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El país que deja Peña es peor de lo que imaginamos: Alejandro Encinas; “no teníamos ni idea”

viernes, octubre 12th, 2018

Las entrañas del “monstruo” que deja Enrique Peña Nieto en materia de crisis humanitaria en el país, revelan que la magnitud de la tragedia es peor de lo que se imaginaban, dice en esta entrevista con SinEmbargo Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir de diciembre.

“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas”, afirma Encinas Rodríguez.

El futuro Subsecretario no sólo acepta que se sacó la rifa del tigre con la encomienda que tendrá a partir del 1 de diciembre, sino que sabe que tendrá que lidiar con un “tigre rabioso” que votó por un cambio en julio de este año y que espera resultados y justicia del nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 12 de octubre (sin embargo).- La agenda de las víctimas en un país plagado de fosas clandestinas, desaparecidos y cadáveres sin identificar que se pierden en el mundo de la burocracia gubernamental y en la falta de protocolos, es para el próximo Gobierno una de las asignaturas más importantes por el impacto que tendrá lo que se haga en los mexicanos que salieron a votar por Andrés Manuel López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 1 de julio, reconoce en esta entrevista Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir de diciembre.

Encinas Rodríguez acepta que no sólo se sacó “la rifa del tigre” con la posición que le encomendó el futuro Presidente de la República, sino que además tendrá que lidiar con “el tigre rabioso” de un país ensangrentando y adolorido por la crisis profunda de violación de derechos humanos que dejará la administración de Enrique Peña Nieto.

“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población”, dice Alejandro Encinas.

 El próximo Subsecretario de Derechos Humanos traerá como primera encomienda el caso Ayotzinapa y darle respuestas a los padres y madres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. También tendrá la agenda de todas las víctimas dolientes que ha dejado a su paso la violencia desbordada en el país.

Esas víctimas que le gritaron a López Obrador “ni perdón, ni olvido” en el Centro Cultural Universitario Tletelolco a principios de septiembre. Alejandro Encinas los sabe y lo asume, asegura.

“Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo”, explica.

En el caso Ayotzinapa, dice Encinas, se abrirá el 27 Batallón con destacamento en Iguala, Guerrero, a la nueva Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad que se creará por decreto el 1 de diciembre, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de las controversias presentadas por el Gobierno federal en contra de la Comisión mandatada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos del Ejército que estuvieron presentes aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre deben dar cuenta de lo que lo que saben, como fue la demanda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que llegaron al país a formar parte de la investigación en marzo de 2015.

“Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar”, afirma.

Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

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–Usted probablemente trae una de las asignaturas más difíciles para el próximo Gobierno que es todas las víctimas, este México ensangrentado, se sacó la rifa del tigre.

–El tigre con rabia.

–La rifa del tigre con esta posición que tendrá usted en la Secretaría de Gobernación. Me gustaría saber hasta ahorita, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está dejando este Gobierno de Peña Nieto?

–Hay que asumir que no hay tarea sencilla para el próximo Gobierno federal; el país está en un proceso de descomposición y deterioro de la vida institucional muy profundo, que se expresa en esta crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos de manera muy cruenta, pero que la encontramos en todos los ámbitos de la administración pública. Problemas serios de corrupción, problemas serios de mala administración, mal ejercicio de los recursos públicos, y pues un problema de pobreza, desigualdad, de inseguridad que es gravísimo en el país.

El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población y vamos a tener que informar y comunicar de manera muy clara y transparente porque evidentemente no será sencillo cambiar las cosas de la noche a la mañana, sino que será un proceso.

 Primero para frenar este nivel de descomposición, revertirlo, y en muchos casos, en lo que a mí me corresponde, avanzar en el conocimiento de la verdad no solamente de los hechos graves que se han cometido contra los derechos humanos, sino garantizar la aplicación de la justicia para las víctimas y sus familiares.

–No sé si usted esté de acuerdo en que uno de los puntos más importantes por los que se dio el triunfo de López Obrador es precisamente este: la violencia, la inseguridad, las víctimas.

–Sí, yo creo que es la indignación. Una indignación muy profunda en la sociedad y el hartazgo. El hartazgo de los privilegios de una clase política que se corrompió con esta situación de zozobra, no sólo por el problema de inseguridad, sino de falta de certidumbre en el desarrollo del país. Y por supuesto esta indignación por la violencia y la inseguridad que ha afectado a la vida y al patrimonio de muchas familias, tenemos que asumirlo como parte fundamental en el resultado electoral y tenemos que dar respuesta a esa indignación.

–Ahora con la cancelación de los foros por la paz, son cinco estados, pero al menos tres tienen una grave situación: Veracruz, Tamaulipas y Morelos. Veracruz con todo el tema de Javier Duarte; Tamaulipas, la violencia; y bueno Morelos, las fosas.

–Independientemente de la cancelación de los foros que se hizo por parte de nuestros compañeros del área de Seguridad Pública, nosotros vamos a seguir manteniendo la relación y los encuentros con todos los grupos de víctimas. Este viernes yo voy a estar en San Luis Potosí, vamos a estar el día 19 de octubre en Zacatecas, vamos a tener relación con varios grupos de víctimas en Veracruz. Más allá de los foros, mantener el diálogo de interlocución será una tarea permanente y sistemática no sólo de aquí al primero de diciembre, sino ya en el ejercicio de la responsabilidad que nos han encomendado.

–¿Cuál es su estrategia Alejandro, una vez que llegue a su puesto, para combatir todos estos problemas que usted traerá en su agenda?

–Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda, porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo.

Tenemos que trabajar en todo lo que es la Comisión Nacional para frenar la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional para atender la situación de refugiados, en fin, muchos de los instrumentos nacionales que se crearon en la ley, pero que en realidad ni existe. Esto a fin de dar causa a todas las inquietudes y demandas de la población, hacer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione realmente. Que se desburocratice, que tenga una capacidad de respuesta inmediata, que el Sistema Nacional de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes tenga los recursos y los instrumentos para enfrentar situaciones tan difíciles como ha sido la desaparición y el homicidio de menores, particularmente de niños y niñas, que no se habían dado cuenta de este fenómeno a nivel nacional. Un primer paso es hacer que las instituciones funcionen para atender las demandas de la población afectada, pero también para ejercer los derechos que le corresponden a cada quien.

Encinas reconoce que Enrique Peña Nieto deja una crisis humanitaria en el país. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

 –Ahorita que habla de hacer que las instituciones funcionen, esta crisis tremenda que hay con los servicios forenses en todo el país, con los Semefos. Nos acabamos de enterar que en Coahuila hay 49 cuerpos que fueron donados a la Facultad de Medicina y que pueden ser de desaparecidos y no saben ahorita dónde están los cuerpos. Hablaba con Javier Sicilia [Zardain] y me decía que será muy costoso poder arreglar todo esto. ¿Cuál es el plan?

–En este caso lo que urge es un Sistema Nacional Forense que establezca protocolos únicos de actuación en todos los órdenes de Gobierno para nos solamente la identificación de los cuerpos que se vayan encontrando en las fosas clandestinas, sino los decesos que se dan de muchas personas en la vía pública o por accidentes, en donde no hay ningún control real, ni mucho menos de infraestructura, ni la logística adecuada para hacer laboratorios de antropología forense, bancos de ADN, hasta las mínimas condiciones de identificación de un cadáver.

Vemos en el caso de las fosas de Tetelcingo, por ejemplo, cómo la propia autoridad sembró cadáveres ahí sin haberlos identificado, violando todo tipo de protocolos. En algunos cementerios se han encontrado personas que traen identificación y que se han reportado como desaparecidos. Hay que poner orden y por eso se requiere de un sistema nacional con la participación de las entidades federativas.

–¿Los recursos de dónde van a salir Alejandro?

–Tienen que salir del ámbito federal, pero también del ámbito local. Si hablamos de un sistema nacional, no puede una situación tan crítica como esta absorber todo el Gobierno federal. Menos aún, porque es una competencia de los gobiernos estatales y municipales. Yo tuve la experiencia como Jefe de Gobierno me tocó hacer todo el Servicio Forense de la Ciudad de México, que es el mejor del país. Esto tiene que replicarse en todas las entidades. Pero tenemos que prepararnos de manera distinta; apenas van dos generaciones de estudiantes de Medicina Forense egresados de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], esto hay que reproducirlo en todas las universidades públicas para estar a la altura de este reto.

–Me decía Javier que se necesita pedir ayuda internacional, recursos, ¿cómo se puede hacer?

–Hay organismos que facilitan recursos, otros nos pueden dar intercambio de experiencia. Ya hemos tenido reuniones con distintas embajadas que nos han ofrecido este tipo de servicios y por supuesto que lo vamos a tener.

RETOMAR CASO AYOTZINAPA

–Entrando en materia del caso Ayotzinapa. Carlos Beristain del GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] dice que se tiene que investigar a Tomás Zerón y a Murillo Karam, ¿qué tan prioritario es investigar a estos personajes?

–El objetivo fundamental de la Comisión de la Memoria y la Verdad que está por integrarse es conocer la realidad de los hechos: qué pasó, dónde están los muchachos, quiénes son los responsables. En el momento que se abra esta investigación y se vayan deslindando responsabilidades podrá identificarse las acciones, omisiones, dolos, negligencias, de las autoridades que intervinieron en el proceso de investigación. Y si de ahí se deslinda una responsabilidad para cualquier servidor público del orden federal o local, vamos a actuar en consecuencia.

–Él habla de que una de las principales solicitudes que hizo el GIEI cuando llegó fue que se abriera la información del 27 Batallón. Hacer entrevistas con personas que ya tienen detectados y nunca se les permitió. Incluso cuando dieron su último informe antes de irse, dijeron las preguntas que les habrían hecho. En este nuevo Gobierno, ¿se les va abrir esta posibilidad?

–Sí, parte de la idea de esta Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad es que efectivamente todas las líneas de investigación se desahoguen, no quede pendiente como lo ha mandatado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, y las declaraciones de testigos o de víctimas que fueron violentados sus derechos ese día y también de muchas de las autoridades que presuntamente tienen información sobre los hechos de esa noche en Iguala.

–¿Aunque sea del Ejército?

–Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar.

–Le preguntaba yo a Beristain si serán ellos mismos los que vendrían o serían otros. ¿Qué tiene pensado el nuevo Gobierno?

–La propuesta de los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa es que ellos se reincorporen. Esto lo estamos trabajando ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque ellos disolvieron el GIEI y crearon un mecanismo de seguimiento. Por supuesto que hay todas las condiciones para restablecer un acuerdo con la Comisión Interamericana y que el GIEI pudiera rearticularse.

–¿Con los mismos miembros?

–Con los mismos miembros. Yo no veo ningún impedimento para ello.

–¿Qué tan importante sería que fueran ellos?

–Pues ayuda, porque ya hicieron todo un proceso de investigación, están al tanto de los detalles; conocen además otras investigaciones como la que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México, como hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estamos esperando que emita una recomendación adicional sobre el caso Ayotzinapa, y eso ahorraría mucho tiempo.

–¿Cómo ve los tiempos en los que se irán viendo resultados en el caso Ayotzinapa?

–Lo primero es esperar la resolución de la Corte sobre las controversias que presentó el Gobierno federal contra la sentencia que emitió y luego ratificó el Tribunal de Tamaulipas de crear la Comisión de la Verdad. En caso de que no se ratifique, nosotros a partir del 1 de diciembre, el Presidente ya en funciones, emitirá un decreto para su creación. Habrá que proceder a la instalación de la misma; por supuesto que esto va acompañado de un proceso jurídico previo que ya está en marcha que es la creación de la Fiscalía General de la República, el nombramiento del nuevo fiscal que va a tener autonomía y de una Fiscalía que va a tener fiscalías especiales: la Anticorrupción, la Electoral, de Asuntos Internos, y una que es muy importante la de Derechos Humanos. Esto va a abonar mucho en poder concretar el compromiso que ya se estableció con los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa para crear esta Comisión de la Verdad.

–Si vemos todas las variables de un país: lo económico, lo político, educativo y esta parte del México desangrado que incluye seguridad, las víctimas, ¿qué tanto valor de peso tiene esta parte para el próximo Gobierno?

–Para nosotros es muy importante, no solamente dar una señal de que las cosas cambiaron, sino fundamentalmente dar resultados. No es un asunto de imagen, es un asunto de convicción, de que puede haber justicia en este país. Ese es nuestro objetivo fundamental.

–¿En cuánto tiempo se verán resultados?

–Es muy difícil. Estamos hablando de cuatro años de los hechos de Ayotzinapa, hay que asumir que este periodo pudieron alterarse, esconderse y alterado muchas pruebas. No quisiera ser irresponsable y fijar un tiempo.

–Pero no sólo de Ayotzinapa, sino para ver algo en general, de todo el paquete que usted trae.

–A partir del 1 de diciembre habrá un cambio no sólo de actitud, sino de actuación de Gobierno en estos temas. El primer paso es que el Estado asuma su responsabilidad en esta tarea, y lo vamos asumir.

EPN y el PRI se indignan con Trump mientras atacan los derechos de su propia gente, en casa, dice NYT

jueves, marzo 16th, 2017

Las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice el influyente diario norteamericano. El nuevo Sistema de Justicia Penal podría deshacer décadas de avances en la defensa de los derechos humanos, alerta New York Times: La situación de derechos humanos en el país es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada, dijeron expertos consultados por el diario.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Mientras el Gobierno de México parece indignado y protesta por las políticas agresivas de Donald Trump, en casa comenzó, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice hoy el diario New York Times, en un texto firmado por su corresponsal Azam Ahmed.

Expertos consultados por el medio estadounidense temen que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se deshagan décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en México. Resaltó la operación del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), para desmantelar esfuerzos que le han costado a la sociedad civil.

Desde el 2008 se determinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual cambiaría, entre varias cosas, los juicios escritos a orales. La transición culminó el 18 de junio del 2016.

“Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del Presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el Canciller Luis Videgaray pidiera al Gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”, destaca el diario.

El New York Times mencionó que aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de Estados Unidos— pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una Nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta.

Académicos jurídicos dijeron que esta contrarreforma permite al Gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio; que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento, y permite que los fiscales utilicen evidencia obtenida por medio de la tortura.

Según los expertos consultados por el medio, la iniciativa, que está a la espera en el Congreso, también fuerza al acusado a ofrecer evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.

“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo al New York Times Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.

Desde el 2008 se determinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que cambiaría, entre varias cosas, los juicios escritos a orales. La transición culminó el 18 de junio del 2016. Foto: Cuartoscuro.

Para el diario estadounidense, la legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno del Presidente Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.

En pocas palabras: el diario estadounidense puso a México como candil de la calle y oscuridad de su casa.

“Al promover la Marca País, el Gobierno ha creado una imagen de México como la de una Nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos —Naciones Unidas ha calificado de ‘generalizada’ la tortura por parte de las fuerzas de seguridad–, el mismo Gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo”, refiere el texto firmado por Azam Ahmed.

De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón. En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el Gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo.

Para el diario estadounidense, la legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno del Presidente Peña Nieto y del PRI. Foto: Cuartoscuro.

“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo al New York Times James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.

Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen, detalló el diario.

Añadió que además de esa propuesta, el PRI y legisladores de otros partidos promueven varias versiones de una ley que abriría la puerta a que el Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas participen en la implementación de la seguridad interior, un papel que los militares han desempeñado sin un marco legal desde hace una década, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.

“En México se han disparado los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Según datos oficiales, las fuerzas armadas matan a más combatientes de los que hiere, una letalidad desmedida: la Marina, por ejemplo, mata a treinta personas por cada una que hiere, una proporción que según expertos indica que hay ejecuciones sumarias”, sostuvo el medio.

El New York Times destacó que pocos soldados son castigados en México cuando cometen abusos. De las 4 mil quejas por tortura que ha revisado la Procuraduría General de la República desde 2006, solo 15 han resultado en condenas, lo que ha derivado en preocupación mundial sobre la impunidad y la disposición gubernamental para lidiar con los abusos a los derechos humanos.

“Esta ley es una respuesta a la pregunta que el mismo Gobierno se hizo: ‘¿Las fuerzas armadas necesitan el respaldo de una legislación para seguir haciendo lo que hacen?’”, dijo al diario Jan Jarab, el representante en México de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. “Pero la pregunta correcta es: ‘¿Deberían seguir haciéndolo? ¿Ese paradigma militar ha sido exitoso?’. La respuesta, por una amplia y apabullante mayoría, es no”.

Ayer el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe sobre la actuación policial a un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.

El 31.3 por ciento de 16 ministerios públicos estatales encuestados por Cidac consideró mala la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.

Las policías son el primer eslabón dentro del NSJP, encargado de proteger escenas del crimen y recolección de indicios. Mas el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.

Amnistía pide a Macri hablar con Peña Nieto sobre desapariciones, tortura y amenazas en México

jueves, julio 28th, 2016

Amnistía Internacional solicitó hoy al Presidente argentino Mauricio Macri que le dé un espacio prioritario al debate sobre los derechos humanos en su reunión de mañana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en Buenos Aires. La carta de la organización se suma a la protesta anunciada por diversas organizaciones para el viernes en la histórica Plaza de Mayo, con el fin de reclamar por el respeto a los derechos humanos en México. En tanto, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y diversas agrupaciones sociales y estudiantiles convocaron también a una manifestación de repudio al Presidente mexicano.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó hoy al Presidente argentino Mauricio Macri que le dé un espacio prioritario al debate sobre los derechos humanos en su reunión de mañana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en Buenos Aires.

Peña Nieto realizará mañana una visita oficial a la Argentina, tras participar hoy en la asunción de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Por la mañana será recibido por Macri en la Casa Rosada y luego participará en un Foro Económico en la Cancillería argentina.

La carta de Amnistía Internacional enviada a Macri se suma a la protesta anunciada por diversas organizaciones para el viernes en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires, con el fin de reclamar por el respeto a los derechos humanos en México.

“Las gravísimas violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, las torturas y el amedrentamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México merecen un tratamiento prioritario”, afirmó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. “AI considera que la visita de Peña Nieto a la Argentina es una buena oportunidad para tratar estos temas que son urgentes”.

La entidad reclamó a México la promulgación de leyes generales sobre tortura y desapariciones, el refuerzo del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual y realizar “investigaciones exhaustivas e imparciales” sobre las denuncias de desapariciones de personas y violaciones de los derechos humanos, incluyendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cumplirá este viernes una apretada agenda en Buenos Aires que incluirá un encuentro con su par en Argentina, Mauricio Macri, y que está destinada a renovar la relación bilateral con la firma de varios convenios y la asistencia a un foro económico.

La visita de Estado de Peña Nieto a Argentina será la primera con Macri al frente de aquel país, tras asumir el cargo en diciembre del pasado año.

La agenda del mandatario mexicano comenzará en torno a las 10:30 hora local con un acto en la céntrica plaza de San Martín, donde colocará una ofrenda floral en el monumento al libertador José de San Martín y recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad de parte de autoridades municipales, informaron a Efe fuentes de la Presidencia argentina.

Seguidamente, Peña Nieto acudirá a la Casa Rosada, sede de Gobierno, donde será recibido por el mandatario argentino, con quien se saludará protocolarmente ante la prensa y mantendrá una reunión privada primero y otra posterior con altos funcionarios.

Después, ya públicamente, participarán de la firma de convenios bilaterales en el Salón Blanco de la casa de Gobierno y pronunciarán una declaración a los medios de comunicación.

Será alrededor de las 12:30 cuando ambos se trasladarán al Museo de la Casa Rosada para encabezar un brindis y disfrutar de un almuerzo.

La agenda de la tarde del Presidente mexicano estará protagonizada por la apertura en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de un foro económico al que acudirán tanto empresarios mexicanos como argentinos.

Se prevé además que durante el viaje Peña Nieto imponga la Orden Mexicana del Águila Azteca a dos notables ciudadanos argentinos que “han sido clave en el posicionamiento de México en el imaginario cultural argentino”, explicaron fuentes oficiales mexicanas.

Estas matizaron que el mandatario busca relanzar la relación bilateral en un momento en que hay “una convergencia de intereses y visiones” desde la llegada de Macri al poder.

Entre los temas de agenda entre los dos líderes se encuentran también temas regionales y multilaterales, incluyendo la presidencia argentina del Grupo de los Veinte (G20) en 2018.

ONG’S CONVOCAN A MARCHA

En tanto, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y diversas agrupaciones sociales y estudiantiles convocaron a una manifestación de repudio a Peña Nieto en la histórica Plaza de Mayo, en una expresión de “digna rabia ante la política genocida y la violación sistemática de derechos humanos que está implementando en México”.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunció en contra de la visita del Ejecutivo federal a Argentina y convocó a una movilización en contra del mandatario mexicano.

Los estudiantes argentinos publicaron en la pagina de Facebook de la Federación un cartel donde señalan a Peña Nieto como “asesino de docentes y estudiantes”.

La FUBA convocó el próximo 29 de julio, día en el que arriba Peña Nieto a Argentina, a las 10 de la mañana a una movilización en rechazo al Presidente de México, en la Plaza de Mayo.

En la imagen publicada aparece Peña Nieto y Mauricio Macri estrechándose la mano y se puede leer: Fuera Peña Nieto de Argentina, asesino de docentes y estudiantes.

Esta movilización se suma al rechazo que expresaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles quienes reclamaron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.

A través de una carta dirigida al mandatario argentino, las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y las abuelas que buscan a sus nietos robados en ese período manifestaron que “cualquier decisión del Gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo mencionaron puntualmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y recordaron que “a pesar de que el Gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México”.

En Guerrero, y en muchas otras zonas de México se han descubierto fosas con cientos de restos humanos, añadieron. En los últimos años, se han registrado al menos 150 mil muertes, más de 28 mil desapariciones, incontables detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, entre otras serias vulneraciones de derechos.

Los recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demostraron “la falsedad de la versión oficial” sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre “las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico”.

La misiva dirigida a Macri también fue firmada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

This June 6, 2016 photo shows a poster displaying stolen babies as part of a systematic state-sponsored plan during Argentina's 1976-1983 dictatorship, and pictures of youth recovered, on a wall at the headquarters of the human rights group, Grandmothers of Plaza de Mayo, in Buenos Aires, Argentina. Since 1977, the group of women has courageously fought to recover their stolen grandchildren. After Argentina's return to democracy, they lobbied the government to create a DNA database and dedicate judicial resources to the effort. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La misiva dirigida a Macri también fue firmada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. Foto: AP

Esta es la segunda oportunidad en la que organismos defensores de derechos humanos le piden a Macri una postura firme en la materia con motivo de la llegada de un mandatario extranjero.

Antes de la visita del Presidente de Estados Unidos Barack Obama en marzo, los mismos firmantes le solicitaron al gobernante argentino activar gestiones para la desclasificación de archivos de seguridad e inteligencia estadounidense referidos al plan represivo ejecutado por las Fuerzas Armadas en Argentina durante los 70.

Respecto a la situación en México, en la carta dirigida a Macri se le recuerda que Argentina “ha merecido un extenso reconocimiento de la comunidad internacional” por el proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Y que además ha sido una de las naciones impulsoras en Naciones Unidas de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“La historia reciente de la Argentina debe permear su política exterior y en consecuencia, sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad”, concluyeron las organizaciones.

Activistas de la Nobel Women’s Initiative piden que el Premier de Canadá cuestione a EPN por DDHH

jueves, junio 23rd, 2016

Representantes de organismos internacionales y activistas piden al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, que durante la próxima cumbre de América del Norte haga pública la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. Exigen que cuestione al Presidente Peña Nieto sobre la represión en contra de ciudadanos y activistas que cuestionan las decisiones de Gobierno

Peña Nieto se reúne con Trudeau. Foto: @PresidenciaMX

Peña Nieto y Trudeau durante la reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado. Foto: @PresidenciaMX

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Activistas de México, integrantes de la Nobel Women’s Initiative, pidieron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, que presione públicamente al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que cese “la carnicería y la violencia que se ha apoderado de México desde el inicio de su guerra contra los carteles de drogas hace una década, especialmente su efecto en las mujeres”.

Las activistas representan a las víctimas de tortura, personas desaparecidas y otras víctimas de abuso por parte de los servicios de seguridad en distintas países y esta semana visitaron Ottawa para mantener conversaciones con el Gobierno con la ayuda de Amnistía Internacional (AI).

En una carta a Trudeau, Amnistía y las activistas le pidieron que durante la próxima visita de Peña Nieto a ese país, ponga en la mesa de discusión el tema de las violaciones a los derechos humanos y los más de 27 mil desaparecidos registrados desde el año 2006, cuando inició la guerra contra el narco.

Trudeau puede influir para el cambio en México, “al no dejar que [Peña Nieto] se salga con la suya, diciendo ‘Hey, yo sé lo que está pasando ahí abajo y me preocupa’”, dijo al diario canadiense Globe and Mail, la activista Martha Sánchez, integrante de una organización que busca justicia para las familias de 120 mil migrantes desaparecidos entre 2006 y 2015.

En tanto, el grupo de premios Nobel, cuyos nombres no menciona el diario, retó a Trudeau a desafiar a su homólogo mexicano y exhibir el historial del país en materia de violaciones a los derechos humanos.

El Primer Ministro canadiense será anfitrión de Peña Nieto y del Presidente de estados Barack Obama la próxima semana, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Los llamados “tres amigos” se centrarán en fortalecer la cooperación continental en materia económica y podrían emitir un comunicado para reforzar en la región la lucha contra el cambio climático.

Alex Neve, director de Amnistía Internacional Canadá, pidió a Trudeau plantearle a Peña Nieto el tema de derechos.

“Tienen que ser justo en el corazón de los intercambios que se producen entre nuestros dos gobiernos, incluyendo a su nivel [de Trudeau]”, dijo.

Neve también pidió al Gobierno canadiense quitar el visado a los viajeros mexicanos, llamándolo una barrera para los mexicanos que buscan refugio de situaciones de abuso.

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POR QUÉ RECLAMAR A MÉXICO

Los activistas que piden un pronunciamiento a Trudeau citan distintos informes que explican la situación de los derechos humanos humanos en México, principalmente el emitido en 2015 por el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez.

Méndez escribió que la tortura de personas detenidas en México fue generalizada y se produjo “en un contexto de impunidad, el objetivo suele ser de infligir castigo o para obtener confesiones o información.” Culpó a la policía, “todas las jurisdicciones de las fuerzas armadas”.

Brenda Rangel, cofundadora de una organización de búsqueda de desaparecidos ha recibido amenazas que van desde la muerte hasta quemarle los ojos con un soplete, afirmó que al Gobierno mexicano no le gustan las personas que están tratando de exponer la verdad, “que tirarían la suciedad en el bello rostro de México”.

El informe de la ONU vinculó el aumento de la violencia a guerra contra el narcotráfico que el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa comenzó en 2006. Desde entonces, las quejas anuales relacionadas con tortura y los malos tratos por parte de agentes del Estado rondan las 2 mil 100 por año, cunado antes de la guerra registraban un promedio de 320.

El documento de la ONU también expresó especial preocupación por la violencia sexual contra las mujeres detenidas, incluyendo la desnudez forzada y “violación repetida por varios individuos.”

“Le pedimos a Trudeau y a Obama abrir los ojos y no confiar en lo que Peña Nieto dice acerca de la situación de los derechos humanos en México”, dijo al diario canadiense Claudia Medina, fundadora de Rompiendo el Silencio, organización que pone de relieve la violencia contra las mujeres por las fuerzas de seguridad del país.

Medina se convirtió en activista después de su arresto de 36 horas en 2012, cuando fue sometido a descargas eléctricas, estrangulamiento y tortura sexual para obligarla a confesar supuestos vínculos del crimen organizado. Los cargos en su contra fueron retirados a principios de este año.

Pilar Aresse, del Centro Pro Derechos Humanos, dijo que los activistas mexicanos necesitan ir más allá de las fronteras de su país para encontrar la justicia, porque no se puede encontrar en casa.

“Nuestras propias vidas pueden estar en riesgo y no confiamos en nuestras autoridades de México”, expresó.

 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la CdMx, los estados que más violan los derechos humanos: CNDH

miércoles, junio 8th, 2016

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de 1990 a la fecha.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, inidicó que la autoridades federales con más recomendaciones son la PGR, el IMSS, la Sedena y los poderes ejecutivos de Chiapas y Oaxaca con 105 y 104 casos respectivamente. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).-Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 1990 a la fecha.

La Comisión presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados.

Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indicó que la autoridades federales con más recomendaciones son la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los poderes ejecutivos de Chiapas y Oaxaca, con 105 y 104 casos respectivamente.

Pero en el desglose por entidad, las autoridades de Guerrero lideran la lista con 136, seguido de Oaxaca con 134, Chiapas con 127, Ciudad de México con 100 y Veracruz con 93.

Incluso en el desglose por municipio, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Puebla son los más recomendados.

En cuanto a la recomendaciones pendientes, 320 están relacionadas a las 530 emitidas entre 2011 y 2016, de las cuales 60 por ciento no han sido cumplidas en su totalidad.

“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave a la negativa a aceptar las mismas”, dijo González Pérez.

La autoridades que deben la mayor parte de la recomendaciones son la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el IMSS, la PGR, la Sedena y el Gobernador de Guerrero con 14.

Unas 28 de estas recomendaciones incumplidas tienen más de seis años de antigüedad, 57 entre cuatro y seis, 132 de tres a cuatro, 128 entre uno y dos, y 16 menos de un año.

Los puntos pendientes más importantes en falta de cumplimiento son los relacionados a las garantías de no repetición, atención a víctimas y en procesos para determinar responsabilidades administrativas y penal de servidores públicos.

VIOLACIONES GRAVES

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La CNDH identificó cuatro casos graves de violaciones a los derechos humanos aún pendientes por resolver.

El primero es el del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; la segunda del 9 de julio de 2014 en Ocoyucan, Puebla; la tercera por el caso de Apatzingán, en Michoacán, y la cuarta del 30 de junio de 2014 referente al caso Tlatlaya.

En todas ellas varias de la autoridades estatales y federales han incumplido puntos recomendados.

El presidente de la CNDH dijo que, en general, las autoridades que han incumplido con las recomendaciones no tienen justificación.

“No puede ser, sin bien entendemos que hay algunas recomendaciones con complejidad, pero hay otras que no entendemos porqué esta indolencia no se justifica”, indicó.

El ombudsman destacó que nunca antes se había hecho un “corte de caja” como el que se incluyó en el informe presentado hoy.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Unas 28 de estas recomendaciones incimplidas tienen más de seis años de antigüedad, 57 entre cuatro y seis, 132 entre tres y cuatro, 128 entre uno y dos y 16 menos de un año. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Dictamen de la Ley que limitaría libertades civiles violenta al menos 15 derechos: Morena

martes, abril 5th, 2016

Diputados de oposición detallaron la cantidad de derechos que se podrán restringir o suspender a voluntad del Presidente si se aprueba tal y como está ahora el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, que tiene como intención regular los estados de excepción.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesionó ayer para discutir lo que llaman una continuación de "Ley Atenco". Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesionó ayer para discutir lo que llaman una continuación de la “Ley Atenco”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– La Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional abre la puerta para que las autoridades violenten de distintas formas al menos 15 derechos de la ciudadanía, advirtieron legisladores de oposición. El documento con el que se pretende reglamentar el Estado de excepción abonaría a la permanente violación de las garantías individuales en el país, insistieron.

La intención de la mayoría priista, denunciaron, es aprobar el dictamen este mes.

El Diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Roberto Cañedo Jiménez, acusó que si bien el dictamen protege los derechos elementales básicos, enmarcados en la figura de “coto vedado”, hay muchos otros que podrían ser restringidos o suspendidos a criterio discrecional del Presidente.

“Parece muy cómodo hablar del derecho a la no discriminación, a la vida, al nombre, pero qué hay de los derechos que el coto vedado no defiende como la libre asociación, huelga, de reunión, alimentación, movilidad; a los derechos laborales, sindicales, gremiales; la libertad de prensa, derecho a la información, a la verdad, veamos Veracruz; el derecho a la privacidad, a no tener llamadas intervenidas; a impugnar actos de molestia; el derecho a petición; el derecho a la libertad; en un balance general son más los que no se defienden que los que sí”, enumeró a este medio.

Nueve de 30 legisladores bastaron para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales, decidiera dar paso a una sesión con el fin de despejar dudas sobre el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, aprobado la semana pasada en la Comisión de Gobernación.

Cañedo Jiménez acusó al Gobierno de manejar este tema bajo completo hermetismo. El dictamen resultó de dos iniciativas discutidas en el Senado: una hecha por senadores y otra por el Presidente Enrique Peña Nieto, enviadas en agosto y octubre del 2013.

“La sociedad no sabe nada de esta ley reglamentaria. Y tenemos la responsabilidad como diputados de informar al pueblo que esto no protege nuestros derechos”, dijo Cañedo al resto de representantes de otras bancadas que integran la Comisión.

Morena insistió que deben realizarse foros de participación ciudadana, para informar a la población y a la vez recolectar las opiniones de ésta. “Qué pasaría si al Presidente se le bota la canica, y sucede como le pasó a Hitler, suspendiendo los derechos”, cuestionó Cañedo.

PRI VS MORENA

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordaron que el dictamen prevé que la suspensión o restricción de derechos y garantías de la población se harán con la aprobación del Congreso, medida sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá dictaminar sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, los de Morena han acusado que la independencia de poderes en México no garantiza que un decreto de Estado de emergencia solicitado por el Ejecutivo encuentre resistencia en el Congreso.

“Lo hemos visto, todas las cosas pasan en automático en este Congreso”, dijo la semana pasada la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García.

Cañedo quiso disuadir a los legisladores que respaldan el dictamen aduciendo un impacto en la contienda electoral. “Quién lo apruebe perderá las elecciones de junio, de hecho ya la están perdiendo en las calles”.

¿ESTÁ MÉXICO LISTO?

La Diputada por el MC, María Candelaría Ochoa

La Diputada Rocío Anhale García, de Morena, fue de las primeras voces que se alzaron en contra de la Ley Reglamentaria al Arículo 29. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Otra bancada que se ha opuesto al dictamen de reglamentar este artículo de la Constitución es Movimiento Ciudadano. La Diputada María Candelaria Ochoa Avalos apuntaló que en México no existen condiciones para que esta ley se correctamente ejecutada por las autoridades.

“Tenemos una ley de desaparición forzada que no se ha aprobado, una ley de víctimas, en donde las víctimas aún están cuestionando su legalidad. Prácticamente México es un campo de guerra. Esta ley es violatoria a los derechos humanos en este momento, el problema es que no tenemos Estado de derecho en este momento”, dijo Candelaria.

Por otro lado, hay legisladores que prevén que la reglamentación es el camino más rápido hacia el respeto a los derechos humanos. El Diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo detalló que el artículo 29 de la Constitución ha sido heredado desde la Carta Magna de 1857.

“No estamos discutiendo el qué, sino el cómo. En distintos convenios internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos se establece la posibilidad de decretar estados de excepción. Sin embargo, es preferible establecer reglas claras a que nos quede floja la manga y dejar vacíos legales”, puntualizó.

La ejecución de un Estado de excepción no sólo conlleva la decisión de las altas autoridades, dijo Cañedo, sino de las encargadas de ejecutar operativos, que en muchas ocasiones no están preparadas en derechos humanos: “Qué me perdonen pero muchos no tienen ni la secundaria. No olvidemos Atenco, donde entraban los chivatos a las casas sin una orden de cateo, y violaban mujeres, rompieron cerraduras, golpeaban. Este dictamen es la continuación de la Ley Atenco”.

Clouthier advirtió que la Cámara de Diputados se encuentra en este momento revisando este trabajo, que fue aprobado por el Senado con el 91 por ciento de su consentimiento.

“Pero ahora nos quieren hacer parecer a nosotros los diputados como los malos, por qué”, cuestionó el independiente.

A su parecer, el dictamen debería mejorarse en cuanto a los candados al tipo de votación que debería realizar el Congreso, cuando el Ejecutivo pida decretar un Estado de excepción.

“En mi visión muy particular, yo sugeriría que para modificación o prórroga del decreto, este sea sometido a mayoría calificada [en el cual se requiere el voto de dos terceras partes del pleno para su aprobación] y no a mayoría simple como está actualmente”, dijo Clouthier.

EL CAMINO LEGISLATIVO

El Diputado independiente, Manuel Clouthier

El Diputado independiente, Manuel Clouthier, advirtió que 91 por ciento de los senadores aprobaron el dictamen tal y como está, antes de que llegara a la Cámara de Diputados. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Morena, MC y el Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su preocupación por que el dictamen no cumpla el debido proceso legislativo, que establece el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

Rocío Nahle explicó que se hizo llegar una carta a la Mesa Directiva en la cual se argumenta que la votación de este dictamen debió haberse hecho de forma conjunta entre la Comisión de Gobernación y de Derechos Humanos, puesto que la minuta está dirigida a ambas comisiones.

Sin embargo, sólo la primera votó el martes de la semana pasada y los partidos esperan que se anule la primera votación, para que el tema pueda ser discutido en una sesión única.

Cuestionado por SinEmbargo sobre si hubo una omisión al proceso legislativo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, negó que existiera un mal manejo del dictamen.

“Sería una decisión que debería tomar la mesa. Pero tengo la certeza de que esto es una práctica habitual en sesiones unidas, en las cuales sesionan por separado sin que esto afecte la validez de los acuerdos que se tomen”, dijo.

El también Diputado del PRI espera que este dictamen pueda ser aprobado en la comisión previo al fin del actual periodo ordinario de sesiones, que acaba este mes.

En México la impunidad “nutre” la desconfianza ciudadana, dice eurodiputada en medio alemán

sábado, marzo 5th, 2016

Al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la CIDH pidió al Gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no “minimizarla hablando de casos aislados”. Pero esto último es lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la ONU para casos de tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.

Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain, expertos del GIEI, pidieron el apoyo de la UE en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: @beatrizbecerrab

Esta semana, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain, expertos del GIEI, pidieron el apoyo de la UE en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: @beatrizbecerrab

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– A semanas de concluir el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investiga la desaparición de  los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, los expertos afirmaron este semana en Europa que siguen enfrentándose a una zona gris y a una campaña de desprestigio.

En entrevista para la cadena internacional alemana Deutsche Welle, Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, aseguró que si el GIEI no tiene acceso a las pruebas y a la información que necesita “no habrá nada nuevo en las investigaciones”.

La eurodiputada, que formó parte de la delegación que viajó a México para abordar con diversos actores de la sociedad la situación de las garantías individuales, constató que los temas de corrupción, violencia contra defensores de derechos humanos, y desapariciones “coinciden todos en el mismo punto: la impunidad que nutre la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones”.

Los expertos del GIEI, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain, coincidieron que una de las amenazas que enfrentan es que el caso de los 43 normalistas se cierre al acabar el segundo mandato, en abril, sin haber sido esclarecido del todo.

Además de la necesidad de seguir nuevas líneas de investigación como la de que el quinto autobús, presumiblemente cargado de droga, debía seguir la ruta Iguala-Chicago, los expertos mencionaron a la Deutsche Welle que sigue existiendo fragmentación en la información.

“Varias unidades [de transporte] tienen momentos distintos de los hechos del mismo caso y no se comunican. Detienen a una persona en flagrancia por drogas, y va hacia crimen organizado y no va a derechos humanos. Un fiscal no tiene conocimiento de los hechos que está esclareciendo el otro. Nosotros solicitamos que toda esta información se centralice para tener una visión integral de los hechos”, explicó Paz y Paz a la televisora alemana.

A esa zona gris se añaden, según los expertos, que la confesión sin necesidad de verificación con pruebas adicionales tenga valor judicial en México y que de los 80 detenidos que hay en este momento por el caso de Iguala, el 77 por ciento tenga lesiones en el cuerpo.

Los integrantes del GIEI para el caso de Ayotzinapa, Alejandro Valencia, Claudia Paz, Carlos Beristain, Ángela Buitrago y Francisco Cox brindan datos sobre su segundo periodo de trabajo en México y las investigaciones recientes del caso. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Los integrantes del GIEI para el caso de Ayotzinapa, Alejandro Valencia, Claudia Paz, Carlos Beristain, Ángela Buitrago y Francisco Cox. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no “minimizarla hablando de casos aislados”.

Sin embargo,  el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.

En aquel momento el Gobierno rechazó la palabra “generalizada” y llegó al extremo de acusar al relator argentino de no ser “profesional y ético”, unas palabras que Méndez recibió como un “ataque personal”.

Como parte de las actividades que los padres realizarán en diferentes partes de la república, arrobaron a Iguala para iniciar jornadas de búsqueda de información en diferentes colonias del municipio, e instalarán urnas para que de forma anónima las personas brinden información. Foto: Cuartoscuro

El pasado jueves, los padres de los 43 normalistas desaparecidos empezaron una campaña en Iguala para localizar a sus hijos. Foto: Cuartoscuro

El cruce entre las partes siguió durante un mes hasta que el Gobierno dio por terminadas las diferencias tras hacer un llamado a “voltear la página y mirar hacia adelante” para atender el tema y dejar la puerta abierta a una nueva visita del relator que aún no está concretada.

No obstante, a las desventajas que enfrentan los expertos del GIEI en México se agrega la campaña de desprestigio en su contra.

“Queremos darles [al GIEI] esa visibilidad para que las acciones de difamación y acoso no sólo no se produzcan sino que no enturbien su trabajo. México necesita verdad”, dijo la eurodiputada Becerra Basterrechea.

La integrante del GIEI, Claudia Paz, reveló que la investigación está a cargo de las autoridades mexicanas y ellos no tienen policías para que los auxilien en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.

“No tenemos policía a nuestras órdenes como sí sucede en el caso del CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) en Guatemala”, explicó a la DW.

Cuando Amnistía Internacional (AI) denunció hace unos días en su informe anual que la impunidad y la violación de derechos humanos sigue siendo la norma en México, el Gobierno esquivó la cuestión alegando que los señalamientos al país “son prácticamente los mismos” que los emitidos a nivel mundial.

El diagnóstico de la CIDH, basado en la visita que el órgano hizo al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos”, aseguró el Ejecutivo.

Los expertos denunciaron una campaña de desprestigio en su contra por parte de algunas autoridades. Foto: Archivo Cuartoscuro

Los expertos del GIEI denunciaron una campaña de desprestigio en su contra por parte de algunas autoridades. Foto: Cuartoscuro

LAS CIFRAS CONFIRMAN LOS INFORMES

Las cifras oficiales hablan por sí solas: 26 mil 798 personas están desaparecidas, muchas de ellas a manos de agentes del Estado, la tasas de homicidios es superior a 10 por cada 100 mil habitantes y el 98 por ciento de los delitos no llega a tener una sentencia condenatoria.

Quince meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías a sueldo del crimen organizado en el estado de Guerrero, un caso que generó gran indignación dentro y fuera del país, este no solo sigue sin resolverse, sino que ya se repitió en otra zona del país.

Familiares de desaparecidos en Veracruz que conforman diversos colectivos han retomado sus exigencias luego de la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente. Foto: Cuartoscuro

Familiares de desaparecidos en Veracruz que conforman diversos colectivos han retomado sus exigencias luego de la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente. Foto: Cuartoscuro

Justo esta semana fuentes del Gobierno confirmaron que un policía de Veracruz dijo que los cinco jóvenes que desaparecieron en enero pasado en el municipio de Tierra Blanca fueron quemados, sus restos triturados y lanzados a un pequeño río.

En ambos casos los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del crimen organizado. Y también, según las declaraciones de testigos o autores materiales, asesinados, sus restos incinerados y lanzados a un río.

Pero los familiares no creen en dichas versiones -en el caso de Ayotzinapa la llamada “verdad histórica” ya ha sido cuestionada por forenses argentinos y por los expertos nombrados por la CIDH-, piden pruebas científicas y que siga la búsqueda de sus hijos con vida.

En su respuesta a la CIDH, el Gobierno defendió avances en materia legislativa, que a decir de las ONG se han quedado en el papel, y reiteró que “trabaja constantemente para (…) garantizar la seguridad”, promover el respeto a “los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia”.

El Ejecutivo aún se opone a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entreviste a los militares del batallón de Iguala que fueron testigos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, uno de los puntos en los que ha insistido la CIDH.

En opinión de organizaciones de derechos humanos, desde el Estado se apuesta al olvido; no existe la voluntad para aclarar los hechos y sancionar a los responsables, como tampoco para generar las condiciones para evitar la repetición.

Más de un centenar de ONGs llamaron al Gobierno a aceptar el diagnóstico de la CIDH y advirtieron que ignorar las recomendaciones supondría, una vez más, “el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que el primer paso para afrontar el problema es reconocer sus dimensiones y pidió una respuesta “responsable” a los mexicanos agraviados por la violencia, la inseguridad, la tortura y las desapariciones.

PROMO-MEXICO

 

–Con información de Paola Martínez Castro, EFE