Autoridades estatales se reunieron para actualizar los tratamientos médicos más eficaces contra COVID-19 y los lineamientos para el “impostergable” regreso a clases como actividad esencial.
Ciudad de México, 06 de agosto (SinEmbargo).- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a los gobiernos estatales a instruir a sus titulares de salud a supervisar y capacitar al personal para los tratamientos médicos más recientes que establece la nueva Guía clínica para el COVID-19 en México.
Durante una reunión virtual con gobernadores y autoridades estatales, el funcionario detalló que los tratamientos han cambiado a medida que aparecen nuevas opciones terapéuticas por lo que es necesario implementar los conocimientos más recientes y más efectivos contra la enfermedad.
El Subsecretario explicó que la Guía clínica se divide en dos partes, el grupo de medicamentos probablemente útiles y aquellos que no deben ser prescritos, pues desde hace meses profesionales de salud recetan dosis excesivas de esteroides y antibióticos no indicados para el tratamiento inicial de COVID-19, lo cual ha retrasado la atención adecuada.
Además, López-Gatell aseguró que se están utilizando pruebas rápidas de anticuerpos para la detección del SARS-CoV-2 que no tienen utilidad y pueden dar un falso negativo durante la enfermedad que tarda de siete a 15 días en desarrollar anticuerpos detectables en el cuerpo humano.
“Es muy importante que estas pruebas dejen de usarse y debemos identificarlas muy bien, son aquellas donde la muestra biológica es una gota de sangre”, reiteró el funcionario en presencia de la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero.
Con la secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero, secretaria de Educación Delfina Gómez y el subsecretario de Salud @HLGatell y compañeros de la CONAGO revisamos la estrategia para el regreso a actividades escolares y la reactivación económica cuidando las medidas sanitarias. pic.twitter.com/1UijGd2qPu
Agregó que el país no ha tenido problema de acceso a medicamentos para tratar el virus gracias al trabajo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que la variante Delta tiene más capacidad de transmisión, lo que hace que la carga viral sea mayor en garganta y en el aparato respiratorio.
López-Gatell enfatizó que la variante Delta no es el factor principal de las distintas oleadas en el país, si no la movilidad en el espacio público, pese a que el proceso de vacunación sigue avanzando con más de un millón de dosis aplicadas en las últimas semanas, una cobertura de vacunación en la población adulta del 55 por ciento y las estrategias para agilizar el proceso en Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
El Subsecretario también subrayó que cuando el 95 por ciento de personas mayores de 18 años estén vacunadas, se alcanzará 70 por ciento de la población general inmunizada y rechazó que la necesidad de vacunas de refuerzo o una tercera dosis.
Al 04 de agosto, en el país se han vacunado contra #COVID19 49 millones 299 mil 175 personas, que representan el 55 por ciento de la población mayor de 18 años. pic.twitter.com/DWqCk7SaxP
Por otro lado, las secretarías de Educación Pública y de Salud están revisando evidencia científica y técnica sobre las mejores prácticas para garantizar el regreso a clases presenciales, pues con la apertura de escuelas no se han registrado grandes brotes de contagios.
“Entonces esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no esté sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo”, precisó de acuerdo a las actividades esenciales consideradas en la Jornada Nacional de Sana Distancia.
Adelantó que se actualizará el riesgo del semáforo por regiones, vigente desde este año y de la SEP, que cuenta con un lineamiento técnico sobre seguridad sanitaria de las escuelas, elaborado desde el inicio de la epidemia.
En su participación, Sánchez Cordero destacó que es impostergable el regreso voluntario a las escuelas, pues hay que “permitir el regreso estratégico a las actividades educativas presenciales y también a las económicas con todas las medidas de seguridad pertinentes, desde luego, pero también previniendo los contagios”.
El pasado 12 de febrero, López Obrador anunció que enviaría una carta a todos los gobernadores y alcaldes del país para exhortarlos a que se garantice el voto libre y limpio en las próximas elecciones.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Durante el proceso electoral2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador coordinará acciones junto con los gobiernos estatales para dar protección a los candidatos.
Asimismo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario comentó que cuidarán que los candidatos no sean parte del crimen organizado, puesto que cuando inician las elecciones estos grupos buscan influir, financian campañas y designan candidatos para tener el control en los municipios y en los estados.
“Cada vez que hay una elección hay este tipo de amenazas predominante en zonas del narcotráfico. Nosotros ya estamos actuando para darle protección a todos los candidatos y para cuidar que no sean candidatos del crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco, quienes financian campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren tener el control en los municipios y en los estados”, señaló.
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“No vamos a dejar que las prácticas mafiosas se arraiguen en el país o se sigan llevando a cabo, afectando la vida de las personas y limitando la libertad, no vamos a permitir los actos totalmente deleznables”, agregó.
Por último, López Obrador recordó la carta que hizo llegar a los gobernadores a exhortarlos a no intervenir en el apoyo de ningún candidato, también les pidió impedir el uso del presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero por parte del crimen organizado y evitar, a toda cosa, cualquier práctica antidemocrática, como el relleno de urnas o la falsificación de actas.
El pasado 7 de septiembre arrancó el Proceso Electoral 2021-2021, donde serán convocados casi 95 millones de electores que están registrados en la lista nominal, es decir, cinco millones más que en el proceso electoral de 2018, para que acudan a las urnas a elegir más de 21 mil cargos de elección popular.
Durante el proceso, se visitarán a más de 12 millones de ciudadanos para reclutarlos como funcionarios de casilla. En estas elecciones, la ciudadanía votará por los 500 diputados federales de la LXV Legislatura, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados.
Gobernadores y sector privado deberán presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, informar de las dosis adquiridas y aplicadas y respetar el calendario de prioridad por grupos poblacionales proyectado por el Ejecutivo federal.
México, 25 enero (EFE).- El Gobierno de México autorizó este lunes que los gobiernos estatales y el sector privado puedan comprar por su cuenta vacunas contra la COVID-19, gracias a un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La publicación, firmada por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, califica la acción como “extraordinaria en materia de salubridad general” y permite que adquieran vacunas “los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado”.
Para ello, estos actores deberán presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, informar de las dosis adquiridas y aplicadas y respetar el calendario de prioridad por grupos poblacionales proyectado por el Ejecutivo federal.
Además, los estados y el sector privado deberán supervisar los planes de vacunación y asegurar la trazabilidad de su proceso de inmunización para evitar duplicidades.
Empresarios y gobernadores deberán respetar el calendario de prioridad para la aplicación de la vacuna. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
El acuerdo, de validez legal inmediata, llegó después del informe diario sobre la COVID-19, que en México ha dejado más de 150 mil muertos y 1.77 millones de casos confirmados.
“El Gobierno de México seguirá ampliando la cobertura en la medida que vayamos teniendo vacunas. Pero no nos estorba en absoluto que haya particulares o que haya gobiernos estatales que hagan un esfuerzo en ese sentido. Siempre y cuando los esfuerzos contribuyan a una misma visión estratégica y técnica”, consideró el jefe de México contra la pandemia, Hugo López-Gatell, al presentar el informe.
Gatell advirtió que si los esfuerzos “no fueran coordinados”, habría “un desaprovechamiento de las vacunas porque no se lograría el uso óptimo”.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dio positivo por coronavirus este domingo, ya se había mostrado con anterioridad partidario a autorizar tanto a gobiernos estatales como a particulares a comprar sus propias vacunas contra la COVID.
Pese a ello, asociaciones empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) habían alertado de la imposibilidad legal de hacerlo.
Hasta este lunes, se han aplicado en México un total de 642 mil 105 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la estadounidense Pfizer, la única que se ha utilizado, principalmente a personal sanitario.
México tiene acuerdos por 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34.4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, este lunes, el Presidente López Obrador confirmó que el país recibirá 24 millones de dosis la fórmula rusa “Spunik V”.
La Secretaría de Salud habría prometido el envío de lineamientos para que las entidades obtuvieran las vacunas, sin embargo éstos nunca llegaron, denuncia Gobernador de Yucatán.
Ciudad de México, 21 enero (SinEmbargo).- Los gobiernos estatales no podrán adquirir las vacunas contra la COVID-19 porque contravendrían a la Estrategia Nacional de Vacunación, señaló el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López Gatell.
Hace dos semanas el Gobernador de Yucatán y presidente de la Comisión Nacional de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mauricio Vila, realizó la solicitud para adquirir las vacunas directamente de las farmacéuticas.
De acuerdo al diario Reforma, Vila acusó a la Federación de no tomar en cuenta ninguna propuesta de las entidades federativas.
El Gobernador señaló que durante una reunión con la Conago se cuestionó respecto a la compra de vacunas y la respuesta de la Secretaría de Salud (Ssa) fue que enviaría lineamientos, pero éstos nunca llegaron.
Ante los cuestionamientos el subsecretario de prevención dijo que la compra de vacunas por los estados es contravenir el Plan Nacional de Vacunación y la estrategia del Gobierno Federal.
NUEVO LEÓN ANALIZAR COMPRAR VACUNA
El pasado 14 de enero Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, señaló que analizaba la posibilidad de conseguir vacunas contra la COVID-19 en Rusia.
El Gobernador señaló en su cuenta de Twitter que le pidió al Secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, que viajara en busca de la posibilidad de adquirir la vacuna rusa “Sputnik V”, pero sin precisar la fecha del trayecto.
En una videollamada que tuvo con los alcaldes del estado, Rodríguez Calderón anunció que esta semana no abrirán ningún giro comercial nuevo debido a que han llegado a los casi mil contagios de COVID-19 por día.
“Les pedí solidaridad a cada uno de los alcaldes; ya casi llegamos a los mil contagios diarios, en anteriores veces cuando hemos cerrado en fin de semana, hemos bajado hasta 500 contagios, por eso el sistema de salud sigue recomendando continuar con las mismas restricciones; hoy el virus sigue en la calle de manera masificada y aún no podemos detenerlo de manera definitiva, sin embargo con dichas acciones tratamos de detenerlo un poco para poder maniobrar la ocupación hospitalaria”, comentó Rodríguez Calderón.
Asimismo, indicó le pidió a cada alcalde resistir la presión de la gente, y detalló que en la entidad están trabajando en vías alternas para equilibrar y apoyar a negocios.
“Les pedí echarle la mano a los empresarios pequeños con el pago del predial para no afectarlos más de lo que la pandemia ya los afectó. Sigamos ayudando fuerte, si el domingo bajamos la movilidad, les aseguro que podemos llegar a bajar un 10% en ocupación hospitalaria. Estas decisiones no las tomamos a la ligera, las tomamos en conjunto con especialistas y epidemiólogos”, dijo el Gobernador.
“Tenemos que bajar la ocupación hospitalaria pero no depende 100 por ciento de nosotros, es una co-responsabilidad con ustedes ciudadanos”, agregó el mandatario.
El ISSSTE ha hecho “un enorme esfuerzo para tratar de garantizar que esas cuotas y aportaciones ingresen a las arcas del Instituto, sin embargo, como lo he estado diciendo en diferentes foros y también presentándolo en el Congreso de la Unión, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que este pago, que retienen las dependencias, lleguen al ISSSTE, sin embargo esto no se ha logrado”, dijo Ramírez Pineda.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Los gobiernos estatales le deben al ISSSTE más de 64 mil millones de pesos, aseguró el director general de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda. Estos recursos, dijo, se podrían emplear para que se mejore la infraestructura, mantenimiento y atención hospitalaria.
“Para que el Instituto fortalezca sus finanzas, es necesario implementar convenios con las entidades que le deben el pago de cuotas y aportaciones“, dijo el funcionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Desde el inicio de la administración federal actual, el ISSSTE garantizó la entrega de 21 seguros, servicios y prestaciones aunados a la atención médica que se les da a las personas trabajadoras a través del pago de cuotas y aportaciones.
Sin embargo, el ISSSTE aún enfrenta el reto de adquirir los recursos que las entidades le adeudan. Hasta ahora, sólo los gobiernos de Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí han firmado convenios con la institución par realizar estos pagos.
Del total de la deuda, siete mil millones de pesos corresponden al pago de los servicios que garantiza el ISSSTE; dos mil 300 millones a FOVISSSTE y 55 mil millones de pesos a las Cuentas Individuales.
“Hasta el día de hoy, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de garantizar que esas cuotas y aportaciones ingresen a las arcas del Instituto, sin embargo, como lo he estado diciendo en diferentes foros y también presentándolo en el Congreso de la Unión, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que este pago, que retienen las dependencias, lleguen al ISSSTE, sin embargo esto no se ha logrado”, dijo Ramírez Pineda.
La Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos la posibilidad de que el ISSSTE y las dependencias firmen convenios de pago, dijo el funcionario.
El adeudo es una preocupación para el ISSSTE porque las entidades federativas “no están siendo ágiles, ni solidarias con el propio Instituto para entregar las cuotas y aportaciones quincenalmente”.
La última modificación de la ley del ISSSTE se hizo en 2007 y se establecieron las cuotas y aportaciones que cada persona trabajadora debe cubrir para que la dependencia pueda invertirlos y garantizar esos servicios. Pero hasta ahora la dependencia no ha logrado regular y agilizar los pagos de la deuda.
Los gobiernos estatales –salvo por Querétaro– sumaron irregularidades no solventadas por 23.3 mil millones de pesos en 2019, de acuerdo con la última Cuenta Pública. Las anomalías corresponden al ejercicio de recursos federales (o gasto federalizado) de los estados, y en gran medida están ligadas a dinero de fondos y programas de salud pública.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el año pasado, 31 gobiernos estatales generaron probables dañosal erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.
Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.
Si bien es cierto que la reducción del dinero federal impactará en el desempeño de diversos programas públicos a nivel local, año con año las irregularidades en el uso del gasto federalizado reducen la eficiencia presupuestaria y minan el impacto de los fondos gubernamentales, por lo que prevenirlas y subsanarlas contrarrestaría parte de las insuficiencias que el recorte del gasto federalizado pueda llegar a causar, máxime si se considera que los probables daños detectados en 2019 por la ASF son equiparables, por ejemplo, a la quinta parte del monto (115.5 mil millones de pesos) de la reducción planeada del gasto federalizado para 2021.
A reserva de las inconsistencias detectadas que sean solventadas en los próximos meses y que los daños referidos puedan o no estar ligados a posibles actos de corrupción, éstas suponen fallas administrativas de diversa índole. La información de 359 auditorías analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo indica que los posibles daños económicos no solventados del ejercicio de dinero público federal por parte de los gobiernos estatales durante 2019 se debió a pagos anómalos, omisiones contables, ejercicio lesivo de recursos, irregularidades materiales y anomalías financieras.
Los probables daños referidos están relacionados con siete rubros de gasto. El sector Salud concentró el 79.7 por ciento de los recursos públicos no solventados, con supuestos perjuicios económicos por 18 mil 606 millones 174 mil 325 pesos. Le siguen las irregularidades de las partidas de Saneamiento Financiero –que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local– y de Participaciones Federales –que son recursos no etiquetados o de libre disposición– con respectivos daños por 3 mil 392 millones 706 mil 990 (14.5 por ciento) y 782 millones 184 mil 998 pesos (3.3 por ciento).
El resto de las anomalías está ligado a Educación, Seguridad, Inversión Física e Infraestructura Social, con un monto conjunto por probables daños de 550 millones 672 mil 603 pesos (2.4 por ciento).
Entre los estados con mayores perjuicios económicos como proporción de los recursos auditados del ejercicio del gasto federalizado durante 2019 están la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Morelos y Quintana Roo. Sin embargo, la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Michoacán, Jalisco y Sonora son las entidades federativas con mayores montos en probables daños a la Hacienda Pública Federal. Tan sólo las irregularidades de la capital del país, de Veracruz y de Chiapas son equiparables al 52 por ciento (12 mil 88 millones 233 mil 528 pesos) de los perjuicios económicos detectados por la ASF durante 2019.
En el apartado “Daños por estado: general” de la siguiente tabla puede consultar la síntesis de datos a nivel estatal, en que está anexado el monto total de probables daños de cada entidad federativa, así como la lista de perjuicios económicos en relación con las muestras auditadas por la ASF. Asimismo, en los apartados por rubro de gasto es posible consultar el tipo de irregularidades detectadas, los montos relacionados y el número de auditoría consultada.
DAÑOS A LA SALUD
El gasto federalizado en los estados incluyó el uso de recursos públicos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, así como para partidas del Seguro Popular. Al auditar estos rubros, la ASF encontró 18.6 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas de 30 entidades federativas, con las excepciones de Durango y Querétaro, donde las anomalías fueron solventadas.
Estímulos y salarios improcedentes, excesivos o injustificados, como aquellos dados a trabajadores que ya habían sido cesados; pago de bienes y servicios no encontrados, como en el caso de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas y que tampoco fueron localizados en inventarios físicos; falta de comprobación de recursos aplicados y uso de cuentas bancarias no autorizadas, además de erogaciones para fines ajenos al fondo o programa, son ejemplos de las irregularidades cometidas en varios estados, entre ellos Baja California, Chihuahua y Michoacán, de acuerdo con las auditorías 2019-A-02000-19-0476-2020476-DS-GF, 2019-A-08000-19-0592-2020592-DS-GF y 2019-A-16000-19-0889-2020889-DS-GF.
Sin embargo, destacan los casos de Nuevo León y Tlaxcala, en donde la ASF determinó probables daños al erario público federal por 71 y 1.9 millones de pesos respectivamente, por triangular recursos sin que a la fecha de la auditoría fueran localizados, se lee en las auditorías 2019-A-19000-19-0972-2020972-DS-GF y 2019-A-29000-19-1257-20201257-DS-GF.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital ‘Dr. José Eleuterio González’ de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos”, dice la ASF sobre el gasto a cargo del Gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a otras cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos […] sin que a la fecha de la auditoría, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala acreditara la devolución a la cuenta bancaria de origen y su aplicación en los fines del fondo o su reintegro a la Tesorería de la Federación”, indica asimismo la ASF.
Además de las irregularidades en cada caso, la ASF determinó por ejemplo que, en el caso del manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León no realizaron una gestión eficiente y transparente de recursos.
EDUCACIÓN ANÓMALA
En el último año, la Auditoría también revisó la aplicación de recursos federales en las entidades federativas a través de cinco fondos y programas relacionados con el sistema educativo nacional: Escuelas al Cien, Expansión de la Educación Inicial, Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, además del Programa Nacional de Inglés.
Derivado del uso de recursos, la ASF determinó que hubo 278 millones 348 mil 788 pesos en probables daños a la Hacienda Pública Federal en 25 entidades federativas, con las excepciones de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Colima, por ejemplo, hizo pagos a “asesores externos especializados” en el Programa Nacional de Inglés que resultaron ser personas que de acuerdo con la ASF, “también ocuparon una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa”, lo que es violatorio de las disposiciones y reglamentos aplicables, refiere la auditoría 2019-A-06000-19-0681-2020681-DS-GF.
Dicho incumplimiento a la normativa del programa se repitió en el manejo del programa de Expansión de la Educación Inicial por parte de las administraciones de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
La información de la ASF indica que junto con Colima, la irregularidad relacionada con asesores que resultaron ser trabajadores educativos en 11 entidades federativas sumó 22 millones 869 mil 836 pesos, tal y como consta en las auditorías 2019-A-01000-19-0450-2020 450-DS-GF, 2019-A-07000-19-0555-2020 555-DS-GF, 2019-A-05000-19-0655-2020 655-DS-GF, 2019-A-06000-19-0675-2020675-DS-GF, 2019-A-12000-19-0805-2020 805-DS-GF, 2019-A-17000-19-0924-2020 924-DS-GF, 2019-A-18000-19-0946-2020 946-DS-GF, 2019-A-19000-19-0979-2020 979-DS-GF, 2019-A-21000-19-1042-2020 1042-DS-GF, 2019-A-24000-19-1123-2020 1123-DS-GF y 2019-A-32000-19-1345-2020 1345-DS-GF.
Entre otras anomalías detectadas en el gasto federalizado en materia de educación destacan la falta de aplicación de penas convencionales, la falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, la transferencia de recursos cuyo destino es desconocido, así como bienes y servicios pagados que no fueron acreditados.
SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
En materia de seguridad pública e infraestructura social, la ASF auditó cinco fondos y programas: Devolución de Aprovechamientos, Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), además del Programa de Mejoramiento Urbano.
Como consecuencia de las revisiones efectuadas, la Auditoría encontró probables daños al erario público por 208 millones 166 mil 823 pesos en materia de seguridad, así como 3 millones 858 mil 714 pesos relacionados con obras de infraestructura social, que constituye un ramo de inversión cuyo objeto es contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza y que financia proyectos para centros educativos y de salud, redes de comunicación, servicios básicos para hogares, entre otros.
En ambos casos, todas las irregularidades fueron halladas en la Ciudad de México. Lo que corresponde a seguridad pública implicó perjuicios económicos por falta de ejercicio y reintegración de recursos a la Tesorería de la Federación; y aquello ligado a infraestructura social estuvo relacionado con recursos que no fueron asignados y/o ejercidos por las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Tlalpan, pero que tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por lo anterior, la ASF determinó que el Gobierno a cargo de Claudia Sheimbaum Pardo “no cumplió con las disposiciones normativas” respecto de la distribución y asignación de los recursos del FORTAMUN-DF y del FISMDF, se lee en las auditorías 2019-A-09000-19-0619-2020619-DS-GF y 2019-A-09000-19-0620-2020620-DS-GF.
Las anomalías anteriormente referidas fueron en gran medida, una de las causas por las que la capital del país tuvo los mayores perjuicios económicos registrados como proporción de los recursos auditados del ejercicio del gasto federalizado durante 2019 a nivel nacional.
INVERSIÓN FÍSICA
En éste rubro las irregularidades ocurrieron en cuatro proyectos: tres obras hospitalarias (dos en Michoacán y una en San Luis Potosí), el desarrollo del Corredor Troncal de La Laguna (Coahuila) y la construcción y rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec (Morelos).
Diferencias entre volúmenes de obra reportados y encontrados o estimados y pagados, errores de cálculo y/o ajuste de precios unitarios, falta de amortización de anticipos otorgados, falta de aplicación o cobro de penas convencionales a contratistas, falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación y pagos excesivos o duplicados o indebidos o improcedentes son algunas de las anomalías detectadas por la ASF durante el ejercicio fiscal del año pasado.
La información oficial indica que el probable daño a la Hacienda Pública Federal en la materia ascendió a un total de 60 millones 298 mil 278 pesos.
PARTICIPACIONES Y SANEAMIENTO FINANCIERO
El ejercicio de las participaciones federales, que son recursos que los estados utilizan libremente, generó probables perjuicios económicos por 782 millones 184 mil 998 pesos. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit y Veracruz fueron las entidades federativas en que hubo registro de anomalías.
Afectaciones a las participaciones federales municipales por créditos de corto plazo y manejo de recursos financieros, deducciones injustificadas, entrega extemporánea de participaciones con falta de pago de rendimientos financieros, falta de acreditación o pago de recursos y rendimientos financieros generados por ministración tardía de participaciones fueron las irregularidades no solventadas que la ASF encontró con relación al ejercicio fiscal de 2019.
En materia de participaciones federales, la mayor parte de los estados –a pesar de las anomalías y de los montos por aclarar– manejó los recursos públicos de manera adecuada. Sin embargo, en el caso de Veracruz, la ASF determinó que “no realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-30000-19-1278-20201278-DE-GF.
Un caso igual al de Veracruz fue el del Gobierno de la Ciudad de México que, aunque no generó probables daños, tampoco fue capaz de ejercer de manera adecuada sus recursos, ya que “no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y asignación de los recursos de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-09000-19-0618-2020618-DE-GF.
Por otro lado está el rubro de saneamiento financiero, que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local. De acuerdo con los datos analizados por SinEmbargo, 14 entidades federativas causaron probables daños al erario público por 3 mil 392 millones 706 mil 990 pesos.
Entre las irregularidades no solventadas están el uso no autorizado de ingresos excedentes, la falta de constitución de fondos, la falta de documentación comprobatoria y justificativa de aplicación de recursos públicos, los incrementos injustificados de asignaciones para servicios personales, además del uso excesivo de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (2018).
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional publicó en redes sociales que la Secretaría de Salud les canceló una reunión con Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y López-Gatell.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que las autoridadessanitarias federales no tiene intensiones de inhibireldiálogo con los gobiernos estatales.
En la conferencia diaria para conocer el estado de la pandemia en México, el epidemiólogo mexicano señaló que las reuniones con los gobernadores estatales se ha llevado a cabo a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) e incluso, el miércoles pasado se acordó un encuentro con la Comisión de Salud, presidida por Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán.
“Entiendo que esto lo habían acordado con Jorge Alcocer y quedó en pendiente, no hay intención de inhibir el diálogo, no yo tenía claridad de que era una decisión o algo ya agendado”, explicó.
De este modo, López-Gatell dijo esperar que los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) no hayan sentido que fueron “plantados” por la cancelación de la reunión agendada para este lunes a las 13:00 horas, pues la situación es más trascendente.
“Siempre hay diálogo, no hay por qué asustarse si no se concreta una fecha. Espero que no se ofendan, en el sentido de esta expresión de que se les dejó plantados. Espero que no se sientan así, las cosas son más trascendentes que eso”, mencionó.
Este lunes, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) publicó en redes sociales que la Secretaría de Salud les canceló una reunión con Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y López-Gatell, para resolver los problemas de las entidades en el manejo de la crisis sanitaria.
“Hace unos minutos la Secretaría de Salud nos notifica la cancelación de una reunión para el día de hoy a las 13 hrs. programada con días de anticipación con el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario López-Gatell”, escribió la GOAN en Twitter.
El mandatario estatal, Miguel Barbosa destacó que en la “BOA poblana” se encuentran los rectores de la BUAP y la Udlap, dirigentes políticos, Fernando Manzanilla y empresarios.
Por Jessica Zenteno
Puebla, 10 de junio (Periódico Central).- El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que existe un grupo que denominó la “BOA poblana” que se encarga de cargar de mala intensión y deformar las declaraciones que da en las ruedas de prensa, con el objetivo de manipular y desgastar los gobiernos de la cuarta transformación.
En conferencia de prensa, el mandatario sentenció que desvirtuaron sus declaraciones sobre su postura respecto a la desaparición de mujeres en Puebla con el fin de generar una guerra sucia en contra del Gobierno.
Aseguró que la administración estatal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), son los únicos que hacen esfuerzos institucionales para localizar a las personas desaparecidas con estrategias y equipos especializados.
Apunto que la “BOA poblana” está formada por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma Poblana (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz; el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto; el empresario Fernando Treviño Núñez; el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista y algunos dirigentes de partidos políticos.
Esta mañana el Gobernador, @MBarbosaMX puntualizó que desvirtuar sus declaraciones sobre su postura de la desaparición de mujeres en Puebla, forma parte de una guerra sucia de detractores. pic.twitter.com/O4aOf5dA0G
“Aquí la BOA tiene personajes conocidos que se encargan de hacerme guerra sucia y a mi Gobierno, como el rector de la BUAP, el rector de la Udlap, Fernando Manzanilla, parece que hay un dirigente empresarial, que ni es empresario es gerente tiene un despacho de gestión que le perdonan los impuestos, sirven de gatillero declarativo y algunos dirigentes políticos, no pasa nada”, expresó.
Barbosa señaló que en Puebla no existe un movimiento que este reclamando por las personas desaparecidas o gobiernos municipales como el de Claudia Rivera Vivanco que cuanta con una fuerza de casi dos mil policías que esté realizando acciones para que aparezcan los no localizados.
Respecto al rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza, señaló que es un hombre deshonesto y advirtió que pronto quedará acreditado.
“El rector de la BUAP que dicta inspirado sus boletines a su coordinación de prensa en la que se describe así mismo como el espíritu de la universidad y la autonomía, él es el espíritu, no él es un hombre deshonesto y eso va a quedar acreditado en cualquier momento”, apuntó.
Barbosa Huerta aseguró que sus ponentes no van a tener existo en su guerra sucia, a pesar de que paguen bots, medios de información y realicen estrategias para intentar manipular y desgastar su Gobierno.
Cabe señalar que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del Gobernador Miguel Barbosa, por “minimizar el problema de la desaparición forzada”, luego de declarar que muchas de las mujeres desaparecidas “se van con el novio”.
Encinas señaló que estos delitos violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues no son proporcionales, cuando se utilizan sanciones privativas de la libertad desmedidas para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- La SecretaríadeGobernación (Segob) hizo un llamado a los gobiernosestatales a no hacer uso del derechopenal a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19 en México.
De acuerdo con un comunicado de Segob, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que aunque la reducción a la movilidad de la población sea la medida más recomendada para detener los contagios, no se puede imponer el resguardo por medio de sentencias penales.
“Son medidas desproporcionales que podría llegar a ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes. El derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado”, citó la dependencia.
La Secretaría de Gobernación llama a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la Federación y estatales, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria.https://t.co/7ybW1wTH5Rpic.twitter.com/jLc8Z6iTQJ
Alejandro Encinas hizo esta declaraciones después de que el Congreso del Querétaro aprobara el 29 de abril último una reforma al código penal, donde contempla nuevos delitos y endurece existentes, justificándose en la pandemia por COVID-19.
Algunas de las modificaciones al código penal de la entidad establecen que a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta, será castigada con cuatro a seis años de prisión.
Por otra parte, aquellos que desobedezcan la medidas de las autoridades sanitarias o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria, permanecerán de tres a cinco años en la cárcel.
Las personas que se opongan a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, enfrentarán tres a cinco años de prisión, y la pena aumentará si se trata de autoridades del sector salud.
En caso de que se promuevan robos o saqueos, los responsables deberán cumplir de tres a seis años en prisión y la pena tendrá el mismo efecto para quienes ejecuten este delito.
En este sentido, Encinas señaló que estos delitos violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues no son proporcionales, cuando se utilizan sanciones privativas de la libertad desmedidas para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas.
“Sanciones penales como las planteadas por el congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables”, concluyó el Subsecretario federal.
Pemex continúa enfrentando el ciberataque con ransomware detectado desde el domingo pasado y que “secuestró” su información a cambio de 4.9 millones de dólares. Sin embargo, además de la petrolera mexicana, este 2019 sitios web del Gobierno de México han sido blanco de defacement, otro tipo de hackeo que deforma la página web. Entre ellos, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las de 19 gobiernos estatales y locales, muestra el portal Zona-H. El especialista en ciberseguridad Rigo Sandoval planteó que aunque estos son menos agresivos, son ya una llamada de alerta.
Ciudad de México, 16 noviembre (SinEmbargo).– Del 3 de enero al 3 de noviembre de 2019, sitios web y subdominios del Gobierno de México a nivel federal y estatal –tanto con Windows como con Linux– han sido víctimas del ciberataque defacement (deformación de una página web) dirigido por hackers “de sombrero negro”, de acuerdo con Zone-H, un portal donde se publican sus acciones.
Sin embargo, este tipo de ataques no han sido “tan agresivos” como el ransomware (encriptación de datos y solicitud de dinero para liberarlos) que mantiene secuestrada la información de máquinas de algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó Rigo Sandoval Uribe, especialista en ciberseguridad. La petrolera lo reconoció públicamente hasta el lunes pasado en la noche, pero afirmó que el ataque “no había prosperado”.
“Estos son pequeños ataques (crackeos) y por hackers de un perfil más abajo; como si fueran ‘asaltantes’. Es información que tienes en la web y de alguna manera no afecta tanto. Pero es una llamada de atención. Hay algunos hackers que buscan sólo fama”, dijo. “Para que no sufras de esto se requiere de mucho dinero y de mucha infraestructura, de un Plan de Recuperación de Desastres para restaurar la información lo más rápido posible. En el caso de Pemex, llegó una ‘banda criminal’ pidiendo dinero, no son unos novatos. Es un grupo muy bien conformado, sólido y con conocimientos avanzados”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el ciberataque el 22 de septiembre de este año a las 10:19 horas con la leyenda “HACKED BY SERAVO ;))”, un hacker de “sombrero negro”. El tipo de daño al sitio registrado fue Redefacement.
“Eso significa que lo repararon en el área de sistemas y lo volvieron a atacar”, afirmó Sandoval. “Que no tengan la seguridad adecuada deja mucho que desear, porque si son ataques pequeños y los están recibiendo, qué puede llevar a pasar”.
El especialista en ciberseguridad Rigo Sandoval expuso que se debería dar más prioridad y presupuesto a la Policía Cibernética para prevenir de manera más eficiente este tipo de casos.
Mensaje del hacker en el home del sitio de la SRE en septiembre de 2019. Imagen: Zone-H.
ATAQUES A GOBIERNOS LOCALES
Este 2019 también han sido blanco del ciberataque defacement sitios web de gobiernos estatales, municipales o dependencias públicas de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Zacatecas, de acuerdo con el portal Zona-H. Algunos son dominios y otros subdominios, incluyendo sobre zonas turísticas.
Además del tipo recibido por la SRE (redefacement), los otros detectados por Zone-H son el Homepage defacement (el home muestra una leyenda o un gif sobre el hackeo) o el Mass defacement (un hackeo masivo, por lo que daña o infiltra prácticamente todo el sitio), explicó Rigo Sandoval, especialista en ciberseguridad.
“En algunos casos, no solamente entran y dejan un archivo. No. Entran al servidor, y pueden ver todos los datos, dentro del sitio web. En la mayoría de las veces queda el nombre del hacker”, expuso Sandoval.
SIGUE EL ATAQUE EN PEMEX
Sobre ciberseguridad en Pemex, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en la Cuenta Pública 2018 que “en relación con la protección de equipos de usuario final, se identificó que algunos no se encontraban protegidos, lo que los hace vulnerables a los ataques cibernéticos”.
Asimismo, le advirtió que “no se gestiona activamente ni se actualizan las reglas de configuración de seguridad de los dispositivos de infraestructura de red, tampoco se cuenta con un proceso formal relacionado con dicha actividad”.
Este viernes por la tarde Pemex pidió hacer caso omiso al boletín apócrifo que circuló en la mañana en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre supuestos retrasos de pago de nómina y aguinaldo a trabajadores de la empresa.
Sin embargo, el ransomware detectado desde el domingo mantiene encriptada la información de algunas máquinas de los trabajadores, por lo que entre ellos hay incertidumbre si llegará el aguinaldo programado para la primera semana de diciembre.
Simulador del ataque de un tipo de ransomware. Imagen: captura de video de Youtube de Predrag Grujic
“El ransomware con el que atacaron a Pemex probablemente lo hizo un grupo ruso que se le conoce en el mundo del hackeo como TA505”, expuso el especialista Rigo Sandoval. “Está especializado en atacar objetivos de alto perfil. Atacaron el Ministerio de Agricultura de Chile y en Estados Unidos al Condado de Texas. El dirigido a Ohio Gratings Inc (aluminio y acero) fue con un ransomware que muestra en el monitor un mensaje como en las máquinas de Pemex”, comparó.
De acuerdo con Sandoval, cuando concluyan los 21 días señalados por este malware en algunas máquinas de los petroleros “se perderá” la información encriptada al borrarse por falta del pago.
“El tiempo que le vaya a costar volver a operar depende de cuánta información esté ahorita secuestrada. Pemex dice que fue el 5 por ciento, pero son 10 mil computadoras”, dijo. “El desconectar los equipos es una medida tardía. No se va a resolver así. Ya tienen la infección, y lo que hay que hacer es combatirla”.
Aunque en algunos casos sí se puede recuperar información, en el caso de la empresa pública más importante del país aún no se sabe.
Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, planteó la necesidad de que en los próximos días los gobernadores fronterizos tengan una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con la finalidad de que el Canciller mexicano les detalle la estrategia del tema migratorio del país y cómo los mandatarios de esas entidades pueden coadyuvar en su implementación.
Ciudad de México 18 de junio 2019 (SinEmbargo).– En el marco de una reunión de trabajo que sostuvo el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con Alfonso Romo García, jefe de la Oficina de la Presidencia, planteó la necesidad de que en los próximos días se tenga una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para conocer los alcances de la estrategia y cómo van a coadyuvar los gobiernos estatales en el tema de la migración.
En reunión celebrada en Palacio Nacional, el mandatario estatal indicó que en esta ocasión se habló de llevar unas acciones en la frontera norte, “es ahí donde seguramente, y donde esperamos los gobernadores fronterizos, que en los próximos días se pueda tener una reunión con el encargado de esta operación, que es el Canciller Marcelo Ebrard”.
El Gobernador de Tamaulipas sostuvo que en Nuevo Laredo ya hay apostados migrantes: “ya estaban desde antes, como en Tijuana y Ciudad Juárez, como se tienen en gran parte de las ciudades más importantes de la frontera norte del país”. Foto: Twitter @fgcabezadevaca
En este sentido, García Cabeza de Vaca dijo que se deben conocer cuáles son las acciones que se van a llevar cabo en cada una de estas fronteras, pero también en toda la ruta que están utilizando estos migrantes. “Aquellos que ya están en territorio nacional, y aquellos que por situaciones de ellos están buscando llegar a Estados Unidos”, destacó el Gobernador tamaulipeco.
El mandatario sostuvo que en Nuevo Laredo ya hay apostados migrantes: “ya estaban desde antes, como en Tijuana, Ciudad Juárez, como se tienen en gran parte de las ciudades más importantes de la frontera norte del país”, por eso es importante conocer la estrategia, concluyó.
EL NEGOCIO DE LA MIGRACIÓN
El tráfico de migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos genera 6 mil millones de dólares anuales en dinero negro, informó hace unos días el Gobierno mexicano.
El propio Canciller Marcelo Ebrard precisó una cifra que se calcula teniendo en cuenta el dinero que pagan los migrantes -entre 3 mil 500 y 7 mil dólares por persona- a los delincuentes que se lucran con esta actividad ilícita.
“Hay un negocio inmenso que son 6 mil millones de dólares al año”, aseguró Ebrard desde Palacio Nacional.
No obstante, las cantidades son pagadas en vano, recalcó el Canciller, pues “no hay nadie que llegue” a la frontera norte, en referencia a que la mayoría padecen engaños o violencia.
En el tráfico de personas, los más vulnerables son los niños, quienes son secuestrados y vendidos a familias seducidas por el argumento de que al ingresar a Estados Unidos con un menor se puede acceder a un permiso de 20 días.
“Te consigo al niño para que en Estados Unidos te den el permiso”, comentó Ebrard sobre un problema que calificó como “el más desgarrador” de los que se desprenden del tráfico de personas.
En los últimos meses se ha registrado “un incremento de 300 por ciento en el flujo migratorio de indocumentados hacia Estados Unidos”.
Los datos anteriores fueron anunciados con motivo de la presentación del plan de atención a los migrantes elaborado a fin de cumplir con las demandas de Estados Unidos.
Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tabasco no repartieron en el último año el 80.6 por ciento de los métodos anticonceptivos que recibieron mediante dos contratos públicos. En consecuencia –refiere la Auditoría Superior de la Federación– impidieron el acceso de la población a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con cifras oficiales, los embarazos adolescentes no deseados persisten en estas entidades federativas, en donde en promedio dos de cada 10 mujeres menores de 20 años se vuelven madres. Inclusive, salvo en el caso de Tabasco (-4.4 por ciento), los embarazos de niñas de 10 a 14 años aumentaron entre 17 y 41 por ciento, en el periodo 2010-2016.
Estos estados que fueron señalados por la ASF tienen también un grave problema de violencia de género que alcanza niveles críticos: Hasta septiembre de 2018, Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia feminicida también escaló en los estados de Guerrero (43), así como en Chihuahua (41).
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Nueve gobiernos estatales en donde se registran graves problemas de embarazos adolescentes, incumplieron entre 2017 y 2018 con la responsabilidad de repartir métodos anticonceptivos, destacó un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con su omisión, determinó el órgano fiscalizador, limitaron el acceso de sus poblaciones a servicios de salud sexualy reproductiva y minaron el impacto de una política de Estado para lidiar con la crisis de embarazos adolescentes no deseados en México, país con más casos a nivel mundial.
Los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Puebla, Querétaro y Tabasco no repartieron 176 mil 921 métodos anticonceptivos (pastillas, preservativos, parches, entre otros). Esto equivale al 80.6 por ciento de los insumos totales (219 mil 378 piezas) que recibieron el año pasado, a través de los contratos públicos ADJ-123-2017 y ADJ-117-2017.
En el caso de este último contrato, “por lo que respecta a los almacenes centrales de los estados de Tabasco, Guerrero y Puebla no se proporcionó la documentación que acredite la salida de 4 mil 970, 23 mil 880 y 35 mil anticonceptivos” equivalentes a 76 millones 125 mil 100 pesos, “correspondientes al 100 por ciento de los insumos recibidos de dicho contrato”, refiere un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, Chiapas omitió la entrega del 89.1 por ciento del total de los anticonceptivos recibidos (4 mil 900 unidades), seguido de los estados de México y Chihuahua, que dejaron de entregar el 74.4 (61 mil 040) y el 51.7 por ciento (5 mil 690) de los insumos.
En lo que respecta al contrato ADJ-123-2017, la ASF refiere que Guerrero tampoco cumplió con la repartición de la totalidad de los insumos recibidos (equivalentes a 14 mil 300 unidades). Le siguen los estados de Querétaro (89.1 por ciento), Aguascalientes (52) y Baja California (51.4) que no acreditaron la salida de 13 mil 176, 7 mil 797 y 6 mil 168 métodos anticonceptivos.
Debido a la “falta de la documentación que acredite la salida de insumos de los almacenes centrales de los estados antes citados, se observó que no se cumplió con el objetivo de las Bases de Colaboración CNPSS-CNEGSR-2017 de fecha 12 de junio de 2017 y, en consecuencia, con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, al no contribuir ello a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”, se lee en el informe 2017-5-12L00-15-0224-2018224-DS de la Cuenta Pública 2017.
En promedio en México, el 69.2 por ciento de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años no usó métodos anticonceptivos, refiere el INEGI. Foto: Moisés Pablo, Agencia Cuartoscuro.
El Programa citado tiene, entre sus principales objetivos, “disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos mediante la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, con énfasis en población con mayor rezago como adolescentes, indígenas y población rural”.
Esto en un país en donde “alrededor de 30 por ciento de la población joven” no tiene acceso a métodos anticonceptivos y donde 16 millones de mujeres (15 a 19 años de edad) y un millón de niñas (menores de 15) dan a luz cada año, según datos de 2017 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo anterior, la ASF determinó que las autoridades fiscales de estos nueve estados deben de investigar e iniciar –en dado caso– “responsabilidades administrativas sancionatorias” contra los servidores públicos “que en su gestión no contaron, al mes de julio de 2018, con la documentación que acredite la salida de insumos” del almacén central de las secretarías de salud estatal.
La falta de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, que estén “libres de coerción, discriminación y violencia es fundamental para el logro de igualdad de género y garantizar que las mujeres puedan participar como miembros plenos de la sociedad”, apunta la UNFPA.
Estos estados que fueron señalados en el dictamen de la ASF tienen también un grave problema de violencia de género que alcanza niveles críticos y preocupantes.
En 2017, Edomex fue el tercer estado con más feminicidios (64) a nivel nacional, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Chiapas ocupó el octavo lugar (29), Tabasco el décimo (28), Puebla el décimo primero (27), Guerrero el décimo tercero (21), Baja California y Chihuahua el décimo sexto (11 cada uno) y Aguascalientes y Querétaro no tuvieron registro de feminicidios ese año.
Nueve meses después, hasta septiembre de 2018, Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia feminicida también escaló en los estados de Guerrero, que ocupó la cuarta posición (43), así como en Chihuahua (41) y Aguascalientes (tres) que ocuparon el quinto y décimo séptimo lugares, respectivamente.
En los estados de Tabasco (22) Puebla (19), Chiapas (18) y Baja California (9), que ocuparon la octava, novena, décima y décima segunda posiciones, hubo mejorías de 21, 30, 38 y 18 por ciento respectivamente, en comparación con las cifras de cierre de 2017. En el caso de Querétaro, al igual que el año pasado, no hubo registro de feminicidios.
LA CRISIS EN LOS ESTADOS
La sexualidad entre adolescentes y jóvenes “juega un papel muy importante para el desarrollo físico y emocional de las personas”. Y las condiciones en que deciden sobre su sexualidad “tendrán un importante efecto, tanto en su calidad de vida como en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas”, refiere un informe (2015) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Por eso, “los embarazos en edades muy tempranas, así como los matrimonios o uniones infantiles, no sólo violan los derechos sexuales y reproductivos” sino que también son “una violación a los derechos humanos” porque limitan el desarrollo, la integridad física y la dignidad personales, explica el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
En promedio en México, el 69.2 por ciento de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años no usó métodos anticonceptivos, indican las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Chiapas lidera la lista nacional con casi nueve de cada 10 casos (88 por ciento de incidencia). Del resto de los nueve estados que incumplieron con la repartición de anticonceptivos, Guerrero (79 por ciento), Tabasco (77.3) y Puebla (75) tienen niveles superiores a la media del país. Aguascalientes (67.1), Edomex (63.6), Chihuahua (63.5), Baja California (62.5) y Querétaro (62.1 por ciento) tienen niveles altos también, con un promedio de seis por cada 10 casos.
Esta cifra explica, en parte, el “alto” índice nacional (17.9 por ciento) de madres menores de 20 años.
Por entidad federativa, Chihuahua encabeza la lista con dos casos por cada 10 jóvenes menores de 20 años (21.4 por ciento). Guerrero (19.6), Baja California (18.9), Puebla y Tabasco (18.8 cada uno), así como Chiapas (18.3), Aguascalientes (18.2) y Edomex (17.9) superan el promedio nacional y sólo Querétaro tiene niveles por debajo de la media (15.1 por ciento).
“En la actualidad, dada la situación del embarazo adolescente y el rezago en el uso de métodos anticonceptivos, el Programa Nacional de Población (PNP) 2013-2018 pretende en su segundo objetivo ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres, reconociendo como prioridad la atención de los adolescentes”, explica un informe del CONAPO.
A pesar del proyecto, el Inegi reconoce que a nivel nacional existe un “claro” rezago “para acceder a los medios que permitan cumplir los ideales reproductivos de las mujeres”. Sus cifras más recientes arrojan que, del grupo de mujeres sexualmente activas, la población de 15 a 19 años tiene el mayor problema de acceso en comparación con el resto de grupos de edad.
Así, dos de cada 10 mujeres de entre 15 y 19 años (13.5 por ciento) no pueden acceder a métodos anticonceptivos, ya sea si deciden espaciar (9.8) o limitar (3.7) su reproducción.
La situación hace que las jóvenes mexicanas tengan una “alta probabilidad de tener embarazos no deseados”, en un país en que “se estima que 38 de cada mil mujeres en edad reproductiva han tenido abortos clandestinos como resultado de no contar con los métodos anticonceptivos necesarios”, se lee en una investigación del medio especializado en salud pública, BMC Public Helath.
Esta crisis de embarazos no deseados se extiende, inclusive, al grupo de niñas menores de 15 años en que resaltan las “violaciones graves a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, como son el abuso sexual y el matrimonio o unión infantil”, refiere el CONAPO.
Las cifras de este organismo indican que entre 1990 y 2016, los embarazos de este sector poblacional aumentaron en 42 por ciento (al pasar de 8 mil 341 a 11 mil 808 casos). Sólo entre 2013 y 2016, el alza fue de 9.1 por ciento.
Hasta 2016, Edomex y Chiapas fueron los estados que más casos presentaron a nivel nacional (1 mil 377 y 933 embarazos de personas de 10 a 14 años de edad, cada uno). Guerrero (674) y Puebla (591) ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Y salvo Chihuahua (457), que ocupaba la novena posición, Baja California (303), Tabasco (239), Querétaro (165) y Aguascalientes (143) tuvieron porcentajes iguales o menores a la media nacional.
Desde 2012 a enero de 2018, los gobiernos estatales, presidentes municipales y universidades públicas no han solventado recursos públicos recibidos para gasto programable hasta acumular 183 mil 100 millones 700 mil pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Este órgano ha presentado denuncias ante la PGR por detectar delitos como simulación de reintegro del dinero por 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
Sin embargo, la impunidad reina: el 99.4 por ciento de las denuncias ante esa institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de fiscalización, aseguró Leonardo Núñez González, politólogo y especialista en transparencia y rendición de cuentas.
Ciudad de México, 28 febrero (SinEmbargo).– Gobernadores, Presidentes municipales y universidades públicas de los 32 estados han arrastrado 183 mil 100 millones 700 mil pesos de recursos federales para gasto programable pendientes de solventar de 2012 a enero de 2018, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estos más de 183 mil millones de pesos equivalen a cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 2018, el cual es de 43 mil 196 millones de pesos.
Esto se permite por la impunidad que cultiva la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y sus espejos en cada entidad, ya que el 99.4 por ciento de las denuncias del órgano autónomo ante la institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de fiscalización, aseguró en entrevista Leonardo Núñez González, politólogo y especialista en transparencia y rendición de cuentas.
La SFP está dirigida por Arely Gómez González, ex Procuradora, y la PGR está bajo encargo de Alberto Elías Beltrán desde octubre.
Veracruz (36 mil 266 millones de pesos), Michoacán (21 mil 13 millones), Guerrero (13 mil 296 millones), Estado de México (12 mil 234 millones) y Jalisco (10 mil 787 millones) son los estados que más acumulan los montos sin solventar desde hace seis años, reveló el informe de Cuenta Pública 2016 del órgano fiscalizador.
“Estos números monumentales que van arrastrando los estados no solamente muestran la impunidad del sistema, sino que muestran también que estamos ante desfalcos de los cuales no hemos encontrado la manera de recuperar el dinero”, aseguró Núñez, autor de “¿Dónde quedó la bolita?”. “En el caso de las universidades estatales, el dinero acaba en manos de empresas fantasmas”.
La función de la ASF es documentar y evidenciar los desvíos, no recuperar el dinero ni castigar a los responsables. Sin embargo, las observaciones de irregularidades, principalmente del gasto federalizado de gobernadores, “llegan a oídos sordos” no solo de la SFP o la PGR, también de la Cámara de Diputados, la cual recibe el informe de Cuenta Pública, dijo el politólogo.
Los diputados no conocen detalladamente el contenido y señalamiento de las auditorías. De acuerdo con un estudio del CIDE, expuso Núñez, el 22 por ciento de los diputados federales encuestados no conoce la existencia de los informes generales de la ASF y el 65 por ciento desconoce la supervisión.
La Auditoría Superior, después de fiscalizar el uso de recursos públicos y tener evidencia sustentada de que se cometió un delito, como la simulación de reintegro de los recursos, entrega una denuncia a la PGR con un escrito que detalla de manera pormenorizada los hechos que halló.
Desde 2012, el órgano fiscalizador emitió denuncias por 37 mil 605 millones 600 mil pesos tras fiscalizar a gobernadores, ediles y universidades públicas, reportó en su Cuenta Pública 2016. También dio denuncias por 8 mil 8 millones 100 mil pesos por simulación de reintegración por parte de las autoridades estatales, municipales o de universidades públicas. En total, 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
“Una vez que lo tiene la PGR es donde está el problema por falta de documento, de profesionalización y de autonomía ante el poder político”, dijo Núñez.
INVESTIGACIÓN DE SUCESORES
Marcha del sindicato de la Universidad de Michoacán en enero. Foto: Cuartoscuro.
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Jalisco, los estados que más concentran dinero público por solventar desde 2012, han cambiado de gobernador durante ese periodo, pero no todos sus sucesores han investigado las auditorías de quienes les entregaron el cargo.
El ex priista Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz de 2010 a 2012; Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reyna García (PRI), Salvador Jara Guerrero (académico) y Silvano Aureoles Conejo (PRD) han gobernado Michoacán desde 2012; Ángel Aguirre Rivero (PRD) y Héctor Astudillo Flores (PRI) han gestionado Guerrero desde entonces; Eruviel Ávila Villegas (PRI) gobernó el Estado de México en el periodo auditado; y Emilio González Márquez (PAN) y Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) han administrado Jalisco.
“Una vez que hay cambio de gobierno, es muy difícil dar con los responsables. A menos que exista una voluntad política”, aseguró el politólogo Leonel Núñez.
“En Veracruz el cambio de gobierno [ahora de Miguel Ángel Yunes] permitió empezar a abrir. Chihuahua también es un caso paradigmático. Ahora es el segundo estado con más recuperaciones probables en la cuenta pública de 2016 nada más. Eso tiene que ver con que el Gobernador Javier Corral ha emprendido una campaña para que se investigue a sus predecesores”, afirmó el especialista en rendición de cuentas.”La ausencia de cambio de gobierno es lo que permite y fomenta la impunidad”.
En el caso de Michoacán, corresponde al perredista Silvano Aureoles aclarar el destino de una parte de los 21 mil 13 millones de pesos sin solventar de los gobiernos estatales previos. Respecto a los 13 mil 296 millones 800 mil pesos sin solventar por parte de Guerrero, es responsabilidad del mandatario Héctor Astudilllo. Para los 12 mil 234 millones 900 mil pesos de montos en el Estado de México, es responsabilidad del priista Alfredo del Mazo Masa, actual Gobernador mexiquense. Y, finalmente, es obligación de Aristóteles Sandoval indagar sobre los 10 mil 787 millones 900 mil pesos no solventados en los últimos seis años.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
