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Desde 2008, cuando la deuda pública se disparó por la crisis financiera mundial, no se ha reducido significativamente pese a que para 2018 se aspira a un superávit primario.

En los últimos 15 años han habido 4 billones de pesos de ingresos públicos excedentes. No es un monto menor. “Cien mil millones de pesos cada año no sabemos de dónde viene”, expusieron.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Investigadores de organizaciones civiles llamaron al Gobierno a transparentar el origen y destino de los ingresos públicos, pues los excedentes que pudieran invertirse en pagar deuda pública son catalogados como “otros”.

Asimismo, la vigilancia a los ingresos debe ir de la mano de una reforma de gasto público eficaz, dijeron.

Alejandro García, de México Evalúa, ha destacado que aunque para 2018 no se esperan ingresos extras por los remanentes del Banco de México (Banxico), la dinámica ha sido la de registrar más ingresos de lo estimado.

“No es un monto menor. Cien mil millones de pesos cada año no sabemos de dónde vienen”, dijo.

Pese a tener mayores ingresos, no se reduce la deuda sino se gasta más y el gobierno se aproxima a su techo de endeudamiento, evaluó.

García pidió transparencia porque está cifra excedente se cataloga como “otros”.

En los últimos 15 años han habido 4 billones de pesos de ingresos excedentes, documentó Adriana Berrocal, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Adrián García, investigador del CIEP, desglosó que los ingresos públicos para 2018 se estiman en 13 por ciento del PIB, de los cuales el 5.6 por ciento vienen del petróleo y la mayoría de la recaudación de impuestos.

“No habrá más ingresos tributarios a menos que haya una reforma hacendaria”, declaró.

Enrique Díaz Infante, del CEEY, leyó una presentación del investigador Marcelo Delajara, quien enfatizó que este Paquete Económico es el último del sexenio.

Ante ello, la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es la Reforma Fiscal de 2013 que ayudó a disminuir la dependencia a los ingresos petroleros al aumentar la recaudación de impuestos luego de gravar la gasolina y alimentos chatarra.

Sin embargo, falta la reforma al sistema de seguridad social (la mitad de los trabajadores informales no tienen acceso a ese derecho), y, añadió Delajara, el costo de la deuda y las pensiones.

Desde 2008, cuando la deuda pública se disparó por la crisis financiera mundial, no se ha reducido significativamente pese a que para 2018 se aspira un superávit primario.

Finalmente, los investigadores exigieron al siguiente Gobierno una reforma fiscal integral con IVA generalizado a alimentos y medicinas, así como tasas proporcionales a los ingresos de la ciudadanía. Esto debe ir acompañado de una reforma a la seguridad social universal.

También es necesaria una reforma al gasto público, pues el mayor nivel de ingresos a través de la recaudación debe tener un destino de calidad y eficiente, concluyeron.

LA DEUDA NO SE REFLEJA EN INVERSIÓN

Luego de que el gobierno ha roto principios de finanzas públicas ante la ausencia de oposición del Congreso, la deuda pública de México ha aumentado de 38.6 por ciento en 2013 a 48 por ciento en 2017, lo cual ata al gasto público y obliga a transparentar su destino ya que no se ve reflejada en inversión pública.

Sobre el costo de deuda, Mariana Campos, de México Evalúa, documentó que el costo de la deuda por intereses de 2018 será de 698 mil millones de pesos, esto es, casi 3 por ciento del PIB, el máximo histórico.

Luego de que las calificadoras lanzaron una alerta amarilla sobre el nivel de endeudamiento, la deuda ha bajado en los últimos años de 50 a 48 por ciento del PIB, fue por los remanentes recibidos del Banxico equivalentes al 1.5 por ciento del PIB, es decir, la reducción fue por eventualidad en vez de diseño, aseguró Ricardo Cantú, investigador del CIEP.

“¿Cuánto es el costo de deuda necesaria para empezar a decir que ya tenemos mucha?”, preguntó Cantú.

El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz Infante, dijo que las causas del endeudamiento -sin contar la oculta- son porque en los últimos años el gobierno ha gastado tres veces más de lo ingresado; los programas sociales son financiados con deuda; se debe pagar intereses de deuda; y no hay contrapeso en el Congreso.

“Se han roto los principios de finanzas públicas al financiar gastos con ingresos no recurrentes [el petróleo] y nos hemos comido el patrimonio de las siguientes generaciones”, declaró.

Finalmente, la investigadora de IMCO, Melina Ramírez, evaluó la deuda a largo plazo.

De 1990 a 2016, el promedio de la deuda pública es de 29 por ciento del PIB, pero de 2008 a 2016 el promedio ya era de 40 por ciento del PIB.

México no es de los países más endeudados del mundo, no obstante, los recursos requeridos no se materializan en resultados como en el nivel de inversión pública, aseguró Ramírez, por lo que subrayó la importancia de dar seguimiento al destino de este dinero público.

La mesa fue moderada por el Senador Francisco Búrquez, quien ha votado en contra del Paquete Económico de los últimos años por el alto saldo de deuda pública.

“Cada familia debe más de 300 mil millones de pesos”, ejemplificó. “Siempre en manos del gobierno la deuda termina mal”.