La familia acusó a policías ministeriales de daños a propiedad ajena, allanamiento y robo de su patrimonio durante un operativo antinarcóticos, ahora teme por su seguridad.
Tijuana, Baja California, 20 marzo (Zeta).- Una familia mexicoamericana radicada en Tijuana, teme por su seguridad ante la falta de respuesta de las autoridades, después el allanamiento y asalto en su casa por policías durante la madrugada del pasado 5 de marzo.
El permiso judicial para los policías ministeriales fue para catear no para robar, fue lo que respondió el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado: Hiram Sánchez ante las denuncias de los Hernández, quienes acusan a la policía de daños a propiedad ajena, allanamiento y robo de su patrimonio durante un operativo antinarcóticos realizado la madrugada del viernes 5 de marzo, en el número 18 de la privada Tolentino de la colonia Santa Fe al sur de la ciudad de Tijuana.
Después de dos semanas del atraco, Helen y Carlos preparan su mudanza de la casa que habitaron durante 18 meses, porque temen por su seguridad, más después que la policía se burló de ellos, cuando declararan que les robaron objetos que podrían estar valuados en más de 160 mil pesos.
“Ingresaron con autorización de una autoridad judicial, pero no creo que en la diligencia de cateo se establece de que roben”, dijo Hiram Sánchez, Fiscal Central de la FGE.
“Gracias a todo esto, mis sueños se derrumbaron, tomaron mis metas por así decirlo, porque este es un obstáculo para tantas metas que tenía previstas, no en un futuro a largo plazo, sino previstas ahorita. Tengo que estar denigrándome huyendo. Jamás me visualicé en un futuro estar huyendo porque no tengo porqué huir. Es lo peor del caso”, comentó Helen Hernández.
Del cateo ejecutado el día 5 por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), los vecinos manifestaron haber escuchado disparos, desde y hacia la casa. Refirieron que al terminar el tiroteo, al menos dos personas habían sido detenidas y les aseguraron paquetes. En el momento de los hechos, los grupos de chats telefónicos de los vecinos de Santa Fe compartían alertas para que nadie saliera de casa y quienes estaban fuera no regresaran.
Helen no estuvo presente durante la incursión de la GESI, pero estaba preocupada por Carlos que no contestó el teléfono y al regresar notó que las puertas de la casa que habitaban estaban rotas, forzadas y las cosas de la casa revuelta. La mujer insiste que ella puede entrar al domicilio que rentó durante 18 meses porque no había orden de cateo y tampoco había nada ilegal en el interior.
El Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado: Hiram Sánchez, afirmó que existía una orden de cateo que era para dos casas, pero se extrañó al reflexionar que la familia demandante que fue intervenida, siga en libertad y demostrando en redes sociales la forma en la que policía abusó de la autoridad.
“Es que no recuerdo. Eran dos casas que estaban juntas con orden de cateo. Había orden de cateo para las dos, se ejecutó. Si había algo ilícito, debieron de haberlos detenido, pero no te quiero afirmar que encontraron algo ilícito”, respondió Hiram Sánchez a Zeta.
Una de las evidencias del robo de la policía, la presentaron a través de la aplicación de geolocalización de uno de los teléfonos inteligentes hurtados de la recámara principal de la familia. Pues horas después del cateo, el dispositivo seguía encendido y su ubicación se fijaba en las instalaciones cercanas a la Central Camionera de la Fiscalía General del Estado en Tijuana.
Supuestamente la Fiscalía General del Estado investiga la queja de Helen y Carlos luego de que se hizo viral mediante las redes sociales del Semanario Zeta desde el pasado sábado 6 de marzo. Pero Hiram Sánchez se reservó la cantidad e identidad de los agentes que autorizaron para ingresar a la casa de los Hernández. Dijo que será “fácil” integrar la investigación porque hay una bitácora y cámaras en la privada Tolentino de Santa Fe.
“Tengo entendido que había cámaras de vigilancia en el fraccionamiento, por lo que la fiscalía especializada contará con esos elementos”, dijo el fiscal que también “Se establece en la determinación judicial, quienes son los -representantes de la autoridad-, que van a participar con nombre. Cuando se inicia una investigación de esta naturaleza, se empieza por requerir a quienes se les autorizó para el ingreso”, explicó.
Por miedo a represalias o involucrarse en temas delicados, los vecinos de la privada Tolentino se rehúsan a proporcionar los videos de vigilancia de aquella madrugada, en la que supuestamente hubo detenidos y un decomiso de droga. Helen insiste en defender su inocencia y pide apoyo, asegurando que es inocente y por eso da la cara.
“Yo los entiendo a ellos, al igual yo me pongo en sus zapatos, no sabían con qué personas estaban ni porqué se metieron a mi casa. Yo les digo, yo estoy poniendo mi rostro y estoy dando mi información. Yo no estaría aquí, no estaría tratando de hacer ningún movimiento. Yo les pido que se pongan en mi lugar”, pidió la muchacha de 24 años.
Carlos y Helen tenían cámaras de seguridad que solo funcionaron durante el 2020, cuando salieron de viaje y tuvieron que dejar la casa sola. Con el tiempo dejaron de funcionar por falta de mantenimiento y no creyeron necesario repararlas. El disco duro y el monitor de las cámaras son parte de los objetos de valor que fueron robados durante el operativo del pasado 5 de marzo.
“He sentido una impotencia y un coraje. Ahorita puedo decir que mis nervios están por los suelos. No puedo dormir. Tengo 24 años y como ciudadana mexicana pisotearon mis derechos. Mis derechos fueron violados desde el primer momento en el que no tuvieron siquiera un tipo de empatía conmigo para tomarme una declaración”, compartió Helen con la voz quebrada, al empacar su ropa.
En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH se abrió el expediente con Folio 618 del 2021, esperan que Helen y Carlos ratifiquen la queja para que inicie la investigación. Los denunciantes ya tienen el apoyo de abogados que estarán llevándoles el caso mientras ellos se refugian en California, aprovechando su doble nacionalidad, para evitar represalias de las autoridades mexicanas.
“Yo creo que un expediente de ese tipo se puede integrar en un periodo de 6 meses u 8 meses, dependiendo de cómo se vayan dando las diligencias porque se tienen que dar los tiempos y plazos para las autoridades que se establecen como presuntos responsables y se dan plazos para que contesten y etcétera”, explicó Jorge Álvaro Ochoa Orduño, Secretario General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.
BAJA LA INCIDENCIA DE QUEJAS CONTRA AGENTES ESTATALES EN BC
“Ha venido reduciendo el número de quejas. No te puedo decir que es porque la autoridad ha venido reduciendo sus actuaciones ilegales o violaciones a derechos humanos. Es lo que tenemos nosotros”, explicó Ochoa Orduño luego de reiterar que ninguna de las quejas ha sido por algún abuso de poder en algún cateo en Baja California.
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