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iEl mítico Cártel de Guadalajara es historia ahora y un nuevo cártel ha tomado el nombre del estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo las órdenes del “Mencho”. Su ascenso durante la última década se relaciona directamente con el descenso de esa ciudad y el resto del estado en una espiral de violencia.

Por Nathaniel Janowitz

Guadalajara, 13 de marzo (Vice).- En una madrugada de mayo de 2019, un hombre desnudo llegó tropezando a una colonia de clase media en el centro de Guadalajara antes de colapsar en la esquina de una calle. Presentaba señales evidentes de tortura. Cuando la policía llevó a cabo una redada en una casa ordinaria en una calle pintoresca llena de hogares familiares, descubrieron a nueve personas —aún con vida— que habían sido víctimas de secuestro, además de los cráneos de siete cadáveres.

Casi dos años después, queda poca evidencia de los eventos funestos que tuvieron lugar en aquella casa en la tranquila calle de Río Bravo, más allá de un pequeño letrero indicando que la propiedad está clausurada, un candado sobre la reja y un volante desgastado de un restaurante de sushi cercano colgado afuera de la puerta.

Un vecino, quien se negó a dar su nombre, le dijo a Vice que nunca había escuchado gritos ni percibido olores extraños, pero que ocasionalmente escuchaba el sonido de “un taladro mecánico, como si estuvieran preparando algo”, proveniente del interior de la casa. Nunca estuvo seguro de quiénes eran los habitantes, “todo el tiempo entraba alguien a la propiedad y luego llegaban otras personas y luego algunas se marchaban, pero solo de noche”.

Solo cuando llegó la policía y puso en cuarentena el área y cuando los vehículos forenses se alinearon en la calle fue que el vecino pudo enterarse de los espeluznantes detalles de lo ocurrido en ese sitio de exterminio. En las dos semanas siguientes, las autoridades encontraron dos fosas clandestinas vinculadas con la casa, una con 25 cadáveres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y otra con 30 cadáveres en la colonia El Campanario del municipio de Zapopan, que en ese momento era la fosa más grande de la historia de Jalisco.

Pero no mantendría ese récord por mucho tiempo.

Isabel Velarde bebía un frappuccino helado en una cafetería recordando con nostalgia su adolescencia a principios de los 80, cuando salía hasta tarde con sus amigos en su ciudad natal de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, y una de las ciudades más pobladas de México. En ese entonces, ella y sus amigos no temían a los infames narcotraficantes asentados en la ciudad —conocidos como el Cártel de Guadalajara— porque “ellos tenían códigos”.

“Nadie nos molestaba. Todo lo contrario, nos protegían”, dijo Velarde.

La historia frecuentemente mitificada del Cártel de Guadalajara presentada recientemente en la serie de Netflix Narcos México, detalla cómo la desaparición de lo que en general se considera el primer cártel moderno del país generó numerosos capos infames y sanguinarios, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos.

Pero incluso después de que el cártel epónimo se fragmentara alrededor de 1990, la ciudad de Guadalajara siguió siendo un refugio relativamente seguro para que los narcos vivieran y criaran a sus familias, y especialmente para lavar dinero. El flujo de dinero ayudó a Guadalajara a convertirse en la segunda ciudad de México y en un centro económico y cultural.

El Cártel de Guadalajara es historia ahora y un nuevo cártel ha tomado el nombre del estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su acrónimo, CJNG. Su ascenso durante la última década se relaciona directamente con el descenso de Guadalajara y el resto del estado en una espiral de violencia. Desde diciembre de 2018, Jalisco ha registrado más desapariciones que cualquier otro estado mexicano, lo que representa más del 20 por ciento de todos los casos en México.

“El Gobierno no tiene orden, ya no hay estado de derecho”, dijo Velarde, visiblemente molesta. “Es un narcoestado”.

Su hijo Germán desapareció en 2017, tras lo cual pasó las noches escondida debajo de automóviles estacionados en las calles de Guadalajara, vigilando a las personas presuntamente involucradas. Casi cuatro años después, el caso de su hijo sigue sin resolverse, es una más de las 80.000 desapariciones denunciadas en México desde 2006.

“He hablado con funcionarios del Gobierno de Jalisco y con detectives que nos dicen que siempre ha habido desapariciones, siempre ha habido asesinatos. Sí, puede que sea cierto, pero no de esta magnitud”, dijo Velarde.

Días después de que Velarde recordara los buenos tiempos en Guadalajara, un grupo de hombres armados intentó secuestrar a un hombre en un barrio de clase alta en la misma parte de la ciudad donde ella disfrutó su frappuccino. Un tiroteo se desató a plena luz del día el 8 de febrero entre la policía y dos grupos rivales, que terminó con al menos un muerto y tres heridos. Posteriormente esa misma semana, las autoridades descubrieron 18 bolsas de basura con los restos cercenados de un cuerpo, cerca de la zona.

Las autoridades habían descubierto numerosas fosas clandestinas y sitios de exterminio con anterioridad, pero la casa en la calle de Río Bravo marcó un nuevo récord en la historia macabra de fosas clandestinas y personas desaparecidas en Guadalajara. A finales de 2019, las autoridades descubrieron 28 casas similares, en su mayoría propiedades de alquiler.

“Todos estos puntos estaban relacionados entre sí. No diría que fuera todas las semanas, pero desde entonces hemos descubierto al menos un par cada mes, a veces más, a veces menos”, explicó un investigador de la Fiscalía del estado que trabajó en la unidad de desapariciones e investigó varios de los casos. Accedió a la entrevista bajo condición de anonimato.

El 6 de noviembre de 2019, miembros de la Guardia Nacional de México persiguieron a un vehículo sospechoso hasta la bodega de Toluquilla, un pequeño almacén ubicado en una importante arteria vial en una parte de la ciudad llamada Tlaquepaque. Después de un tiroteo con miembros de un grupo criminal, la Guardia Nacional finalmente arrestó a 15 personas y liberó a ocho víctimas de secuestro.

Las entrevistas con los detenidos llevaron a las autoridades a dos sitios distintos, ubicados a unos cuantos cientos de metros uno del otro en un área llamada El Mirador, en el municipio cercano de Tlajomulco de Zúñiga. Para julio de 2020, las autoridades habían desenterrado 50 cuerpos en el primer sitio y más de 100 en el segundo.

Una vez más, se trató de la mayor cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la historia del estado de Jalisco hasta ese momento.

Se han descubierto fosas comunes en todo México durante años, la más notoria es una vasta franja de tierra en el estado de Veracruz conocida como Colinas de Santa Fe, donde fueron hallados 298 cráneos en 156 fosas separadas entre 2016 y 2019, presuntamente víctimas del CJNG y otras organizaciones criminales.

Pero el investigador se sorprendió por dos aspectos de lo que han observado en Guadalajara desde 2019.

Primero, la naturaleza sistemática de cómo los criminales usaron los sitios de exterminio para torturar, asesinar y luego desmembrar los cuerpos en propiedades públicas de alquiler en toda la ciudad. En segundo lugar, el volumen de cadáveres encontrados en relación con el tamaño de las fosas. Las pequeñas parcelas de tierra donde transportaban y desechaban las partes de los cuerpos, principalmente en contenedores de ácido, representaron un mayor número de muertes por metro cuadrado que las registradas en otras fosas comunes en el pasado.

El investigador explicó que las desapariciones se debieron principalmente a la dinámica generada por los intentos de los grupos rivales para controlar el mercado interno de drogas dentro de Guadalajara y sus alrededores, y “eliminar la competencia”.

El oficial estimó que el 75 por ciento de los involucrados tenían una “relación directa o indirecta” con los cárteles, pero mientras investigaban, se sorprendió al saber cuán indirecta era a menudo la relación entre la víctima y el grupo criminal. La mayoría eran simplemente clientes que pudieron haber tenido información sobre quién vendía drogas y dónde, según el investigador.

Luego está el otro 25 por ciento sin relación alguna con el narcotráfico.

La existencia de sitios de exterminio en Guadalajara y sus alrededores salió a la luz de manera pública tras la desaparición de tres estudiantes de cine radicados en la ciudad, en marzo de 2018. En todo el país estallaron protestas por la desaparición de Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Avalos, y el caso llegó a la prensa internacional cuando cineastas mexicanos renombrados como Guillermo del Toro mostraron su apoyo a la causa. Pero un mes después, las autoridades arrestaron a varios miembros del CJNG que supuestamente confundieron a los estudiantes con rivales criminales mientras filmaban un proyecto escolar en una propiedad vacía, luego los secuestraron, torturaron y disolvieron sus cuerpos en ácido en un sitio de exterminio.

Según los reportes, los miembros del CJNG iban vestidos como policías cuando se llevaron a los estudiantes. Desde entonces, según el investigador, es común que los secuestradores se vistan de policías cuando secuestran personas, porque “genera la conversación de que las autoridades están coludidas”.

Pero el investigador también admitió que a veces lo están.

Cuando Aristóteles Sandoval se convirtió en Gobernador de Jalisco en 2013, afirmó que “la mayor vulnerabilidad de Jalisco era la infiltración del crimen organizado en su aparato de seguridad” y prometió hacer frente a la corrupción.

Pero durante el polémico sexenio de Sandoval, la violencia siguió aumentando a medida que el CJNG se expandía, pasando de ser un grupo criminal relativamente desconocido a establecer una presencia no solo en Jalisco, sino en todo el país. Dos años después de dejar el cargo, el exgobernador fue asesinado en el baño de un restaurante en la ciudad costera de Puerto Vallarta, Jalisco, el 19 de diciembre de 2020. Las autoridades arrestaron a varias personas que trabajaban en el restaurante, quienes habían recibido dinero para limpiar la escena del crimen antes de que los investigadores pudieran llegar, pero aún no han arrestado a los homicidas o a quienes ordenaron el asesinato.

Seis semanas después del asesinato de Sandoval, Adriana Méndez dijo que nada ha cambiado desde que el ahora fallecido político hiciera esos comentarios en 2013. Habló desde una pequeña oficina en una hilera de casas pequeñas en una calle deteriorada, dentro del peligroso barrio periférico de Tlajomulco de Zúñiga. Pegadas a la pared con cinta adhesiva sobre el escritorio de Méndez hay una serie de fotografías policiales con tres rostros encerrados en un círculo rojo: los hombres que ella cree que son responsables de la desaparición de su hijo Emilio. Después de meses de intentos inútiles de trabajar con los investigadores estatales, se rindió porque “no tenía la oportunidad de ayudar”.

“La fiscalía es inútil”, dijo Méndez. “Te voy a decir una cosa de la que estoy segura. La fiscalía está mezclada con la mafia”.

Méndez trabajó en un laboratorio forense en Estados Unidos a finales de los años 90 y luego como asistente de cirujano en un hospital de Guadalajara luego de regresar a México. Cuando vio la forma en que los investigadores manejaron el caso de su hijo, sus años de experiencia con investigadores forenses estadounidenses demostraron que los funcionarios locales eran incompetentes. En 2019, a medida que continuaban las desapariciones en todo el estado, fundó un colectivo de familiares que también buscan a sus seres queridos desaparecidos. Les enseñó a sus compañeros cómo hacer el trabajo sucio que el estado no podía realizar o no quería.

“Tengo la capacidad de investigar y de enseñar [a las familias] cómo realizar el trabajo de campo, cómo pueden detectar tumbas, dónde hay un cuerpo. El olor de un animal [muerto] y el de un humano es muy diferente”, dijo. Méndez.

Su escritorio es un testimonio desbordante del colectivo conformado ahora por más de 100 personas al que llamó con cierta ironía El colectivo +1 = a todos, que básicamente quiere decir “un colectivo más, igual que el resto”.

La aparición de grupos de familiares que buscan a los desaparecidos de México se ha convertido en un lugar común en la última década, con colectivos similares en casi los 32 estados. Hay al menos cuatro grupos similares de familias en Guadalajara que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Méndez llamó a Guadalajara un “cementerio”. Afuera de su casa, señaló un campo cercano donde dijo que alguien fue asesinado a tiros recientemente, luego una casa en ruinas con mantas cubriendo las ventanas donde vendían drogas. Un joven con una camiseta larga y pantalones holgados pasó caminando con una sierra circular.

“Las personas secuestradas eran en su mayoría ladrones y narcotraficantes”, dijo Méndez. “Pero recientemente están desapareciendo muchos chicos más jóvenes, mujeres; pero no solo mujeres, niñas pequeñas. Hombres mayores. Y nadie sabe por qué”.

¿Lo único que sabía Méndez?

“Nadie tiene el control”.

Mientras el dinero del narcotráfico llegaba a la ciudad para ser lavado durante los años 90 y 2000, Guadalajara se convirtió en un centro económico y epicentro cultural, y también fue la sede principal de un hombre llamado Ignacio Coronel, conocido como “El rey del cristal”. Coronel se había convertido en uno de los principales productores y traficantes de metanfetamina y trabajaba estrechamente con el Cártel de Sinaloa.

Un cable diplomático estadounidense de 2008 publicado en Wikileaks un par de años más tarde llamado “Chemical City: Guadalajara, Jalisco, and the Meth Trade” (Ciudad química: Guadalajara, Jalisco y el comercio de metanfetamina), profundiza sobre el papel decisivo que la ciudad y el estado desempeñaron en la producción de metanfetamina bajo el régimen de Coronel.

“Acabar con el estatus de Guadalajara como capital de las drogas químicas de México requerirá un esfuerzo constante a largo plazo”, escribieron los autores del cable estadounidense.

Ocurrió lo contrario.

“Ignacio Coronel, prohibió la venta de metanfetamina en Guadalajara porque sabía que todo se descontrolaría, la gente se volvería incontrolable”, dijo un miembro de las fuerzas especiales de Tlaquepaque, quien vestía equipo táctico y un arma automática colgada del hombro. El oficial aceptó reunirse conmigo al lado de una carretera polvorienta mientras su compañero vigilaba la calle, haciendo guardia para asegurarse de que no fuera una emboscada, algo común entre los miembros de las fuerzas especiales.

En julio de 2010, Coronel fue abatido por militares mexicanos en una casa en una elegante colonia de Zapopan. Poco después, varios de sus principales lugartenientes y familiares también fueron arrestados o asesinados.

“Antes [de la muerte de Coronel], era muy raro encontrar metanfetamina o gente que la vendiera aquí”, dijo el oficial. “Así que parece que fue a propósito eliminar esa restricción, para que la metanfetamina pudiera estar aquí en Guadalajara. Ahora está en todas partes”.

El oficial nació y se crio en Guadalajara y se unió a las fuerzas especiales en el momento de la muerte de Coronel. No está seguro de en cuántos tiroteos estuvo involucrado durante la última década, pero fue testigo de la caída en picada que experimentó la ciudad.

La ausencia de Coronel provocó un cisma dentro de su grupo, resultando en una facción liderada por un exsubordinado llamado Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que luego fundaría el CJNG y actualmente es uno de los traficantes más buscados del mundo. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza en 2020.

La complicada red de alianzas fallidas y puñaladas por la espalda llevó a una guerra entre el CJNG y numerosos grupos en todo México, incluido el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Esa guerra llegó a Guadalajara el 24 de noviembre de 2011, cuando los cuerpos de 26 presuntos integrantes del CJNG fueron descubiertos en tres autos abandonados por la ciudad, firmados por Los Zetas.

Luego, la violencia se extendió cuando el CJNG libró la guerra contra las autoridades estatales en un intento de hacer del estado su bastión.

Hombres armados del CJNG mataron al secretario de Turismo de Jalisco mientras conducía por un suburbio de lujo en marzo de 2013. En 2014, un congresista federal de Jalisco fue secuestrado. Su cuerpo calcinado fue encontrado más tarde en un automóvil quemado en un estado aledaño. En 2015, el CJNG intentó asesinar al jefe de seguridad pública de Jalisco, asesinó a 15 policías en uno de los días más mortíferos de la historia del orden público mexicano y luego derribó un helicóptero con un lanzagranadas en un incidente que también mató a seis soldados no lejos de Guadalajara.

Al año siguiente, la DEA dijo en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas que, aunque el CJNG era “el más reciente” de los seis grupos principales enumerados, eran “uno de los más poderosos”. La agencia destacó la prominencia del CJNG en la producción y exportación de metanfetamina, pero el grupo pronto llegó a depender del mercado interno de drogas que impulsó el consumo de metanfetamina en todo Jalisco y gran parte de México durante la última década.

En 2020 la DEA declaró al CJNG y al Cártel de Sinaloa “las dos organizaciones criminales transnacionales más dominantes en México”, ya que el CJNG se mantuvo presente en 23 de los 32 estados de México.

Y hasta hace poco, Guadalajara había sido uno de sus principales bastiones, pero en los últimos años las autoridades han arrestado a varios cómplices del CJNG. El hijo y la esposa de El Mencho fueron capturados en Zapopan en 2015 y 2018 respectivamente. Ahora se cree que El Mencho ha trasladado su principal centro de operaciones a una zona rural que se extiende a ambos lados de la frontera de Jalisco y Michoacán. Las continuas incursiones del CJNG en Michoacán han alimentado otro conflicto mortal en los alrededores.

“¿Por qué perdieron el control? Porque nunca tuvieron completamente bajo control [a Guadalajara]”, dijo el oficial. Gran parte del reciente aumento de la violencia se ha relacionado con una fractura en el CJNG después de que un destacado lugarteniente se separó en 2017 para crear un nuevo grupo llamado “La Nueva Plaza”.

Pero según fuentes policiales, el panorama criminal es mucho más complicado. Una variedad de entidades en la ciudad, incluidos grupos como el Cártel de Sinaloa, han mantenido su presencia durante décadas. Hay otros cárteles ambiciosos que buscan un nuevo territorio en el lucrativo narcotráfico de Guadalajara. Además, numerosas pandillas callejeras locales radicadas en los vecindarios alrededor de la ciudad complican aún más las cosas.

El oficial dio el ejemplo de una pequeña área en el municipio de Tlaquepaque que aún no ha sido conquistada por el CJNG. Se trata de una colina, en la que una pandilla local sin nombre conocido ha podido repeler sus intentos de invasión debido a la ubicación ventajosa en que se encuentra.

“Hay un grupo aquí que no sigue las pautas del cártel, pero el CJNG está tratando de alinearlos”, dijo el oficial. “Es una zona muy próspera para el consumo de drogas y, por lo tanto, genera muchas ganancias”.

Son esos intentos del CJNG de obligar a los grupos más pequeños a unir fuerzas con ellos o ser eliminados los que han provocado que sus rivales como la Nueva Plaza y el Cártel de Sinaloa adopten un modus operandi similar, utilizando el asesinato y el secuestro como arma de guerra. “Como en toda guerra, hay daños colaterales”, dijo el oficial.

Este tipo de conflictos se están gestando en toda la ciudad y, en 2020, Jalisco ocupó el quinto lugar entre los estados con mayor número de homicidios en México. Este año se perfila para ser aún peor. En el primer mes de 2021, Jalisco ocupó el segundo lugar en el país con más de 280 homicidios en enero y hace poco más de una semana el Gobierno federal envió 600 soldados a Guadalajara en un esfuerzo por sofocar la violencia.

En octubre de 2020, otra fosa clandestina fue hallada en el municipio de El Salto en un pequeño terreno llamado El Sabino. Para el mes de enero, las autoridades anunciaron que habían descubierto 131 cadáveres en el sitio, una vez más, el mayor número de cadáveres en una fosa en la historia del estado de Jalisco.

Semanas después de que las autoridades terminaran de peinar la fosa, a principios de febrero, Raúl Muñoz señaló una casa desde el asiento del pasajero de un automóvil, en la que un joven estaba llamando a la puerta. Cuando le abrieron, un hombre con una pistola lo hizo pasar.

“Una casa de seguridad”, dijo Muñoz, en una de las tantas paradas que hicimos en un recorrido por El Salto para mostrar la profundidad del control que tiene el CJNG sobre esa parte del municipio.

Se bajó del auto junto al lago El ahogado, al otro lado del aeropuerto internacional de Guadalajara, y señaló el puente de la carretera que cruza el cuerpo de agua de olor pútrido.

“Hemos visto vehículos, custodiados por hombres armados, tirando bidones de plástico y bolsas de lona y de basura. Si un día viene el Gobierno y draga la zona, va a encontrar muchos cadáveres”.

Muñoz, nacido y criado en El Salto, afirmó ser uno de los pocos rostros públicos de un movimiento secreto de vigilantes, compuesto de alrededor de 300 personas, en la región de Guadalajara. El anciano de voz suave pasó sus años de formación como guerrillero tanto en la guerra civil de El Salvador en los años 80 como en el movimiento zapatista de México en Chiapas en los 90, para después, finalmente, volver a casa. Poco después de eso, su hijo desapareció.

“Dejé la guerra. No pensé que la guerra vendría a mí”.

El movimiento vigilante de las autodefensas, que nació en zonas rurales de México alrededor de 2012, es algo nuevo en ciudades como Guadalajara, pero Muñoz dijo que él y su comunidad sentían que no tenían otra opción porque “no confiamos en las autoridades”.

“El grupo está conformado por padres que también han sufrido algún tipo de pérdida”, dijo Muñoz. “No estamos en contra de las autoridades, ni estamos tratando de confrontar a estos grupos. No nos interesa su producción de drogas. Nos interesa que detengan las extorsiones, los secuestros, que dejen de llevarse a mujeres y a nuestros hijos para obligarlos a prostituirse”.

Calificó el trabajo que su grupo realiza como “quirúrgico”.

“Cuando vemos que alguien cruza los límites y que sus jefes no tienen la voluntad de mantenerlo a raya, ni tampoco las autoridades, bueno, lo llevamos a dar un paseo, un viaje, para que pueda conocer la realidad de la vida, la forma en que sus víctimas la han vivido”, dijo Muñoz.

“Algunas personas del Gobierno saben que existimos. Nos conocen, saben que estaremos trabajando”.

Pero seguirán trabajando sin el apoyo de las autoridades.

“Conocemos los problemas que experimentan las instituciones de seguridad con la infiltración y la corrupción”, dijo Muñoz.

La corrupción entre las autoridades de Jalisco, específicamente dentro de la Fiscalía municipal y estatal, ha sido un tema de conversación constante para los políticos. Pero poco se ha hecho para abordar el problema.

Cuando el exalcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, comenzó a preparar el escenario para su eventual candidatura a la gubernatura de Jalisco en 2017, afirmó que limpiaría “el mugrero en la fiscalía” porque hay una “red de corrupción”. Pero después de más de dos años en el cargo, Alfaro aún tiene pendiente dar pasos significativos para cumplir esa promesa. Cuando Vice preguntó a la fiscalía del estado de Jalisco acerca de la corrupción en sus filas y qué están haciendo para combatirla, se negaron a hacer comentarios.

“Está empeorando. Es lo mismo que pasaba con otros gobiernos”, dijo un detective que ha trabajado durante más de 24 años en diversas áreas de la fiscalía, desde homicidios hasta desapariciones.

Los tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley entrevistados por Vice, quienes desconocen sus identidades entre sí, estimaron que aproximadamente un tercio de las autoridades locales han sido corrompidas, desde policías de bajo nivel hasta altos mandos en la oficina del fiscal.

“A veces, cuando tienes información sobre los cárteles, sobre algunas personas involucradas en el narcotráfico, te frenan. No quieren que investigues”, dijo el detective.

Nos contó una historia sobre cómo recientemente había arrestado a un hombre armado que admitió ser miembro de un cártel rival del CJNG y lo encarceló.

“Mis superiores, en lugar de decirme: ‘felicidades, atrapaste a este maldito imbécil’, estaban molestos conmigo porque hice mi trabajo y lo hice bien”, dijo el detective.

Dentro de la Fiscalía hay un miedo constante tanto al crimen organizado como a los compañeros oficiales. El detective mencionó el reciente asesinato en diciembre de 2020 de dos miembros de la fiscalía de Guadalajara, pero no “quiso prestarle demasiada atención”.

“No es asunto mío. Es peligroso para mí”, dijo el detective. “Si empiezo a hacer preguntas sobre los oficiales recientemente asesinados, probablemente pensarán que tengo algo que ver con los ‘contras’”.

Los contras, o enemigos, es una idea ominosa, ya que nunca se sabe quién es enemigo de quién. Tal vez los oficiales tenían lazos con la mafia, o tal vez la estaban investigando.

“Nunca se resolverá”, dijo el detective. Los asesinatos de funcionarios públicos, como la mayoría de los asesinatos en México, casi nunca se resuelven.

El 22 de junio de 2019 se produjeron ataques coordinados y simultáneos contra miembros de la Fiscalía en varios puntos de la ciudad, dejando a dos muertos y a otros heridos. Más tarde se descubrió que había una lista de blancos con varios nombres de detectives en ella. Al mes siguiente, el fiscal regional del municipio cercano de Poncitlán fue asesinado. Al menos 75 policías han sido asesinados en Jalisco desde 2018. La mayoría de sus asesinatos siguen sin resolverse.

“Hay mucha gente que muere a manos de la mafia y las autoridades no ponen mucho dinero ni esfuerzo en investigar”, señaló el detective. “Solo somos cifras en la oficina del fiscal. Si nos pasa algo, no harán nada”.

El detective entiende por qué los ciudadanos ya no tienen fe en las autoridades de Jalisco.

“Es muy triste; estoy muy decepcionado del Gobierno porque no te da las herramientas para luchar real y verdaderamente contra los cárteles”.

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