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Centro Prodh: Hay 7 órdenes de aprehensión pendientes contra militares por el caso Tlatlaya

jueves, noviembre 5th, 2020

Durante el programa de la periodista Carmen Argistegui, la titular de la FGR en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, replicó por segunda ocasión por los dichos de las últimas semanas, en los que se aseguró que se le estaba dando “carpetazo” a la investigación en torno al tiroteo ocurrido hace seis años.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cerró el caso de las ejecuciones extraoficiales en Tlatlaya, Estado de México, luego de que obtuviera declaraciones de altos rangos del Ejército mexicano que estuvieron en el lugar el día de los hechos, en junio de 2014.

Durante el programa de la periodista Carmen Argistegui, la titular de la FGR en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, replicó por segunda ocasión por los dichos de las últimas semanas, en los que se aseguró que se le estaba dando “carpetazo” a la investigación en torno al tiroteo ocurrido hace seis años.

Poco después de la primera negativa ante un posible cierre del caso sin resolución, Santiago Aguirre, titular del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín”, dijo que Sara Irene estaba equivocada.

Aguirre resaltó que la Fiscalía intentó cerrar el caso Tlatlaya “específicamente en el apartado de la responsabilidad de la cadena de mando”.

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“Después de mucho batallar, se logró que se hiciera una de las diligencias básicas en este tipo de casos, que es interrogar a la cadena de mando militar involucrada en los hechos. De eso, surgieron algunos elementos importantes y se demostró que algunos han incurrido al menos en falsedad, de demostró que la orden de abatir existió y fue real y no era susceptible de interpretarse por los elementos de tropa que ejecutaron. […] Sin embargo, de manera muy precipitada, el Ministerio Público tres días después de esta diligencia nos notifica el no ejercicio de la acción penal, y eso en efecto es un ‘carpetazo'”, expuso el titular del Centro de DD.HH en Aristegui Noticias.

Añadió que luego de que se notificara el no ejercicio penal, acudieron para presentar una apelación y que se continúen con las investigaciones hasta dar con los responsables de ordenar la muerte de las 22 personas.

“Ese no ejercicio se revocó y tienen todavía que realizarse actos de investigación ulteriores que ojalá se realicen de manera exhaustiva para indagar quienes son los responsables de esta orden y que finalmente rindan cuentas”.

El titular del Centro de Derechos Humanos detalló que se tienen siete órdenes de aprehensión pendientes, sin embargo, aclaró que la FGR no las ha tenido en consideración, sino que las víctimas han insistido en que se analicen los procesos y es por eso que se encuentran pendientes.

“Tienen más de un año esas órdenes y no se materializan. Es preocupante que nos digan que ahora si se materializan porque va a ayudar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando son órdenes que la Fiscalía debe ejecutar sin pedirle permiso al Ejército”, subrayó durante el programa de Carmen Aristegui.

Ante las declaraciones de Aguirre, la Fiscalía solicitó a la periodista un espacio para aclarar diversos puntos. En voz de Sara Irene Herrerías Guerra, la dependencia aseguró que no están dando ningún tipo de “carpetazo” a la investigación en torno al caso Tlatlaya.

Gráfico realizado por el Centro Prodh luego de un año del caso. Foto: Centro Prodh.

Herrerías Guerra señaló que el amparo al que hizo alusión el titular del Centro Pro Juárez se realizó en junio 2017, antes de que entrara en funciones la actual administración del órgano de justicia. Apuntó que el amparo sirvió para que la actual Fiscalía desahogara las pruebas necesarias, entre ellas, las declaraciones de los altos rangos de la Sedena que estuvieron en la tragedia.

“No puedo hablar del contenido de las declaraciones, porque es una averiguación previa en la que hay reserva de la información, pero todas esas pruebas se van a agregar en el proceso”, refirió en la entrevista la funcionaria de la FGR.

Sara Irene resaltó que el caso no se ha cerrado, ya que hay un proceso federal en contra de los presuntos responsables, el cual no puede ser interrumpido. “Estamos actuando conforme a derecho y en representación de las víctimas respetando sus derechos”, señaló.

Finalmente, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR expuso que las órdenes de aprehensión pendientes se van a ejecutar, que ya están en proceso, pero que aún así, es clave la colaboración de la Sedena.

FGR CERRÓ EL CASO: EL PAÍS

Cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por el caso Tlatlaya en este 2020, pero luego de que lo hicieron el proceso se cerró, pues no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie, de acuerdo con información revelada por el diario español El País el pasado 23 de octubre.

En septiembre de este año se realizaron los interrogatorios a la cadena de mando que participó en el caso. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

“Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014”, escribe el periodista Pablo Ferri para El País.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Tlatlaya fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.

En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento.

“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Así lo consiguió documentar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas en 2015.

Las respuestas de los interrogados abren nuevas preguntas “sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿bajo qué tipo de órdenes actuó el Ejército en esa parte de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto?”, señala Pablo Ferri en el texto “La Fiscalía cierra el caso Tlatlaya” tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones.

Los interrogatorios se llevaron a cabo el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército en la Ciudad de México, de acuerdo con Pablo Ferri. Sin embargo, apunta, apenas tres días después el Fiscal informó sobre el cierre del proceso.

La familia de Alexander en Oaxaca llora, pero no afloja: exige que caigan los “policías asesinos”

jueves, junio 11th, 2020

“No se vale lo que hicieron: confundir a un niño con un maleante, por favor; ¡y por un puto cubrebocas!”, exclamó una de las tías de Alexander Gómez, menor de edad asesinado por un policía municipal en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Cuando Alexander Gómez Martínez estaba chiquito no podía pronunciar su nombre: “yo me llamo Chander”, decía. Así fue como todos sus allegados empezaron a nombrarlo de cariño y ese fue su apodo hasta los 16 años, la edad que tenía cuando murió asesinado a manos de un policía en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

Otro joven también fue víctima del ataque y ahora se debate entre la vida y la muerte, dijeron a SinEmbargo familiares de Alexander, quienes ahora claman justicia.

“Queremos que todos los policías que estuvieron esa noche sean detenidos. Queremos una justicia completa: que no quede impune o se haga justicia a medias”, señaló Alexis Martínez, hermano mayor de la víctima.

#JusticiaparaChander es el hashtag con el cual amigos, conocidos, compañeros y ciudadanos se sumaron a la exigencia.

La ejecución extrajudicial del menor de edad tiene lugar en medio de un ambiente donde la brutalidad policiaca se mantiene en la mira y ha sido la protagonista durante la última semana por los abusos, exceso de uso de la fuerza y detenciones arbitrarias contra jóvenes en Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México.

Alexander cumplió recién cumplió años en marzo pasado. Es descrito como un adolescente alegre y con sueños. Foto: Especial

La voz de Monserrat Gómez se oye entre cortada desde el auricular del teléfono. No es por la comunicación; ella no puede dejar de llorar, pero insiste en que prefiere dar la entrevista. El coraje, impotencia y dolor le dan fuerzas para denunciar. “No queremos callar”, dijo tajante la tía del menor.

La policía le disparó a Chander y a sus amigos porque presuntamente los confundieron con “delincuentes”, aseguró la familiar.

“No se vale lo que hicieron: confundir a un niño con un maleante, por favor. ¡Y por un puto cubrebocas!”, exclamó.

EL CRIMEN

Alexander estudiaba en Orizaba, Veracruz, pero por la contingencia y la suspensión de clases presenciales derivadas de la COVID-19 decidió irse a Oaxaca a pasar la cuarentena con su madre. Tenía al menos dos meses en la comunidad Vicente Oaxaca, en el municipio de Acatlán.

El martes 9 de junio salió de su casa por la tarde-noche, tomó su moto y se dirigió con un par de amigos a una gasolinera para ir a comprar refrescos y echar gasolina, pues irían por unas pizzas para festejar el cumpleaños de uno de sus compañeros, narraron Monserrat y Alexis.

“Por la contingencia hay muchas tiendas cerradas, solo estaba abierta una gasolinera que está a unas cuatro o cinco cuadras de la casa. Ellos iban a comprar refrescos, pero como ni eso había, solo echaron gas”, relató el hermano.

Al salir de la estación de servicio, una patrulla ( la número 023) interceptó el paso de los jóvenes. Testimonios recabados por la familia afirman que los agentes no les emitieron ningún comando, no les gritaron nada, sólo trataron de cerrarles el paso con las luces y torretas apagadas.

“Cuando la patrulla se les atravesó, ellos la quisieron pasar un lado –me imagino que para no pegarle–, pero la reacción de los policías fue empezar a dispararles a los que iban en la moto. Les dispararon a dos”, dijo Alexis.

“El niño (Alexander) traía su cubre-bocas, y ya, porque traía su cubrebocas dicen que lo confundieron con un maleante […]”, agregó Monserrat.

Alexis relató que los demás amigos –al ver lo ocurrido–acudieron de inmediato a dar aviso a la madre de Alexander.

“Mi mamá llegó ahí. Mi hermano estaba todavía debajo de la moto, tirado. Ella, como pudo, movió la moto. La gente comenzó a acercarse y a los 10 minutos llegué yo. Vi que mi hermano todavía tenía signos vitales, pero cuando ya lo trasladamos a la clínica y lo revisaron, ya no tenía vida”, detalló el entrevistado.

TRATARON DE SEMBRAR EL ARMA

Aunado al asesinato trataron de sembrar un arma al joven, pero no lo lograron porque una mujer se percató de los hechos y les reclamó, aseguraron los entrevistados.

“Todavía que lo mataron, quieren ensuciar su nombre diciendo que él portaba un arma, cuando eso no es cierto”, dice molesta Monserrat.

Una vecina de la comunidad habría visto cuando un policía se acercó, limpió un arma y con un guante se la puso en la mano al joven, narró la tía. Sin embargo, la mujer, se acercó a los policías y les advirtió lo que presenciaba, de acuerdo con Alexis:

“Cuando la señora vio que estaban haciendo eso, ella se metió y les preguntó qué estaban haciendo; que ella estaba viendo lo que hacían; querer encubrir y la señora, les dijo ‘que quitaran el arma, porque todos sabían que no la traía el niño’. Los policías ya no dijeron nada y se hizo para atrás”.

“El policía quiso ensuciar el nombre de mi sobrino, le pusieron la pistola con un guante, ese policía la limpió y se la puso en su mano, para decir que él, Alexander, los había atacado, pero eso no es cierto. Hay muchos testigos que eso no es cierto”, abundó Monserrat.

ERA UN SOÑADOR

Alexander tenía 16 años de edad y era un destacado deportista. Jugaba en tercera división con el equipo de la Universidad del Golfo de México (UGM) en Orizaba Veracruz, institución que lo becó por sus dotes deportivas, de acuerdo con su tía.

“Él se ganó una beca en la UGM porque jugaba muy bien fútbol y le dieron su beca. Él estudiaba en Orizaba”, narró la mujer.

Era jugador de fútbol. Soñada con estar en un equipo profesional. Foto: Especial

El jovencito soñaba con ser un jugador profesional. Toda persona que lo conocía sabía de su pasión e incluso, él mismo describía sus ganas de hacer marcar historia en el deporte.

“Yo soy de esos chicos que sueñan en grande, es chico que sueña con dejar una gran marca en la historia de fútbol […] de esos chicos que, con cada obstáculo de la vida, lucho por superarlo y seguir adelante. Soy un loco soñador que sueña con ser jugador profesional”, escribió Alexander el 7 de mayo, junto a una fotografía con su equipo de futbol. Fue uno de los últimos posts que hizo el chico, platicó su hermano Alexis.

“Su único vicio era jugar futbol. Su sueño era ser futbolista profesional, pero mire cómo se dieron las cosas: le arrebataron la vida por una confundida. Le tumbaron los sueños a mi hermanito”, reiteró Alexis.

 CLAMAN JUSTICIA

La familia, amigos y allegados exigen justicia para Alexander y el otro chico lesionado, del cual, no se brindó mayor información.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó este miércoles el homicidio del joven sin dar mayores detalles y el ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa indicó en su página oficial de Facebook que el agente involucrado en los disparos fue puesto a disposición de las autoridades para aclarar lo sucedido, aunque, en un breve mensaje, descartó que se tratara de un ataque intencionado.

“En todo momento la misión de la corporación es preservar la paz y tranquilidad y el estado de derecho de la comunidad, no siendo éste un hecho de mala fe y pensando en dañar la comunidad”, señala el municipio.

Alexis, el hermano, platicó que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca se acercó con la mamá, y le confirmaron la detención de un policía; pero la familia está convencida que en el ataque participó más de uno.

“No fue un solo policía el que disparó, fueron varios porque los fiscales (agentes ministeriales investigadores) que fueron al área del crimen, no eran casquillos de una sola arma. Fueron más de un policía”, aseguró el hermano de la víctima.

“Nosotros pedimos justicia, pedimos que paguen lo que hizo. Que lo metan a la cárcel. Todos estamos muy tristes”, agregó la tía del joven.

El hecho llamó la atención también de algunos medios en Estados Unidos, pues Alexander era ciudadano estadounidense, al igual que su hermano Alexis, quien dijo que solicitaron también al consulado de Estados Unidos ayuda para buscar justicia.

Alexis reiteró que la familia exige una investigación clara, profesional y justicia.

“Pedimos que detengan a todos los que iban en la patrulla, porque todos son culpables de alguna u otra manera”, insistió.

Elementos del Ejército ejecutaron a dos y torturaron a 12 (tres menores) en Palmarito, Puebla, acredita CNDH

miércoles, septiembre 19th, 2018

La noche del 3 de mayo de 2017, militares y presunto huachicoleros se enfrentaron en Palmarito, Puebla. Al menos 10 personas perdieron la vida, entre ellas 6 civiles y 4 militares; además otras 26 resultaron lesionadas –14 civiles y 12 militares. También hubo 13 personas detenidas, entre ellos 4 menores de edad. Un día después hubo bloqueos de los pobladores, quienes acusaban a los militares de haber asesinado a al menos una mujer y aseguraron que dispararon a campesinos al confundirlos con ladrones de combustible.

El pasado mes de febrero, la organización Amnistía Internacional alertó que un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas sí ejecutó extrajudicialmente a un hombre en el enfrentamiento de Palmarito, lo cual, dijo, quedaba claro en un video difundido del enfrentamiento.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó la ejecución arbitraria de dos personas a manos de elementos del Ejército; así como tratos crueles contra otros 12, tres menores de edad, durante un enfrentamiento en Palmarito Tochapan, en Puebla, con presuntos huachicoleros, en mayo del año pasado.

La recomendación también va dirigida al Gobierno de Puebla y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Comisión de recordó que durante ese enfrentamiento al menos 10 personas perdieron la vida, entre ellas 6 civiles y 4 militares; además otras 26 resultaron lesionadas –14 civiles y 12 militares. También hubo 13 personas detenidas, entre ellos 4 menores de edad.

Los hechos se registraron la noche del 3 de mayo de 2017, y un día después hubo bloqueos de los pobladores, quienes acusaban a los militares de haber asesinado a al menos una mujer y aseguraron que dispararon a campesinos al confundirlos con huachicoleros.

“Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo que motivó la emisión de la Recomendación 12VG/2018”, detalló hoy en un comunicado la CNDH.

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La Comisión acreditó “otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Pemex, PGR, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla”.

Además se dijo preocupada por “la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

“Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la ‘Franja del Huachicol’ y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad”, agregó.

El organismo recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al Gobernador de Puebla, Antonio Gali, a que reparen integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica. Así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado y en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres. Al titular de la Sedena también le pidió colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

El pasado mes de febrero, la organización Amnistía Internacional alertó que un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas sí ejecutó extrajudicialmente a un hombre en el enfrentamiento de Palmarito.

De acuerdo con el informe “La situación de los derechos humanos en el mundo”, destacó: “Uno de los vídeos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”.

La ONU condena el asesinato de Héctor Casique, torturado por policías de QRoo en 2013

viernes, junio 9th, 2017

En 2013, Casique Fernández fue golpeado, torturado y abusado sexualmente por 43 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo para obligarlo a firmar una confesión en la que se declaraba culpable de distribuir droga, cobrar derecho de piso y orquestar el multihomicidio de un bar. Fue presentado ante los medios como el “El Diablo”, presunto líder de Los Zetas en ese estado. Luego tres años y seis meses de prisión, dejó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún para encontrase, nueve meses después, con la muerte.

Héctor Casique al ser presentado ante los medios. Foto: Noticaribe

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Héctor Casique Fernández fue torturado por policías de Quintana Roo en 2013 para declararse culpable de un ataque armado a un bar que dejó siete muertos. Ayer, fue ejecutado en un restaurante de Cancún.

De acuerdo con información de medios locales, Héctor Casique fue ejecutado la tarde de ayer por integrantes del crimen organizado, quienes irrumpieron en la marisquería “Las Koras” y dispararon contra él y otro hombre. Ambos perdieron la vida en el lugar.

Los agresores lograron escapar, sin embargo, fueron alcanzados por policías municipales y federales, con quienes intercambiaron disparos que dejaron a un elemento y un sicario heridos.

Tras lo ocurrido, la Oficina del Alto Comisionado, emitió una serie de mensajes en Twitter en los que condena y lamenta la ejecución de Casique. Asimismo, hace un llamado a las autoridades a que se investigue el crimen y que se abran todas las líneas de investigación pertinentes.

El Fiscal del estado, Miguel Ángel Pech, informó este viernes que en el lugar donde Héctor Casique fue asesinado se hallaron 61 casquillos percutidos de distintos calibres, una ojiva, dos celulares y un vehículo color azul que presentaba varios impactos de bala.

Héctor Casique fue detenido de manera arbitraria el 16 de marzo de 2013 al salir de la discoteca “Mandala”, en Cancún, acusado de pertenecer al crimen organizado y de participar días antes en la múltiple ejecución en el bar “La Sirenita”.

Fue trasladado a los separos de la Policía Turística de ese destino, donde policías judiciales de Quintana Roo lo sometieron a una larga sesión de tortura de 30 horas, probada tras aplicársele el “Protocolo de Estambul”.

Dos días después, Héctor Casique fue presentado ante la prensa por el entonces Procurador del estado, Gaspar Armando García Torres, como “El Diablo”, presunto líder de Los Zetas en ese estado y responsable de un multihomicidio en dicho bar, donde se celebraba una reunión del Sindicato de Taxistas.

La familia y defensa legal de Casique Fernández denunciaron que fue golpeado, torturado y abusado sexualmente por 43 elementos de la Policía Judicial del estado para obligarlo a firmar una confesión en la que se declaraba culpable de distribuir droga, cobrar derecho de piso y orquestar el multihomicidio del bar.

También denunciaron que todo fue por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, a quien Héctor Casique le exigió la devolución de 75 mil pesos que pagó a cambio de una plaza en esa corporación, misma que nunca le fue concedida.

El 10 de marzo de 2014, fue liberado por primera ocasión mediante un amparo, en relación al multihomicidio en “La Sirenita”. Sin embargo, fue reaprehendido cuando salía del penal de Chetumal y sometido a un nuevo proceso en Cancún, con las mismas acusaciones, pero con un nuevo testigo que resultó ser otro de los supuestos sicarios.

En la cárcel sufrió varios atentados, e incluso se desataron motines a efecto de lesionarlo, documentó en su oportunidad la Visitaduría de Cancún de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.

La familia obtuvo una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia ordenó ejercer acción penal en contra de 35 miembros de la Procuraduría, que participaron en la tortura en agravio de Casique Fernández.

Luego de tres años y seis meses de prisión, Casique Fernández dejó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún para encontrase, nueve meses después, con la muerte.