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Isabel Miranda de Wallace acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero.
Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo, sobre quien organismos internacionales han denunciado que fuera torturada para confesar el crimen, quien aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.
La Suprema Corte atraerá el caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y presa por este mismo delito desde enero de 2006.
El mandatario mexicano consideró que «es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos», que le solicitará a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que acudan a la «mañanera» a hablar del caso Isabel Miranda de Wallace.
El Presidente dijo que cumplirá las recomendaciones de la ONU en este caso y en otros que violen derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU consideró que la detención de Brenda Quevedo Cruz por el caso Wallace fue arbitraria y contraria a los derechos humanos, por lo que pidió a las autoridades mexicanas su liberación.
“Es una mujer cuyo hijo desapareció […] no hay, desde el punto de vista observando el expediente judicial, pruebas que a mí me lleven a decir que hubo un secuestro, tampoco que hubo un asesinato; sobre todo lo segundo no tengo ninguna prueba. Claramente podemos decir que esa noche desapareció el hijo”, sostuvo.