El Ministro presidente acusó a Isabel Miranda de Wallace de fabricar pruebas para afectar la imagen pública de altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, por lo cual el tema fue llevado a la atención de la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,acusó a Isabel Miranda de Wallace de intentar extorsionar y fabricar pruebas para dañar la imagen de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
En conferencia de prensa, el Ministro fue cuestionado sobre la solicitud que hizo recientemente la directora de la organización Alto Al Secuestro para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) deje de intentar “denostarla y desprestigiarla”.
Al respecto, Zaldívar respondió: “Con ella, yo no tengo ninguna intervención. Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella. Tengo conocimiento de que ya está fabricando pruebas para generar una mala impresión y afectar la fama pública de altos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y este tema ya está en la Fiscalía General de la República”.
“Ella está fabricando pruebas para tratar de generar una percepción equivocada sobre personas honorables que lo hemos sido toda la vida”, denunció el Ministro presidente.
También recordó que fue la Primera Sala de la Suprema Corte, y no él, quien ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, una de las presuntas implicadas en el secuestro del hijo de Miranda de Wallace, por lo que Zaldívar no tiene ninguna injerencia en el caso.
“Yo no intervine en la atracción. Me acusó de haber intervenido en la atracción (…) Ni siquiera conozco de qué tratan los asuntos. Lo único que no me parece adecuado es acusar de corrupción, de tráfico de influencias y de muchas cosas, sin pruebas y quererlas fabricar. Afortunadamente, esas pruebas que está fabricando son muy fácil de desvirtuar”, expresó.
“Ella quiere afectar, quiere extorsionar y además, se está equivocando, yo no tengo nada qué ver en sus asuntos”, reclamó Zaldívar.
Tras el aviso de que un Juez federal otorgó a Miranda de Wallace el amparo para que no se pueda llevar a efecto la resolución de un Juez que había ordenado a la FGR abrir una investigación en contra de la mujer por presuntas irregularidades en la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, la activista emitió un comunicado en el que aseguró que el Poder Judicial emprendió una campaña en su contra para intentar liberar a los presuntos secuestradores a cambio de dinero.
En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas. La denuncia que presentó el #IFDP en mi contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido. #CasoWallace@CJF_Mxpic.twitter.com/oyXWD5cRM3
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 12, 2022
Isabel Miranda de Wallace acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero, después de que una Jueza federal le otorgara un amparo en contra de la apertura de una investigación en su contra.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Una Jueza federal otorgó un amparo a Isabel Miranda de Wallace para que no se pueda llevar a efecto la resolución de un Juez que había ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existían elementos para abrir una investigación en contra de la mujer por presuntas irregularidades en la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.
“En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas. La denuncia que presentó el #IFDP en mí contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido”, anunció la presidenta de la organización Alto Al Secuestro por medio de Twitter.
En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas. La denuncia que presentó el #IFDP en mi contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido. #CasoWallace@CJF_Mxpic.twitter.com/oyXWD5cRM3
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 12, 2022
La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, aseguró que el fallo estaba infundado y no está motivada, además que no se aplicó de manera exacta la ley.
También remarcó que los hechos relatados en la denuncia no constituyen un delito, además de que la acción penal está extinguida debido a los antecedentes del caso.
La FGR ya había previamente determinado no actuar en contra de Miranda de Wallace porque la activista no tiene la calidad de imputada en una carpeta de investigación que se inició, además que no puede ser señalada de un delito únicamente imputable a servidores públicos.
El Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial (IFDP) ya había impugnado la decisión, por lo que el pasado 23 de marzo un Juez de control revocó la determinación y ordenó realizar nuevamente el asunto.
“Las pruebas a que hace alusión el denunciante fueron valoradas por el Juzgado dentro de la causa penal, así como por el Tribunal Unitario que confirmo la responsabilidad de cuatro personas en la comisión del secuestro y muerte en contra de mi hijo, y no se ha determinado que las mismas fueron simuladas o falsas, al contrario, han sustentado la sentencia definitiva contra Juana Hilda, César, así como Alberto y Tony”, detalló Miranda de Wallace en un comunicado.
Finalmente, la mujer acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero.
El caso Wallace podría dar un vuelco luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó revisar el caso de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado, pese a que la investigación sobre el crimen ha sido cuestionada en varias ocasiones.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Han pasado casi 17 años desde que Hugo Alberto Wallace Miranda, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda de Wallace y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado. Por el caso hay seis detenidos, de los cuales cuatro fueron sentenciados, por el secuestro y homicidio del hombre. Pero la situación de una de las inculpadas podría cambiar luego de una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo su caso al encontrar irregularidades en su proceso.
Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo Cruz, quien también ha denunciado que fue torturada para confesar el crimen. Quevedo aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.
El pasado miércoles 25 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, quien fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Máximo Tribunal del país revisará el amparo directo 34/2021, al argumentar que “ante la falta de legitimación de la parte solicitante en representación de la quejosa, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción para conocer del mismo”, se señaló en el acuerdo.
Familiares de los detenidos por el caso Wallace han denunciado por años irregularidades en el caso. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
La Ministra Margarita Ríos Farjat aceptó hacer suya la petición de atracción para que la SCJN atrajera el amparo que promovió Juana Hilda, mediante el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDF), dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual tomó su caso. En el recurso de amparo señala que la mujer fue objeto de tortura sexual y psicológica para declararse culpable del secuestro y homicido de Wallace Miranda
Juana Hilda González Lomelí fue detenida y llevada a prisión en 2006, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien desapareció en 2005. En 2011, González Lomelí recibió una condena de 78 años y nueve meses de cárcel luego de que un Juez federal determinó que fue responsable de secuestrar y matar a Wallace Miranda. Sin embargo, el proceso de la mujer estuvo plagado de irregularidades.
EL CRIMEN DE HUGO ALBERTO
El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado cuando tenía 36 años de edad, según la afirmación de su madre Isabel Miranda de Wallace, misma que está respaldada por una resolución judicial, pese a que la evidencia del caso ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas y por diversos organismos que señalan que los acusados fueron torturados para confesar el crimen.
Según la versión de la presidenta y fundadora de Alto al Secuestro, al no saber nada de su hijo, interpuso una denuncia ante entonces la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero como, aseguró, no tuvo apoyo de las autoridades se dio a la tarea de buscar a los presuntos secuestradores de su hijo. Para este propósito colocó varios anuncios espectaculares con los rostros de quienes acusó de ser los secuestradores de su hijo y la recompensa que ofrecía por su captura, misma que llegó a los 250 mil pesos.
De acuerdo con lo que sostiene Isabel Miranda, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue llevado con engaños por seis personas a un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la capital mexicana, en donde lo asesinaron. Su cuerpo, según esta versión, habría sido tirado en un canal de Cuemanco. Además, afirmó que los plagiarios le solicitaron un rescate por 950 mil dólares, pero se concretó la entrega.
Tras la detención de Juana Hilda González Lomelí, en 2006, se implicó en el caso a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, César Freyre Morales, a quienes Isabel Miranda no se ha cansado de señalar como los presuntos responsables del crimen de su hijo, pese a que varios de estos han acusado de tortura para obtener su confesión.
LAS ACUSACIONES DE TORTURA
El 9 de enero de 2006, González Lomelí fue detenida tras lo cual confesó el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en el que implicó al resto de los acusados. Sin embargo, como refiere el propio IFDF, la confesión de Juana Hilda habría sido obtenida bajo tortura sexual y psicológica, además, se realizó en una casa de seguridad sin la presencia del abogado defensor de la presunta responsable.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública también destacó que durante el proceso contra González Lomelí se violó su presunción de inocencia, ya que la señora Miranda de Wallace exhibió su rostro y la presentó como responsable sin que un juzgador hubiera emitido una sentencia condenatoria en su contra, lo que sucedió cinco años después de su aprehensión, el 19 de abril de 2011, por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Otros de los argumentos que el IFDF subrayó en el amparo que interpuso por el caso de Juana Hilda fueron la sexualización y estigmatización que diversos medios de comunicación a nivel nacional hicieron de la mujer, a quien no sólo asignaron apodos y alias misóginos que hacían referencia a su profesión, también exhibieron su vida privada y cuestionaron su rol como madre.
En 2014, Isabel Miranda de Wallace, mostró supuestas pruebas y parte de los expedientes de la investigación y sentencia sobre el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Luego de la captura de González Lomelí y de que ésta confesó, bajo circunstancias irregulares, el nombre de sus presuntos cómplices, tuvo lugar la detención de Brenda Quevedo Cruz, el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos, y hasta 2009 fue extraditada a México.
Pero la persecución mediática en contra de Brenda inició, como en el caso de Juana Hilda, desde 2005, cuando Isabel Miranda la exhibió en espectaculares acusándola de secuestradora, sin que en ese momento existieran pruebas periciales que confirmaran esas imputaciones, con lo que violó la presunción de inocencia de la joven, quien entonces tenía 24 años de edad.
La periodista Guadalupe Fuentes López consignó en el reportaje titulado Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar, publicado el 16 de julio de 2021 en SinEmbargo, que Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 27 de noviembre de 2009, con base en un trabajo de documentación del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
Por ello, y luego de documentar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, el Grupo de Trabajo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) envió al Gobierno mexicano, 29 de septiembre de 2020, una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.
“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.
No obstante, el 17 de noviembre pasado un Juez federal le negó el cambio de medida cautelar promovido por el Instituto de la Defensoría Pública, para llevara su caso en libertad, por lo que Brenda Quevedo aún continúa en prisión.
Isabel Miranda Wallace coloco un anuncio espectacular en el Boulevard de la Naciones, donde pide que sea localizado Jacobo Tagle Dobin para que sea remitido al Cereso. FOTO: Magdalena Martínez, Cuartoscuro
LA CUESTIONADA PRUEBA DE SANGRE
En el reportaje titulado La FGR abre carpetas contra Isabel Miranda por tortura y simulación de pruebas que la periodista Sugeyry Romina Gándara realizó para SinEmbargo, se señala que la única prueba pericial con la que se sustenta el asesinato de Hugo Alberto es una gota de sangre que se localizó el 14 de febrero de 2006, en el departamento de Juana Hilda Lomelí, ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac, misma que se halló siete meses después del plagio y del primer cateo que se hizo en ese inmueble, el 15 de julio de 2005.
No obstante, la gota de sangre habría coincidido con el ADN de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, esposo de Isabel Miranda, a quien se le ha señalado de mentir respecto a la paternidad de su hijo, ya que éste no sería padre biológico de Hugo Alberto, sino Carlos León Miranda, quien durante una conferencia de prensa que ofreció en el Senado, el 29 de abril de 2019, confirmó ser el padre biológico de Hugo Alberto y descartó que la gota de sangre perteneciera a su hijo.
Los defensores de Brenda también han subrayado que el inmueble en el que se habría cometido el crimen de Hugo Alberto no fue asegurado inmediatamente por las autoridades, a pesar de que se investigaba un secuestro y homicidio, e incluso fue rentado a los pocos meses, entre octubre de 2005 y febrero de 2006, y que fue el Comandante Franco [a quien Brenda ha señalado de amenazarla] quien autorizó la liberación del departamento para ser arrendado.
LOS OTROS DETENIDOS
En diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin, y un día después, el 5 de diciembre, fue presentado por el Procurador General de Justicia del Estado de México, en ese entonces Alfredo Castillo Cervantes, acontecimiento que contó con la presencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le permitió hablar en la conferencia e incluso dar indicaciones a los policías.
Por ejemplo, cuando Tagle ingresó a la sala donde se encontraban los medios —esposado y escoltado— Miranda le pidió directamente que corroborara la declaración hecha el día anterior y en la cual implicaba a cinco personas detenidas por el caso. Además, cuando los policías lo sacaban del lugar, la señora les pidió que lo regresaran, que le levantaran el chaleco antibalas y la playera que portaba para que la prensa comprobara que no estaba golpeado. Los policías obedecieron.
Nueve años después, el 28 de noviembre de 2019, Tagle narró en un programa noticioso lo que sucedió el día de su detención, entre las afirmaciones más relevantes que hizo se encuentra el hecho de que Isabel Miranda le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura.
El resto de los acusados, César Freyre Morales y los hermanos Castillo, también fueron detenidos, quienes también habrían realizado su confesión de haber participado en el secuestro, bajo tortura. Pero a pesar de estos señalamientos y de diversos amparos que los acusados han interpuesto, todos continúan presos.
ISABEL MIRANDA RESPONDE A LA SCJN
Tras conocer la decisión de la SCJN sobre la resolución de González Lomelí, la también fundadora y presidenta de la organización Alto Al Secuestro y madre de Hugo Alberto, acusó al Máximo Tribunal de justicia en México de “corrupción”.
“Tal como lo anuncié todo estaba ‘PACTADO’. La SCJN atrae el caso de mi hijo. Con complicidad de Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar corrompe la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) May 25, 2022
Anteriormente, la señora Isabel Miranda de Wallace ha expresado su inconformidad con la decisión del IFDP y ha acusado a Netzaí Sandoval, titular del Instituto, de “destinar recursos en exceso sólo para ganar notoriedad con el caso de mi hijo”, habiendo otros casos que de verdad requieren justicia.
En su cuenta de Twitter, el 14 de julio de 2021, Miranda de Wallace aseguró que cuenta con evidencia de que Brenda Quevedo sigue presentando pruebas para demorar el proceso penal y así lograr que organismos internacionales sancionen al Gobierno de México por la dilación en la justicia.
Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada por fuentes del caso a este medio.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial fue quien promovió las denuncias en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, en ambas carpetas de investigación no hay ningún avance y no se ha informado de mayores diligencias por parte de las autoridades.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo.
Pese a estas acusaciones, en 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien dos años después, en 2012, fue candidata a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), en el que aún militaba Calderón Hinojosa y por invitación de éste.
El presidente Felipe Calderon Hinojosa recibió a la señora Isabel Miranda de Wallace en la recidencia oficial de los Pinos. FOTO: Ariel Gutiérrez, Cuartoscuro
Ya en la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 23 de julio de 2021, a Olga Sánchez Cordero, entonces Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.
La solicitud del mandatario federal se dio luego de que Miranda de Wallace fue señalada por periodistas de practicar espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. Por ello, el Presidente López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.
“Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que vengas aquí la semana que viene para tratar estos asuntos”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en ese momento.
– Con información de Guadalupe Fuentes López y Sugeyry Romina Gándara
El mandatario mexicano consideró que “es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos”, que le solicitará a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que acudan a la “mañanera” a hablar del caso Isabel Miranda de Wallace.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.
Miranda de Wallace fue señalada por periodistas, esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional. Uno de ellos dijo que la supuesta activista practica espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.
“Es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tiene que escuchar el Presidente. Ahora buscan presionarlo para liberar a secuestradores”, dijo Miranda en su cuenta de Twitter poco después de la exposición en la conferencia.
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Hace dos días había dicho: “Yo no tengo a los secuestradores de mi hijo ‘metidos en el clóset’, se encuentran en penales, autoridades son las responsables de su integridad. Es absurdo que a mí, una ciudadana cualquiera, me señalen de hechos de tortura”.
Conocida como “señora Wallace”, Miranda no es una ciudadana cualquiera. Es presidenta de Alto al Secuestro y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, que le fue otorgado por Calderón Hinojosa. Intentó participar en política –fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por invitación del expresidente–, pero no fue votada y fracasó.
Miranda dice que su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, aunque hay un fuerte debate sobre el caso. En mayo de 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga pusieron en duda el secuestro y el asesinato del hijo de Miranda. Lizárraga publicó un libro sobre el tema: El falso caso Wallace.
Es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tiene que escuchar el Presidente @lopezobrador_ Ahora buscan presionarlo para liberar a secuestradores @lopezobrador_@JesusRCuevas
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 23, 2021
Después de la exposición del caso en Palacio Nacional, el Presidente dijo: “Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que vengas aquí la semana que viene para tratar estos asuntos”.
Sin embargo, frente a los medios de comunicación, destacó que no quiere que los funcionarios vayan a informar, sino a decir “qué se está haciendo y qué más se va a hacer para atender estas demandas de justicia”.
Miranda de Wallace reconoció que hay una denuncia en su contra presentada ante la FGR, pero descartó que esté siendo investigada.
–Con información de Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Isabel Miranda de Wallace descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga investigaciones en su contra, y aseguró que las autoridades tratan de amedrentarla.
En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace acusó que por órdenes del titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, sobre ella pesa una denuncia.
“Les aclaro que NO estoy siendo investigada por la @FGRMexico lo que realmente pasó es que por instrucciones del titular del IFDP presentó denuncia para amedrentarme”, expuso la presidenta de la organización Alto al Secuestro.
Les aclaro que NO estoy siendo investigada por la @FGRMexico lo que realmente pasó es que por instrucciones del titular del IFDP presentó denuncia para amedrentarme
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 16, 2021
El jueves, SinEmbargo informó que la FGR tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras 10 personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
Miranda de Wallace es directora de la asociación Alto al Secuestro. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo.
A su vez, también la acusan de simular que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro Wallace para que el dictamen en genética coincidiera.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que en un principio la FGR no quiso recibir la denuncia por simulación bajo pretextos “absurdos” como el que el pie de la nota no coincidía con los anexos entre otros, pero finalmente la Defensoría Pública logró interponerla.
Sin embargo, la investigación hasta el momento no ha presentado ningún avance, pues al menos la Defensoría Pública no ha sido notificada de ninguna resolución, avance o diligencias que haya realizado la FGR sobre el caso.
Este jueves, la Defensoría trató de ampliar la carpeta de investigación, pero la ampliación no fue recibida por el personal de la FGR bajo el argumento que ya existía una “abstención de la investigación”. No obstante, la parte ofendida no había sido notificada de la decisión de “no investigar”.
En una muestra del poder del Estado contra una ciudadana, la @defensoriaifdp me denunció para intentar callarme ante la denuncia que realicé de irregularidades en el actuar de su titular. Fui denunciada para distraer a la opinión pública y amedrentarme.@ArturoZaldivarL@CJF_Mx
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 16, 2021
Mientras que este viernes, Miranda de Wallace reiteró su señalamiento contra las autoridades. “En una muestra del poder del Estado contra una ciudadana, la Defensoría Pública Federal me denunció para intentar callarme ante la denuncia que realicé de irregularidades en el actuar de su titular. Fui denunciada para distraer a la opinión pública y amedrentarme”, escribió en su cuenta de Twitter.
En su mensaje incluyó a Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), éste último el órgano encargado de administrar y observar los juzgados y tribunales federales del país.
Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 14 años detenida sin recibir una sentencia, fue señalada en 2005 por Isabel Miranda de Wallace como una de las seis personas que secuestraron a su hijo, pero familiares y organismos internacionales han denunciado que los implicados en este caso fueron torturados para confesar y se cometieron severas violaciones a sus derechos.
A petición de Isabel Miranda de Wallace, al final del texto se comparte su postura en relación a esta nota.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.
Dentro del proceso que Brenda tiene, que es el 286/2019, la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pueda continuar con el proceso en su casa —con un brazalete— o también salir de manera absolutoria, pues lleva 11 años y nueve meses sujeta a un proceso penal plagado de irregularidades y 13 años con siete meses privada de su libertad.
Esta petición, que hoy encuentra eco, es la misma que ha exigido la familia de Brenda desde hace 14 años cuando fue detenida en medio de una persecución mediática creada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con denuncias de los acusados.
“En el tiempo de Calderón la señora tenía todo su apoyo, ahorita sigue insistiendo en culpar a Brenda, pero aquí están todos las pruebas de que no lo es”, dijo la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda. “Las audiencias de antes eran espantosas, yo recuerdo que ella le tronaba los dedos al Ministerio Público, hacía lo que ella quería y nosotros mirando espantadísimos, decimos cualquier cosa y ninguna prueba buena nos aceptaban”.
En esta imagen de 2009 se observa a Isabel Miranda de Wallace durante una conferencia donde presentó un video en el que Juana Hilda González Lomelí, presunta implicada en el secuestro de su hijo, realizó declaraciones sobre la extradición de Brenda Quevedo. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro.
La señora Enriqueta enfatizó en el tráfico de influencias que Isabel Miranda ejercía en gobiernos anteriores, desde la policía hasta las fiscalías.
“En mi caso también he sufrido mucho, todas las ventajas que tenía la señora con tanta gente, ella hizo una denuncia contra mí cuando estábamos investigando lo de las actas de nacimiento de su hijo, en ese entonces vinieron por mi de la SEIDO. Ahora a ella sólo le queda estar hablando y andar enfatizando en su verdad, entre comillas, porque no quiere que se le caiga todo su teatro”, explicó.
El 29 de septiembre de 2020, el Grupo de la Organización de la Naciones Unidas envió al Gobierno mexicano una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.
“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.
La señora Isabel Miranda junto un cartel de los presuntos secuestradores de su hijo. Foto: Cuartoscuro.
La señora Isabel Miranda de Wallace, por su parte, ha expresado su inconformidad con la decisión del IFDP y ha acusado a Netzaí Sandoval, titular del Instituto, de “destinar recursos en exceso sólo para ganar notoriedad con el caso de mi hijo”, habiendo otros casos que de verdad requieren justicia.
Brenda Quevedo, secuestradora de mi hijo, no es una blanca paloma como quieren aparentar sus defensores. Huyó a Estados Unidos con una IDENTIDAD FALSA, se hacía llamar “Nadia Vázquez”
¿Ustedes creen que un inocente fabricaría documentos para huir del país? @CJF_Mx@CiroGomezLpic.twitter.com/8VEjO1hTFE
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 15, 2021
En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace aseguró que cuenta con evidencia de que Brenda Quevedo sigue presentando pruebas para demorar el proceso penal y así lograr que organismos internacionales sancionen al Gobierno de México por la dilación en la justicia.
Brenda Quevedo,secuestradora de mi hijo, renunció a su plazo constitucional, para ejercer su defensa, plagó el proceso de recursos y pruebas falsas para retrasarlo. Hoy se victimiza porque no la han sentenciado ???♀️, @Netzai_Sandoval busca que se condene a México por este retraso pic.twitter.com/X2XR8nY9eW
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 14, 2021
Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada por fuentes del caso a este medio.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial fue quien promovió las denuncias en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, en ambas carpetas de investigación no hay ningún avance y no se ha informado de mayores diligencias por parte de las autoridades.
Isabel Miranda de Wallace durante una conferencia presentando supuestas pruebas del secuestro de su hijo. Foto: Cuartoscuro.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo.
En esta imagen de 2007 se observa al expresidente Felipe Calderon Hinojosa, quien recibió a la señora Isabel Miranda en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Cuartoscuro.
LA PERSECUCIÓN DE MIRANDA WALLACE
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, pero la persecución en su contra se remonta al año 2005, cuando Isabel Miranda la señaló de ser, junto con cinco personas más, responsable del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.
Los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, aparecieron en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México señalándolos de secuestradores, pese a que en ese momento no existían pruebas periciales en contra de ellos.
Isabel Miranda Wallace colocó anuncios espectaculares donde pedía localizar a los presuntos secuestradores de su hijo. Foto: Cuartoscuro.
La versión que Isabel Miranda contó a medios en ese entonces —y sigue contando— es que su hijo fue llevado con engaños por estas seis personas a un departamento el 11 de julio de 2005 y en ese lugar lo descuartizaron con una motosierra y pidieron un rescate por 950 mil dólares. Esta versión, que fue confirmada por algunos de los implicados cuando los detuvieron, ha generado dudas en el caso, pues —según los propios acusados— habrían declarado bajo tortura.
“Hay una denuncia que hizo el IFDP contra esta señora y demás gentes que apoyaron todo este teatro, intervinieron muchas personas de la SEIDO, es una historia plagada de inconsistencias”, contó la madre de Brenda Quevedo. “Hay un video que estuvo circulando hace tiempo donde mi hija está diciendo que sí fueron todos, pero se ríe, lo que ella dice es que le daban botellas de agua y de esa forma hacían que ella confesara”.
Uno de sus torturadores de Brenda Quevedo fue Osvaldo Jiménez Juárez, quien en esa época se desempeñaba como Ministerio Público, y que a pesar de que la familia lo denunció, le dieron carpetazo antes de que terminara el Gobierno de Calderón. “Estamos tratando donde volver a abrir el caso porque ese mismo MP lo ascendieron después a Fiscal”.
LA TORTURA A LOS DETENIDOS
Juana Hilda González fue la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox.
De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos Brenda.
César Freyre Morales fue detenido tiempo después y habría confesado también, bajo tortura, haber participado en el secuestro. Lo mismo ocurrió con los hermanos Castillo.
A Brenda Quevedo la detuvieron el 28 de noviembre en Estados Unidos y la extraditaron a México en 2009. Por último, en diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin.
Espectacular sobre la avenida Paseo de la Reforma exhibiendo la fotografía de César Freyre Morales, presunto secuestrador de Hugo Alberto Wallace. Foto: Cuartoscuro.
Tagle fue presentado ante los medios el domingo 5 de diciembre de 2010 por el Procurador General de Justicia del Estado de México, en ese entonces Alfredo Castillo Cervantes, y contó con la presencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le permitió hablar en la conferencia e incluso dar indicaciones a los policías.
Por ejemplo, cuando Tagle ingresó a la sala donde se encontraban los medios —esposado y escoltado— Miranda le pidió directamente que corroborara la declaración hecha el día anterior y en la cual implicaba a cinco personas detenidas por el caso. Además, cuando los policías lo sacaban del lugar, la señora les pidió que lo regresaran, que le levantaran el chaleco antibalas y la playera que portaba para que la prensa comprobara que no estaba golpeado. Los policías obedecieron.
Nueve años después, el 28 de noviembre de 2019, Jacobo Tagle narró lo que sucedió el día de su detención, de cómo Wallace le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura.
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“La señora Wallace se comunicó con el Presidente Felipe Calderón estando yo en un cuarto, él la felicitó por haber dado con mi captura, le dijo que qué ocupaba y le pidió a la persona que estaba encargada en ese momento del operativo que hicieran lo necesario para poder hacer todo lo que la señora quería hacer conmigo y me refundieran en la cárcel”, dijo Tagle en una entrevista exclusiva con el periodista Ricardo Rafael en La Octava.
En el caso de Brenda la situación fue similar. El Grupo de Trabajo de la ONU documentó graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.
También detalló que el 27 de noviembre de 2009, Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Jacobo Tagle Dobin, presunto asesino de Hugo Alberto Wallace, fue presentado ante los medios de comunicación después de haber sido detenido entre los municipios de Cuatlitlán Izcalli y Villa Nicolás Romero. Foto: Cuartoscuro.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
Carteles colocados por Isabel Miranda Wallace. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
Paradójicamente ese 2010, mientras Brenda era torturada, el expresidente Felipe Calderón le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien habría sido la autora intelectual de su tortura.
Los seis detenidos afirman que el homicidio de Hugo Alberto Wallace nunca existió, que todo fue “fabricado” por la señora Isabel Miranda y por lo tanto piden ser liberados. En el caso de Brenda Quevedo, lleva 14 años presa sin recibir una sentencia.
“Sueño que se resuelva todo esto, están todas las pruebas, lo del padre biológico de Hugo Alberto, existe también la prueba de la pareja de Hugo, donde la entrevistan en Milenio y dice que dos años después de su supuesta muerte le habla por teléfono porque ella tiene una hija de él. También está lo de la sangre que nunca se encontró”, mencionó la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda.
RÉPLICA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE
Ciudad de México a 19 de julio de 2021
SIN EMBARGO
Alejandro Páez Varela – Director General
Rita Varela Mayorga – Directora de Redacción
Guadalupe Fuentes López – Reportera
Presentes
Les envío un cordial saludo y me dirijo a ustedes en relación a la nota publicada en su portal digital de fecha 16 de julio de 2021, titulada “Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar” y disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica https://www.sinembargo.mx/16-07-2021/4001064
Con la finalidad de que se informe a la ciudadanía la realidad sobre este tema tan doloroso y no sólo se publiquen las mentiras de una procesada por secuestro que busca obtener su libertad, me permito aclarar las siguientes imprecisiones de la nota:
Yo no señalé a Brenda Quevedo Cruz como secuestradora de mi hijo, fue Juana Hilda González Lomelí quien confesó el secuestro y muerte de mi hijo, así como la participación que tuvo cada miembro de la banda. Ella señaló a Brenda Quevedo como partícipe no sólo de este delito, sino de otros como extorsiones, portación de armas y venta de drogas.
La reportera afirma que Brenda Quevedo fue detenida de forma arbitraria, lo cual no tiene sustento, ya que ningún órgano jurisdiccional ha emitido una sentencia en ese sentido. Aunado a ello afirma que un Juez decidirá sobre una petición del Grupo de Trabajo de la ONU, sin embargo no se trata de una petición sino de una OPINIÓN sin valor vinculante, es decir NO es obligatoria para el estado mexicano y ya existe un pronunciamiento del juez en ese sentido.
Si bien es cierto que la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pueda continuar con el proceso en libertad, es totalmente FALSO que Brenda Quevedo haya solicitado utilizar un brazalete electrónico, y mucho menos tiene la posibilidad de “salir de manera absolutoria” como lo afirma la reportera, ya que ella ha impedido (a través de recursos infundados y pruebas falsas) que se cierre el periodo de prueba y por ello el juez no puede emitir aún una sentencia.
Afirman que yo he sido apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, resulta ilógico que si realmente hubiera recibido el apoyo de alguna administración, todos los secuestradores estarían sentenciados y yo no seguiría buscando justicia.
Citan a la madre de Brenda Quevedo diciendo que ella tiene todas las pruebas de que Brenda no es responsable del secuestro de mi hijo. Si eso fuera cierto, ¿por qué no las han aportado a la causa? ¿Por qué se niegan a recibir una sentencia y siguen alargando el proceso?
Resulta doloso afirmar que existe una persecución contra Brenda Quevedo por un señalamiento mío. Reitero que quien la sitúa en el crimen cometido contra mi hijo es su co acusada Juana Hilda González Lomelí, su ex pareja Jacobo Tagle Dobín y el líder de la banda César Freyre Morales. Cabe señalar que se logró su extradición a México, después de que estuvo prófuga en Estados Unidos bajo una identidad y documentos falsos, debido a que un Juez de dicho país encontró CAUSA PROBABLE de su participación en el secuestro y muerte de mi hijo.
La reportera afirma que César Freyre Morales confesó bajo tortura. Es importante recordarle, que el propio César declaró ante un juez, que todos se pusieron de acuerdo para mentir diciendo que fueron torturados, sin embargo era sólo una estrategia para salir de prisión. Él afirmó que NO fue torturado. La reportera está mal informada o actúa con dolo.
Se habla de una presunta llamada mía con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual niego rotundamente. Es otra mentira evidente de un procesado dispuesto a mentir para obtener su libertad.
Finalmente, respecto a la supuesta tortura de Brenda Quevedo a la que hacen referencia, me permito recordar que a Brenda ya le fueron practicados dos Protocolos de Estambul, mismos que resultaron NEGATIVOS. Lo que está buscando es que una autoridad parcial como lo es la Defensoría Pública se lo practique y de manera ilícita obtener un Protocolo a modo.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 2 de la Ley reglamentaria del artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de ustedes se me permita ejercer mi derecho de réplica a efecto de que se publique en el mismo espacio en el que se publicó el artículo señalado en el cuerpo del presente.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
La Defensoría Pública ha interpuesto dos denuncias ante la FGR contra Isabel Miranda de Wallace: una presentada en noviembre de 2020 contra ella y otras personas, por el delito de tortura, y otra, la más reciente, en mayo pasado por falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
En esta imagen de 2007 se observa a la señora Isabel Miranda en una conferencia. Foto: Cuartoscuro.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo.
A su vez, también la acusan de simular que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro Wallace para que el dictamen en genética coincidiera.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que en un principio la FGR no quiso recibir la denuncia por simulación bajo pretextos “absurdos” como el que el pie de la nota no coincidía con los anexos entre otros, pero finalmente la Defensoría Pública logró interponerla.
Sin embargo, la investigación hasta el momento no ha presentado ningún avance, pues al menos la Defensoría Pública no ha sido notificada de ninguna resolución, avance o diligencias que haya realizado la FGR sobre el caso.
Este jueves, la Defensoría trató de ampliar la carpeta de investigación, pero la ampliación no fue recibida por el personal de la FGR bajo el argumento que ya existía una “abstención de la investigación”. No obstante, la parte ofendida no había sido notificada de la decisión de “no investigar”.
La otra denuncia en contra de Isabel Miranda Torres y autoridades penitenciarias involucradas en los actos de tortura y violaciones de derechos humanos a Brenda Quevedo Cruz, fue presentada ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura el 6 de noviembre de 2020 en cumplimiento a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, quien pidió a las autoridades mexicanas la liberación de Brenda Quevedo Cruz, pues consideró que la detención por el caso Wallace fue arbitraria y contraria a los derechos humanos.
La acusación por los delitos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes quedó sentada en la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI/MEX/000033/2020 a cargo de la Ministerio Público Laura Nayeli Salas Ramírez. La acusación es por los actos de los que fue víctima Brenda Quevedo durante su detención el 26 de noviembre de 2011, así como en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito en el Estado de México el 27 de noviembre de 2009 y en el Centro Penitenciario Islas Marías, Nayarit, el 12 y 13 de octubre de 2010.
El señalamiento en contra Wallace es porque ella habría “confesado” ser autora de la tortura que recibieron los detenidos por el caso, pues la denuncia destaca como un antecedente relevante una nota publicada el 17 de septiembre de 2019 titulada “Pude haber mandado a matar a los asesinos de mi hijo, pero no lo hice” en donde se citan las declaraciones de Miranda Torres en la que ella habría señalado “Yo lo pude haber mandado matar, no nada más golpear”.
Además de Isabel Miranda, se acusa a Braulio Robles Zuñiga, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la entonces SIEDO.; Osvaldo Jiménez Juárez, Fiscal de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República; Irineo Monroy Dávila, Director del Centro de Reinserción Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, así como al encargado de despacho, jefe de seguridad, médicos de ese penal. También a las autoridades penitenciarias del Centro Federal Femenil Rehilete, en las Islas Marías.
EL CASO HUGO ALBERTO WALLACE
El caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 cuando desapareció el hijo de Isabel Miranda, presuntamente privado de su libertad por seis personas, entre las que se encuentra Brenda Quevedo, quien está en espera de una audiencia para resolver su situación jurídica.
Según la versión de Isabel Miranda, presidenta de la fundación Alto al Secuestro, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda González, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Tony Castillo Cruz, Alberto Castillo Cruz y Brenda Quevedo, quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares.
Isabel Miranda de Wallace durante una conferencia presentando supuestas pruebas del secuestro de su hijo. Foto: Cuartoscuro.
Los nombres y fotografías de los implicados fueron dados a conocer por la señora Isabel Miranda de Wallace en diversos anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la Ciudad de México y su caso llegó a los medios de comunicación.
Esta estrategia hizo que expresidentes como Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón se acercaran a ella y pusieran todo el aparato del Estado para dar con los responsables, quienes uno a uno fueron detenidos y obligados a confesar –bajo tortura– el delito, de acuerdo con sus denuncias.
La única prueba pericial de que Hugo Alberto fue asesinado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar el 14 de febrero de 2006, seis meses después del plagio y del primer cateo que se hizo en ese inmueble (15 de julio de 2006).
Llama la atención para los defensores que el inmueble ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac no fue inmediatamente asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba un secuestro y homicidio; fue rentado a los pocos meses, entre octubre de 2005 y febrero de 2006.
De acuerdo con la información brindada por quienes llevan la defensa de Brenda, la administración del edificio pidió permiso al Comandante Franco —a quien Brenda ha señalado como una de las personas que la amenazaron—, quien autorizó la liberación del departamento para ser arrendado.
El inmueble fue rentado a Rodrigo Osvaldo de Alba quien, de acuerdo a indagatorias de la defensa de Brenda, era empleado de Show Poster, una empresa en la que Isabel Wallace era directora.
A Miranda Torres también se le ha señalado de mentir con respecto a la paternidad de su hijo, al presentar a Enrique del Socorro Wallace Díaz como padre de Hugo Alberto ante la Fiscalía en la que se hizo una prueba pericial de la gota de sangre encontrada en el departamento, la cual, había coincidido con el ADN de José Enrique.
El 29 de abril de 2019, Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, ofreció una conferencia de prensa en el Senado junto con Nestora Salgado donde confirmó ser el padre y descartó que la gota de sangre perteneciera a su hijo.
León Miranda reveló que Isabel Mirando lo buscó cuando desapareció su hijo y le pidió ayuda; que ella lo llevó a la entonces PGR para dar una muestra de sangre y estando en la corporación ella presentó a Carlos como José Enrique Socorro.
“Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado. Yo le ofrecí: eso se puede solucionar con una muestra de sangre. Si es necesario, le dije, yo me presento a dar esa muestra. Ella aceptó y después me llamó. En ese momento dijo que viniera a dar la muestra, pero me llamó mucho la atención que cuando entramos a la SIEDO [..] ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”.
Una vez adentro, me presentó: ‘Aquí viene Enrique, viene a dar una muestra de sangre. ¿Cómo le vamos a hacer? Pásale al laboratorio’”, señaló en ese entonces el exesposo de Miranda de Wallace.
Claudia Muñoz reveló que Hugo Alberto Wallace aún tuvo contacto con ella en 2007, es decir, dos años después de la supuesta desaparición y asesinato del empresario.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La historia de Hugo Alberto Wallace no parece tener fin, y es que en entrevista para Milenio, Ricardo Raphael logró contactar a Claudia Muñoz, una mujer que asegura tener una hija del empresario y haber hablado con él después de su supuesta desaparición y asesinato en 2005.
Al ser cuestionada sobre la situación, Muñoz indicó a este medio que actualmente vive en Estados Unidos, pero que conoció a Wallace desde los 14 años, manteniendo una gran amistad que terminó en una relación de la cual nació su hija.
“Lo que es muy cierto es que tuve una relación de muchos años con Hugo, lo conocí perfectamente a lo largo de mi vida y sí tengo una hija de él”, afirmó la mujer.
También dijo que su hija “va a cumplir 18 años” y no 13 como se había manejado en otros medios, es decir, habría sido concebida “muchísimo tiempo antes” de la desaparición de Hugo Alberto.
Sobre el caso del empresario, indicó que se enteró por medio de Isabel Miranda de Wallace, y que a su impresión Jacobo Tagle no puede estar detrás del secuestro.
En 2014, Isabel Miranda de Wallace, mostró supuestas pruebas y parte de los expedientes de la investigación y sentencia sobre el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
“[Me enteré] por medio de su mamá, nosotros teníamos tiempo separados…sin embargo, el veía a la niña cuando estaba chiquita…y un día ya no volvió, ya no habló, nada. Mi impresión de él [Tagle] es la de un niño, un niño que —yo lo notaba— tenía ambiciones nada más de vivir, de disfrutar. Un adolescente al que le gustaban las motos, como Hugo andaba en todo eso, no sé si ahí empezó su gusto, pero sí comenzó a estar muy cerca de él por las motos…no quiero ser grosera con él ni nada, pero no creo que haya tenido siquiera la capacidad de hacerlo”, reafirmó Claudia.
Después de esto se le cuestionó cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el hijo de Wallace, a lo que respondió que mientras vivía en Houston, “en un teléfono de la casa de mi mamá, me llamó él una noche, era 2007 y eso lo tengo claro; yo todavía recibí una llamada de él en ese año”, declaró.
Aunque también aseguró que a ella se le hace difícil creer que después de todo Hugo Alberto siga con vida, pues él nunca habría dejado de frecuentar a sus hijas.
“Se me hace difícil creer todo esto. Es una cosa terrible que nunca pensé pasar en mi vida, me parece algo de cuento. No, creo yo, porque yo conocí a Andy, la niña de Hugo, cuando ella era una bebé de dos años, la dejaban mucho con él y estaba en su casa, íbamos a comer con la niña, era su adoración. Él era un gran papá porque la quería muchísimo”, puntualizó en entrevista con Milenio.
¿UN FRAUDE JUDICIAL?
Todo esto llega justo cuando se ha puesto en tela de juicio el Caso Wallace, emblemático durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y el poder que ha tenido la madre de Hugo Alberto para presuntamente manipular la justicia.
Hace uno año Ricardo Raphael publicó en Proceso que Isabel Miranda mintió al decir que su hijo fue procreado con su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, con lo cual se pondría en entredicho la hipótesis bajo la que han sido detenidos los presuntos culpables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda.
“Este caso podría ser el gran fraude judicial de la historia, podría haber siete personas hoy encerradas por más de 12 años en cárceles de alta seguridad sin haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan, porque hubo una señora con mucho poder económico y político que manipuló el aparato de justicia”, dijo el periodista.
El periodista publicó en la revista Proceso un reportaje sobre el origen del hijo desaparecido de Isabel Miranda. Pone en dudas al que aparecía como padre biológico y, con eso, todo este caso se tambalea. Ahora, en una entrevista con W Radio, dice que podría tratarse de “el gran fraude judicial de la historia”.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El periodista Ricardo Raphael ha hecho temblar el llamado Caso Wallace, emblemático durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En entrevista con W Radio, posterior a un reportaje en la revista Proceso, dijo hoy que la denuncia por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, por la cual hay siete personas en prisión, podría ser “el gran fraude judicial de la historia”.
El colaborador de la revista Proceso publicó un reportaje sobre el padre biológico del hijo desaparecido de Isabel Miranda. El periodista dice que el padre de Hugo Alberto León Miranda no es el que ha dicho la señora Wallace.
Hugo Alberto León sería hijo biológico del primer esposo de Isabel Miranda, Carlos León Miranda, quien, de acuerdo con la investigación del periodista, es primo hermano de Isabel Miranda de Wallace.
“Este caso podría ser el gran fraude judicial de la historia, podría haber siete personas hoy encerradas por más de 12 años en cárceles de alta seguridad sin haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan, porque hubo una señora con mucho poder económico y político que manipuló el aparato de justicia”, dijo el periodista.
El artículo que Ricardo Raphael publicó en Proceso señala que Isabel Miranda mintió al decir que su hijo fue procreado con su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, con lo cual se pondría en entredicho la hipótesis bajo la que han sido detenidos los presuntos culpables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda.
La marchas “Vibra México” y “Mexicanos Unidos”, que serán simultaneas y que se realizarán en la Ciudad de México y otros estados del país, ha elevado el nivel de acusaciones. Este día, convocantes a la primera movilización criticaron de nueva cuenta a Isabel Miranda de Wallace, promotora de la segunda, por realizar la suya el mismo día y a la misma hora. María Elena Morera señaló que pese a que también es en contra de Donald Trump, es una exigencia a Peña Nieto para que “nos represente y nos rinda cuentas en todas las negociaciones con Estados Unidos”.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– La convocatoria de la marcha “Mexicanos Unidos”, que es en respaldo al gobierno de Enrique Peña Nieto, provocó hoy nuevos cuestionamientos de quienes llamaron a la marcha “Vibra México” para exigir transparencia a la administración federal y un alto alto a la corrupción.
Ambas marchas han sido cuestionadas pero los organizadores de “Vibra México” mantienen su llamado original a exigir transparencia y rendición de cuentas. También han dicho claramente que no es para apoyar al Gobierno federal y se distancian de los organizadores de “Mexicanos Unidos”.
La investigadora Denise Dresser, que participa en “Vibra México”, comentó en redes sociales que “entre salir en una foto saludando a Isabel Miranda de Wallace y ser infectada con Ébola, prefiero lo segundo”.
Miranda de Wallace, una activista vinculada al Gobierno federal, es la organizadora de “Mexicanos Unidos”.
Algunos la acusan de haber “hackeado” la marcha de las otras organizaciones civiles con un mensaje a favor de Peña Nieto.
Este día, la líder de la organización Causa en Común, María Elena Morera, fue todavía más directa. Es insensato, dijo, que Miranda de Wallace haya convocado a una marcha en apoyo al gobierno del Presidente, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo día que varias organizaciones integradas en “Vibra México” harán lo mismo pero para exigir acciones a la administración de Peña.
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, dijo que irá con su familia a marchar con los de “Vibra México”.
“El que Isabel [Miranda de Wallace] haya convocado el mismo día a la misma hora a otra marcha, pues sí me parece un poco absurdo […]. Si me parece insensato”, dijo Morera en entrevista con Radio Formula.
Aseguró que pese a que la movilización tiene como fin manifestarse en contra del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “continúa con la exigencia al gobierno [mexicano] que nos represente y nos rinda cuentas en todas las negociaciones con Estados Unidos [..]. Está negociando contra un tirano”.
Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, respondió en un video.
Dijo que lo “sensato y lo lógico” es que las personas se puedan manifestarse y aseguró que el objetivo de las protestas es fijar una postura contraria al gobierno del Presidente estadounidense.
“Ni es ilógico ni es irreflexivo poner una raya cuando tú no estás de acuerdo en algo, pero respetándonos. Yo no critico a nadie, yo no califico a nadie. Acepto y respeto los puntos de vista de todos y lo mismo exigimos para con la marcha de ‘Mexicanos Unidos'”, dijo la Miranda de Wallace en un mensaje subido a YouTube.
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Otros de los convocantes a la manifestación “Vibra México” se han pronunciado también en contra de Wallace y los señalamientos de que “coquetará” con el gobierno federal.
María Amparo Casar, una de las convocantes de la marcha “Vibra México”, escribió también en Twitter que “la marcha #VibraMexico no coquetea con el gobierno. Mantenemos #NoTrump y exigencia a GobMex en corrupción/ impunidad/violencia/desigualdad”.
Salvador Camarena, brazo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, “una de las asociaciones que desde la primera hora estuvo en la organización y promoción de la marcha”, aclaró hoy en su columna de El Financiero:
“Como es sabido, días después de que ‘Vibra México’ anunciara su marcha, las activistas Laura Elena Herrejón e Isabel Miranda de Wallace propusieron otra marcha, una que, hasta donde entiendo, no quiere cuestionar al gobierno. Al final, ambas manifestaciones confluirán. Bueno. La marcha es de quien la trabaja. Ojalá vayan muchos, ojalá todos y cada uno tengan el espacio para hacer las demandas que gusten. Si el gobierno federal esquirolea la marcha, será evidente. Si los ciudadanos libres no responden al llamado, también”.
De acuerdo con analistas y activista consultados por SinEmbargo, el mayor beneficiado con las marchas del domingo 12 de febrero será el Presidente Enrique Peña Nieto. También su partido, el PRI.
El padre Alejandro Solalinde criticó la “coincidencia” de que la activista Isabel Miranda de Wallace convocase a una marcha llamada “Mexicanos Unidos”, el mismo día que se convocaban a otras en la Ciudad de México.
“Yo no puedo decir si la marcha tiene o no legitimidad. Sabemos que ella ha estado siempre aparentemente como una defensora de derechos humanos, pero es en realidad, oficialista. Siempre está del lado del Gobierno y de Peña Nieto y , seguramente, ella está haciendo esa marcha para apoyarlo a él”, dijo el religioso.
Los familiares de los seis inculpados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la líder de la organización Alto al Secuestro, denunciaron que hubo tortura para declararse y para disculparse con Isabel Miranda de Wallace. La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad exhibió una serie de irregularidades detectadas en las pruebas que presentó Wallace ante las autoridades, como la paternidad de su hijo, el ADN de una gota de sangre en el departamento donde supuestamente fue descuartizado, y el rastro legal de Hugo Alberto en 2010. A 11 años de “la casería de brujas” que emprendió Wallace, dicen, los restos de su hijo no han sido encontrados. Y ella desistió de su búsqueda.
En 2014, Isabel Miranda de Wallace, mostró supuestas pruebas y parte de los expedientes de la investigación y sentencia sobre el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Integrantes de una organización internacional defensoras de los derechos humanos, familiares y abogados de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda presentaron este día pruebas que aseguraron desmienten la investigación del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
En febrero de 2006, la presidente de la organización Alto al Secuestro protagonizó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto. Colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los autores del secuestro.
En 2005 su hijo fue secuestrado y la señora Wallace se ganó el respeto de los mexicanos convirtiéndose en una “heroína”. Las portadas de los periódicos y los programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que, según ella, le era negada por las instituciones mexicanas.
La opinión pública se volcó de forma favorable hacia Isabel. Era una madre desesperada que comprometió su vida para encontrar a su hijo Hugo Alberto y que no escatimó en esfuerzos para dar con sus victimarios.
Sin embargo, desde hace 11 años periodistas y especialistas han calificado como una “gran mentira” el caso Wallace y la lucha que encabeza la ex aspirante panista a la Jefatura de Gobierno capitalina.
Familiares de los inculpados por el caso Wallace y activistas evidenciaron las mentiras en el caso. Foto: Twitter @cencos
En una conferencia de prensa, organizada por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), activistas y abogados presentaron hoy un análisis contundente del caso, en el que se evidencia declaraciones de los supuestos plagiarios obtenidas bajo tortura y la semblanza de las pruebas que presentó Wallace en la “fabricación del secuestro, el cual ni siquiera tiene existencia legal”.
En un informe de 30 páginas, la organización de origen canadiense refiere que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.
La gota de sangre fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba un homicidio.
El documento plantea que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años de edad con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, cuando este tenía 31 años de edad, en 1968. Sin embargo, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después de que el empresario se había divorciado de su primer matrimonio. Aunque Enrique Wallace sostuvo una relación extramarital con Isabel Miranda Torres durante un año, Hugo Alberto nació en 1968.
El documento también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante Corte en el año 2010, cinco años después del homicidio del hijo de Isabel.
En la conferencia participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto. La joven dijo que a su madre, como los otros seis acusados, no se les hizo un proceso jurídico legal.
Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Castillo, dijo que ambos fueron interceptados por gente de Isabel Miranda que lo amedrentaron y le dijeron “más te valía meterte con el hijo del Presidente que con el mío”. Los jóvenes, declaró, fueron torturado por agentes de la extinta AFI con el fin de declararse culpables. Posteriormente, ya presos, se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio, fue cuando Isabel inició una campaña mediática incluso en los reclusorios.
“La señora Wallace se acercó a mi hijo [Jael Malagón Uscanga] solicitándole que inculpara a César [Freyre Morales] prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo la madre del afectado, Elena Uscaganda.
“La señora [Wallace] recibió todo el apoyo de la SEID, y otras autoridades facilitaron la intromisión en el proceso”, refirió.
Los especialistas refirieron que la organización de Wallace, Alto al Secuestro, no sólo se dedica a fabricar culpables, también engaña a la opinión pública.
La Asociación Canadiense pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años de edad. Además, exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga, implicados en el caso.
La señora Wallace se ganó el respeto de muchos mexicanos tras investigar por su cuenta el secuestro de su hijo. En el camino, se acercó al poder y también cosechó detractores.
Isabel Miranda de Wallace niega que haya rechazado el informe de la CIDH en el caso Ayotzinapa. Lo que se niega a aceptar, dice, es la manipulación política. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– En febrero de 2006 Isabel Miranda de Wallace protagonizó la búsqueda de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Colocó espectaculares en las avenidas más importantes del Distrito Federal con las fotos de los hoy procesados en donde ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los autores del secuestro.
En 2005 su hijo fue secuestrado y la señora Wallace se ganó el respeto de los mexicanos y se convirtió en una “heroína”. Las portadas de los periódicos, los programas de radio y televisión, exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que le era negada por las instituciones mexicanas.
La opinión pública se volcó de forma favorable hacia Isabel. Era una madre desesperada que comprometió su vida para encontrar a su hijo Hugo Alberto y que no escatimó en esfuerzos para dar con sus victimarios.
Hoy, 10 años después de aquellos eventos, Isabel Miranda de Wallace despacha desde las oficinas de la organización civil que preside Alto al Secuestro al sur de la Ciudad de México. En su cochera hay dos camionetas blindadas y su despacho tiene un ventanal transparente desde donde puede ver a todos los que entran y salen de las instalaciones.
La imagen de la señora Wallace tiene claro oscuros. Para muchos de sus seguidores y admiradores, sigue siendo la mujer valiente que luchó en contra de la impunidad. Para otros, traicionó la causa que dice abrazar a través de su organización para coquetear abiertamente con el poder.
En 2012 fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque ella no obtuvo la jefatura, ese mismo año su sobrino Andrés Sánchez Miranda ganó una diputación plurinominal y actualmente ocupa una curul en el recinto legislativo de San Lázaro.
Cuando fue candidata obtuvo apenas el 13.61 por ciento de los votos, por debajo de Beatriz Paredes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Isabel Miranda de Wallace perdió y nunca se afilió al PAN.
“Yo nunca entré a la política. Yo fui candidata independiente del PAN, yo nunca he militado en un partido, ni siquiera conozco a todas las personas del PAN, porque no soy militante, no soy de ningún partido. Ni conozco a todos los del PAN”, dice en entrevista con SinEmbargo.
Y responde a la pregunta sobre si participar en la política, desgastó su imagen como activista: “Cuando un ciudadano se mete en la política, parece que lo besó el diablo. Esa ya es historia vieja. Ya es cansado que te estén sacando a relucir algo que he explicado hasta el cansancio”.
Erick Dagoberto Fernandez Saldaña, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, explicó en abril a este medio digital que el margen de las personas con intereses de la sociedad civil, no está en el esquema de los partidos políticos o del gobierno.
“El conflicto es el poder. Observan su participación civil como un trampolín. Los partidos políticos buscan el poder, mientras que la organización social no”, explicó.
El experto añadió: “Habría que preguntarse, ¿qué tanta reflexión realizan estos líderes antes de abandonar el campo tradicional de la acción social y convertirse en agentes inmersos en el esquema de los partidos políticos y el mismo sistema que en ocasiones critican?”.
Pero para Isabel a los activistas les ha costado mucho poder participar en la política, a través de candidaturas ciudadanas y no ve nada de malo en ello.
A la señora Wallace se le critica su cercanía con el poder político. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
WALLACE: ESCÁNDALOS Y PODER
En diciembre de 2010, un cuestionado Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, por las violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos de ese año a Isabel Miranda de Wallace.
Los méritos fueron dijo: su lucha y combate al secuestro. Habían pasado ya cinco años de los sucesos en torno a su hijo y Wallace, la mujer que buscó con medios propios a Hugo Alberto porque las autoridades no resolvían el caso, recibió gustosa el premio de manos del panista Calderón Hinojosa.
Ese día, de acuerdo con CNNMéxico pidió “despolitizar” las acciones para combatir al crimen y “ciudadanizar” la toma de decisiones.
“Ante el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como el titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, hilvanó un discurso con algunas críticas al sistema de seguridad y justicia y pidió que no se tome su crítica como alusión al Ejecutivo Federal. ‘Tome mi crítica como una reflexión hacia todas las autoridades de los tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno, y también como un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos que, con su apatía, hemos permitido que estemos viviendo el México inseguro que tenemos’”, dice la nota.
Miranda de Wallace empezó a verse cercana al poder durante la administración de Calderón. Una de sus principales detractoras es la periodista Anabel Hernández, quien en su libro “México en Llamas” la califica como una “comparsa incondicional que saboteó diversos movimientos sociales”. De acuerdo con Hernández Calderón y Genaro García Luna [ex Secretario de Seguridad] la cobijaron a cambio de inmiscuirse en el movimientos como el de Alejando Martí, en 2008, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia Zardain, en 2011.
Según Hernández, la señora Wallace se presentó en mayo de 2011 en la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos y declaró a los medios “el gobierno podrá tener negligencias, ineptitudes, pero no es el asesino”.
La periodista recuerda en su libro que Wallace se volvió crítica del movimiento de Sicilia y lo acusó de estar politizado. Luego en octubre de 2011 para el segundo diálogo entre el movimiento de Sicilia y Calderón, el Gobierno federal nombró a Wallace como “defensora ciudadana del Presidente de la República”, dice Hernández en su libro.
La periodista asegura que su crítica al MPJD le valió a Wallace la candidatura a la jefatura de gobierno del DF por el PAN en 2012, a pesar de que había voces al interior del partido que no estaban de acuerdo.
En 2012 el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designó a Wallace como su candidata y no a través de un proceso abierto como se había acordado. En ese momento había varias apuestas en la mesa: Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda. El partido argumentó que buscaba darle un rostro ciudadano a la candidatura que competiría contra Miguel Ángel Mancera Espinosa.
José Luis Luege Tamargo, ex Director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue uno de los principales críticos de la designación de Wallace.
El político consideró que el PAN “entregó la plaza” en el Distrito Federal, al designar como candidata a Isabel.
Como apuesta del PAN Wallace apoyó al entonces Secretario de Seguridad Pública García Luna en el caso de Florence Cassez.
La señora Wallace sostuvo hasta el último momento la culpabilidad de Cassez, acusada por secuestro, y abogó porque no fuera declarada en libertad.
El año pasado, Anabel Hernández puso en duda el secuestro y muerte del hijo de Wallace en la revista Proceso, donde publicó que había otra acta de nacimiento de Hugo Alberto.
“En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda”, escribió Hernández.
Pero Isabel Miranda de Wallace no se dejó. Inmediatamente salió a los medios de comunicación para desmentir la publicación y asegurar que Hernández escribió con dolo, por lo que sus abogados interpondrían una demanda por daño moral en su contra.
No era la primera vez que Proceso publicaba un reportaje sobre la señora Wallace. En 2012 en la edición 1849, la revista dio a conocer que Isabel ingresó al Reclusorio Norte el viernes 17 de julio de 1998, en donde permaneció detenida durante cinco días.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) habría acusado a Wallace de homicidio en grado de tentativa, daños en propiedad ajena y resistencia a particulares, afirmó la revista.
Wallace fue detenida porque se opuso a retirar un espectacular de publicidad, según la publicación.
La señora Wallace también desmintió esa información y aseguró que la de la foto del fichaje publicada por Proceso, era falsa y se trataba de un montaje.
Isabel Miranda detalla lo que considera conflictos de interés en el caso Iguala y la participación de Emilio Álvarez Icaza Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
LA SEÑORA WALLACE: AYOTZINAPA
Isabel Miranda es una mujer que opina sobre casos polémicos: Nestora Salgado García, Florence Cassez y ahora la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
En el caso de Nestora, Wallace es una de las principales opositoras a su libertad, pues la considera una secuestradora. Para Isabel no hay usos y costumbres que valgan en el caso de Nestora, porque, asegura, es norteamericana, no indígena.
También se opuso a la libertad de la ciudadana francesa Florence Cassez y en el caso de Ayotzinapa, opina que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben sacar las manos del caso.
La razón, argumenta: un conflicto de interés porque fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien los eligió.
“El tema por el que yo pedí que los expertos dejaran el caso, fue no por los expertos, sino el manipuleo político que ha tenido Álvarez Icaza y lo sesgado que están siendo las opiniones y las investigaciones. Por eso hay reglas que marcan que no debe haber conflicto de interés. Él viola el derecho de abstenerse por ser connacional, no puede conocer de casos, otros mexicanos se ha excusado por ser mexicanos. Emilio le está dando un uso político a su cargo”, explica.
En entrevista con SinEmbargo,Isabel detalla su postura. Asegura que no está a favor de la “versión histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), pero lee en el tratamiento de los expertos al caso, un trasfondo político.
Para ella buscan exculpar a un gobierno: al de los perredistas José Luis Abarca Velázquez y Ángel Heladio Aguirre Rivero, Alcalde y Gobernador en turno cuando ocurrió la desaparición de los 43, para culpar al Gobierno federal.
“El secuestro incumbe al Gobierno estatal y dónde está Aguirre. Por qué no se le llama a cuentas, era el gobernante en turno y le dieron salvoconducto y enfilan todas sus pilas al Gobierno federal”, expone.
Álvarez Icaza, agrega, tiene un segundo conflicto de interés por su simpatía por el PRD, y porque fue ese partido quien lo propuso para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Un tercer conflicto, detalla, se da porque las fundaciones que llevan en caso de los normalistas, son fondeadas por la organización Open Society Foundations, que a su vez da recursos a varias organizaciones que Emilio fundó y dirigió.
“Que sean de verdad expertos independientes los que tomen el caso: que lo formen la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México) o de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], que ahí sí tienen peritos de drogas y crimen”, propone.
Miranda de Wallace asegura que no tiene interés en “defender al Gobierno federal”, pero que al politizarse el tema, se pierde la oportunidad de conocer la verdad.
Wallace asegura que tiene una parte de la averiguación previa de Ayotzinapa y que pronto tendrá todos los tomos. Revela que en el expediente no hay 43 averiguaciones por la desaparición de cada normalista.
“Los expertos vienen a coadyuvar como lo dice el convenio, para ayudar a esclarecer, entonces, ¿por qué nunca llevaron a los padres de familia a iniciar la averiguación previa de los hijos? No tenemos 43 denuncias de las padres donde digan: ‘mi hijo no llegó a dormir’, ‘yo hablé con mi hijo cuando les cerraron el paso’. No lo hicieron. No hay una sola denuncia en el expediente, no tenemos lo más importante”, lamenta.
La señora Wallace critica además el hecho de que el convenio para coadyuvar en el caso se firmara el 18 de noviembre de 2014 y los expertos llegaran a México hasta marzo de 2015, cinco meses después.
“¿Por qué no vinieron de inmediato? ¿No que mucha prisa por los derechos humanos? ¿Por qué se tardaron cinco meses en venir a trabajar?”, cuestiona.
Meses, dice Wallace, en los que se perdió evidencia importante, como las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Otra de las opiniones polémicas que Miranda de Wallace ha dado en torno al caso de los 43, es que no se trata de una desaparición forzada, sino de un secuestro. Esto en base, explica, a la legislación mexicana y a los tipos penales en materia de secuestro.
A pesar de que hayan intervenido fuerzas del estado, lo hicieron coludidas con el crimen organizado, lo que en la ley se traduce como secuestro, argumenta.
Wallace asegura en el caso Ayotzinapa habrá varios responsables: el municipio, el estado de Guerrero y la Federación.
“La Federación la tendrá si se prueba que la Policía Federal actuó y que el Ejército estuvo ahí y no actuó. Esa parte está por revelarse y será importante las declaraciones de los militares”, dice.
Jaime Tamayo Rodríguez, experto en Movimiento Sociales de la Universidad de Guadalajara (UDG), indica que Isabel Miranda de Wallace no tiene autoridad para hablar en el caso Ayotzinapa.
“Merece todo el respeto en términos de que busque el castigo para los que secuestraron a su hijo, pero ella no tiene ninguna autoridad para hablar en materia de luchas sociales. Ella justifica la criminalización de los movimientos y luchas sociales, como es el caso de Nestora y Ayotzinapa. Es lamentable que se ha convertido en una voz de la sociedad civil para justificar las mentiras y engaños del gobierno federal”, dice.
Para Tamayo la crítica a los expertos y la insistencia en asegurar que la desaparición de los normalistas es secuestro y no desaparición forzada, es para exonerar de toda culpa al Estado.
“Ella no tiene ninguna credencial ni académica, ni científica para hablar de estos temas, puede hablar de su hijo y de las víctimas, no es represente de las víctimas, pero más allá de eso no tiene ni derecho, ni autoridad”, dice.
En el caso Ayotzinapa hay varios responsables: el Gobierno en el municipio de Iguala y en el estado de Guerrero, pero también la Federación. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
WALLACE: NESTORA SALGADO
Otro de los temas polémicos en donde Wallace no ha dudado en opinar, es sobre la Comandanta de la Policía Comunitaria de Onilalá, Guerrero Nestora Salgado García, presa acusada de secuestro.
El 9 de agosto de este año Nestora afirmó a La Jornada: “Hay una mano poderosa que no me deja salir de la cárcel. Se llama Isabel Miranda de Wallace. ¡Soy inocente! ¿Por qué sigo aquí? Por ella”.
Wallace revira: “Nestora Salgado estaba presa año y medio antes de que me metiera. Tenemos declaraciones de su propia gente que relatan que ella les decía que pidieran dinero para liberar a las niñas. A mí me buscaron las niñas. Ella no es Dios, ni siquiera está en el mapa de usos y costumbres. Ella es americana, ¿cómo va a venir a alegarnos a los mexicanos? No sé si en su país se acostumbren usos y costumbres. Pero aquí que se atenga a nuestras leyes”.
Isabel habla enérgica y da “gracias a Dios” que Nestora siga presa y no le hayan dado la amnistía que los diputados perredistas proponían, dice.
Porque para Miranda de Wallace la Comandanta de Onilalá es una secuestradora que tenía adolescentes en condiciones miserables, mezcladas con hombres.
“Las niñas de 14, 15 años fueron manoseadas sólo porque a esta mujer le dio la gana encerrarlas con una bola de hombres. Se ha empoderado tanto a los delincuentes, antes corrían y ahora salen a pelear sus derechos humanos”, argumenta.
Para Cuauhtémoc Ruiz, coordinador del Comité Nestora Libre, Mirada de Wallace representa sólo los intereses del gobierno en turno.
Primero del ex Gobernador Ángel Aguirre, luego los de Felipe Calderón y ahora los de Enrique Peña Nieto, dice.
“En el caso de Nestora tuvo el atrevimiento de decir que es secuestradora. La señora Miranda es la fachada del gobierno, para que pueda salir adelante con sus políticas más atroces. La señora estuvo ligada al gobierno de Aguirre a través del ex Subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, que fue su abogado. Miranda ayudó a justificar el encarcelamiento de Nestora y de 12 policías comunitarios más”, plantea.
Ruiz asegura que las adolescentes que se refiere Wallace, las llevó con Nestora su madre, porque había una red de pederastas que las estaba acosando.
“Hay firmas donde las señora entrega a las hijas. Eso de que estaban mezcladas es falso y no es exactamente un cárcel en donde estaban. Las casas de justicia en la modalidad que tiene en Guerrero son diferentes. No estaban mezcladas con hombres y recibían un trato que ya quisieran muchos”, indica.
El coordinador del Comité Nestora Libre asegura que el encarcelamiento de Nestora Salgado obedece a motivos políticos: al miedo de que las policías comunitarias se extiendan por Guerrero y tomen fuerza.
Esa es, para el activista, la verdadera motivación de la cárcel para Salgado. Se trata de un escarmiento para el resto de pobladores que deseen organizarse para protegerse del crimen organizado.
Para Isabel Miranda de Wallace, la libertad de Nestora significaría un mensaje negativo a la sociedad y a todos los delincuentes presos por secuestro.
“Además yo no la estoy acusando. Si ella es inocente que se vaya a su casa a dormir. Yo no determino si es culpable o inocente, es un juez”, advierte.
Isabel se defiende de sus detractores y asegura: “No me importa que me critiquen y que me digan. Los delincuentes tienen que aprender que si alguien comete un ilícito, debe pagar. Nunca voy a salir a decir algo si no tengo pruebas. No voy a decir yo pienso, yo creo”.
Álvarez Icaza afirmó que en su cargo como secretario ejecutivo de la CIDH tiene la facultad de opinar sobre lo que pasa en todas las naciones, aunque se trate de su país de origen. Foto: Notimex
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza rechazó que exista ningún conflicto de interés en la integración del grupo de expertos del organismo que investiga la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, hace un año.
La semana pasada, Isabel Miranda de Wallace y Samuel González Ruiz, ex asesor de la ONU y ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), pidieron la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por supuestamente existir un conflicto de interés por haber sido Álvarez Icaza quien eligió a sus integrantes y porque el reglamento de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que funcionarios de Naciones Unidas y de la OEA que ocupan puestos de primer nivel, no pueden intervenir en asuntos de sus países.
González Ruiz acusó a Álvarez Icaza de buscar utilizar el informe del GIEI para promoverse como fiscal especial para el caso Ayotzinapa.
“Puede ser el caso de que algunas de mis opiniones no gusten, que algo de mi trayectoria no guste, pero el referido conflicto de interés no existe”, dijo en entrevista con Televisa.
Aclaró que el secretario de la CIDH tiene la condición de revisar y opinar sobre lo que pasa en todos los países, ya que quienes votan son los comisionados.
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