La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en 1540, con la aprobación del Papa Pablo III. Desde entonces su apostolado se ha dirigido principalmente hacia la promoción de la educación, la investigación y la pastoral social. Es sabido que por la enseñanza de los jesuitas han pasado muchas de las grandes mentes que han cambiado nuestra visión del mundo. Con el tiempo, la Compañía de Jesús expandió su radio de acción y fue determinante en el diálogo civilizacional de Europa con China, Japón, América Latina y otras regiones del mundo.

En México, los jesuitas han seguido su labor educativa y de servicio en las zonas más necesitadas de socorro. Y eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora desde su iglesia en Cerocahui, una localidad en la Sierra Tarahumara, cuando fueron ultimados por un cabecilla del crimen organizado.

Lo que ha pasado en los últimos años en el estado de Chihuahua, donde ocurrió esta tragedia, desafortunadamente es una muestra representativa de lo que ocurre en un número creciente de entidades del país. La espiral de violencia es preocupante. En 2017, la periodista, Miroslava Breach, fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, en lo que constituyó un ataque frontal contra la libertad de expresión. Un año después, el Presidente de la Coparmex en Hidalgo del Parral, Uriel Loya Deister, recibió un balazo en el cráneo al salir de un restaurante, en el que se encontraba tras haber llevado a cabo su labor de activismo social, a través del cual llamaba la atención sobre la corrupción y la impunidad en México. Él impulsaba la iniciativa ciudadana para reformar el Artículo 102 de la Constitución, en lo referente a la autonomía de la Fiscalía General de la República. En 2019, muy cerca de la zona limítrofe de Chihuahua con el estado de Sonora, en el municipio de Bavispe, miembros del crimen organizado asesinaron a mujeres y niños de la familia LeBarón, perteneciente a la iglesia mormona. Se trató de uno de los actos de barbarie más dolorosos que ha atestiguado nuestro país. Hasta la fecha este horrendo crimen permanece impune. Y ahora, es 2022, la Sierra Tarahumara es testigo de la barbarie en contra de sacerdotes católicos, entregados por décadas a combinar su tarea pastoral con el trabajo comunitario.

Es claro que la política de seguridad del Gobierno federal está fracasando. O tal vez habría que reconocer que ya ha fracasado por completo. No sólo lo dicen las estadísticas, sino el sentir popular. Encuesta tras encuesta revelan que los ciudadanos desaprueban la labor que está haciendo el Gobierno central, en lo que es su primordial tarea: mantener la seguridad en todo el territorio.

El reclamo es cada vez más generalizado y, por ahora, es encabezado por autoridades eclesiásticas. En una Carta Pastoral dirigida al pueblo mexicano, publicada el 23 de junio por el Episcopado, la Iglesia católica hizo un llamado firme al Gobierno de la República para que cambie su estrategia de seguridad, ya que no sólo no ha dado los resultados esperados, sino que ha agravado la situación. También le pide al Gobierno que escuche la voz de la ciudadanía que desesperadamente reclama se haga algo para proteger vidas inocentes. Finalmente,  exige que el Gobierno deje de evadir su responsabilidad al inculpar a gobernantes anteriores por lo que pasa hoy. A este llamado del Episcopado hay que agregar los comentarios realizados por el Papa Francisco en el sentido de que la violencia en México está alcanzado niveles lamentables. Más recientemente, durante la misa de cuerpo presente para despedir a los padres asesinados y que se celebró en la capital de Chihuahua, el sacerdote jesuita, Javier Ávila, hizo eco de la demandas del Episcopado al pedirle directamente al Presidente de la República que cambie la estrategia de seguridad.

Los ejemplos de violencia en los años recientes en la región demuestran con claridad que las agresiones perpetradas por el crimen organizado no son excepcionales, como lo dice el Presidente de la República, sino que son sistemáticas y generalizadas. 

El problema tampoco se restringe, como también lo ha sugerido el Presidente, a un litigio entre bandas delincuenciales, sino que alcanza a periodistas, líderes empresariales, miembros de minorías religiosas, prelados eclesiásticos y, en general, a la sociedad civil.

No es exagerado decir que México se acerca cada vez más a una situación anárquica, donde bandas criminales ejercen soberanía sobre grandes secciones del país, al tiempo que el Estado mexicano queda rebasado en su responsabilidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia para garantizar la seguridad. La cuestión que surge entonces es ¿qué hacer? Lo primero que debe proponerse es que el actual Gobierno deje atrás su obstinación por mantener una estrategia fracasada, en donde la única novedad es integrar a la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Difícilmente esto solucionaría el problema y más bien lo agravaría al militarizar en forma definitiva la función policial preventiva del Gobierno federal.

La insensibilidad del oficialismo ante este problema llega a extremos dantescos: mientras que el país se duele del inusitado crimen de los jesuitas y el mundo se pregunta con asombro que esta ocurriendo en México, el Presidente se concentra en jugar beisbol con sus amigos y el responsable de la seguridad, en hacer proselitismo electoral en Coahuila.

Ha llegado el momento de que el Gobierno deje atrás la indolencia y la emergente frivolidad ante la tragedia y haga un gran llamado a los expertos y activistas para reconocer la realidad y diseñar un plan alternativo para combatir la inseguridad.

Para preservar la viabilidad de la Nación, el cambio de estrategia en materia de seguridad se debe concretar pronto. De otra manera un mundo distópico de total desorden y caos puede ser el futuro de México. Ya estuvo.

Gustavo de Hoyos Walther

https://dev.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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