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Pese a que la mesa de diálogo inició de manera tensa, autoridades estatales y comunitarias llegaron a un acuerdo para que Angélica, de 15 años de edad, regresara con su familia luego de haber estado “casada” con otro menor por tres años. El caso se destapó luego de que la menor fue encarcelada por escapar de la casa de su suegro, quien intentó violarla en varias ocasiones. 

Dos Ríos, Cochoapa el Grande, Guerrero, 13 de octubre (ElSur).- “¿Entonces ya me voy a ir?”, preguntó Angélica cuando dijeron que ya había acuerdos y lanzó otra pregunta: “¿Con ellos?”. La respuesta le arrancó una sonrisa, al escuchar que se iría con sus papás.

Aunque no la sostuvo por mucho tiempo, “lo más seguro es que me van a ir a molestar”, dijo en referencia a sus suegros, que acudieron a la Policía Comunitaria de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, que la encarceló 11 días para que sus padres devolvieran el dinero que les dieron al juntarla en matrimonio por acuerdo entre familias.

Angélica salió con una mochila negra sobre sus hombros, de la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria, que se dice adscrita a Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc, con su padre Juan Manuel Martínez Vázquez, sus hermanas Santa, Fernanda y Yenifer, para reunirse con su mamá Concepción y un hermano de meses, en Ometepec, donde convalece por el aborto de sus trillizos. Su abuela, Petra Aguilar Nava, se quedó en Joya Real.

Su tía Petra Martínez Vázquez, que vive en Ometepec, fue quién la recibió como parte de uno de los siete puntos de acuerdo que se firmaron para dejarla en libertad, luego de que se difundiera su encarcelamiento y motivara la intervención de los gobiernos municipal y estatal, así como de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).

TENSO INICIO DE MESA DE TRABAJO 

Eran cerca de las 5 de la tarde del domingo cuando llegaron a la comunidad los titulares de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benito; de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; el Alcalde de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García; así como trabajadores de las instituciones y patrullas del municipio.

La llegada de la comisión de autoridades a la comunidad na savi Dos Ríos, causó alerta en los policías comunitarios, que se pusieron a la defensiva en sus instalaciones y una de las camionetas salió del lugar.

Hubo la prohibición de tomar fotografías y se advirtió de arrebatar los celulares, cuando se acercaron a la menor que estaba en el pasillo, con sus bolsas y un costal con cobijas.

Fueron recibidos por un hombre llamado Paulino Hernández, quien se dijo abogado de la comunitaria y el coordinador, Carlos Martínez.

Se acercaron hombres y mujeres alcoholizados, que preguntaron por lo que estaban ahí; alguno reclamó que las fotos que circularon sobre Angélica encarcelada, le estaba haciendo mala fama al pueblo, por lo que intentó arrebatar un celular.

El Presidente Bernardo Ponce les habló en lengua tu’un savi y luego contó que les dijo que no era un asunto suyo, que dejaran que las autoridades y familias resolvieran el problema.

Por ello, las personas regresaron a bailar con el grupo musical que estaba a un costado de la iglesia, que tocaba para amenizar el festejo de una familia, por la compra de una camioneta que usarían para el servicio de transporte a Ometepec. Ponce García dijo que esa fiesta fue un punto a favor, para que no se entrometieran más pobladores.

Se determinó que la reunión sería dentro de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Dos Ríos, aunque al fondo decía que era un comedor comunitario, de acuerdo con el rótulo en la pared, por lo que cerraron las ventanas y la puerta quedó custodiada por un comunitario.

Adentro, las autoridades comentaron que les dijeron a las partes que la venta de niñas es un delito, y que era necesaria su disposición para resolverlo. Ahí se llevaron más de tres horas, donde intervinieron las autoridades estatales, municipales, de derechos humanos, así como el suegro y el padre, quienes aceptaron que para juntar a sus hijos hubo dinero de por medio, que el primero llevó el caso a la Comunitaria, para que se lo devolvieran cuando la menor se fue.

EL CASAMIENTO

Adentro las autoridades planteaban a los familiares y a los comunitarios que lo hecho es una violación a los derechos de la menor, además de un delito que amerita cárcel y que esas acciones no pueden justificarse bajo usos y costumbres.

Por su parte, Angélica platicaba cómo a los 11 años, mientras cursaba el quinto de primaria y regresaba de los campos agrícolas, pasó de jornalera a un matrimonio.

Los suegros, recordó, fueron varias veces a su casa a platicar con sus padres. Ella nunca se enteró de qué hablaban, hasta que un día empezaron a llegar cartones de cervezas, bultos de maíz, colgaron una lona en el patio y colocaron metates para moler.

Ahí, le preguntó a su papá porqué estaban llegando muchas cosas y él le respondió que ya la habían entregado: “me dijo ‘no te quería dar, me convencieron y si no te entrego, de todos modos te voy a perder, porque ellos te van matar porque ellos son brujos’”.

Así que un día, del que no recordó la fecha, llegaron policías que son quienes juntan a los que se casan y no es necesario firmar ni un papel, tampoco ir a la iglesia, sólo llegan los invitados y la gente es quien presencia el casamiento.

Dijo que cuando a ella le preguntaron que si aceptaba a Rafael como su esposo, contestó que no, pero el policía la ignoró y le volvió a preguntar lo mismo, pero esa segunda vez la condicionó a decir que sí aceptaba, por lo que ella, atemorizada porque la gente la miraba, respondió sí y él no se ahogó en su garganta, para no apenarse.

No conocía a Rafael, quien era un año mayor que ella, explicó.

Por las noches lloraba, porque extrañaba a su familia. Además había maltrato, porque cada vez que echaba tortillas y le salían pequeñas, su suegra le daba una cachetada y le recordaba el pago: “Tú no sabes hacer nada, no vales lo que pagamos”.

NO MÁS VENTA DE HIJAS, ASEGURA PADRE 

Luego de horas de plática, que se plasmaron en una minuta escueta, con puntos confusos y sin tocar abiertamente que el hecho configuraba delitos, se acordó que los suegros de la menor “resguardada en la comisaría”, Rutilio Julián Moreno e Hilaria Pacheco Martínez, así como el padre de la menor, Juan Manuel Martínez Vázquez, se comprometían a no agredirse, respetarse o se procederá conforme a derecho.

Además de arrancarle el compromiso a Juan Manuel Martínez de “no vender a sus otras hijas y de ser el caso, se sujetará a las disposiciones legales aplicables al caso”. Éste tiene tres hijos más, dos son gemelas y un varón.

También que quedaba sin efecto un pagaré firmado por el señor Juan Manuel Martínez en favor del señor Rutilio Julián Moreno, sin decir la cantidad.

En el punto sexto, dejaron abierta la posibilidad de que Angélica regrese con Rafael, “con el mutuo consentimiento de las partes, sin dolo ni mala fe, se comprometen a respetarse ya que se deja a salvo los derechos de la menor, para juntarse con su pareja una vez que cumpla la mayoría de edad”.

Los integrantes de la Policía Comunitaria manifestaron que ellos cumplían sus reglas internas, sin aceptar cometer violaciones a los derechos humanos, por lo que en uno de los puntos manifestaron que, como autoridades comunitarias, de ninguna manera están de acuerdo en el matrimonio infantil, según el coordinador Carlos Martínez y así lo harían saber a sus comunidades anexas.

Para eso, se asentó que los titulares de la Secretaría de Asuntos Indígenas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero y el Presidente de Cochoapa el Grande, realizarán actividades de capacitación en las comunidades del municipio, para erradicar el matrimonio infantil.

Así como que informarían al DIF Guerrero y a la Secretaría de la Mujer, para que realicen visitas, entrevistas, estudios y lo que proceda, conforme a la Ley de Protección y Desarrollo de las Menores del Estado de Guerrero, a la menor Angélica.

DE PEQUEÑA ME GOLPEABAN; AHORA ME DEFIENDO

Angélica estaba sentada en un pedazo de cartón, en el pasillo de la Casa de Justicia, mientras dos de sus hermanitas jugaban y su abuela, Petra Aguilar, con un peine alisaba el pelo de otra.

Se levantó para hablar y contar que estaba ahí porque su suegro pedía la devolución del dinero cuando la casaron, aunque luego reflexionó que no la casaron ni por el civil ni la iglesia, porque ese día sólo fueron policías a su casa.

Ella tenía 11 años y Rafael Julián Pacheco 12 años, a quien no conocía porque fue un acuerdo de su papá, Juan Manuel Martínez y su ahora suegro, Rutilio Julián, “porque mi mamá no estaba de acuerdo”.

Aseguró que desde ese día se fue a vivir a la casa de sus suegros, en la comunidad Joya Real, que queda como a una hora en carro de Dos Ríos, pero se hacen más, porque ellos caminan al no haber transporte.

Estuvo con Rafael durante tres años, en los cuales salían a trabajar a los campos de cultivo de Michoacán, como jornaleros, donde cargaba las cajas de limón y los costales de chile, pese a su edad y porque su suegro así lo decidía, o si no le daba cachetadas.

Hace un año su “esposo” Rafael se fue a Estados Unidos y desde ese tiempo no ha tenido contacto con él, aunque lo ha buscado para contarle sobre el maltrato de su familia y de los cuatro intentos de violación de su papá, quien le cuestionaba que en el tiempo que estuvieron juntos no quedara embarazada, por lo que él podría hacerlo ahora que su hijo no estaba, “yo pagué con mi dinero para que te casaras”, le decía.

La menor, que el pasado 12 de septiembre cumplió los 15 años, dijo que no tenía hijos y no quedaba embarazada porque aún no le baja y que eso también le había preguntado su mamá Concepción Ventura, “si ya me había salido sangre y le dije que no”. Se le preguntó si sabía que eso era menstruar, respondiendo que no, que le habían dicho que salía sangre.

Ante el acoso del suegro, quien decía que él podía hacer con ella lo que quisiera porque había pagado con su dinero, y con la complicidad de su suegra, le contó las cosas a su familia y hace tres meses, que volvía de la casa de su abuela Petra, Rutilio nuevamente intento violarla, pero no se dejó, encarándolo.

El que Angélica se defendiera lo molestó, diciéndole que no servía para nada, que dejara de contar que él pretendía abusar de ella y finalmente la echó de la casa, en medio de la noche, por lo que regresó a la casa de su abuela.

“Antes me pegaban, cuando yo estaba chiquita, pero ahora que ya estoy grande, ya no lo pueden hacer,
porqué ya puedo defenderme. No me dejé y lo acusé con mi familia, que me apoyó”.

Durante esos tres meses, fuera de la casa de los suegros, éstos la intimidaban y fue hace como 20 días que su suegra Hilaria llegó a gritarle a su casa y acusarla de robarle un huipil y otras cosas; le reclamó que señalara a su marido y que si eso pasaba, debía aguantarse.

Fue así que a principios de octubre llegaron los policías comunitarios a su casa, en Joya Real, para llevarlos a Dos Ríos. Ese mismo día fueron encerrados su papá, su mamá, sus hermanas y su abuela, acusados por el suegro de que la menor ya tenía tiempo fuera de su casa, por lo que pedía que le devolvieran el dinero que pagó por ella.

La familia, al negarse, fue encarcelada por días, “sé que se gastó 120 mil pesos, pidió 150 mil pesos y luego que 210 mil pesos. Yo dije que no le íbamos a dar eso, tal vez 50 mil pesos, porque ya trabajé para ellos los cuatro años que íbamos a los campos y ellos cobraban”, dijo Angélica.

“Sacaron a mi papá para que fuera a conseguir el dinero. Nos dejaron aquí, decían que si no, se iba a escapar y no iba a cumplir”.

Luego dejaron salir a su abuela y sus hermanas, pero a ella durante, los 11 días que estuvo ahí, la metían a la cárcel por días y noches; en otros la sacaban al pasillo.

Sus hermanas y su abuela se acercaban al lugar y la acompañaban, mientras sus papás buscaban cómo conseguir el dinero, para devolverlo y la dejaran en libertad. Aunque Angélica remarcó que ella le dijo a su papá que podían juntar los 50 mil, porque ellos habían cobrado todo lo que trabajó en los campos, durante los años que estuvo en su casa.

Fue en una de esas ocasiones, cuando su mamá Concepción fue a llevarle comida y subió caminando a la comunidad de Xalpatláhuac, como a dos horas de distancia de Dos Ríos, cuando su mamá se desangró allá arriba, que abortó a sus hermanitos, “creo que fue porque caminó mucho, de aquí hasta allá, es pura subida”.

Se le preguntó si algún policía la maltrató, que le pegaran, jalonearan o gritaran y respondió que no, que tampoco vio que a su mamá le hicieran algo ahí.

Dos Ríos está en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande, a más de seis horas de viaje desde Tlapa, en camionetas particulares. Es un camino en descenso de terracería, lleno de desfiladeros y partes angostas.

La neblina que se alza impide la visión de los choferes, que van a vuelta de rueda para no caer en una barranca.

El transporte de ruta sólo maneja un horario, tanto de Tlapa o de Ometepec a este lugar, donde tardan más o menos las seis horas, que pueden alargarse si está lloviendo, porque eso vuelve inaccesible el paso, con derrumbes y las corrientes de agua que se forman en las barrancas.

Las familias hacen el recorrido a pie o si alguien pasa, le piden los acerque al lugar que van.

Los usuarios de Facebook mostraron su indignación a lo ocurrido a Angélica, exigiendo cárcel a los padres de ambos jóvenes y a los elementos de la Policía Comunitaria, porque se configuraron varios delitos, por lo que la impunidad no debía continuar.

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