El trasfondo que hay en el megaproyecto de minería submarina “Don Diego”, radica “en una actividad que apenas está comenzando en el mundo, con lo que México se hubiera vuelto como un campo experimental sin tener todavía la infraestructura de supervisión y vigilancia para monitorear que el proyecto no tuviera afectaciones”, expuso el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Ciudad de México 13 de abril (SinEmbargo).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) y el Centro para la Diversidad Biológica consideran correcta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto de minería submarina “Don Diego”, que pretendía llevarse a cabo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido a los posibles impactos ambientales que pudieran provocarse en la región, informaron las organizaciones en un comunicado.
“Es una decisión correcta de Semarnat porque no descartó el daño que se podía ocasionar a la pesca, a especies como la ballena y la tortuga caguama, lo conducente en términos legales era que no se autorizara y así fue. Con esto, quedan a salvo los derechos del promovente del proyecto, de volver a presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y si a caso, acreditar que no haya un riesgo para las especies mencionadas y la pesca”, dijo en entrevista para SinEmbargo Agustín Bravo, director Regional de la Oficina Noroeste de Cemda.
El activista declaró que el trasfondo que hay en el megaproyecto de minería submarina, radica “en una actividad que apenas está comenzando en el mundo, con lo que México se hubiera vuelto como un campo experimental sin tener todavía la infraestructura de supervisión y vigilancia para monitorear que el proyecto no tuviera afectaciones”.
El año pasado, ante un inminente resolutivo negativo, el promovente del proyecto lo retiró del procedimiento de impacto ambiental, ante lo cual y unos días después, Odyssey Marine Explorations presentó una nueva MIA, ahora con el nombre de “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”.
Expertos y otras organizaciones ambientales habían señalado los posibles riesgos e impactos para los ecosistemas marinos –particularmente para la población de tortugas marinas y las ballenas de la región– y para la actividad pesquera en la zona. Cabe mencionar que el Golfo de Ulloa ha sido caracterizado como una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
El Golfo de Ulloa en la costa occidental de Baja California Sur es una de las zonas pesqueras de mayor rendimiento en el país, aproximadamente el 42 por ciento de la pesca que se lleva a cabo en la entidad, se concentra en esas aguas, por lo que tiene un peso muy importante para la economía, sobre todo en las localidades contiguas, destacó Bravo. En ese sentido, la propia Semarnat había considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino que no existe compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales del golfo.
Dicho programa –aún sin decretar– funge como un instrumento de política ambiental que regula e induce las actividades en el medio marino. “Desde el año pasado ya había determinado que hay un conflicto entre las actividades económicas y ambientales en el Golfo de Ulloa contra proyectos de minería submarina y para efectos prácticos hace casi imposible que pueda haber proyectos de minería de esta escala”, explicó.
“Es urgente que la Semarnat decrete ya el programa para brindar mayor certeza a la actividad pesquera y a cualquier actividad que busque realizarse en el Golfo de Ulloa. Lo tendría que hacer ya la Semarnat porque está obligada por mandato legal a tener soluciones que no sean de corto plazo para el mantenimiento de las condiciones naturales”, exigió.
Bravo informó que la Semarnat tardó ocho meses en negar la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto, pero finalmente determinó que Odyssey Marine Explorations no reunía los requisitos de ley y que además podía ocasionar daños ambientales severos al ecosistema.
Con la decisión de la Semarnat se evitó que el proyecto de más de 90 mil hectáreas de minería en el mar pusiera en riesgo biodiversidad muy importante a nivel mundial que incluso se encuentra en riesgo de desaparecer, así como las actividades pesqueras.
El Golfo de Ulloa es hogar de ballenas y es la zona de mayor agregación de tortuga caguama del pacífico –especie en peligro de extinción– que ya se enfrenta a condiciones muy complicadas por su masiva pesca incidental, comentó Bravo.
“Semarnat con tino decidió que no había información científica suficiente por parte del promovente que ponía en riesgo a las ballenas, a las tortugas y a la pesca. Semarnat privilegió las actividades económicas y ambientales ya existentes y ya exitosas para no sumar un impacto ambiental”, agregó.
La tortuga caguama es una de las especies en peligro de extinción que serían aún más vulneradas con el proyecto. Foto: Cuartoscuro
No obstante, aún no se puede cantar victoria, pues Odyssey valora qué hará, ya que tiene abierta la posibilidad de impugnar la negativa que otorgó la Semarnat y tiene también la opción de presentar la manifestación de impacto ambiental, reconoció.
Asimismo, señaló que gran parte del golfo es un refugio pesquero decretado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) junto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) precisamente para proteger a estas especies “si bien ‘Don Diego’ tiene abierta la puerta para volver a presentar su proyecto a evaluación, se enfrentaría a un escenario muy complicado porque palabras más, palabras menos, a través de este decreto de zona de refugio, lo que está diciendo el estado mexicano es que no es un área idónea en la cual deban darse proyectos de este tipo”
“Hace un par de años, la Secretaría consideró declarar el Golfo de Ulloa como un área de refugio para la tortuga caguama, en términos de la Ley General de Vida Silvestre, a la postre por razones que sólo la Semarnat conoce, decidió no decretarla”, continuó.
De acuerdo con Bravo, un aliciente para que la Semarnat negara la autorización de manifestación de impacto ambiental, fue que el proyecto “generó una gran preocupación entre el sector pesquero y desde luego entre quienes nos dedicamos a buscar hacer una realidad de este ideal del desarrollo sustentable y tampoco hay que dejar del lado que el Golfo de Ulloa está en la mira del Gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que la tortuga caguama es una especie trinacional, nace en Japón y migra de allí hasta México pasando por aguas jurisdiccionales de EU en Hawaii y allí tienen medidas sumamente severas para la protección de la especie, mientras que en nuestro país llegan a morir de 500 a 900 ejemplares por año debido a la pesca incidental”, acotó.
“Si la tortuga caguama enfrenta ya una problemática sumamente compleja y desfavorable por lo que pasa allí, sumarle el riego de mayores impactos ambientales causa alarma hacia dentro del Gobierno estadounidense, teniendo presente que hay mecanismos de colaboración entre los tres países para la conservación de la tortuga, en los cuales las acciones del Gobierno mexicano han dejado mucho que desear”, añadió.
Por último, Bravo aseguró que es necesario “el monitoreo y la vigilancia permanente por parte de la sociedad y las comunidades que pudieran resultar afectadas. Esta decisión de la Semarnat se enmarca también en la propuesta de Ordenamiento Ecológico, Marino que tiene ahora en evaluación”.
