El pasado 11 de octubre, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinaron que Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su novio, Jorge Luis González Hernández. Hoy, la autoridades dictaron una sentencia de 45 años de prisión para el asesino de Lesvy.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Jorge Luis González Hernández fue condenado este viernes a 45 años de prisión por el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, a quien mató en mayo de 2017 en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México.
Además, Jorge Luis González tendrá que pagar una indemnización por un monto de 377 mil 450 pesos, además de 47 mil 957 pesos por concepto de gastos funerarios.
El pasado 11 de octubre, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinaron que Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en por su novio, Jorge Luis González Hernández.
“Sin duda ha quedado establecido que se privó de la vida Lesvy y eso se le atribuye a Jorge Luis”, determinaron hoy de manera unánime los jueces de la Sala uno de audiencias del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Araceli Osorio Martinez, madre de Lesvy, agradeció a los jueces el fallo condenatorio. “Ha sido ejemplo de justicia para Lesvy y todas las mujeres que nos han sido arrebatadas”, dijo con la voz cortada.
Dos años, cinco meses y ocho días después del feminicidio cometido en el Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria, la justicia para la familia de la joven apenas se acerca, pues el Poder Judicial aún debe determinar los años que Jorge Luis pasará en prisión y las medidas reparatorias que otorgará a la familia de la joven, víctimas indirectas.
La muerte de Lesvy Berlín, en mayo de 2017, la habría causado una asfixia por estrangulamiento, es decir, otra persona tuvo que haberla provocado, contrario a la versión del suicidio que la Procuraduría General de Justicia capitalina defendió, así lo demostró hoy el forense José Mario Nájera Ochoa cuyos hallazgos del caso fueron desahogados en el octavo día del juicio contra Jorge Luis “N”, investigado como sospechoso del feminicidio.
El médico forense, quien ha hecho estudios por casos de violencia de género juzgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que el victimario tuvo que colocarse del lado izquierdo y centímetros delante de Lesvy para asfixiarla el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La joven de 22 años fue hallada la mañana de ese día atada con el cable de una cabina de teléfono público del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el llamado “camino verde”. En junio de 2017 Jorge Luis “N”, su ex novio y ex trabajador de la universidad, fue detenido e inició una investigación en su contra por no haber impedido el suicidio de Lesvy. Luego de diversos recursos legales y protestas de mujeres, el Tribunal Superior de Justicia capitalino reclasificó el delito, por lo que hoy se investiga por feminicidio agravado.
El juicio donde se dará un fallo condenatorio o absolutorio para Jorge Luis “N”, quien era novio de Lesvy, se pospuso para el próximo 4 de julio.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El fallo del juicio contra Jorge Luis “N”, investigado por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, se postergó para el próximo 4 de octubre para esperar el testimonio de Teresa Incháustegui Romero, ex titular del entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
Aunque las pruebas para defender al ex trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se desahogarían hoy, los abogados de oficio pidieron un plazo para poder citar a la ex funcionaria. La defensa legal espera que con el testimonio se acredite que Lesvy no denunció algún tipo de violencia en su relación de pareja.
Para las abogadas de la familia Rivera Osorio, el testimonio de Inchaustegui podría incluso dar más argumentos para acreditar el femincidio de la joven cometido el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.
“Si ella testifica puede explicar a los jueces por qué es tan difícil denunciar para las mujeres víctimas de violencia”, dijo en entrevista la abogada Sayuri Herrera Román, pues aseguró que ya no hay duda de las agresiones que enfrentó Lesvy previo a su feminicidio.
En el décimo día del juicio desarrollado en las salas del Tribunal Superior de Justicia capitalino en el Reclusorio Varonil Oriente, testificaron a favor de Jorge Luis “N” su padres, su madre, una ex pareja sentimental, su ex suegra y un policía de investigación que aportó elementos de prueba durante los primeros días posteriores al caso.
Araceli Osorio Rivera, madre de Lesvy Berlín, reconoció que hoy esperaban obtener un fallo condenatorio, pero dijo aceptar la decisión para que “el esclarecimiento de los hechos sea rotundo y no quede deuda de que mi Lesvy no se suicidó”.
También aseguró que una vez terminada la presentación de las pruebas “las autoridades que un día criminalizaron a Lesvy se darán cuenta de que tenían todos los elementos para investigar un femincidio y no apostarle al olvido”.
“LESVY VOLVIÓ A SER CRIMINALIZADA”
El primer elemento de prueba presentado por los abogados de Jorge Luis “N” fue el dictamen en criminalística de Heidi Piedad, una abogada Consejería Jurídica, quien defendió que Lesvy estaba deprimida y enredó en su cuello el cable del teléfono de la cabina en donde fue hallada.
La prestación de su prueba se hizo en privado, pero la abogada de la familia explicó que buscaron desacreditar su dictamen porque la abogada reconoció no tener estudios médicos ni bases científicas que le permitieran acreditar la causa de la muerte de la joven.
Araceli Osorio denunció que su hija volvió a ser criminalizada, pues se permitió el uso de un maniquí para ejemplificar el cuerpo de la joven y con un lazo la abogada quiso demostrar que Lesvy lo enredó en su cuello, además de referirse a ella siempre como un “cadáver”.
“Volvieron a revictimizar a mi hija a su familia, ñ trataron de criminalizarla”, denunció.
Luego de días en los que se han presentado más de 60 pruebas para acreditar que Lesvy no se suicidó, como defendió la Procuraduría General de Justicia de Miguel Ángel Mancera, Araceli aseguró que ya sabe “cuál era la misión que tenía su hija”.
“La misión de Lesvy, como la de muchas otras que ya no tienen voz, es que le demos una voz colectiva”, dijo al término del juicio.
“Yo nunca he sido la víctima, siempre he sido el victimario”, así se describía Jorge Luis, investigado por el feminicidio de Lesvy cometido en mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Testimonios de la mamá y amigos de la joven, así como un peritaje social dan cuenta de la violencia que el ex trabajador de la UNAM ejerció contra ella.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- “Lesvy tenía algo importante que decirme, seguramente me confesaría lo que vivía, me pediría que la sacara de ahí, y yo lo hubiera hecho, pero él [Jorge Luis “N”] no la dejó llegar. Yo lo hubiera enfrentado, aunque en eso se me fuera la vida”, testificó hoy Araceli Osorio Martínez durante el juicio contra la ex pareja de su hija, investigado por feminicidio.
Un día antes de ser asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), frente a una cabina telefónica, Lesvy Berlín Rivera Osorio le dijo a Arceli, su mamá, que tenía un anuncio importante para ella. Previamente, Lesvy le comentó que dejaría de vivir con Jorge Luis porque sus planes de vida no coincidían, ella ya se preparaba para acreditar la preparatoria en un examen y estudiar la licenciatura en Letras, mientras que a su novio aún no le interesaba concluir sus estudios de nivel medio superior.
Araceli recuerda las conversaciones que mantuvo con su hija y, a dos años del crimen, dice estar segura de que Lesvy “se encontraba en situación vulnerable, en amenaza constante”, por eso no le contó de la violencia de su pareja, un ex trabajador de intendencia de la UNAM.
Lesvy Rivera, el papá de la joven de 22 años y su mamá, coincidieron en que hubo otros aspectos que los hicieron desconfiar de Jorge. “Estábamos preocupados, hubo un periódo en el que sólo hablaba con nosotros a través de teléfonos públicos y en sus redes sociales, a las que él tenía acceso porque sabía sus contraseñas […]. Ella comenzó a aislarse, se veía demacrada, había perdido peso”, narró Araceli en el octavo día del juicio para esclarecer el feminicidio cometido en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017.
Araceli y amigos de Lesvy expusieron hoy ante el Juez José Juan Pérez testimonios que muestran al menos un episodio de la violencia que Jorge Luis ejercía contra la joven. Abogadas de la familia Rivera Osorio han argumentado que esas evidencias son importantes porque muestran una de las causales a investigar en los delitos de feminicidio según el Código Penal vigente: que la víctima haya sufrido violencia previo a su asesinato de parte, por ejemplo, de su pareja sentimental.
De igual forma, un dictamen en materia de trabajo social elaborado por la perita independiente Roxana Denisse Medina Guzmán da cuenta del contexto en el que se desarrolló la relación de Jorge y Lesvy. La también académica de la UNAM constató que Jorge “degradaba” a su novia con ofensas, además de ejercer sobre ella violencia física, emocional, económica y de movilidad.
“NUNCA VÍCTIMA, SIEMPRE VICTIMARIO”
Lesvy había acordado ir a una fiesta con Mayan, su amiga desde que estudiaron en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur de la UNAM. Mayan pasó por ella a la casa cerca del Ajusco en la que desde noviembre de 2016 vivía con Jorge y otros amigos.
Lesvy, delgada, de aproximadamente 1.60 metros de estatura y con cabello largo y chino, salió apresurada del domicilio y subió a la camioneta de su amiga. “¡No te hagas la víctima!” le gritó desde ahí a Jorge. “Ni madres, yo nunca he sido la víctima, siempre he sido el victimario”, respondió él.
Con esa descripción es como Mayan recordó a la ex pareja de su amiga. Ese día la preja peleó porque Lesvy entró a la casa al mismo tiempo que uno de los amigos de Jorge y él insinuó que a ella le gustaba. “Era muy opresor”, destacó.
Mayan narró que Jorge no permitía a Lesvy estar sola, ni con sus amigas. “En nuestras reuniones nos espiaba, veía sus pies detrás de la puerta”, contó.
LAS VIOLENCIAS
“Me quedaba claro que algo estaba mal con él [Jorge Luis “N”], que podía matarse o matar a alguien”. Esa fue la impresión que tuvo Esteban, un amigo de Lesvy, después de intervenir en una pelea de la pareja en febrero de 2017.
Esteban era amigo desde la primaria de Lesvy, de noviembre de 2016 a febrero de 2017 le rentó un cuarto a su amiga y a Jorge cerca del Ajusco, pero los sacó cuando, durante una fiesta, escuchó a Jorge gritar y el llanto de Lesvy desde la habitación, cuando abrió la puerta la vio a ella recargada en una puerta de cristal con espejo en cuyo reflejo distinguió a Jorge con un cuchillo pequeño cerca de sus antebrazos “como si quisiera cortarse las venas”, recordó.
“¿Quieres que me mate?, ¡Quieres que me mate!”, gritaba Jorge a Lesvy mientras ella pedía a gritos que no. Esteban trató de controlar a Jorge y ambos pelearon, por esa discusión tuvieron que dejar la casa.
Después de ese incidente, Lesvy y Jorge tuvieron que dejar otra casa donde compartieron cuarto también por incidentes violentos, según reveló Natalia, una mujer que compartió otra casa de estudiantes con la pareja en la colonia Santo Domingo.
Natalia expuso en la audiencia anterior que una madrugada la puerta de su cuarto se abrió porque Lesvy golpeó contra ella, como si la hubieran empujado, y cayó llorando al piso. No era la primera vez que algo así ocurría. La estudiante contó a los jueces que al menos dos veces a la semana escuchaba cómo Lesvy lloraba y Jorge gritaba, a veces eran insultos o groserías.
A la violencia física y psicológica que vivió Lesvy se suma la de tipo económica y de movilidad, misma que fue corroborada por el peritaje de Medina Guzmán y los testimonios de familiares ya que, según contaron, Lesvy dejó su trabajo cuando comenzó a salir con Jorge por lo que dependía económicamente de él y su derecho a la movilidad se vio truncado porque ella debía adaptar sus tiempos para coincidir con los de su novio porque solo tenían un juego de llaves.
Con estos testimonios la defensa de la familia de Lesvy busca que el Tribunal Superior de Justicia capitalina de 50 años de prisión a Jorge Luis “N” por el feminicidio de Lesvy, pues ejemplifican la violencia previa que enfrentó y la cual también se corrobora en los videos de los últimos minutos con vida de la estudiante.
En cuanto al crimen, hoy el médico forense José Mario Nájera Ochoa concluyó que la muerte de Lesvy Berlín la habría causado una asfixia por estrangulamiento, es decir, otra persona tuvo que haberla provocado, contrario a la versión del suicidio que la Procuraduría General de Justicia capitalina defendió.
El forense, quien ha hecho estudios por casos de violencia de género juzgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que el victimario tuvo que colocarse del lado izquierdo y centímetros delante de Lesvy para asfixiarla.
En junio de 2017 Jorge Luis “N” fue detenido e inició una investigación en su contra por no haber impedido el suicidio de Lesvy. Luego de diversos recursos legales y protestas de mujeres, el Tribunal Superior de Justicia capitalino reclasificó el delito, por lo que hoy se investiga por feminicidio agravado.
De acuerdo con el perito originario de Guatemala y con experiencia desde 1995, otra prueba que refuta la versión del suicidio es que, previo a su asesinato, la visión, la forma de hablar y movilidad de Lesvy Berlín Rivera Osorio estaban alterados por el consumo de drogas, lo que también la dejó indefensa ante cualquier tipo de ataque.
El estudio de Nájera Ochoa desmiente los hallazgos de peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y la Procuraduría del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quienes descartaron que Lesvy hubiese sido estrangulada. En ese sentido, el especialista en casos de muertes violentas de mujeres reprochó que los dictámenes periciales fueron erróneos pues para llegar a una conclusión no se analizó el lugar donde la joven fue hallada sin vida y se ignoraron estudios toxicológicos de la víctima.
Defensoras, activistas y familiares de la joven Lesvy Berlín, hallada sin vida en la Ciudad Universitaria, pidieron al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México que la vinculación a proceso contra el novio de Lesvy, que se decidirá mañana a puerta cerrada, sea por feminicidio y no por “homicidio simple por omisión”, ya que, en caso de que sea por éste último, significaría reconocer la línea de la Procuraduría General de Justicia que señala que la joven se suicidó, y la pena sería mucho menor, lo que dejaría el caso impune, según ha expuesto la ONG.
En el Código Penal de la Ciudad de México, el homicidio simple tiene una penalidad de 8 hasta 20 años de prisión. Por otra parte, el delito de feminicidio agravado se sanciona de 30 a 60 años de prisión, de acuerdo a información brinda hoy por personal de OCNF a SinEmbargo.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) determine que la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven hallada muerta en la Ciudad Universitaria, fue un feminicidio y no un suicidio, al vincular a proceso al joven por el delito de feminicidio agravado y no por homicidio simple doloroso por omisión.
Lesvy, de 22 años, quien era estudiante de la UNAM, fue encontrada muerta en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo. Su muerte causó gran conmoción y enojo entre varias estudiantes e indignación, en diversos sectores de la población debido a que en principio, la cuenta de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, intentó criminalizar a la joven diciendo que era alcohólica y se estaba drogando con sus amigos, además de afirmar que no era alumna de la Máxima Casa de Estudios, versiones que fueron rechazadas.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ha afirmado que su deceso fue por ahogamiento, tras la realización de 16 entrevistas y el análisis de más de veinte horas de grabaciones.
La joven al momento de su muerte estaba acompañada por un hombre de 29 años, identificado como su pareja, José Luis González.
La Procuraduría ha insistido en que la causa de muerte fue por suicidio, y que “todos los datos de prueba reunidos y su análisis respectivo”, han mostrado que el delito que cometió el novio fue que, pudiendo evitar su muerte no lo hizo, por lo que se acreditaría el delito de homicidio simple doloso por omisión, el cual tiene una penalidad inferior.
La familia y múltiples organizaciones civiles rechazan la versión de la PGJ, y aseguran que hay pruebas de que la joven fue asesinada y se trata de un feminicidio agravado.
En el Código Penal de la Ciudad de México, el homicidio simple tiene una penalidad de 8 hasta 20 años de prisión. Por otra parte, el delito de feminicidio agravado se sanciona de 30 a 60 años de prisión, de acuerdo a información brinda por personal de OCNF a SinEmbargo.
Mañana la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidirá a puerta cerrada si se vinculará o no a proceso a José Luis González.
Hoy las más de 40 organizaciones civiles que conforman el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigieron a las autoridas judiciales que proceso penal contra el joven sea abierto por el delito de feminicidio y no homicidio simple.
“Activistas y defensoras de los derechos de las mujeres apelamos a la Magistrada Celia Marín Sasaki, Presidenta de la Quinta Sala Penal y a los Magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, -integrantes de la misma sala- a resolver con la debida diligencia, perspectiva de género y los más altos estándares internacionales, que se requieren para este caso, como lo estableció en 2015 la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en el caso en la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años víctima de feminicidio por parte de su esposo”, indicaron en un boletín de prensa.
Las bases para pedir que se vincule por feminicidio, es la sentencia de Lima Buendía, en donde “el máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres destacando principalmente tres disposiciones:
1)Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
2) En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia.
3) La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados”, explicó la organización.
Por otra parte, anunciaron que en caso de que el proceso penal contra la pareja de la joven no sea por feminicidio, la familia y sus representantes legales, así como defensores recurrirán al amparo constitucional.
“Cabe mencionar que como OCNF hemos logrado que el Poder Judicial Federal reclasifique como feminicidios otros casos, lo que ha contribuido a impedir que queden impunes.
“Es necesario que la decisión que tome el TSJCDMX no vaya en sentido contrario a los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, pues la postura respecto al feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, sentará un precedente histórico para el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia, por lo que apelamos a que en concordancia con la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 se aplique el Control de Convencionalidad y el principio Pro Persona, para garantizar en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos”, apuntó la ONG.
Rodolfo Ríos Garza deja una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusada de criminalizar a las víctimas. Los casos Narvarte y Lesvy son dos que por su alto impacto mediático dejaron marcada la institución. Y fue la exhibición de las desaseadas investigaciones del primero la que antecedió su baja en el cargo.
A su salida, queda una ciudad en la que los cárteles hicieron presencia, pese a la negativa discursiva desde el Gobierno. Y una ciudad en la que violencia y los robos crecieron.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Empleado de Miguel Ángel Mancera desde 2010, el abogado Rodolfo Ríos Garza deja su cargo de Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) luego de que un informe documentara que su trabajo fue un manual de estigmatización de víctimas y de omisiones para el esclarecimiento de los crímenes.
El “parteaguas” que lo evidenció, como lo llamó la abogada Karla Micheel Salas, fue la indagatoria, desde 2015, del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, cuyo móvil no ha sido establecido y a cuyas víctimas directas –Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril– se sometió a un proceso de criminalización desde las primeras horas de ocurridos los hechos.
“A Rubén Espinosa (fotorreportero) se le atribuyó consumo de drogas o estar vinculado con algún tipo de delito; por otro lado, a las mujeres se les acusó en algunos casos de consumo de alcohol y drogas (…) o que incluso guardaban relación con los presuntos agresores, situación que tendió a colocar a las víctimas como responsables de lo sucedido”, estableció la recomendación 4/2017, presentada el pasado miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH).
“Las víctimas fueron expuestas en los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad y a las garantías y protección judicial, además se les discriminó con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, agregó el reporte oficial.
El crimen registrado el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en una de las delegaciones consideradas de mayor calidad de vida en la Ciudad de México, motivó manifestaciones y diversos actos de protesta por parte de periodistas y defensores de derechos humanos.
Vera y Espinosa Becerril se encontraban en la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Los buenos tiempos Ríos y Mancera. Foto: Cuartoscuro
La PGJ-CDMX, por su parte, respondió a las presiones con la filtración de los datos personales de las víctimas y sin considerar el contexto de amenazas que se exigía investigar alrededor de Vera y Espinosa, con lo que se violentó de manera institucional, dice la CDH, el derecho de las familias a la verdad y a la justicia.
“(La recomendación) confirma lo que habíamos dicho: desde el asesinato hubo maltrato hacia nosotros, los inventos, las líneas de investigación que no se han agotado, incluyendo el trabajo periodístico de Rubén”, dijo el jueves pasado Alma Espinosa Becerril, hermana del fotoperiodista.
A tres días de la presentación de este informe, el Gobierno de la Ciudad reportó la separación de Ríos del cargo de Procurador, que había ocupado desde 2012, al inicio del Gobierno de Mancera, y al que había llegado luego de haber fungido como su secretario particular el sexenio anterior, donde el hoy jefe de Gobierno fue titular del ministerio público.
“El jefe de Gobierno agradece la labor que desempeñó el ahora ex Procurador General de Justicia, demostrando en todo momento responsabilidad, honestidad, lealtad y eficacia en su trabajo; asimismo, le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales”, informó una tarjeta informativa del pasado sábado.
La recomendación de la CDH y la renuncia de Ríos Garza llegaron cuando es público que Mancera busca competir por la Presidencia de la República, por lo que los abogados de las víctimas del caso Narvarte retaron al Jefe de Gobierno a que, antes de buscar el voto, inicie una ruta de investigación que considere las líneas abandonadas, como un nuevo interrogatorio a Duarte de Ochoa, ya detenido en Guatemala por delitos contra el patrimonio de su estado.
“Sería lamentable que alguien busque ser presidente de la República con un antecedente como este”, dijo la abogada Salas, representante de la familia Vera Pérez, en la conferencia de prensa en la que, junto a las hermanas de Rubén Espinosa, fijaron su posición ante la recomendación de la CDH.
Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19 y también coadyuvante en la investigación, recordó que Mancera, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometió a dar cumplimiento a los compromisos de protección a periodistas anunciados por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, luego del asesinado del reportero y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas.
“Esta es una oportunidad para pasar del discurso a los hechos”, agregó el abogado en la conferencia.
LA MARCA DE LA CASA
El crimen de la colonia Narvarte no fue el único en el que la PGJCDMX difundió información con la que trató de incriminar a las víctimas. El pasado 4 de mayo, lo mismo hizo la Procuraduría, y desde una cuenta oficial, luego de que se encontró el cadáver de una joven de 22 años en pleno campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La difusión de la información sobre aspectos de la vida personal de la joven causó indignación entre usuarias de redes sociales que crearon la etiqueta #SiMeMatan para protestar por el tratamiento del ministerio público hacia la víctima.
Ante las críticas, la PGJ-CDMX rectificó y, desde la misma cuenta oficial de Twitter, reconoció que “efectivamente se rebasaron principios” y que “comunicación Social ofrece una disculpa ante grave error”.
Cuatro días después, el Gobierno de la Ciudad destituyó a la titular de la oficina de Comunicación Social de la PGJ-CDMX, Elena Cárdenas Rodríguez, y en un boletín exhortó a los funcionarios a “seguir trabajando con responsabilidad, ética, compromiso, apego a la normatividad y el pleno respeto de los derechos ciudadanos”.
Con este tipo de prácticas, dijeron los abogados de las familias afectadas por el crimen de la colonia Narvarte, el ministerio público de la Ciudad de México “trata de justificar los crímenes y evitar la atención”, además de que es “un medio de control de las exigencias” de las familias afectadas.
“SIN CRIMEN ORGANIZADO”
Ríos Garza, el cuestionado ex Procurador de la CdMx. Foto: Cuartoscuro
Otra característica del trabajo de Ríos al frente del ministerio público de la capital de la república fue sostener un discurso –también defendido por Mancera– de que aquí no operan “cárteles” ni grupos del crimen organizado.
Esto, aun cuando se han registrado hechos propios de este tipo de organizaciones, como –entre otros– el “levantón” de trece personas en el bar Heaven de la zona Rosa, en 2013, el tendido de una víctima sobre un puente en la delegación Iztapalapa y aun el crimen de la colonia Narvarte, en el que, en menos de una hora, cinco personas fueron asesinadas con arma de fuego en la céntrica colonia de esta capital.
“Los hechos demuestran que la Ciudad de México es parte de un centro neurálgico, estratégico del crimen organizado”, comentó en días pasados a este medio Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en la Universidad Iberoamericana.
Este tipo de actividades delincuenciales han sido constantemente registradas incluso por el Gobierno norteamericano que, como en el más reciente reporte del Congreso de ese país, identificó en la Ciudad de México la presencia de grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva e incluso de los Caballeros Templarios.
Mancera y Ríos, sin embargo, en diferentes ocasiones han desestimado la “operación” de este tipo de organizaciones en territorio capitalino.
“No hay, como se mencionaba, como se señaló al principio, como se ha mencionado, como lo señaló el jefe de Gobierno, en ninguna de las anteriores (averiguaciones) se había señalado la presencia de ninguna banda delincuencial, llámesele como se le llame”, dijo Ríos Garza en abril pasado, cuando propietarios de un negocio de comida en el centro histórico denunció extorsión de un grupo delincuencial.
Y ha sido precisamente esta narrativa, han considerado también familiares de las víctimas y abogados del caso Narvarte, lo que ha impedido que la PGJCDMX profundice no sólo en el trabajo periodístico de Rubén Espinosa o el activismo de Nadia Vera, sino que deje sin seguir incluso las pistas generadas en la única teoría que ha considerado, alrededor del círculo de Mile Virginia Martin.
“La Procuraduría o no quiere investigar, por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, dijo también en la conferencia del jueves Héctor Pérez Rivero, de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
