La izquierda siempre identificó y consideró casi consustancial a la derecha el uso del concepto de seguridad nacional para violar la ley y reprimir a la disidencia. La paradoja hoy es que se configura como el principio que rige cualquier decisión del Ejecutivo Federal para darte la vuelta a la ley en temas de infraestructura y megaproyectos.

La “doctrina de la seguridad nacional” utilizada por sucesivos gobiernos de Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue adoptada por los regímenes militares en Sudamérica como un mecanismo de defensa frente a la “subversión comunista” dando pie a ingentes atrocidades. El concepto mutó en tiempos recientes. “Seguridad democrática” le llamó el presidente de Colombia y a la postre líder moral de la derecha en aquel país, Alvaro Uribe. No está de más recordar la estela de violencia que el militarismo y paramilitarismo justificada bajo esta tesis provocó en aquel país. Todos estos conceptos han tenido como común denominador la excepcionalidad a las reglas propias del Estado de Derecho, particularmente en la protección de derechos humanos.

La ONU y la CIDH han tratado de empujar hacia conceptos más afables. “Seguridad humana” o “seguridad ciudadana” son perspectivas que integran los derechos humanos en su integralidad y progresividad. A diferencia de la “seguridad nacional” que tradicionalmente perseguía ámbitos de arbitrariedad, abusos y opacidad; aquellos conceptos pretenden amalgamar la dignidad humana y el imperio de la ley con el orden público.

Bajo el marco jurídico de los derechos humanos, la seguridad nacional constituye una excepción a derechos como la libertad de expresión, acceso a la información, libre tránsito, libertad de credo o privacidad, pero siempre bajo estrictos criterios previamente definidos que son aplicados por órganos independientes, principalmente judiciales. Desde esta mirada, no se elimina el concepto de seguridad nacional pero se suaviza o se le retira sus características más autoritarias para hacerlo compatible (o más llevadero) con la democracia.

Dejó de ser concepto absoluto y pétreo. Ahora es dinámico, vivo, inasible, fluido, indeterminado, contextual pero sobre todo “ponderable” con otros principios, así como con bienes y derechos constitucionales. Su uso desviado ha dado pie a todo tipo de abusos a nivel mundial y México no ha sido la excepción cuando en los episodios de la mal llamada Guerra Sucia (1960-1980’s) y la Guerra contra el Narcotráfico (2006-¿?) y es por eso que convertirlo en pretexto para obviar los derechos humanos y las garantías mínimas de legalidad y seguridad jurídica es sumamente peligroso y regresivo.

Por eso resulta contradictorio que un gobierno que se identifica con la izquierda y el humanismo, intente de manera insistente esgrimir la seguridad nacional en su acepción más autoritaria, con la finalidad de avanzar en sus proyectos estratégicos.

El primer intento ocurrió con el acuerdo de 22 de noviembre de 2021 mediante el cual AMLO instruía a las dependencias a su cargo para dar autorizaciones y “brincar” ciertos trámites o permisos para sus proyectos de infraestructura debido a que los declaraba de seguridad nacional e interés público. En el caso del Tren Maya, dicho acuerdo presidencial cristalizaba los persistentes intentos de dar la vuelta a la elaboración y autorización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental por parte de FONATUR como dependencia gubernamental encargada de la obra. Recordemos que la ley ambiental establece como requisito necesario la elaboración de este instrumento para prevenir o mitigar daños ambientales por las obras o actividades humanas.

El segundo uso de la “seguridad nacional” lo conocimos esta semana cuando el gobierno anunció de forma sorpresiva que se reiniciarían las obras del tramo 5 del Tren Maya, pese a la suspensión de definitiva que el Juez Primero de Distrito del Estado de Yucatán ordenó en mayo debido a que no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental. El 18 de julio, sin mediar una revocación ni modificación de la suspensión definitiva, se reiniciaron las obras que potencialmente tendrán una afectación ambiental devastadora.

El mensaje es en extremo preocupante. La persistente estrategia discursiva de restar legitimidad y credibilidad a los contrapesos cuando actúan como tales (Poder Judicial, INAI, INE, etc); avanza de manera cada vez más recurrente en el desacato directo y material a las resoluciones de estos organismos.

La unilateral decisión de reanudar las obras del Tren Maya (tramo 5), sea cual sea la justificación, utiliza el concepto de “seguridad nacional” en su matiz más autoritario e inflexible, abriendo una veta peligrosa para un uso encaminado a evadir el cumplimiento de la Constitución y la ley. Con estas decisiones arbitrarias el poder público le hace un flaco favor a nuestra magra democracia, pues retoman las prácticas de un autoritarismo que pensábamos superado. Además vulnera los compromisos internacionales que México ha ratificado como el Acuerdo de Escazú que establece diversas disposiciones en materia de justicia e información ambiental.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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