Por: Iván Benumea (@Benumea)

En teoría, cualquier tipo de ingreso que perciba una persona debería pagar Impuesto Sobre la Renta, pero el Estado puede crear ciertas excepciones para alcanzar un fin económico o social más importante. Este es el caso de las exenciones, un tipo de beneficio fiscal que se traduce en no pagar impuestos. Las exenciones no son malas en sí mismas, pero cuando son aprovechadas por las personas más ricas, el Estado mexicano debería preguntarse si vale la pena beneficiar a quién no lo necesita.

Dentro de la larga lista de beneficios fiscales que existen en nuestro país, la posibilidad de no pagar ISR de hasta 4.7 millones de pesos por vender o ceder una casa habitación es un caso que demuestra cómo el sistema tributario favorece de manera injustificada a las personas más ricas de la sociedad. En 2021, esta exención le costará al Estado mexicano cerca de 9.5 mil millones de pesos, recursos con los que podrían financiarse otro tipo de políticas en favor de las personas de bajos ingresos.

Aunque todas las personas que enajenen su casa habitación son susceptibles de recibir este beneficio fiscal, en los hechos las personas de mayores recursos son quienes más se benefician.  Según nuestras estimaciones, la exención de 4.7 mpd es demasiado alta si consideramos que:

a) sólo el 10% de la población más rica percibe tres cuartas partes de los ingresos generados por enajenación de vivienda,

b) según datos de declaraciones fiscales, 66% del total de ingresos por enajenación de bienes se concentran sólo en el 1% más rico,

c) el nivel de la exención se traduce en la reducción de la base gravable en cuanto sólo 3% de las viviendas tienen un precio mayor a 4.6 mdp.

Al igual que otros beneficios fiscales, la exención de ISR en materia de enajenación de casa habitación implica una pérdida recaudatoria muy significativa para nuestras finanzas públicas. Debido a este tratamiento fiscal a favor de las personas contribuyentes más ricas, en los últimos cinco años la suma de recursos no recaudados asciende a alrededor de 40 mil millones de pesos.

Para impedir que esta situación continúe, desde Fundar hemos propuesto la reducción de la la exención vigente de 4.7 mdp a 1.3 mdp, un monto que es más cercano al valor promedio de la vivienda en México, por lo que no afectaría la mayor parte de las transacciones por enajenación de casa-habitación en el país. Reducir esta exención incrementaría la recaudación tributaria y fortalecería la progresividad de nuestro sistema tributario, contribuyendo a un sistema más justo.

* Iván Benumea es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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