El mandatario mexicano consideró que “es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos”, que le solicitará a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que acudan a la “mañanera” a hablar del caso Isabel Miranda de Wallace.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.
Miranda de Wallace fue señalada por periodistas, esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional. Uno de ellos dijo que la supuesta activista practica espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.
“Es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tiene que escuchar el Presidente. Ahora buscan presionarlo para liberar a secuestradores”, dijo Miranda en su cuenta de Twitter poco después de la exposición en la conferencia.
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Hace dos días había dicho: “Yo no tengo a los secuestradores de mi hijo ‘metidos en el clóset’, se encuentran en penales, autoridades son las responsables de su integridad. Es absurdo que a mí, una ciudadana cualquiera, me señalen de hechos de tortura”.
Conocida como “señora Wallace”, Miranda no es una ciudadana cualquiera. Es presidenta de Alto al Secuestro y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, que le fue otorgado por Calderón Hinojosa. Intentó participar en política –fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por invitación del expresidente–, pero no fue votada y fracasó.
Miranda dice que su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, aunque hay un fuerte debate sobre el caso. En mayo de 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga pusieron en duda el secuestro y el asesinato del hijo de Miranda. Lizárraga publicó un libro sobre el tema: El falso caso Wallace.
Es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tiene que escuchar el Presidente @lopezobrador_ Ahora buscan presionarlo para liberar a secuestradores @lopezobrador_@JesusRCuevas
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 23, 2021
Después de la exposición del caso en Palacio Nacional, el Presidente dijo: “Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que vengas aquí la semana que viene para tratar estos asuntos”.
Sin embargo, frente a los medios de comunicación, destacó que no quiere que los funcionarios vayan a informar, sino a decir “qué se está haciendo y qué más se va a hacer para atender estas demandas de justicia”.
En un equipo de sonido, que porta una camioneta del grupo, van dando el mensaje a los pueblos por donde pasaron, para que apoyen la lucha, o sino lo hacen, que no estorben.
Uxpanapa, Veracruz, 15 de marzo (PlumasLibres).- Unos 600 vehículos de diversos grupos de autodefensas del sur de Veracruz partieron este día desde Boca del Monte para pedir un alto al secuestro, robo de ganado y cobro de piso.
Los grupos de hombres armados cruzaron el Valle de Uxpapana por la selva rumbo a la localidad de La Chinantla donde van a encabezar una reunión para hablar sobre su lucha.
Los integran son ganaderos, comerciantes y campesinos de los municipios de Coatzacoalcos, Jesús Carranza, Minatitlán, Hidalgotitlan, Uxpanapa y Las Choapas, cabeceras donde actualmente predominan los secuestros y homicidios dolosos.
Ademas, se sumaron algunos parcicipantes del estado vecino de Oaxaca, que se han visto afectados por la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Actualmente el Gobierno de Veracruz mantiene una operación en la zona sur en Playa Vicente para capturar a los hermanos Alberto y Jacinto Piña, cabezas de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generaciòn a la que se atribuyen múltiples desaparecidos, fosas clandestinas y homicidios.
Los autodefensas salieron en caravana muy temprano rumbo a la cabecera de Uxapanapa, que ya ha sido escenario de enfrentamientos entre los civiles que protegen al pueblo y grupos delictivos.
En un equipo de sonido, que porta una camioneta del grupo, van dando el mensaje a los pueblos por donde pasaron, para que apoyen la lucha, o sino lo hacen, que no estorben.
El pasado domingo, en Las Choapas, hubo una caravana similar en donde los participantes señalaron estar cansados de los acosos de la delincuencia y aseguraron que buscarán estar organizados para hacerles frente.
El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en múltiples ocasiones ha dicho que estos autodefensas en Veracruz no existen, al igual que su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares pero con esta, es la segunda caravana de este tipo a plena luz del día en el sur en menos de un mes.
Seis organizaciones vinculadas a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, están siendo investigadas, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Aunque el funcionario no dio nombres de las seis organizaciones investigadas, investigaciones periodísticas refieren que por lo menos dos: Causa en Común, de María Elena Morera, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, fueron cercanas a García Luna en el sexenio de Calderón, debido a los temas de seguridad que manejan.
Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a por lo menos seis organizaciones de la sociedad civil vinculadas a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de narcotráfico en Estado Unidos.
“En general todas las organizaciones que recibían recursos, por lo menos son seis que están vinculadas, pero estamos revisando si sí o no (tenían relación con García Luna)”, dijo Santiago Nieto a Notimex al ser cuestionado sobre si la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, estaba siendo investigada.
El funcionario precisó que la UIF recaba toda información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no detalló cuáles son las seis organizaciones ligadas a García Luna que están siendo investigadas.
“Seguimos en el proceso de investigación, estamos recabando información de la Comisión Bancaria y de Valores y en cuanto tengamos toda la información se va a presentar”, explicó.
Santiago Nieto confirmó también que se indaga a la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa del ex Presidente Vicente Fox:
“En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”.
Aunque el titular de la UIF no dio nombres de las seis organizaciones investigadas, notas periodísticas refieren que por lo menos dos: Causa en Común, de María Elena Morera, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, fueron cercanas a García Luna en el sexenio de Calderón, debido a los temas de seguridad que manejan estas asociaciones.
El 8 marzo de 2007, cuando Genaro García Luna presentó la estrategia contra las organizaciones criminales ante Felipe Calderón Hinojosa, lo acompañaron los presidentes de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Medina de la Cruz (del PRI) y Ulises Ramírez Núñez (del PAN); el Gobernador de Sonora y empresario Eduardo Bours; y la presidenta de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera.
En enero de 2009, el diario La Jornada reportó que la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de García Luna, entregó a México Unido contra la Delincuencia un total de 4 millones 256 mil 916 pesos en donativos.
En esta imagen de octubre de 2011 se observa a Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la asociación Alto al Secuestro junto a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Publica, y María Elena Morera, durante la inauguración de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Foto: Cuartoscuro.
Cuatro años después, en enero de 2013, el diario Reporte Índigo, documentó que la organización que presidía María Elena Morera fue la única beneficiaría de la Iniciativa Mérida, un programa bilateral entre Estados Unidos y México.
El diario reportó que en el documento “Entregas Principales de la Iniciativa Mérida durante el 2011”, de la Embajada de Estados Unidos en México, se especifica el apoyo a la organización:
“México Unido Contra la Delincuencia, ONG con sede en la Ciudad de México, lanzó en 2011 un programa integral de Cultura de la Legalidad que se centra en la educación escolar, la atención vía Internet y otros medios, programas de capacitación para instituciones públicas y privadas y un programa de vigilancia ciudadana para mejorar el proceso de denuncia de delitos.
“Los trabajos de cerca de dos años y 2 millones de dólares reciben el apoyo de Iniciativa Mérida, que continuará durante el 2012”, publicó Reporte Índigo en un reportaje firmado por Armando Estrop.
El mismo diario señaló en el año 2008 que el hijo de Morera se desempeñaba como asesor de Genaro García Luna. Sin embargo, la dependencia en su respuesta lo desmintió.
Otra organización que, de acuerdo a investigaciones periodísticas fue cercana a García Luna, es Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace.
Miranda de Wallace empezó a verse cercana al poder durante la administración de Calderón. Una de sus principales detractoras es la periodista Anabel Hernández, quien en su libro “México en Llamas” la califica como una “comparsa incondicional que saboteó diversos movimientos sociales”.
De acuerdo con Hernández Calderón y Genaro García Luna la cobijaron a cambio de inmiscuirse en el movimientos como el de Alejando Martí, en 2008, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia Zardain, en 2011.
En 2012 el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designó a Wallace como su candidata y no a través de un proceso abierto como se había acordado. En ese momento había varias apuestas en la mesa: Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda. El partido argumentó que buscaba darle un rostro ciudadano a la candidatura que competiría contra Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Con las notas del Himno Nacional finalizó la marcha en repudio a la consulta nacional que definió el futuro del NAIM. Los manifestantes exigieron un alto al mecanismo seleccionado por el Presidente electo para construir o detener obras.
La manifestación fue convocada por organizaciones como Alto al Secuestro, Ciudadanos por México, Cadena ciudadana, Movimiento Pro-Vecino, Coordinadora Ciudadana APN, entre otras. Al lugar también se dieron cita habitantes de San Salvador, Atenco, sitio donde se edificaría parte del NAIM.
El pasado 29 de octubre, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y confirmó que se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. También recalcó que se van a respaldar los compromisos y contratos que ya existen derivados de la obra en Texcoco.
Ciudad de México, 11 de noviembre, (SinEmbargo).- La marcha en contra de la consulta nacional que decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el NAIM, concluyó tras la entonación del Himno Nacional en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.
A lo largo del trayecto, los integrantes expresaron su rechazo a la decisión tomada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de parar las obras en Texcoco, ya que México “necesita un aeropuerto que lo represente a nivel internacional”.
Mientras esto sucedió, algunos ciudadanos los confrontaron, desde la banqueta, con pancartas de reclamo.
Mientras unos gritan: “¡No a las consultas!” o “¡Es un ‘dolor’ estar con Obrador!”, otros les muestran carteles. Uno de ellos dice: “Ojalá nos hubieras acompañado a protestar por #NoMasSangre. Quizás nos hubieran puesto atención. NUNCA LLEGASTE”.
Desde la banqueta, algunos ciudadanos confrontaban a los manifestantes. Foto: Twitter, @FranciscoTequil.
Entre los que protestan algunos gritan “Texcoco, Texcoco”; “Ni chairos, ni fifís, no dividas al país” o bien, simplemente “Sí al Nuevo Aeropuerto en Texcoco”.
Otros manifestantes han expresado su rechazo a las consultas populares, mecanismo por el cual el Presidente electo canceló el NAIM y que podría replicarse para proyectos como el Tren Maya y la construcción de refinerías.
Algunos manifestantes dicen que no se debe frenar la “modernización”. Foto: Cuartoscuro
La marcha, que inició hoy a las 11 horas. Foto de la cuenta de Twitter @marchafifi
“¡Populismo no!” y “No consultas amañadas”, se lee en algunas pancartas.
La marcha, denominada “por la institucionalidad y el Estado de Derecho”, buscaba dar marcha atrás a la decisión del próximo Gobierno de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y evitar la realización de “consultas a modo”.
Uno de los carteles que distribuyeron durante la marcha. Foto: Twitter, @anaitat2011.
La manifestación fue convocada por organizaciones como Alto al Secuestro, Ciudadanos por México, Cadena ciudadana, Movimiento Pro-Vecino, Coordinadora Ciudadana APN, entre otras. Al lugar también se dieron cita habitantes de San Salvador, Atenco, sitio donde se edificaría parte del NAIM.
Algunos de los integrante de la marcha vestían de negro “porque la democracia está de luto”, mientras lanzaban consignas como “Sí al aeropuerto” o “AMLO, escucha, el pueblo está en la lucha”.
Algunas manifestantes llevaron pancartas donde rechazan el “autoritarismo”. Foto: Cuartoscuro
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los integrantes de la manifestación con pancartas a favor del NAIM, y contra las consultas que consideran a modo.
El pasado 29 de octubre, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se va a “obedecer el mandato de los ciudadanos” expuesto en la Consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y anunció: se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. También recalcó que se van a respaldar los compromisos y contratos que ya existen derivados de la obra en Texcoco.
“La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía; se va a mejorar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca”, anunció el Presidente electo.
Luego del anuncio, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, aseguró que los trabajos del NAIM en Texcoco continuarán hasta el próximo 30 de noviembre cuando concluya la administración de Peña Nieto.
“Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplirá sus compromisos y obligaciones respecto al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. A la fecha, la concesión del NAIM, ubicado en Texcoco, continúa vigente en los términos en que fue otorgada y sin afectaciones en la ejecución”, dijo esa tarde Patiño al leer un comunicado.
Mientras el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han llamado a López Obrador a reconsiderar la decisión y continuar con las obras en Texcoco.
La cancelación del NAIM provocó una tormenta de reacciones tanto a favor como en contra. Opositores a la obra emblema el sexenio de Enrique Peña Nieto celebraron el hecho, mientras empresarios e inversionistas mostraron su descontento. El dólar cruzó la barrera de las 20 unidades y la bolsa Mexicana de Valores tuvo una severa pérdida en su valor.
Sin embargo, al paso de los días, la tormenta pasó y los mercados regresaron a la normalidad.
Activistas condenaron la docilidad de algunas organizaciones civiles hacia el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La complacencia pasa facturas en términos generales este sector que alberga una amalgama de causas. En enero, la activista Miranda de Wallace entregó un reconocimiento a la Fiscalía de Nayarit, cuyo entonces titular Edgar Veytia se encuentra hoy detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Este no es el único caso de intercambio de guiños entre autoridades y activistas, pero ha sido suficiente para que diversos grupos no lo dejasen pasar por desapercibido. ¿A qué apuestan los reconocimientos públicos de autoridades por parte de la sociedad civil?
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El oficialismo también se esconde detrás de máscaras en la sociedad civil, coinciden una serie de activistas consultados por SinEmbargo. Apenas hace tres meses, Édgar Veytia Cambero, ex Fiscal de Nayarit, recibió un reconocimiento de la organización Alto al Secuestro por la caída de ese delito en la entidad, pero hoy el ex funcionario está preso en Estados Unidos y acusado por tráfico de estupefacientes y ligas con el crimen organizado, entre otros crímenes.
Aunque operan dentro de la diversidad de posturas, organizaciones civiles críticas al Gobierno federal no dudan en desmarcarse de las complacientes. Es el caso de Wallace, quien ha seguido una línea que el Padre Alejandro Solalinde no ha dudado en tachar de oficialista.
“No me extraña que la señora Wallace haya hecho eso, porque ella finalmente ha sido oficialista, ha estado del lado del Gobierno federal, favoreciendo al PRI, al PAN. […] Ella le dio algo que no tiene a un señor que no lo merece ”, dijo Solalinde.
La revista Proceso documentó que Wallace negó la entrega del reconocimiento durante el programa “Despierta” del conductor Carlos Loret de Mola.
Sin embargo, la circulación de fotografías en redes la hicieron asegurar que el reconocimiento había sido a la institución y no al funcionario.
De acuerdo con una respuesta vía el mecanismo de transparencia de la Procuraduría General de la República (PGR), en Nayarit opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y bajo el conocimiento de Édgar Veytia ese grupo criminal ensanchó su poder.
“Es lamentable el reconocimiento a un Fiscal que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se dedicaba a traficar diversos tipos de drogas. No sólo desacredita a la ONG que le entregó el reconocimiento, sino que abona para que este Gobierno se dedique a perseguir a organizaciones civiles, sociales, que se dedican a cuestionarlo”, dijo Ricardo Espinoza, profesor de la Universidad Nacional Autónoma (UAM).
Si bien, una serie de organizaciones civiles han reconocido que Miranda de Wallace no sabía que Veytia sería detenido al momento de premiarlo, sí rechazaron el acto de entregar reconocimientos a funcionarios.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), apuntó que la forma de conducirse de Wallace no corresponde a la de la mayor parte de las organizaciones civiles que hay en México.
“Los reconocimientos que yo conozco se dan a otras organizaciones de la sociedad civil o proyectos. No conozco casos en donde la sociedad civil se arrogue el derecho a reconocer funcionarios”, detalló.
Esta no es la primera vez que Miranda de Wallace siembra la discordia dentro de las organizaciones de la sociedad civil.
El 12 de febrero la marcha contra Trump denominada VibraMéxico tuvo lugar del Auditoría al Ángel de la Independencia, gracias a la convocatoria de decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Wallace puso en jaque los motivos de la marcha al convocar una movilización en la misma fecha y finalización del recorrido en el mismo lugar que la de VibraMéxico; con la salvedad de que su marcha no criticaría al Presidente Peña Nieto.
“Ella tiene actitudes fallidas, como la tuvo en la marcha de Vibra México que fue un fracaso. Yo pienso que la persona debería de dedicarse a cosas buenas. Cosas que tuvieran un aval moral y no lo que está haciendo.”, dijo Solalinde.
HISTORIAL DE PRESEAS
La activista Rosi Orozco, presidente de la Comisión Todos Unidos contra la Trata, resaltó en octubre del 2015 la manera en la que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas combate el delito de la trata.
“La manera en cómo se está combatiendo aquí en el Estado de México, es la manera correcta, es determinante; es decir, cero tolerancia, es ponerse de lado de ellas, y muchas gracias Gobernador”, dijo Orozco, durante la presentación de su libro, al mandatario estatal en aquella oportunidad.
No obstante, el Edomex reportó, del 2013 a junio del 2015, al menos 13 sentencias condenatorias por el delito de trata.
En ese momento, el Estado de México era el quinto más afectado del país por este delito, sólo detrás del Distrito Federal, Puebla, Chiapas y Tlaxcala.
“Honestamente la señora Orozco no ha hecho nada por ayudar. Y , por el contrario, los señalamientos a su persona de que revictimiza víctimas nadie los ha objetado”, dijo David Mancera Figueroa, de la organización Solidaridad por las Familias, que aboga por mujeres víctimas de violencia en el Estado de México.
Las condiciones para las mujeres del Edomex y de todo el país no han mejorado.
En el 2016 se reportaron 65 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra superior a la de cualquiera de los años a partir del 2011. En cinco años la fiscalía estatal sumó 306 carpetas por este delito.
“La señora Wallace podría entregarle un reconocimiento a la señora Orozco, y viceversa. Quedarían contentas las dos porque de eso viven”, sentenció Mancera, quien enfatizó que la labor de las oenegés se realiza sin ánimo de reconocimiento y por sentido humano.
Otra activista que ha exaltado la labor de autoridades es María Elena Morera, de la organización Causa en Común, que ha dado seguimiento a los avances de profesionalización policial en el país.
En el 2013, Morera inauguró el foro “Sumemos Causas: Ciudadanos + Policías“. La organización que en diversas ocasiones ha logrado aglutinar a las autoridades resaltó en esa ocasión la labor del Gobernador Rubén Moreira.
María Elena Morera, Presidenta de Causa Común A. C., ha desarrollado monitoreos de seguridad pública. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
“En nuestra organización se reconoce el esfuerzo que hace el gobierno del estado para dignificar la carrera policial por medio de una reingeniería policial”, detalló, de acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Fórmula.
La organización destacó que el Gobernador, quien tomó posesión en diciembre del 2011, había en dos años pasado de tener un avance del 30 por ciento en las evaluaciones de control y confianza a uno de 74.79 por ciento.
Sin embargo, la situación de los policías no cambió en Coahuila.
“Si le preguntas a cualquier ciudadano de Coahuila cuál es su percepción cuando ve una patrulla en las noches es de miedo, jamás es de sentirse seguro, la gente en Coahuila no confía en sus policías. Tan es así es que surgió Fuerza Coahuila, una de las policías más polémicas”, detalló Raymundo, otrora vocero del extinto Movimiento de los Indignados Coahuila.
Hoy Morera, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, conforma el Colectivo Seguridad Sin Guerra, cuyo fin es extender a la ciudadanía la discusión que se lleva en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Seguridad Interior.
La iniciativa presentada el 27 de octubre pasado por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, pretende que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco regulatorio para realizar tareas policiales.
Incluir a las organizaciones civiles en las discusiones camerales no es igual a rechazar la propuesta, lamentó Tomás Guevara, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
“Eso tiene que ver con ciertos privilegios que gozan algunas ONGs. Hay presupuesto [gubernamental] para este tipo de decisiones y, por desgracia, sucede cuando no hay un compromiso ante el problema”, detalló Guevara sobre las organizaciones que han mermado su oposición a la iniciativa de Ley que legisladores prevén aprobar este mes.
Cuestionado sobre el perjuicio que una organización hace al conglomerado al ser complaciente con las autoridades. Raymundo dijo que sí, porque la ciudadanía no siempre logra distinguir entre unas y las otras.
Por otro lado, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero rechazó la idea.
“Hay una realidad, muchas de las oenegés de la sociedad civil no nos sentimos representadas por la figura de Miranda de Wallace, o Rosi Orozco. Marcamos nuestra distancia totalmente. Nosotros no trabajamos como ellas, justamente porque tenemos una fuerte crítica a los gobiernos, instituciones y a las personas que las integran”, expuso.
Desde el punto de vista de esta organización del Edomex las autoridades y políticos son parte del problema que atraviesa la entidad, y el país.
–¿Qué riesgos conlleva tener una postura crítica hacia las autoridades?
–Esa labor nos conlleva agresiones, inicios de investigaciones falsas y a varios de nuestros una prisión indebida, como es el caso de Idelfonso Zamora, liberado hace poco. O Humberto Pérez un defensor de la vivienda digna preso en un penal de Ecatepec. Y por qué no decirlo: la privación ilegal de la vida.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
