Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, como es el caso de la Energética, no darán los resultados esperados mientras la práctica de la puerta giratoria se mantenga, pues la información, el poder y los beneficios económicos se concentran en un puñado de grupos políticos y económicos, que relegan a la mayoría de los ciudadanos y le quitan alcance nacional a los proyectos, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo. Este fenómeno que tiene visos de corrupción, dijeron, se acelerará con la Reforma Energética, pues muchos altos funcionarios están ya al frente de compañías internacionales en el sector y, como han venido haciendo desde el sexenio de Carlos Salinas, usan la información privilegiada con que trabajaron en el servicio público para darle ventaja a los consorcios que ahora representan.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– El tránsito de servidores públicos al sector privado no sólo potencializa los conflictos de interés o el uso de la información privilegiada. De acuerdo con analistas, uno de los principales efectos de esta “puerta giratoria” es que crea espacios de poder que “capturan” las instituciones gubernamentales en favor de intereses particulares y en detrimento del interés público.
“Este movimiento entre esferas públicas y privadas trastoca la relación entre (…) la ciudadanía que paga los impuestos y los funcionarios públicos”, publicó la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (INAM), Alejandra Salas Porras.
“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales. Consecuentemente, estas élites no rinden cuentas a la ciudadanía que paga sus salarios mientras se encuentran en funciones”, agregó Salas Porras en el artículo “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.
Publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales en 2014, el texto identifica el periodo de las privatizaciones como el contexto que ha propiciado el uso de la “puerta giratoria” a través de la que funcionarios involucrados en el diseño de estas “reformas estructurales” terminan vinculados con las firmas, varias trasnacionales, interesadas en la apertura económica.
Entrevistada este mes, Salas Porras explicó que esta práctica se presenta no sólo en México, sino en otros países como Estados Unidos. También, que es característica sobre todo del sector energético, como el mexicano, en el que dos ex secretarios de Estado –Luis Téllez Kuénzler y Georgina Kessel Martínez–, así como varios directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), han pasado a la iniciativa privada, algunos de manera casi directa.
“Una primera cuestión es hasta dónde estas pautas son características de un Estado o de instituciones públicas que han asumido características cada vez más utilitaristas y no cohesionadas a objetivos de largo plazo, sino que al final de cuentas quienes pasan por ahí están tratando de obtener las ventajas y más de tipo individual”, dijo la investigadora.
Para su artículo académico, Salas Porras elaboró una base de datos con las trayectorias de más de 100 servidores públicos relacionados con las reformas estructurales desde 1988, al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y encontró 22 nombres como los de mayor protagonismo en esta transformación institucional.
“Estos 22 funcionarios clave son los que han acumulado a lo largo de su carrera el mayor número de puestos de alto nivel y una mayor participación en los círculos más altos de poder en el aparato estatal. Son también los que se han entreverado más intensamente con intereses privados, nacionales y extranjeros, y los que han logrado una proyección internacional de mayor alcance”, dice el texto.
La investigación identifica a Pedro Aspe, sucesor de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid Hurtado y Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, como cabeza del primer equipo de orientación “predominantemente neoliberal”; grupo que incluye a los ex secretarios de Comercio Jaime Serra Puche y Herminio Blanco Mendoza, principales negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Serra Puche, a la postre, muestra Salas, se unió a compañías como Grupo Modelo, Vitro y Chiquita Brands; Blanco, por su parte, se unió, entre otras compañías, al Grupo Financiero Banorte y a Mitusbishi.
Aspe, por su parte, formó parte de los consejos de Televisa, Volaris y, en 1996, fundó la consultora Protego, que luego se convirtió en filial mexicana de la norteamericana Evercore; fusión que, en 2012, compró el 20 por ciento de la proveedora Diavaz, contratista de servicios de Pemex y ahora también interesada en las licitaciones de la Reforma Energética.
La investigación de Salas Porras muestra también la relación de Aspe con las firmas internacionales McGraw Hill y BlackRock; ésta última controladora de la primera y fundada por varios socios de Evercore.
BlackRock, a su vez, compró este año Infraestructura Institucional, presidida por Jerónimo Gerard –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y parte de Sierra Oil & Gas, ganadora esta última de la primera licitación de la Reforma Energética.
“Sus cálculos y lealtades se pueden encontrar en los clientes y patronazgos potenciales en México y en el extranjero”, dice Salas Porras en su investigación.
“Una vez que los ex funcionarios son recompensados con posiciones en las juntas de administración de grandes corporaciones, utilizan la información y experiencia obtenida a lo largo de su trayectoria para conseguir contratos y concesiones. Esta nueva práctica social de carácter rentista explica, en gran medida, el impacto tan limitado que hasta la fecha han tenido las reformas estructurales”, agrega.
CONTROL DE INFORMACIÓN Y PODER
Otros hallazgos de la investigación de Salas Porras son que las relaciones entre los 22 funcionarios clave en la transformación económica fueron facilitadas por redes familiares –varios, dice, procedían de antiguas familias priístas– y, sobre todo, por su formación académica. En este sentido, el análisis encuentra una marcada preeminencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual egresaron 14 de los 22 funcionarios identificados como arquitectos del México neoliberal y descrito en el texto como “el programa de economía más americanizado fuera de Estados Unidos”.
Del ITAM, muestra Salas Porras, salieron Pedro Aspe y su ex empleado en Protego, el hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. También, el ex Secretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler, y el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre otros.
“Si consideramos a los 127 funcionarios de toda la base de datos, sólo 14 estudiaron en el ITAM, lo que evidencia que la presencia de esta institución académica es mucho mayor entre el círculo más íntimo de poder que se configura alrededor de las reformas neoliberales”, agrega el documento.
Salas Porras, enfocada desde hace casi 20 años en la investigación de la élite empresarial mexicana y su relación con la apertura económica, había identificado en un análisis anterior el papel que tienen los “think tanks” –o centros de pensamiento para los que trabajan varios funcionarios– en la defensa de las decisiones neoliberales.
Incluido en un reporte colectivo, el análisis de Salas Porras concluyó que la influencia de las élites es “abrumadora”, porque genera una corriente de pensamiento, articula intereses y “controla el conocimiento y los espacios en que se toman las decisiones sobre el comercio y la política exterior en el ámbito de la región de América del Norte”.
Coordinado por el sociólogo investigador del Colegio de México, Carlos Alba Vega, este estudio colectivo fue publicado en 2012 por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto, a 30 años de iniciado el modelo neoliberal y a casi 20 del Tratado de Libre Comercio, emitió una conclusión:
“El proceso de integración y liberalización económica ha conducido a una concentración de la propiedad, el conocimiento, la información y la tecnología, que son controlados por élites económicas, gubernamentales y del conocimiento (…) Los grandes ausentes de este proceso de integración son los sectores populares, los pequeños empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y muchas otras asociaciones que no forman parte de las élites económicas y políticas”.
EL FACTOR ALTERNANCIA
El sociólogo Carlos Alba Vega, por su parte, suma a la apertura económica el proceso de transición política como factor que acentuó el uso de la “puerta giratoria”, ya que la pérdida del control del Partido Revolucionario Institucional sobre la Cámara de Diputados en 1997, dice, obligó a los empresarios a gestionar ante el Legislativo; un Poder, afirma el investigador, que les era prácticamente desconocido. Y ante ellos, agrega, recurrieron a las prácticas de “lobbying” o cabildeo que habían aprendido en Estados Unidos al participar en las negociaciones del TLC.
La derrota del Partido Revolucionario Institucional en la elección de 2000, menciona también el investigador, empujó aún más funcionarios federales al sector privado, el cual vio en ellos “agentes de servicios” con información estratégica, conocimiento de los mercados y contactos políticos.
“Sus posibilidades de conseguir contratos gubernamentales para la realización de obras de infraestructura o los derechos de transmisión de televisión, y su participación directa en el diseño y aplicación de políticas públicas favorables al sector privado, todo eso, les permitieron utilizar la puerta giratoria que se creó entre los puestos públicos y las empresas, ya fuera como consultores de empresas nacionales y extranjeras, como parte de la estructura corporativa o a través de la creación de sus propias empresas de consultoría”, planteó Alba Vega en un ensayo reciente.
“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, agrega Alba en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”.
Como Salas Porras, Alba Vega coincide en que la Reforma Energética, para la que trabajaron varios ex funcionarios, “aumentará la velocidad y el tamaño de la puerta giratoria”.
«¿QUIÉN REPRESENTA A LA MAYORÍA?»
Ayer, SinEmbargo públicó que, al haberse sumado a la firma internacional KKR en abril pasado, Luis Téllez se vinculó con el grupo cercano a la ex Secretaria de Estado Norteamericano, Hillary Clinton, que se pronunció por la Reforma Energética en México y que luego pasó a la iniciativa privada.
En este grupo, indican documentos oficiales y publicaciones periodísticas como DeSmogBlog, están el ex Embajador norteamericano en México Carlos Pascual, hoy integrante de Information Handling Services (IHS); el ex coordinador de la política energética del Departamento de Estado, David Goldwyn, y el ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown.
Brown, a su vez, se integró en 2014 a KKR; firma que, luego de contratar a Téllez este año, se fusionó con Monterra Energy, creada específicamente buscar los negocios para la reforma energética.
Téllez, que ha participado en varios consejos de administración tanto nacionales como internacionales –Grupo México, Herdez, Carlyle, McLarty Associates– y que ha pasado por cuatro Secretarías de Estado desde hace 28 años, ha sido considerado ejemplo “clásico” del uso de la puerta giratoria y señalado repetidamente por incurrir en potenciales conflictos de intereses.
El caso más advertido es el de Sempra Energy, empresa con la que hizo contacto desde al menos 1999, cuando era Secretario de Energía y los ejecutivos de esta firma sostuvieron encuentros con el entonces Presidente Ernesto Zedillo. Boletines oficiales de la Presidencia de la República muestran cómo, en febrero de ese año, Zedillo se reunió con los directivos de Sempra, y por la noche anunció la propuesta de apertura en el sector eléctrico.
“Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades”, dijo el entonces Secretario Téllez a Excélsior el 16 de febrero de ese 1999.
Quince años después, Sempra Energy ha ganado más de 21 mil millones de pesos en contratos para suministro de gas natural asignados por la Comisión Federal de Electricidad. Su filial Infraestructura Energética Nova (Ienova), mientras, ha manifestado interés en los nuevos Fondos de Inversión en Infraestructura Energética, o Fibra E.
“Sin duda que hay conflicto de interés en todas estas prácticas; ¿hasta dónde además de eso hay corrupción? hay que ver en qué casos sí y qué casos no; trazar una línea tajante entre esos conflictos de interés y hasta qué momento implican corrupción, un manejo de la información en el que claramente aprovechan toda su trayectoria en el aparato gubernamental para hacer beneficios personales”, dice Salas Porras en entrevista.
“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, dice por separado Alba Vega a este medio.
El problema es grave, agrega el académico: “En México, uno de los 14 países más ricos del mundo y que al mismo tiempo cuenta con 52 millones de pobres, ¿quién representa los intereses de estos últimos?”.
