Por: Sarahí Salvatierra

Este 30 de junio de 2021, se cumple la fecha límite para recuperar los recursos de los 109 fideicomisos que el Congreso de la Unión ordenó extinguir el pasado noviembre. Esta medida generó mucha polémica y dividió a la opinión pública entre quienes defendían su utilidad para asegurar recursos públicos con fines relacionados a garantizar derechos humanos, así como aquellos relacionados con la ciencia, el deporte y la cultura y, entre quienes señalaban su opacidad y su utilización como instrumentos de corrupción. También ha transcurrido más de un año desde que el presidente mandató masivamente la extinción de al menos 281 fideicomisos, en abril del año pasado.  Pero tras esto, ¿qué ha pasado realmente con los fideicomisos?

Dado que no existe información específica o un sitio que dé cuenta del alcance de estos procesos de extinción, la Cuenta Pública 2020[1] y los informes financieros del presupuesto[2] son la fuente más confiable e inmediata para conocer qué ha pasado con estos instrumentos. A continuación, se enumeran siete puntos clave sobre el actual panorama de los fideicomisos:

1) Los fideicomisos siguen, en su mayoría, vigentes. A pesar de que se señaló que se extinguirían por su opacidad, para el 31 de diciembre de 2020 había 315 fideicomisos con un monto de 541 mil 657 millones de pesos disponibles en sus patrimonios, monto que equivale al 8% del presupuesto 2021.

2) Existen por lo menos 120 fideicomisos públicos administrados por instituciones bancarias privadas, que se rigen por el principio de confidencialidad y secreto bancario, las cuales gestionan más de 60 mil millones de pesos. Para diciembre de 2020, esta cantidad se concentraba en Santander, Banorte, Banamex, Bancomer y Mifel.

3) La extinción de fideicomisos y la recuperación de recursos no es tan rápida como se pretendía. Como se muestra en la siguiente tabla, en el transcurso de los últimos tres años, en distintos procesos de extinción sólo se han logrado recuperar 12 mil 686 millones de 27 fideicomisos que se extinguieron. Los montos recuperados cada año apenas representan el 1% en comparación con la disponibilidad de recursos en sus patrimonios.

4) A pesar de que el decreto de extinción de abril de 2020 buscaba desparecer por lo menos 281 fideicomisos y recuperar más de 250 mil millones[3] en 15 días[4], con el fin de destinarlos a la reactivación económica, durante 2020 sólo se lograron extinguir 11 fideicomisos de los cuales a penas se recuperaron 8 mil 220 millones de pesos, pero no es claro el destino final de estos recursos recuperados.

5) De los 109 fideicomisos cuyos recursos tenían que recuperarse a más tardar el 30 de junio de 2021[5], sólo se ha extinto el Fondo de la Financiera Rural, del cual se recuperaron 11 mil 666 millones de pesos, otros 2 fideicomisos están en proceso de extinción y el resto siguen vigentes.

6) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 se han recuperado 18 mil 157 millones de 6 fideicomisos extintos. Uno corresponde a la lista de 109 fideicomisos, el Fondo de la Financiera Rural, los otros 5 son parte de los fideicomisos no entidad paraestatal, pero no sabemos si es en cumplimiento del decreto de abril porque no se especifica.

7)  A pesar de la narrativa del gobierno de desaparecer los fideicomisos por su opacidad, los cambios de extinción anunciados no se ven reflejados. Por el contrario, para 2021 se aprobaron 37 mil 611 millones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para transferencias a fideicomisos, es decir, 7% menos de lo asignado en el PEF 2020. Y, al menos a 28 fideicomisos de la lista de los 109 que están en proceso de extinción desde noviembre, se les asignaron 427 millones de pesos del PEF 2021.

A la fecha, no existe mucha información ni claridad en torno a estos procesos de extinción y aún persisten dudas como:

-¿Cuál era realmente el fin de tras de la extinción de fideicomisos?

-¿Por qué no se ha publicado evidencia que demuestre que la desaparición de fideicomisos era la mejor medida?

-¿Por qué se asignó una gran cantidad de recursos del PEF para que los fideicomisos continúen operando durante 2021 si el fin era desaparecerlos?

-Si los fideicomisos seguirán vigentes, ¿qué acciones de seguimiento y vigilancia se han implementado para que estos garanticen ampliamente sus obligaciones de transparencia?

-¿En qué se han destinado los recursos que ya se recuperaron de los fideicomisos extintos?

-¿Se siguen cumpliendo los fines y las obligaciones de los fideicomisos que están en proceso de extinción y con qué recursos?

La información pública sobre fideicomisos no ha sido suficiente para justificar la decisión de extinguir masivamente estos instrumentos financieros. Tampoco ha sido posible cumplir con lo originalmente proyectado   ̶ en cuanto a cantidad de recursos a recuperar y el número de fideicomisos a extinguir– ni se ha dado una explicación del porqué no se ha logrado, o cómo se han garantizado los derechos de las personas beneficiarias afectadas por la desaparición de estas figuras. La extinción de los fideicomisos parece un proceso aún más opaco.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

[1] Ver anexo “Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2020”, Tomo III de la Cuenta Pública 2020. Disponible en: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Anexos_TIII-2020

[2] Ver anexo de fideicomisos en el primer informe trimestral del presupuesto 2021. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

[3] Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina del 03 de abril de 2020.

[4] El término de recuperación de recursos en fideicomisos de 15 días está previsto en el artículo 2 del “Decreto del por el que se ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020.

[5] En transitorios del “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Victimas y se abroga la Ley que crea Migratorios Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios”. Publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el 06 de noviembre de 2020.

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