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Autoridades hallan a 82 migrantes, 4 de ellos menores, hacinados en autos en Chiapas

sábado, agosto 27th, 2022

Los migrantes fueron trasladados con las autoridades correspondientes para recibir atención jurídica, médica, psicológica, alimento y agua.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), lograron el rescate de 82 migrantes de origen centroamericano, entre ellos cuatro menores, que viajaban hacinados en dos vehículos por el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

De acuerdo con el comunicado de la SSyPC, las dos camionetas fueron detenidas en las inmediaciones del barrio de Fátima, donde realizaron una verificación migratoria y encontraron a los migrantes.

Los extranjeros fueron rescatados, y las personas que conducían los vehículos fueron detenidas como parte del operativo coordinado con la Policía Municipal.

Cuatro de los 82 migrantes centroamericanos son menores de edad. Foto: SSyPC

De los 82 centroamericanos, hay 18 mujeres, 60 hombres, dos niñas y dos niños, quienes fueron trasladados ante las autoridades migratorias.

Mientras que las dos personas detenidas, Marcelino “N” y un menor de 17 años, así como los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

De manera inmediata, esta institución de seguridad activó el Protocolo de Actuación para Migrantes y Derechos Humanos, otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica, alimento y agua.

Marcelino “N” y un menor de 17 años fueron detenidos. Foto: SSyPC

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1.7 millones de migrantes en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre.

México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131 mil 448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51 mil son haitianos.

Presunto traficante de migrantes muere durante persecución en San Cristóbal, Chiapas

lunes, agosto 1st, 2022

Un individuo identificado como Fernando “N” murió durante la madrugada de este lunes durante una persecución con integrantes de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas; pobladores reaccionaron con protestas tras la muerte del sujeto, quien llevaba a cinco migrantes durante el momento del ataque.

Por Edgar H. Clemente

TAPACHULA, México, 1 de agosto (AP).— Un presunto traficante de migrantes murió durante una persecución de la policía de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en el sur de México, lo que generó protestas y la quema de una patrulla por parte de los pobladores.

La persecución se produjo cuando la policía le pidió al conductor de una camioneta Ford 150 que se detenga y éste siguió de largo el control.

Un funcionario de la Fiscalía, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar el caso, indicó que desde la camioneta hubo disparos contra la policía por lo que los agentes abrieron fuego contra el vehículo y mataron a un presunto traficante de migrantes identificado como Fernando “N”.

En el vehículo viajaban cinco migrantes cuyas nacionalidades e identidades no fueron informadas por las autoridades.

En protesta por la muerte los pobladores de la zona incendiaron una patrulla policial.

La Fiscalía de Justicia del Estado informó en un comunicado que el chofer de la camioneta —identificado como Marcelino “N”— contó que habían recogido a los extranjeros en Comitan de Domínguez, a 100 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Por el homicidio la dependencia abrió una investigación y envió un equipo a la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.

La región de Chiapas es otra de las rutas alternas menos visibles utilizadas por los traficantes de migrantes. La atención mediática se ha centrado en la ruta del Pacífico por las protestas masivas de migrantes a través de caravanas que buscan avanzar hacia Estados Unidos.

“¿Tiene remedio Chiapas? Hay crimen y hasta zapatistas”, tuit de Quadri crea polémica

miércoles, junio 15th, 2022

El legislador del blanquiazul aseguró que en Chiapas existen múltiples problemáticas que le hacen dudar si el estado “tiene remedio”, tales como el crimen organizado, la subversión, municipios zapatistas, una ausencia del Estado de derecho, deforestación brutal y conflictos entre comunidades.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– El Diputado Gabriel Quadri cuestionó si Chiapas “tiene remedio”, después de que el martes circularan varios videos y fotografías en redes sociales de civiles escondidos en supermercados mientras un grupo de hombres armados recorrían las calles de San Cristóbal de las Casas. 

Su publicación generó polémica y críticas de parte de usuarios en redes sociales, pues no es la primera ocasión que el panista habla en contra de los estados al sur de México.

El legislador de Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la entidad sureña enfrenta varias problemáticas, entre ellas el crimen organizado, la subversión, municipios zapatistas, una ausencia del Estado de derecho, sumado a otros.

“¿Tiene remedio Chiapas? Crimen organizado, subversión, municipios ‘zapatistas’, ausencia de estado de derecho, deforestación brutal, pobreza extrema ancestral, conflictos entre comunidades, fanatismo, alcoholismo, extorsión en carreteras, escuelas normales delictivas, cacicazgos”, publicó el excandidato presidencial desde su cuenta de Twitter.

Un usuario le respondió: “Centralizar el enojo del centro hacia Chiapas. ¿Y la Ciudad de México no está llena de crimen?¿Y los estados del Bajío o del Norte?”.

 

https://twitter.com/mrbigotes___/status/1537105133816930304

 

Anteriormente, el legislador ya había publicado en contra de la región sureña. “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente…”, declaró en enero de 2019, lo cual también generó reacciones negativas de ciudadanos en su momento.

ENFRENTAMIENTO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DEJA UN MUERTO

Las críticas de Quadri llegan después de que el martes se reportara un enfrentamiento armado entre varios grupos, así como elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Las personas encapuchadas en la zona portaban armas largas y algunos incluso tenían chalecos antibalas. Según se registró en videos, los grupos armados llegaron a la zona norte de la localidad, cerca del Mercado Norte, alrededor de las 10:00 horas de este martes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles en la mañana que una persona perdió la vida durante una fuerte balacera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde grupos armados se están disputando el control de dicho mercado.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal lamentó los actos de violencia, pero aseguró que ya se está atendiendo para aplicar la Ley y que no haya impunidad.

“Es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado y ya se está actuando”, expresó.

AMLO confirma una muerte por la disputa de un mercado en San Cristóbal de las Casas

miércoles, junio 15th, 2022

El Presidente López Obrador confirmó que se registró una balacera en San Cristóbal de las Casas, en donde ciudadanos se tuvieron que refugiar en interiores durante una hora debido a los ataques de parte de civiles armados.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que una persona perdió la vida durante una fuerte balacera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde grupos armados se están disputando el control de un mercado.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal lamentó los actos de violencia, pero aseguró que ya se está atendiendo para aplicar la Ley y que no haya impunidad.

“Es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado y ya se está actuando”, expresó.

“Desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Es lamentable que existan estos grupos de choque, muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando la Ley y que no haya impunidad”, añadió.

Ayer se registró una fuerte balacera en San Cristóbal de las Casas, donde ciudadanos se tuvieron que refugiar en interiores durante una hora debido a los ataques de parte de civiles armados.

Las personas encapuchadas portaban armas largas y algunos incluso tenían chalecos antibalas. De acuerdo con videos que circularon por redes sociales, los grupos armados llegaron a la zona norte de la localidad, cerca del Mercado Norte, alrededor de las 10:00 horas del martes.

Reporteros locales indicaron que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano llegaron al sitio turístico horas después de los primeros reportes para restablecer la seguridad.

ENFRENTAMIENTO EN TEXCALTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

En el caso del Estado de México, el Presidente López Obrador señaló que se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión. El hecho dejó un saldo de 10 muertos, siete detenidos y cuatro lesionados.

“De acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. También es un enfrentamiento como el que se presentó hace algún tiempo con las mismas características y parece que es parte del mismo grupo”.

Por ello, el mandatario federal informó que el Gobierno del Estado de México ya está investigando. Además, afirmó que su Gobierno tiene que continuar con la misma estrategia, pues aseguró que “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

“Hay muchísima gente que opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión: del diente por diente y el ojo por ojo. Y nosotros pensamos que hay que atender las causas y que eso es lo mejor. Desde luego ayuda todo lo que hacemos, que no se había hecho antes, el trabajar todos los días por la seguridad”, agregó.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) notificó ayer por la tarde el aseguramiento de 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos útiles, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar, así como equipos de comunicación.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Secretaría de Marina (Semar), además de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México participaron en dicho operativo contra el presunto grupo delictivo.

Como resultado del enfrentamiento, tres miembros del operativo de la FGJ resultaron heridos, de los cuales, dos -uno sería de la Marina y otro de la Policía Ministerial- necesitaron ser trasladados a un hospital para su atención médica, sin embargo, se reportan fuera de peligro.

De acuerdo con el informe de la FGJ, el grupo criminal se encontraba “fuertemente armado”, por lo que justificaron el ataque con “el legítimo uso de la fuerza”.

Según los primeros reportes en medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas de este martes, en la carretera Puerta Sultepec-Texcaltitlán, a la altura del poblado de Palo Amarillo.

Grupo armado y locatarios pelean a balazos el mercado en San Cristóbal (FOTOS-VIDEOS)

martes, junio 14th, 2022

Reporteros locales indicaron que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano arribaron al sitio para restablecer la seguridad tras varias horas de la llegada de civiles armados a la zona norte de San Cristóbal de las Casas.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Usuarios en redes sociales reportaron una fuerte balacera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde ciudadanos se tuvieron que refugiar en interiores durante alrededor de una hora debido a los ataques de parte de civiles armados.

Las personas encapuchadas portaban armas largas y algunos incluso tenían chalecos antibalas. Según se registró en videos, los grupos armados llegaron a la zona norte de la localidad, cerca del Mercado Norte, alrededor de las 10:00 horas de este martes.

Los encapuchados se enfrentaron a balazos en el mercado del lugar. Foto: Twitter @isain, Isaín Mandujano

El diario Reforma informó que el enfrentamiento se debería a que el grupo de civiles armados está presionando para lograr un cambio de administración en el mercado.

Los videos permiten ver las armas largas que paseaban los encapuchados a plena luz del día. Foto: Twitter @charly_camacho, Charly Camacho.

Reporteros locales indicaron que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano llegaron al sitio turístico horas después de los primeros reportes para restablecer la seguridad.

Durante el enfrentamiento, usuarios en redes sociales publicaron fotografías y videos de personas resguardándose incluso dentro de supermercados de la zona.

Los hechos ocurrieron este martes en San Cristóbal de las Casas. Foto: Twitter @isain, Isaín Mandujano.

Apenas esta mañana, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, publicó que estaba en mesas de seguridad para fortalecer estrategias para la prevención de delito en la entidad. Además, ayer se desplegaron más de 500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Policías del Estado en los municipios de los Altos para garantizar la seguridad.

Chiapas: Desplazados por el levantamiento del EZLN en 1994 exigen pago de sus tierras

viernes, mayo 27th, 2022

Unas 300 personas que resultaron desplazadas por el levantamiento armado en el estado mexicano de Chiapas en 1994, marcharon para exigir la indemnización de miles de hectáreas invadidas.

San Cristóbal de las Casas, 27 de mayo (EFE).– Unas 300 personas que resultaron desplazadas por el levantamiento armado en el estado mexicano de Chiapas en 1994, marcharon este viernes por las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para exigir la indemnización de 42 mil 900 hectáreas invadidas por el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN).

Los manifestantes caminaron por las calles de la ciudad por poco más de dos kilómetros hasta un hotel donde interrumpieron una reunión de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con maestros indígenas, a la que le exigieron su intervención ante el Gobierno de Rutilio Escandón, actual Gobernador de Chiapas.

“Por más de 28 años nos han mantenido al margen, hemos hablado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos canaliza con el Gobernador de Chiapas para dar solución al problema, sin embargo éste no nos atiende, es por eso que venimos a pedir la intervención de la Cocopa”, señaló Margarita Gamboa Morales, unas de las desplazadas.

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro.

Los manifestantes portaban pancartas con frases como “¡28 años de haber perdido nuestro patrimonio, Justicia!”, “¡Ya basta de mentiras, queremos justicia!”, “¡Basta de apatía gobernador!”, entre otras.

Los afectados señalaron que aunque han pasado casi 30 años todavía recuerdan cómo fueron despojados de sus tierras, es el caso de Víctor López Gómez, indígena tzeltal de Altamirano, quien desertó a un año de participar con los llamados zapatistas.

“Por un año participamos con el EZLN, dijeron que nos regresarían las 400 hectáreas, pero después nos dijeron que ya no porque no teníamos papeles, pero si tenemos la documentación que acreditan la compra desde 1982”, dijo López Gómez a Efe.

De este levantamiento armado, resultaron afectadas cuatro mil personas que continúan presionando sobre la indemnización de las 42 mil 900 hectáreas, ubicadas en tres municipios: Altamirano, Ocosingo y Margaritas, aunque no se precisó el monto.

Las comunidades fueron desplazadas por el surgimiento del movimiento zapatista en enero de 1994. Imagen ilustrativa. Foto: Eduardo Verdugo, AP Foto.

“No estamos pidiendo que se nos pague todo lo que implica este despojo, sólo queremos que se nos pague la tierra”, dijo Jorge Manuel Pimienta Calvo, otro de los desplazados.

El movimiento zapatista surgió el 1 de enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas con el levantamiento de un grupo de indígenas armados liderados por el subcomandante Marcos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dio a conocer el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y constituyó todo un acontecimiento internacional.

Como grupo guerrillero, los zapatistas pretendían luchar contra el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y actualmente, como movimiento político, los zapatistas son muy críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Alto a las guerras capitalistas”, piden zapatistas. Desde 2014 no tomaban calles

domingo, marzo 13th, 2022

Los zapatistas hicieron un llamado a grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en México y el mundo para que se sumen a las manifestaciones y actividades de este domingo, las cuales buscan exigir un alto a las guerras “que el sistema perpetra en todo el mundo”.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/EFE).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchó este domingo por Chiapas para manifestarse en contra de “las guerras capitalistas”, lo que ocurre en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. Esta es la primera vez desde el 2014 que los zapatistas toman las calles.

La movilización que busca exigir un alto a las guerras se llevó a cabo en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y en las comunidades a pie de carretera.

El pasado 9 de marzo, a través de un comunicado, los zapatistas hicieron un llamado a grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en México y el mundo para que se sumen a las manifestaciones y actividades de este domingo.

“Planteamos entonces el arranque de una campaña mundial en contra de las guerras del capital, cualquiera que sea su geografía. Organizar conciertos, encuentros, festivales, reuniones, etc. En fin, las artes contra las guerras”, anunció el Ejército Zapatista.

Marcha zapatista en Chiapas en un imagen de archivo. Foto: Victoria Valtierra, Vuartoscuro.

El EZLN refirió que la guerra no es solamente la que vive actualmente Ucrania, sino también otros países como Palestina, la región de Kurdistán, Siria, el pueblo Mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta “y tantos y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados”.

La última vez que el EZLN tomó las calles fue en octubre del 2014, cuando se unió al Día de la Acción Global por Ayotzinapa, la cual se realizó a cuatro días de que se cumpliera un mes de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero.

Los miembros prendieron velas y se manifestaron a través de pancartas para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes. “Aunque pequeña, nuestra luz será una forma de abrazar a quienes hoy hacen falta y a quienes su ausencia duele”, expresaron en ese entonces los zapatistas, de acuerdo con la agencia Cuartoscuro.

Además, el EZLN hizo presencia pública el 1 de enero de 1994 al tomar por las armas varios poblados del estado suroriental de Chiapas en un conflicto que se alargó 10 días hasta que el Gobierno mexicano declaró un alto al fuego unilateral.

En tanto, desde el mismo 24 de febrero, fecha de inicio de la operación militar rusa, miles de rusos en más de 50 ciudades del país han salido a múltiples protestas en contra de la guerra. Foto: Markus Schreiber, AP.

El Gobierno y el EZLN sostuvieron un diálogo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y pusieron en marcha un proceso de paz que concluyó con los acuerdos de San Andrés en 1996, cuyo incumplimiento llevó a la ruptura del diálogo.

El EZLN ha mantenido su presencia en varias zonas del estado de Chiapas y ha rechazado contactos de diálogo con los gobiernos de los presidentes Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora con Andrés Manuel López Obrador.

La exguerrilla que se levantó en 1994 para reivindicar los derechos de los indígenas ha sido muy crítica con los proyectos de infraestructuras ferroviarias que el Presidente quiere impulsar en el sur del país, como el Tren Maya, y que los indígenas creen que provocarán el “despojo” de sus tierras.

Tortura y fabricación de delitos a indígenas en Chiapas: suman 266 quejas por abusos

viernes, marzo 11th, 2022

Entre 2010 y 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas recibió 266 quejas por abusos y tortura en contra de miembros de comunidades indígenas. De esa cifra, 145 quejas fueron presentadas contra policías estatales, 116 contra municipales y nueve contra elementos federales. Sin embargo, en el mismo periodo la CEDH sólo ha emitido cinco recomendaciones.

Chiapas, 10 de marzo (Border Hub).- En Chiapas, la fabricación de delitos y la práctica de tratos crueles e inhumanos han sido el binomio perfecto en detrimento de la población más vulnerable, los indígenas.

Entre los años 2010 y 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad del sureste mexicano recibió 266 quejas por abusos y tortura en contra de personas de pueblos originarios.

De esta cifra, 145 quejas fueron presentadas contra policías estatales, 116 contra municipales y nueve contra elementos federales, según consta en la respuesta del organismo a una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Pese a la gran cantidad de casos, la CEDH sostuvo en respuesta a otra petición de información con folio 070136421000028, que en ese lapso sólo ha emitido cinco recomendaciones, una en 2016, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado (FGE).

En 2019, emitió dos recomendaciones más que incluían a la FGE, a las secretarías General de Gobierno y a la de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas. En el 2020 emitió otro par a la mencionada Fiscalía, mientras que el año pasado no hubo ni una.

FRANCISCO, EL INDÍGENA QUE “OLIÓ LA MUERTE”

A Francisco Espinosa Hidalgo, indígena tsotsil originario del municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la región De los Llanos, Chiapas, le cuesta escuchar y ver, tampoco puede moverse bien. El 29 de mayo de 2015, entre ocho y nueve policías lo detuvieron y lo torturaron física y psicológicamente.

Francisco Espinosa, indígena tsotsil de Venustiano Carranza, sólo pide justicia. Foto: Christian González, Border Hub.

El hombre, de tez morena, con cabello y bigote entrecanos, apenas había salido de su casa con rumbo a otra propiedad cercana, en donde efectuaría una limpieza y fumigación, cuando “el infierno” comenzó.

Según la víctima, los elementos lo subieron a la góndola de una camioneta blanca, en donde lo colocaron boca abajo, lo pisaron, le brincaron encima, le propinaron puñetazos y patadas y, además, le advertían que la orden era matarlo.

Durante el trayecto hacia Chiapa de Corzo, Francisco estaba casi inconsciente, pero lograba escuchar todo lo que los agentes decían. De hecho, contó, la intención era llevarlo al domicilio de un conocido líder cañero de la zona y excandidato a Gobernador, Jesús Alejo Orantes Ruiz, mejor conocido como “Chus” Orantes, de quien supo, tenía la intención de golpearlo más hasta quitarle la vida, pero la decisión cambió.

Conforme a su versión, uno de los policías insistía en que el “patrón” deseaba que lo llevaran a su casa, pero como fueron vistos por otras personas en el lugar donde lo aprehendieron, desistieron.

En la Comandancia de esta última localidad, situada a 10 kilómetros de la capital chiapaneca, don Francisco fue presentado ante un alto mando policiaco, quien le lanzó una serie de cuestionamientos para inculparlo de un ilícito en el que no incurrió: robo a casa habitación.

Recuerda que, como su rostro estaba cubierto con su propia playera forzado por los agentes, no percibía bien con quién hablaba, sin embargo, tenía que contestar lo que le preguntaban. El comandante le advirtió que tuvo suerte, pues si lo hubieran hallado en el campo, sin testigos, lo hubieran asesinado.

Francisco Espinosa Hidalgo muestra cómo fue sometido por policías durante su arresto en el año 2015. Foto: Christian González, Border Hub.

Por horas, la víctima permaneció en un cuarto pequeño en donde había una mujer de alrededor de 35 años que fungía como secretaría y tomaba nota de la “declaración”.

El comandante insistía en que el labriego poseía armas y que era responsable de lo que lo acusaban. Como Francisco negaba su culpabilidad, dos hombres corpulentos llegaron para continuar con la tortura, pero antes le exigieron que se desnudara.

“Me golpearon como 100 veces en mis hombros, y luego me patearon en la espalda, columna, en mi cadera, ¡y bueno!”, rememora con voz pausada, pues el año pasado fue sometido a una cirugía de próstata, problema de salud que arrastra desde hace al menos una década y que, de acuerdo con él y sus familiares, empeoró con la tortura que sufrió.

CRÓNICA DE DOLOR

El nivel de tortura escaló más alto: el mismo comandante le colocó un envoltorio en sus manos, para obligarlo a confesar que era una bomba: “Me decía: ‘ahora dime qué es eso’, pero no sabía qué decirle”. Como no “cooperaba”, el jefe policíaco amagó con darle toques eléctricos en los ojos.

Sin embargo, casi de inmediato, y enfurecido porque Francisco no abonaba a sus intereses, les ordenó a sus dos ayudantes que continuaran con los golpes y “picotazos”, pero fue con las descargas eléctricas en los ojos, oídos y otras partes de su cuerpo que el hombre, en ese entonces de 67 años de edad, ya no soportó y se desvaneció.

Cuando despertó, ya había sido encerrado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en la ciudad de Cintalapa, a casi 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

EL TRASFONDO DE SU CASO

Con base en la carpeta de investigación, Francisco Espinosa fue señalado de saquear la vivienda de un lugareño identificado como Sebastián de la Torre Gómez, en un hecho supuestamente ocurrido el 21 de marzo de 2015 y en el que estarían involucradas 11 personas más, a quienes también les giraron órdenes de aprehensión.

Sin embargo, en realidad el problema se suscitó porque, tras un acuerdo entre comuneros de no continuar con unas obras de cuartos que les otorgaron como parte de un programa gubernamental, decidieron desconocer a Sebastián como parte del grupo por no respetar el mismo.

Inclusive, esta última provocó una riña en la casa de donde, cada semana los pobladores organizados celebraban juntas en el barrio El Convento para trabajos comunales, como limpiar potreros, reparar alambrados u otras actividades relacionadas al campo.

Por ello, y enojado ―aclara Francisco Espinosa― Sebastián de la Torre confabuló con el Comisariado Ejidal para culparlos del delito porque se molestó que las autoridades de su barrio lo hayan desconocido como parte del mismo, luego de no acatar la orden de no continuar con los trabajos de los cuartos.

Pese a que Francisco no estuvo presente en el desalojo de la vivienda de Sebastián, la acusación por robo a casa habitación no se detuvo y lo llevó a vivir un infierno.

LA PRISIÓN, LA OTRA “TORTURA”

En la cárcel fueron registradas las lesiones que presentaba en el cuerpo, entre ellas, siete cicatrices que se dibujaban en su columna.

Tras estar cuatro meses en el área de enfermería, donde la atención fue precaria, fue cambiado a una celda del módulo conyugal. Para ello su familia pagó 35 mil pesos a uno de los “precisos” o “jefes” que, según la misma víctima, son reos que se dedican a extorsionar a sus compañeros, en contubernio con el director del penal.

Francisco veía complicada su salida del reclusorio, sobre todo cuando aparece Andrés “N”, su abogado de oficio, quien en todo momento puso en duda su inocencia.

En distintas ocasiones Francisco fue movido a otros cuatro o cinco módulos con el mismo procedimiento: sus cuatro hijas se movieron para conseguir otros 80 mil pesos. Era la cuota, no sólo por darle algunos “privilegios” a su padre, sino para que estuviera a salvo, es decir, que nadie lo tocara.

Otila y su hermana esperan que los torturadores de su padre, Francisco Espinosa, sean sentenciados. Foto: Christian González, Border Hub.

Casi tres años después, el 21 de septiembre de 2018, Francisco quedó en libertad porque no le comprobaron el delito. No obstante, cada cierto periodo, tiene que acudir al Juzgado de Venustiano Carranza a firmar, pues su proceso continúa.

Esta situación, cuenta por su parte Otila Espinosa, ha sido tediosa, porque además hay una demanda en contra de dos de los policías torturadores de su padre, pero las audiencias se han postergado con el argumento de que se vive una pandemia.

Tan atrasado va ese tema, dice, que ni siquiera “hay luz verde” con la etapa inicial, y el único que se ha presentado es uno de los imputados por tortura, de apellido Vilchis, mientras el otro, “o se enferma, que le dio COVID, y hasta donde supimos, lo detuvieron, está preso por otro delito”.

AVERIGUACIONES PREVIAS CONTRA SERVIDORES

Por medio de la solicitud de transparencia con el folio 070136721000070, la misma FGE respondió que, de enero de 2015 a noviembre de 2021, inició 256 averiguaciones previas en contra de elementos o servidores públicos señalados por cometer tortura en contra de población indígena.

Es decir, en 2015 registró ocho; un año después sumó 27, para 2017 fueron 29, en 2018 alcanzó 31, en 2019 contabilizó 97, para 2020 otras 35; y de enero a octubre de 2021, fueron 29. En la misma petición, reconoce que sólo 20 de las víctimas son de etnia indígena (en 2015 y 2016 no presenta casos en contra de indígenas).

METAMORFOSIS EN EL SISTEMA PENAL

La Relatoría Especial “Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de Naciones Unidas, detalla que la tortura “se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.

Sin embargo, en el año 2008, la justicia, no sólo en Chiapas, sino en todo en México, comenzaba a dar un giro de 180 grados con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que, a la letra, abonaría en gran medida para acabar con el viejo sistema y las prácticas abusivas de quienes lo conformaban y, sobre todo, dejar de fabricar “presuntos culpables”.

Mientras que para el 2017, entraría en vigor la Ley para Erradicar y Prevenir la Tortura, la cual prohíbe absolutamente esta práctica, la imprescriptibilidad del delito, la inadmisibilidad y la nulidad de pruebas ilícitas, el indulto y amnistía a los perpetradores de tortura que estén procesados o sentenciados, entre otros.

Incluso en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, aunque tiempo después emitió una nueva versión, es decir mejorada.

Este último documento, advirtió Arturo Saldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, es esencial para aquéllos dedicados a la función jurisdiccional, defensa de los derechos humanos, actividad docente, entre otros.

No obstante, mucho antes, el 10 de diciembre de 1984, hubo otro avance en la materia: cerca de 172 países ratificaron la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así también, la fracción VIII del apartado A del Artículo segundo de la Constitución, en el ámbito de la justicia estatal, establece algo importante: “Es la prerrogativa de quienes se autoadscriben como indígenas, que sus especificidades y sistemas normativos, costumbres o derecho consuetudinario sean tomados debidamente en consideración cuando les sea aplicada la legislación nacional”.

Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), agrupación que ha documentado y acompañado desde hace más de tres décadas casos de personas torturadas, considera que, pese al andamiaje legal que se ha construido en torno a este tema, y más aún, el inherente a los derechos de quienes forman parte de los pueblos indígenas, la tortura sigue siendo una práctica sistémica y sistemática.

Pedro Faro Navarro, director del “Frayba”. Foto: Christian González, Border Hub.

Esa práctica ilegal en detrimento de los pueblos originarios, agrega, también se basa en una discriminación profunda, por las desventajas ante el acceso a las posibilidades de defensa y acceso a la justicia.

“Cada caso que hemos documentado, que se trata de pueblos originarios, la mayoría está plagado de violaciones al debido proceso. No se les garantizan los mínimos mecanismos para la defensa”, ataja.

HOMONIMIA O EL PECADO DE SER POBRE

A finales del año 2014, Víctor Hernández Gómez se vio obligado a dejar su tierra, Ocotepec, uno de los municipios con mayor pobreza en la región zoque de Chiapas, para emprender un viaje de trabajo a Oaxaca.

El trabajo en el campo en su pueblo ya no era suficiente para alimentar a su esposa, a su madre y a sus cinco hijos, la mayoría de los cuales presentaban un serio problema de desnutrición.

Lo que en un principio era motivación, de un momento a otro cambió a tragedia. Una vez que estaba en esa entidad, policías de esa región lo detuvieron porque su nombre aparecía en el sistema como prófugo de la justicia por el delito de un homicidio cometido el 1 de noviembre del año 2000, en agravio de una persona llamada Raquel Guillén Santiago.

Víctor Hernández logró su libertad, pero regresó a su realidad: la pobreza. Foto: Cortesía vía Border Hub.

Víctor, cien por ciento hablante de su lengua materna, el zoque, nunca entendió lo que ocurría, pues el español era un lenguaje lejano para él; de hecho, una vez que fue puesto en manos de la justicia chiapaneca, no se le proporcionó un traductor que le explicara sobre el homicidio ocurrido en la localidad de Villacorzo, Chiapas.

Francelia Estrada Valdez, abogada sinaloense especialista en derechos humanos tomó su caso sin titubear y de inmediato descubrió que al indígena le habían violado todos sus derechos.

En primer lugar, evidencia la litigante, se cometió un grave error: la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy FGE, provocó que lo mantuvieran un año y ocho meses en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 8 de Villaflores.

La segunda advertencia argumentada por ella, es que el propio papá de la víctima, ejecutada de cuatro disparos con un arma de fuego calibre .22, aseguraba que Víctor, el indígena zoque, no era el responsable del crimen, sino que el verdadero asesino estaba identificado, y se llamaba Víctor Manuel Hernández Gómez, originario de Villacorzo.

“Batallé mucho para comunicarme con él. Me decía que lo único que sabía es que estaba ahí porque el Ministerio Público lo había acusado”, recuerda.

La abogada Francelia Estrada muestra la hoja que declara en libertad a Víctor Hernández, su defendido en 2015. Foto: Christian González, Border Hub.

Desde que fue detenido, a Víctor no le brindaron una defensa adecuada, pues los abogados de oficio que le designaron no investigaron casi nada.

Francelia Estrada argumenta que tuvieron que dar muchas vueltas y hacer “un abanico” de trámites: apelar, acudir a la CEDH, al hoy extinto Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), e incluso ampararse luego de que le “rebotaran” la apelación (la cual le aceptaron después). En medio de ese vaivén legal, la Procuraduría se desistió de la acción penal.

“Lo que hace (la Fiscalía General del Estado) es que, cuando ve que no existen elementos, entran al estudio del expediente y el MP (también) se da cuenta que no existen elementos para culpar a una persona, entonces, como una alternativa, se desisten”, reafirma.

Pese a que Víctor logró su libertad, el daño era irreparable. Además, confiesa la abogada, no se trató de una sentencia absolutoria que, para ella, sería un procedimiento más limpio.

Otra cuestión que también pone “en tela de juicio” es que, si el padre de la víctima identificaba al victimario, por qué aún la FGE no investiga sobre su paradero y lo detiene.

En casi seis años, la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició 256 averiguaciones previas en contra de servidores públicos por cometer tortura en contra de población indígena. Foto: Christian González, Border Hub.

“No sabemos si ese expediente se fue a archivo, si ese expediente tiene un archivo definitivo o un archivo temporal. No sabemos si se sigue investigando, no sabemos si lo tomaron como prescripción; no sabemos absolutamente nada”, reconoce Francelia Estrada, quien lamenta que durante este proceso ella fuera víctima de amenazas de muerte y acoso, sobre todo, por Internet.

De acuerdo con la abogada, la tensión era constante, pues estaba consciente de que había tocado “fibras sensibles” del sistema, y que ella en ese momento era como una “piedra en el zapato”.

Tras salir de prisión, Víctor lo único que quería era estar en paz, trabajar y pagar las deudas que se le habían generado durante el lapso de encierro.

Según la especialista en derecho penal, el indígena zoque estaba destrozado en la cuestión mental.

A pesar de todo, hubo algunos avances en su caso. Aunque en una primera ocasión la CEDH desestimó que hubo violaciones a sus derechos humanos, luego reculó y emitió una recomendación. Incluso, Víctor aún está “en lista de espera” en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas para que le resarzan el daño.

Tras año y medio de cárcel, Víctor Hernández se volvió a reunir con su familia. Foto: Cortesía vía Border Hub.

Además, y de forma discreta, se le ofreció una disculpa pública en su municipio, lo que para su abogada no fue una acción válida; “se agradece y todo, pero acá le corresponde al Estado”, revira.

CUANDO LA JUSTICIA SE APLICA CON SANGRE

De acuerdo con el informe del “Frayba” denominado “Romper el miedo”, que contempla cifras de 2018 al primer semestre de 2019, existe un registro de 98 casos de tortura distribuidos en poco más de 25 municipios. De esa cantidad, advierte, 48 correspondían a pueblos indígenas, la mayoría tseltales y tsotsiles.

En datos proporcionados por su director, Pedro Faro, se admite que sólo en el 2021 sumaron otros 30 casos (más otros 30 vigentes que atendían en ese momento).

De hecho, señala, todos ésos tienen potencial de litigio, “pero lo complicado es que tendríamos que tener un bufet jurídico nada más para litigar los casos de tortura”.

Pedro Faro Navarro, director del “Frayba”. Foto: Christian González, Border Hub.

FALTA DE TRADUCTOR O INTÉRPRETE

De los más de cinco millones de ciudadanos que habitan en Chiapas, cerca de un millón 141 mil pertenecen a poblaciones indígenas.

Esta cifra coloca a este estado entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a mayor población indígena. Asimismo, se desprenden una docena de lenguas, cada una con sus diferentes variantes: mame, ch’ol, chuj, lacandón, tojolabal, tseltal, tsotsil, zoque, kanjobal, kakchikel, jacalteco y mochó.

El desconocimiento del español se suma a la imposibilidad de acceso a la justicia de este sector. Prueba de ello, es que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo cuenta con nueve traductores o intérpretes en tseltal, tsotsil, tojolabal y cho’l, por lo que prácticamente quedan relegadas ocho lenguas y, por si fuera poco, sus respectivas variantes dialectales.

El organismo que padece aún más esta situación es la propia CEDH. Según Graciela Guadalupe Velasco Cordero, directora de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de esa instancia, para recibir las quejas o denuncias solamente cuenta con una psicóloga que habla el tseltal.

Pese a estas limitantes, considera que, como organismo autónomo tratan de mantener una comunicación clara con la víctima desde el primer momento, “porque a veces ellos no saben que fueron víctimas de una tortura; saben que fueron golpeados, pero no saben el término”.

Graciela Velasco Cordero, directora de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la CEDH. Foto: Christian González, Border Hub.

Para darles una atención completa, añade, “se piden dictámenes, se checa la carpeta o el registro de atención, o la carpeta de investigación o lo que haya sucedido, para poder integrar este expediente”.

CARENCIAS Y ABUSOS

Ramiro Gómez, periodista originario del municipio zoque de Copainalá, lamenta que en esas instancias no se les dé importancia a los pueblos originarios, y más cuando se trata de acceso a la justicia.

Él habla zoque y español, por lo que desde 2010 ha acompañado al menos una docena de casos de personas que tienen que enfrentarse a distintos problemas, desde penales hasta agrarios, y se ha dado cuenta de que a los indígenas “los tratan como quieren”.

De hecho, Ramiro fue de mucha ayuda para la abogada Francelia Estrada durante el proceso penal de Víctor Hernández Gómez, encarcelado por un “error por homonimia”, pues con la ayuda del periodista lograron tener una buena comunicación para alcanzar su libertad.

Según Gómez, ha vivido en carne propia esta carencia de intérpretes, pues él solo sirve de apoyo en algunos casos que le solicitan del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sabe que para esta labor debería de haber traductores certificados y suficientes, “porque sólo en la lengua zoque sabemos que cuenta con siete variantes”.

Afirma que se requiere profesionalizar a los pocos traductores certificados que hay, también está consciente de que es imperioso sensibilizar a quienes imparten justicia.

“Muchas veces me han tocado casos, la verdad, difíciles, pero uno no puede interferir porque nos tienen para apoyar en la traducción, interpretar, no te apoyan para inferir o algo. Pero sí, veo, por ejemplo, a algunos jueces o ministerios públicos o personal del MP, que toma la declaración y a veces, al declarante le dice ‘eso no va’, cuando tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, que quede plasmado en un documento”.

Y agrega, “le toma la declaración, (pero de) lo que me he dado cuenta, a veces, es que omiten ciertas declaraciones; ¿por qué?, porque siempre hay intereses, ¿no?, no sé si personales o no personales, pero sí los hay”.

CASI EL 20 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN EN CÁRCELES DE CHIAPAS ES INDÍGENA

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, en la actualidad hay cuatro mil 672 personas privadas de su libertad en la geografía chiapaneca, de las cuales, 902 son de extracción indígena, distribuidas en 13 centros penitenciarios y un Centro Estatal Preventivo.

Además, la dependencia advierte que, de enero de 2010 a diciembre de 2021 sí ha aumentado la población indígena en los penales, aunque no especificó en qué porcentaje.

Adrián Gómez Jiménez estuvo en el lugar y en el momento menos indicado. El 3 de febrero de 2004 viajaba sobre la carretera del municipio de San Juan Chamula, a la altura de la comunidad Saclamantón, cuando un coche compacto gris, marca Sentra, le cerró el paso al taxi en el que se trasladaba acompañado de otras tres personas con las que trabajaba en una obra en San Cristóbal de Las Casas.

Adrián Gómez saldrá de Chiapas en busca de mejores oportunidades y, sobre todo, de dinero para “levantar” su casita. Christian González, Border Hub.

Del vehículo Sentra descendieron cuatro sujetos que se presentaron como agentes (la víctima no especifica si eran municipales, estatales o federales) que los inculparon de haber secuestrado a una persona llamada Gerónimo, cuyo carro fue hallado a poca distancia de donde estaban, con rastros de sangre.

En realidad, dice Adrián, lo que ellos fueron a hacer a Saclamantón era buscar a un curandero para que aliviara a la mamá de Agustín, uno de sus amigos.

Según él, luego del término de su jornada laboral, decidieron acompañarlo para que no fuera solo, pero por desgracia el “chamán” no estaba en casa, por lo que no quisieron esperarlo y casi de inmediato emprendieron el regreso.

LO AMENAZAN CON QUEMARLO

Sentado en una silla de madera a las afueras de una galera improvisada que en cualquier momento podría venirse abajo, el indígena tsotsil originario del paraje Romerillo, de esa misma localidad chamula, recuerda que fueron llevados a la cárcel municipal donde un Juez local los interrogó uno por uno, en un cuarto pequeño.

Como él negó en todo momento saber de lo que lo inculpaban, otros agentes que estaban en ese lugar lo golpearon. Luego le mostraron una garrafa de gasolina, “mira, si no hablas, ya sabes lo que te va pasar, te vamos a quemar”, era la advertencia. Pero Adrián se mantuvo firme en su verdad.

Como no confesó, un grupo de “mayoles”, como se les conoce a los policías de ese lugar situado en la región Altos de Chiapas, quienes portan un cotón de lana gruesa blanco y un marro de madera, lo llevaron a la base de la Policía Sectorial de la Unidad Administrativa en San Cristóbal de Las Casas, donde estuvo cerca de una hora.

Luego de hacer unos trámites en ese lugar, las mismas autoridades chamulas reiniciaron su traslado, tomando hacia la carretera vieja que conduce a Tuxtla Gutiérrez, donde policías judiciales ya los esperaban. Ellos se lo llevaron detenido.

Aunque en un principio Adrián fue arrestado por el secuestro de una persona, cuando lo presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado en Tuxtla Gutiérrez, casi a la medianoche de ese mismo día, le cambiaron su situación legal: ahora era acusado por el homicidio de dos personas identificadas como Roberto Liévano Nájera y Alejandro de Jesús Utrilla.

El indígena tsotsil aún padece las secuelas que le dejó la tortura sufrida en el año 2004. Foto: Christian González, Border Hub.

En esa instancia, continuó el interrogatorio; de hecho, el peón de albañil no entendía todo lo que le decían o de qué lo inculpaban, porque no hubo un traductor.

Como se mantenía firme en no ceder, agentes de esa dependencia de justicia lo llevaron a un cuarto, le vendaron la parte de los ojos y le dieron vueltas para desorientarlo. Cuando Adrián solicitó a uno de esos policías que le mostrara una orden de aprehensión, sólo provocó más molestia.

La respuesta del servidor público fue contundente: “¡Aquí, pinche indio, tú te callas, nosotros aquí formulamos las preguntas, y tu deber es responder!”.

Posteriormente lo colocan en una silla, le amarran las muñecas de ambas manos hacia atrás, lo despojan de su camisa, zapatos, y lo golpearon en costillas, brazos y piernas.

Con la pérdida parcial de los sentidos, Adrián solo alcanzó a escuchar que sus torturadores dijeron “lo dejemos acá, no vaya a ser que se nos pase la mano”.

Aunque pensó que los castigos sólo durarían un día, éstos se prolongaron por 72 horas. El segundo día le envolvieron la cabeza con una bolsa de plástico y, en medio de la desesperación y la asfixia, los judiciales continuaron con el castigo físico.

Lo que no soportó, al tercer día de tortura, fueron los toques eléctricos. “Pusieron agua en el piso, porque pega más con el agua”, cuenta el hombre de 41 años.

Cuando “medio reaccionó”, fue llevado a un escritorio donde le hicieron firmar un documento en el que aceptaba todo lo que le decían, como que había recibido tres mil pesos por el “trabajito”.

“Ya ves cómo era fácil, te hubieras evitado de todos esos problemas”, le dijo uno de los agentes.

Antes de ser trasladado a la hoy extinta cárcel de “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez, Adrián pasó un mes a una casa de arraigo en la ciudad de Chiapa de Corzo, donde debería sanarse de las lesiones provocadas.

COSTÓ SU LIBERTAD, PERO VALIÓ LA PENA LA LUCHA

Ante el cierre definitivo de ese centro penitenciario, fue llevado al CERSS 14 “El Amate”, de nueva creación en esa época, donde permaneció encerrado 14 años.

En ese tiempo, Adrián entendió que la única forma de ser escuchado era por medio de la lucha. Por ello y con otros reos que se decían “chivos expiatorios”, formaron la agrupación “La Voz Verdadera del Amate”.

Una vez conformada la organización de lucha, el indígena tsotsil conoció a Juan Pablo, representante de la organización “Grupo de Trabajo No estamos todxs”, dedicada a velar y defender los derechos de las personas indígenas en situación de cárcel, y tiempo después, también recibió el respaldo del “Frayba”.

Como mantener una lucha representaba un peligro no solo para los directivos sino para otros reclusos, quienes conformaron “La Voz Verdadera del Amate” fueron reubicados a otros reclusorios. Adrián fue llevado al CERSS 5 de San Cristóbal.

En este penal, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, los hermanos Germán y Abraham López Montejo esperan que se les haga justicia. Foto: Christian González, Border Hub.

Sin duda, acepta, fue un intento de apagar sus voces de reclamo. Pero no fue así. En esa prisión, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, junto a los hermanos Germán y Abraham Montejo fundaron “La Voz de Indígenas en Resistencia”.

En 2019, junto a Marcelino Champo y Juan de la Cruz, entre otros reclusos, iniciaron una huelga de hambre demandando que sus expedientes fueran revisados. Después de eso varios quedaron en libertad.

No obstante, el último en quedar libre fue Adrián, el pasado 7 de septiembre de 2021. Libertad absolutoria que logró a través de un amparo, es decir, se reconoció que hubo violaciones a sus derechos, que nunca cometió el delito y además, le regresaron sus derechos políticos. Salió tres años antes de cumplir una condena de dos décadas.

Aunque el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU “alzó la voz” para que le resarzan todos los daños provocados, hasta la fecha, el gobierno chiapaneco se mantiene en deuda con él.

Y pese a que intentó rehacer su vida e incluso, consiguió un empleo en San Cristóbal de Las Casas, donde radica junto a sus dos hermanas, Cristina y Pascuala, la precariedad lo hará buscar mejores oportunidades en otro estado.

“Como ves acá, nuestra casita ya se está cayendo, por eso pienso marcharme, para construir algo digno, que puedan vivir digno”, insiste, quien además, nunca conoció a las presuntas víctimas del delito del que los acusaron.

Lo único que Adrián agradece de todo lo que vivió, fue que durante el encierro, aprendió algunos oficios como: tejer hamacas, elaborar “llaveritos”; aprender a hablar el español y concluir su primaria y secundaria, con lo que podría subsistir.

Pero la situación es más compleja de lo que parece. De los cuatro detenidos en aquel 3 de febrero de 2004, incluido el taxista (quien sólo purgó una pena de 4 años), quien sigue encerrado en el CERSS 5 es Vicente, pero no quiso unirse al movimiento de lucha porque recibió amenazas de los “precisos” o “voceros” (otros reclusos) para que no lo hiciera.

POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES ENTRE “EL CIELO Y EL INFIERNO”

A pesar de que los números entregados través de una solicitud de información por la CEDH, sobre las quejas o denuncias recibidas en contra de servidores públicos por casos de tortura hacia población indígena, que indican que van a la baja en los dos últimos años, la imagen de las corporaciones policÍacas, tanto de los municipios como del estado, sigue en “tela de juicio”.

“Pedro”, como se le llamará a un agente de la Policía Especializada de la FGE de Chiapas, quien aceptó ser entrevistado sobre el tema con el resguardo de su verdadera identidad, advierte que la realidad es otra: siguen siendo, para él, los policías municipales, sobre todo de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, los más violentos o “sucios” al momento de detener a las personas, sean mestizos o de pueblos originarios.

Policías municipales y estatales fueron los que más denuncias recibieron entre 2010 y 2021, según la CEDH. Foto: Christian González, Border Hub.

Según el entrevistado, le genera desconfianza y hasta cierto temor, trabajar en algunos operativos en conjunto con elementos de esa corporación, “ellos hacen detenciones en flagrancia, no como nosotros, por órdenes de aprehensión”.

Si los uniformados municipales observan a una persona en la calle, en estado etílico, la suben a la patrulla y la despojan de todas sus pertenencias, “si bien les va. Si mal les va, hasta les meten sus cachetadas, y ahí las dejan y ya no las ponen a disposición”, dice.

Aunque está convencido de que la tortura no es un tópico que se toque entre sus compañeros de la Policía Especializada, al menos no en la actualidad, deja en claro que al servidor público en Chiapas “no nos conviene violarle los derechos a un ciudadano, porque es más penado violar un derecho que cometer un delito. La penalidad se duplica”.

“Pedro” asegura que nunca ha incurrido en faltas graves, e incluso recuerda que hace como una década fue señalado de haber torturado a unos presuntos homicidas, lo que provocó que la autoridad competente le iniciara un proceso por ese hecho.

Sin embargo, agrega, sólo se trató de una argucia del abogado defensor de los presuntos asesinos de una muchacha, en el poblado Guadalupe, municipio tojolabal de Altamirano, pues intentaba que, con una acusación en contra de un agente por tortura, sus defendidos pasaran menos tiempo en prisión.

En ese caso, las investigaciones arrojaron que “Pedro” no tuvo nada qué ver con los golpes que los imputados presentaban, sino que fueron los mismos familiares de la localidad y los lugareños, quienes los golpearon y estuvieron a punto de lincharlos.

En todo momento “Pedro” expone los conocimientos adquiridos en la práctica de su oficio y en las constantes capacitaciones que ha recibido a lo largo del tiempo, lo que para él, no es común en las corporaciones de las policías municipales, incluso en la misma Guardia Nacional.

Acepta que, a principios del año 2000, cuando aún el sistema penal era “fabricador de culpables”, sí fue testigo de casos de tortura. Vio cómo compañeros utilizaban las vendas para tapar la visibilidad a las personas, o las bolsas en la cabeza para asfixiarlas y que confesaran “a modo”.

José Luis Gutiérrez y César Hernández Feliciano: de la defensa del territorio a víctimas de “municipales”
Cansados de los abusos que, aseguran, las poblaciones tseltales del municipio de Chilón habían sufrido en décadas pasadas por la presencia militar, José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano decidieron organizarse junto a todo el pueblo y frenar la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional.

César y José Luis Gutiérrez, indígenas tseltales, emprendieron hace años una lucha en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Chilón. Foto: Christian González, Border Hub.

De hecho, todos los ejidatarios estaban comprometidos en mantener la paz en sus pueblos. Participaron en asambleas y otras acciones comunitarias, como la del 15 de octubre de 2020, cuando llegaron a la altura del tramo carretero de la localidad Temó, entre los municipios de Ocosingo y Chilón, e intentaron participar en un bloqueo con pobladores y autoridades comunales de los ejidos más grandes, San Gerónimo y San Sebastián Bachajón.

De inmediato, en la escena aparecieron funcionarios de gobierno y policías municipales de Chilón, encabezados por el comandante Melchor Sarahuz, quien es señalado por Luis y César de empezar a calentar el ambiente e inclusive iniciar con las agresiones. De hecho, en el sitio también participaron elementos policíacos ocosinguenses.

Ahí apareció la figura de Pedro Hernández, delegado de Gobierno Municipal, quien se puso agresivo y arrancó la manta de los manifestantes que decía: “No a la militarización del territorio”.

César Hernández Feliciano, originario de la comunidad San Martín Cruztón, perteneciente al ejido San Gerónimo Bachajón, tomaba un pozol, una bebida típica de Chiapas, en una tienda cercana a donde se gestaba el movimiento social, cuando de pronto sintió un garrotazo en la cabeza.

César Feliciano revela que, luego de más de un año de lo ocurrido en el crucero de Temó, hay evidentes daños a su salud física y mental. Foto: Christian González, Border Hub.

Fue aventado a donde estaban más elementos municipales, quienes lo golpearon en varias partes de su cuerpo. “De ahí no me di cuenta cómo me golpearon, cómo me torturaron, no me di cuenta porque prácticamente se me perdió la memoria”.

Por su lado, José Luis Gutiérrez Hernández fue arrastrado alrededor de 50 metros por varios policías de ambos municipios. En el trayecto a la góndola de una camioneta recibió una serie de golpes. La tortura física y psicológica duró alrededor de tres horas

José Luis, padre de cinco hijos, señala con el dedo índice de su mano derecha la cicatriz que se le formó en la cabeza producto de la golpiza, y advierte de otras secuelas: a más de un año y tres meses de ese suceso, no puede caminar bien.

“El dolor sigue aquí en mi espalda; ayer fui al doctor (el viernes 22 de enero de 2022), me puse muy grave desde antier. Me tomaron radiografía; según me dijo el doctor que en una parte del hueso (de la zona de la columna) hay está sangrada”, confiesa el oriundo del ejido Bahuitz Guadalupe, anexo del ejido San Gerónimo Bachajón.

César Hernández Feliciano advierte que, “se me va la memoria, haz de cuenta como que se pone negro todo. Se va todo, se borra todo lo que está. El pecho igual. Porque sí tuve golpes internos. No se vieron moretones, no se vio nada ese día, pero fueron los doctores de ‘El Amate’ los que me dijeron que fueron golpes internos”.

José Luis Gutiérrez señala la cicatriz que le quedó en la cabeza producto de la golpiza que sufrió por parte de policías municipales de Chilón y de Ocosingo. Foto: Christian González, Border Hub.

Según la versión de José y César, todo se originó porque en ningún momento les consultaron sobre si estaban de acuerdo o no con “militarizar” la zona, incluso, el alcalde reelecto, Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, alias “el Xolop”, fue señalado de “brincarse” la opinión del pueblo.

Aunque hasta el momento no está en funciones, el Cuartel de la GN ya fue culminado y se sitúa en el ejido San Sebastián, localidad de Jukultón.

Ese día, José Luis y César fueron trasladados al CERSS 14, “El Amate”, en Cintalapa, acusados por el delito de motín. Sin embargo, a los 15 días obtuvieron la libertad.

No obstante, y pese a las secuelas que presentan, tanto físicas como psicológicas, tienen que acudir cada 15 días a firmar al Juzgado de Distrito con sede en Ocosingo, localidad aledaña.

De hecho, se vieron forzados a dar la entrevista en esta última municipalidad situada en la región Selva de la entidad chiapaneca, debido a que aún están en proceso legal y solo pueden moverse de Chilón hacia ese pueblo.

José Gutiérrez y César Feliciano tienen que viajar, cada 15 días, de Chilón a Ocosingo para firmar en el Juzgado, pues su proceso aún continúa. foto: Christian González, Border Hub.

La Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL), desarrollada en el año 2016 advierte que el 63.8 por ciento de las personas encuestadas refirieron haber recibido agresiones físicas en una o varias de las siguientes formas: patadas o puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual y lesiones con armas.

Además, el 75.6 por ciento de las personas indicó que fueron sometidas a violencia psicológica, mediante actos como: incomunicación o aislamiento, asfixia o sofocación para impedir respirar, entre otros.

EN DUDA, PROTOCOLO DE ESTAMBUL EN CHIAPAS

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 36, el Protocolo de Estambul es una de las vías mediante la cual se puede comprobar la existencia de esas prácticas ilegales.

Este manual, cuyo contenido se basa en un conjunto de orientaciones para la investigación y valoración de la tortura y malos tratos y, de esa forma, sancionar a los responsables, se tiene que aplicar por ley en las investigaciones. No sólo eso, los exámenes periciales tienen que aplicarse conforme al mismo.

No obstante, según especialistas en la materia, en Chiapas este Protocolo es desestimado por las autoridades competentes, principalmente por la Fiscalía Antitortura, dependiente de la FGE.

Jorge Gómez, abogado del “Frayba”, advierte que, sin duda el Protocolo de Estambul es una especie de “talón de Aquiles” de la justicia en Chiapas y añade que, prueba de ello, es que los mismos jueces chiapanecos solicitan a la organización civil efectuarlo.

“Tenemos por lo menos 60 solicitudes de jueces del Poder Judicial del estado de Chiapas (en un lapso de 3 años: de 2017 a 2020), solicitándole al ‘Frayba’, por la incapacidad institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la misma Fiscalía Antitortura, de tener peritos especializados en la aplicación de ese instrumento.

“Es decir, los jueces acuden al ‘Frayba’ y nos dicen: ‘Apliquen el Protocolo de Estambul a estas personas. Y si no se lo aplican, los vamos a multar’. Como si el ‘Frayba’ fuera una institución del Estado, ¿no?

Jorge Gómez, abogado del “Frayba”. Foto: Christian González, Border Hub.

“Nos dicen, ‘es que, pues ya fuimos aquí, y nos dicen que no tienen peritos, y sabemos que ustedes sí tienen peritos’. Y pues eso es alarmante porque, una, nosotros no somos la autoridad, la autoridad debería ser la Comisión Estatal y la Nacional y la Fiscalía Antitortura, y no tienen personal”.

“PELOTEO” PARA EVADIR EL PANORAMA REAL

El Border Center for Journalists and Bloggers intentó conocer, a través de solicitudes de información, cuántas sentencias se han ejecutado en contra de personas indígenas de Chiapas y cuáles son los principales delitos que se les han imputado, en un lapso de enero de 2010 a diciembre de 2021.

Se buscó saber los casos de personas indígenas que en la actualidad están en la cárcel y que aún no reciben una sentencia, además de especificar, por cada año, el número de sentencias emitidas en contra de esa población indígena.

Sin embargo, la instancia a la que se dirigió la solicitud, el Tribunal del Poder Judicial del Estado-Consejo de la Judicatura, argumentó: “Se informa que, de manera estadística, no contamos con una variable que nos indique específicamente si la persona pertenece a una población indígena; partiendo de ese punto importante, no podemos desagregar la información”.

Esta misma petición se le hizo, vía PNT, a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana de Chiapas desde el pasado 14 de febrero, pero la solicitud aún está en estatus de prórroga; tiene hasta el 14 de marzo para contestar.

Este “hermetismo” en la información de las sentencias y otros detalles lo sabe bien Pedro Faro, director del “Frayba”, quien explica que es complicado obtener esos datos porque se carece de un registro público donde el ciudadano pueda consultar y acceder a estadísticas claras.

Lo que como Centro de Derechos Humanos tiene documentado, es que de 2017 a 2021, “digamos, son 121 casos que conocemos de personas que habían dicho que las policías, los fiscales, los operadores de justicia, habían actuado en su contra ejerciendo actos de tortura”.

Revela que a lo largo del tiempo se han dado cuenta de que cuando se acercan al sistema penitenciario, “con cualquiera persona que tú hables, te va decir que es inocente; (los reclusos) ellos mismos dicen que el 90 por ciento que están en el Cereso 5 son inocentes”.

VIOLACIONES A DERECHOS

No hay datos oficiales y no se pueden conocer todas las causas para saber si las personas son inocentes o no, refiere Pedro Faro, por lo que es difícil aseverar de manera tajante estas circunstancias, pero una de las cuestiones que como defensores de derechos humanos les queda claro, “es que en cada caso que nos metemos para analizar, para revisar su proceso judicial, se violan sus derechos en cualquiera de las etapas”.

Para Graciela Guadalupe Velasco Cordero, directora de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la CEDH, por lo regular cuando las personas, incluidas indígenas, son víctimas de tortura, es porque cometieron algún delito o están imputadas como la comisión de algún delito.

“Entonces todo eso, pues nosotros aportamos, o se hace el protocolo, y se aporta como una prueba a favor de ellos y ellas, (es decir) que fueron víctimas de tortura”, puntualiza.

En la actualidad, dice, están por aplicar el Protocolo de Estambul a cerca de 14 casos, según ella, ninguno de pueblos originarios.

En respuesta a ese planteamiento de la mencionada autoridad de la CEDH, Pedro Faro, director del “Frayba”, externó que es aventurado decir si cometieron o no un delito, porque todo eso se refiere a partir de las investigaciones judiciales que debería hacer la Fiscalía.

El problema no es si se cometen o no los delitos, porque todos pueden ser potencialmente hechores o víctimas de uno de éstos, “aquí lo importante son las investigaciones que generen los operadores de justicia de una manera, como marca la ley, respetando los derechos humanos”.

LA RESISTENCIA DE LAS “ÚNICAS” SALIDAS PARA REOS

En 2008, el indígena Alberto Patishtán Gómez marcó un precedente en el CERSS 14 de Cintalapa. Organizó una lucha para exigir justicia en su caso, y de esa manera germinó la organización “La Voz del Amate”. Un lustro después, durante el Gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, recibió el indulto presidencial.

El movimiento del maestro indígena tsotsil, originario del municipio de El Bosque, Chiapas, quien fue acusado y detenido por asesinar a siete policías, generó un precedente de análisis de expedientes, lo que “desempolvó” un cúmulo de violaciones a los derechos humanos y procesales de indígenas.

La lucha inspiró a otros reos, como los hermanos Germán y Abraham López Montejo, originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quienes también fueron “jalados” a esa agrupación y aún tienen la esperanza de salir de prisión, como ocurrió con otro de sus compañeros, Juan de la Cruz, en 2019, tras efectuar una huelga de hambre.

Eva Ruiz y su hija Susana de la Cruz forman parte de un grupo que lucha por la libertad de algunos presos, así como lo hicieron con Juan, su hijo y hermano, respectivamente. Foto: Christian González, Border Hub.

En una visita a este penal, ubicado como a 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, se constató que los hermanos mantienen un campamento de resistencia en un espacio verde conocido como “área especial o encamado”. Desde ahí, auguran que la justicia los voltee a ver y, como a Patishtán, los dejen libres.

Como en los anteriores casos, a Germán y a Abraham también los detuvieron de forma arbitraria. Sucedió el 17 de enero de 2011 en el Parque Central de su poblado. Los agentes nunca les mostraron una orden de aprehensión, también fueron torturados y, para colmo, no hablaban ni un poco el español, solo su idioma, el tsotsil.

Sentado en una casa de campaña cuyo techo está “construido” de cobijas para frenar el frío que cae con fuerza, Germán, vestido de sudadera gris de la marca Nike, pantalón de mezclilla y una gorra negra con el estampado de una Virgen de Guadalupe, recuerda que durante la tortura le enterraron una aguja en uno de sus ojos.

Mientras conversa, de su ojo izquierdo escurren lágrimas por algunos lapsos. Son las secuelas de los tratos crueles a los que fue sometido junto a su hermano, para aceptar un asesinato que no cometió.

Como otros indígenas, a ellos también les pusieron bolsas en la cabeza, pero éstas estaban llenas de agua; asimismo, los acostaron en una colchoneta con agua y los electrocutaron.

En un instante, Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz (mismo que en el 2019 obtuvo su libertad por la huelga de hambre que hicieron en ese centro penitenciario) y quien está presente en la entrevista a los hermanos Montejo, recuerda que los policías que los golpeaban hallaron las credenciales de elector de cada uno e imitaron sus firmas, las cuales estamparon en un documento auto inculpatorio.

Entre otras irregularidades, nunca les facilitaron un intérprete y los mantuvieron 28 días en arraigo en una finca conocida como “Pitiquitos”, en Chiapa de Corzo, donde, al igual que el indígena de San Juan Chamula, Adrián Gómez Jiménez, se tenían que recuperar de las lesiones provocadas.

AÚN LES QUEDAN MÁS DE 60 AÑOS DE PRISIÓN

Por momentos, los indígenas tsotsiles, que apenas superan los 30 años de edad cada uno, se quedan callados, como pensativos, pues saben que su sentencia no es sencilla: les dieron 75 años de encierro.

Con base en la información proporcionada por Susana, los abogados que llevan el caso supieron en su momento, que las autoridades abrieron dos carpetas de investigación donde les otorgaban medio siglo de prisión a cada uno; sin embargo, como solicitaron la apelación, lo que recibieron en respuesta fue un aumento de sentencia.

El tiempo transcurre y la situación es más compleja. Hace un año sus esposas decidieron dejarlos porque se cansaron de seguir en esa búsqueda de su libertad. Pero el golpe emocional para ambos es mayúsculo, ambos tienen tres hijos a los que no ven desde hace meses y sólo los escuchan de vez en cuando, a través de una llamada telefónica.

Abraham, vestido con una chamarra verde, solo habla por momentos; el que más dialoga es Germán, quien se da tiempo de presumir a su mascota llamada “Peluco”, un gallo que logró criar dentro del penal, mismo que, como un perro, obedece a su amo cada que éste le habla.

Ambos hermanos están deprimidos. Saben que será difícil regresar a Pueblo Nuevo Solistahuacán, vivir en sus casas y cultivar café, como lo hacían antes en sus parcelas. La incertidumbre crece porque, coinciden, si obtienen su libertad no sabrán a dónde ir, qué hacer.

Sin embargo, Susana de la Cruz y su mamá, doña Eva Ruiz, interrumpen y advierten, “acá nos tienen, nosotros somos ahora sus familias, y cuando salgan, porque van a salir, se irán a nuestra casa, y de ahí ya vemos qué hacemos, qué buscamos”.

Susana de la Cruz y su madre no han dejado de acudir a visitar a los presos que participaron en esa lucha de “La Voz del Amate”, entre ellos Marcelino, quien está recluido en el CERSS de Comitán y quien también fue parte importante de la lucha.

Susana de la Cruz y su madre Eva Ruiz al momento de salir del penal 5 de San Cristóbal, luego de visitar a los hermanos Abraham y Germán López Montejo. Foto: Christian González, Border Hub.

La libertad de Germán y Abraham podría estar cerca, pues el Colectivo de Trabajo de la ONU emitió un documento, apenas el año pasado y con el apoyo del “Frayba”, para solicitarle al Estado mexicano la libertad de los hermanos, cuyos expedientes están plagados de inconsistencias y abusos.

EL CASO DE JUAN DE LA CRUZ

Tras obtener su libertad, Juan de la Cruz, originario de la comunidad Majomut, municipio de San Juan Chamula, tuvo que salir del país para buscar una mejor calidad de vida, pero sobre todo, un refugio, debido a que las amenazas de muerte aún eran latentes. Su libertad “caló hondo” al sistema, y a los propios familiares de la víctima de homicidio.

Juan, detenido en el 2007 con apenas 22 años de edad, es sobreviviente y víctima de tortura por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado, en ese entonces Procuraduría de Justicia, quienes lo acusaron de homicidio calificado, con sentencia de tres décadas de encierro, sin embargo, pasó 11 años en esa condición sin que se le dictara una sentencia.

Entre las acusaciones también estaba el delito de extorsión, por el cual le dieron cinco años.

Aunque salió libre el 9 de diciembre de 2019, se descubrió que la Mesa de Reconciliación del estado, por medio de la cual el Estado se compromete a estudiar los casos de personas sentenciadas o encerradas durante el viejo sistema de justicia penal, tenía una resolución desde el 2016, en donde le otorgaban la libertad sin que ésta se cumpliera.

Según Susana de la Cruz, no sólo su hermano, también ellos, como familiares y los mismos abogados defensores, vivieron un verdadero calvario. Las amenazas de muerte eran constantes para todo el Colectivo de Familias que acompañaban a sus parientes presos en esa búsqueda de libertad y justicia.

Rememora que desde su detención se sintió el terror. Al menos una decena de elementos policiacos tiró las ventanas y la puerta de su casa, golpearon a su cuñada, quien estaba embarazada y, semidesnudo, subieron a su hermano a una camioneta, donde lo empezaron a golpear en todas las partes de su cuerpo.

El modus operandi de la policía torturadora era el mismo: golpes, el uso de tehuacán con chile en la nariz, introducción de una bolsa en la cabeza, hasta recibir descargas eléctricas.

Cuenta que su hermano, indígena tsotsil, pero que sí hablaba bien el castellano, se desmayó dos veces durante ese tiempo y cuando reaccionó le pidieron dinero. “Le dijeron, ‘bueno, muchacho, si quieres vivir, nosotros te podemos dejar ir, a cambio de que nos des 80 mil pesos’. Mi hermano les dijo ‘yo no tengo esa cantidad; yo soy una persona pobre, que no cuenta con ese recurso’”.

Pero el proceso también se plagó de mentiras. Hubo testigos falsos que aseguraban que Juan y otros tres hombres habían visto cómo tiraban el cuerpo de la persona en La Milpoleta, municipio de San Juan Chamula, cuando en esa ocasión, el indígena tsotsil estaba en Comitán, donde vendía artesanías junto a su madre.

A pesar de que la justicia llegó 13 años después, Susana espera que otros presos logren lo que su hermano y de esa forma tratar de comenzar de nuevo.

RESARCIMIENTO DEL DAÑO, LA OTRA TORTURA

Aunque el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos se establece que la reparación del daño a las víctimas de tortura contempla puntos importantes, como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, no repetición y obligación de investigar, la realidad en Chiapas es más oscura.

Prueba de ello es la nula información en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

En una solicitud de información por medio de Transparencia dirigida a la CEEAV, con folio 072481722000005, sobre cuántos casos de indígenas liberados se tienen registrados a quienes se les debe resarcir el daño tras lograr su libertad, la instancia argumentó: “No se cuenta con la información requerida en razón de que no se conoce el total de personas indígenas liberadas al comprobarse su inocencia en el delito imputado”.

Pese a la negativa, el Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik” advierte que en la actualidad lleva el seguimiento legal del caso de Marcos y Guadalupe, personas tsotsiles originarias de Simojovel, mismas que estuvieron presas 18 años, sin recibir una sentencia.

Eran militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar una declaración autoinculpatoria por haber secuestrado a cinco personas.

Aunque al cumplir 16 años de prisión, ese Centro de Derechos Humanos amparó a los imputados, hubo dilación para liberarlos. Transcurrieron otros tres años.

De hecho, advierte Diego Cadenas Gordillo, director de “Ku’ Untik”, consiguieron una recomendación ante la CEDH por tortura. “Esa recomendación está siendo, ahora tema de tratamiento en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, estamos en espera de la reparación integral de los daños, pero es un tema que pensamos llevar al Sistema Interamericano o a Naciones Unidas, con el relator especial contra la tortura, porque es un tema que siguen viviendo otras personas”.

El también exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, hoy CEDH, manifiesta que, si la CEEAV no puede resarcir el daño, por ley le correspondería a la FGE.

Sin embargo, cree que es complicado porque la CEEAV fue creada alrededor de dos años atrás, y no sólo carece de presupuesto, sino de personal y otras cosas. “Es una instancia minada”, dice.

En ello coincide Pedro Faro, director del “Frayba”, quien asegura que como ese organismo no tiene presupuesto, no quiere reconocer a las víctimas, porque en el momento de hacerlo estaría obligado a garantizar cuestiones de traslados, de salud, “todo lo que se genere de su proceso judicial, también en cuanto a gastos de transporte y demás”.

Oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Foto: Christian González, Border Hub.

“Estela”, como se le llamará a una ex perito forense del CEEAV que prefiere el anonimato, advierte que esta Comisión “siempre ha sido ‘pura pantalla’, porque incluso yo me molestaba porque no tenía nada qué hacer, llegaba y no había chamba”.

Ejemplifica que, cuando laboró ahí durante el año pasado, revaloró muchos casos de víctimas de violencia familiar o de parientes de víctimas de feminicidio, “solo yo atendía 300 casos de estos últimos, pero sólo llegaban a desfilar, y (las autoridades) nunca les dieron seguimiento, por eso digo que esa Comisión de Víctimas es pura pantalla; y, por ejemplo, yo veía que los del ‘Frayba’ llevaban todo en orden sobre víctimas de tortura, pero no prosperaba nada”.

Luego de dejar en claro que las autoridades solo resolvían casos mediáticos, a los que les daban acceso a un fondo económico, recuerda que, durante el año que estuvo ahí, sólo le brindaron apoyo a 16 casos.

CON PRESUPUESTO, PERO SIN VOLUNTAD

A través de la solicitud de información por medio de la PNT, con el folio 070136722000066, se conoció que la Fiscalía Antitortura ha recibido un total de 45 millones 477 mil 610.93 pesos del año 2018 a 2022, los cuales se utilizan en cinco rubros: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y subsidios.

La FGE proporcionó datos a partir de 2018 porque de 2010 a 2017 no existía esa instancia como tal. Incluso, en 2018 aparece como Fiscalía contra la Tortura.

El mayor presupuesto se ha destinado entre el año pasado y el actual, el primero con más de 10 mdp y el segundo con cerca de 11 mdp.

Sin embargo, para Pedro Faro, del “Frayba”, esta instancia no tiene voluntad, “lo que vemos es que esa Fiscalía, en lugar de ser un facilitador para que los casos avancen, porque ellos tienen abogados al respecto (no pasa nada)”.

Incluso, el “Frayba” ha defendido decenas de casos. El año pasado fueron cerca de 16 “que nosotros hemos impulsado, y están truncados ahí, no hay avances”.

En dos ocasiones fueron solicitadas entrevistas al área de Comunicación Social de la FGE con algún encargado de la Fiscalía Antitortura, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta.

Ante este panorama, Francelia Estrada Valdez se cuestiona, “¿quién resarce los daños a estas personas, a Víctor (Hernández, su defendido)?, (porque) sus derechos políticos fueron violentados, sus derechos humanos fueron violentados en todos los ámbitos: alimentario, de salud, de seguridad, de vivienda; pues, de todo. Es un catálogo bastante grande el que podríamos definir al que ellos estuvieron sometidos, y pues, sobre todo, y lo más importante, que tiene un ser humano, su dignidad humana”.

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Autoridades detienen a tres presuntos implicados en el asesinato de Paula en Chiapas

miércoles, febrero 23rd, 2022

Dos de los detenidos serán puestos a disposición del Juez de control de San Cristóbal, mientras que el adolescente será trasladado ante la Juez de Control especializada, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas.

San Cristóbal de las Casas, México, 23 de febrero (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio de una mujer a mano armada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, un caso que ha conmocionado al país porque la mujer le tomó una foto a uno de los agresores segundos antes de que le dispararan.

“Se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Sergio Antonio ‘N’, Rigoberto ‘N’ y el adolescente de iniciales P.L.G.O. por su probable participación en el delito de homicidio calificado en los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas”, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

Como resultado de las acciones de investigación, en las últimas horas, personal de la Policía Especializada, de dichas fiscalías, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de los referidos imputados, por el delito de homicidio calificado “en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Paula ‘N'”, apuntó el comunicado de la Fiscalía estatal.

Los imputados, Sergio “N” y Rigoberto “N”, serán puestos a disposición del Juez de control de San Cristóbal, mientras que el adolescente será trasladado ante la Juez de Control especializada, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas, concluyó el boletín.

De otro lado, en un comunicado del lunes, la Fiscalía estatal señaló la detención de otras dos personas, aunque en este último comunicado no hace referencia a estas dos ni las vincula con el crimen.

La víctima, Paula Ruiz de los Santos, perdió la vida el pasado sábado al tratar de identificar al ladrón de su motocicleta.

Los hechos ocurrieron de noche cuando la mujer terminaba la jornada de trabajo en un hotel ubicado a unas cuadras del centro histórico de esta turística ciudad.

Paula era recepcionista y su hijo fue a recogerla en una motocicleta que minutos después les fue robada por delincuentes.

Cuando la mujer quiso interponerse entre el ladrón y su hijo, el primero sacó una pistola y le disparó en el pecho, falleciendo minutos después.

Un centenar de personas de este municipio manifestaron este lunes su repudio a las autoridades en una protesta en la que exigieron más seguridad.

Fiscalía de Chiapas detiene al presunto asesino de Ana Paula; ella lo fotografió

martes, febrero 22nd, 2022

La Fiscalía estatal señaló que las personas detenidas, junto con la presunta droga y el vehículo robado, fueron puestas a disposición “por los delitos Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud”.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas dio a conocer este martes que se logró la detención de Pedro “N”, presunto responsable del asesinato de Paula Ruiz, en San Cristóbal de las Casas.

Luego de que usuarios de redes sociales pidieran justicia para Paula, autoridades realizaron un operativo en la zona, el cual dejó como resultado a tres personas más detenidas, las cuales fueron identificadas como Sergio Antonio, Rigoberto “N” y Yareli “N”.

La dependencia detalló que Pedro “N” fue detenido junto con Sergio Antonio, en la colonia Las Islas en posesión de un arma de fuego y hierba seca con las características de la mariguana; mientras que Rigoberto y Yareli fueron aprehendidos con presunta droga, entre ellas mariguana y cocaína, así como con la motocicleta robada.

La FGE señaló que los detenidos presuntamente estarían relacionados con el homicidio de Paula y el robo con violencia cometido en agravio de Miguel Alejandro, hijo de la mujer de 41 años.

Por lo anterior, informó que las personas detenidas, junto con la presunta droga y el vehículo robado, fueron puestas a disposición “por los delitos Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud”.

El hecho ocurrió sobre la avenida Crescencio Rosas la noche del pasado sábado, cerca de las 23:00 [hora local], cuando el hijo de Paula fue a buscarla al hotel donde trabajaba como recepcionista.

Según el relato del joven, citado por Debate, él estacionó la moto sobre la avenida y se dirigió a buscar a su madre a su trabajo. Cuando ambos salieron, no encontraron la motocicleta, se pusieron a buscar y vieron a un hombre que se estaba llevando la unidad por unas calles aledañas, donde lo esperaba un presunto cómplice.

Ruiz y su hijo enfrentaron a los delincuentes para exigir que les devolvieran la motocicleta, pero uno de ellos sacó un arma y le disparó a la altura del pecho. La mujer logró tomar la fotografía cuando le estaba apuntando con el arma.

Personas que transitaban por el lugar pidieron ayuda al 911 y elementos de Protección Civil llegaron al sitio para darle los primeros auxilios.

Ruiz fue trasladada al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, donde confirmaron su deceso. Los médicos informaron que perdió la vida antes de llegar al centro de salud la madrugada del domingo.

-Con información de RT

Pasó en Chiapas: El asesino le disparó y la mató. Pero ella alcanzó a tomarle FOTO

lunes, febrero 21st, 2022

La imagen del hombre apuntándole con el arma ha circulado en las redes sociales, donde piden justicia para Paula.

Chiapas, 21 de febrero (RT).– En México, una mujer, identificada como Paula Ruiz, fue asesinada de un disparo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, al suroeste del país.

Segundos antes de ser baleada, Ruiz, de 41 años, tomó una fotografía de su agresor, mientras le apuntaba con el arma. La imagen ha circulado en las redes sociales, donde los usuarios piden justicia para Paula.

El hecho ocurrió sobre la avenida Crescencio Rosas la noche del pasado sábado, cerca de las 23:00 [hora local], cuando su hijo fue a buscarla al hotel donde trabajaba como recepcionista.

Según el relato del joven, citado por Debate, él estacionó la moto sobre la avenida y se dirigió a buscar a su madre a su trabajo. Cuando ambos salieron, no encontraron la motocicleta, se pusieron a buscar y vieron a un hombre que se estaba llevando la unidad por unas calles aledañas, donde lo esperaba un presunto cómplice.

Ruiz y su hijo enfrentaron a los delincuentes para exigir que les devolvieran la motocicleta, pero uno de ellos sacó un arma y le disparó a la altura del pecho. La mujer logró tomar la fotografía cuando le estaba apuntando con el arma.

Personas que transitaban por el lugar pidieron ayuda al 911 y elementos de Protección Civil llegaron al sitio para darle los primeros auxilios.

Ruiz fue trasladada al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, donde confirmaron su deceso. Los médicos informaron que perdió la vida antes de llegar al centro de salud la madrugada del domingo.

PIDEN JUSTICIA

En las redes sociales se posicionó la etiqueta #JusticiaParaPaula para reclamar condena para los agresores, publicando la fotografía que la víctima tomó al delincuente antes de ser baleada.

El Colectivo 50+1, integrado por mujeres políticas, académicas y especialistas de distintas áreas, emitió un comunicado en el que manifiestan su “consternación e indignación” ante este “artero y cobarde” asesinato.

De acuerdo con la organización, Ruiz deja cuatro hijos.

“Hacemos el respetuoso, pero enérgico llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a crear las condiciones de seguridad en Chiapas, que garanticen a las mujeres —como grupo en situación de vulnerabilidad— el ejercicio de sus derecho a la vida y a gozarla libre de cualquier tipo de violencia”, dice el comunicado del Colectivo 50+1.

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La moneda alternativa mexicana que surgió en 2010 ya está presente en 24 estados

sábado, febrero 5th, 2022

Por todo México, la gente utiliza cada vez más Túmin para apoyar a las empresas locales y desafiar las dinámicas capitalistas hegemónicas.

Por Mattha Busby y Clara Haizlett

Ciudad de México, 5 de febrero (OpenDemocracy).– En el sur de México, Itzel Castro se sienta detrás del mostrador de una pequeña tienda artesanal situada en una colorida calle lateral. Recibe a los clientes que miran las estanterías repletas de comida, libros y accesorios. Cuando los clientes pagan, Castro les ofrece el cambio, no en pesos, sino en Túmin.

Túmin, que significa dinero entre los indígenas de la etnia Totonaca, es una moneda alternativa que surgió en Veracruz, México, en 2010. Del tamaño de una tarjeta de crédito, los billetes de Túmin están impresos con vibrantes ilustraciones que varían de un estado a otro. Cada billete de Túmin equivale a un peso, a un minuto de trabajo o incluso a un dólar estadounidense. Es tanto una unidad de cambio como una moneda que viene en billetes de 1, 5, 10 y 20 unidades.

Castro trabaja en una Tienda Túmin en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Es un espacio dedicado a apoyar a los productores locales y a cultivar la conciencia sobre la nueva moneda. Castro vende en la tienda su harina y sus quesos caseros. Es una de las diez tuministas que abrieron el espacio el mes pasado, lo que la convierte en una de las más de 350 vendedoras que utilizan la moneda en la ciudad, de las cerca de 2.500 que hay en todo el país.

Productos en el interior de la Túmin Tienda en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Foto: Clara Haizlett, OpenDemocracy.

Las comunidades de todo México recurren cada vez más a esta moneda alternativa para fomentar la solidaridad en medio de la inestabilidad económica y la inflación provocadas por la pandemia de COVID-19. Actualmente está presente en 24 de los 32 estados de México, con 723 vendedores en el estado costeño oriental de Veracruz y 567 en Oaxaca.

Como los bancos no la reconocen, Túmin no puede acumular intereses, y los usuarios se ven incentivados a hacer circular la moneda, en lugar de acumularla.

Como esta moneda no es aceptada por las grandes empresas, Túmin anima a los consumidores a comprar productos locales. Y como los bancos no la reconocen, no puede acumular intereses, y los usuarios se ven incentivados a hacer circular la moneda, en lugar de acumularla.

“Esta moneda comunitaria no irá a las grandes tiendas transnacionales para no volver nunca más, sino que permanecerá circulando y evitará la escasez en la comunidad”, explicó el académico y activista de Túmin Juan Castro (sin relación con Itzel).

“El objetivo es satisfacer las necesidades de las comunidades permitiendo que los productos y servicios se paguen con Túmin. De este modo, se diversifica la economía y se resta poder al dinero oficial, que ahora es menos necesario”.

Las comunidades de todo México recurren cada vez más a esta moneda alternativa para fomentar la solidaridad en medio de la inestabilidad económica y la inflación provocadas por la pandemia de COVID-19. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

La moneda -que suele utilizarse, aunque no siempre, junto al peso en las transacciones (por ejemplo, pagando la mitad en cada moneda o recibiendo el 20 por ciento de cambio en Túmin)- fue idea de los investigadores de la Universidad Intercultural de Veracruz, que realizaban un proyecto sobre comunidades rurales. Observaron que el crecimiento de los mercados locales del estado de Veracruz se veía obstaculizado por su incapacidad para competir con las grandes empresas.

Los productores de frutas y hortalizas de la localidad veracruzana de El Espinal, en la que viven unos 25 mil habitantes, en su mayoría indígenas, no tardaron en reunirse para imprimir y utilizar Túmin con el fin de hacer frente a la escasez de efectivo y al aumento de los precios.

También buscan estimular las ventas mediante la reducción de los costes. Los tuministas suelen vender a precios más baratos cuando aceptan el Túmin como gesto de solidaridad con los consumidores.

LA MONEDA CONTRA EL CAPITALISMO

Los creadores de la moneda querían oponerse al tipo de capitalismo que extrae y acapara la riqueza. Como era de esperar, el Banco de México, como banco central del país, se opuso frontalmente, argumentando que Túmin era inconstitucional, ya que el Estado tiene el monopolio de la acuñación de moneda y la emisión de billetes.

Los tuministas sostuvieron que estaban protegidos por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a configurar sus economías

Pero los tuministas sostuvieron que estaban protegidos por los derechos que permiten a los pueblos y comunidades indígenas la autonomía para configurar sus economías, y que la moneda no pretendía sustituir al peso. El furor del banco se desvaneció.

Ahora, en algunos municipios, como El Espinal o Papantla, se ha informado que la renta, el agua y otras facturas pueden pagarse -al menos en parte- en Túmin.

El deseo de que Túmin sirva para ayudar a construir un tejido social que favorezca el trueque y los préstamos sin intereses, especialmente frente al crecimiento de la banca electrónica que llegó con la pandemia, es fundamental para sus creadores.

“Cuando empiezan a usar Túmin, dejan de ser clientes y se convierten en socios”, explicó Castro. “Cuando esto sucede, toda la dinámica capitalista se derrumba”.

Los creadores de la moneda querían oponerse al tipo de capitalismo que extrae y acapara la riqueza. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

Añadió que la moneda representa un problema para el Gobierno mexicano, ya que no se pueden cobrar impuestos sobre los beneficios obtenidos en Túmin. La moneda de papel ofrece una alternativa a los modelos económicos centralizados basados en la deuda y representa una especie de retorno a los métodos precapitalistas de trueque e intercambio.

“Es un mercado alternativo que sólo funciona comunitariamente en el espíritu de uno para todos y todos para uno”, dijo Castro. “Es sólo una parte de una nueva cultura que está desarrollando cada vez más estructuras sociales autónomas fuera del control del Gobierno”.

Dijo al periódico mexicano Proceso: “Este proyecto no puede repetir los esquemas del capitalismo; no es una moneda para lucrarse, ni para especular. No es para generar riqueza ni crear pobreza: es una moneda que apoya a la gente, pero no lo resuelve todo. Hay que ser realistas, no es una moneda ideal”.

De vuelta a San Cristóbal de las Casas, la taxista Laura Mendoza lleva casi un año aceptando Túmin. Sin embargo, sólo un puñado de clientes le paga regularmente en Túmin. La mayoría de ellos no sabe nada de la moneda. Esto no es raro. A pesar del número de vendedores que la utilizan ahora, fuera de Veracruz, los tuministas han tenido generalmente dificultades para conseguir que los trabajadores la adopten, ya que se considera perversamente un concepto extraño e incluso ligeramente burgués. Los detractores también sugieren que sería más fácil falsificar el Túmin que los billetes mexicanos.

“Les digo que puedo ofrecer un cambio en Túmin, pero mucha gente no lo quiere”, dijo. “Tienen miedo de algo diferente. O piensan que estoy tratando de estafarlos”.

Túmin, que significa dinero entre los indígenas de la etnia Totonaca, es una moneda alternativa que surgió en Veracruz, México, en 2010. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

Pero cuando la gente se muestra interesada, está encantada de explicarles cómo funciona el sistema y darles el cambio en Túmin. Como consumidora, intenta hacer sus compras en lugares que aceptan Túmin, o contactando directamente con otros tuministas.

“Tenemos un gran grupo en WhatsApp en San Cris”, dice. “Puedo preguntar allí si alguien ofrece un servicio concreto o si alguien vende fruta o verdura”.

El interés va en aumento y Laura está intrigada por el potencial de la moneda – no muy diferente a otros modelos utilizados y experimentados en otras partes del mundo – para fortalecer la economía y la sociedad locales.

“La gente siempre habla de las remesas que entran a México, pero no hablan de las enormes cantidades de dinero que salen del país a través de las grandes tiendas como Walmart”, dijo Mendoza. ” Si queremos reinvertir en nuestra comunidad, Túmin es una necesidad “.

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5 defensores comunitarios de Cuxtitali son agredidos por defensa de Reserva Ecológica

sábado, diciembre 4th, 2021

Las cinco personas fueron detenidas por por elementos de la fuerza pública estatal que resguardaban a dos peritos y una actuaría federal que venían con la intensión de hacer diligencias en la Reserva Ecológica Quenvo Cuxtitali; la zona de conservación está ocupada ilegalmente por habitantes de la Colonia Molino de los Arcos parte Baja.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Cinco personas dedicadas a la defensa del agua y la tierra en Cuxtitali, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron detenidos y agredidos físicamente por su resistencia de defender una Reserva Ecológica ocupada ilegalmente.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” informó en un comunicado que fueron notificados por la Mesa Directiva del Sistema de Agua Chupactíc y del Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali, que cinco de sus integrantes fueron atacados por habitantes de a Colonia Molino de los Arcos parte Baja, quienes habitan de forma ilegal la Reserva Ecológica Quenvo Cuxtitali.

Los cinco defensores, que responden bajo los nombres de Francisco Isidoro López Martínez, quien es Presidente de la Mesa Directiva;  Pedro Saúl Martínez Gómez, Cándido Valentín Mijangos Ruiz, José Ricardo Mijangos Díaz; y Juan Ico continúan bajo la calidad de detenidos, siendo también torturados y maltratados.

Vista satelital del Barrio Originario de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Google Earth.

“La detención arbitraria se dio en el contexto de una inspección que realizaban dos peritos y una actuaría federal, que iban resguardados por elementos de la fuerza pública estatal, con la intención de realizar diligencias oficiales en la zona que está en riesgo de invasión por parte de los grupos que han ocupado zonas de reserva y conservación en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas” dijo La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos en su boletín.

Ante dicha situación, el grupo “Todos los Derechos para Todas y Todos” solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para la garantía de la vida e integridad de los cinco defensores comunitarios; así como los integrantes del del Sistema de Agua Chupactíc y del Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali.

Igualmente solicitaron liberación inmediata y sin condiciones de los cinco detenidos; seguridad garantizada para los habitantes del Barrio Originario de Cuxtitali y “las instancias de representación vecinal que están en defensa de la Reserva Ecológica Quenvo Cuxtitali”.

Finalmente, exigieron una investigación y sanción a los responsables que violaron los Derechos Humanos de los defensores retenidos; al igual que la adopción de medidas urgentes para garantizar el Derecho Humano a un ambiente sano para los habitantes de San Cristóbal de las Casas.

El Gobierno de México condena asesinato del periodista Fredy López Arévalo en Chiapas

viernes, octubre 29th, 2021

El periodista regresaba a su domicilio luego de haber celebrado el cumpleaños de su madre, cuando fue atacado por una persona, que lo esperaba para dispararle y posteriormente huyó.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo/AP/RT).- El Gobierno de México condenó el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el jueves 28 de octubre, quien fue atacado con un arma de fuego al llegar a su casa.

López Arévalo, de 62 años, falleció por disparo de arma de fuego tras ser interceptado por un hombre cuando llegaba a su domicilio en la localidad de San Cristóbal de las Casas a bordo de su automóvil, indicó en un comunicado la Fiscalía General del estado de Chiapas.

El periodista, que regresaba de celebrar el cumpleaños de su madre en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, fue atacado por una única persona, quien lo esperaba agazapado en la oscuridad cerca de su domicilio en la colonia Las Rosas y luego huyó en una motocicleta.

Se llevara a cabo el proceso correspondiente con las autoridades estatales para poder esclarecer el asesinato. Foto: Fredy López Arévalo, Facebook

Mediante sus redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, destacó que las autoridades mexicanas condenaron en asesinato del periodista. Y enviaron sus condolencias a amigos y familia.

Además, afirmó que se llevara a cabo el proceso correspondiente con las autoridades estatales para poder esclarecer el caso.

“El @GobiernoMX condena el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nuestro pésame a familiares y amigos. Se hará todo para esclarecer este caso junto con las autoridades estatales”, expuso en su cuenta de Twitter.

También el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, repudió “el cobarde asesinato” de López Arévalo y aseveró que “ningún delito quedará impune”.

“Condeno enérgicamente el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo. Ningún delito quedará impune, las investigaciones están en curso. Mi solidaridad con su familia y amigos”, dijo Escandón.

La Fiscalía de Chiapas abrió una investigación sobre el caso y efectivos de la policía activaron un operativo en la zona para tratar de localizar al responsable del asesinato.

Horas antes de su muerte, compartió en su cuenta de Twitter una información donde denunciaba el despido de 200 trabajadores de confianza de la Alcaldía de San Cristóbal y la existencia de laudos laborales por más de 22 millones de pesos, que corresponderían a un millón de dólares.

López Arévalo fue corresponsal de varias agencias de noticias extranjeras, editor del diario local Novedades de México, Prensa Libre de Guatemala y Notimex. Durante su carreta cubrió conflictos armados internos y en el extranjero.

También fundó la agencia local Maya Press, que abordaba sucesos en Chiapas e informaba en español, inglés y francés. Fue asesor político y tenía una columna en la Revista Jovel del estado sureño.

Durante los tres primeros años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el país murieron asesinados 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

El periodista Fredy López Álvaro es asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

jueves, octubre 28th, 2021

El reportero Fredy López Álvaro fue asesinado este jueves afuera de su domicilio, de acuerdo con medios locales de Chiapas.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El periodista Fredy López Arévalo, conductor de noticias en la XERA-Radio Uno, fue asesinado este jueves a las 20:20 horas en la puerta de su domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, según reportó la agencia Mural Chiapas.

El reportero trabajaba en Jovel TV y Radio, donde publicaba investigaciones y notas del estado. 

De acuerdo con información extraoficial citada por Chiapas Digital, una persona armado agredió al periodista afuera de su domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE-Chiapas) reportó que, al llegar al lugar de los hechos, encontraron a una persona del sexo masculino con una herida de bala y sin signos vitales. Según la información preliminar, López llegó a su casa a bordo de su automóvil, procedente de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue agredido con un arma de fuego.

La autoridad informó que inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista.

Durante el 2021, el Comité para Proteger a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha registrado siete muertes de periodistas: Benjamín Morales Hernández, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera, Ricardo Domínguez López, Jacinto Romero Flores, Manuel González Reyes y Gerardo Antonio Moreno Aranda. De ellos, la organización internacional confirmó que tres de ellos fueron a causa de su labor periodística.

Desde 2000 a agosto de 2021, la organización Artículo 19 había documentado 142 asesinatos de periodistas en México, 131 hombres y 11 mujeres, en posible relación con su labor.

Desconfianza y negacionismo entre los chiapanecos frena la inmunización masiva

lunes, julio 19th, 2021

Unas 150 localidades pertenecientes a 25 municipios de Chiapas mostraron rechazo total a la existencia de la COVID-19, pues aseguraron que era un invento del Gobierno para manipular a las personas.

Ciudad de México, 19 de julio (EFE).- Con apenas el 21 por ciento de la población adulta inoculada, Chiapas es de largo el estado con un menor nivel de inmunización por la desconfianza de la población indígena hacia la vacunación y una estrategia local criticada por el propio Presidente de México.

Al principio de la pandemia, unas 150 localidades pertenecientes a 25 municipios de Chiapas mostraron un rechazo total a la existencia del coronavirus, alegando que era una enfermedad que los Gobiernos crearon para manipular.

En este sentido, el tema de la vacunación no es distinto, y más de un año después del comienzo de la pandemia los pueblos conformados por mayas tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles, entre otros, no han cambiado de parecer.

Todo ello ha llevado a que Chiapas, uno de los estados más pobres de México, solo cuente con un nivel de vacunación del 21 por ciento en la población de 18 años y más, cuando el país -que suma 2.65 millones de contagios y 236 mil 331 fallecidos- tiene un porcentaje de inoculación del 42 por ciento.

Vacunación de maestros en San Cristóbal de las Casas. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

REMEDIOS PROPIOS

Muchos se resisten a ser inmunizados y prefieren utilizar sus propios métodos de combatir el virus.

Es el caso de don Fernando, originario de San Juan Chamula y 40 años, que mientras vende helados de diferentes sabores con frutas de la región en el centro de San Cristóbal de las Casas, dijo a EFE que no está convencido de la vacuna y todavía no decide aplicarse la primera dosis. Su genética es fuerte, aseguró.

“No me convence, porque se puede mejorar la salud con la alimentación, comer sanamente, no consumir tanta cosa enlatada, tanta grasa y esas cosas. No estoy de acuerdo en contaminar el cuerpo”, indicó el hombre.

A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está realizando un operativo especial de recuperación de cobertura de vacunación contra la COVID-19 para acercar la vacunación gratuita a las comunidades más lejanas de las urbes, la población indígena sigue renuente, pues afirma que han sobrevivido a esta mortal enfermedad a base de la medicina tradicional.

Inicio la vacunación de personas de entre 30 y 39 años en Chiapas. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

Luis Gómez, de origen tzeltal, explicó que en Chanal, su pueblo, no llegó la vacuna anticovid, pero que él tampoco piensa aplicársela de buenas a primeras porque le han dicho que es “fuerte” y además él ya tuvo covid y se curó la enfermedad “con remedios y salí adelante”.

“En Chanal, no se ha escuchado sobre la vacuna anticovid, sé que en San Cristóbal ha llegado, pero no me la he puesto a pesar de que ya me dio, ya la sentí que fuerte es, no acudí al médico me la cure con remedios y salí a delante”.

DESINFORMACIÓN

A pesar de la intensa campaña en las diferentes lenguas que ha emitido el Gobierno chiapaneco, durante este periodo de pandemia los pobladores son bombardeados a diario por WhatsApp y algunos medios de comunicación de información engañosa fomentando la desconfianza en el sector salud y creando una opinión de rechazo hacia la vacuna anticovid.

Además, la población que habita en la zonas rurales muestran más confianza en los centros de salud que las comunidades indígenas, donde muchos se aferran a la fe o continúan en la indecisión.

Una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Foto: José Santís, Cuartoscuro.

Por ello, en las zonas indígenas se ve muy poca gente hacer fila para aplicarse la dosis.

ESFUERZO GUBERNAMENTAL

El bajo nivel de vacunación ha ocasionado divergencias entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal, aunque ambos son del mismo partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“No tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera (vacunarse), es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto de difusión”, explicó la pasada semana el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el rezago en Chiapas.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que se prevé vacunar al 40 por ciento de la población, con un operativo especial de recuperación de cobertura de vacunación contra la COVID-19 en Chiapas.

Desde el pasado 16 de julio la vacunación quedó abierta en zonas rurales para personas de 30 años y más rezagados, mientras que en comunidades lejanas de dificultad de acceso serán vacunados los adultos a partir de 18 años, mediante unidades móviles.

Este fin de semana, fuentes oficiales indicaron que se superó el máximo histórico de vacunación en la región al aplicarse 48 mil 503 dosis contra la COVID-19 en 71 sedes.

Un ligero avance que podría cambiar el rumbo de la vacunación en Chiapas cuando el país padece una tercera ola de contagios que está afectando a los más jóvenes.