Por: Matilde Pérez

La emergencia sanitaria por COVID-19 puso en el debate público los retos y desafíos que enfrentan los Estados para garantizar el derecho de acceso a la información en coyunturas extraordinarias. En México, la falta información confiable y oportuna sobre la situación de emergencia y sobre las decisiones que el gobierno ha tomado para hacerle frente, pone en riesgo un derecho llave como es el acceso a la información e impide poder incidir en esas decisiones. Adicionalmente, la descoordinación de las autoridades, la improvisación para reaccionar ante una situación de esta envergadura –que desde luego no es menor– y la suspensión de las labores de los organismos garantes en todo el país, evidenció la necesidad de seguir construyendo ejercicios que permitan abrir las instituciones públicas a la participación ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia social, y que, en última instancia, contribuyan a reducir el impacto negativo de dichos eventos en la vida de las personas.

Existen diversas formas de llevar a cabo ejercicios de apertura institucional como los observatorios ciudadanos, laboratorios de casos, foros, buzones ciudadanos, consejos consultivos o ejercicios de co-creación, como la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que desde Fundar, hemos participado desde hace varios años. Sin importar el mecanismo de apertura institucional que se elija, existen elementos mínimos que deben contemplarse para que un ejercicio sea considerado sustantivo como: 1) la transparencia y acceso a la información; 2) la participación ciudadana; 3) la rendición de cuentas; y 4) el uso de tecnologías diferentes a las tradicionalmente utilizadas. En su conjunto, dichos elementos aseguran la apertura de procesos y la disponibilidad de la información gubernamental, que permiten a la ciudadanía monitorear, evaluar y exigir cuentas a autoridades y personas funcionarias. Es decir, se requiere de la voluntad política de gobiernos para facilitar información y construir espacios funcionales de diálogo entre gobierno y ciudadanía, que incorporen demandas sociales en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, en la actualidad, construir espacios de apertura institucional es un verdadero desafío.

La semana pasada, después de ocho meses de trabajo de co-creación en el que participaron personas de la academia, de la iniciativa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y sujetos obligados, se presentó públicamente el Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación, el cual fue un esfuerzo impulsado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que logró articular a los diversos actores. El protocolo contempla una serie de recomendaciones para la implementación de mecanismos orientados a la continuidad de operaciones en materia de acceso a la información para la prevención, reacción y recuperación en situaciones de emergencia, en principio focalizado en la Ciudad de México con la visión de que, en el largo plazo, sea replicado y homologado en otras entidades federativas.

Las recomendaciones incluyen diversas acciones a desarrollarse tanto por los sujetos obligados, como los órganos garantes, sociedad civil y comunidades, incluso desde el momento de apropiación del instrumento se contempla, sólo por mencionar algunas, el diseño de lineamientos sobre los procesos de digitalización y almacenamiento de la información, que hagan posible el trabajo remoto (formatos electrónicos, uso de firma electrónica, notificaciones electrónicas, procesos de autenticación de personalidad) dado que los archivos son el insumo principal para la apertura institucional. Esto, ya que la emergencia de COVID-19 mostró que no contar con información digitalizada limitó el ejercicio del derecho de acceso a la información, además de que las instituciones no estaban preparadas. También recomienda que los órganos garantes deben continuar con las actividades prioritarias que permiten el derecho de acceso a la información –se deben garantizar las condiciones necesarias– por lo que no podrán suspender actividades prioritarias y deberán establecer plazos razonables para actividades no prioritarias, esto es muy importante, porque permitirá tener parámetros sobre la temporalidad de las medidas respecto a la suspensión de plazos.

La construcción de este protocolo de apertura institucional es un paso muy importante, sin embargo, será en la implementación donde estarán los verdaderos desafíos. La socialización y apropiación del protocolo no será una tarea sencilla, ya que no sólo requiere del compromiso de actores clave, sino de la voluntad política para generar verdaderos procesos de diálogo que generen estrategias y sinergias entre el gobierno y la sociedad civil, que contribuyan a mejorar la actuación y reacción frente a emergencias en favor de las personas.

* Matilde Pérez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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