la comisión del homicidio, que sería aplicable si Yaki no hubiera corrido peligro de perder la vida, o si hubiera sido superior en talla a Miguel Ángel, o si hubiera tenido en su poder un arma de mayor envergadura o alcances que el cuchillo curvo con el que fue inicialmente secuestrada y amagada en todo momento. La privación de la vida de Miguel Ángel no ocurrió, como el juez supuso turbiamente, “aprovechando que el occiso se encontraba en un estado de vulnerabilidad por el acto sexual que acababan de tener”.
Un testimonio pretendidamente irrefutable para fundamentar la versión del homicidio pasional fue el de Víctor Núñez, encargado del hotel, quien aseveró en su declaración inicial:
[…] siendo aproximadamente las 20:00 horas me percato de que ingresa al hotel por la calle de Doctor Liceaga una motoneta tripulada por una pareja de jóvenes, conduciendo el sujeto del sexo masculino y detrás de este una mujer, los cuales estacionan su motoneta en un cajón que se localiza a un costado de la recepción […] quienes se dirigen a la recepción pidiendo el sujeto del sexo masculino una habitación, a quien le asigné una habitación marcada con el número 27 la cual se localiza en el segundo piso, haciéndole entrega de la llave; por lo cual me hizo el pago de la cantidad de $170 (ciento setenta pesos 00/100 m.n.) registrándolo en mi hoja de clientes con el nombre de “Pedro Ojeda” sin señalar la hora de ingreso […]
En la hoja de registros del hotel, en efecto, resalta el nombre del cliente “Pedro Ojeda” escrito apresurada y torpemente en una caligrafía completamente distinta a la que aparece en el resto de la hoja, autoría de Víctor Núñez. ¿Quién agregó ese nombre aquella noche? Al parecer alguien con la necesidad imperante de hacer coincidir la serie de hechos increíbles y contradictorios que daban cuerpo a la versión del homicidio por venganza.
Cuando en su ampliación de declaración le pregunté al encargado del hotel si estaba dispuesto a someterse a una prueba de grafoscopía, su respuesta fue insólitamente contundente: “No, porque mi letra es variable” .
Lo anterior refutaría el testimonio que Yaki sostuvo en todo momento, a saber, que el administrador del hotel y el violador mostraron una familiaridad incuestionable mediante un diálogo siniestro al que no acompañó ningún pago ni la entrega de llave alguna: “Ya sabes, donde siempre”. En todo su horror, es imposible no insistir en las palabras que Miguel Ángel dirigió a Víctor Núñez antes de conducir a punta de cuchillo a la muchacha hasta la habitación 27. ¿Implican la posibilidad de una cadena de abusos sexuales sistemáticos en ese lugar? El Hotel Alcázar opera hasta hoy con toda normalidad sin que ninguna autoridad se haya tomado el tiempo de investigarlo.
Las declaraciones de Víctor Núñez quedaron sepultadas bajo diversas contradicciones . En un momento testificó que al pedirle a un empleado del hotel que revisara la habitación 27, éste le había dicho que el espacio presentaba manchas de sangre. Víctor Hugo Pineda, quien se dijo “recamarero” del hotel, aseguraría en su momento que él no había visto nada. No obstante, Núñez le aseguró al apoderado legal del hotel, Juan Antonio Serralde, que sí había presenciado una riña dentro del establecimiento. Evidentemente uno de los dos Víctor mentía.
Poco después de haber declarado, Núñez Álvarez murió de cáncer de garganta.
5) La acreditación del cuerpo del delito fue deficiente
Para que un juez dé por probado un hecho, el Ministerio Público debe probarlo más allá de la duda razonable. En caso contrario, los derechos de todo acusado a la presunción de inocencia y al debido proceso se verán pisoteados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que ninguna persona puede ser condenada si no existe prueba plena de su responsabilidad penal.
Uno de los conceptos clave en un caso de esta naturaleza es el llamado nexo causal. Consiste, sencillamente, en que la autoridad debió acreditar que los elementos entre la conducta de Yaki y el resultado, es decir, la muerte de Miguel Ángel, eran coincidentes o suficientes para imputarla y ser procesada. El homicidio ocurre cuando una persona desea privar de la vida a otra y actúa en consecuencia, movido por causas o intereses que habrán de develarse en el curso de la investigación y el proceso. La acusación de homicidio calificado contra Yaki se fundamentaba en el supuesto de que a ella la unía una relación de concubinato con Miguel Ángel. Esa presunción constituyó uno de los más torpes traspiés de la autoridad: varios hechos y circunstancias contradijeron categóricamente esa posibilidad. El más evidente, como ya he mencionado, fue que el padre de Yaki hizo del conocimiento de la opinión pública desde un principio que Yaki es lesbiana y al momento de los hechos tenía una relación sentimental estable con una mujer. No era de su interés, en absoluto, establecer nexos románticos con ningún varón heterosexual.
6) Yaki no fue tratada como víctima en ningún momento
Tal y como está consignado en el expediente, entre el 9 y el 17 de diciembre Yaki denunció en más de ocho ocasiones haber sido víctima de los hermanos Ramírez Anaya. Entre el ataque y la integración de la averiguación previa por el delito de violación transcurrieron más de 190 horas. Este hecho constituyó una de las omisiones más torpes de la autoridad: no se dio inicio a ninguna averiguación previa en la que se reconociera la condición de la joven como víctima de secuestro, lesiones, agresión sexual y tentativa de homicidio. Nadie la escuchó y nadie creyó en ella.
Basta señalar que en sus declaraciones iniciales los policías remitentes confirmaron que ella pidió auxilio, que se encontraba semidesnuda, lesionada, y que en todo momento aseguró que había sido atacada por dos individuos. Todos coinciden en que acudió de manera voluntaria a la agencia 50 a denunciar los ultrajes. La prueba incontestable de la gravedad de sus heridas es que estos policías solicitaron la presencia de una ambulancia. Pero después un extraño contagio de amnesia selectiva se apoderó de ellos .
Los de Mario Antonio Mejía Medina y Leticia Ramírez Martínez son dos nombres que nunca emergieron a la superficie en los espacios que los medios dedicaron al caso ni en el desarrollo del proceso. Ellos fueron los ministerios públicos que recibieron a Yaki en las deplorables condiciones que hoy sabemos y dieron cabida al primer acto de esta lamentable historia: negar valor a sus dichos como víctima de secuestro, violación sexual e intento de homicidio; no ofrecerle la atención psicológica, médica y legal que debían; el mantenerla incomunicada, hacerla firmar un documento sin informarle de qué se trataba, allanar sus pertenencias y sembrarle el celular de Miguel Ángel y las llaves de su motoneta para emplearlos posteriormente como “evidencia”. Ellos fueron también quienes iniciaron una averiguación previa por el delito de robo agravado de dicho aparato sin informar a nadie. Fueron ellos quienes otorgaron a Luis Omar el papel de víctima, agraviado y denunciante .
También es responsable Roberto Torres Ortega, agente del Ministerio Público, quien después del cambio de turno se ocupó de la consignación formal de Yaki. Son tres culpables invisibles a quienes nadie llamó ni ha llamado a cuentas por sus actos delincuenciales en evidente beneficio de los hermanos Ramírez Anaya. Digo sus nombres no por un afán acusatorio gratuito, sino por tratarse de funcionarios cuyos nombres figuran a la vista de la ciudadanía tanto en las oficinas donde laboran como en la información que la PGJDF ofrece en sus directorios. No se trata de particulares con intereses propios, sino de funcionarios públicos obligados a velar por la integridad de quienes busquen su amparo y protección. Constituyen, por otro lado, el claro ejemplo del fracaso de las instituciones de procuración de justicia de todo el país, no sólo de la Ciudad de México, en el cumplimiento de su obligación de capacitar a su personal en temas tan sensibles como la violencia y la equidad de género. Pero sobre todo en cumplir con su deber, la procuración de justicia.
Sin embargo, en este caso no existe un solo responsable, sino una larga cadena de personajes sin miedo a mentir, maquinar y pisotear la ley, los derechos humanos y la dignidad de quien sea necesario, para mantener en marcha un sistema mortalmente enfermo de corrupción, impunidad y soberbia. Además de quienes nombro, más de un ego desmedido se identificará orgullosamente como uno de los oscuros protagonistas de esta historia.
Y como las autoridades mexicanas de todos los niveles muestran una especie de adicción a la intimidación y la imposición de sanciones, he decidido no referir los nombres de los dos policías de investigación a los que Yaki se aproximó en busca de ayuda, no por falta de valor, sino porque hoy sé que, gracias a una placa y la complicidad de sus superiores, ejercen sin cortapisas un derecho absoluto a delinquir y a manipular la ley en su favor y en el de sus cómplices, en este caso sus hoy tristemente célebres vecinos del Búnker de la PGJDF, los hermanos Ramírez Anaya. Esta decisión obedece a un principio de congruencia que tengo con la realidad: debo preservar mi vida. Hasta hoy me acompañan guardias armados a todos lados en vista de las amenazas y los tres atentados que sufrí en las diversas etapas del proceso, guardias que ha dispuesto para mi custodia el mecanismo federal de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.
REFERENCIAS:
(1) Véase el artículo 267 del Código Penal para el Distrito Federal.
El pasado fin de semana renunció Rodolfo Ríos Garza a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya administración quedó marcada por la revictimización de las mujeres: la falta de investigación, la opacidad y la criminalización, sostienen grupos civiles y litigantes.
Y precisamente se separó del cargo tras las críticas de la CDHDF a uno de los casos que tuvieron la marca de su gestión: el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte en 2015.
“No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros de la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”, sostiene Sayuri Herrera, abogada la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Rodolfo Ríos Garza, renunció hace cinco días a la titularidad de la PGJCDMX. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Rodolfo Ríos Garza se despidió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) con un cúmulo de casos sin resolver y en los que muchas veces se “criminalizó” a las mujeres víctimas de un delito y se ignoró la perspectiva de género en las indagatorias, sostuvieron litigantes y organizaciones civiles.
Ríos Garza fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Más tarde le sucedió en el cargo, en el que duró desde el año 2012 hasta el pasado fin de semana.
“Yo diría que Rodolfo Ríos fue un procurador sumamente ineficaz, para investigar y procurar justicia en el caso de las víctimas. Su gestión quedó caracterizada por la estigmatización de las víctimas o lo que se llama la criminalización de las víctimas”, dijo Karla Michel Salas Rodríguez, abogada de algunos de los casos más emblemáticos en el último lustro, como el multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte el 31 de julio del 2015.
Salas lamentó que este caso no escapó de la criminalización de la mujer, mediante filtraciones que surgieron de parte de la PGJ-CDMX, en las que se daban a conocer declaraciones de detenidos sobre la supuesta vida de la joven de origen colombiano asesinada ese día, Mile Virgina Martín.
“En el caso de Mile Virginia Márquez, prácticamente la relacionaron con drogas, con ser colombiana, donde le adjudican el móvil del crimen, y nada de eso constaba en el expediente”, dijo Salas.
Desde entonces, las hipótesis del asesinato de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Rubén Espinosa y Mile Virginia Martín, se intentaron ligar al crimen organizado.
“Esto generalmente se da a través de servidores públicos de bajo rango, policías y agentes del MP que se corrompen; pero en el caso Narvarte lo que nosotros denunciamos fue una narrativa, una interacción de información, que no fue desde la policía solamente, sino dirigida desde las más altas estructuras [de la PGJ-CDMX]”, detalló la abogada.
La misma actitud de negación por parte de esta dependencia quedó en el caso de la muerte de la modelo colombiana, Stephanie Magon Ramírez, registrada en agosto del 2016.
Los primeros reportes de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGJ-CDMX apuntaron que presentaba diversos golpes e incluso Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, dijo que la necropsia reveló que la chica fue “intencionalmente asesinada a golpes”.
Sin embargo, la PGJ-CDMX alegó que las lesiones fueron consecuencia de una “precipitación” o caída.
“De acuerdo con la Procuraduría sin ninguna motivación, que la orillara a cometer suicidio, se lanzó de un balcón. A pesar de las lesiones que las había identificada el propio presidente del Tribunal. Pasó en el caso de Lesvy, Stephany, de Mile. No son filtraciones cualquiera ni aisladas”, recordó Salas.
El 3 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La joven de 22 años fue aparentemente estrangulada con un cable de teléfono.
Dos días después la PGJ-CDMX publicó en su cuenta oficial de Twitter presuntos datos sobre la vida y actividades realizadas por la joven. De inmediato se levantó una ola de críticas y protestas bajo el hashtag #SiMeMatan, con el que acusaron a la dependencia y a Ríos Garza de usar los mensajes para justificar la muerte.
Más tarde, Ríos Garza se deslindó de los mensajes y se los atribuyó al departamento de comunicación social.
Sayuri Herrera, abogada de la señora Aracely Osorio, madre de la víctima, coincidió que estas publicaciones fueron un intento “desde un inicio culpabilizar a la víctima de su propio muerte, para eludir su responsabilidad de esclarecer los hechos y de que se sancione a los responsables porque el feminicida de Lesvy esta suelto esa persona camina con libertad, anda tranquilamente por las calles en total impunidad, y todas nosotras estamos en riesgo”.
Actualmente, la abogada pelea porque la dependencia capitalina conceda la información del expediente, a través de copias autenticadas del caso. Sin embargo, no se les ha permitido la simple lectura del mismo en el que se encuentran detalles como el levantamiento del cuerpo, y fotografías de la diligencia y videos que la UNAM entregó a las autoridades.
“El argumento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es que no cuenta con esa información, que ya no la tiene en su poder, que la dio a la PGR”, dijo la litigante.
De ser así, señaló, es una situación totalmente irregular, ya que aún en esta situación la dependencia está obligada a mantener una copia de las originales y de esta forma limitado a la familia de Lesvy conocer y coadyuvar en el caso, un derecho de las víctimas.
Sobre Ríos Garza dijo: “No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”.
ITZEL
La señora Hernández detalló que dos días después se enteraron de que el agresor falleció. Foto: Cencos.
El casó mediático más reciente fue el de Itzel, una adolescente de 15 años que sufrió una violación e intento de homicidio el pasado 1 de junio. La joven hirió al agresor, quien murió días después.
“Me decía [el agresor] que me iba a morir, entonces comenzó a enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado y comenzó el forcejeo. El tipo me dijo que lo había picado en el pecho, empecé a llorar y me puse mi ropa. Pedí auxilio y luego llegaron dos motocicletas, los policías me vieron y se llevaron al sujeto”, narró la menor en un video difundido por su familia a través de YouTube.
La familia temía que las autoridades intentaran culpar a Itzel de homicidio y buscaron conocer la situación legal. No obstantes, la PGJ-CDMX informó apenas el día de ayer que la joven no era investigada por el delito de homicidio.
“Se tardó una hora después de nuestra conferencia de prensa sobre el caso, lo que no pudo hacer en 30 días prácticamente”, dijo Salas, quien también asesora este caso.
Itzel no recorrió el mismo proceso judicial que Yakiri Rubio, la joven que quedó absuelta del cargo de homicidio después de matar a su violador en mayo del 2015, un año y medio después del incidente.
El caso le ganó a la PGJ-CDMX de Rodolfo Ríos Garza un emplazamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para pedir una disculpa pública por no abordar el caso con un enfoque de género, como quedó consignado en la recomendación 6/2016.
Una recomendación que no se respetó en el caso de Itzel, así como tampoco protocolos de protección a la niñez, dijo Salas.
“Haciendo el recuento te das cuenta que todo lo que dice la ley fue absolutamente letra muerta, los protocolos dicen se tiene que llevar al centro de salud, dar la pastilla del día siguiente, dar retrovirales, o sea lo principal es salvaguardar la integridad de la víctima. A pesar de que llegó prácticamente ensangrentada, dicho por la propia madre, las autoridades no la llevaron al hospital, y aún así tuvieron que estar vagando de agencia en agencia, aguantando groserías de médicos y médicas”, explicó.
Estudiantes, integrantes de distintos grupos feministas y familiares de la joven Lesvy Osorio durante una manifestación en CU, el pasado 18 de mayo. Foto: Cuartoscuro
GESTIÓN DE CANGREJO
Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), considera, en retrospectiva, que la gestión de la PGJ-CDMX sufrió un retroceso con Rodolfo Ríos Garza, particularmente en materia de investigación de feminicidios, algo que ha quedado documentado en el trabajo del Observatorio, dijo Domínguez.
Domínguez detalló que a pesar de que en el 2012 había una expectativa por la implementación de un protocolo de investigación de casos de feminicidios de avanzada, la gestión de Ríos Garza representó un graves vuelcos en la investigación de feminicidios y desaparición de mujeres y niñas.
“Hemos denunciado formalmente ante la Procuraduría de la Ciudad de México esto, en su momento lo hicimos ver al propio Procurador, el responsable final, a su personal de mayor jerarquía, y finalmente nos topamos con una pared y oídos sordos ante los cuestionamientos que se hacían”, dijo Domínguez.
Rodolfo Ríos Garza deja una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusada de criminalizar a las víctimas. Los casos Narvarte y Lesvy son dos que por su alto impacto mediático dejaron marcada la institución. Y fue la exhibición de las desaseadas investigaciones del primero la que antecedió su baja en el cargo.
A su salida, queda una ciudad en la que los cárteles hicieron presencia, pese a la negativa discursiva desde el Gobierno. Y una ciudad en la que violencia y los robos crecieron.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Empleado de Miguel Ángel Mancera desde 2010, el abogado Rodolfo Ríos Garza deja su cargo de Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) luego de que un informe documentara que su trabajo fue un manual de estigmatización de víctimas y de omisiones para el esclarecimiento de los crímenes.
El “parteaguas” que lo evidenció, como lo llamó la abogada Karla Micheel Salas, fue la indagatoria, desde 2015, del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, cuyo móvil no ha sido establecido y a cuyas víctimas directas –Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril– se sometió a un proceso de criminalización desde las primeras horas de ocurridos los hechos.
“A Rubén Espinosa (fotorreportero) se le atribuyó consumo de drogas o estar vinculado con algún tipo de delito; por otro lado, a las mujeres se les acusó en algunos casos de consumo de alcohol y drogas (…) o que incluso guardaban relación con los presuntos agresores, situación que tendió a colocar a las víctimas como responsables de lo sucedido”, estableció la recomendación 4/2017, presentada el pasado miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH).
“Las víctimas fueron expuestas en los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad y a las garantías y protección judicial, además se les discriminó con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, agregó el reporte oficial.
El crimen registrado el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en una de las delegaciones consideradas de mayor calidad de vida en la Ciudad de México, motivó manifestaciones y diversos actos de protesta por parte de periodistas y defensores de derechos humanos.
Vera y Espinosa Becerril se encontraban en la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Los buenos tiempos Ríos y Mancera. Foto: Cuartoscuro
La PGJ-CDMX, por su parte, respondió a las presiones con la filtración de los datos personales de las víctimas y sin considerar el contexto de amenazas que se exigía investigar alrededor de Vera y Espinosa, con lo que se violentó de manera institucional, dice la CDH, el derecho de las familias a la verdad y a la justicia.
“(La recomendación) confirma lo que habíamos dicho: desde el asesinato hubo maltrato hacia nosotros, los inventos, las líneas de investigación que no se han agotado, incluyendo el trabajo periodístico de Rubén”, dijo el jueves pasado Alma Espinosa Becerril, hermana del fotoperiodista.
A tres días de la presentación de este informe, el Gobierno de la Ciudad reportó la separación de Ríos del cargo de Procurador, que había ocupado desde 2012, al inicio del Gobierno de Mancera, y al que había llegado luego de haber fungido como su secretario particular el sexenio anterior, donde el hoy jefe de Gobierno fue titular del ministerio público.
“El jefe de Gobierno agradece la labor que desempeñó el ahora ex Procurador General de Justicia, demostrando en todo momento responsabilidad, honestidad, lealtad y eficacia en su trabajo; asimismo, le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales”, informó una tarjeta informativa del pasado sábado.
La recomendación de la CDH y la renuncia de Ríos Garza llegaron cuando es público que Mancera busca competir por la Presidencia de la República, por lo que los abogados de las víctimas del caso Narvarte retaron al Jefe de Gobierno a que, antes de buscar el voto, inicie una ruta de investigación que considere las líneas abandonadas, como un nuevo interrogatorio a Duarte de Ochoa, ya detenido en Guatemala por delitos contra el patrimonio de su estado.
“Sería lamentable que alguien busque ser presidente de la República con un antecedente como este”, dijo la abogada Salas, representante de la familia Vera Pérez, en la conferencia de prensa en la que, junto a las hermanas de Rubén Espinosa, fijaron su posición ante la recomendación de la CDH.
Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19 y también coadyuvante en la investigación, recordó que Mancera, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometió a dar cumplimiento a los compromisos de protección a periodistas anunciados por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, luego del asesinado del reportero y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas.
“Esta es una oportunidad para pasar del discurso a los hechos”, agregó el abogado en la conferencia.
LA MARCA DE LA CASA
El crimen de la colonia Narvarte no fue el único en el que la PGJCDMX difundió información con la que trató de incriminar a las víctimas. El pasado 4 de mayo, lo mismo hizo la Procuraduría, y desde una cuenta oficial, luego de que se encontró el cadáver de una joven de 22 años en pleno campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La difusión de la información sobre aspectos de la vida personal de la joven causó indignación entre usuarias de redes sociales que crearon la etiqueta #SiMeMatan para protestar por el tratamiento del ministerio público hacia la víctima.
Ante las críticas, la PGJ-CDMX rectificó y, desde la misma cuenta oficial de Twitter, reconoció que “efectivamente se rebasaron principios” y que “comunicación Social ofrece una disculpa ante grave error”.
Cuatro días después, el Gobierno de la Ciudad destituyó a la titular de la oficina de Comunicación Social de la PGJ-CDMX, Elena Cárdenas Rodríguez, y en un boletín exhortó a los funcionarios a “seguir trabajando con responsabilidad, ética, compromiso, apego a la normatividad y el pleno respeto de los derechos ciudadanos”.
Con este tipo de prácticas, dijeron los abogados de las familias afectadas por el crimen de la colonia Narvarte, el ministerio público de la Ciudad de México “trata de justificar los crímenes y evitar la atención”, además de que es “un medio de control de las exigencias” de las familias afectadas.
“SIN CRIMEN ORGANIZADO”
Ríos Garza, el cuestionado ex Procurador de la CdMx. Foto: Cuartoscuro
Otra característica del trabajo de Ríos al frente del ministerio público de la capital de la república fue sostener un discurso –también defendido por Mancera– de que aquí no operan “cárteles” ni grupos del crimen organizado.
Esto, aun cuando se han registrado hechos propios de este tipo de organizaciones, como –entre otros– el “levantón” de trece personas en el bar Heaven de la zona Rosa, en 2013, el tendido de una víctima sobre un puente en la delegación Iztapalapa y aun el crimen de la colonia Narvarte, en el que, en menos de una hora, cinco personas fueron asesinadas con arma de fuego en la céntrica colonia de esta capital.
“Los hechos demuestran que la Ciudad de México es parte de un centro neurálgico, estratégico del crimen organizado”, comentó en días pasados a este medio Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en la Universidad Iberoamericana.
Este tipo de actividades delincuenciales han sido constantemente registradas incluso por el Gobierno norteamericano que, como en el más reciente reporte del Congreso de ese país, identificó en la Ciudad de México la presencia de grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva e incluso de los Caballeros Templarios.
Mancera y Ríos, sin embargo, en diferentes ocasiones han desestimado la “operación” de este tipo de organizaciones en territorio capitalino.
“No hay, como se mencionaba, como se señaló al principio, como se ha mencionado, como lo señaló el jefe de Gobierno, en ninguna de las anteriores (averiguaciones) se había señalado la presencia de ninguna banda delincuencial, llámesele como se le llame”, dijo Ríos Garza en abril pasado, cuando propietarios de un negocio de comida en el centro histórico denunció extorsión de un grupo delincuencial.
Y ha sido precisamente esta narrativa, han considerado también familiares de las víctimas y abogados del caso Narvarte, lo que ha impedido que la PGJCDMX profundice no sólo en el trabajo periodístico de Rubén Espinosa o el activismo de Nadia Vera, sino que deje sin seguir incluso las pistas generadas en la única teoría que ha considerado, alrededor del círculo de Mile Virginia Martin.
“La Procuraduría o no quiere investigar, por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, dijo también en la conferencia del jueves Héctor Pérez Rivero, de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
En resumidas cuentas, para el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, la capital del país es “una ciudad segura”. En entrevista con este medio digital vuelve a la negativa sistemática del Gobierno del Distrito Federal sobre la operación de cárteles del narcotráfico. Se opone a lo que indica el Semáforo Delictivo que informa un aumento de 17 por ciento en los homicidios. El abogado de la Ciudad expone que la muerte ronda pero su tendencia va a la baja. Pese a sus números, informa que desea crecer la nómina de la Procuraduría porque nota déficit de personal frente a las denuncias y después de la instalación del Sistema Penal Acusatorio. Para ello, pidió a la ALDF para el ejercicio de 2017, 12 mil millones de pesos a lo cual, dice, ningún partido se ha opuesto.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Hace 24 horas que SinEmbargo publicó las cifras que arroja la herramienta de rendición de cuentas Semáforo Delictivo en la que la Ciudad de México tiene un aumento de 7 por ciento en homicidios de enero a septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2015. Este número, analizado con respecto a la media histórica, da un aumento de 17 por ciento. El Índice alerta que el secuestro, el robo a casa y negocios, y la violación tienen luz roja porque han superado la media histórica mensual.
En su despacho de la colonia Doctores, conocido como “el búnker”, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, tiene otras cifras. Y una descripción muy diferente de lo que en estos días es esta Ciudad. En resumidas cuentas, la capital del país es para él “una ciudad segura”. En entrevista con este medio digital vuelve a la negativa sistemática del Gobierno del Distrito Federal sobre la operación de cárteles del narcotráfico. Dice que el delito de alto impacto ha descendido y acepta que la muerte ronda, pero con tendencia a la baja.
“El homicidio doloso tuvo un incremento de 0.2 promedio diario y el culposo ha disminuido en 18.4 por ciento”, sostiene el hombre que cumple cuatro años en el despacho encargado de la persecución del delito en la capital del país.
¿Pero por qué la muerte aquí? –se le plantea. “El homicidio deriva de una riña y particularmente el sábado por la noche. No deriva de que exista un tema del crimen organizado. Y muchas (muertes) son en el interior de los inmuebles”, sostiene.
Y en cuanto al narcotráfico negado en la capital del país, Rodolfo Ríos Garza expone:
“Nosotros seguimos sosteniendo que no hay delincuencia organizada en la CdMx. Y son varios factores los que nos llevan a determinarlo. Uno, no es un tema local, es federal. Y hay reuniones del gabinete de Seguridad a nivel federal donde acude el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y ha sido manifestado por los titulares tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República de la no existencia de delincuencia organizada en Ciudad de México. Pero también hay muchos factores que te permiten determinarlo. La forma de organización que se tiene en la delincuencia organizada
no opera en la Ciudad de México. Nosotros sí tenemos bandas, pero no necesariamente tienen la infraestructura que tiene la delincuencia organizada; además aquí no ves un enfrentamiento o grupos de choque en las calles. Por supuesto hay homicidios, pero no tienen que ver con la delincuencia organizada”.
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Rodolfo Ríos afirma que uno de sus principales objetivos es rescatar la confianza de la ciudadanía en la procuración de justicia. Foto: Especial
Este es un hombre que no posee coche, que cuenta con dos departamentos obtenidos con crédito, uno en 2003 (con un valor de 800 mil pesos y otro en 2013 (con un valor de 1 millón 600 mil 001 pesos a 3 millones 200 mil pesos), según su declaración patrimonial presentada ante la Contraloría del GDF y que ocupa el mismo escritorio que hasta antes de convertirse en Jefe del gobierno del Distrito Federal tuvo Miguel ángel Mancera Espinosa.
Es quien en 1995 obtuvo su cédula profesional como Abogado, título que obtuvo por la Universidad del Valle de México y cuyo historial académico básico y medio superior está en la Academia Militarizada de México.
Es el funcionario en cuya gestión se inscribieron al amparo de la noche dos de los casos policiacos que más han conmocionado a la Ciudad de México en las últimas décadas al tener como finales el múltiple homicidio. Uno se recuerda como “Heaven” porque así se llamaba el bar de la Zona Rosa donde el 26 de mayo de 2013, 13 jóvenes desaparecieron. Sus cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina de Tlalmanalco en el Estado de México muchos días después. Por los hechos, hasta hoy, 23 personas están presas.
El otro es el de la colonia Narvarte, en el que el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera (además de otras tres personas) fueron asesinados y el cual, aún no encuentra desenlace. Palabras de Ríos Garza: “En ese tema continúa el proceso en el juzgado penal. Estamos a la espera de las sentencias. Tenemos confianza que serán sentencias condenatorias ejemplares. Pero continúa el proceso en el juzgado”.
En la memoria de la Ciudad de México, mientras Rodolfo Ríos Garza ha conducido la Procuraduría, también se quedaron las manifestaciones callejeras del 1 de diciembre cuando tomó posesión el Presidente Enrique Peña Nieto, la del 2 de octubre de 2013 y la del 20 de noviembre de 2014. Además del desalojo de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo capitalino el 13 de septiembre de 2013. En todas, actuó el cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la PGJ abrió averiguaciones en contra de decenas de detenidos que al final, no prosperaron por falta de pruebas.
–¿Qué piensa hacer cuando deje este despacho, Procurador?
–No sé qué pase. Yo sigo siendo el Procurador. No tengo noticias en contrario. Necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía. Yo creo mucho en eso. Que la ciudadanía recobre la confianza en la procuración de justicia.
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El homicidio de cinco personas, el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, es uno de los casos que más críticas han generado contra el actual Gobierno de la capital del país. Foto: Cuartoscuro
Pero es la confianza la que languidece, precisamente. Al momento de este diálogo, los registros que miden la aceptación de las gestiones, tanto federal como local, no brindan más de 30 puntos al Gobierno del Distrito Federal. Y según las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el país y por entidad, un gran factor es la inseguridad. Los mexicanos y los habitantes de la CdMx dicen que es ese su mayor problema.
El Procurador propuso para el ejercicio de 2017 un presupuesto de 12 mil 894 millones de pesos, monto con el que pretende crecer la nómina. Quiere más policías investigativos, más peritos y más Ministerios Públicos. Ahora mismo, reconoce, el personal no es suficiente para atender las denuncias; sobre todo con la instalación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Y dice que a ningún partido en la ALDF, incluso a Morena, le pareció una cifra descabellada.
–Procurador, la percepción de los ciudadanos es que hay una crisis de seguridad. ¿Qué dice usted?
–Es un tema muy importante. Es un tema que se ha manejado de la percepción. Yo siempre he mencionado que la percepción si bien es cierto, a veces dista de ser favorable, la única manera de combatirla es con resultados. (Pero) nosotros solamente podemos señalar por las cifras que tenemos. Esto quiere decir: las denuncias que nos hacen. Por eso nosotros exhortamos siempre a la cultura de la denuncia. Porque muchas personas señalan que no denuncian porque puede no pasar nada o pueden perder mucho tiempo. Tenemos mecanismos para ya agilizar el tema de las denuncias. Cuando me dicen que no pasa nada siempre les digo, ¿y si sí?. ¿Qué pasa con todos aquellas denuncias en las que sí hemos dado resultado? ¿Con todas las bandas que hemos desintegrado? ¿Con todas las personas que hemos puesto a disposición de los jefes? Esos son los resultados. Por eso siempre invitamos a la denuncia.
–¿Se denuncia más en la Ciudad de México a partir de su gestión?
–Sí. Hemos tenido una buena cantidad de denuncias. La gente ha estado confiando en las autoridades. Con los avances de la tecnología, con el nuevo sistema penal acusatorio, hemos facilitado a la ciudadanía la forma de denunciar. A través de la página de Internet, a través de la aplicación, a través de los módulos de atención oportuna, de la capacitación de los MP, de los cursos de sensibilidad, incluso de Derechos Humanos … Esto ha propiciado a que invitemos a la gente y que confíen en las autoridades, pero algo para que confíen son los resultados.
–¿Cuál es su evaluación del Sistema Penal Acusatorio al día de hoy?
–Creo que es un sistema que en cuanto a la implementación para la ciudadanía fue complicado. Para las autoridades también por falta de presupuesto. Hemos incluso tratado de sensibilizar a los diputados de la ALDF para que incrementen el presupuesto en ese sentido, toda vez que la mayor parte se va en el nuevo sistema penal acusatorio. El 90 por ciento de todo lo que se hace depende de la Procuraduría capitalina. Entonces, es necesario que lo hagamos. Pero es un sistema que le ha permitido a la gente obtener resultados muy rápidos; es decir, antes ellos podían denunciar por un tema patrimonial y se tenían que esperar un largo proceso para obtener una condena para el probable responsable, así llamado en ese entonces, pero no obtenían ni siquiera lo que les habían quitado, lo que le habían defraudado, robado. Con este nuevo sistema, incluso ahora en cuestión de horas podemos mediarlo y la gente obtiene la reparación del daño. Eso es lo positivo.
–¿Cuánto falta para llegar al nivel óptimo? Habla usted de falta de presupuesto.
–Faltan muchas cosas. Principalmente, hay falta de personal. Nosotros hemos venido trabajando con el mismo personal que tenemos desde hace varios años. Mucho tiempo hemos tenido que dividir al personal para que nos conozca el nuevo. Algunos se están capacitando y por lo tanto no están en las agencias del MP. Todo esto de MP, peritos, policías de investigación ha llevado un tiempo complicado. Pero ya estamos trabajando.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).— El pasado 30 de agosto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, anunció la detención de Abraham Torres Tranquilino, un ex policía de 24 años y quien presuntamente estuvo involucrado en el asesinato de cinco personas en un departamento de la capitalina colonia Narvarte.
El anuncio del Procurador ocurrió no sólo en un día domingo –mismo en el que, aseguró, se había hecho la detención–, sino justo en la víspera de que se cumpliera un mes del multihomicidio, entre cuyas víctimas estaban el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, quienes habían denunciado la violencia que el Gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, ejercía en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Hasta ese domingo sólo había sido detenido por el caso un hombre llamado Daniel Pacheco Gutiérrez, pero las semanas habían transcurrido en medio de filtraciones a algunos medios de comunicación de fotografías explícitas del crimen y detalles como que en los cuerpos habían encontrado restos de mariguana o cocaína, y críticas a la PGJDF por la forma en que ha realizado la investigación y por tratar de apuntalar el crimen sólo a un supuesto robo o a una supuesta relación de una de las víctimas (Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana) con la venta de droga.
La detención de Torres Tranquilino no hizo sino sumar a esa última hipótesis que la Procuraduría capitalina ha alimentado mediante filtraciones y declaraciones que no necesariamente corresponden con los datos contenidos en el expediente de la investigación, como han expuesto los abogados coadyuvantes del caso Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez.
Y es que el pasado 2 de septiembre, los diarios El Universal y Reforma publicaron que en su declaración preparatoria Torres Tranquilino dijo que un tercer involucrado en el caso, a quien identificó como Omar, pertenecía a Los Zetas y que habría acudido al departamento de la Narvarte a robar un cargamento de cocaína que supuestamente tendría Virginia Martin.
La detención de un presunto implicado en un caso altamente mediático precisamente en una fecha simbólica no ha ocurrido únicamente con el multihomicidio de la colonia Narvarte. En los años recientes han ocurrido episodios similares en casos que, en su momento, han merecido la atención pública: el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, en el que murió un menor de 12 años por el impacto de una bala de goma disparada por un policía, y la ejecución extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por parte de militares.
Se trata de acciones con un efecto más mediático que de real eficiencia en el sistema de impartición de justicia, de acuerdo con Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Son demasiadas casualidades, en el sentido de que siempre que se acerca algo significativo, simbólico, por decirlo de alguna manera, siempre la autoridad sale y dice algo que viene de alguna manera a distraer la atención, o que viene a reposicionar el caso”, afirmó Barrón Cruz.
El especialista refirió que no se trata de algo nuevo, sino más bien una estrategia recurrente que, pese a usarse constantemente, se niega como relacionada. “Es irrisorio porque sí ha sido la constante de las autoridades en realidad no es casual, es una práctica recurrente por parte de las autoridades”.
DUDOSAS COINCIDENCIAS
Elia Tamayo, madre del menor asesinado José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, al cumplirse un año del enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y policías del Gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
El 4 de junio de 2014, justo un día antes de que se cumpliera un lustro del incendio de la Guardería ABC, que operaba en una bodega bajo el sistema de subrogación de estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo al ex director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo, Sonora, Roberto Copado Gutiérrez.
Él era responsable de firmar los dictámenes para la operación de empresas como la Guardería ABC. Uno de los elementos que agravó la tragedia del incendio, que provocó la muerte de 49 nenes y heridas en decenas más, fue que el espacio donde estaba la guardería no tenía las condiciones necesarias para fungir como una estancia infantil.
Copado Gutiérrez había sido detenido el 19 de diciembre de 2009, acusado de homicidio y lesiones culposas. Sin embargo, fue liberado bajo caución, y luego se dio a la fuga.
Según refirió la PGR a medios de comunicación, la detención del ex funcionario se había realizado un día antes.
Entre el 17 y 18 de octubre del año pasado, en vísperas de que se cumplieran tres meses de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie –quien resultó herido en el cráneo el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, durante un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales, y murió 10 días después a causa de la lesión– fueron detenidos seis policías estatales, acusados de homicidio, lesiones y falsedad de declaraciones.
La detención de los policías era parte del cumplimiento a la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Gobierno de Puebla.
Sin embargo, los policías fueron liberados dos meses después, durante la víspera de Navidad, al resolverse que no habían falseado declaraciones ni causado lesiones con dolo. El cargo de homicidio persistió, pero los agentes fueron puestos en libertad.
Apenas el 14 de julio pasado –es decir, cinco días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte del menor– fue detenido el director general de la Policía Estatal de Puebla, Marco Antonio Estrada López. Sin embargo, no fue detenido por el caso Chalchihuapan sino por presuntos vínculos con el robo de combustible.
A principios de ese mes, también en coincidencia con el primer aniversario de la masacre de 22 personas en Tlatlaya a manos de miembros del Ejército, fueron detenidos cuatro policías ministeriales acusados de presuntamente haber torturado a tres mujeres que atestiguaron la ejecución extrajudicial de 21 hombres y una mujer el 30 de junio de 2014, a quienes en un principio el Ejército identificó como presuntos delincuentes.
Al día siguiente de cumplido un año de ese hecho, que fue descubierto gracias a una investigación periodística, el Gobierno mexiquense del priista Eruviel Ávila Villegas presumió la detención de los cuatro policías.
Sin embargo, los policías fueron liberados al día siguiente y sólo se les impusieron multas de 60 mil pesos.
DESCONFIANZA E INEFICACIA, VERDADEROS PROBLEMAS
Para Pablo Monzalvo Pérez, académico del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana, si bien este tipo de casos evidencian su carácter político para dar la idea de que se está haciendo algo, no necesariamente tienen que ser vistos con malos ojos, pues siempre es positivo que se avance en la resolución de los crímenes.
Para él, lo que debería verse es que esa eficacia que parecen dar las autoridades ocurra en todos los casos y no únicamente en aquellos coyunturales o mediáticamente relevantes.
El académico Pablo Javier Becerra Chávez, especialista en el sistema político mexicano, comentó: “Si es un tema político importante saldrá a la luz por más efectos mediáticos que se quieran”.
¿Se aprovechan las coyunturas?, se le pregunta.
Dice que sí, y que un hecho que podría opaca cualquier cosa sería una detención del tamaño de la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, aunque es poco factible. Es decir que se requiere una gran nota para opaca la torpeza política del gobierno. Un impacto que podría causar también la detención de Humberto Moreira Valdés.
“El problema central es que el actual Gobierno federal no está dispuesto a entrar a ciertos terrenos en distintos casos…”. Por lo demás consideró que son más bien un manejo de notas sobre información o aprehensiones de delincuentes, pero no se puede opacar lo que caracteriza a los gobiernos, tanto federal como locales, pues en el caso de Narvarte involucraba a los gobiernos de Veracruz y Distrito Federal. Recordó la postura de Miguel Ángel Mancera Espinosa sobre la presencia del crimen organizado.
“En la medida en que los medios difundan información, los hechos reales se abren paso frente a los intentos de los gobiernos de ocultarlos”, afirmó. Barrón dijo que las malas decisiones de la PGJDF ha generado la desconfianza de los ciudadanos, pues ha sido la misma instancia la que se ha contrariado en sus declaraciones.
La investigación del caso Narvarte ha estado plagada de contradicciones de la propia PGJDF “y eso genera a la población una desconfianza, una certidumbre (sobre) qué es lo que realmente está haciendo la procuraduría…porque no tenemos certeza de qué están haciendo”.
Hay una falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, insistió.
“¿Cómo vamos a hacer para restablecer la confianza entre las autoridades y el ciudadano cuando vemos que la propia autoridad se contradice y que no confiamos en lo que está haciendo. La única manera de restablecer la confianza del ciudadano con las autoridades es a partir de que el trabajo de las autoridades sea un trabajo lineal, que sea un trabajo eficiente, no eficaz”. Explicó que la eficacia se podría justificar con las detenciones, pero la eficiencia se muestra en la parte cualitativa, si los detenidos son en realidad culpables, cómo se llegó a imputarlos, hubo un trabajo de investigación depurado.
En México, expuso, la inmensa mayoría de los delitos, como un 80 por ciento son por flagrancia, 20 por dilación y sólo 5 por ciento por investigación.
Una investigación eficiente debe responder cómo sucedieron los hechos, por qué se dieron los hechos y quién fue el responsable.
“Son tres preguntas básicas que deben responder las procuradurías de justicia, no importa el nivel que tengan”, agregó.
–¿Las detenciones abonan a recuperar confianza de los ciudadanos?
–Más bien abonan a la desconfianza, porque precisamente no hay un trabajo, hay contradicciones incluso en las propias afirmaciones de la Procuraduría capitalina, en lugar de abonar en beneficio de la misma institución genera más incertidumbre. Imagínate, si ese es un caso relevante por toda la cobertura mediática, imagínate en un caso común, ¿qué sucederá? Eso genera más desconfianza ciudadana.
El fotoperiodista Rubén Espinosa el pasado 1 de julio en las instalaciones de SinEmbargo. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Juez noveno de Distrito en Materia Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa y la organización internacional Artículo 19, con el que se le ordena a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no filtrar información sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido el pasado 31 de julio.
Esta medida cautelar tiene el efecto de obligar a los Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y la Responsable del Turno, ambos pertenecientes a la Fiscalía Central de Homicidios, “al debido resguardo de información sobre la averiguación previa integrada con motivo del multihomicidio ocurrido el 31 de julio pasado”.
El “caso Narvarte”, como se le conoce, ha sido marcado por una constante filtración de información que ha incluido incluso fotografías ofensivas para las víctimas y sus familias. Ayer, sin ir más lejos, se filtró que “Los Zetas” estaban detrás del crimen. Los boletines oficiales no abundan pero sí detalles de la investigación que buscan confirmar, de acuerdo con distintas organizaciones, la hipótesis oficial.
Miguel Ángel Mancera ha negado, desde que era Procurador, que “Los Zetas” y otras organizaciones criminales operen en la capital del país. La filtración de ayer, sin embargo, lo puso en evidencia. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la información en relación a este caso. Yo diría en términos generales, no me voy a referir al caso en particular”, dijo en un intento por evadir el tema.
Artículo 19 informó a través de un comunicado difundido hoy, que dicha suspensión se negó con lo que respecta al Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, al Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, el Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña, del Coordinador General de Servicios Periciales y a María Elena Cárdenas Rodríguez, directora de Comunicación Social de la Procuraduría.
Harta de filtraciones y conferencias para divulgar información de un caso en proceso, la familia de Espinosa, asesinado junto a la activista Nadia Vera y Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se amparó para que la PGJDF no haga pronunciamientos públicos y dé detalles en boletines sobre la investigación del multihomicidio.
El recurso de amparo fue activado para evitar que se continúe filtrando información sobre el caso como se ha venido haciendo con diversos medios de comunicación, y tiene como objetivo “evitar interpretaciones sesgadas y parciales de la orden judicial”.
Pues con ello, denunció Artículo 19, “se han causado daños psíquicos y morales a los familiares de las víctimas debido a la intención de criminalizar y estigmatizar a las personas que fueron asesinadas. Dichas fugas de datos sensibles, violentan al derecho a la privacidad de las víctimas y sus familiares y pueden causar un daño real, demostrable e identificable a la persecución de los delitos”.
Precisó que la Procuraduría, a través de las autoridades responsables que forman parte de su estructura, y que quedaron señalada de manera específica en el escrito de la demanda de amparo promovido por Artículo 19 y la familia de Rubén Espinosa, “tienen la obligación de resguardar la información sensible” que se encuentre en la averiguación FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 del multihomcidio.
Sin embargo, alertó, “la autoridad ha sido omisa”.
Denunció además que se está realizando un manejo arbitrario e ilegal de la información de la averiguación, lo cual se encuentra materializado en la serie de filtraciones que se han llevado a cabo y continúan presentándose a diversos medios de comunicación impresos, digitales, de radio y televisión, de distintos datos, documentos, declaraciones, constancias, videos y fotografías que forman parte de la indagatoria en referencia. Incluso, en los mismos medios se señala expresamente que han tenido acceso al expediente o se les han proporcionado copias de documentos o constancias, tal como ha quedado demostrado en las pruebas presentadas en la demanda de amparo.
Lo anterior, “se ha traducido en una constante revictimización en contra de la familia Esiponsa como víctimas indirectas, así como del fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, como víctima directa de los hechos delictivos que se investigan, lo cual trasciende e impacta en otros derechos humanos que transversalmente tienen como víctimas. Lo mismo ha sucedido respecto a Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia y sus familias”.
Estas filtraciones, agrega Artículo 19, “han derivado en en violaciones a sus derechos a la dignidad, intimidad, honor y vida privada; derivado de la publicación de información que busca generar en la sociedad una percepción parcial, tendenciosa y sesgada, lo que ha generado estigmatizaciones y criminalización de las víctimas directas, como de sus familiares (en tanto víctimas indirectas)”.
Además han resultado en la construcción continúa de un juicio paralelo de tipo mediático, que busca dirigir de manera dolosa la atención pública hacia otras direcciones y objetivos, que no abonan a los derechos de las víctimas directas e indirectas y de la sociedad a la verdad, por lo tanto, “lejos de garantizar el derecho a la verdad de la sociedad y las víctimas, lo violenta y restringe de manera indebida”.
En este contexto, la PGJDF ha señalado que no puede dar información pública a través de conferencias de prensa, pues hace unos días canceló una conferencia de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino.
“Dicha autocensura no proviene de la orden judicial, sino de una incorrecta y equivocada interpretación de la misma”, criticó la organización.
Por ello, Artículo 19 reitera su exigencia de “que debe presentarse de manera seria y objetiva información de interés público a la sociedad que no ponga en peligro a las víctimas y el éxito de la investigación”.
Ayer diversos diarios nacionales publicaron nuevas filtraciones referentes a las declaraciones del segundo detenido Abraham Torres Tranquilino, que buscan reforzar la hipótesis de la PGJDF.
La información difundida ayer por el diario refiere que Torres Tranquilino negó haber disparado a las cinco víctimas, y aseguró que el asunto por el que acudieron al departamento localizado en la calle Luz Saviñón fue por drogas. Los encargados de la investigación dijeron al medio que en un inicio el detenido se negó a rendir su declaración y se mostró agresivo contra el agente del Ministerio Público.
Horas después, publicaron que Abraham Torres Tranquilino, el ex Policía detenido por el multihomicidio, dijo durante la audiencia celebrada en el juzgado 25 del Reclusorio Oriente que la organización criminal de “Los Zetas” estaría detrás del asesinato de las cinco personas.
De acuerdo con la información difundida, Torres Tranquilino aseguró en su declaración preparatoria que Daniel Pacheco, la primer persona detenida por este crimen, le dijo que el tercer involucrado en el caso, a quien identificó como Omar, pertenecía a esta agrupación.
Refirieron que Virginia Mile Martin, a quien nombró como Nicole, estuvo en Europa donde tuvo problemas de drogas por lo que viajó a México. Mencionó que Omar fue al departamento donde vivía Mile Martin, de nacionalidad colombiana, para robarle “un ladrillo de perico [cocaína]“.
Esta información reafirma la hipótesis de la Procuraduría capitalina, y deja de lado la línea de investigación sobre la labor de Rubén Espinosa y Nadia Vera que tanto los familiares de ambos como instancias internacionales han pedido que sea tomada en cuenta.
La PGJDF ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido a que ha intentado, por medio de filtraciones a distintos medios, fortalecer una hipótesis que exculpa al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y hace ver a las víctimas como delincuentes: vinculadas a prostitución, a consumo de alcohol y drogas e incluso a narcotráfico.
Dos de los asesinados, Nadia y Rubén, habían alertado sobre el riesgo que corría su vida por las críticas lanzadas a Duarte. La hipótesis que filtra la PGJDF los desacredita y los hace ver como delincuentes.
Por otra parte, Artículo 19 recordó que toda información en manos de las autoridades o personas que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, es pública. Sin embargo, tanto la Constitución Política, como la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia del Distrito Federal señalan que existen excepciones a la publicidad de información cuando se trata de proteger la privacidad de las personas y cuando la publicidad pueda causar un daño real, inminente e identificable al interés público o a la seguridad nacional.
De esta manera, ambas legislaciones señalan “que toda la información que identifique a una persona o la haga identificable es confidencial por tiempo indefinido y que la información que pueda obstruir la persecución de los delitos es reservada por ser una causa de interés público, por lo que se debe mantener temporalmente resguardada. En estos supuestos se encuentra la información contenida en las averiguaciones previas en trámite”.
La organización explica que las autoridades deben dar acceso a partes del documento de la investigación y restringir el acceso a aquella que pueda causar un daño a la privacidad de las personas o al interés público. Para ello las autoridades deben hacer una prueba de daño, caso por caso, en la que se determine si el daño que causa la publicidad de la información es mayor a aquel que causa su secrecía. Después, se tiene que especificar el tiempo en que la información permanecerá reservada y, en el momento en el que se extingan las causas que le dieron origen a la reserva, se desclasificará.
“Lo anterior no entra en conflicto con el derecho a la sociedad de mantenerse informada mediante mecanismos de comunicación social. Las autoridades ministeriales deberán valorar –previa prueba de daño- que información es de interés público, salvaguardando datos personales y diligencias por desahogar que sean necesarias para garantizar el éxito de la investigación”, agrega.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Abraham Torres Tranquilino, el ex policía detenido por el multihomicidio de la colonia Narvarte, dijo durante la audiencia celebrada en el juzgado 25 del Reclusorio Oriente que la organización criminal de Los Zetas estaría detrás del asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín.
Los diarios Reforma y El Universal publican esta tarde que Torres Tranquilino aseguró en su declaración preparatoria que Daniel Pacheco, la primer persona detenida por este crimen, le dijo que el tercer involucrado en el caso, a quien identificó como Omar, pertenecía a esta agrupación.
La misma información refiere que Virginia Mile Martin, a quien nombró como Nicole, estuvo en Europa donde tuvo problemas de drogas por lo que viajó a México. Mencionó que Omar fue al departamento donde vivía Mile Martin, de nacionalidad colombiana, para robarle “un ladrillo de perico [cocaína]”.
Abraham Torres dijo a las autoridades que él no participó en el multihomicidio ya que durante el crimen permaneció fuera del departamento.
Dijo que cuando escapó junto con Daniel y Omar en el mustang rojo, propiedad de Mile Martin, una patrulla de la Policía del DF los detuvo sobre la avenida Río Churubusco porque Omar no tenía el cinturón de seguridad. No obstante, refirió que los policías los dejaron ir aunque presentaban actitudes nerviosas y aún cuando en los zapatos del tercer involucrado había de sangre.
HARTA DE FILTRACIONES
Ayer, harta filtraciones y conferencias para divulgar información de un caso en proceso, la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado junto a la activista y Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se amparó para que la PGJDF no haga pronunciamientos públicos y dé detalles en boletines sobre la investigación del multihomicidio.
Las filtraciones, sin embargo, siguieron. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) filtró a El Universal datos sobre la declaración que Abraham Torres Tranquilino, el segundo detenido por el multihomicidio en la colonia Narvarte, rindió ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios.
Un juez ordenó que el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio; el fiscal de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña; y los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Homicidios; y personal del área de la Dirección General de Comunicación Social tienen prohibido este tipo de acciones a fin de evitar filtraciones.
Las hermanas del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, fueron quienes interpusieron el amparo, cuya estudio de admisión se llevará a cabo a partir de este miércoles, al considerar que la información que algunos medios publicaban revictimizaba y criminalizaba a su familiar.
Por ello fue cancelada la conferencia de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino, otros presunto implicado en el asesinato capturado el pasado domingo. Torres Tranquilino fue detenido el domingo pasado en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, al cumplimentar una orden de detención por caso urgente girada por el agente del Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones este individuo tiene 24 años de edad y reside en la Ciudad de México; además fue elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
También cuenta con antecedentes penales, pues en 2011 fue consignado por el delito de uso ilegal del servicio público, al haber participado en actos de tortura contra personas detenidas en un operativo en el barrio de Tepito. Por estos hechos fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión, y obtuvo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional.
NO HUBO TORTURA
Daniel Pacheco, el primer detenido por el caso Narvarte, no fue torturado, como comprobaron los investigadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aseguró la presidenta de este organismo, Perla Gómez Gallardo.
Entrevistada luego de presentar el segundo video de la campaña “Ponte a prueba”, dirigida a personas reclusas en el Distrito Federal, aseguró que después de varias entrevistas, se logró determinar que Pacheco Gutiérrez no fue torturado, si bien siguen abiertas algunas quejas de oficio.
Detalló que el 7 de agosto la CDHDF inició una queja de oficio por presunta tortura; el 8 de agosto, personal especializado del organismo realizó los estudios médicos correspondientes con base en los lineamientos del Protocolo de Estambul.
Posteriormente, el 14 de agosto se realizaron los exámenes psicológicos, incluyendo la entrevista psicológica, y se hizo una visita por parte de un visitador de la Comisión, quien también entrevistó al detenido.
“Derivado de contradicciones que tuvo en las dos entrevistas, se hizo el 29 de agosto una tercera revisión y en este momento -me está informando mi Primer Visitador- se le está informando por parte de nuestro servicio médico (al detenido), que en principio se descarta el tema de tortura”.
Aunque aclaró que aún no se cierra la instrucción, derivado de los instrumentos técnicos al alcance de la Comisión, “no tendríamos la configuración de esta figura”. Aún así, la Cuarta Visitaduría mantiene una queja abierta por el seguimiento de la investigación.
Insistió en que esta determinación deriva de un dictamen técnico elaborado por profesionales de la propia CDHDF debidamente capacitados, quienes cuentan con experiencia en la Comisión de la Verdad de Guerrero y con los peritos argentinos, “son gente certificada que puede dar con certeza técnica”.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) filtró a El Universal datos sobre la declaración que Abraham Torres Tranquilino, el segundo detenido por el multihomicidio en la colonia Narvarte, rindió ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios.
La información difundida este día por el diario refiere que Torres Tranquilino negó haber disparado a las cinco víctimas, y aseguró que el asunto por el acudieron al departamento localizado en la calle Luz Saviñón fue por drogas. Los encargados de la investigación dijeron al medio que en un inicio el detenido se negó a rendir su declaración y se mostró agresivo contra el agente del Ministerio Público.
Esta información reafirma la hipótesis de la Procuraduría capitalina, y deja de lado la línea de investigación sobre la labor de Rubén Espinosa y Nadia Vera que tanto los familiares de ambos como instancias internacionales han pedido que sea tomada en cuenta.
La PGJDF ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido a que ha intentado, por medio de filtraciones a distintos medios, fortalecer una hipótesis que exculpa al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y hace ver a las víctimas como delincuentes: vinculadas a prostitución, a consumo de alcohol y drogas e incluso a narcotráfico.
Dos de los asesinados, Nadia y Rubén, habían alertado sobre el riesgo que corría su vida por las críticas lanzadas a Duarte. La hipótesis que filtra la PGJDF los desacredita y los hace ver como delincuentes.
Ayer, harta filtraciones y conferencias para divulgar información de un caso en proceso, la familia de Espinosa, asesinado junto a la activista y Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se amparó para que la PGJDF no haga pronunciamientos públicos y dé detalles en boletines sobre la investigación del multihomicidio.
Las filtraciones, sin embargo, siguieron.
Un juez ordenó que el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio; el fiscal de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña; y los agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios; y personal del área de la Dirección General de Comunicación Social tienen prohibido este tipo de acciones a fin de evitar filtraciones.
Las hermanas del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, fueron quienes interpusieron el amparo, cuya estudio de admisión se llevará a cabo a partir de este miércoles, al considerar que la información que algunos medios publicaban revictimizaba y criminalizaba a su familiar.
Por ello fue cancelada la conferencia de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino, otros presunto implicado en el asesinato capturado el pasado domingo. Torres Tranquilino fue detenido el domingo pasado en inmediaciones de la delegación Iztapalapa, al cumplimentar una orden de detención por caso urgente girada por el agente del Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones este individuo tiene 24 años de edad, con residencia en la Ciudad de México; además fue elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
También cuenta con antecedentes penales, ya que en 2011 fue consignado por el delito de uso ilegal del servicio público, al haber participado en actos de tortura contra detenidos en un operativo en el barrio de Tepito. Por estos hechos fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión, y obtuvo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no podrá hacer pronunciamientos públicos y detallar en boletines la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, ordenó una juez en materia de amparo.
El titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio; al fiscal de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña; y los agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios; y personal del área de la Dirección General de Comunicación Social tiene prohibido este tipo de acciones a fin de evitar filtraciones.
Las hermanas del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, fueron quienes interpusieron el amparo, cuya estudio de admisión se llevará a cabo a partir de este miércoles, al considerar que la información que algunos medios publicaban revictimizaba y criminalizaba a su familiar.
Las otras víctimas en esta ejecución sumaria son: Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín.
Por ello fue cancelada la conferencia de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino, otros presunto implicado en el asesinato capturado el pasado domingo.
A su vez, la PGJDF informó que consignó al Reclusorio Preventivo Oriente a Abraham Torres Tranquilino, por su presunta participación en el quíntuple homicidio.
En un comunicado, la dependencia informó que el consignado está acusado de los delitos de homicidio, feminicidio y robo, por lo que fue puesto a disposición de la Juez 25 Penal, Hermelinda Silva Meléndez.
Torres Tranquilino fue detenido el domingo pasado en inmediaciones de la delegación Iztapalapa, al cumplimentar una orden de detención por caso urgente girada por el agente del Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones este individuo tiene 24 años de edad, con residencia en la Ciudad de México; además fue elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
También cuenta con antecedentes penales, ya que en 2011 fue consignado por el delito de uso ilegal del servicio público, al haber participado en actos de tortura contra detenidos en un operativo en el barrio de Tepito.
Por estos hechos fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión, y obtuvo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional.
Consta en la indagatoria que este sujeto invitó a Daniel Pacheco Gutiérrez, quien ya enfrenta proceso penal, y a otra persona identificada como “Omar”, para acudir al departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, donde ocurrieron los asesinatos.
Ciudad de México, 31 de Agosto (SinEmbargo).– La organización Artículo 19 encontró elementos para suponer que la escena del crimen cometido hace un mes en el departamento de la colonia Narvarte fue modificada.
Así lo expone en un informe difundido hoy con motivo de primer mes del asesinato de cinco personas en dicho sector de esta capital, donde murieron cuatro mujeres y el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, a cuya familia representa en la indagatoria la organización defensora.
El documento, titulado “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa”, explica que el Ministerio Público capitalino no siguió los protocolos destinados a preservar la escena del crimen, y que fue hasta el domingo 2 de agosto, un par de días después del delito y cuando era público que había dos perseguidos políticos entre las víctimas, que en el expediente aparecieron datos “fundamentales para soportar la hipótesis oficial”, como los documentos que ligan a Mile Virginia Martín al vehículo Mustang y su celular.
“El Agente del Ministerio Público, en compañía de personal policial y pericial, debió de haber dado fe de todos los indicios que existieren en el lugar de los hechos desde la primera inspección ministerial, así como también, debieron de haberlos fijado fotográficamente y embalado para su análisis. En la investigación de referencia, no se fijaron fotográficamente ni se dio fe de todos los indicios en la primera inspección ministerial realizada el 31 de julio del presente año”, dice el reporte.
“En ese sentido, destaca y preocupa a ARTICLE 19 que haya sido dos días después de la tortura y ejecución de las cinco personas –el 2 de agosto–que personal ministerial haya encontrado diversos indicios fundamentales para soportar la hipótesis oficial, tales como documentos que vinculan a Mile con el vehículo Mustang, teléfonos, computadoras, memorias USB, entre otros. El día de los hechos, el 31 de julio, el personal ministerial no dio fe de tales indicios, lo que genera incertidumbre de que éstos hayan sido introducidos con posterioridad y que patentiza la falta de resguardo y preservación del lugar de los hechos”, agrega.
El reporte cuestiona también, como los abogados coadyuvantes de la familia de la activista Nadia Vera Pérez, que la “hipótesis oficial” se base en el testimonio de un detenido que fue golpeado.
“Preocupa a Artículo 19 que –aunque se diga lo contrario- una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron”, dice.
“Dichas lesiones en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público presenta lesiones, la carga de probar que no se produjeron malos tratos y tortura a dicha persona corresponde al propio Estado. Además de resultar inválido en el proceso tal declaración, se requiere que la investigación iniciada por las violaciones al derecho a la integridad personal arroje resultados inmediatos. Otro elemento a destacar es que la pareja del probable responsable pudo verlo hasta las 19:50 horas del 6 de agosto -39 horas después de su primera declaración ministerial y 44 horas después de su detención. Por otro lado, durante su declaración el hoy inculpado contó con asesoría de un abogado particular, quien ya no lo defiende en la causa penal radicada en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal en el Distrito Federal”, agrega.
FILTRACIONES
El informe cuestiona también que “con la violación de protocolos internos y faltando a la normatividad”, la Procuraduría capitalina ha filtrado información sobre el caso, “de manera ilegal y dolosa a medios de comunicación, en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”.
La organización denunció que las filtraciones han sido numerosas, “al grado que actualmente en internet y en diversos medios han circulado las fotos de los cadáveres, los resultados de química realizados a los cuerpos”.
En este contexto, la organización hizo un enérgico llamado a las autoridades ministeriales a detener las filtraciones que se realizan a medios de comunicación, “y que sólo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio, así como a sus familiares, generando un juicio mediático que no abona en nada a la búsqueda de justicia”.
Precisó que las filtraciones no son de interés público y sólo buscan desviar, manipular la atención pública del caso. Además, dijo, la revelación de ciertos datos, lo que provoca es entorpecer las investigaciones, lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Artículo 19 refirió que el pasado 27 de agosto el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, le ordenó de manera expresa al Procurador Rodolfo Ríos Garza, a petición de las hermanas de Rubén Espinosa, instrumentar medidas para resguardar la información de la averiguación previa sobre el multihomicidio y evitar que se haga del dominio público.
Manifestó su preocupación de que la Procuraduría del DF no ha permitido el libre acceso al expediente de la investigación y ha condicionado tanto el tiempo de consulta como el acceso a los contenidos de los tomos, a los términos que ha determinado la propia dependencia, lo que ha obstaculizado el ejercicio de los derechos de las víctimas
“A la fecha, el tomo VIII y IX no ha podido ser consultado por las condicionantes de la PGJDF. Por su parte, el tomo VII contiene diligencias ministeriales a las que no pueden acceder las víctimas como es el caso de la declaración del Gobernador de Veracruz [Javier Duarte de Ochoa], misma que se encuentra en sobre cerrado y con instrucciones expresas de la PGJDF de no poderla ver salvo solicitud y acuerdo previo con personal ministerial”.
La organización refirió que la negativa para consultar el expediente donde se encuentra contenida la declaración del Javier Duarte de Ochoa “responde a la solicitud expresa de la CNDH de resguardar la información, haciendo –otra vez- una interpretación restrictiva de estas medidas en detrimento de los derechos de las víctimas”.
El Procurador capitalino ofreció una conferencia de prensa para informar la captura del segundo implicado en el multihomicidio de la Narvarte. Foto: PGJDF
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, anunció esta noche la detención de un nuevo involucrado en el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, quienes habían denunciado la violencia que ejercía el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
El detenido se llama Abraham Torres Tranquilino, tiene 24 años y es un ex policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. En 2011 fue sentenciado a cuatro años de prisión por tortura pero salió en libertad condicional en 2012.
“Se logró detener hace tres horas a una persona por la presunta participación en los hechos ocurridos en la colonia Narvarte, dicho sujeto fue asegurado en la delegación Iztapalapa, tiene 24 años y es ex policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”, señaló el Procurador, quien citó a conferencia, pero no respondió ninguna pregunta.
Destacó que será dentro de 48 horas cuando la dependencia dé a conocer más avances y determine el grado de participación del nuevo detenido en el crimen de Espinosa Becerril, Vera Pérez, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz.
Con Torres Tranquilino son dos los detenidos por el homicidio de las cinco personas. El otro detenido es Daniel Pacheco Gutiérrez, quien admitió haber convivido con las víctimas, pero rechazó haber participado en el multihomicidio.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 31 de julio, los cuerpos fueron encontrados, algunos, en las recámaras y uno más en el baño. Cada uno, dijo el Procurador Rodolfo Ríos en su momento, presentaba una herida de bala en la cabeza, de arma calibre 9 milímetros, “así como algunas escoriaciones en diversas partes, presuntamente originadas por el forcejeo previo al sometimiento al que fueron expuestas”.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que los cadáveres presentaban señales de haber sido torturados de manera prolongada. En los alrededores, sin embargo, ningún vecino reportó haber escuchado los disparos.
El edificio en el que se cometió el crimen está cubierto con cámaras. Ahí, este medio observó que tan sólo en la entrada –que está protegida por dos puertas- hay una cámara sobre el techo. Otras cuatro de la Secretaría de Seguridad Pública vigilan en las esquinas de la cuadra y, en los alrededores, hay al menos otras cuatro tanto en negocios como en domicilios particulares.
RUBÉN Y VERACRUZ
El fotoperiodista estaba en condiciones de exilio en la Ciudad de México, porque se sentía bajo amenaza en el estado de Veracruz. En una entrevista con SinEmbargo, acusó directamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de haber convertido esa entidad en un camposanto.
El joven salió huyendo el 9 de junio pasado, luego de protagonizar varios episodios de acoso.
El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 14 periodistas que ya fueron ejecutados durante la administración del Gobernador Duarte de Ochoa.
Por su parte, la antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, tenía un diagnóstico preciso de la crisis de violencia e impunidad que sufre Veracruz, el estado donde había estudiado la universidad y donde vivía aunque era originaria de Comitán, Chiapas. “Aquí la mercancía eres tú”, le dijo a los autores del reportaje “Veracruz: la fosa olvidada”, elaborado y estrenado en noviembre de 2014 por la organización de televisión por internet Rompeviento para documentar las desapariciones en aquella entidad.
“A ti te agarran como mujer para la trata, a ti como estudiante para el sicariato. Aquí el problema somos todos nosotros, que les estorbamos tanto al Gobierno como al narco; estamos ante dos frentes de represión, ilegal y la legal. Porque el narco es el que gobierna en este estado. El narco es el que está rigiendo; Los Zetas literalmente son los que tienen todo este estado manipulado, regido; aquí te cobran derecho de piso, aquí te cobran por tener un bar, te cobran por trabajar”, dijo la joven egresada de la Universidad Veracruzana y, hasta su muerte, promotora cultural.
“Y también hay que entender el contexto de quién es Javier Duarte de Ochoa: tú dale un poquito de poder a un ignorante, y es lo que sucede. Porque ni siquiera tiene conciencia del costo político de nada. A Regina Martínez la mataron, y no pasó nada. Acaban de matar también a Gregorio Jiménez, otro periodista, y no pasó nada. Llevamos cuántos periodistas asesinados, y no ha pasado nada”, comentó Vera en la entrevista.
La PGJDF ha sido criticada por familiares, amigos de los asesinados y defensores de derechos humanos, por la forma en la que ha realizado las investigaciones. Pues se han filtrado a la prensa fotografías explícitas del crimen y detalles como el hecho de que dos de las tres mujeres fueron abusadas sexualmente antes de ser asesinadas.
Otro de los detalles filtrados a la prensa es que en los cuerpos de los asesinados se encontraron restos de mariguana o cocaína.
La Procuraduría capitalina también ha sido criticada por tratar de ligar el crimen al robo y a la presunta relación de Mile Martín, de nacionalidad colombiana, con la venta de droga.
La joven ha destacado en el IPN por ser una alumna de excelencia. Foto: Especial
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon una petición en change.org en la que exigen a Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno Capitalino y a la empresa Philip Morris México, la liberación inmediata de Jessica Sarahí Espinosa López, estudiante del Politécnico que fue detenida el pasado 15 de agosto por vivir en el mismo terreno en el que vecinos almacenaban mercancía robada valuada en más de 90 millones de pesos.
La joven acaba de egresar de la Escuela Superior de Cómputo del IPN y se ha destacado por ser una estudiante de alto desempeño. El pasado mes de junio apareció en distintas portadas de medios nacionales luego de que creara junto a otros compañeros un robot que cumple las funciones de un perro lazarillo.
De acuerdo con declaraciones de César Espinosa López, hermano de Jessica, al periódico Reforma, la joven trabajaba administrando una bodegas de refrescos y vendiendo estas bebidas en eventos realizados los fines de semana para solventar los gastos que le permitieran terminar sus estudios. La estudiante terminaba sus labores en la madrugada, por lo que su patrona, de quien no se especificó el nombre, la apoyaba pagando la renta de un cuarto ubicado en Ferrocarriles Nacionales, en la delegación Azcapotzalco, ubicado junto a las bodegas donde fue hallada la mercancía robada.
El 15 de agosto agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigaban el asalto a un camión de la empresa Philip Morris México, la cual trasladaba mercancía valuada en más de 90 millones de pesos, ocurrido el día 8 de agosto, realizaron el cateo de unas bodegas que se encuentran en el mismo predio donde vive Espinosa López.
Al encontrar los productos en una de las bodegas aledañas, la joven fue detenida y trasladada por los agentes al Ministerios Público Iztacalco 3, pese a que la estudiante del IPN presentó las facturas que comprobaban que ella trabajaba en otra bodega y que no tenía nada que ver con el robo de la mercancía.
Jessica está acusada de robo agravado y en pandilla, y la principal prueba con la cual la joven es acusada es un video que presentó la empresa del momento del atraco ocurrido a una de sus unidades el 8 de agosto, en el que aparecen dos hombres y una mujer, supuestamente es Jessica, sin embargo, de acuerdo con los familiares de la joven, la mujer que aparece en la grabación es más esbelta y alta.
Los familiares de la víctima solicitaron a la empresa Philip Morris México que retiren los cargos y que exija a las autoridades detener a los verdaderos culpables para que Jessica sea liberada.
Más de 500 mil personas han firmado la petición para que EPN investigue a Javier Duarte por la muerte de Rubén Espinosa. Foto: SinEmbargo
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Más de 500 mil personas han firmado hasta el momento una petición lanzada en el portal de activismo en línea Avaaz.org, en la cual exigen al Presidente Enrique Peña Nieto, detener los ataques a la libertad de expresión en México e investigar al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por sus amenazas previas contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinado a finales de julio en la Ciudad de México.
La petición en línea titulada “México: ¡Detener los ataques a la libertad de expresión!”, va dirigida a Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General del Distrito Federal, así como a Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión, y al propio Presidente Peña Nieto.
“Exigimos una investigación exhaustiva e independiente sobre los asesinatos del periodista Rubén Espinosa, la activista de derechos humanos Nadia Vera, y otras tres mujeres en la Ciudad de México. El Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, se debe investigar a fondo y sin demora. También instamos a una revisión inmediata de los procedimientos establecidos para proteger la vida de los periodistas, y para hacer un compromiso rápido para garantizar y proteger la libertad de expresión en México”, dice el texto de la petición publicado en Avaaz.org.
Avaaz es una organización civil global (con 16 sedes alrededor del mundo y 40 millones de miembros) fundada en enero de 2007, que promueve el activismo ciudadano. Su objetivo principal es “movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere”, dice en su portal.
La petición dirigida al mandatario de México ha sido firmada por personas de Bélgica, España, Estados Unidos, Austria, Italia, Francia, Holanda, Brasil, Argentina, Colombia, México, entre muchos otros países.
La exigencia lanzada hace un par de días se planteó originalmente llegar a una meta de 500 mil personas, pero esa cantidad ha sido rebasada. SinEmbargo verificó hoy por la mañana la petición y esta tenía hasta ese momento, 450 mil firmantes. Pero al medio día ya sumaba más de 500 mil.
“La libertad de expresión está bajo ataque en una de las democracias más antiguas de América Latina, y Rubén [Espinosa Becerril) es el decimocuarto periodista asesinado en el sur del estado de Veracruz, donde el gobernador Javier Duarte ha hecho amenazas abiertas contra periodistas. Casi ninguno de estos crímenes han sido resueltos”, dice el texto de la petición.
“Este caso ha enviado a miles a las calles y a desencadenar una explosión en los medios de comunicación nacional y mundial. Ahora Gael García Bernal, Salman Rushdie, Christiane Amanpour, y cientos de periodistas, escritores y artistas han firmado una carta abierta exigiendo justicia para los periodistas asesinados en México por hacer su trabajo”, dice la petición en referencia a a una misiva que que un grupo de 500 escritores, periodistas y artistas de todo el mundo enviaron a Peña Nieto, exigiéndole garantizar la libertad de expresión en México.
“Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”, dijeron los firmantes de la carta (entre ellos Francisco Goldman, Paul Auster, Noam Chomsky, Diego Luna, Guillermo del Toro, Denise Dresser, Juan Villoro y Sergio Aguayo), y de la que también el diario New York Times hizo referencia en su editorial dominical.
“La carta ya está haciendo olas para el gobierno, pero si sumamos más de un millón de nombres más, esta se publicara en la primera plana de los medios de comunicación mexicanos, entonces podremos conducir a casa y mostrar que la gente de todos los países del mundo están con la lucha de la libertad de expresión en México. ¡Suma tu voz ahora!”, finaliza el texto publicado en Avaaz.org.
El fotorreportero Espinosa Becerril, de 31 años de edad, fue hallado muerto el viernes 31 de julio en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto con la activista Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martin. Todos con un tiro de gracia en la cabeza.
Un mes antes de que estas cinco personas fueran asesinadas, a finales de julio y después del auto exilio de Becerril temiendo por su vida tras las fotografías que tomó a activistas estudiantiles que fueron golpeados por hombres enmascarados, el Gobernador de Veracruz hizo una advertencia a los periodistas de su entidad:
“Pórtense bien por favor, se los pido. Vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol, y se van a caer muchas manzanas podridas”, dijo Duarte de Ochoa, el 30 de junio de 2015, al informar durante una reunión con la prensa local, que en se implementaría un operativo “contundente” en materia de seguridad para el norte de Veracruz.
Ante la polémica suscitada por sus declaraciones, el mandatario veracruzano se excusó después diciendo que su advertencia estaba destinada a disuadir sólo a los periodistas que simpatizan con los narcotraficantes y otros criminales.
“Sin embargo, muchos periodistas mexicanos comprensiblemente lo vieron como una amenaza a los reporteros que producen la cobertura crítica de los funcionarios locales”, señaló el prestigiado rotativo NYT en su editorial dominical.
El New York Times recordó que cuando Espinosa Becerril llegó a la ciudad de México en su auto exilio, dijo a sus amigos que se sentía inseguro porque hombres extraños le habían preguntado si él fue el fotógrafo que había huido de Veracruz.
El diario estadounidense recordó que desde 2010, al menos 41 periodistas han sido asesinados en México y que aproximadamente 20 han desaparecido. Además, que desde que Duarte asumió el cargo de Gobernador en 2010, la intimidación y los crímenes contra periodistas en Veracruz se han disparado, según defensores de la libertad de prensa. Catorce han muerto y al menos tres han desaparecido.
En la mayoría de los casos, las autoridades locales han tratado de restar importancia a la idea de que los periodistas fueron asesinados para silenciarlos, indicó el rotativo en su editorial.
El NYT enfatizó que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho lo suficiente para proteger a los periodistas. Foto: Cuartoscuro
LA MUERTE DEL FOTOPERIODISTA MOVILIZA AL GREMIO
Una subasta llamada “fotoxRuben”, manifestaciones, publicación de libros de denuncia, foros, reuniones con autoridades y asociaciones, investigaciones propias y capacitación sobre autoprotección, son algunas de las armas que ha desarrollado la prensa de México contra la violencia que amenaza la vida de los periodistas, dice hoy Univisión en un despacho publicado en su portal.
La dimensión del problema es tal, que México ha sido catalogado por diversas organizaciones como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y, según la organización Artículo 19, en el primer semestre del 2015 las agresiones contra el gremio aumentaron 39.26 por ciento respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del 2014, dice la televisora hispana.
“El parteaguas, han coincidido diversos líderes de opinión, fue el crimen de Espinosa, quien apareció sin vida junto a la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz, la empleada doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés y la colombiana Mile Virginia Martín. Todos los cuerpos tenían un tiro en la cabeza y marcas de tortura”.
Univisión asegura que ante estos episodios de violencia, los periodistas se han unido en una sola voz para gritar ¡Ya basta! , aunque lo han hecho cada uno desde distintas trincheras.
“No hay una acción coordinada lamentablemente, una de las cosas que refleja esto es que no hemos podido resolver el problema de división en el gremio. Nos reunimos casi de manera espontánea, los que en ese momento quieran participar. Impulsamos acciones sin que eso necesariamente esté en coordinación con las que llevan a cabo otros grupos”, explicó al medio, Témoris Grecko, reconocido corresponsal de guerra que fue secuestrado en Siria.
“A veces creemos que por tanta marcha y tanta exigencia nos empiezan a ignorar. Lo que queremos hacer es organizar una subasta de fotos para ayudar a la familia de Rubén y con ellas armar una exposición. Queremos evocar la memoria de Rubén, que no se olvide quién era y que sepa lo que le pasó”, dijo a Univisión el fotoperiodista Iván Casteneria, compañero, amigo de Rubén y además integrante del colectivo Fotoreporteros Mx.
La organización está invitando a los fotorreporteros de todo México a que donen una de sus fotos, la que ellos quieran, para después subastarlas. A una semana de haberse lanzado la convocatoria, han recibido los trabajos de unos 50 fotógrafos de diferentes partes de la República Mexicana.
Casteneira contó que ésta es la segunda vez que organizan un evento de este tipo. La primera fue hace un año y la llamaron FotoxGoyo. En ese entonces reunían fondos para los cercanos del fotoperiodista Gregorio Sánchez, asesinado en Veracruz, el estado más mortal para los periodistas, según Artículo 19. Lograron recaudar los trabajos de 102 fotógrafos.
Pero el activismo de Fotoreporteros Mx no se queda aquí. El colectivo organizó su equipo de investigación, en el que participan periodistas de diversas zonas del país, para realizar sus propias averiguaciones sobre el crimen de Espinosa.
En el mismo tono, el periodista Teodoro Rentería, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), integrada por más de 50 organizaciones de periodistas, lideró una investigación sobre los crímenes y desapariciones forzadas en contra de las libertades de expresión. El resultado será publicado en el libro Mi vida son nuestras batallas, que saldrá a la venta en un mes.
Para Juan Alfonso Ojeda Reyes, delegado regional de la zona noreste de la Asociación Nacional de Periodistas, A.C., estos hostigamientos deben de atacarse desde adentro. Es por ello que han preparado una serie de exhortos dirigidos a la opinión pública y a organismos civiles tanto nacionales como internacionales condenando la crisis.
Univisión dice que a esta lucha se suma la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Ricardo Trotti, su director ejecutivo, explicó en una entrevista telefónica desde Miami, que la organización lleva varios años involucrada en reuniones con el gobierno de México para que se instaure un sistema de protección a periodistas en la región.
La periodista Daniela Pastrana, integrante de la organización Periodistas de a Pie, se sumó a las actividades diciendo que de lo que ellos se encargan es de seguir muy de cerca los procesos y las investigaciones de las autoridades.
Sin embargo, para Salvador de León Vázquez, doctor en estudios sociales y quien ha trabajado de cerca con grupos como la Red de periodistas de Ciudad Juárez y el Consejo de Periodistas de la Cuenca de Papaloapan (Colpan), explicó a Univisión que ahora será más difícil, después de lo sucedido con Espinosa, encontrar el modelo o esquema de una protección eficaz para el gremio.
“Algunos grupos como la Red de Periodistas de Juárez optan por estrategias personales. Medidas como no confiar en el Estado ni en los empresarios de los medios. Entonces lo que queda es fomentar la autoprotección”, comentó.
Organizaciones como la Red de Periodistas de Juárez han recurrido a la ayuda de instancias internacionales como el Centro Knight para el periodismo que funciona en la universidad de Austin, Texas.
Los familiares aseguran que los menores fueron golpeados tras ser detenidos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Padres de familia y madres de los tres niños detenidos el pasado lunes en la Unidad Nonoalco, colonia Tlatelolco, Distrito Federal, protestaron para exigir la liberación de sus hijos.
Los manifestantes bloquearon por algunos momentos la avenida Reforma y el Eje 2 norte.
Con pancartas en la que se leía “No son delincuentes, son niños” los familiares de los menores exigieron que el Procurador Rodolfo Ríos Garza atienda sus exigencia, pues dijeron que no les han permitido ver a sus hijos.
Aseguraron que los menores son inocentes y que los policías que los detuvieron les sembraron las pertenencias de joven que fue asaltado. Además acusan que los menores fueron golpeados por los elementos de seguridad capitalinos.
El día lunes se dio a conocer la detención de los tres menores de edad, a quienes se les decomisó una replica de arma fuego y una navaja.
La versión oficial, es que la supuesta víctima caminaba en la unidad de edificios ubicada en la Delegación Cuauhtémoc cuando los dos varones y la niña lo despojaron de su celular y dinero en efectivo.
Tras el asalto, la víctima solicitó apoyo y policías que patrullan la zona dieron inicio a un operativo para capturar a los presuntos ladrones.
Los menores quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, aunque no podrán ser procesados legalmente ya que la legislación penal del Distrito Federal lo impide.
Ante ello, los presuntos asaltantes quedaron a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que evalúe su situación y tratamiento, así como las posibles sanciones a los padres.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).–La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó, vía oficio de colaboración, la declaración del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, el general Sergio López Esquer; la del actual titular de esa dependencia, Arturo Bermúdez Zurita; y la de la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Benita González Morales en relación al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de la activista Nadia Vera Pérez, de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez.
La Procuraduría capitalina, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, informó que “una célula de ministerios públicos de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), arribó a la Fiscalía General de Veracruz, para que, a través de un oficio de colaboración”, declaren los funcionarios y el ex funcionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“La dependencia informa que los representantes sociales de la Fiscalía de Homicidios permanecerán varios días en el estado, a efecto de que quien tenga algún dato que aportar en torno al caso referido, lo pueda hacer en las instalaciones de la Fiscalía General con sede en Jalapa”, informó la PGJDF mediante un breve comunicado de prensa.
Desde el pasado martes 4 de agosto, los abogados de la familia de Nadia Vera Pérez, que coadyuvan en la investigación por el multihomicidio en la colonia Narvarte, entregaron a la PGJDF una solicitud de citatorio a los dos últimos secretarios de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz.
Esto, explicaron David Peña y Karla Micheele Salas, porque en los antecedentes denunciados tanto por la antropóloga y activista como por el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, se establece que quienes llevaban a cabo el hostigamiento contra los hoy asesinados eran agentes a cargo de esta dependencia.
“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al ex Secretario de Seguridad Pública (general Sergio López Esquer), y actual Secretario (Arturo Bermúdez Zurita), justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, dijo Peña.
El pasado 11 de agosto, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa sostuvo que en su declaración ante la Procuraduría del Distrito Federal dejó en claro que se deslinda “totalmente” del homicidio en la colonia Narvarte. “En dicha declaración respondí a todas sus preguntas y dejo claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la Ciudad de México”, sostuvo el mandatario estatal en un breve comunicado de prensa.
Un día antes, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa, dio instrucciones a la PGJDF para viajar a Veracruz a tomar la declaración del Gobernador Javier Duarte en relación al multihomicidio.
Se trató de la primera vez que un Gobernador fue llamado a declarar en relación a un asesinato. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera dejaron el estado de Veracruz tras denunciar hostigamiento por parte de las autoridades. Nadia responsabilizó directamente a Javier Duarte de Ochoa por cualquier agresión hacia su persona.
Al respecto Duarte sostuvo: “Nunca he creído en el fuero, así que en un hecho inédito de la historia política y jurídica de México, personal de la Procuraduría del Distrito Federal estuvo presente en esta jurisdicción y recabó la información que yo pudiera aportar”.
Aseguró que respondió a todas las preguntas formuladas por la Procuraduría capitalina y, sin dar más detalles, planteó: “me deslindo totalmente de los acontecimientos”.
“Así como no creo en el fuero, tampoco creo en los linchamiento públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables”, agregó Duarte. “La verdad nos hará libres”, finalizó el comunicado el mandatario estatal.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
