La madrugada de este viernes fueron entregados a sus familiares los últimos dos cuerpos de los 21 guatemaltecos que fallecieron hace un mes junto a otros 32 migrantes en un tráiler que fue abandonado en EU.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Con la entrega de los cuerpos de Celestina Carolina Ambrosio Orozco y Wilson Daimiro Ambrocio López a sus familiares en Guatemala la madrugada de este viernes, finalizó la entrega de los cadáveres de 21 migrantes que murieron asfixiados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, en junio pasado, cuando intentaban migrar al norte.
Un total de 53 migrantes fallecieron dentro del furgón de un tráiler en el que viajaban sin agua y sin aire. Por el hecho, ya hay cuatro personas detenidas.
Entre los migrantes guatemaltecos habían tres menores de 13, 14 y 17 años. La mayoría del resto de fallecidos estaban en sus veintes. Gran parte de los fallecidos eran originarios de los departamentos de San Marcos y Sololá en el occidente del país, donde predominan comunidades indígenas y pobres.
Vista del lugar donde se hallaron varios cadáveres en el interior de un camión de carga el lunes 27 de junio de 2022 en San Antonio. Foto: Eric Gay, AP
Yenifer Yulisa Cardona Tomas, sobreviviente del hecho, narró a The Associated Press cómo sobrevivió gracias al consejo de una amiga, pues ésta le dijo que debía sentarse justo al lado de la puerta del furgón, donde entraba un poco más de aire.
La guatemalteca, de 20 años, dijo que al subir al tráiler los coyotes les quitaron teléfonos y rociaron el lugar con una especie de polvo que cree era consomé de pollo, con el fin de que los perros usados por la policía no olieran a los migrantes. La joven mujer sólo recuerda que poco a poco perdió el conocimiento y luego despertó en un hospital. Tras una semana internada se recuperó y fue entregada a familiares en Estados Unidos.
Por el incidente, un jurado federal presentó cargos en San Antonio contra Homero Zamorano, de 46 años, y Christian Martinez, de 28, ambos de Pasadena, por cargos de transporte y asociación delictuosa para transportar ilegalmente a migrantes con resultado en la muerte y por los mismos cargos pero con resultado en lesiones graves. De ser declarados culpables, las penas podrían alcanzar incluso cadena perpetua.
Una ambulancia sale del lugar donde la policía dijo que decenas de personas fueron encontradas muertas en un tráiler en un área remota en el suroeste de San Antonio, el lunes 27 de junio de 2022. Foto: Eric Gay, AP
Una embarcación presuntamente de contrabando que transportaba a migrantes haitianos fue abandonada en una isla desierta al oeste de Puerto Rico; 41 hombres, 25 mujeres y dos menores de edad sobrevivieron sin presentar afectaciones médicas urgentes.
Por Dánica Coto
SAN JUAN, 29 de julio (AP).— Al menos cinco migrantes haitianos se ahogaron y otros 68 fueron rescatados el jueves después de que una embarcación de presuntos contrabandistas de personas dejara al grupo en aguas cercanas a una isla deshabitada al oestede Puerto Rico, informaron las autoridades.
Es el incidente más reciente de una serie de travesías letales de migrantes por el norte del Caribe, en su mayoría haitianos que huyen de su país, el cual experimenta una profunda crisis política y económica y un aumento de los asesinatos y secuestros por parte de pandillas.
Autoridades federales y locales revisaron la zona cerca de la Isla de Mona durante varias horas después de recibir una llamada de agentes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, quienes fueron los primeros en divisar a los migrantes. Los agentes determinaron que no había más personas desaparecidas, según las entrevistas realizadas con los sobrevivientes, explicó Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, a The Associated Press.
Indicó que 41 hombres, 25 mujeres y dos niños sobrevivieron. Ninguno tenía problemas médicos urgentes.
Jeffrey Quiñones, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que todos los migrantes a bordo de la embarcación eran haitianos.
La mayoría de las embarcaciones de contrabando de personas que llevan a migrantes haitianos a Puerto Rico salen de la vecina República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití. Algunas naufragan en el traicionero Canal de la Mona que separa a las dos islas, mientras que otras embarcaciones dejan a los migrantes en pequeñas islas deshabitadas antes de llegar a Puerto Rico.
Al menos cinco migrantes murieron y 66 fueron rescatados este jueves, luego que una embarcación -aparentemente de contrabandistas- dejara al grupo en aguas cerca de una isla deshabitada al oeste de Puerto Rico, informaron las autoridades. pic.twitter.com/mWUA3VAQIb
En este caso, el bote que transportaba a los migrantes huyó del lugar, añadió Castrodad.
El rescate se produce apenas unos días después de que las autoridades de las Bahamas recuperaron los cuerpos de 17 migrantes y rescataron a otros 25 tras el naufragio de su bote a primeras horas del domingo.
En mayo, 11 mujeres haitianas se ahogaron y otras 38 personas fueron rescatadas tras un naufragio cerca de Puerto Rico.
“Esto está ocurriendo todos los días”, lamentó Castrodad. “Todos corren el mismo riesgo y el mismo peligro”.
Un creciente número de haitianos están huyendo de su país debido a que las pandillas se han vuelto más poderosas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Tan sólo esta semana, las autoridades responsabilizaron a pandillas de prender fuego a un tribunal y a una iglesia a medida que se intensifican las batallas territoriales en la capital, Puerto Príncipe. Además, más de 470 personas fueron asesinadas, resultaron heridas o desaparecieron en menos de una semana en medio de las disputas entre pandillas en el barrio de Cite Soleil, según Naciones Unidas.
La organización francesa Médicos Sin Fronteras emitió el jueves un comunicado en el que señaló que ha registrado un “incremento significativo” en el número de víctimas por balas perdidas. Uno de sus centros de emergencia atendió casi 80 heridas de bala, la mayoría de ellas por balas perdidas, indicó el organismo. Añadió que muchos residentes se encuentran atrapados dentro de sus casas y no pueden salir debido a la violencia, provocando que sus heridas se infecten.
“En algunas de estas áreas, [la agencia] sólo puede atender a pacientes en sótanos o en habitaciones sin ventanas, debido al peligro del fuego cruzado y las balas perdidas”, indicó Médicos Sin Fronteras.
Un reciente estudio de Tech Transparency Project reveló que los inmigrantes son víctimas de “coyotes”, a quienes contactan a través de Facebook o WhatsApp con información falsa sobre la apertura de la frontera, poniendo sus vidas en peligro y cobrándoles miles de dólares.
Por Jesús García
Ciudad de México, 28 de julio (LaOpinión).– Si bien miles de personas que viven en América Latina tienen el sueño de buscar una vida mejor en los Estados Unidos, ese anhelo es utilizado por los “coyotes” o “polleros”, contrabandistas que operan en muchas ocasiones con el crimen organizado, para mentir a los migrantes en Facebook y WhatsApp sobre la apertura de la frontera, cobrarles miles de dólares, pero ponerlos en peligro.
Las mentiras y desinformación ha sido demostrada por un estudio realizado por Tech Transparency Project (TTP), la cual revela que los migrantes reconocen la existencia de ese tipo de “gancho”, pero afirman no tener modo de saberlo.
“Es difícil, porque no puedes saber qué fuente de información es confiable”, dijo un migrante encuestado para el estudio que advierte que Meta, la empresa dueña de ambas plataformas, no ha hecho nada para bloquear esa desinformación.
“TTP también encontró una gran cantidad de publicaciones que difunden información errónea sobre la ley de inmigración, las condiciones a lo largo de la ruta hacia los Estados Unidos y las oportunidades disponibles para los migrantes”, advierte el reporte.
The investigation found that Apple—along with Google, Amazon, and Microsoft—had purchased gold sourced from illegal mining operations in the Amazon. https://t.co/UvorPyuPPg
— Tech Transparency Project (@TTP_updates) July 27, 2022
Algunas de las páginas tienen nombres como “Migrantes en listado sin MPP”, “Compra venta Uspantan”, “Caravana Centroamericana 25 de febrero”, Migrantes Nizas hacia EEUU”, donde se envían mensajes estilo: “¡Cruce a Estados Unidos. Solo se caminan 40 minutos a 1 hora!” o “Visa mexicana y permiso temporal”.
Otros estudios de organizaciones como Alianza Américas, han revelado que los “coyotes” cobran miles de dólares, pero les quitan su dinero o amenazan a las familias de los migrantes, si rechazan pagar lo pactado. En casos extremos los abandonan a su suerte, en medio del desierto o en zonas donde operan los cárteles del narcotráfico. El reporte de TTP reconoce algo similar.
“Los migrantes le dijeron a TTP que Facebook y WhatsApp los conectaron con personas que prometieron ayudarlos a ingresar a EE.UU., solo para robarles su dinero o abandonarlos en situaciones peligrosas”, se indica. “Aun así, muchos migrantes que huyen de la violencia o están desesperados por una vida mejor sintieron que no tenían más remedio”.
La desesperación lleva a las personas a confiar, caer en las trampas de los “coyotes”.
Un grupo de migrantes brasileños cruza por una apertura en la frontera entre Estados Unidos y México, el lunes 8 de junio de 2021, en Yuma, Arizona, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Eugene Garcia, AP.
“Creo en lo que dice la gente y en quienquiera que nos lleve [al otro lado de la frontera]”, dijo un encuestado que encontró un ‘coyote’ en Facebook. “No tengo nada más en lo que creer”.
El reporte se realizó con un equipo de entrevistadores que hablaron migrantes centroamericanos sobre dónde habían obtenido la información, además las cuentas y los grupos que seguían en ambas plataformas.
“El equipo habló con 200 migrantes, la mitad de ellos al sur de la frontera mexicana en Guatemala, al comienzo de su viaje hacia el norte, y la otra mitad en albergues justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México”, se indica.
En su camino al Sueño Americano, los migrantes suelen ser víctimas de fraude, delitos violentos, condiciones inseguras y explotación sexual mientras viajan.
“A través de una página de Facebook encontré a la persona que me ayudará a cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos”, dijo uno de los entrevistados.
El reporte cita un informe de Human Rights First del 2020, el cual documentó el caso de una solicitante de asilo hondureña que fue agredida sexualmente en México, después de responder a un anuncio en Facebook sobre un empleo como asistente doméstica.
TTP también cita el caso de los 53 inmigrantes muertos en un camión cerca de San Antonio, Texas, como resultado de esa desinformación.
El reporte alerta que las plataformas sociales, especialmente Facebook, no están protegiendo a algunas de las personas más vulnerables que son expuestas al mundo de la información errónea, la cual podría defraudarlos, conducirlos a la deportación o poner sus vidas en riesgo.
Un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos espera a un grupo de migrantes. Foto: Felix Marquez, AP.
Hallazgos preocupantes:
– La mayoría de los migrantes consultó información en internet para planear su viaje a EU.
– Casi el 70 por ciento reconoció obtener de Facebook.
– Casi una cuarta parte dijo que usaba WhatsApp.
– Los encuestados dijeron que conectaron a estafadores que robaron su dinero, los abandonaron en condiciones inseguras o les dieron mala información.
– Los migrantes reconocen que recibieron información errónea sobre el viaje e ingreso a EU.
– El análisis de TTP a los perfiles encontró ofertas dudosas de “coyote” o servicios legales e información falsa de viaje y apertura de la frontera.
– Facebook mantiene las cuentas que siguen siendo populares entre migrantes.
De acuerdo con un funcionario del Estado de Veracruz, el tráiler fue encontrado la noche del miércoles con decenas de personas migrantes en su interior, quienes rompieron la caja del vehículo y empezaron a hacer ruido al sentirse desesperadas por el calor y la falta de oxígeno.
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio (AP).— Las autoridades mexicanas localizaron en un tráiler abandonado a 94 personas migrantes, en su mayoría centroamericanas, en una carretera del estado de Veracruz, en el Golfo de México, anunció el jueves el Gobierno estatal.
El hallazgo fue confirmado por el director de Atención a Migrantes de la Gobernación del estado de Veracruz, Carlos Enrique Escalante, quien dijo a The Associated Press que el tráiler fue encontrado la noche del miércoles en la carretera Acayucan-Sayula de Alemán del estado con decenas de personas migrantes en su interior.
Escalante indicó que algunos de las personas migrantes, desesperadas por el calor y la falta de oxígeno, rompieron la caja del tráiler y comenzaron hacer ruido, lo que permitió alertar a los habitantes de la zona que llegaron para auxiliarlos y sacarlos de la unidad.
“Desgraciadamente hubo algunos que se tuvieron que aventar de la parte superior del tráiler y pues sufrieron esguince”, precisó el funcionario.
Las 94 personas migrantes, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quedaron bajo el resguardo de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de Veracruz mientras se concluyen los trámites para la deportación.
Un grupo de migrantes brasileños cruza por una apertura en la frontera entre Estados Unidos y México, el 8 de junio de 2021 en Arizona, para solicitar asilo en Estados Unidos. Imagen ilustrativa. Foto: Eugene Garcia, AP.
Escalante señaló que de acuerdo a las informaciones aportadas por algunos de los migrantes en el tráiler iban unas 400 personas, muchas de las cuales lograron escapar antes que llegaran las autoridades, pero aclaró que hasta el momento no se tiene un registro oficial de los ocupantes de la unidad.
La Fiscalía General de Veracruz ya inició una investigación sobre el caso. En el evento no hubo detenidos.
Un evento similar se registró el 27 de junio a las afueras de San Antonio, Texas, donde fue localizado un tráiler abandonado con 73 migrantes, de los cuales 53 murieron por asfixia. Por el caso fueron detenidas cuatro personas entre ellas el chofer de la unidad.
Un nuevo grupo de unos dos mil migrantes, mayoritariamente venezolanos y centroamericanos, partió a inicios de semana del sur de México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.
El pasado 27 de junio fue localizado un tráiler abandonado con 73 migrantes en las afueras de San Antonio, Texas. De ellos, 53 murieron por asfixia. Foto: Eric Gay, AP
En los últimos meses varios contingentes similares partieron de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en caravanas que se disolvieron solo días después, cuando las autoridades mexicanas les ofrecían documentos para transitar por el país.
La Guardia Nacional, que el año pasado optaba por frenar los éxodos masivos de migrantes, se limitó el lunes a escoltar al grupo y agilizar el tráfico vehicular.
Sin embargo, el jefe del ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, dijo la semana pasada que se había reforzado el despliegue de fuerzas federales y estatales para evitar el fluyo de migrantes de forma irregular.
Las caravanas son sólo una ínfima parte de los miles de migrantes que cruzan cada día irregularmente a Estados Unidos ya que la mayoría lo hacen utilizando a traficantes que los transportan de diferentes maneras.
En el primer semestre del año unas 58 mil personas solicitaron refugio en México, siete mil más que el mismo periodo del año pasado. Un 70 por ciento de ellas lo hicieron en las oficinas de Tapachula.
Recientemente, las autoridades fronterizas estadounidenses están bloqueando el paso a migrantes en la frontera con México con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas. En mayo hubo casi 240 mil interceptaciones, un tercio más que hace un año.
Una reciente caravana de migrantes ha salido desde la ciudad chiapaneca de Tapachula, en donde exigen a autoridades migratorias para obtener documentación que acredite su tránsito temporal por el país en camino a Estados Unidos.
Por Edgar H. Clemente
TAPACHULA, México (AP) — Un nuevo grupo de migrantes, unas dos mil personas, salió este lunes del sur de México caminando para presionar a las autoridades mexicanas y que les den permisos temporales para poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
En los últimos meses, varios contingentes similares formados mayoritariamente por venezolanos y centroamericanos partieron de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en caravanas que se disolvieron solo días después, cuando las autoridades mexicanas les ofrecían documentos para transitar por el país.
En este caso, al igual que en los anteriores, los migrantes se quejaban de no ser atendidos en Tapachula, la ciudad que recibe más solicitantes de asilo del país y cuyas oficinas están congestionadas.
Tras colapsar el sistema en las oficinas de Regularización migratoria en la entidad, un aproximado de tres mil migrantes se concentraron para ingresar por la fuerza al inmueble. Las y los inconformes piden ser atendidos por las autoridades, a quienes solicitan documentos y forma migratoria multiple para transitar por el territorio mexicano. Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro.
El Instituto Nacional de Migración (INM) optó desde hace meses por disolver las últimas caravanas entregando a los migrantes permisos temporales para transitar libremente por el país durante 30 días con el fin de descongestionar un poco el número de migrantes de esta ciudad sureña.
Una vez con los documentos, los migrantes optan generalmente por llegar hasta la frontera con Estados Unidos aunque, en ocasiones, son bloqueados y devueltos al sur por distintas autoridades a pesar de llevar esos permisos. De ahí que muchas organizaciones se hayan quejado de la falta de transparencia a la hora de expedir esos papeles.
“Es pesado pero ahí vamos para adelante buscando que nos den la pasada”, dijo el nicaragüense Moisés Chinchilla en referencia al mencionado documento mientras caminaba el lunes con el grupo. Para Chichilla, como para muchos otros, tenerlo en sus manos significaba estar un poco más cerca de su destino, Estados Unidos.
Parte del grupo que salió este lunes había instalado hace días un improvisado campamento en las inmediaciones de las oficinas del INM en Tapachula para que les dieran los permisos de tránsito y al no obtener respuesta se lanzaron a caminar.
Hoy acompañamos una nueva caravana que salió de #Tapachula, con la esperanza de una vida digna, en donde sean respetados y puedan empezar de nuevo. Y si, esto sigue siendo lo mismo de siempre. Tristemente el muro burocrático, consecuencias de las mismas políticas migratorias. pic.twitter.com/2D51PtFRpY
Según explicó una venezolana que solo quiso identificarse como Alexa, después de una semana de estar ahí sin que les atendieran decidieron “emprender una marcha pacífica hasta llegar a Huixtla”. Esa localidad, a 50 kilómetros de Tapachula, es donde los grupos previos lograron esa especie de visas temporales.
La Guardia Nacional, que el año pasado optaba por frenar los éxodos masivos de extranjeros indocumentados, se limitó el lunes a escoltar al grupo y agilizar el tráfico vehicular afectado en esa carretera, que es la principal vía de comunicación con Guatemala.
Sin embargo, el Jefe del ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, dijo la semana pasada que se había reforzado el despliegue de fuerzas federales y estatales para evitar el fluyo de migrantes de forma irregular.
Migrantes en México exigen la facilidad de obtener documentación temporal para transitar por México en su camino a la frontera norte con Estados Unidos. Imagen ilustrativa. Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro.
Las caravanas son solo una ínfima parte de los miles de migrantes que cruzan cada día ilegalmente a Estados Unidos ya que la mayoría lo hacen utilizando a traficantes que los transportan de diferentes maneras.
En el primer semestre del año unas 58 mil personas solicitaron refugio en México, siete mil más que el mismo periodo del año pasado. Un 70 por ciento de ellas lo hicieron en las oficinas de Tapachula.
Recientemente, las autoridades fronterizas estadounidenses están bloqueando el paso a migrantes en la frontera con México con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas. En mayo hubo casi 240 mil interceptaciones, un tercio más que hace un año.
Las acusaciones son contra Aposento Alto, un refugio improvisado en un templo y comedor comunitario en Lomas de Poleo; la situación quedó expuesta en una queja presentada ante la CNDH, donde también se acusa de omisión a los tres niveles de Gobierno ante las violaciones cometidas en ese lugar contra la población migrante, en el contexto del programa Quédate en México.
Por Verónica Martínez
Ciudad Juárez, 25 de julio (La Verdad).- Personas migrantes que se encuentran en esta frontera, a la espera de cruzar a Estados Unidos, destaparon casos de maltrato, acoso con mentiras y retención contra su voluntad que sufrieron durante su estancia en el albergue Aposento Alto.
Narrar esos tratos a psicólogos de una organización internacional de ayuda humanitaria provocó que, a mediados de abril, fueran echados a la calle por la pastora Belia Hernández, encargada del albergue, contaron migrantes en entrevista.
Cerca de ocho familias migrantes fueron expulsadas del albergue ubicado en la calle Tomate de la colonia Lomas de Poleo, al norponiente de la ciudad, donde desde hace más de dos años y medio se habilitó este refugio en las instalaciones de un templo evangélico y un comedor comunitario, asentados en las faldas de uno de los cerros de la zona.
“Nos corrieron a todas las personas que estábamos en el albergue por el simple hecho de decir que ya no se aguantaba más”, dijo una de las mujeres migrantes que aparece en un video grabado al dejar de Aposento Alto. En la imagen se aprecia a más de 40 personas, adultos y niños, reunidas bajo la sombra de un árbol cargando mochilas con sus pertenecías, sin saber a dónde acudir.
Migrantes expulsados del albergue Aposento Alto. Abril de 2022. Foto: Cortesía.
En entrevista, las personas denunciaron maltrato, hostilidad y manipulación en el albergue, donde además les cobraban una cuota semanal de 200 pesos por su estancia, los ponían a realizar obras de construcción de forma forzada y les vendían la comida, insumos de higiene y educativos donados por la UNICEF y ACNUR como parte de la ayuda humanitaria. Aseguran también que no los dejaban salir y que los obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no cuenten lo que ocurre en el refugio.
La situación fue expuesta también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde la queja fue admitida en mayo pasado por la dirección general del programa contra la trata de personas, con el número de expediente CNDH/5/2022/4809/Q. En la queja se acusa a las instancias de los tres niveles de gobierno por ser omisos ante agresiones denunciadas por los migrantes en ese albergue y por permitir que continúen con los que aún se encuentran en el lugar, en el contexto del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México.
Algunos de los entrevistados señalaron que sus testimonios fueron tomados hace un par de meses por personal de la Fiscalía de Chihuahua. Autoridades de esa corporación dio a conocer a La Verdad que hay una investigación en proceso sobre este caso, pero no abundaron en la información para no afectar la indagatoria.
Consultada sobre las acusaciones contra el albergue que dirige, la pastora Hernández respondió con contradicción en sus respuestas durante una breve entrevista concedida en el interior del templo.
“No sé nada” fue la respuesta inmediata de la mujer sobre las acusaciones de los migrantes, “quiero saber quién fue, qué está pasando, porque no sé”. Luego comentó que sí estaba enterada de unas quejas que se hicieron en redes sociales y dio algunas respuestas a ellas, pero cuando se le enumeraron las denuncias de los migrantes dijo: “mejor me quedo callada”.
Los testimonios de las personas que salieron de albergue narran como eran amenazados por Hernández y su hijo, Néstor Gabriel Ramírez. Todos los nombres en esta historia han sido cambiados y se han omitido algunos detalles para proteger las identidades de las víctimas.
EL COBRO POR LA ESTANCIA Y EL TRABAJO FORZADO
Diversos testimonios de personas migrantes que llegaron a hospedarse en Aposento Alto coinciden en que se les exige el pago de una cuota semanal de 200 pesos por adulto y que el trabajo forzado era constante en construcción de estructuras en el albergue, como bardas, un cuarto de lavado en la casa de la pastora y reparaciones en la casa de su hija.
Sobre esto, la pastora Hernández afirmó que en el albergue solo se agregó una banqueta que fue construida “entre todos”. No abundó más ante el cuestionamiento sobre el trabajo forzado ni sobre el cobro de la cuota.
Marcos, un migrante salvadoreño, narró que en el albergue los obligaban a trabajar sin sueldo ni horario fijo con el argumento de que con este trabajo “se pagaba su estancia en el albergue”, dijo. Pero eso era adicional a la cuota semanal que se les pedía.
La pastora les decía que la cuota que se les pedía se usaba en gastos como la compra de gas en tanques para la cocina del comedor, pero cuando el combustible se acababa también les exigían una cooperación adicional.
Marcos también llegó a pagar por pañales, toallas húmedas y vaselina para sus hijos que se supone les entregaban en donación. Además, se les obligaba a asistir al servicio religioso de la iglesia evangélica encabezada por la pastora, aunque profesaran otra religión.
El hombre había escuchado historias de las ocasiones en que habían expulsado a personas por tener conflictos con la pastora y su hijo. No pensó que eso podría ocurrirle.
“[La pastora] nos tenía amenazados con que sí nosotros salíamos de [Aposento Alto] perderíamos el caso de asilo que ya teníamos y que era probable que nos regresaran a nuestro país, entonces accedimos a todas las mentiras que ella nos decía”, contó.
Siempre estaba la “amenaza” de poder ser expulsados del albergue, dijo Marcos.
Albergue Aposento Alto en Ciudad Juárez. Foto: Verónica Martínez, La Verdad.
Eso fue lo vivió directamente Héctor, un hombre de Honduras que se hospedaba en Aposento Alto. Dice que un día Néstor Ramírez, hijo de la pastora y también encargado del albergue, lo corrió del lugar porque se tardó unos minutos en llegar a cargar unas hieleras y su equipaje, como se lo ordenó.
“Yo me tarde menos de cinco minutos y llegó a gritarme. Me dijo que él no tenía todo el tiempo mío y tenía una hora para largarme del albergue”. Esa noche logró que no lo echaran.
Pero la situación se volvió inaguantable, así que cuando trabajadores sociales y psicólogos de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria llegaron al albergue y les ofrecieron trasladarlos a otro lugar si no se sentían seguros en Aposento Alto, no dudaron en contarles las circunstancias que vivían en el lugar.
Al enterarse de que hablaron de lo que ocurría en el albergue, la pastora y su hijo los expulsaron, coincidieron los migrantes. Más de 40 personas fueron echadas el pasado mes de abril, alegando que habían violado el acuerdo de confidencialidad.
“No sé si habrá justicia. No sé si habrá una forma en que se reponga todo el daño que nos causó. No creo, pero será una forma de que no le suceda esto a otras personas”, dijo Marcos en entrevista en la que hace su denuncia.
Aunque las autoridades tuvieron conocimiento de las denuncias de los migrantes desde hace más de dos meses, estás trascendieron públicamente hace unos días a través de redes sociales.
Nómadas sin Rumbo, una red de voluntarios que trabaja a nivel nacional con personas migrantes y refugiadas, fue quien hizo públicas las denuncias de lo ocurrido en Aposento Alto a través de una publicación en Facebook, a principio de julio.
Sin embargo, el mensaje fue eliminado por el colectivo hace unos días. Se informó que se decidió borrarlo tras recibir amenazas vía mensajes de Facebook de parte de una persona identificada como la hija de la pastora.
En esa publicación se mencionaba el trabajo forzado sin pago tanto para adultos como niños y niñas, retención de personas en el albergue y coerción para firmar un acuerdo de confidencialidad. Además, se acusa al hijo de la pastora de ofrecer metanfetaminas a la población hospedada en el albergue, así como a sus organizaciones hermanas Tree of Hopes y Esperanza para Todos.
“Se realizó una denuncia en las instancias correspondientes lo que llevó a la captura de Néstor Gabriel, el 11 de junio del presente año, pero se le dejó salir por el pago de una compensación se 400 mil pesos. Se desconoce el motivo o el proceso en el que se está”, se declaró en la publicación.
La pastora confirmó que su hijo fue detenido por denuncias relacionadas con posesión de drogas, pero niega haber presenciado tales conductas en el albergue.
Uno de los integrantes de Nómadas sin Rumbo, que radica en Ciudad Juárez y que escuchó de primera mano los testimonios de migrantes presentó una denuncia ante la CNDH que fue confirmada de recibida el 16 de mayo. Su identidad se reserva por seguridad.
Obra de construcción realizada por migrantes en Aposento Alto. Fotografía: Cortesía
En la denuncia ante el organismo de derechos humanos se puntualiza el trabajo forzado sin paga que se dio en el albergue, el lucro con insumos de organizaciones internacionales, coerción al requerir que las personas firmaran un acuerdo de privacidad, generar miedo en los huéspedes de salir del albergue y acusaciones de acoso por parte de uno de los encargados.
Estas denuncias también fueron recibidas por encargados de los albergues a donde los migrantes expulsados de Aposento Alto fueron canalizados. Algunos de ellos aseguran que se hicieron llegar a las autoridades, quienes escucharon de manera directa a las personas.
El Consejo Estatal de Población, que es el organismo estatal que ha apoyado y coordinado a la red de más de 20 albergues en Ciudad Juárez, está al tanto de las denuncias que se han hecho en contra de los encargados de albergue Aposento Alto, se pudo corroborar.
El albergue, que inicio como comedor comunitario, empezó a atender a la población migrante desde hace más dos años y medio, llegó a recibir apoyo estatal en forma de suministros, alimentación y artículos de higiene personal, dijo el coordinador de COESPO, Enrique Valenzuela.
“Desde COESPO estamos pendientes de que se resuelva sobre algunos señalamientos que ha habido en el albergue, para lo cual, previo a brindar cualquier apoyo adicional, necesitamos estar seguros que en este espacio se haga trabajo humanitario y se brinde apoyo a personas en movilidad bajo las condiciones propias”, dijo el funcionario.
Organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también llegó a brindar apoyo humanitario entregando artículos que no son de carácter alimenticio como colchones, mochilas, kits de higiene, así como apoyo del programa de alimentos en el que se entregan monederos electrónicos solo válidos para comprar despensa.
La oficina de la OIM en Ciudad Juárez declaró que desde hace ya más de un año que no hay un trato con este albergue y nunca lo hubo con el albergue Esperanza para Todos.
Hernández, la pastora del albergue, negó haber lucrado con las donaciones que el albergue recibió, pero al abundar en los cuestionamientos de las denuncias decidió no responder más.
La mujer comentó que hace un mes dejó de recibir a personas migrantes que le eran canalizadas por el Instituto Nacional de Migración. Dijo que decidió suspender la recepción de solicitantes de asilo por las condiciones de calor extremo de la temporada.
Actualmente solo aloja a 22 personas, pero llegó a tener a unas 200 alojadas al mismo tiempo, informó.
REGULACIÓN DE ALBERGUES, EL PENDIENTE
Desde el 2019, espacios religiosos como iglesias evangelistas y católicas abrieron sus puertas para dar atención humanitaria a los cientos de migrantes que permanecen en esta frontera. Aunque existen organismos gubernamentales que coordinan la red de albergues y hay presencia de organizaciones internacionales y sociedad civil que dan atención, no hay una regulación de los espacios de acogida ni gubernamentales ni particulares.
En este contexto, en Ciudad Juárez se formalizó una red de albergues llamada Somos Uno por Juárez que cuenta con la participación de 15 de los 23 albergues ubicados en esta frontera, que buscan fortalecer su trabajo y ofrecer mejores condiciones para las personas en movilidad. Los miembros de la red son apoyados por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHÍA) y otras agencias internacionales, con insumos y monederos electrónicos, pero entre los lineamientos es que los espacios de acogida no deben cobrar por los servicios de alojamiento y alimentación que ofrecen.
Un contrato de confidencialidad. Foto: Especial.
Aposento Alto y Esperanza para Todos, que empezó a dar atención a migrantes en el 2021, no son parte de la red Somos Uno por Juárez, dijo la coordinadora Rosa Mani.
En muchos albergues hay roles de limpieza y cocina ya que la gran mayoría del personal directivo y administrativo de los albergues son voluntarios. En algunos también se piden cuotas de cooperación para cubrir servicios no esenciales como lo es el internet, dijo Mani, pero en si una cuota que condiciona la estancia o venta de alimentos y artículos de limpieza no están permitidos.
En el oficio entregado a la CNDH denunciado los tratos que se dieron en Aposento Alto se señala como responsables a instancias de carácter municipal, estatal y federal al hacer caso omiso a estas faltas cometidas en los albergues y “permitir que perdurara la violencia al no tener una regulación adecuada de los lugares en que se atienden a personas vulnerables”.
Específicamente se señala al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud estatal y a nivel municipal al ayuntamiento de Ciudad Juárez, las secretarias de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y de Vialidad y Tránsito.
La decisión fue tomada a través de una votación de cinco a favor contra cuatro en contra; la ley impulsada por el Gobierno de Biden se encargaba de deportar a cualquier persona considerada ilegal dentro de los Estados Unidos sin considerar los antecedentes penales o lazos con la comunidad de las personas.
WASHINGTON, 22 de julio (AP).— La Corte Suprema no le permitirá al Gobierno del Presidente Joe Biden implementar una política que daprioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en EstadosUnidos y que representan el mayor riesgo a la seguridad pública.
La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se alcanzó por cinco votos a favor y cuatro en contra, y en estos últimos la Jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al afirmar que le habrían permitido al Gobierno de Biden implementar la política.
La Corte también anunció que escucharía argumentos en el caso, señalando que lo haría a finales de noviembre.
Es el primer voto público que emite Jackson desde que se sumó al máximo tribunal el 30 de junio después del retiro del Juez Stephen Breyer.
Los jueces dieron a conocer su decisión luego de que el Gobierno solicitara la intervención de emergencia de la Corte tras fallos contradictorios de tribunales federales de apelaciones en torno a una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en septiembre, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se tratara de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Patrick Semansky, AP
La corte federal de apelaciones en Cincinnati revocó este mes la orden de un juez de distrito que suspendía la medida en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda distinta interpuesta por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó la suspensión nacional de la directriz y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
La orden del juez equivalía a “una reforma a nivel nacional de las prioridades policiales del poder ejecutivo impuesta judicialmente”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en una presentación judicial. Prelogar es la principal abogada del Gobierno ante la Corte Suprema.
En su presentación ante el máximo tribunal, Texas y Luisiana argumentaron que la directriz del Gobierno viola la ley federal que requiere la detención de las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que han sido declaradas culpables de delitos graves. Los estados señalaron que enfrentarían costos adicionales por detener a personas que el Gobierno federal podría permitir que permanecieran en libertad en el país a pesar de sus antecedentes penales.
La directriz, emitida después de que Biden asumió la Presidencia, actualizó una política de su predecesor Donald Trump que expulsaba a las personas que se encontraban de forma ilegal en Estados Unidos sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
Dos alcaldes demócratas, de Washington y Nueva York, solicitaron ayuda federal recientemente en respuesta a las medidas implementadas por Texas y Arizona para trasladar a migrantes lejos de la frontera.
Por Claudia Torrens y Morgan Lee
NUEVA YORK, 21 de julio (AP).— Dos gobernadores republicanos de estados fronterizos que están invirtiendo miles de millones de dólares en contener la migración y pasan horas frente a los micrófonos para arremeter contra las políticas del Gobierno del Presidente Joe Biden han encontrado apoyo indirecto de dos fuentes inesperadas: los alcaldes demócratas Muriel Bowser, de Washington, y Eric Adams, de Nueva York.
Ambos alcaldes solicitaron ayuda federal recientemente en respuesta a las medidas implementadas por Texas y Arizona para trasladar a migrantes lejos de la frontera, una práctica que se lleva a cabo desde hace varios meses y que es un viejo truco político, pero con un impacto práctico mínimo.
Aunque los alcaldes critican con dureza a los gobernadores Greg Abbott, de Texas, y Doug Ducey, de Arizona, sus solicitudes de fondos han reforzado los discursos de los gobernadores de que la migración está generando presiones inusuales sobre las comunidades estadounidenses, a pesar de que Adams declaró incorrectamente el martes que los dos estados les están pagando a los migrantes para que vayan a Nueva York.
La alcaldesa del Distrito de Columbia Muriel Bowser. Foto: AP.
La Alcaldesa Bowser, de Washington, dice que los solicitantes de asilo son “engañados” con viajes gratuitos en autobús que no los acercan lo suficiente a sus destinos finales, dejando a muchos de ellos varados en Union Station, cerca del Capitolio federal y la Casa Blanca.
“Este es un tema muy importante”, declaró Bowser el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS.
Ante la presión de brindar apoyo financiero, Bowser asegura que quiere que el Gobierno federal contribuya. El ayuntamiento le informó a la Alcaldesa la semana pasada que los grupos de voluntarios están “agotados y abrumados”.
“Ahora que la frontera ha llegado a la capital del país, nuestra responsabilidad es estar a la altura”, escribieron los miembros del ayuntamiento, al tiempo que reprendieron a Abbott y a Ducey por no mostrar “consideración por las personas que ejercen su derecho humano a solicitar asilo”.
Los republicanos que han criticado fuertemente a la Casa Blanca apenas han podido contener su satisfacción.
“Parece que la Alcaldesa Bowser está empezando a sentir un poco lo que es ser una comunidad fronteriza” bajo la crisis migratoria de Biden, escribieron los integrantes republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “No se siente muy bien, ¿o sí?”
Ducey aprovechó la declaración errónea de Adams de que Arizona enviaba migrantes a Nueva York en autobús, y resaltó que únicamente los estaba mandando a Washington.
“El Alcalde Adams necesita tener bien sus datos y poner más atención a lo que realmente está ocurriendo, porque la seguridad de nuestra nación depende de ello”, escribió en Twitter.
Migrantes caminan por una carretera hacia la salida de Huixtla, en el estado de Chiapas. Imagen ilustrativa. Foto: Marco Ugarte, AP
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló el martes que el Gobierno atendía las preocupaciones de los alcaldes. Dijo que era “vergonzoso que algunos gobernadores usen a los migrantes como herramienta política, como un juego político”.
El estado de Texas ha trasladado voluntariamente en autobús a más de seis mil migrantes a Washington desde mediados de abril, en un momento en que Abbott se proyecta a sí mismo como un contrapeso de Biden en materia migratoria, insistiendo que “toda comunidad estadounidense es una comunidad fronteriza”.
Los traslados en autobús ordenados por Abbott son tan sólo un elemento en una expansión cada vez más enérgica de sus medidas para contener la migración en un terreno que tradicionalmente le corresponde al Gobierno federal. Este mes, Abbott autorizó a las fuerzas estatales a detener migrantes y devolverlos a la frontera entre Estados Unidos y México, donde Texas ha invertido más de tres mil millones de dólares de fondos estatales en un enorme aparato de seguridad, sin lograr frenar el flujo migratorio.
Arizona dice que ha enviado en autobús a mil 151 migrantes a Washington desde mayo. Aproximadamente el 25 por ciento dijo que su destino final era Nueva York, y alrededor del 20 por ciento asegura que Nueva Jersey, mientras que muchos de los restantes se dirigían a Georgia o permanecerían en Washington.
Arizona dice que ha enviado en autobús a mil 151 migrantes a Washington desde mayo. Aproximadamente el 25 por ciento dijo que su destino final era Nueva York, y alrededor del 20 por ciento asegura que Nueva Jersey. Foto: Isabel Mateos, AP
La Patrulla Fronteriza detuvo a migrantes en casi 193 mil ocasiones durante junio, el primer declive luego de cuatro meses consecutivos de incrementos. Esas cifras, que se aproximan a los niveles más altos en dos décadas, muestran el mínimo impacto que han tenido los traslados en autobús en los flujos migratorios.
Estados Unidos ha sido uno de los principales destinos para los solicitantes de asilo a nivel mundial desde 2017, según la agencia de las Naciones Unidas para los derechos humanos, un enorme desafío que ha asediado a Biden, al igual que a sus predecesores inmediatos Donald Trump y Barack Obama.
Un mandato relacionado con la pandemia les niega a muchos de los migrantes la posibilidad de solicitar asilo bajo el argumento de evitar la propagación de la COVID-19, pero el Título 42, el nombre con el que se conoce a la medida, se ha aplicado de forma dispareja. Decenas de miles de personas son liberadas cada mes con permisos condicionales humanitarios o con avisos de comparecer ante un tribunal de migración.
Adams asegura que Nueva York ha experimentado un “notable aumento” de solicitantes de asilo en sus albergues, de unas dos mil 800 personas en las últimas semanas, en una ciudad que está obligada legalmente a brindar ayuda de alta calidad a indigentes. Pidió una investigación sobre si otros estados están enviando a sus solicitantes de asilo a Nueva York.
En la ciudad de Nueva York es común ver a solicitantes de asilo en albergues en lo que se establecen.
Los dos hombres fueron imputados con los cargos de transportar y de asociación delictuosa para transportar ilegalmente a personas migrantes con resultado en la muerte; y de transportar y de asociación delictuosa para transportar ilegalmente a personas migrantes con resultado en lesiones graves.
Por Terry Wallace
San Antonio, 20 de julio (AP).– Dos hombres fueron encausados el miércoles en el caso de un tractocamión en el que se hallaron 53 personas migrantes muertas o heridas en San Antonio, Texas, informaron las autoridades.
Un jurado investigador federal en San Antonio presentó cargos de transportar y de asociación delictuosa para transportar ilegalmente a personas migrantes con resultado en la muerte; y de transportar y de asociación delictuosa para transportar ilegalmente a personas migrantes con resultado en lesiones graves, contra Homero Zamorano Jr., de 46 años, y Christian Martinez, de 28, ambos de Pasadena, Texas.
Los dos acusados permanecen bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta que se lleve a cabo el juicio. El abogado de Martinez, David Shearer, se negó a comentar sobre las imputaciones. El abogado de Zamorano no respondió a una solicitud de comentarios.
Si se les declara culpables por los cargos relacionados con la muerte de las personas migrantes podrían ser condenados a cadena perpetua. Foto: Eric Gay, AP
Si se les declara culpables por los cargos relacionados con la muerte de las personas migrantes podrían ser condenados a cadena perpetua, pero la procuraduría podría autorizarle a los fiscales solicitar la pena de muerte. Los cargos por lesión grave conllevan sentencias de hasta 20 años de prisión.
Se trata de la peor tragedia en cuanto a número de muertes de personas migrantes traficadas a través de la frontera con México. El camión llevaba a 73 personas, y entre los fallecidos había 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños, dijo Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre los fallecidos en el camión había migrantes originarios de los estados mexicanos de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México.
El incidente ocurrió en un remoto camino rural de San Antonio el 27 de junio. Los policías que llegaron al lugar detuvieron a Zamorano después de descubrirlo ocultándose en unos matorrales cercanos, según un comunicado de la Fiscalía federal. Un inspección del celular de Zamorano reveló llamadas con Martinez sobre la operación de contrabando de personas.
Familiares y amigos reaccionan cuando los cuerpos de Jair Valencia, Misael Olivares y Yovani Valencia llegan a la casa de su familia en San Marcos Atexquilapan, estado de Veracruz, México, el miércoles 13 de julio de 2022. Foto: Félix Márquez, AP.
Videos de cámaras de seguridad en un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza revelaron que los rasgos del conductor coincidían con la descripción de Zamorano, según la acusación formal. Uno de los sobrevivientes, una guatemalteca de 20 años, dijo a The Associated Press que los traficantes habían cubierto el piso del remolque con lo que creía era caldo de pollo en polvo, aparentemente con la finalidad de despistar a los perros en el punto de revisión.
Grandes cifras de migrantes han estado llegando a Estados Unidos a últimas fechas, muchos de ellos corriendo los riesgos de atravesar peligrosos ríos y canales, y abrasadores paisajes desérticos. Durante mayo hubo 240 mil detenciones de migrantes, un tercio más que hace un año.
En 2017, 10 personas murieron después de quedar atrapadas dentro del remolque de un camión estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 se descubrieron los cuerpos de 19 migrantes dentro de un camión en el sureste de la ciudad.
Las visas temporales de trabajo no ayudan a quienes huyen de la violencia, el cambio climático, la violencia en razón del género o muchas otras condiciones que desplazan a la población de sus hogares.
Por Parker Asmann
Ciudad de México, 17 de julio (InSightCrime).- Un reciente informe arroja luz sobre la propensión de abuso en los programas de visas temporales de trabajo que ofrecen empleos a obreros migrantes en Estados Unidos, y muestra cómo muchas veces lo que parece una oportunidad económica termina siendo servidumbre y otras formas de trata de personas.
Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, la Línea de Atención a la Trata de Personas del Proyecto Polaris identificó cerca de 16 mil víctimas de trata laboral en Estados Unidos, según un nuevo análisis de datos de la organización no gubernamental dedicada a combatir la explotación sexual y laboral.
Sin embargo, expertos en trata de mano de obra declararon a InSight Crime que estas cifras son apenas la punta del iceberg, y no representan la escala real del problema.
Un grupo de migrantes camina bajo una lluvia ligera al salir de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, México, la madrugada del lunes 6 de junio de 2022. Foto: Isabel Mateos, AP
Entre las visas que con mayor frecuencia facilitan abusos contra trabajadores migrantes se encontraron los tipos H-2A y H-2B. La primera permite a empleadores estadounidenses reclutar migrantes para labores agrícolas por temporada, y la segunda permite la contratación de otras labores de baja remuneración en industrias no agrícolas, como construcción, empacado de carne y paisajismo, entre otras.
La mayoría de las víctimas identificadas con estas visas temporales fueron mexicanos de género masculino. Esto pone de relieve la dependencia desproporcionada de Estados Unidos de la mano de obra mexicana, en especial en labores agrícolas. En el año fiscal de 2021, por ejemplo, los mexicanos recibieron el 93 por ciento de las visas H-2A expedidas por el Gobierno estadounidense y el 75 por ciento de las visas H-2B, según datos oficiales.
Aunque está generalizada la concepción errónea de que las víctimas pueden ser secuestradas o llevadas contra su voluntad, el informe señaló que las víctimas por lo general son contratadas mediante ofertas laborales en apariencia legítimas. Posteriormente, las víctimas son coaccionadas “mediante una compleja serie de métodos diversos, como amenazas, manipulación emocional y coerción económica”.
Se observó que los empleadores controlan a las víctimas principalmente mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coerción, tres elementos claves de la trata de personas. Esto incluyó amenazas de denuncia de los jornaleros ante las autoridades de migración, obligar a las víctimas a trabajar más horas de lo permitido mientras se les retiene su paga y limitar el acceso de los trabajadores a la atención médica en caso de enfermedad o lesión, entre otros métodos.
Un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos espera a un grupo de migrantes nicaragüenses mientras caminan desde Algodones, México, hacia la frontera sur estadounidense para entregarse a las autoridades y solicitar asilo, el 2 de diciembre de 2021. Foto: Felix Marquez, Archivo, AP
Aún así, el Gobierno estadounidense mantiene la gran dependencia de estos programas de visa. En una entrevista entre el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el Presidente estadounidense Joe Biden, celebrada el 12 de julio, este último declaró que su administración “logró un récord” el año pasado con la expedición de más de 300 mil visas temporales de trabajo a los mexicanos.
“Esta es una estrategia comprobada que promueve el crecimiento económico a la par que reduce la migración irregular”, afirmó el Presidente Biden.
Pero lo cierto es que estas visas no disponen de mecanismos de protección y sólo constituyen una alternativa para migrantes de determinado perfil, apunta el informe.
“Debemos asegurarnos de que Estados Unidos brinde recursos y supervisión suficientes para garantizar la implementación de protecciones, empodere y proteja a los trabajadores, y haga responder judicialmente a empleadores y reclutadores abusivos”, señaló Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica frente a la Trata Laboral del Proyecto Polaris.
Familias de migrantes en busca de asilo atraviesan una brecha en el muro fronterizo el 10 de junio de 2021, para llegar desde México a Yuma, Arizona. Foto: Eugene García, archivo, AP
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Este informe pone de relieve la manera en cómo la trata laboral muchas veces ocurre a plena vista en varias industrias importantes.
A pesar de que operan en marcos legales, en algunos casos, empleadores y reclutadores actúan como redes criminales. Un ejemplo de ello fue el llamado caso “Blooming Onion”, conocido en 2021. Los fiscales federales del estado de Georgia acusaron a un grupo transnacional de trata laboral de obtener ingresos ilegales por US$200 millones mediante la explotación de docenas de migrantes mexicanos y centroamericanos que trabajaban con visas H-2A en plantaciones estadounidenses, según los expedientes judiciales.
Al menos dos víctimas murieron como resultado de los abusos infligidos. Otros fueron vendidos como ganado, secuestrados o sometidos a amenazas de muerte por parte de la red, explicaron los fiscales en el acta de imputación.
“La regulación actual que rige estos programas de visas temporales, permite operar con impunidad casi absoluta a empresas criminales”, comentó Rojas a InSight Crime.
El Proyecto Polaris halló que uno de los problemas más grandes que afrontan los trabajadores migrantes que se encuentran en Estados Unidos con estas visas es el “desequilibrio de poder” creado por el actual sistema. Los trabajadores están atados al empleador que los patrocinó para recibir la visa. Pueden ser denunciados a las autoridades de migración, detenidos y deportados si intentan buscar otro empleo.
Esto dificulta cada vez más la identificación de la trata laboral, en particular cuando los trabajadores se encuentran aislados en zonas rurales y en lugares de trabajo con un estricto control. Cuando las condiciones de esos lugares degeneran en explotación, las víctimas temen denunciar aún si tienen acceso a los recursos necesarios para hacerlo. Si son despedidos y deportados, no sólo pierden la posibilidad de sostener a sus familias, sino que además corren el riesgo de ser incluidos en una lista negra por los reclutadores para futuros trabajos ofrecidos por empleadores estadounidenses.
“Las víctimas de trata no se identificarán como tales si están bajo amenaza”, señaló Rojas. “Si la amenaza está presente, es improbable que denuncien porque el diseño actual del sistema no les ofrece alternativas seguras”. Pero con los ingresos que los reclutadores locales reciben según el número de trabajadores que puedan reclutar, combinados con la continua demanda de trabajadores migrantes por parte de los empleadores estadounidenses, no hay escasez de aspirantes a esas plazas. Eso pone a muchos trabajadores mexicanos y centroamericanos en una posición vulnerable a la explotación.
Un total de 23 personas migrantes han sido repatriadas para poder ser veladas por sus familiares en territorio mexicano, en tanto que las últimas dos cuyas familias solicitaron el apoyo del Gobierno para su traslado llegarán este viernes a México.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– El tercer vuelo de cuatro programados llegó este jueves al Aeropuerto Internacional de Toluca con los restos de siete personas migrantes que fallecieron dentro de un tráiler de carga abandonado en las afueras de San Antonio, Texas.
El avión de la Fuerza Aérea repatrió los cuerpos de dos personas originarias de Veracruz, tres de Guanajuato, una de Chiapas y otra de Oaxaca, cuyos cuerpos serán trasladados hacia sus lugares de origen para que sean entregados lo antes posible a sus familiares.
El último vuelo trasladará este viernes los dos cuerpos restantes de las 25 personas fallecidas, cuyos familiares lo solicitaron, mientras que los 16 que arribaron ayer ya están en sus respectivos lugares de origen.
Los esfuerzos de repatriación, coordinados por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, se dan después de que el pasado 27 de junio fueran encontrados los cuerpos sin vida de al menos 46 migrantes un tráiler abandonado en las afueras de San Antonio, en Texas, Estados Unidos.
Las personas que se encontraban en el tractocamión formaban parte de un presunto intento de contrabando de migrantes, el cual es actualmente investigado por la Fiscalía General de la República mexicana en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los primeros migrantes mexicanos que fallecieron asfixiados en un tráiler abandonado arribaron al territorio este miércoles, donde sus familias los recibieron para empezar los ritos funerarios y despedirlos.
Por Félix Márquez
SAN MARCOS ATEXQUILAPAN, México, 14 de julio (AP) — Después de días de preparativos y de juntar donativos para los funerales, San Marcos Atexquilapan, una comunidad de montaña del este de México, comenzó el jueves a velar a tres muchachos que murieron en un tráiler en San Antonio, Texas, hace dos semanas junto a otros 50 migrantes.
Con velas, canciones populares que tocaba una banda local y pétalos de flores blancas que lanzaban al paso de las carrozas fúnebres, varios cientos de habitantes del lugar y de otros poblados vecinos recibieron en la madrugada los cuerpos de los hermanos Jaír y Yovani Valencia Olivares, de 19 y 16 años, y su primo Misael Olivares, también de 16.
A su vez, la mañana del jueves llegaron a la localidad de Cerro Verde, en el municipio de San Miguel Huautla del estado sureño de Oaxaca, los restos de Javier Flores López para ser velados en una pequeña capilla del poblado donde se concentraron su madre, hermanos, su esposa y otros familiares.
Familiares y amigos reaccionan cuando los cuerpos de Jair Valencia, Misael Olivares y Yovani Valencia llegan a la casa de su familia en San Marcos Atexquilapan, estado de Veracruz. Foto: Félix Márquez, AP.
Flores López, quien vivió en Ohio y trabajó en una empresa de construcción junto a otros familiares, volvió a México para visitar a su esposa e hijos y encontró la muerte cuando intentó en junio retornar a Estados Unidos.
Escenas similares se repetían en otros puntos de México adonde en las últimas horas llegaron los cuerpos de 16 de las víctimas del peor suceso vinculado al tráfico de migrantes que ha tenido lugar en territorio estadounidense.
Entre la tarde y noche del miércoles llegaron al país dos vuelos de las Fuerzas Armadas mexicanas procedentes de San Antonio con los restos mortales de 16 víctimas. La Cancillería informó en un comunicado que el jueves habrá al menos un vuelo más para completar la repatriación de 25 de los 26 mexicanos fallecidos en Texas a pedido de sus familias.
En la tragedia perdieron la vida además 21 guatemaltecos y seis hondureños, cuyo traslado a sus países también se espera que sea pronto.
Familiares rodean los ataúdes con los restos de Jair Valencia, Misael Olivares y Yovani Valencia en la casa de su familia en San Marcos Atexquilapan. Foto: Félix Márquez, AP.
Varios eran adolescentes, como los primos Olivares, que serán enterrados el viernes. Su despedida congregó a cientos de personas de esa zona de la sierra veracruzana porque los jóvenes jugaban en un equipo de fútbol local y eran muy conocidos.
“No lo puedo aceptar”, susurró Yolanda Valencia, la madre de los dos hermanos, mientras esperaba la llegada de los féretros. Los cuerpos fueron recibidos de madrugada en la entrada del pueblo por familiares y amigos y llevados a hombros hasta la casa del abuelo, donde se instaló el velorio.
La mujer, casi sin fuerzas, aseguró sin embargo que había que “echarle ganas” a la vida, “tratar de luchar para que los sueños que ellos tenían se hagan realidad… ¿Cómo? No lo sé”, indicó.
Fotografías de Jair Valencia (izquierda), Misael Olivares (centro) y Yovani Valencia, expuestas en un altar. Foto: Félix Márquez, AP.
Sus hijos querían construir una casa y montar una zapatería en este pueblo de alrededor de 1.500 habitantes, que suele estar cubierto por la bruma y donde es tradicional la fabricación de calzado. “Se fueron con muchas metas que no realizaron”, añadió la madre.
Los migrantes fueron hallados el 27 de junio asfixiados y deshidratados dentro de un tráiler sin ventilación a las afueras de San Antonio.
Jair Valencia, Misael Olivares y Yovani Valencia son tres de los migrantes que fallecieron a causa del calor y la deshidratación en un tráiler abandonado por traficantes de personas a las afueras de San Antonio el pasado 27 de junio. Foto: Félix Márquez, AP.
El camión transportaba un total de 73 personas, hombres y mujeres humildes que pagaron miles de dólares a traficantes para ingresar irregularmente en Estados Unidos, donde aspiraban lograr una vida mejor.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses reportaron la detención de cuatro personas: el chofer, de nacionalidad estadounidense, y otros tres hombres. La Fiscalía dijo que dos de los sospechosos, incluido el conductor, enfrentan cargos que podrían suponerles la cadena perpetua o la pena de muerte si son declarados culpables.
Ante el anuncio de la repatriación de migrantes que murieron dentro de un tráiler abandonado en el estado de Texas, miembros de la comunidad veracruzana de San Marcos Atexquilapan han comenzado los preparativos de los servicios fúnebres de tres jóvenes.
Por Félix Márquez
SAN MARCOS ATEXQUILAPAN, México, 14 de julio (AP).— Después de días de preparativos y de juntar donativos para los funerales, SanMarcos Atexquilapan, una comunidad de montaña del este de México, comenzó en la madrugada del jueves a velar a tres de sus muchachos, quienes murieron asfixiados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, hace dos semanas junto a otros 50 migrantes.
Desde el miércoles por la mañana, el pueblo era un trasiego de gente que se alistaba para dar el último adiós a los hermanos Jaír y Yovani Valencia Olivares, de 19 y 16 años, y a su primo Misael Olivares, también de 16.
Las mujeres limpiaban hojas de plátano para los tamales, otras los cocinaban y los hombres acarreaban sillas de unas casas a otras mientras los más jóvenes, amigos y primos de las víctimas, preparaban un mural con sus fotos adornado con flores.
Familiares de tres jóvenes mexicanos, que estaban entre un grupo de migrantes fallecidos a causa del calor y la deshidratación en un tráiler abandonado por traficantes de personas a las afueras de San Antonio, Texas, en junio, preparan un altar antes de la llegada de los féretros. Foto: Félix Márquez, AP
Escenas similares se repetían en otros puntos de México donde el miércoles por la tarde llegaron los cuerpos de ocho de las víctimas del peor suceso vinculado al tráfico de migrantes que ha tenido lugar en territorio estadounidense.
Está previsto que un segundo vuelo de las fuerzas armadas mexicanas procedente de San Antonio llegue al país en la madrugada del jueves con los restos mortales de otras ocho víctimas más. La Cancillería informó en un comunicado que a lo largo del día habría otros vuelos para repatriar a 25 de los 26 mexicanos fallecidos en Texas a pedido de sus familias.
En la tragedia perdieron la vida además 21 guatemaltecos y 6 hondureños, cuyo traslado a sus países también se espera que sea pronto.
Ocho migrantes fueron repatriados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Twitter @arocha221.
Varios eran adolescentes, como los primos Olivares, que serán enterrados el viernes. Su despedida congregó a cientos de personas de esa zona de la sierra veracruzana porque los jóvenes jugaban en un equipo de fútbol local y eran muy conocidos.
“No lo puedo aceptar”, susurraba Yolanda Valencia, la madre de los dos hermanos, mientras esperaba la llegada de los féretros. Los cuerpos iban a ser recibidos de madrugada en la entrada del pueblo por familiares y amigos y llevados a hombros hasta la casa del abuelo, donde se instaló el velorio.
La mujer, casi sin fuerzas, aseguraba sin embargo que había que “echarle ganas” a la vida, “tratar de luchar para que los sueños que ellos tenían se hagan realidad […] ¿Cómo? No lo sé”, indicó.
Familiares y amigos rezan mientras esperan la llegada de los féretros con los restos mortales de Jair Valencia, Misael Olivares, y Yovani Valencia, en el exterior de sus casas en San Marcos Atexquilapan, en el estado de Veracruz, México, el 13 de julio de 2022. Foto: Félix Márquez, AP
Sus hijos querían construir una casa y montar una zapatería en este pueblo de alrededor de mil 500 habitantes, que suele estar cubierto por la bruma y donde es tradicional la fabricación de calzado. “Se fueron con muchas metas que no realizaron”, añadió la madre.
Los migrantes fueron hallados el 27 de junio asfixiados y deshidratados dentro de un tráiler sin ventilación a las afueras de San Antonio.
Fotografías de Jair Valencia (izquierda), Misael Olivares (centro) y Yovani Valencia, expuestas en un altar en su casa en San Marcos Atexquilapan, en el estado de Veracruz, México, el 13 de julio de 2022. Son tres de los migrantes que fallecieron a causa del calor y la deshidratación en un tráiler abandonado por traficantes de personas a las afueras de San Antonio el pasado 27 de junio. Foto: Félix Márquez, AP
El camión transportaba un total de 73 personas, hombres y mujeres humildes que pagaron miles de dólares a traficantes para ingresar ilegalmente en Estados Unidos, donde aspiraban lograr una vida mejor.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses reportaron la detención de cuatro personas: el chofer, de nacionalidad estadounidense, y otros tres hombres más. La fiscalía dijo que dos de los sospechosos, incluido el conductor, enfrentan cargos que podrían suponerles la cadena perpetua o la pena de muerte si son declarados culpables.
Los 26 mexicanos fueron hallados asfixiados y deshidratados junto a decenas de hondureños y guatemaltecos dentro de un tráiler sin ningún tipo de ventilación que fue localizado a las afueras de San Antonio, Texas.
MONTERREY, México (AP) — Un avión de la Fuerza Aérea mexicana arribó la tarde del miércoles a un aeropuerto del centro del país con los cuerpos de ocho de los mexicanos que murieron a fines de junio en San Antonio dentro de un tráiler junto a decenas de migrantes, en la que ha sido considerada la peor tragedia de tráfico de personas ocurrida en la frontera entre Estados Unidos y México.
El coordinador para América del Norte de la Cancillería mexicana, Arturo Rocha, anunció en su cuenta de Twitter la llegada de la aeronave a la terminal aérea de la ciudad de Toluca proveniente de San Antonio, Texas, y precisó que ya se inició el traslado de los primeros ocho cuerpos hacia las localidades donde se encuentran sus familias.
Aterrizamos en el aeropuerto de Toluca.
Hemos entregado los primeros ocho cuerpos que van ya en camino, a encontrarse con sus familiares.
Continuaremos inmediatamente con el siguiente vuelo, que traerá ocho cuerpos más.
Rocha informó que durante la jornada se realizará un segundo vuelo para buscar los cuerpos de otros ocho mexicanos de los 26 que perecieron en la tragedia del 27 de junio.
La Secretaria de Gobierno del estado central de Guanajuato, Libia García, dijo a la prensa que los cadáveres de cuatro habitantes de la entidad que murieron en la tragedia serán trasladados en las próximas horas a sus poblaciones de origen.
García señaló que para el jueves están previstos otros dos vuelos de la fuerza área para proseguir la repatriación de los cuerpos.
Un hombre camina frente al lugar en donde las autoridades encontraron medio centenar de migrantes muertos dentro de un tractocamión, el martes 28 de junio de 2022, en San Antonio. Foto: Eric Gay, AP
Los mexicanos fueron hallados asfixiados y deshidratados junto a decenas de hondureños y guatemaltecos dentro de un tráiler sin ningún tipo de ventilación que fue localizado a las afueras de San Antonio. En el hecho fallecieron 53 migrantes y más de una docena lograron sobrevivir.
De acuerdo con la información aportada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 26 mexicanos fallecidos provenían de los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Querétaro, Morelos y la capital mexicana.
Las autoridades se han comprometido a erogar por completo los gastos de repatriación, traslado a los diferentes estados mexicanos y entierro de los 26 migrantes, en su mayoría de origen muy humilde, que habían ingresado irregularmente a Estados Unidos con la ayuda de contrabandistas en busca de mejores condiciones de vida.
El Gobernador hizo el anuncio dos días después de que exfuncionarios del Gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas exhortaron a Abbott a declarar que el estado está siendo invadido y utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra.
AUSTIN, Texas, 7 de julio (AP/SinEmbargo).— El Gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces irregulares.
El Gobierno federal es el responsable de hacer cumplir las leyes de migración, pero, durante más de un año, Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura.
En respuesta, el Ejecutivo mexicano rechazó el anuncio del republicano de Texas y recordó que “la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del Gobierno federal”, por lo que acusó a Abbott de actuar únicamente en el margen de las campañas electorales en su estado.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores (de México), a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación de estos por parte de las autoridades estatales”, expresó la dependencia en un comunicado.
El republicano Abbott no fue tan lejos como para autorizarle a los policías de Texas ni a los miembros de la Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de los puertos de entrada para dejarlos en México. Eso decepcionó a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Donald Trump, que durante meses han presionado a Abbott para que declare que hay una “invasión” en marcha y les ordene a las fuerzas estatales sacar por la fuerza a los migrantes del país.
Hace una semana, decenas de personas migrantes fueron halladas muertas al interior de un camión de carga abandonado, en las afueras de San Antonio, Texas. Foto: Eric Gay, AP
Pero la medida de Abbott sigue siendo una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la Policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada. También genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuentan para detener y transportar a migrantes, y probablemente enfrente impugnaciones en las cortes.
Los cruces de migrantes se encuentran en su nivel más alto o cerca de él de las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523 mil cruces entre enero y mayo, un incremento en comparación con los 417.000 cruces de ese mismo periodo hace un año.
Abbott ha culpado de ello al Gobierno del Presidente Joe Biden y ha gastado más de tres mil millones de dólares de fondos estatales en un mecanismo masivo de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo de migrantes.
“Mientras los desafíos en la frontera sigan incrementándose, Texas continuará tomando medidas para hacer frente a esos desafíos provocados por el Gobierno de Biden”, declaró Abbott.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron de momento una petición de comentarios.
Un grupo de migrantes camina por el desierto de Altar rumbo a Estados Unidos, cruza por la región fronteriza del corredor Altar-Sásabe uno de los más utilizados por traficantes de personas y una de las zonas más peligrosas por las condiciones climáticas y los grupos antimigrantes. Foto: Mónica González
El Gobernador hizo el anuncio dos días después de que exfuncionarios del Gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas exhortaron a Abbott a declarar que el estado está siendo invadido y utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra. Su plan involucra una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México, sin tomar en cuenta las leyes de migración ni los procedimientos policiales.
La idea existe desde hace años en los sectores más derechistas del Partido Republicano, pero ha cobrado fuerza entre los conservadores desde que Biden asumió la presidencia.
El Centro para la Renovación de Estados Unidos, una institución de investigación de políticas conservadoras encabezada por exfuncionarios del Gobierno de Trump, ha estado impulsando esos intentos, y criticó la orden de Abbott, ya que no pide la expulsión de migrantes.
“Eso es crucial. De otra forma esto sigue siendo atrapar y volver a liberar”, manifestó el grupo en un comunicado.
Las autoridades estadounidenses están deteniendo a migrantes en la frontera sur con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas. Hubo 240 mil detenciones de migrantes en mayo, un incremento de un tercio en comparación con el año pasado.
Las comparaciones con los niveles previos a la pandemia de la COVID-19 son complicadas porque los migrantes expulsados bajo una autoridad de salud pública conocida como Título 42 no enfrentan consecuencias jurídicas, lo que los alienta a volver a entrar.
Las autoridades dicen que 25 por ciento de los encuentros en mayo fueron con personas que habían sido detenidas al menos en una ocasión en el año previo.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el tráfico de migrantes dejó tan sólo en el 2019 una ganancia de aproximadamente 615 millones de dólares, pues siete de cada 10 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estado Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía o “coyote”.
Los Ángeles, 6 de julio (La Opinión).– El actual flujo de migrantes hacia Estados Unidos a través de México no sólo expone un drama humanitario, sino también el tráfico de migrantesque mueve millones de dólares, en el que las personas son tratadas como mercancías y muchas de ellas mueren en el intento.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), en México, se calcula que tan sólo en 2019 las ganancias de los traficantes de migrantes ascendieron a 615 millones de dólares, sin embargo, el tamaño del mercado debe ser mucho más grande.
Rocío González Higuera, titular de la UPMRIP, proporcionó esta cifra durante su participación en el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño Sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, en donde se discutió sobre los desafíos que este flagelo representa para México.
González Higuera afirmó que siete de cada 10 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estado Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía o “coyote”.
Migrantes frecuentemente viajan hacinados en camiones y tráilers para cruzar hacia la frontera norte de México. Foto: Twitter @INAMI_mx
Asimismo, detalló que cada uno pagó, en promedio, cuatro mil 559 dólares, “lo que implica que la mayoría de los cruces están subordinados a una red de tráfico”.
Destacó que en el caso de mexicanas y mexicanos que cruzan de manera irregular, cinco de cada 10 utilizaron algún guía o “pollero”, y el pago promedio fue de cuatro mil 967 dólares.
“Estamos hablando de casi 400 dólares más, la hipótesis es que las redes que usan los connacionales están más consolidadas, por lo tanto, el cruce exitoso es más probable”, dijo.
El negocio de tráfico de migrantes obtuvo ganancias de 615 millones de dólares durante el 2019. Foto: Cuartoscuro.
Señaló que, por todo ello, es necesario “terminar con la corrupción, escuchar a las víctimas, restituirles sus derechos y asegurar que cada acción gubernamental sea a favor de la defensa de los derechos humanos de las personas en contextos de migración”.
México vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó a más de un millón 700 mil migrantes en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
Además, un récord de más de 58 mil personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, un aumento interanual del 14.88 por ciento, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
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