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AMLO recuerda cuando Téllez habría revelado sin querer que Salinas robó la “partida secreta”

viernes, abril 26th, 2019

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con 437 votos a favor, en lo general y lo particular, la reforma al artículo 74 de la Constitución Política, en el que se eliminan de manera totalitaria las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Yo estoy totalmente de acuerdo que no esto desaparezca”, dijo esta mañana el Presidente.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que él está de acuerdo en que se desaparezcan las partidas secretas que estaban a disposición del Jefe del Ejecutivo, y recordó cuando Luis Téllez, ex funcionario federal, habló “sin querer” sobre que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari se quedó con una parte de ellas.

López Obrador se refirió a una entrevista del 2 de febrero de 2009, de la periodista Carmen Aristegui, con Diana Pando. En esa entrevista ella revela que Luis Téllez dejó una grabación en su celular en la cual se le escucha decir a otros amigos: “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”.

“Estaba hablando por teléfono con otra persona, y pensó que estaba apagado el teléfono y no queda prendido. Entonces dejó y empezó a comentar de que Salinas se había quedado con parte, con toda no recuero bien de la partida secreta, Luis Téllez, el que había estado creo en Agricultura con él”, dijo.

“Creo que estuvo en un cargo y pues quedó eso grabado y se dio a conocer. Creo que también el ex Presidente Miguel de la Madrid, en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui habló de eso. Sí era usual”, agregó.

La partida secreta consistente en miles de millones de dólares del presupuesto federal mexicano que está a disposición del Presidente en turno.

“Yo estoy totalmente de acuerdo que no esto desaparezca”, dijo esta mañana el Presidente.

Reveló que la entonces Subsecretaria Purificación Carpinteyro fue quien tenía las conversaciones. Ella alegó que las había recibido del presidente de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna.

Carpinteyro fue destituida del cargo y denunciada por Luis Téllez. Posteriormente sería candidata a la Jefatura de Gobierno de la capital.

Destacó que “Pablo Gómez, que es el que promueve ahora esta iniciativa de cancelación de las partidas secretas, desde hace muchos años viente tratando este asunto”.

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con 437 votos a favor, en lo general y lo particular, la reforma al artículo 74 de la Constitución Política, en el que se eliminan de manera totalitaria las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La iniciativa que dio pie al documento fue propuesta por el Diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez Álvarez, el 20 de noviembre de 2018.

LUIS TÉLLEZ

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler fue Secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y Secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Felipe Calderón Hinojosa. Después, fue presidente del Consejo y Director General del Grupo BMV, propietario de la Bolsa Mexicana de Valores.

Posteriormente, fue consejero del Grupo México y consejero propietario de Fomento Económico Mexicano (Femsa), la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo.

Efectivamente, ocupó el cargo de Subsecretario de Agricultura con Carlos Salinas de Gortari, cuando “el profesor” Carlos Hank González era titular.

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La puerta giratoria en energía la usa elite de ex funcionarios con datos privilegiados: especialista

martes, julio 25th, 2017

Desde 2014, primer año de la puesta en marcha de la Reforma Energética, que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, la liberación del sector energético –para que empresas privadas participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos– se convirtió en una fuente de negocios sobre todo para empresas ligadas a un reducido grupo de ex funcionarios públicos, que tuvo su origen en el sexenio del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo Alejandra Salas–Porras.

La profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más reconocidas especialistas en economía política del desarrollo y las redes corporativas en México, no tiene duda: ese puñado de ex funcionarios tecnócratas usa esa información privilegiada en beneficio propio y de sus cercanos.

SÉPTIMA PARTE DE UNA SERIE

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Un “club de amigos” armó desde el Estado la Reforma Energética y, ahora, opera grandes negocios

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La práctica se ha normalizado y poco se cuestiona que, en las últimas dos décadas, funcionarios del sector público mexicano hayan hecho común su tránsito entre el Gobierno y las empresas que ahora están siendo beneficiadas por las privatizaciones que impulsaron las administraciones para las que trabajaron.

Para la investigadora María Alejandra Salas-Porras Soule, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, esta “puerta circulatoria” por parte de quienes han sido “élite” gubernamental, sobre todo por parte de funcionarios que fueron cercanos al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, ha sido utilizada en las últimas décadas para “canjear el interés público por el individual” y para beneficios personales.

“Conforme las relaciones entre las élites estatales y las élites corporativas se volvieron más abiertas y comunes, la frontera entre lo público y lo privado se volvió –a veces deliberadamente– confusa y con ello se extendieron las prácticas rentistas entre los funcionarios que procuraban sacar el mayor provecho de la información privilegiada y los recursos públicos, en general, para enriquecimiento y encumbramiento personal”, dice Salas-Porras en su libro “La economía política neoliberal en México. ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo?”, publicado este año.

“Con todo ellos, estos funcionarios han reconfigurado la división entre la esfera pública y privada y han precipitado la mercantilización de la función pública que (…) es una de las expresiones más sobresalientes de la transiciones a las estructuras globales”, agrega el texto.

En su investigación, Salas-Porras analiza las trayectorias de 128 funcionarios federales que impulsaron lo que denomina “reformas de corte neoliberal” desde 1988 y 2016, encontrando en ellos a 21 funcionarios “clave” para este proyecto económico y que, en total, concentraron 204 posiciones en el aparato estatal.

Entre ellos, encuentra la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en economía política del desarrollo y las redes corporativas, están el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe; el ex Secretario de Energía y ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles y el también ex secretario de comunicaciones y ex director de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, todos los cuales ahora trabajan en la iniciativa privada.

“El grupo de tecnócratas analizado (…) diseñó, negoció y defendió el paquete de reformas estructurales que puso al mercado libre en el centro del nuevo modelo de desarrollo” agrega.

La Reforma Energética aprobada en 2013, en el primer año del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido la más reciente modificación constitucional de este modelo de desarrollo impulsado desde la década de los ochenta y acelerados, sobre todo, en el sexenio del entonces Presidente Carlos Salinas.

Y, desde el primer año de su puesta en marcha, esta liberación del sector energético para que empresas privadas participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos se ha convertido en una fuente de negocios sobre todo para empresas vinculadas con este grupo de ex funcionarios públicos.

La filial mexicana de la firma trasnacional Evercore, por ejemplo, es propiedad de Pedro Aspe Armella, sumó a su consejo al ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y cuenta con participación en la empresa Diavaz, que ganó dos contratos en la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética.

La trasnacional BlackRock, por su parte, cuenta entre sus directivos con un ex subsecretario de Hacienda de Felipe Calderón –Gerardo Rodríguez Regordosa– y de sus oficinas salió el actual director de Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) –Isaac Volin Bolok Portnov.

“Lo que sí hay es uso de información privilegiada”, dice Salas-Porras. “No cabe duda de que están utilizando información privilegiada para beneficio personal, y/o de sus socios, la gente cercana a ellos”, añade Alejandra Salas-Porras.

En entrevista, la autora identifica el inicio del uso de la “puerta giratoria” a partir del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, él mismo luego parte de diferentes consejos de administración beneficiados en su Gobierno, como Union Pacific.

Luego, explica, a partir de los sexenios panistas, se vio regresar a la esfera pública a quienes habían sido parte de Gobiernos federales priistas y que luego habían ingresado a la iniciativa privada, como Luis Téllez Kuénzler, nombrado secretario de Comunicaciones y transportes por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y el también ex Secretario de Energía en la primera parte del sexenio de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex entre 2006 y 2009.

“El caso más reciente es el de Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] mismo, que pasa a formar parte de Iberdrola, por cierto una de las empresas que más se beneficiaron a lo largo del sexenio de Calderón. Otra funcionaria fue Georgina Kessel Martínez, por ejemplo, que también forma parte del gabinete de Calderón [como Secretaria de Energía] y se incorpora, en su caso, no deja pasar mucho tiempo”, dice Salas-Porras.

A la especialista Alejandra Salas-Porras no le queda duda: un puñado de ex funcionarios públicos están utilizando información privilegiada para beneficio particular y de sus socios y gente cercana. Foto: Sandra Sánchez Galdoz, SinEmbargo

***

–No deja pasar ni un año [Georgina Kessel Martínez]…

–En todo caso ella no espera; se incorpora prácticamente cuando deja la administración pública. Ahora, ¿qué ha pasado, durante el sexenio de Peña Nieto? Creo que aquí no hemos visto ningún caso así, a excepción del de Calderón, porque Calderón tendrá un año que se incorporó en el consejo de Iberdrola, y no hemos visto otros casos. Lo que sí hemos visto es el fenómeno este de Pedro Aspe. Cuando deja Hacienda, deja pasar un año y se incorpora en varios consejos de administración, pero además él crea un despacho por medio del cual se puede beneficiar del capital, podemos decir, social y político acumulado a lo largo de su carrera. ¿Cómo lo hace? Brindando asesoría particularmente a los Gobiernos estatales, para reestructurar sus deudas. Eso lo hizo a lo largo de los últimos 10 años más o menos, pero ha aflorado últimamente por el problema que atraviesan los estados del país, que se encuentran muy endeudados. Entonces, uno se pregunta cómo le hicieron para seguirse endeudando sin pasar por los Congresos locales, y entonces aquí vemos cómo se reestructuró la deuda a través de fideicomisos, a través de la bursatilización de títulos de deuda que les permitieron seguirse endeudando, y en la medida en la que utilizaron recursos que no pasan por el filtro de los Congresos no fueron registrados ni objeto, digamos, de un monitoreo por parte del público, hasta que ya estalló el problema de las deudas de los estados, en algunos de los cuales, más graves, está involucrado el despacho [de Pedro Aspe]…

–Vemos que estas personas, Reyes Heroles, Luis Téllez, Felipe Calderón mismo, quien fue también Secretario de Energía, ¿es más agudizado esto en el sector energético?

–Definitivamente en el sector energético esto es una práctica muy intensa. Yo creo que casi todos los secretarios de Energía, los directores de Pemex también han circulado, algunos después de muchos años, como el caso de Adrián Lajous, que fue funcionario mucho tiempo dentro de Pemex y al final circuló y se ha vinculado a grupos muy diferentes, grupos sudamericanos, pero relacionados con el sector energético, y además también forma parte de un think tank en el sector energético. Sí es un fenómeno muy acusado en el caso del sector energético, y creo que una de las razones es porque ellos interactúan mucho con intereses extranjeros, eso los vincula y, bueno, quienes logran armar contratos y gestiones con trasnacionales o inversionistas extranjeros establecen relaciones muy estrechas que después facilitan ese tránsito hacia los consejos de administración, asociaciones, como en el caso de Reyes Heroles, que entre otras relaciones con el sector privado se asocia con Morgan Stanley para invertir en este sector. En el sector energético está también el caso de Luis Téllez, que también se ha asociado con intereses muy poderosos, tanto de despachos como también de empresas; Sempra, que es una empresa norteamericana y en la que él tiene participación o por lo menos un asiento en el Consejo de Administración, (…) que significa que puede participar en el capital, pero aun si no participa, obtiene recursos nada más por formar parte del consejo. Todos los consejeros siempre obtienen no necesariamente un salario pero sí un bono bastante generoso.

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Pemex, un nido de corrupción por años, teje maraña para no decir a quién contrata y para qué

–Si desde el sector público impulsaron la apertura económica, ¿cree que lo hayan hecho para beneficiarse de manera personal?

–Es algo que no se puede demostrar, a menos de que uno tenga una entrevista con ellos. ¿Hasta dónde, cuando están en funciones realizan sus funciones públicas en función de recompensas, pensando en recompensas futuras? Yo creo que sí es así. Ahora, esta es una práctica que estos funcionarios no la ven mal. Ha sido naturalizada y en cierto modo, también justificada por una teoría política que argumenta que los funcionarios públicos racionalizan, maximizan sus ganancias, y que esto es natural; se llama public choices, es la teoría de la elección pública, según la cual los funcionarios van a aprovechar al máximo su participación y, por tanto, se parte de ese presupuesto y en todo caso lo que se les tiene que exigir es que desempeñen su función de manera eficiente, pero no se les puede reclamar si sacan provecho, porque como cualquier individuo, o al menos eso es lo que plantea esta teoría de la elección pública, cualquier individuo es naturalmente maximizador, que va a tratar de maximizar sus intereses. Creo que esta es una teoría que ha sido muy asimilada más o menos explícitamente por este grupo de empresarios. Entonces, no lo ven mal, y creo que también es cada vez más difícil definir, digamos, la frontera del conflicto de intereses, en qué situaciones hay conflicto de intereses. Hay un caso que sí es muy problemático, el de Luis Téllez, porque hoy en día está muy vinculado a muchos intereses y al mismo tiempo forma parte del Fondo (Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo), que se supone que va a concentrar los recursos, los excedentes, y los va a canalizar, ya sea para obras de infraestructura o en diferentes direcciones. Entonces él, al formar parte de esta organización, pues va a tener la posibilidad de influir en el destino de esos recursos, al mismo tiempo que forma parte de grupos que se interesan en obtener contratos. Entonces ahí creo que es un caso muy problemático.

–¿Qué tan emparentado está este tránsito entre esferas con la corrupción?

–Lo que sí hay es uso de información privilegiada. No cabe duda de que están utilizando información privilegiada para beneficio personal, y/o de sus socios, la gente cercana a ellos. Habría que partir de una definición de corrupción, que también es un concepto elusivo. (…) Quienes tuvieron trayectorias muy largas dentro del aparato estatal y mantienen contratos y conocen el modus operandi de los diferentes espacios de la burocracia y la pueden usar en su provecho.

–¿Y qué consecuencias tiene esto para el resultado de la economía mexicana, en términos de democracia, transparencia, o éxito en la distribución de la riqueza?

–No cabe duda de que es un grupo cada vez más estrecho el que tiene la información que le permite aprovechar contratos, que le permite aprovechar proyectos de construcción, ya sea directamente o, y en ese caso sí sería corrupción, pasando la información a gente cercana. En ese caso evidentemente sí es un uso indebido, porque se supone que los grandes proyectos pasan por concursos, y si quienes participan en los concursos tienen acceso a información privilegiada, ahí definitivamente hay un caso de corrupción. Ahora, ¿qué consecuencias? Yo creo que esto ha minado cada vez más las instituciones públicas y les impide armar proyectos de más largo plazo en función de intereses generales y no en función de intereses particulares. Y, a mi juicio, esto se ha traducido en una clase política depredadora, que utiliza las instituciones. Patrimonialista y depredadora, porque también el patrimonialismo socava las instituciones, las debilita y sí tiene consecuencias muy serias en términos de la posibilidad, digamos, de promover estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo. Creo que en todos los países, o en la gran mayoría, uno va a encontrar muchos casos de corrupción, pero hasta dónde la corrupción y el uso de información privilegiada, que la frontera entre uno y otro es difícil de trazar, pero puede debilitar las instituciones y más cuando esto está entrelazado con intereses extranjeros, que dificulta pensar en el interés nacional.

–¿Qué tanto esto está relacionado con la desigualdad?

–Yo pienso que sí se traduce en que las oportunidades se concentran en unos cuantos grupos, empresas, funcionarios, y que el así llamado derrame, el efecto de derrame, tiene un impacto cada vez más estrecho. Se supone que si la economía crece, o por lo menos ese era el argumento de la economía ortodoxa, que si la economía crece, eventualmente se van a generar efectos en cadena, efectos multiplicadores. En la medida en que el crecimiento se concentra o beneficia a un grupo cada vez menor de empresas o funcionarios, hay una mayor concentración de la riqueza. Son oportunidades que se abren y quienes las pueden aprovechar son quienes tienen acceso a un capital político y social que han podido acumular, ya sea por vida privada o pública o una combinación de las dos.

–¿Qué lugar cree que debe tener esta práctica en el análisis del modelo económico, de apertura y el libre comercio?

–Creo que sí, es una de las consecuencias lógicas de una filosofía según la cual es legítimo, hasta cierto punto, sacar el mayor provecho de la participación en los espacios del aparato estatal. Ahora, este es un fenómeno que ha estado presente, por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace muchos años, pero creo que, a pesar de que en esta administración de [Donald] Trump ha adquirido niveles escandalosos, está creando cada vez más malestar, y no sería sorprendente que esto llevara, eventualmente, no sé qué tan rápido, pero sí eventualmente, como a una regulación de este fenómeno. Y, por supuesto, en el caso de México, dado que la concentración de la riqueza ya era muy grande, al iniciar esta práctica, pues también creo que debe ser objeto de una regulación. Por ejemplo, ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción, hasta dónde debería discutir esta práctica, si es o no legítima, cómo se debe vigilar, cuál es el mínimo de tiempo que debe transcurrir antes de que un funcionario, sobre todo los de alto nivel, y hacia dónde, porque si un funcionario de Pemex o que ha sido funcionario del sector energético, como es el caso de Calderón, además gozando de un ingreso, porque algunos podrían argumentar que, bueno, se quedaron sin empleo, entonces es legítimo buscar empleo en el sector privado, pero alguien como Calderón, a quien le seguimos pagando un ingreso, un salario bastante generoso, no podría argumentar eso. Entonces, el caso de los ex presidentes creo que debería regularse, porque ellos siguen recibiendo un ingreso público. Y, bueno, habría qué discutir en qué otros casos también o en qué condiciones se puede transitar de un espacio a otro.

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El Pemex post-Reforma se volvió una caverna: de 210 peticiones de datos respondió a 30, y a medias

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Un “club de amigos” armó desde el Estado la Reforma Energética y, ahora, opera grandes negocios

lunes, julio 24th, 2017

Una revisión exhaustiva a los consejos de administración de las compañías que más se han beneficiado de la implementación de la Reforma Energética en México muestra que ex funcionarios de los gobiernos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón Hinojosa –quienes en su tiempo también empujaron cambios constitucionales para abrir las industrias petrolera, gasera, eléctrica y de energías renovables en el país– son algunos de los más beneficiados.

El paso libre a las empresas privadas, en especial como competidoras de Petróleos Mexicanos, ha detonado un apetito voraz sobre los hidrocarburos del subsuelo mexicano, y como estrategas de estas neopetroleras o de algunas subsidiarias de consorcios a nivel mundial son, casualmente, ex secretarios de Estado o amigos e incluso familiares tanto de Carlos Salinas como de Felipe Calderón.

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Años trabajando en la Torre B de Pemex. Explotó, y murieron. A sus familias no las han indemnizado

Por Sandra Rodríguez Nieto y Dulce Olvera Martínez

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Si una transformación constitucional se ha convertido en fuente de negocios para los ex servidores públicos de los gobiernos de la República que la impulsaron, esa es la Reforma Energética.

Una revisión a los consejos de administración de empresas que ahora participan o buscan participar en la creciente industria privada de los hidrocarburos mexicanos muestra una red de vínculos entre ellas y ex funcionarios que tuvieron posiciones clave para esta apertura, desde el ex Presidente priista Carlos Salinas de Gortari y varios de sus ex empleados, hasta el panista Felipe Calderón Hinojosa.

Un ejemplo es la filial mexicana de la firma Evercore, fundada como Protego por el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Salinas, Pedro Aspe Armella, y a cuyo consejo de administración se sumó en septiembre de 2016 el ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, abierto impulsor de la Reforma Energética dentro y fuera del servicio público.

Meses antes, en diciembre de 2015, Evercore había ganado –a través de Diavaz– dos zonas contractuales para la extracción de hidrocarburos subastados en la tercera licitación de la Ronda Uno.

Otro ejemplo es la firma estadounidense Blackrock, “la mayor gestora de activos” en el mundo que, desde 2011, empezó a administrar fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos y que, en 2015, en el primer año de la industria mexicana de hidrocarburos derivada de la Reforma Constitucional, ingresó de lleno como una de las principales socias privadas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dos años antes, en abril de 2013, a Blackrock había llegado como director de inversiones en Mercados Emergentes Gerardo Rodríguez Regordosa, que durante 14 años trabajó en la Secretaría de Hacienda y de la que, de 2011 a 2012, fue Subsecretario y, como tal, integrante del Consejo de Administración de Pemex.

A la filial internacional de Pemex (PMI), a su vez, llegó en junio de 2016 Isaac Volin Bolok Portnov, que hasta 2013 fue director de Blackrock en México.

En el Consejo de Administración de BlackRock participa también, desde 2011, Marco Antonio Slim Domit, hijo del magnate mexicano Carlos Slim Helú y quien también participa en el Consejo de Administración de la nueva petrolera de esta familia, Carso Oil and Gas, actual participante de la tercera licitación de la Ronda dos de la Reforma Energética.

Y BlackRock adquirió también, en 2015, el fondo de inversión denominado Infraestructura Institucional, creado por Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Este fondo, nutrido principalmente con los recursos de los fondos de ahorro para el retiro, a su vez, fondeó parte de la también nueva empresa petrolera Sierra Oil and Gas, primera ganadora de la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética.

Otro ejemplo de lo que académicos denominan uso de “puerta giratoria” es Monterra Energy, socia en México de la firma internacional Kohlberg Kravis Roberts (KKR), creada ex profeso para ingresar en los nuevos negocios de la Reforma Energética y que a la fecha participa en el nuevo mercado de importación y distribución de gasolinas y diésel.

A KKR, en abril de 2015, ingresó Luis Téllez Kuenzler, autor de las primeras reformas al Artículo 27 Constitucional desde el sexenio de Salinas, ex secretario de Energía con Zedillo, de Comunicaciones y Transportes con Calderón y, a la fecha, consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo –creado por la Reforma Energética.

Los negocios derivados de la apertura del sector energético mexicano muestran también que la práctica de transitar de la esfera pública a la privada –y que los académicos denominan “puerta giratoria”- ha sido transexenal y compartida por políticos tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional.

A este último pertenece el ex Presidente Felipe Calderón, que desde el Gobierno decretó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro –fuente de empleo del Sindicato Mexicano de Electricistas opuesto a la Reforma Energética– y quien, en julio del año pasado, entró a la compañía española Iberdrola.

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MEXICO, UN “EJEMPLO”: BLACKROCK

Para Armando Senra, director en América Latina de Blackrock, el destino que deben tener una cada vez mayor cantidad de fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos (Afores) es claro: la inversión en proyectos de infraestructura.

Con acceso a este tipo de recursos mexicanos desde 2011, BlackRock publicó en 2015 un estudio titulado “Fondos de pensiones en foco”, en el que Senra recomendó un “crecimiento de alternativas para inversión” de las Afores mexicanas y advirtió que en este país hay “gran apetito” por invertir en proyectos gracias a la Reforma Energética.

“La Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) recientemente incrementó el límite de alternativas al crear dos con límites separados: bienes raíces que incluyen Fideicomisos de Fondos de Inversión, conocidos como Fibra y el nuevo vehículo, Fibra-E (proyectos de energía e infraestructura) por hasta 5 al 10 por ciento, dependiendo del fondo, y productos estructurados que incluyen CKD (certificados de capital de desarrollo, formados con pensiones) y el nuevo vehículo, certificados bursátiles fiduciarios”, escribió Senra en su reporte.

Ese mismo año, en diciembre, el nombre de Senra entró al Registro Público de la Propiedad de la compañía Infraestructura Institucional, que había sido fondeada con recursos provenientes de las Afores y que, como develó Reforma en julio de ese año, había sido formada, entre otros, por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Con la adquisición de Infraestructura, Blackrock invirtió también en la propiedad de Sierra Oil and Gas, formada en 2014 y convertida en la primera compañía petrolera mexicana en ganar la primera licitación [dos bloques] en el primer año de la industria mexicana privada de hidrocarburos.

Dos ex funcionarios mexicanos que trabajaron en áreas del Gobierno federal directamente relacionadas con este tipo de negocios estaban ya del lado de la inversión de Blackrock: Salvador Beltrán del Río, ex director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa [entre 2003 y 2007], y el ex subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa.

Fue también ese 2105 que BlackRock adquirió el 45 por ciento del gasoducto Los Ramones, propiedad de Pemex, y firmó con esta paraestatal el Memorando de entendimiento que le permite participar como una de sus principales consejeras de inversión.

A la fecha, además, Blackrock administra más de 7 mil de los 30 mil millones de pesos invertidos por las Afores y es la segunda mayor administradora de este tipo de fondos, de acuerdo con la Consar.

Blackrock maneja la mayor cantidad de “activos” o recursos de todo tipo en el mundo, de acuerdo con diversas definiciones. Fundada en 1988, a la fecha incluye entre sus directivos a Cheryl D. Mills, ex jefa de staff de la ex Secretaria de Estado norteamericana y ex candidata presidencial que impulsó la Reforma Energética mexicana, Hillary Clinton.

Blackrock cuenta con oficinas en 30 países de los cinco continentes.

México, sin embargo, dijo el directivo de BlackRock en una de sus varias visitas a este país, es “un ejemplo para muchos países” a la hora de adoptar reformas constitucionales.

“Yo espero ver las reformas como un ejemplo de un Gobierno central haciendo lo correcto, un Gobierno central abriendo y ofreciendo un futuro y un crecimiento a un país”, dijo Laurence D. Fink en su reunión de julio de 2015 en Palacio Nacional.

“Estamos sumamente emocionados en ver los cambios que se están realizando en México, y creemos que existen grandes oportunidades en este país y que serán grandes oportunidades, no nada más para unos cuantos, sino para muchos”, agregó Fink.

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EVERCORE Y LA REFORMA “URGENTE”

Ralph Schlosstein no forma parte de Blackrock, pero la presidió por 20 años y fue uno de sus fundadores en 1988. Desde 2009, emigró de esta firma para encabezar otra que ahora también participa de los negocios de la Reforma Energética mexicana: Evercore.

Esta firma, fusionada desde 2006 con Protego, adquirió desde 2013 el 20 por ciento de Diavaz, antigua proveedora de Pemex y que, en 2015, también en la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética, ganó dos contratos para explorar igual número de bloques petrolíferos. En el consejo de administración de Diavaz se incorporó, en 2015, Carlos Schvartzman Lombrozo, que fue vicepresidente de Evercore.

Evercore es la versión actual de la firma mexicana Protego, fundada en 1996 por el ex Secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe Armella, y que entre 1998 y 2005 fue también el empleo de Luis Videgaray Caso, ex secretario de hacienda, actual Canciller y funcionario más cercano a Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2016, de acuerdo con el folio 327417 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se incorporó a su dirección el ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien en 2011 fue coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano y quien, como diplomático, sugirió “mantener la añeja política norteamericana de no hacer comentarios en público sobre esos temas [la Reforma Energética], mientras de manera callada ofrecemos asistencia en áreas de interés del Gobierno mexicano”.

Pascual hizo esta recomendación, difundida luego por la organización Wikileaks, en un cable diplomático ante la visita del entonces coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano, David Goldwyn, antiguo representante de compañías petroleras y descrito por la prensa norteamericana como vendedor del “fracking” en el mundo.

Pascual sucedió a Goldwyn en 2011 como coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano y, en 2015, apareció en el sector privado como vicepresidente de la firma Information Handling Services (IHS), especializada en información y análisis sobre energía.

“El nuevo enfoque de México para extender redes de gasoductos ha creado oportunidades de negocios para las compañías e inversionistas de Estados Unidos”, dijo Pascual ante el Congreso de su país en 2016.

Pedro Aspe fue también un abierto promotor de la Reforma Energética. Desde 2005, encabezó el grupo de trabajo que publicó el reporte “Construyendo una comunidad norteamericana”, que advierte la necesidad de una reforma en México para que este país continúe como proveedor de este tipo de recursos.

“México ha empezado a atraer capital extranjero a través de múltiples servicios, pero las limitaciones más serias para su futuro crecimiento como proveedor de energía son las restricciones que impiden el desarrollo de sus propios recursos energéticos y la baja productividad de Pemex. Reformas en esta área se necesitan de manera urgente”, indica el reporte.

“Aun cuando la inclinación de México a mantener completa propiedad de sus recursos estratégicos es comprensible, son necesarios más y más eficientes desarrollos de estos recursos para acelerar el crecimiento económico de México. México está perdiendo rápidamente terreno en su independencia económica, y la única forma de satisfacer la creciente demanda es encontrar maneras para desbloquear su sector energético”, agrega.

Menos de una década después, Evercore reporta ahora fungir como proveedora “de asesoría financiera al sector privado en la estructuración, licitación y búsqueda de financiamiento de activos y contratos que apoyan las operaciones y servicios de PEMEX”, como indica su página electrónica.

“Recientemente ha participado en roles claves para la estructuración y obtención de recursos para el desarrollo de grandes proyectos petroquímicos, infraestructura de transporte de energéticos e importación/exportación de hidrocarburos. La amplia experiencia de Evercore en el sector energético – desde un punto de vista técnico, regulatorio y comercial, es clave para asegurar un cierre financiero y comercial exitoso en nuestros proyectos”, agrega el sitio.

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KKR-MONTERRA-IENOVA-OHL

En abril de 2015, Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía (1997-2000) con Ernesto Zedillo Ponce de León, y de Comunicaciones y Transportes (2006-2009) con Felipe Calderón Hinojosa, además de ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), comenzó a ser consejero en Kolhberg Kravis Roberts & Co (KKR). Esta firma estadounidense administra inversiones a nivel global a través de múltiples tipos de activos, incluyendo energía e infraestructura. En un boletín expuso que les “complacía” el ingreso del ex funcionario mexicano porque, precisamente, su paso por el sector público “ofrecerá información valiosa” que apoye a inversionistas y compañías a crecer en México.

Tan sólo un mes después, el 15 de mayo, KKR estableció una alianza estratégica con Monterra Energy, nueva compañía enfocada en el desarrollo, la construcción y operación de proyectos y activos de infraestructura en México. Con ello, en el marco de la implementación de la Reforma Energética, conformó su primera inversión en el sector energético de este país, en el área de transporte y logística.

Monterra fue fundada en 2014 por Arturo Vivar y Michael Anthony Williams, quienes se mostraron interesados en el “amplio espectro de oportunidades” en el rubro de infraestructura generado a partir de la Reforma Energética de México, como explica la compañía en su sitio oficial. Aprobada en 2013 e implementada en agosto de 2014, esta reforma abrió a la inversión privada el sector energético del país por primera vez en más de 76 años.

Para marzo de 2016, Monterra Energy anunció que gracias a la Reforma Energética construye un poliducto para transportar productos refinados de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo. El ducto será de 18 pulgadas de diámetro y tendrá la capacidad de transportar alrededor de 165 mil barriles por día.

El ex funcionario Luis Téllez forma parte de otras empresas directamente vinculadas con el sector energético, entre ellas Sempra Energy. El 9 de junio de 2006 se incorporó al consejo de administración de esa compañía fundada en California y que desarrolla infraestructura en todo el continente.

En febrero de 1999, cuando Téllez era Secretario de Energía, los directivos de esta empresa energética se reunieron con el Presidente Ernesto Zedillo y con el Embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow –ahora consejero de Ienova, filial de Sempra– el mismo día en que el mandatario anunció la necesidad de ampliar la participación privada en las actividades de generación y distribución de electricidad. Ese mismo año, Sempra obtuvo la licitación para la distribución de gas natural en la zona La Laguna-Durango, una de las regiones más ricas en este recurso.

En 2013, cuando Téllez encabezaba la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova), bajo la dirección de Carlos Ruiz Sacristán, quien durante diciembre de 1994 dirigió Petróleos Mexicanos y posteriormente fue designado como Secretario de Comunicaciones y Transportes (1994-2000).

Ruiz Sacristán también fue miembro del consejero de la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain (OHL México), pero se salió en octubre de 2015, cinco meses después de que se filtrara una serie de audios que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción con esta constructora, incluyendo al entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

ADEMÁS

El Pemex post-Reforma se volvió una caverna: de 210 peticiones de datos respondió a 30, y a medias

IBERDROLA, LA LINEA PANISTA

Tres años y medio después de que Felipe Calderón Hinojosa entregó la Presidencia de México (2006-2012), periodo en que impulsó una Reforma Energética, aceptó la invitación para ser consejero independiente en el consejo de administración de la empresa estadounidense Avangrid, la cual pertenece en un 81.5 por ciento a Iberdrola, la compañía española que durante su sexenio se convirtió en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien fue Secretaria de Energía durante su administración (2006-2011), presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública. Esto, a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los servidores públicos deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el puesto.

De acuerdo con el folio 466775 del Registro Público de la Propiedad, en el consejo de Iberdrola México estuvo hasta diciembre de 2015 Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el sexenio de Ernesto Zedillo. Dijo haber renunciado por cuestiones personales.

En la lista de miembros del consejo continúan Liébano Sáenz Ortiz, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y ex Secretario Particular del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León; y Eugenia Solana Morales, analista en la Gerencia Jurídica de Petróleos Mexicanos cuya consultoría Solana y Asociados ha asesorado a Pemex en el diseño de los contratos de servicio múltiple.

El director de los Servicios Jurídicos y Secretario de Iberdrola México, Alejandro Fleming Kauffman, ha sido Secretario del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía.

Iberdrola, el mayor operador de plantas de energía eólica de España, tiene actualmente en México siete centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, procesos para obtener energía eléctrica, y cinco parques eólicos: Pier II (julio 2015) en Puebla; La Ventosa (octubre 2012), La Venta III, Bii Nee Stipa (abril 2010) y la central Dos Arbolitos (diciembre 2014) en Oaxaca.

Tiene en marcha en México proyectos de generación de energía que suman más de 3 mil millones de dólares de inversión. Construye cuatro nuevas plantas de ciclo combinado (Baja California III, Noreste y Escobedo II, en Monterrey, y Noroeste, en Sinaloa), así como dos cogeneraciones (Bajío, en Querétaro, y Altamira, en Tamaulipas).

La empresa energética española Iberdrola llegó a México en la década de los noventa, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en que el mandatario decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al considerarla económicamente insostenible

En enero de 2009 fue inaugurado el parque eólico de Iberdrola de La Ventosa y tres meses después, el 28 de abril de 2009, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la Secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez recibieron en Los Pinos a Ignacio Sánchez Galán, José Luis San Pedro y Gonzalo Pérez, directivos de la empresa española Iberdrola, líder mundial en el sector energético y en el desarrollo de tecnologías sustentables.

Un mes antes, en marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola Renovables un contrato para la construcción del parque eólico La Venta III, en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, una de las zonas de México con mayor potencial para desarrollar parques eólicos por sus elevados índices de viento. El contrato también fue para suministrar energía a la CFE durante los próximos veinte años.

La construcción de la Venta III comenzó el 13 de mayo de 2009. Sin embargo, desde 2005 las comunidades indígenas, mediante colectivos como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), se han opuesto al denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CEI), compuesto por La Venta I, II, III y IV, al considerarlo un despojo de su territorio comunal.

Ese mismo año, entre firmas de contratos y oposiciones de pobladores oaxaqueños, el sábado 10 de octubre de 2009, Felipe Calderón decretó la “extinción” de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por su “comprobada ineficiencia operativa y financiera”, que representa un costo “tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”, se justificó en el Diario Oficial de la Federación.

Esa noche, policías federales ingresaron a los centros de operación y ordenaron a los empleados salir de los edificios. El organismo descentralizado proveía de energía eléctrica a alrededor de seis millones de usuarios en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. En él laboraban más de 44 mil personas, por lo que ex empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hicieron una huelga de hambre que duró 88 días.

Durante su visita a España en mayo de 2010, el Presidente Calderón sostuvo “encuentros con el sector empresarial español interesado en incrementar sus inversiones en México, particularmente en el campo de las energías renovables”, reportó Presidencia. Entre ellos, fue con Ignacio Sánchez Galán, director de Iberdrola. Ahí Sánchez Galán pidió a Calderón “que se resuelvan los pequeños escollos para la construcción de parques eólicos”, informó La Jornada.

Además agradeció a Calderón Hinojosa sus esfuerzos para que las empresas privadas de este sector tengan regulación estable y predecible, rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente infraestructura para la salida de la energía.

La relación entre el empresario español y el ex Presidente de México continúa. En abril de este 2017 ambos se reunieron en España con el Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acompañados por sus esposas, Margarita Zavala e Isabel García-Tabernero, respectivamente.

Finalmente el parque eólico La Venta III comenzó a operar en octubre de 2012, el último año de la gestión de Calderón. En febrero de ese mismo año, la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, firmaron el Acuerdo sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, lo cual sería fundamental para implementar la Reforma Energética un año después.

“Este acuerdo genera nuevas oportunidades y, por primera vez, las compañías estadounidenses podrán colaborar con Petróleos Mexicanos, su homólogo en México”, expuso Clinton ante el Presidente Felipe Calderón.

En 2012 Iberdrola también inició la expansión y conversión de la planta Enertek, en el estado de Tamaulipas, que tiene una inversión de 40 millones de dólares, así como los trabajos de la planta de cogeneración accesoria a la refinería de Petróleos Mexicanos en la localidad de Salamanca, Guanajuato, con una inversión de 450 millones de dólares.

PRÁCTICA GENERALIZADA

Diversos investigadores que se han dedicado a estudiar el tránsito de servidores públicos mexicanos a los consejos de administración de empresas privadas ha encontrado que esta práctica es amplia en México, sobre todo, en el sector energético.

De acuerdo con una investigación de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), por ejemplo, al menos seis de los últimos ex directores de Pemex han formado parte de empresas privadas relacionadas con el trabajo de la ahora empresa productiva del Estado mexicano.

Entre ellos están Adrián Lajous Vargas, quien dirigió Pemex de 1994 a 1999 y que, entre 2002 y 2014, trabajó en la trasnacional prestadora de servicios petroleros Schlumberger, beneficiada con una asociación público-privada para extraer gas natural de la cuenca de Burgos, uno de los yacimientos energéticos más importantes de México.

Otro es Jesús Reyes Heroles González Garza, ex Secretario de Energía con Zedillo, director de Pemex entre 2006 y 2009, fundador de la consultora Energea y quien, en 2012, se asoció con la firma financiera norteamericana Morgan Stanley.

“A través de su servicio como secretario de Energía y ex director general de Pemex, el doctor Reyes Heroles tiene una red de relaciones sin paralelo en la industria energética en Norte y Sudamérica, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas oportunidades de inversión para Morgan Stanley”, reportó esta firma en enero de 2012.

Reyes Heroles fundó también, en 2002, una empresa de seguridad para extranjeros en México en la que participan otros ex funcionarios federales, como Jorge Tello Peón, primer director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el sexenio de Salinas, y Luis Herrera Lasso Mijares, que dirigió la escuela de este mismo centro de inteligencia en el sexenio de Ernesto Zedillo.

En la creación de la misma empresa, denominada Safemex, participaron también el ex Secretario de Relaciones Exteriores de Carlos Salinas, Fernando Solana Morales, y el hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

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Energía de cuates para cuates: la “puerta giratoria” arrasa en 2015

viernes, diciembre 18th, 2015

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Con la Reforma Energética ya en marcha, 2015 se convirtió en el año en que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Estado mexicano comenzaron a repartir la riqueza de los hidrocarburos al mejor postor. Entre los primeros ganadores de licitaciones de la Ronda Uno están empresas, mexicanas y extranjeras, comandadas por altos ex funcionarios mexicanos, incluso ex directores en Pemex, relacionados íntimamente con el grupo de poder que hoy gobierna al país. La llamada puerta giratoria no es nueva en México, pero esa práctica –pasar de la función pública a la iniciativa privada en un tris– se ensanchó el año pasado gracias a los cambios constitucionales promovidos por el Presidente Enrique Peña Nieto.

La tercera licitación de la Ronda Uno de la Reforma Energética en materia petrolera, la de bloques terrestres, se realizó el pasado 15 de diciembre. Foto: Sener

La tercera licitación de la Ronda Uno de la Reforma Energética en materia petrolera, la de bloques terrestres, se realizó el pasado 15 de diciembre. Foto: Sener

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El arranque de la Primera Ronda de licitaciones de la Reforma Energética en 2015 expuso el interés que diferentes ex servidores públicos de alto nivel tienen ahora, desde la iniciativa privada, en el recién abierto negocio mexicano de los hidrocarburos.

Un ejemplo de esta práctica denominada por los académicos como uso de “la puerta giratoria” entre el sector público y el privado es el de Carlos Morales Gil, director de la oficina de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta febrero de 2014, considerado uno de los ex funcionarios mejor informados sobre la localización de los energéticos que le quedan al país y, desde febrero de 2015, parte de Controladora Petrobal, la nueva compañía petrolera de Alberto Bailléres, dueño de una las mayores fortunas de México.

Con esta nueva empresa y con Morales Gil, Bailléres –también propietario de la minera Peñoles y de las tiendas Palacio de Hierro– entró con el pie derecho a la naciente industria del petróleo y, el pasado 30 de septiembre, en el segundo paquete de licitaciones de la Ronda Uno, obtuvo su primer contrato para la extracción en hidrocarburos en aguas someras del sureste mexicano.

Antes, el nombre de Salvador Beltrán del Río, que fue comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta 2012 y director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) de 2003 a 2007, apareció también entre los consejeros de la igualmente nueva compañía petrolera mexicana Sierra Oil and Gas que, el 15 de julio, se convirtió en la ganadora de los primeros contratos para la exploración y extracción de petróleo de toda la Reforma Energética. Dos días después, el periódico Reforma publicó que una de las empresas financiadoras de Sierra Oil and Gas, denominada Infraestructura Institucional, estaba presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Incluso el Presidente Vicente Fox Quesada entró a participar como consejero de la también nueva compañía Energy and Infraestructure Mexico (EIM) Capital y, el pasado mes de septiembre, anunció una fusión con la firma especializada en fractura hidráulica, o fracking, American Energy Partners, con la cual, se informó en un boletín oficial, buscaban explorar el potencial económico de los recursos de gas y petróleo mexicanos.

“Esta es una gran oportunidad para la producción de energía mexicana. Buscamos trabajar estrechamente con el Gobierno mexicano para avanzar en este proyecto monumental y mejorar la actual política energética de México”, dijo el ex Presidente Fox, citado en el comunicado de la agencia especializada PR Newswire que reportó la unión de las empresas.

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Otra compañía caracterizada por la presencia de ex funcionarios gubernamentales en su consejo directivo y ahora beneficiada por la ampliación de la oferta de negocios en la construcción de obras para almacenamiento y transportación de gas es Infraestructura Energética Nova, o Ienova, socia además de Pemex en la multimillonaria construcción de la primera fase del gasoducto Los Ramones, ubicado en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León.

En julio pasado, Ienova anunció que había comprado el 50 por ciento de las acciones que Pemex tenía en la firma Gasoductos de Chihuahua, poseedora de Los Ramones. Y, ese mismo mes, Ienova ganó también la licitación para la construcción de un gasoducto en Juárez, Chihuahua –entre San Isidro y Samalayuca– que se sumará a otro que construye en ese estado.

Presidida por Carlos Ruiz Sacristán –ex Secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León–, Ienova tiene en su consejo de administración también al ex Embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, consejero a su vez de otras firmas interesadas en los negocios de la apertura económica en México; así como al ex subsecretario de Transportes desde 1994 y hasta 2006, Aarón Dychter Poltolarek, también dueño de la consultora Adhoc.

Ruiz Sacristán es asimismo parte de la directiva de Souther Cooper Corporation, minera propiedad del mexicano Germán Larrea Mota Velasco; y, hasta octubre pasado, consejero de la filial mexicana de la constructora española OHL, empresa que fue noticia a lo largo de 2015 por la difusión de diversos audios en los que se le involucra en tráfico de influencias para la obtención de contratos gubernamentales.

Las presuntas conversaciones –por cuyo espionaje la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación– han mencionado incluso al hoy director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, también consejero de OHL hasta 2012. El audio que lo involucra fue difundido en Youtube el pasado 27 de noviembre, e indica que Lozoya Austin habría gestionado un encuentro entre funcionarios de OHL con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, para que la empresa se quedara con la construcción, precisamente, de la planta de ciclo combinado en Empalme, Sonora –gestión que fue negada por los mencionados.

Ienova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes –entre otros cargos públicos– e integrante de la administración de diferentes firmas mexicanas y multinacionales.

En abril de este año, Téllez Kuénzler fue nombrado consejero de la financiera norteamericana KKR, o Kolhberg Kravis Roberts & Co, una firma con presencia global y especializada en la atracción de capitales a través de activos como proyectos de infraestructura y energía. Al anunciar la designación, KKR hizo énfasis en el conocimiento que Téllez ha acumulado tanto en el sector público como en el privado en los últimos 20 años, y en el valor que su información representa para los inversionistas.

“Nos complace tenerlo como consejero en KKR. Tanto inversionistas y compañías en México están buscando socios que les ayuden a crecer y con sus objetivos de inversión, y Luis Téllez ofrecerá información valiosa que apoye estos esfuerzos y ayude a hacer crecer nuestra franquicia en México”, reportó KKR en un boletín del 14 de abril pasado.

Antes que a Téllez, la misma KKR había contratado a otros ex funcionarios norteamericanos, como el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Petraeus, y al ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown, ambos también abiertos partidarios de la Reforma Energética mexicana.

“Si se implementa completamente, el extraordinario esfuerzo de reforma ayudará a liberar el excepcional potencial económico de México con el impulso a la productividad y un incremento a la confianza en México dentro y en el extranjero”, escribieron Petraeus y Brown, ya desde KKR, en el artículo “Milagro mexicano: productividad política”, publicado por el Houston Chronicle en 2014.

CONOCIMIENTO CODICIABLE

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Varios factores propician en México el uso de la “puerta giratoria”. De acuerdo con académicos, este tipo de ejercicio del poder se ha intensificado a partir del proceso de apertura económica que ha conducido a la concentración de riqueza e información, así como en el contexto de la transición política que, en 2000, por ejemplo, dejó a varios priístas fuera de la administración pública federal.

Así, explicó el académico Carlos Alba Vega, investigador del Colegio de México (Colmex) y experto en la relación Estado-empresarios, la experiencia de los ex servidores públicos, su conocimiento sobre la administración, los mercados, sus contactos y sus posibilidades de conseguir diferentes contratos gubernamentales los convirtieron en consultores o consejeros codiciables para la iniciativa privada.

“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, escribió Alba Vega en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”, presentado en octubre pasado para un seminario.

“Este tránsito del sector público al privado, que es una práctica común en Estados Unidos y que ha influido en los ex funcionarios mexicanos, no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflicto de intereses, por constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiadas por ellos y por visualizar a los ex funcionarios públicos como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina”, agregó el texto.

Omar Escamilla Haro, integrante de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), planteó a su vez que el uso de la puerta giratoria en la industria de los hidrocarburos es tan intensa que, de acuerdo con una medición de la organización, hasta seis de los últimos nueve directores de Pemex han salido de la paraestatal para trabajar en empresas relacionadas con el sector energético.

Los especialistas explicaron también que este tipo de prácticas no sólo propician las circunstancias para que se generen problemas como conflictos de interés, el tráfico de influencias o el acceso a información privilegiada. El principal inconveniente para el interés público es que este tránsito entre los espacios público y privado reduce la representatividad de la mayor parte de población en la toma de decisiones por parte de los funcionarios de Gobierno.

“Este tipo de acciones aumentan la desconfianza de la sociedad ante el Gobierno y sus muchos de sus representantes”, dijo Alba a SinEmbargo en octubre pasado, consultado a propósito del caso de KKR.

“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción, cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, agregó.

En el mismo sentido se había pronunciado la también académica Alejandra Salas Porras, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien, en 2014, publicó el análisis “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.

En el texto, publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, la investigadora advierte que el uso de la puerta giratoria “trastoca la relación” entre la ciudadanía y los integrantes de la administración pública.

“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales”, señaló.

“AHÍ SURGIÓ LA IDEA”

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Una de las últimas noticias de las que fue tema la empresa Ienova fue el interés que Carlos Ruiz Sacristán expresó en obtener uno de los primeros Fideicomisos de Inversión en Infraestructura Energética, o Fibra E, con los que el Gobierno federal busca canalizar capital de inversionistas para las empresas constructoras de este tipo de obras.

Y fue el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien contó públicamente cómo había surgido la idea para que la dependencia a su cargo creara tales instrumentos financieros. Había sido en una reunión, dijo Videgaray, celebrada el pasado 8 de junio en Palacio Nacional, con integrantes de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, él y el titular de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, hermano gemelo del titular de Ienova.

“Y de ahí surgió la idea”, dijo Videgaray el pasado 5 de octubre, durante el lanzamiento de los Fibra E. “Surge la idea de crear una categoría especial de inversión que permita canalizar el apetito que existe entre los inversionistas institucionales, el gran público inversionista para participar de la transformación del país, específicamente en el sector de la energía y en el sector de la infraestructura en general”, agregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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EPN, Aspe y las reformas: de los cuates, para los cuates

martes, noviembre 10th, 2015

Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, como es el caso de la Energética, no darán los resultados esperados mientras la práctica de la puerta giratoria se mantenga, pues la información, el poder y los beneficios económicos se concentran en un puñado de grupos políticos y económicos, que relegan a la mayoría de los ciudadanos y le quitan alcance nacional a los proyectos, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo. Este fenómeno que tiene visos de corrupción, dijeron, se acelerará con la Reforma Energética, pues muchos altos funcionarios están ya al frente de compañías internacionales en el sector y, como han venido haciendo desde el sexenio de Carlos Salinas, usan la información privilegiada con que trabajaron en el servicio público para darle ventaja a los consorcios que ahora representan.

El polémico ex mandatario durante el evento. Foto: Cuartoscuro

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la práctica de la puerta giratoria ha ido en aumento y la mayoría de sus protagonistas son ex funcionarios de su gobierno, encabezados por el grupo de Pedro Aspe Armella, denuncian especialistas. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– El tránsito de servidores públicos al sector privado no sólo potencializa los conflictos de interés o el uso de la información privilegiada. De acuerdo con analistas, uno de los principales efectos de esta “puerta giratoria” es que crea espacios de poder que “capturan” las instituciones gubernamentales en favor de intereses particulares y en detrimento del interés público.

“Este movimiento entre esferas públicas y privadas trastoca la relación entre (…) la ciudadanía que paga los impuestos y los funcionarios públicos”, publicó la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (INAM), Alejandra Salas Porras.

“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales. Consecuentemente, estas élites no rinden cuentas a la ciudadanía que paga sus salarios mientras se encuentran en funciones”, agregó Salas Porras en el artículo “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.

Publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales en 2014, el texto identifica el periodo de las privatizaciones como el contexto que ha propiciado el uso de la “puerta giratoria” a través de la que funcionarios involucrados en el diseño de estas “reformas estructurales” terminan vinculados con las firmas, varias trasnacionales, interesadas en la apertura económica.

Entrevistada este mes, Salas Porras explicó que esta práctica se presenta no sólo en México, sino en otros países como Estados Unidos. También, que es característica sobre todo del sector energético, como el mexicano, en el que dos ex secretarios de Estado –Luis Téllez Kuénzler y Georgina Kessel Martínez–, así como varios directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), han pasado a la iniciativa privada, algunos de manera casi directa.

“Una primera cuestión es hasta dónde estas pautas son características de un Estado o de instituciones públicas que han asumido características cada vez más utilitaristas y no cohesionadas a objetivos de largo plazo, sino que al final de cuentas quienes pasan por ahí están tratando de obtener las ventajas y más de tipo individual”, dijo la investigadora.

Para su artículo académico, Salas Porras elaboró una base de datos con las trayectorias de más de 100 servidores públicos relacionados con las reformas estructurales desde 1988, al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y encontró 22 nombres como los de mayor protagonismo en esta transformación institucional.

“Estos 22 funcionarios clave son los que han acumulado a lo largo de su carrera el mayor número de puestos de alto nivel y una mayor participación en los círculos más altos de poder en el aparato estatal. Son también los que se han entreverado más intensamente con intereses privados, nacionales y extranjeros, y los que han logrado una proyección internacional de mayor alcance”, dice el texto.

La investigación identifica a Pedro Aspe, sucesor de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid Hurtado y Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, como cabeza del primer equipo de orientación “predominantemente neoliberal”; grupo que incluye a los ex secretarios de Comercio Jaime Serra Puche y Herminio Blanco Mendoza, principales negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Serra Puche, a la postre, muestra Salas, se unió a compañías como Grupo Modelo, Vitro y Chiquita Brands; Blanco, por su parte, se unió, entre otras compañías, al Grupo Financiero Banorte y a Mitusbishi.

Aspe, por su parte, formó parte de los consejos de Televisa, Volaris y, en 1996, fundó la consultora Protego, que luego se convirtió en filial mexicana de la norteamericana Evercore; fusión que, en 2012, compró el 20 por ciento de la proveedora Diavaz, contratista de servicios de Pemex y ahora también interesada en las licitaciones de la Reforma Energética.

La investigación de Salas Porras muestra también la relación de Aspe con las firmas internacionales McGraw Hill y BlackRock; ésta última controladora de la primera y fundada por varios socios de Evercore.

BlackRock, a su vez, compró este año Infraestructura Institucional, presidida por Jerónimo Gerard –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y parte de Sierra Oil & Gas, ganadora esta última de la primera licitación de la Reforma Energética.

“Sus cálculos y lealtades se pueden encontrar en los clientes y patronazgos potenciales en México y en el extranjero”, dice Salas Porras en su investigación.

“Una vez que los ex funcionarios son recompensados con posiciones en las juntas de administración de grandes corporaciones, utilizan la información y experiencia obtenida a lo largo de su trayectoria para conseguir contratos y concesiones. Esta nueva práctica social de carácter rentista explica, en gran medida, el impacto tan limitado que hasta la fecha han tenido las reformas estructurales”, agrega.

CONTROL DE INFORMACIÓN Y PODER

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Otros hallazgos de la investigación de Salas Porras son que las relaciones entre los 22 funcionarios clave en la transformación económica fueron facilitadas por redes familiares –varios, dice, procedían de antiguas familias priístas– y, sobre todo, por su formación académica. En este sentido, el análisis encuentra una marcada preeminencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual egresaron 14 de los 22 funcionarios identificados como arquitectos del México neoliberal y descrito en el texto como “el programa de economía más americanizado fuera de Estados Unidos”.

Del ITAM, muestra Salas Porras, salieron Pedro Aspe y su ex empleado en Protego, el hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. También, el ex Secretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler, y el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre otros.

“Si consideramos a los 127 funcionarios de toda la base de datos, sólo 14 estudiaron en el ITAM, lo que evidencia que la presencia de esta institución académica es mucho mayor entre el círculo más íntimo de poder que se configura alrededor de las reformas neoliberales”, agrega el documento.

Salas Porras, enfocada desde hace casi 20 años en la investigación de la élite empresarial mexicana y su relación con la apertura económica, había identificado en un análisis anterior el papel que tienen los “think tanks” –o centros de pensamiento para los que trabajan varios funcionarios– en la defensa de las decisiones neoliberales.

Incluido en un reporte colectivo, el análisis de Salas Porras concluyó que la influencia de las élites es “abrumadora”, porque genera una corriente de pensamiento, articula intereses y “controla el conocimiento y los espacios en que se toman las decisiones sobre el comercio y la política exterior en el ámbito de la región de América del Norte”.

Coordinado por el sociólogo investigador del Colegio de México, Carlos Alba Vega, este estudio colectivo fue publicado en 2012 por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto, a 30 años de iniciado el modelo neoliberal y a casi 20 del Tratado de Libre Comercio, emitió una conclusión:

“El proceso de integración y liberalización económica ha conducido a una concentración de la propiedad, el conocimiento, la información y la tecnología, que son controlados por élites económicas, gubernamentales y del conocimiento (…) Los grandes ausentes de este proceso de integración son los sectores populares, los pequeños empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y muchas otras asociaciones que no forman parte de las élites económicas y políticas”.

EL FACTOR ALTERNANCIA

El sociólogo Carlos Alba Vega, por su parte, suma a la apertura económica el proceso de transición política como factor que acentuó el uso de la “puerta giratoria”, ya que la pérdida del control del Partido Revolucionario Institucional sobre la Cámara de Diputados en 1997, dice, obligó a los empresarios a gestionar ante el Legislativo; un Poder, afirma el investigador, que les era prácticamente desconocido. Y ante ellos, agrega, recurrieron a las prácticas de “lobbying” o cabildeo que habían aprendido en Estados Unidos al participar en las negociaciones del TLC.

La derrota del Partido Revolucionario Institucional en la elección de 2000, menciona también el investigador, empujó aún más funcionarios federales al sector privado, el cual vio en ellos “agentes de servicios” con información estratégica, conocimiento de los mercados y contactos políticos.

“Sus posibilidades de conseguir contratos gubernamentales para la realización de obras de infraestructura o los derechos de transmisión de televisión, y su participación directa en el diseño y aplicación de políticas públicas favorables al sector privado, todo eso, les permitieron utilizar la puerta giratoria que se creó entre los puestos públicos y las empresas, ya fuera como consultores de empresas nacionales y extranjeras, como parte de la estructura corporativa o a través de la creación de sus propias empresas de consultoría”, planteó Alba Vega en un ensayo reciente.

“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, agrega Alba en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”.

Como Salas Porras, Alba Vega coincide en que la Reforma Energética, para la que trabajaron varios ex funcionarios, “aumentará la velocidad y el tamaño de la puerta giratoria”.

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“¿QUIÉN REPRESENTA A LA MAYORÍA?”

Ayer, SinEmbargo públicó que, al haberse sumado a la firma internacional KKR en abril pasado, Luis Téllez se vinculó con el grupo cercano a la ex Secretaria de Estado Norteamericano, Hillary Clinton, que se pronunció por la Reforma Energética en México y que luego pasó a la iniciativa privada.

En este grupo, indican documentos oficiales y publicaciones periodísticas como DeSmogBlog, están el ex Embajador norteamericano en México Carlos Pascual, hoy integrante de Information Handling Services (IHS); el ex coordinador de la política energética del Departamento de Estado, David Goldwyn, y el ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown.

Brown, a su vez, se integró en 2014 a KKR; firma que, luego de contratar a Téllez este año, se fusionó con Monterra Energy, creada específicamente buscar los negocios para la reforma energética.

Téllez, que ha participado en varios consejos de administración tanto nacionales como internacionales –Grupo México, Herdez, Carlyle, McLarty Associates– y que ha pasado por cuatro Secretarías de Estado desde hace 28 años, ha sido considerado ejemplo “clásico” del uso de la puerta giratoria y señalado repetidamente por incurrir en potenciales conflictos de intereses.

El caso más advertido es el de Sempra Energy, empresa con la que hizo contacto desde al menos 1999, cuando era Secretario de Energía y los ejecutivos de esta firma sostuvieron encuentros con el entonces Presidente Ernesto Zedillo. Boletines oficiales de la Presidencia de la República muestran cómo, en febrero de ese año, Zedillo se reunió con los directivos de Sempra, y por la noche anunció la propuesta de apertura en el sector eléctrico.

“Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades”, dijo el entonces Secretario Téllez a Excélsior el 16 de febrero de ese 1999.

Quince años después, Sempra Energy ha ganado más de 21 mil millones de pesos en contratos para suministro de gas natural asignados por la Comisión Federal de Electricidad. Su filial Infraestructura Energética Nova (Ienova), mientras, ha manifestado interés en los nuevos Fondos de Inversión en Infraestructura Energética, o Fibra E.

“Sin duda que hay conflicto de interés en todas estas prácticas; ¿hasta dónde además de eso hay corrupción? hay que ver en qué casos sí y qué casos no; trazar una línea tajante entre esos conflictos de interés y hasta qué momento implican corrupción, un manejo de la información en el que claramente aprovechan toda su trayectoria en el aparato gubernamental para hacer beneficios personales”, dice Salas Porras en entrevista.

“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, dice por separado Alba Vega a este medio.

El problema es grave, agrega el académico: “En México, uno de los 14 países más ricos del mundo y que al mismo tiempo cuenta con 52 millones de pobres, ¿quién representa los intereses de estos últimos?”.

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La Reforma Energética le sirve un banquete a ex funcionarios de México y EU

lunes, noviembre 9th, 2015

Como los funcionarios mexicanos, los generadores de políticas públicas (policy makers) en Estados Unidos después aprovechan las oportunidades que ellos mismos abren, pero ahora desde la iniciativa privada. La Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto tiene esa marca por donde se vea: la puerta giratoria no sólo beneficia a un puñado de ex funcionarios federales en México, sino también a otro grupo que, desde allá, impulsó el cambio histórico en la legislación.

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Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– El entonces jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Neil R. Brown, describió así la función geopolítica de una Reforma Energética en México: Debido a que la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó más de un cuarto desde 2002, las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo de México –de las que la mayor es Exxon– debieron buscar crudo en otras partes; la producción venezolana también está en declive; la canadiense es creciente pero no así la infraestructura de ductos, por lo que Estados Unidos ha tenido que aumentar sus importaciones de Oriente Medio.

“Una reforma o la falta de ella, negociada entre el Presidente Mexicano y el Congreso, tendrá consecuencias para la cartera energética de Estados Unidos y sus intereses comerciales”, escribió Brown en un reporte.

“Las reformas determinarán hasta qué medida México será parte de la seguridad energética de Estados Unidos”, agregó el entonces empleado legislativo.

Era 21 de diciembre de 2012, a tres semanas de la toma de posesión del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, con quien, dijo Brown en su exposición ante el Senado, se había reunido en octubre en la Ciudad de México. Aquí había visto también a su equipo de transición, entonces integrado, entre otros, por el hoy director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien el norteamericano describió como “vital” para la apertura al sector privado. El tema de su visita a México, especifica el texto, fue revisar las “oportunidades de mejorar los compromisos” entre los dos países en materia de petróleo y gas. Y, de manera particular, obtener información para exhortar al Poder Legislativo de su país a ratificar el Acuerdo Transfronterizo de hidrocarburos, firmado en febrero de ese año por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton y la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa.

Este acuerdo, que Brown dice debió apresurarse en México ante la cercanía de la elección federal, fue obtenido en la reunión de cancilleres del Grupo de los 20 en Los Cabos y, oficialmente, estableció términos para acceder a los recursos que podrían estar en regiones consideradas fronterizas en el Golfo y en moratoria desde 2000. Pero “dada la falta de experiencia de Pemex en aguas profundas”, escribió Brown en el documento ante el Senado, el resultado más probable es que sean las compañías petroleras internacionales las que terminen operando este tipo de yacimientos.

“El Acuerdo debe ser visto como una ayuda para reducir la dependencia de importaciones de Estados Unidos de regiones en conflicto y para impulsar la actividad económica doméstica”, escribió Brown ese fin de 2012 en “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”.

Este pacto, oficialmente llamado Acuerdo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos Relativo a los Yacimientos Transfronterizas de Hidrocarburos en el Golfo de México, fue aprobado por el Senado y publicado por Washington el 23 de diciembre de 2013, después de la aprobación de la Reforma Constitucional en México que permitió la participación privada en la extracción de hidrocarburos.

Del Senado, Neil R. Brown pasó a la iniciativa privada y, en 2014, se unió como director de Política e Investigación de la compañía global KKR, o Kolhberg Kravis Roberts & Co, una firma financiera norteamericana que atrae capitales a través de diferentes activos, entre ellos bienes raíces y proyectos de infraestructura y energía. Meses antes, en 2013, KKR había sumado a otro ex funcionario federal con conocimiento clave sobre regiones ricas en petróleo y gas: el general retirado del Ejército norteamericano David H. Petraeus, ex jefe del Comando Central, de los despliegues en Irak y Afganistán y, entre 2011 y 2012, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En julio de 2014, y ya desde KKR, tanto Neil R. Brown como el destacado Petraeus –nombrado jefe del Instituto Global de la firma– publicaron un artículo sobre la importancia de la reforma energética aprobada en México e incluso sobre el acuerdo político que la hizo posible, conocido como Pacto por México. “El Pacto estuvo lejos de carecer de fisuras, pero el resultado fue histórico: 16 reformas constitucionales aprobadas en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, más que el total aprobadas en los 18 años de predecesores”, dice el artículo titulado “Milagro mexicano: productividad política” y publicado en el Houston Chronicle.

La energía, agregaron Brown y Petreaus, es la pieza política y económica más importante, y su éxito dependerá de la capacidad para enfrentar, entre otros desafíos, a las redes de crimen organizado que dominan regiones enteras de México pese a la “calma superficial, que podría ser una máscara”.

Pese a estos retos, KKR ratificó su confianza en las oportunidades de negocio en México y, en abril pasado, emitió un comunicado anunciando que, para ayudar a sus inversionistas a contar con “información valiosa”, había contratado a otro ex funcionario federal con trayectoria en los sectores de interés de la firma. En esta ocasión, al director de Planeación Hacendaria en el último año de Miguel de la Madrid; ex Subsecretario de Agricultura con Carlos Salinas, ex Secretario de Energía con Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón, además de ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuénzler.

“Téllez ha estado activo en el servicio público e involucrado en los últimos 20 años en posiciones y decisiones políticas para mejorar la estructura de la economía mexicana con un enfoque en temas macroeconómicos, financieros, de energía y agricultura”, planteó el boletín de KKR emitido el 14 de abril pasado.

“Nos complace tenerlo como consejero en KKR. Tanto inversionistas y compañías en México están buscando socios que les ayuden a crecer y con sus objetivos de inversión, y Luis Téllez ofrecerá información valiosa que apoye estos esfuerzos y ayude a hacer crecer nuestra franquicia en México”, agregó el anuncio.

KKR no tardó en entrar de lleno al país y, en mayo, anunció su alianza con una nueva empresa, Monterra Energy, creada, según su propia descripción en línea, específicamente “a partir de la reformar energética mexicana para desarrollar proyectos de infraestructura”.

Dos cartas enviadas por la naciente Monterra Energy a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Mejora del Gobierno mexicano muestran la forma en la que la iniciativa privada trata de posicionar sus intereses ante los intentos de control del Estado, en este caso para el transporte de hidrocarburos por ductos y su almacenamiento.

“Nuestro comentario general es que las disposiciones son onerosas y tienen una carga administrativa muy alta, y por tanto van a desalentar las inversiones en este sector, sobre todo de los jugadores medianos y chicos como Monterra”, dice una carta enviada por Monterra Energy a la Cofemer el 14 de agosto.

“Entendemos que las regulaciones están escritas para promover la transparencia y la competencia en el mercado con el fin de bajar los altos costos de energía para los consumidores mexicanos. Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones, nuestra preocupación es que estas regulaciones podrían resultar desincentivando la inversión privada”, insistió la compañía dos semanas después, el 1 de septiembre.

Su idea: “Monterra propone que la Comisión ratifique estas disposiciones pero incorporando un periodo transitorio de 10 años en que empresas privadas tendrían light-handed regulation (‘regulación ligera’) en nuevos proyectos de almacenamiento y transporte por ducto”.

A través de la oficina de prensa de KKR para América, este medio solicitó conocer la postura de Téllez, Brown o de la firma ante la red de relaciones aquí mostradas, pero la petición fue declinada.

TÉLLEZ Y EL CÍRCULO DE CLINTON

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KKR no es la primera firma norteamericana en la que participa Téllez ni la única en la que coincide con algún otro alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos. En su intenso tránsito entre el sector público y el privado, en 2003 coincidió en Carlyle México con Thomas McLarty, el ex jefe de oficina de la Presidencia de Bill Clinton y en cuya firma, McLarty Associates, Téllez trabaja aún como consejero. Otro caso es el de Sempra Energy, firma californiana productora y distribuidora de gas a la que Téllez se sumó como consejero en 2006 y en cuya filial mexicana, Infraestructura Energética Nova (o Ienova), es también consejero el ex Embajador Jeffrey Davidow.

El caso de KKR, sin embargo, sí es el primero en el que Téllez coincide con un ex funcionario –Neil R. Brown– relacionado con el grupo cercano a la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton y que, de acuerdo con el sitio de información especializada en cambio climático DeSmogBlog, desde sus cargos públicos “ayudaron a romper el monopolio de Pemex sobre la industria de petróleo y gas en México, abriendo el país a las compañías internacionales”.

Neil R. Brown fue mencionado por DeSmogBlog en agosto pasado, en el seguimiento a la revisión de los miles de documentos difundidos por el Departamento de Estado que estaban en un servidor privado y en la cuenta de correo personal de Clinton, hoy candidata presidencial demócrata.

En su revisión, la publicación encontró que Brown trabajaba ahora con quien el texto identificó como el ex funcionario “centro de la historia” de la injerencia de Estados Unidos en México: el abogado David Goldwyn, un cabildero de las compañías petroleras y, en 2009, nombrado por Hillary Clinton como el primer Coordinador Internacional de Energía del Departamento de Estado.

Entre los correos electrónicos alojados en la cuenta personal de Clinton, DeSmogBlog encontró un borrador con la descripción completa del cargo público ocupado por Goldwyn. “Antes de trabajar como Coordinador Internacional de Energía del Departamento de Estado, Goldwyn trabajó como cabildero y consultor de la industria petrolera (…) eventualmente asumiría esa posición como jefe de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, que se estrenó bajo la mirada de la entonces secretaria Clinton”, reportó el sitio.

DeSmogBlog recordó también que, como nueve embajador de la política energética de Estados Unidos, Goldwyn encabezó en 2010 la Iniciativa del Departamento de Estado sobre Gas Shale; política con la que, según otras investigaciones periodísticas, el Gobiern norteamericano se propuso convencer a los países que cuentan este recurso de permitir su extracción, alcanzable a través de la práctica conocida como fractura hidráulica o “fracking”.

Uno de los medios que analizó el rol de Goldwyn en este cabildeo norteamericano fue Mother Jones, que en octubre de 2014 publicó el artículo “Cómo el Departamento de Estado de Hillary Clinton vendió el fracking al mundo” y que dice que, antes de trabajar para el Departamento de Estado, fue director de la  Asociación de Negocios entre Libia y Estados Unidos, financiada principalmente por compañías petroleras norteamericanas como Chevron, Exxon y Marathon, poseedora ésta última de otra de las más grandes refinerías de Texas.

GOLDWYN Y PASCUAL

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Goldwyn, como coordinador de la política energética de Hillary Clinton, visitó México en febrero de 2010, en un periodo que el entonces Embajador de Estados Unidos en este país, Carlos Pascual, le describió como una oportunidad “única para profundizar la relación en materia de energéticos”.

El argumento de Pascual fue el mismo que usaría años después Brown: la caída en la producción de Pemex tenía repercusiones para la “seguridad energética” norteamericana.

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, reportó el Embajador en el cable 10MEXICO514_a, había tomado la “decisión política de no tocar la sacrosanta prohibición constitucional a la inversión privada”, pero aun así tenía buenas noticias: la inversión privada en los hidrocarburos mexicanos ya no era tabú.

Otra previsión de Pascual ante Goldwyn fue que la caída en la producción mexicana terminaría forzando las modificaciones constitucionales, pero no en el corto plazo y menos ante las elecciones de 2012. De manera silenciosa, sin embargo, planteó el Embajador, “México se está acercando a otros países, especialmente a los que tienen compañía petroleras estatales, pidiendo consejo para aplicar las reformas”.

Por tanto, sugirió Pascual, “deberíamos mantener la añeja política norteamericana de no hacer comentarios en público sobre esos temas, mientras de manera callada ofrecemos asistencia en áreas de interés del Gobierno mexicano”.

Otro tema que Pascual le propuso a Goldwyn tocar con Calderón fue la distribución en México de gas natural; un tema que, se observa en diversos documentos, es otro de los intereses centrales de Estados Unidos en la reforma energética. En ese sentido, el Embajador explica que el gas genera el 40 por ciento de la electricidad en México y que Sempra está ya proveyendo el servicio, pero que la infraestructura de distribución es insuficiente. Su propuesta ante la situación: “Puede usar esta oportunidad para preguntarle al Gobierno mexicano cuáles son sus planes para mejorar su infraestructura de gas natural”.

Pascual sucedió a Goldwyn en 2011 como coordinador de la política energética del Departamento de Estado y, este 2015, apareció en el sector privado como vicepresidente de la firma Information Handling Services (IHS), especializada en información y análisis sobre energía.

Desde esa oficina privada, el pasado 23 de julio, Pascual testificó ante la Cámara de Representantes de su país sobre los avances de la reforma energética mexicana y sus repercusiones para la posición de Norteamérica en el mercado global de hidrocarburos. Y, como otros funcionarios, destacó la trascendencia de la distribución de gas en México en medio de las negociaciones: “Estados Unidos necesita ser exportador, un tema clave abordado en las recomendaciones. El nuevo enfoque de México para extender redes de gasoductos ha creado oportunidades de negocios para las compañías e inversionistas de Estados Unidos”, dijo Pascual.

LA REFORMA, “LISTA PARA EMPEZAR”

Goldwyn, por su parte, dejó su cargo como coordinador de la política de energía norteamericana en 2011, y ese año abrió Goldwyn Global Strategies, una compañía de consultoría en materia de seguridad energética. Desde ahí, el ex funcionario dicta conferencias, también testifica ante el Congreso y publica recomendaciones para la creación de políticas públicas; entre otros temas, sobre el rumbo que debe tomar la reforma energética de México.

Así, en diciembre de 2013, días después de la aprobación del Congreso mexicano, publicó un primer informe titulado “Surgimiento de México: ¿Una amplia reforma finalmente?”. En él, Goldwyn planteaba que, si bien “el impresionantemente permisivo marco constitucional” creado era necesario, aún faltaba por ver el desarrollo de las leyes secundarias.

El reporte fue presentado públicamente por Goldwyn en un evento organizado por el Atlantic Council –think tank financiador de la investigación–, en el que participó el mexicano Enrique Ochoa Reza, entonces subsecretario de Hidrocarburos de Peña Nieto y, ahora, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Goldwyn publicó un segundo reporte en agosto de 2014, después de la publicación de la legislación secundaria en México y cuando escribió que ésta había respondido a las recomendaciones de su primer documento, pero no a todas.

Entre los pendientes, planteó Goldwyn, está saber “si la administración de Peña nieto puede manejar las expectativas públicas y ofrecer incentivos atractivos para la inversión en el sector eléctrico”.

Y es que el aumento de la distribución en México de gas natural procedente de Estados Unidos, dice el ex funcionario, es “eje político escondido de la reforma energética”, ya que de estas importaciones depende la reducción de los costos de electricidad.

Por tanto, agregó Goldwyn en sus recomendaciones, será crítico que el Gobierno mexicano “establezca regulaciones transparentes y claras sobre el acceso al gas y a la trasmisión de generación privada”.

Este segundo reporte, titulado “La reforma energética de México: lista para empezar”, fue publicado por Goldwyn en agosto de 2014, en coautoría con Neil R. Brown, a quien acogió también en su firma cuando éste dejó el Congreso.

En un posicionamiento enviado por correo electrónico a SinEmbargo, Goldwyn descarta haber sostenido conversaciones relacionadas con la reforma energética con el Gobierno mexicano. “Durante my último servicio en el gobierno, el cual correspondió con la anterior administración del Gobierno mexicano (PAN), no sostuve discusiones acerca de la reforma del sistema energético con el Gobierno mexicano. Apoyé que el Gobierno de Estados Unidos aprobara la negociación del Acuerdo Transfronterizo, que fue negociado después de mi salida”, dice el comentario enviado a través de correo electrónico.

“Ninguna compañía me ha contratado para ningún trabajo en México; la única organización que me ha compensado por mi investigación y redacción de estos temas es el Atlantic Council, un centro de pensamiento sin fines de lucro que de manera rutinaria patrocina investigaciones de ex creadores de políticas públicas, académicos y otros expertos”, agregó Goldwyn.

EL NEGOCIO DEL GAS

Dentro de todo el grupo de ex funcionarios mexicanos que han transitado del sector público al privado, Luis Téllez ha sido calificado como “clásico ejemplo de la puerta giratoria” por los mismos motivos que KKR considera que es una adición perfecta a su equipo: “Conoce a fondo el sector petrolero desde el sector público y tiene acceso a las más altas esferas del poder y del capital (…) esto nos habla mucho de cuáles son las redes de contacto que tiene”, dijo en marzo Benjamín Cokelet, director de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que revisa la transparencia en las empresas.

Cuando su nombramiento en el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo y su permanencia en Sempra Energy generaron críticas, Téllez se defendió en una carta a la periodista Carmen Aristegui diciendo, entre otros argumentos, que la compañía citada estaba en el negocio de la electricidad y el gas, mas no en el de la “exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que no puede haber conflicto de interés”.

Su participación desde hace más de 20 años en posiciones clave para la apertura comercial de México y su trayectoria corporativa, sin embargo, muestran una relación entre las decisiones políticas y las empresas que las han impulsado y se han beneficiado de éstas.

Así ocurre con Sempra. De acuerdo con información oficial, desde 1999, cuando Téllez era Secretario de Energía, los directivos de esta compañía californiana se reunieron con el presidente Ernesto Zedillo y con el embajador Jeffrey Davidow horas antes de que el mandatario anunciara en cadena nacional, el 2 de febrero de ese año, la necesidad de ampliar la participación privada en las actividades de generación y distribución de electricidad.

En calidad de Secretario de Energía, Téllez salió a defender la propuesta en los medios de comunicación asegurando, como hizo en una entrevista con el periódico Excélsior del 16 de febrero de ese 1999, que la apertura del sector eléctrico no afectaba la soberanía del país y que permitiría destinar más recursos a programas sociales.

“Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades”, dijo Téllez entonces.

Seis años después, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, Sempra ganó su primer y más cuantioso contrato: 16 mil millones por la distribución de gas natural en Baja California y, en este sexenio, ha ganado otros 5 mil millones de pesos en contratos con la Comisión Federal de Electricidad, hoy encabezada por Enrique Ochoa Reza, antiguo asesor de Téllez en el gabinete zedillista.

Sempra abrió una filial en México denominada Infraestructura Energética Nova (Ienova), presidida por otro compañero de gabinete de Téllez en el sexenio zedillista: Carlos Ruiz Sacristán. Éste, que fungió brevemente como director de Pemex en 1994 y como Secretario de Comunicaciones y Transportes hasta 2000, participó a su vez hasta este octubre como consejero de la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain, o OHL, cuyas prácticas de corrupción y tráfico de influencias con integrantes del Gobierno del Estado de México quedaron evidenciadas este año en una serie de audios difundidos en Youtube.

Desde Ienova, mientras, Carlos Ruiz Sacristán se ha destacado en el mercado de la distribución de gas, almacenamiento y construcción de gasoductos en estados como Baja California, Sonora y, en el último año, entre el sur de Ciudad Juárez y El Valle, así como en la región de Ojinaga, los dos en Chihuahua.

Estos gasoductos, agrega la información de Ienova, tienen el objetivo de “transportar gas natural proveniente de la región de Waha, Texas”, hacia las regiones centro, norte y occidente de México.

La Reforma Energética de diciembre de 2013 ha generado más oportunidades de negocio para Ienova, cuya dirección anunció recientemente su interés de participar en el último instrumento creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incentivar la inversión privada en infraestructura como gasoductos, denominado Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y Energía, o Fibra E.

“Ienova va, desde luego. Nosotros nos dedicamos a hacer estos desarrollos, y estamos estudiando todas estas alternativas”, dijo Ruiz Sacristán al periódico El Economista apenas el pasado 17 de octubre.

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