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Apostar preventivamente a la atención y luego a la reinserción de los adolescentes que delinquen tiene un efecto social amplio. Beneficia directamente a este grupo poblacional, a sus familias y a su comunidad, en el presente y en el futuro.

Hace 40 años, hace 30 y aún hace 20 años lo que ocurría en el llamado tribunal era para sacudir los huesos y el alma a cualquiera. Comenzará a cambiar.

La transformación en la forma de abordar la llamada delincuencia juvenil tiene ahora ejes que apuntan a los orígenes de la misma, a la atención de las causas y a ampliar las opciones educativas y de integración para las y los jóvenes. Una visión integral que pasa del castigo a la reinserción, y de la tutela al reconocimiento de derechos y obligaciones de los adolescentes.

Madres y padres de familia, educadores, instituciones y autoridades saben que este grupo etario está expuesto a diferentes influencias, entornos y situaciones que los hacen vulnerables a actuar en conflicto con otras personas y con la ley, desde violencia familiar, actos de bullying en la escuela, sexting o hasta la participación en delitos.

Reconocer las causas que los llevan a participar en actividades ilícitas es fundamental para atender el problema desde su origen y comenzar a construir comunidades seguras.

La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal realizada por el Inegi en 2017 revela que el 40 por ciento abandonó su hogar, en promedio a los 14 años, y el 38 por ciento fue acusado de robo.

A diferencia de políticas públicas implementadas en otras administraciones y encaminadas al castigo como factor para la corrección de los menores de edad, ahora, priorizar sus derechos a un desarrollo integral, a la educación o a una vida libre de violencia son la base para su reinserción, que implica trabajo interinstitucional.

Este fin de semana se celebró la reapertura de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Su función es conocer las conductas tipificadas como delito que se atribuyen a personas de 12 a 18 años de edad, y garantizar que los adolescentes que se pongan a disposición de las autoridades encuentren lugares adecuados a su condición de persona en desarrollo.

Hoy, la preocupación central son las y los jóvenes, como lo enfatizó la Fiscal General de Justicia de la CdMx, Ernestina Godoy, con programas estratégicos enmarcados en la búsqueda de la pacificación.

Enseñar a las y los jóvenes a participar de manera activa y positiva en la sociedad plural y diversa a la que pertenecen es parte de la solución. Asimismo, es importante estar al tanto de las actividades de los menores para acompañarlos en sus decisiones.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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