Durante su comparecencia, ocurrida el 1 de marzo, Colmenares Páramo informó a la comisión legislativa que la ASF presentará un nuevo reporte de resultados sobre la auditoría que evaluó los costos de cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Tendrá una nueva metodología y se hará en colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el error cometido con el informe de la Cuenta Pública 2019, en la que se incluye un sobrecosto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pudo haberse orquestado “desde abajo“.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario no descartó que los funcionarios “de abajo” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudieran planear “meterle gol” a su titular, David Colmenares Páramo, pues ellos vienen de administraciones anteriores, por lo que pueden tener afinidades partidistas.
Agregó que Colmenares tampoco revisó adecuadamente a los funcionarios, por lo que podría ser una posibilidad que “le jugaran chueco”.
“No descarto que lo que sucedió con la ASF se haya armado ‘abajo’ porque son equipos de tiempo atrás, y el auditor no revisó adecuadamente, o sea, no puedo asegurar que él actuó de mala fe. No descarto el que, como se dice coloquialmente, le hayan metido un gol, porque eso pasa”, dijo frente a la prensa que acudió a la llamada “mañanera”.
[youtube lgEvpd0klTI]
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que su Gobierno debe estar al pendiente para que no se cometan “actos indebidos”, por lo que insistió en que debe haber transparencia y cero complicidad.
“Cuando se trata de servidores públicos debe haber transparencia, lo del debido proceso pasa a segundo plano, se debe privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos cometidos por servidores. El servidor corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero, porque es el representante de la sociedad, el otro actúa de manera individual”, refrendó.
Finalmente, Andrés Manuel López Obrador sugirió que se realice un debate al respecto para que se termine la “simulación” que los anteriores gobiernos mantuvieron.
COLMENARES PROMETE SANCIONES AL NAIM
El pasado 1 de marzo, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se presentó a la Cámara de Diputados para comparecer por la sobrestimación del costo de la cancelación del NAIM. Frente a la comisión legislativa de Vigilancia aseguró que en caso de comprobarse que algún servidor público actuó por intereses personales se les sancionará cesándolos del cargo.
El Auditor acudió a la reunión con los legisladores para revisar el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Publica 2019, suscrita en el primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se asegurara que los cálculos hechos por la ASF son “inexactos” e incluso “exagerados“.
“Pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización, y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior, por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que quede claro que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe. Si lo hubiera o hubiera algún comportamiento negativo, yo sería el primero en denunciarlo” expresó.
Aseguró que no hubo ningún tipo de presiones ni de mala fe en la actuación de la ASF y que si se hubiera detectado alguna anomalía, habría sido el quien la denunciara.
Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, informó que Caso Raphael fue “separado momentáneamente” de su cargo debido a la investigación que desarrolla la Unidad de Evaluación de Control (UEC). Sin embargo, el funcionario deberá presentarse, al menos, en la próxima sesión de la mesa de trabajo que evalúa los resultados de la auditoría sobre el proyecto del Aeropuerto de Texcoco.
El titular de la ASF aclaró que no ha permitido, ni permitirá actos que vulneren los principios constitucionales. “En la propia Auditoría Superior de la Federación, estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Control de la Cámara, la UEC está realizando”, puntualizó.
Luego de la pifia en el informe realizado por la ASF a los gastos del NAIM en 2019, David Colmenares compareció en la Cámara de Diputados. Sin aceptar su responsabilidad directa, el Auditor dijo que se sancionará a los responsables si actuaron por razones personales.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se presentó esta tarde a la Cámara de Diputados para dar inicio a su comparecencia por la sobrestimación del costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Frente a la comisión legislativa de Vigilancia aseguró que en caso de comprobarse que algún servidor público actuó por intereses personales se les sancionará cesándolos del cargo.
El Auditor acudió a la reunión con los legisladores para revisar el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Publica 2019, suscrita en el primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se asegurara que los cálculos hechos por la ASF son “inexactos” e incluso “exagerados“.
“Pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización, y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior, por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que quede claro que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe. Si lo hubiera o hubiera algún comportamiento negativo, yo sería el primero en denunciarlo” expresó.
Colmenares Páramo llegó acompañado de el Auditor Especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado; el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard; y el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael.
El Auditor Superior de la Federación llegó poco después de las 12:00 horas de este 1 de marzo. Foto: Cuartoscuro.
Aseguró que no hubo ningún tipo de presiones ni de mala fe en la actuación de la ASF y que si se hubiera detectado alguna anomalía, habría sido el quien la denunciara.
Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, informó que Caso Raphael fue “separado momentáneamente” de su cargo debido a la investigación que desarrolla la Unidad de Evaluación de Control (UEC). Sin embargo, el funcionario deberá presentarse, al menos, en la próxima sesión de la mesa de trabajo que evalúa los resultados de la auditoría sobre el proyecto del Aeropuerto de Texcoco.
El titular de la ASF aclaró que no ha permitido, ni permitirá actos que vulneren los principios constitucionales. “En la propia Auditoría Superior de la Federación, estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Control de la Cámara, la UEC está realizando”, puntualizó.
NUEVO REPORTE SOBRE EL NAIM
Colmenares Páramo informó a la comisión legislativa que la ASF presentará un nuevo reporte de resultados sobre la auditoría que evaluó los costos de cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Tendrá una nueva metodología y se hará en colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, compareció en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.
“En los próximos días estaremos teniendo el resultado consensuado con el ente auditado dentro de las posibilidades de aclaración, y sacar una cifra correcta, que tenga que ver con un método de fiscalización y de elaboración de estimación de los costos diferente al utilizado en la auditoría de desempeño”, explicó a los legisladores.
Dijo la discrepancia algunos lo consideraron un error de desempeño, por lo que buscarán un nuevo contraste.
La ASF “no confronta ni mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno”, aseguró Colmenares y destacó que las entidades evaluadas pueden presentar sus inconformidades a la auditoría. Recalcó que la dependencia a su cargo “es apartidista y apolítica, cualquier otra interpretación a sus auditorías sí sería política”.
[youtube vYCHeOcJGHs]
Tizoc Villalobos Ruiz, director general de Auditorías de Desempeño de la ASF, aclaró que las auditorías de desempeño y las que son de carácter especial no son vinculantes. Sus objetivos no son sancionadores sino de mejoramiento, para que las políticas públicas ejecuten las recomendaciones y para medir el alcance de estas.
Las comparecencias suelen darse un mes después de que se publican los análisis, como el de la Cuenta Pública, sin embargo, debido a que en el reporte del 2019 se presentó que el costo de la no creación del aeropuerto de Texcoco era 300 por ciento más que el previsto, afirmación con la que estuvo en desacuerdo el Jefe del Ejecutivo federal, ahora Colmenares debe aclararlo con los legisladores.
“NO VOY A RENUNCIAR”, DICE COLMENARES
El pasado 25 de febrero, el titular de la ASF descartó que tenga pensado renunciar después de la polémica que desató el informe sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
“No tengo por qué [renunciar]. No me siento culpable de nada, al contrario”, dijo el Auditor en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula.
También argumentó que hasta el momento no existe una causa legal que lo obligue a hacerlo. “No… si no hay una causa legal [para renunciar], fundamental, claro que no. Soy un hombre de Estado, esta es una institución del Estado, somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la figura Presidencial y aquí yo fui electo para hacer bien las cosas, no para hacer politiquería ni tratar de dañar a alguna administración, y menos a la actual”, expuso.
El funcionario defendió que los errores de la ASF no estuvieron relacionados con algún interés partidista o por “mala fe” y pidió no descalificar el trabajo de la Auditoría.
[youtube Uq6-OzlSFXc]
“No se puede descalificar el trabajo de la Auditoría porque aquí lo que menos hacemos es jugar a propósitos políticos”, enfatizó, y agregó: “No se puede demeritar el trabajo de toda una institución, de todo un equipo de trabajo, con una descalificación”.
David Colmenares fue cuestionado sobre supuestas irregularidades en el informe que la ASF presentó de la Refinería Dos Bocas, mismas por las que esta tarde se pronunció Rocío Nahle, Secretaria de Energía.
“Ella tiene oportunidad para venir a aclarar y solventar. La gente que tenían encargada fue lenta en la entrega de información. Entonces, si estamos mal, que venga y lo aclaramos y lo hacemos público”, contestó el titular de la ASF.
Más tarde, Colmenares apareció en una entrevista con Carlos Marín en Milenio Televisión, ahí informó que los dos auditores encargados de analizar el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) fueron separados por el comité de ética, pero aclaró que no han sido despedidos.
“Separamos a los dos auditorios responsables del tema e invitamos al Grupo Aeroportuario [de la Ciudad de México] y hoy pedimos a Hacienda para que nos nombrara un enlace para que hagamos un informe técnico y demos a conocer el resultado”, detalló.
Las declaraciones de Colmenares Páramo se registraron un día después de que Juan Manuel Portal Martínez, extitular de la ASF, dijera en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava, que él habría renunciado con un caso similar durante su administración, entre 2010 y 2017.
[youtube GduQwSPJfAk]
“Yo renunciaría”, dijo Portal Martínez, pero, insistió, ahí se trata de su decisión y la presión que pueda tener por la opinión pública y la profesión misma.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que el informe de la ASF sobre el supuesto aumento de más de 232 por ciento en los costos de la cancelación del NAIM no fue un error. Fue intencional. Y, visiblemente molesto, pidió a la Cámara de Diputados una investigación.
Más tarde, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados informó que el lunes 1 de marzo comparecerá a David Colmenares, junto con los auditores especiales de este órgano autónomo, para conocer y ampliar información de los informes individuales de la cuenta pública 2019 que entregaron a San Lázaro.
“Como parte de las reuniones que tenemos en la Junta Directiva de la Cámara de Diputados con carácter resolutivo, tomamos dos acciones: la primera tiene que ver con citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes”, dijo Mario Alberto Rodríguez, presidente de este órgano legislativo.
La decisión fue tomada luego de las inconsistencias en la cuantificación de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
¿Creían que se iba a quedar así lo del informe de la @ASF_Mexico?
El sábado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, presentó ante la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del Gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.
En ese informe, se detalló que la cancelación del NAIM en Texcoco, una obra iniciada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el Gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos (unos 16 mil 252 millones de dólares).
Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de “exagerada” la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió “que existen inconsistencias” en su informe y garantizó “una revisión exhaustiva”.
El Gobierno encontró en el informe tres errores que explican más del 75 por ciento de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.
“Empezando por los trabajos en la preparación del sitio, que al final el costo fue menor al contratado logrando un ahorro. Y también vamos a contestar”, afirmó Rocío Nahle, titular de la Sener, sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Ya se tenía la ingeniería básica, elemento que la ASF determinó en su reporte que no existía. “Eso es absurdo, ya que no se podría diseñar equipos”, detalló la funcionaria desde su cuenta de Twitter.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 no sólo presentó el que es considerado como su mayor error en los datos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, sino que también lo hizo en las cifras de la construcción de la RefineríaDos Bocas.
Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, aseguró que en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “también hay grandes errores” respecto a los datos que emitió sobre uno de los proyectos insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Empezando por los trabajos en la preparación del sitio, que al final el costo fue menor al contratado logrando un ahorro“, escribió la titular de la Sener en su cuenta de Twitter.
La funcionaria federal explicó que al iniciar la obra de construcción en tiempo la Sener tuvo tiempo “para hacer la procura temprana de equipos críticos”, para esto ya se tenía la ingeniería básica, elemento que la ASF determinó en su reporte que no existía. “Eso es absurdo, ya que no se podría diseñar equipos”, afirmó Nahle García.
Respecto al pago de los estudios de mecánica de suelos; dichos estudios se realizaron en dos fases:
1) al inicio del desmonte y despalme
2) 4 meses después en la fase de excavación y medición.
Por cierto, una de esos estudios lo realizo la @CFEmx .
Respecto al pago de los estudios de mecánica de suelos, la Secretaria Nahle dijo que se hizo en dos fases, la del inicio del desmonte y despalme; y otra que se ejecutó cuatro meses después con un proceso de excavación y medición. Nahle expuso también que uno de los dos estudios lo realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque no especificó cuál.
También Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se refirió al escándalo en el que se ha visto envuelta la Auditoría Superior de la Federación en los últimos días. El funcionario dijo que México requiere que la ASF sea “fuerte, sólida y técnicamente creíble”.
El comentario surgió después de que el fin de semana pasado se dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, en el que estimó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costó 331 mil 996.5 millones de pesos, 232 por ciento más de la estimación que hizo el Gobierno de López Obrador.
“Yo creo que es del interés de todos tener una Auditoría Superior de la Federación fuerte, sólida técnicamente y creíble. Creo que una institución que tiene tanto tiempo y debe tener decenas, si no es que cientos de contadores, abogados y especializados, debería tener la capacidad para afinar sus propias metodologías; no sé qué pasó, si le dieron esta revisión a un auditor nuevo o muy entusiasta o que quería aparecer en los titulares, es algo que ellos tendrán que explicar”, planteó el funcionario en una conferencia.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el informe de la ASF sobre el supuesto aumento de más de 232 por ciento en los costos de la cancelación del NAIM no fue un error. Fue intencional. Y, visiblemente molesto, pidió a la Cámara de Diputados una investigación.
Durante su conferencia de prensa matutina, expresó que él no cree, pese a que existe la posibilidad, que hayan hecho mal las cuentas, lo que “sería lamentable”. Sin embargo, señaló que podría tratarse de “una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.
“Entonces no vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad y voy a enviar una carta a la Diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación, todo esto de manera respetuosa, todo esto porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados”, anunció.
Horas después, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados informó que el próximo lunes 1 de marzo comparecerá a David Colmenares Páramos, titular de la Auditoría Superior de la Federación, junto con los auditores especiales de este órgano autónomo, para conocer y ampliar información de los informes individuales de la cuenta pública 2019 que entregaron a San Lázaro.
“Como parte de las reuniones que tenemos en la Junta Directiva de la Cámara de Diputados con carácter resolutivo, tomamos dos acciones: la primera tiene que ver con citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes”, dijo Mario Alberto Rodríguez, presidente de este órgano legislativo.
La Auditoría Superior de la Federación y su titular, David Colmenares, pasaron en cuestión de horas de señalar un sobre costo del 232 por ciento por la cancelación del Aeropuerto Internacional que se buscaba construir en Texcoco, a reconocer que hay inconsistencias en la metodología para determinar esta cifra. Sin embargo, no se trata de la única corrección. Una situación similar se presentó con los señalamientos hechos contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde primero responsabilizó a esta dependencia de negarse a ser fiscalizada y después el propio auditor dijo que no hubo tales obstáculos. ¿Qué sucede con estas contradicciones? Esto es #LoQueSabemos.
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Unas horas bastaron para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) saliera a señalar que hubo inconsistencias en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en específico en sus estimaciones sobre lo que costó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se proyectaba en Texcoco. La fe de erratas vino después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador saliera a desestimar los cálculos que señalaban que echar para atrás esta obra costó 331 mil millones de pesos, es decir, un 232 por ciento más que el monto estimado. Lo cual, ahora se sabe, no fue así.
Lejos de ser la única inconsistencia, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, salió a aclarar —antes de que reconociera su imprecisión con el costo de la cancelación del aeropuerto— otro de los hallazgos que generaron polémica en la fiscalización de la cuenta pública: la negativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval, a ser fiscalizada.
El informe de la Auditoría contiene un aluvión de observaciones hacia esta dependencia por un supuesto funcionamiento deficiente que pudo ser determinante para no llevar a buen puerto sus tareas de control interno en el Gobierno federal, a lo cual se sumó la denuncia de que hubo obstáculos para que el equipo auditor llevara a cabo sus labores.
La Función Pública aclaró en un principio que la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia esta dependencia. “Lo único que recibimos… fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”, expresó.
Posteriormente, fue el propio Auditor Superior quien —en medio de la polémica por lo contenido en el informe— salió a matizar en una entrevista con Radio Fórmula que en realidad no hubo obstáculos y que incluso en la SFP “trabajaron bien” con el equipo auditor.
“Nos entregaron toda la información pertinente, estuve al tanto de lo mismo. Tenemos ahí nuestras observaciones en desempeño, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, de Función Pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho en ninguna otra dependencia del Gobierno federal”, dijo Colmenares.
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó en entrevista con SinEmbargo —previo a la precisión del Auditor— que el señalamiento hecho hacia la SFP era un tema delicado que agregaba tensión “a un ya dañado tema de fiscalización y control, y al propio Sistema Nacional Anticorrupción”.
¿QUÉ ENCONTRÓ LA AUDITORÍA?
El informe de la Auditoría detectó la falta de un plan estratégico de la SFP en donde se establecieran sus objetivos, metas, estrategias y prioridades en el corto, mediano y largo plazos, irregularidades en la contratación de personal y deficiencias en los mecanismos de control para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Aunque el señalamiento más grave fue el que recayó sobre la Función Pública por su supuesta su negativa a ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, quien advirtió que esta dependencia no permitió que el equipo auditor tuviera acceso a sus instalaciones y archivos, a la par que sus servidores públicos se negaron a comparecer, una situación que ha negado la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval.
La Auditoría señaló que en particular la SFP se negó a entregar información de un expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, de quien no se da el nombre, argumentando que no contaba con esta información.
Entre las actitudes señaladas por la ASF destacan además que no se permitió al equipo auditor realizar entrevistas complementarias bajo el argumento de que la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria no lo permitían.
“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, refirió la ASF.
El informe —realizado a 24 órganos internos de control de las dependencias— encontró además irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de seis de los 50 servidores públicos que ocuparon 29 plazas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). En estos casos, la SFP proporcionó 49 currículos, de los cuales 21 no estaban actualizados al momento de la revisión. La Auditoría detectó además que un Coordinador General, dos delegados y comisarios públicos, de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres subdelegados y comisarios públicos suplentes de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto.
La Auditoría también detectó inconsistencias en los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Refiere que, durante 2019, se presentaron un total de 575 mil 834 declaraciones patrimoniales, sin embargo, encontró que el proceso de fiscalización “careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones”.
El mismo informe indica que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el área de quejas del órgano interno de control y las unidades de responsabilidades.
Respecto a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas, la SFP no contó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas durante 2019. Además, se comprobó que la información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018.
En ese sentido, la ASF indicó que de prevalecer estas deficiencias identificadas, la CGOVC, los siete comisariatos en los que se agruparon las 329 instituciones que conforman la Administración Pública Federal, y los 216 órganos internos de control que componen esta estructura de vigilancia y control, “estarán lejos de cumplir los objetivos y las metas para los cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el dispendio, la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa”.
¿QUÉ RESPONDE LA FUNCIÓN PÚBLICA?
La Función Pública negó a través de una tarjeta informativa —firmada por su director de comunicación social Raymundo Alva Huitrón— que se hubiera retenido información para los auditores e indicó que “en los casos de excepción”, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de las razones que justificaban dicha imposibilidad.
“Se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019. No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor”, indicó la dependencia.
La Función Pública indicó además que en ningún momento negó el acceso a sus expedientes ya que se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, sin embargo señaló que la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.
Además dijo que “es incorrecto” que se negara la comparecencia de servidores públicos, ya que cuando se solicitaron las entrevistas, la Función Pública expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo indicó que no hubo respuesta por parte de la ASF.
“Como subrayó el propio auditor superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información”, respondió la dependencia.
¿Y QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó que primeramente hay que tener en cuenta el momento procesal en el que se encuentran las observaciones hechas a la Función Pública debido a que forman parte de un proceso en el cual la dependencia podrá solventar los hallazgos detectados por la Auditoría, aunque consideró que es un “asunto delicado” el que se señalara a la ASF de impedir el acceso a su equipo de trabajo para cumplir con el procedimiento de fiscalización.
“Son dos temas, uno es que se le impidiera el paso a los auditores de la ASF, que es una acusación fuerte, y el otro tema es el desempeño de la Secretaría de la Función Pública en términos de lo que coloquialmente se conoce de la 3de3. Yo creo que ahí lo que está calificando es el desempeño de la propia revisión del seguimiento a la situación patrimonial”.
Bohórquez precisó que esto se debe a que por un lado la Secretaría sólo investiga la situación patrimonial de aquellos que ya fueron acusados por ejemplo por la prensa. “Es decir, ya que están en un escándalo, entonces sí los investigan, pero que no hay sistema permanente y sistemático para investigar la situación patrimonial de muchos servidores públicos”.
En ese sentido, advirtió que hay tres elementos para determinar que una política anticorrupción funciona: “Primero, si se van por redes de corrupción y no solo por individuos; segundo, si las redes de corrupción quedan desmantelada y las sanciones las impone un juez, y en tercer lugar si se recuperan las activos desviados”.
Los gobiernos estatales –salvo por Querétaro– sumaron irregularidades no solventadas por 23.3 mil millones de pesos en 2019, de acuerdo con la última Cuenta Pública. Las anomalías corresponden al ejercicio de recursos federales (o gasto federalizado) de los estados, y en gran medida están ligadas a dinero de fondos y programas de salud pública.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el año pasado, 31 gobiernos estatales generaron probables dañosal erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.
Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.
Si bien es cierto que la reducción del dinero federal impactará en el desempeño de diversos programas públicos a nivel local, año con año las irregularidades en el uso del gasto federalizado reducen la eficiencia presupuestaria y minan el impacto de los fondos gubernamentales, por lo que prevenirlas y subsanarlas contrarrestaría parte de las insuficiencias que el recorte del gasto federalizado pueda llegar a causar, máxime si se considera que los probables daños detectados en 2019 por la ASF son equiparables, por ejemplo, a la quinta parte del monto (115.5 mil millones de pesos) de la reducción planeada del gasto federalizado para 2021.
A reserva de las inconsistencias detectadas que sean solventadas en los próximos meses y que los daños referidos puedan o no estar ligados a posibles actos de corrupción, éstas suponen fallas administrativas de diversa índole. La información de 359 auditorías analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo indica que los posibles daños económicos no solventados del ejercicio de dinero público federal por parte de los gobiernos estatales durante 2019 se debió a pagos anómalos, omisiones contables, ejercicio lesivo de recursos, irregularidades materiales y anomalías financieras.
Los probables daños referidos están relacionados con siete rubros de gasto. El sector Salud concentró el 79.7 por ciento de los recursos públicos no solventados, con supuestos perjuicios económicos por 18 mil 606 millones 174 mil 325 pesos. Le siguen las irregularidades de las partidas de Saneamiento Financiero –que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local– y de Participaciones Federales –que son recursos no etiquetados o de libre disposición– con respectivos daños por 3 mil 392 millones 706 mil 990 (14.5 por ciento) y 782 millones 184 mil 998 pesos (3.3 por ciento).
El resto de las anomalías está ligado a Educación, Seguridad, Inversión Física e Infraestructura Social, con un monto conjunto por probables daños de 550 millones 672 mil 603 pesos (2.4 por ciento).
Entre los estados con mayores perjuicios económicos como proporción de los recursos auditados del ejercicio del gasto federalizado durante 2019 están la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Morelos y Quintana Roo. Sin embargo, la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Michoacán, Jalisco y Sonora son las entidades federativas con mayores montos en probables daños a la Hacienda Pública Federal. Tan sólo las irregularidades de la capital del país, de Veracruz y de Chiapas son equiparables al 52 por ciento (12 mil 88 millones 233 mil 528 pesos) de los perjuicios económicos detectados por la ASF durante 2019.
En el apartado “Daños por estado: general” de la siguiente tabla puede consultar la síntesis de datos a nivel estatal, en que está anexado el monto total de probables daños de cada entidad federativa, así como la lista de perjuicios económicos en relación con las muestras auditadas por la ASF. Asimismo, en los apartados por rubro de gasto es posible consultar el tipo de irregularidades detectadas, los montos relacionados y el número de auditoría consultada.
DAÑOS A LA SALUD
El gasto federalizado en los estados incluyó el uso de recursos públicos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, así como para partidas del Seguro Popular. Al auditar estos rubros, la ASF encontró 18.6 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas de 30 entidades federativas, con las excepciones de Durango y Querétaro, donde las anomalías fueron solventadas.
Estímulos y salarios improcedentes, excesivos o injustificados, como aquellos dados a trabajadores que ya habían sido cesados; pago de bienes y servicios no encontrados, como en el caso de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas y que tampoco fueron localizados en inventarios físicos; falta de comprobación de recursos aplicados y uso de cuentas bancarias no autorizadas, además de erogaciones para fines ajenos al fondo o programa, son ejemplos de las irregularidades cometidas en varios estados, entre ellos Baja California, Chihuahua y Michoacán, de acuerdo con las auditorías 2019-A-02000-19-0476-2020476-DS-GF, 2019-A-08000-19-0592-2020592-DS-GF y 2019-A-16000-19-0889-2020889-DS-GF.
Sin embargo, destacan los casos de Nuevo León y Tlaxcala, en donde la ASF determinó probables daños al erario público federal por 71 y 1.9 millones de pesos respectivamente, por triangular recursos sin que a la fecha de la auditoría fueran localizados, se lee en las auditorías 2019-A-19000-19-0972-2020972-DS-GF y 2019-A-29000-19-1257-20201257-DS-GF.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital ‘Dr. José Eleuterio González’ de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos”, dice la ASF sobre el gasto a cargo del Gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a otras cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos […] sin que a la fecha de la auditoría, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala acreditara la devolución a la cuenta bancaria de origen y su aplicación en los fines del fondo o su reintegro a la Tesorería de la Federación”, indica asimismo la ASF.
Además de las irregularidades en cada caso, la ASF determinó por ejemplo que, en el caso del manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León no realizaron una gestión eficiente y transparente de recursos.
EDUCACIÓN ANÓMALA
En el último año, la Auditoría también revisó la aplicación de recursos federales en las entidades federativas a través de cinco fondos y programas relacionados con el sistema educativo nacional: Escuelas al Cien, Expansión de la Educación Inicial, Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, además del Programa Nacional de Inglés.
Derivado del uso de recursos, la ASF determinó que hubo 278 millones 348 mil 788 pesos en probables daños a la Hacienda Pública Federal en 25 entidades federativas, con las excepciones de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Colima, por ejemplo, hizo pagos a “asesores externos especializados” en el Programa Nacional de Inglés que resultaron ser personas que de acuerdo con la ASF, “también ocuparon una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa”, lo que es violatorio de las disposiciones y reglamentos aplicables, refiere la auditoría 2019-A-06000-19-0681-2020681-DS-GF.
Dicho incumplimiento a la normativa del programa se repitió en el manejo del programa de Expansión de la Educación Inicial por parte de las administraciones de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
La información de la ASF indica que junto con Colima, la irregularidad relacionada con asesores que resultaron ser trabajadores educativos en 11 entidades federativas sumó 22 millones 869 mil 836 pesos, tal y como consta en las auditorías 2019-A-01000-19-0450-2020 450-DS-GF, 2019-A-07000-19-0555-2020 555-DS-GF, 2019-A-05000-19-0655-2020 655-DS-GF, 2019-A-06000-19-0675-2020675-DS-GF, 2019-A-12000-19-0805-2020 805-DS-GF, 2019-A-17000-19-0924-2020 924-DS-GF, 2019-A-18000-19-0946-2020 946-DS-GF, 2019-A-19000-19-0979-2020 979-DS-GF, 2019-A-21000-19-1042-2020 1042-DS-GF, 2019-A-24000-19-1123-2020 1123-DS-GF y 2019-A-32000-19-1345-2020 1345-DS-GF.
Entre otras anomalías detectadas en el gasto federalizado en materia de educación destacan la falta de aplicación de penas convencionales, la falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, la transferencia de recursos cuyo destino es desconocido, así como bienes y servicios pagados que no fueron acreditados.
SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
En materia de seguridad pública e infraestructura social, la ASF auditó cinco fondos y programas: Devolución de Aprovechamientos, Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), además del Programa de Mejoramiento Urbano.
Como consecuencia de las revisiones efectuadas, la Auditoría encontró probables daños al erario público por 208 millones 166 mil 823 pesos en materia de seguridad, así como 3 millones 858 mil 714 pesos relacionados con obras de infraestructura social, que constituye un ramo de inversión cuyo objeto es contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza y que financia proyectos para centros educativos y de salud, redes de comunicación, servicios básicos para hogares, entre otros.
En ambos casos, todas las irregularidades fueron halladas en la Ciudad de México. Lo que corresponde a seguridad pública implicó perjuicios económicos por falta de ejercicio y reintegración de recursos a la Tesorería de la Federación; y aquello ligado a infraestructura social estuvo relacionado con recursos que no fueron asignados y/o ejercidos por las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Tlalpan, pero que tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por lo anterior, la ASF determinó que el Gobierno a cargo de Claudia Sheimbaum Pardo “no cumplió con las disposiciones normativas” respecto de la distribución y asignación de los recursos del FORTAMUN-DF y del FISMDF, se lee en las auditorías 2019-A-09000-19-0619-2020619-DS-GF y 2019-A-09000-19-0620-2020620-DS-GF.
Las anomalías anteriormente referidas fueron en gran medida, una de las causas por las que la capital del país tuvo los mayores perjuicios económicos registrados como proporción de los recursos auditados del ejercicio del gasto federalizado durante 2019 a nivel nacional.
INVERSIÓN FÍSICA
En éste rubro las irregularidades ocurrieron en cuatro proyectos: tres obras hospitalarias (dos en Michoacán y una en San Luis Potosí), el desarrollo del Corredor Troncal de La Laguna (Coahuila) y la construcción y rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec (Morelos).
Diferencias entre volúmenes de obra reportados y encontrados o estimados y pagados, errores de cálculo y/o ajuste de precios unitarios, falta de amortización de anticipos otorgados, falta de aplicación o cobro de penas convencionales a contratistas, falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación y pagos excesivos o duplicados o indebidos o improcedentes son algunas de las anomalías detectadas por la ASF durante el ejercicio fiscal del año pasado.
La información oficial indica que el probable daño a la Hacienda Pública Federal en la materia ascendió a un total de 60 millones 298 mil 278 pesos.
PARTICIPACIONES Y SANEAMIENTO FINANCIERO
El ejercicio de las participaciones federales, que son recursos que los estados utilizan libremente, generó probables perjuicios económicos por 782 millones 184 mil 998 pesos. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit y Veracruz fueron las entidades federativas en que hubo registro de anomalías.
Afectaciones a las participaciones federales municipales por créditos de corto plazo y manejo de recursos financieros, deducciones injustificadas, entrega extemporánea de participaciones con falta de pago de rendimientos financieros, falta de acreditación o pago de recursos y rendimientos financieros generados por ministración tardía de participaciones fueron las irregularidades no solventadas que la ASF encontró con relación al ejercicio fiscal de 2019.
En materia de participaciones federales, la mayor parte de los estados –a pesar de las anomalías y de los montos por aclarar– manejó los recursos públicos de manera adecuada. Sin embargo, en el caso de Veracruz, la ASF determinó que “no realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-30000-19-1278-20201278-DE-GF.
Un caso igual al de Veracruz fue el del Gobierno de la Ciudad de México que, aunque no generó probables daños, tampoco fue capaz de ejercer de manera adecuada sus recursos, ya que “no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y asignación de los recursos de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-09000-19-0618-2020618-DE-GF.
Por otro lado está el rubro de saneamiento financiero, que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local. De acuerdo con los datos analizados por SinEmbargo, 14 entidades federativas causaron probables daños al erario público por 3 mil 392 millones 706 mil 990 pesos.
Entre las irregularidades no solventadas están el uso no autorizado de ingresos excedentes, la falta de constitución de fondos, la falta de documentación comprobatoria y justificativa de aplicación de recursos públicos, los incrementos injustificados de asignaciones para servicios personales, además del uso excesivo de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (2018).
La Secretaría de Salud y algunos de sus órganos desconcertados salieron, en general, bien evaluados en la Cuenta Pública de 2019, aunque la Auditoría Superior de la Federación advirtió anomalías que desembocan en procesos administrativos deficientes y costosos que no garantizan las mejores condiciones para el Sistema de Salud mexicano y sus usuarios.
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más irregularidades administrativas que económicas en el sector Salud en 2019. Los probables daños al erario público no sobrepasaron los 600 mil pesos; pero las inconsistencias documentales y procesales halladas en la primera entrega de la Cuenta Pública del primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador indican que el sector Salud tiene problemas en materia de rendición de cuentas y control operativo.
Lo anterior se da en un contexto en que el Gobierno federal ha implementado estrategias para combatir la corrupción dentro de la Secretaría de Salud (SSA) –sobre todo a través de controles de compra de medicamentos y equipo médico– y en que el Congreso de la Unión avaló una reforma para aprobar un Fondo de Salud que reforzará el aumento presupuestario (nueve por ciento real) que recibió el sector Salud en 2020.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría destacan aquellas vinculadas con la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción enfocado a la infraestructura del sector salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que durante 2019 tuvo un presupuesto de 8 mil millones de pesos.
El Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela ha reconocido que el Gobierno de AMLO heredó un Sistema de Salud abandonado y precario, pero que a pesar de ello ha salido adelante. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
La ASF determinó que la SSA, que es la instancia responsable de efectuar el diseño, la programación, la ejecución y el seguimiento de las acciones y proyectos del programa, “no acreditó la focalización respecto de la entrega de los subsidios a las unidades médicas que no habían sido atendidas o no dispusieron de recursos para atender las afectaciones en su infraestructura”.
El problema radicó en que la SSA no precisó en sus lineamientos la población susceptible a ser apoyada, además de que los mecanismos de distribución, operación y administración de recursos no garantizaron la canalización de los recursos a la población destino, no sirvieron para “evitar una administración costosa y excesiva en la atención de las unidades médicas que resultaron afectadas” y tampoco sirvieron “para evitar duplicidades en el ejercicio y la temporalidad de los recursos entregados”.
En cuanto a la parte operativa de los recursos, la Auditoría indicó que hubo inconsistencias entre el número de unidades médicas a atender (102) y el número de unidades médicas (401) que solicitaron recursos del programa. Ésta situación también implicó anomalías presupuestarias, como las diferencias entre el presupuesto solicitado y aprobado para la atención de las unidades médicas.
De acuerdo con la ASF, lo anterior supuso que la SSA “careciera de un universo confiable de unidades que requirieron el apoyo, así como de los presupuestos con los que determinó el listado definitivo de unidades que serían apoyadas”. Asimismo, las inconsistencias contables y documentales registradas hicieron imposible determinar con certeza el número de unidades apoyadas, el presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal y la correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos públicos.
Por lo anterior, la Auditoría concluyó que el ejercicio de los recursos y la operación del Programa Nacional de Reconstrucción “se realizó de manera deficiente, inercial y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”, se lee en la auditoría número 2019-0-12100-07-0168-2020 168-DS.
Aparte de las anomalías ligadas al Programa Nacional de Reconstrucción, la Auditoría encontró irregularidades del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), así como de los institutos de Salud para el Bienestar (Insabi) y Nacional de Pediatría (INP).
En cuanto al programa de Vigilancia Epidemiológica a cargo del Cenaprece, la ASF determinó que hubo probables daños a la Hacienda Pública Federal por 574 mil 245 pesos “por la falta de documentación justificativa que sustente los pagos realizados a cuatro prestadores de servicios por honorarios”, refiere la auditoría 2019-5-12O00-19-0171-2020171-DS.
Para la ASF, con relación a la Vigilancia Epidemiológica, también hubo “deficiencias en la administración y ejercicio de los recursos ministrados e insumos suministrados a las entidades federativas, toda vez que a la fecha de la auditoría (octubre de 2019), 10 de éstas no han registrado la comprobación de recursos ministrados por 3 millones 318 mil 400 pesos en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas”.
Acerca del Insabi y del INP, aunque la Auditoría determinó que cumplieron con las disposiciones legales y normativas con respecto al manejo de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, no estuvieron exentos de anomalías administrativas, ya que hubo falta de integración de 59 mil 571 beneficiarios de intervenciones públicas, así como falta de formalización de un acta de un convenio modificatorio con la Fundación de Cáncer de Mama, se lee en la auditoría número 2019-5-12U00-19-0175-2020175-DS.
La Secretaría de la Defensa Nacional incurrió en irregularidades no solventadas en obra pública durante el primer año de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Cuenta Pública de 2019, los probables daños al erario público son de al menos 12 millones 438 mil 20 pesos.
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio en diciembre de 2018, entre sus planes para frenar los actos de corrupción en obras de infraestructura pública siempre estuvo incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un nuevo actor en el sector de la construcción a gran escala.
El proyecto de edificación de un complejo urbano en Santa Fe, su participación en las obras del Tren Maya, la responsabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, e incluso un acuerdo de Colaboración para la Construcción de Infraestructura entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) para desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas satelitales, entre otros, dan cuenta del peso que tiene y que tendrá la Sedena como constructora durante éste sexenio.
Sin embargo, la Sedena y sus dependencias no están exentas de incurrir en irregularidades que pueden o no estar ligadas a actos de corrupción, pero que en definitiva suponen fallas administrativas de diversa índole.
En la última entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 12 millones 438 mil 20 pesos en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por parte del sector de la Defensa Nacional, que están relacionados con obras de infraestructura pública militar.
Entre las irregularidades ligadas a la Secretaría del General Luis Cresencio Sandoval González están las obras para edificar el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que tiene la misión de capacitar a personal civil y militar para especializarlos en tácticas y operaciones de mantenimiento de la paz, en concordancia con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el Presidente López Obrador, si existe una palabra para definir al General Sandoval González, ésta es “incorruptible”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
La construcción del Centro inaugurado en enero de 2019 por el Presidente AMLO implicó probables daños por 9 millones 791 mil 557 pesos ligados a pagos realizados fuera de norma, así como a pagos en demasía debido a que los volúmenes de obra pagados fueron –en algunos casos– mayores a los ejecutados, o debido a que hubo diferencias entre los salarios pagados y acordados, duplicidad de conceptos pagados y pagos no acreditados, de acuerdo con la auditoría número 2019-0-07100-22-0065-202065-GB.
En 2019, la ASF también encontró probables daños al erario público por 826 mil 404 pesos relacionados con obras de demolición del proyecto de construcción de una unidad habitacional naval en Veracruz por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De acuerdo con la auditoría número 2019-1-07HXA-22-0072-202072-GB, las autoridades responsables de las obras no registraron el volumen de las estructuras a demoler, lo que influye en el costo de la obra.
Aunque el Issfam cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, la Auditoría determinó que la institución tuvo problemas contables y procesales, además de que incurrió en incumplimientos administrativos, normativos y contractuales, entre ellos los vinculados con funciones de verificación, amortización de anticipos e incrementos injustificados de plazos por contrato.
Asimismo, la ASF señaló que hubo una “deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la unidad habitacional naval no fue coincidente con los conceptos de trabajo del presupuesto de la Sedena”.
El año pasado, Issfam también causó probables daños económicos por 1 millón 820 mil 60 pesos relacionados con la construcción de una unidad habitacional militar en Chiapas. La auditoría número 2019-1-07HXA-22-0071-202071-GB indica que el perjuicio se debió a “pagos efectuados sin el soporte que permita comprobar que fueron devengados, toda vez que las estimaciones carecen de los números generadores, fotos, notas de bitácora y croquis de localización que acrediten los volúmenes de obra ejecutados”.
EN EL OJO DEL HURACÁN
En el marco de la detención en Estados Unidos (2020) del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, actualmente juzgado por narcotráfico y lavado de dinero, éste medio digital dio a conocer que entre 2013 y 2018, la ASF registró millones de pesos en pérdidas económicas relacionadas con obras de infraestructura pública, compra de refacciones, devolución de recursos a la Tesorería de la Federación y manejo de la seguridad social de los militares.
Como consecuencia de 26 revisiones efectuadas durante el sexenio pasado, la Auditoría encontró posibles perjuicios económicos a la Hacienda Pública Federal por 16 millones 987 mil 865 pesos. Los daños registrados se debieron a sobreprecios y pagos duplicados, excesivos y/o indebidos en obra pública; bienes y servicios pagados no encontrados y/o ejecutados; dinero de pólizas de seguros y de penalidades a contratistas que no fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda; y diferencias entre los registros contables de la Sedena y del Issfam.
La investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo asimismo refiere que a reserva de las anomalías detectadas que ya hayan sido solventadas, la información oficial indica que al menos 16 funcionarios públicos de alto nivel del sexenio pasado habrían estado involucrados, directa o indirectamente, en la comisión de irregularidades a través de la Sedena. Lo anterior no implica que dichas personas hayan sido culpables de algún acto u omisión, sino que las anomalías ocurrieron cuando eran responsables de las áreas encargadas de los proyectos implicados.
Entre los posibles responsables se menciona a 11 generales, de entre los cuales destacan el exdirector (2016) del Issfam, Alejandro Saavedra Hernández, quien estuvo a cargo (2014) de los centros de comando y comunicación (C-4) que controlaban las zonas de Chilpancingo e Iguala, en Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como el exdirector (2017-2019) de la Industria Militar, José Ricardo Bárcena Rosiles, quien asumió (2014) la comandancia de la 22 Zona Militar en el Estado de México, a la que pertenecieron los soldados involucrados en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya.
También destacan el otrora (2017-2018) inspector y contralor del Ejército y de la Fuerza Aérea, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, responsable de las tropas implicadas (2012) en la muerte de una civil (María Susana Flores Gámez) durante un enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa, y el exdirector (2017-2018) de la Comandancia de la Fuerza Aérea, Miguel Enrique Vallín Osuna, bajo cuya administración ocurrió el desplome de un helicóptero militar –en que viajaba el exsecretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida– que causó la muerte de 13 personas en 2018.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones ligados a ilícitos graves y no graves son sujetos a sanción. También las personas que encubran (Artículo 62) y obstruyan la justicia (Artículo 64) son responsables, toda vez que habiendo tenido conocimiento de algún ilícito cometido no hubieran dado parte a las autoridades competentes.
Las cifras de la Sedena y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indican que a lo largo del sexenio pasado hubo 5 mil 570 denuncias en contra de servidores de la Defensa Nacional por faltas administrativas graves y no graves, además de 2 mil 661 militares sancionados –por ilícitos por función pública y/o militar– en 2016-2018, entre los que se cuentan 11 generales, 22 coroneles, 50 mayores y 128 capitanes.
El auditor del órgano aseguró que los informes individuales pendientes se iniciarán y serán adjuntados al reporte que será entregado en octubre próximo, como lo establece la Constitución.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el informe de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el reporte de medios, el documento que entregó el órgano fiscalizador está incompleto, pues no incluye los informes individuales de las auditorías programadas para presentar en mes de junio debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
“No hubo condiciones para cerrar las auditorías que teníamos programadas entregar en junio; al haber suspensión de términos y plazos no hubo posibilidad legal de hacer estos cierres de auditoría y por lo tanto, presentar los informes individuales”, citaron medios a Emilio Barriga, auditor especial de la ASF.
La ASF suspendió los plazos y términos legales de su actividades desde el 23 de marzo último, pero las que realizan la Dirección General de Responsabilidades y de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, continuaron.
“La Cuenta Pública se presentó cuando estábamos en suspensión de términos y plazos; se combinó todo lo de la pandemia, pero ya estamos listos para regresar, prácticamente el lunes, concluir lo que quedó pendiente y empezar a trabajar lo que teníamos programada para la segunda etapa”, dijo en entrevista con diarios Barriga.
El auditor del órgano aseguró que los informes individuales pendientes se iniciarán y serán adjuntados al reporte que será entregado en octubre próximo, como lo establece la Constitución.
En medios trascendió que la ASF entregó un solo documento incompleto a la Cámara de Diputados, cuya divulgación no ha sido hecha pública por el órgano fiscalizador.
A este respecto, la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación estipulan que el informe que se presenta en febrero y los individuales para junio y octubre, deben ser de carácter público.
El artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación indica que “los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos y se mantendrán en la página de internet de la ASF en formatos abiertos, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
