La muerte de Victoria, que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo investiga como homicidio agravado, causa indignación tras difundirse este domingo el vídeo, grabado el sábado, en el que uno de los cuatro policías de Tulum que pueden verse coloca su rodilla en el cuello de la víctima.
México, 28 de marzo (EFE).- Autoridades y activistas identificaron este domingo como migrante salvadoreña a la mujer asfixiada hasta la muerte con la rodilla de un policía mexicano del municipio turístico de Tulum, en Quintana Roo, en medio de quejas internacionales y denuncias de racismo.
Asociaciones feministas y de migrantes reconocieron como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, a la mujer que aparece en un vídeo en el que la asfixia uno de los cuatro agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum presentes en el lugar.
Salazar era madre de dos niñas pequeñas, con quienes vivía en México. Contaba con la “visa humanitaria” permanente, de acuerdo con información de medios locales.
Tras la identificación de la víctima, activistas viralizaron la etiqueta #JusticiaParaVictoria, un movimiento al que se sumaron políticas mexicanas.
Victoria fue asesinada en Tulum. Foto: Especial.
“Me uno a la exigencia de justicia y cero impunidad por el asesinato de Victoria, mujer que perdió la vida en manos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. Condeno este acto de uso excesivo de la fuerza. Que se castigue”, escribió Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado mexicano.
La muerte de Victoria, que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo investiga como homicidio agravado, causa indignación tras difundirse este domingo el vídeo, grabado el sábado, en el que uno de los cuatro policías de Tulum que pueden verse coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.
Después de revelarse su identidad, el escándalo despertó reclamaciones de asociaciones de migrantes y políticos de El Salvador.
“La policía de Tulum en México, en un visible uso excesivo de la fuerza (4 contra 1), ha dejado sin vida a la salvadoreña Victoria Salazar. Pidamos que las autoridades de nuestro país exijan #JusticiaParaVictoria”, denunció Claudia Ortiz, diputada electa por San Salvador.
Aunque la FGE de Quintana Roo indaga a tres policías hombres y a una mujer, y el alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, anunció que los separará del cargo, no han aclarado si están detenidos ni por qué sometieron a la víctima.
Activistas han comparado lo sucedido con el asesinato del afroestadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por la policía de Mineápolis, Minesota, en mayo de 2020, lo que desató las históricas protestas por la justicia racial en Estados Unidos.
“Los niveles de racismo y misoginia se están desbordando. Lo más grave es cuando el Estado lo promueve y no trata de erradicarlo. Primero fue George Floyd, ahora es nuestra compatriota, Victoria Salazar”, tuiteó Daniela Genovez, vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas, rama El Salvador.
El caso toca dos crisis actuales de México, la de la violencia machista reflejada en el asesinato de más de 10 mujeres al día, según ONU Mujeres, y la migratoria, como muestra la detención de 34 mil 993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual de 28 %.
La titular de la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se sumó a la exigencia de justicia.
“Condeno y exijo justicia ante los hechos lamentables, ocurridos en Quintana Roo este fin de semana. Actos como estos no deben quedar impunes”, declaró.
La recién formada unidad del GOPES ya estaba bajo escrutinio por abusos de derechos humanos las semanas anteriores a la matanza de los migrantes.
Ciudad de México, 12 febrero (InsightCrime).- Estados Unidosadiestró una unidad de la policía mexicana con un historial problemático, incluso después de que funcionarios del Gobierno estadounidense, miembros de la sociedad civil de México y una destacada política mexicana señalaran a esa fuerza de violaciones de derechos humanos. En enero, varios integrantes de la misma fueron acusados de la masacre de 19 personas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
El 22 de enero, las autoridades descubrieron los 19 cuerpos, abaleados y luego calcinados, irreconocibles en una camioneta pickup quemada en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Las autoridades han logrado confirmar las identidades de 16 de las víctimas por medio de análisis de ADN; 14 de ellas eran migrantes guatemaltecos que viajaban hacia Estados Unidos, las otras dos tenían nacionalidad mexicana.
El 8 de febrero, la Fiscalía General de Tamaulipas anunció que había evidencia suficiente contra 12 agentes del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas (GOPES) para llevarlos a juicio por la masacre.
La recién formada unidad del GOPES ya estaba bajo escrutinio por abusos de derechos humanos las semanas anteriores a la matanza de los migrantes. El 6 de enero, un grupo de por lo menos 25 familias en Ciudad Míer acusó a varios agentes del GOPES de haber “atacado, robado e intimidado” a su comunidad. Se señaló a miembros de ese cuerpo de la presunta desaparición y tortura de hasta cuatro personas.
19 cuerpos y vehículos calcinados fueron localizados en el poblado de Santa Anita. Foto: Cuartoscuro
El 13 de enero, la diputada mexicana Olga Juliana Elizondo instó a la Fiscalía General de Tamaulipas y a la Secretaría de Seguridad Pública a “investigar y, en su caso, sancionar las violaciones de derechos humanos por el GOPES”.
En 2020, un grupo de agentes del GOPES recibieron adiestramiento de autoridades estadounidenses, según el comandante del grupo, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, quien fue citado en múltiples medios informativos. No está claro cuál fue el organismo estadounidense que brindó el entrenamiento y la manera como este se realizó, pero los agentes de la unidad tienen historial de entrenamiento con las autoridades estadounidenses.
Esa unidad se había reestructurado a partir del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) luego de que sus agentes resultaran acusados de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 2019, y fueron señaladas por la Administración Antinarcóticos (DEA) estadounidense por presuntos abusos.
A pesar de esos problemas, los agentes del CAIET participaron en adiestramiento táctico junto a agentes locales de Texas en 2019, como lo muestran un video e informes oficiales del Gobierno.
Unidad de Crímenes especiales del condado Starr comenta el adiestramiento al CAIET en enero de 2019 en una publicación de Facebook.
Más aún, tres de los 12 agentes arrestados en conexión con la masacre ocurrida en enero recibieron entrenamiento en habilidades básicas y como supervisores de primera línea de la Oficina Estadounidense de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad (International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), según un funcionario del Departamento de Estado.
Según ese delegado, los tres agentes que participaron en el entrenamiento del INL lo hicieron en 2016 y 2017, antes de ser asignados al CAIET o GOPES. El entrenamiento, según el mismo funcionario, se prestó de conformidad con la Ley Leahy, promovida por el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, la cual prohíbe la financiación de entrenamiento de agentes o unidades de países extranjeros si existe evidencia que los implique en violaciones de derechos humanos.
LA CONEXIÓN CON TEXAS
El grupo del CAIET se remonta a 2012, cuando fue creado por el Gobierno de Tamaulipas. En enero de 2017, tres meses después de la llegada de Francisco García Cabeza de Vaca a la gobernación del estado, se modificó el mandato de este cuerpo para convertirse en una fuerza especialmente verificada y dotada de armas de grueso calibre para combatir a los grupos criminales.
Esa unidad rinde cuentas directamente a Cabeza de Vaca, un funcionario a quien la Fiscalía ha acusado de nexos con grupos narcotraficantes, como el Cartel del Golfo, y tiene una investigación abierta en la Procuraduría General de México por presunto lavado de dinero.
En su toma de posesión, Cabeza de Vaca hizo énfasis en mejorar la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad fronteriza. Como parte de su segundo balance de gobierno, presentado en septiembre de 2018, Cabeza de Vaca mostró que entre agosto de 2017 y julio de 2018, un total de nueve agentes de la policía estatal de Tamaulipas recibieron capacitación técnica junto con varios agentes del estado de Texas y miembros de varios organismos federales, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection, CBP), entre otros.
El registro deja en claro que varios agentes de la unidad del CAIET entrenaron recientemente con agentes de orden público de Texas en el condado Starr, justo al otro lado de la frontera de Tamaulipas. En enero de 2019, el Fiscal del condado Starr Víctor Canales Jr. invitó al CAIET a participar en un intercambio de ideas, tácticas e información “sin precedentes” en la ciudad de Rio Grande, Texas. El video del adiestramiento muestra a agentes de seguridad del estado de Texas y a efectivos de operaciones especiales de Tamaulipas hombro a hombro en el adiestramiento táctico en operativos con armas de grueso calibre.
“Es la primera vez que hacemos un ejercicio de adiestramiento como este entre el Gobierno del estado de Tamaulipas y la Fiscalía de distrito del condado Starr”, señaló Canales Jr. El director del CAIET Félix Arturo Rodríguez Rodríguez añadió que ambas unidades trabajaban con el mismo objetivo: “combatir el crimen e impedir que se extienda”.
El entonces director del CAIET, Félix Rodríguez Rodríguez, da una entrevista durante el adiestramiento de 2019 en Texas. Foto: Insight Crime
Esos ejercicios a nivel estatal no están sujetos al mismo escrutinio que los federales, supeditados a la ley federal, según comentó Adam Isacson, director de supervisión en temas de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en conversación con InSight Crime. La Ley Leahy solo regula el adiestramiento, dotación o asistencia de otra índole brindada por los departamentos de Defensa o Estado estadounidenses a fuerzas de seguridad extranjeras mediante programas de asistencia en seguridad que usen dineros asignados mediante el Proyecto de Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras.
Rebautizo de una unidad en medio de las alarmas prendidas
En enero de 2019, poco después del ejercicio de adiestramiento en Texas, videos de vigilancia y tomados con teléfonos móviles captaron a varios agentes del CAIET presuntamente durante un secuestro de hasta siete integrantes de una familia en Díaz Ordaz, al sur de la frontera Estados Unidos-México en Tamaulipas. En los videos, que tuvieron amplia difusión en las redes sociales y el gigante informativo Televisa, puede verse cómo sacan a la familia de su casa por la fuerza y cómo se los llevan en un vehículo que aguarda.
Ese mismo mes, la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, difundió una circular sobre el CAIET. La circular de la DEA señalaba que el grupo estaba adelantando “operativos” en los cuales detenían a personas, que en la mayoría de los casos se encuentran desaparecidas e incluso fueron entregadas a grupos del crimen organizado”.
La fuerza de operaciones especiales se vio de nuevo envuelta en la controversia pocos meses después. A comienzos de septiembre de 2019, varios miembros del CAIET fueron acusados de secuestrar y golpear a ocho personas en Nuevo Laredo, a quienes obligaron a vestirse como sicarios y luego ejecutaron y pusieron armas en las manos para simular la escena de un tiroteo, según relatos de testigos recogidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hubo videos de ningún supuesto enfrentamiento con algún grupo criminal.
Por esa misma época, el Gobierno estatal de Tamaulipas estaba lanzando una nueva fase de una iniciativa binacional con las autoridades federales estadounidenses.
El Gobernador Cabeza de Vaca viajó a Washington, D. C. pocos días después de las presuntas ejecuciones extrajudiciales a reunirse con John Cornyn, senador estadounidense por el estado de Texas para hablar sobre temas de interés común, como la seguridad fronteriza y la cooperación entre las autoridades de Texas y Tamaulipas.
Luego, en octubre de 2019, el CBP relanzó una iniciativa propuesta originalmente en 2016 con el nombre de “Se Busca”, que sigue vigente actualmente. El programa consiste en la “divulgación, a ambos lados de la frontera, de una lista de 10 objetivos prioritarios”, entre otros. También incluye una línea de información abierta al público, y la inteligencia de la CBP se comparte con los funcionarios de seguridad de Tamaulipas.
Un vocero de la CBP comentó a InSight Crime mediante un mensaje de correo electrónico que el organismo ha “realizado varios ejercicios de entrenameinto con la policía del estado de Tamaulipas para acrecentar la colaboración y reforzar la seguridad a ambos lados de la frontera”. No es claro si esto incluyó las fuerzas de operaciones especiales. El vocero no especificó con qué organismos de orden público en Tamaulipas la CBP comparte inteligencia como parte de la iniciativa “Se Busca”.
En agosto de 2020, en medio de la controversia que rodeaba al CAIET en Tamaulipas, el Gobernador Cabeza de Vaca anunció la formación de un grupo de operaciones especiales supuestamente nuevo, el GOPES. Sin embargo, ese grupo comprende los mismos integrantes del CAIET, incluido su director, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez.
En la época de formación del grupo, Rodríguez fue citado en varios medios de noticias locales en Tamaulipas anunciando que la unidad recibió adiestramiento de Estados Unidos, aun después de que sus miembros fueron blanco de numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos a lo largo de 2019. El diario local El Mañana informó que después de haber recibido entrenamiento bajo la supervisión de la Secretaría de Marina de México, el GOPES fue “entrenado por expertos en seguridad del Gobierno de Estados Unidos en un curso de dos meses”.
No está claro quién exactamente dio ese entrenamiento. Ni el Departamento de Estado ni INL tienen registros de entrenamiento a unidades del GOPES o del CAIET de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Al momento de esta publicación, ni el Fiscal del condado Starr Canales Jr. ni el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas habían respondido a las solicitudes de comentario hechas por InSight Crime.
El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas respondió a InSight Crime en un mensaje de correo que no tenía información para dar. La Comisaría del condado Starr no respondió los múltiples pedidos de un pronunciamiento al respecto hechos por InSight Crime.
El diputado Henry Cuéllar, quien representa el Distrito Electoral 28 de Texas, que cubre el condado Starr y la ciudad de Río Grande, donde se realizó el entrenamiento del CAIET en 2019, dijo a InSight Crime que “no sabe de ningún entrenamiento [del GOPES]… que se hubiera realizado en el condado Starr” el año pasado.
En octubre de 2020, el diputado Cuéllar, junto con los funcionarios estadounidenses del CBP, la Autoridad de Aduanas e Inmigración (ICE), el departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado asistieron a la gran inauguración de una nueva instalación de seguridad pública en Reynosa. El GOPES tiene una base de operaciones allí y otra en Ciudad Victoria.
El diputado añadió que el Gobernador Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y los funcionarios estadounidenses han presionado para que haya “un esfuerzo cooperativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas para reforzar la seguridad en la frontera”.
Las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice el influyente diario norteamericano. El nuevo Sistema de Justicia Penal podría deshacer décadas de avances en la defensa de los derechos humanos, alerta New York Times: La situación de derechos humanos en el país es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada, dijeron expertos consultados por el diario.
Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Mientras el Gobierno de México parece indignado y protesta por las políticas agresivas de Donald Trump, en casa comenzó, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice hoy el diario New York Times, en un texto firmado por su corresponsal Azam Ahmed.
Expertos consultados por el medio estadounidense temen que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se deshagan décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en México. Resaltó la operación del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), para desmantelar esfuerzos que le han costado a la sociedad civil.
Desde el 2008 se determinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual cambiaría, entre varias cosas, los juicios escritos a orales. La transición culminó el 18 de junio del 2016.
“Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del Presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el Canciller Luis Videgaray pidiera al Gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”, destaca el diario.
El New York Times mencionó que aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de Estados Unidos— pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una Nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta.
Académicos jurídicos dijeron que esta contrarreforma permite al Gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio; que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento, y permite que los fiscales utilicen evidencia obtenida por medio de la tortura.
Según los expertos consultados por el medio, la iniciativa, que está a la espera en el Congreso, también fuerza al acusado a ofrecer evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.
“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo al New York Times Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.
Desde el 2008 se determinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que cambiaría, entre varias cosas, los juicios escritos a orales. La transición culminó el 18 de junio del 2016. Foto: Cuartoscuro.
Para el diario estadounidense, la legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno del Presidente Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.
En pocas palabras: el diario estadounidense puso a México como candil de la calle y oscuridad de su casa.
“Al promover la Marca País, el Gobierno ha creado una imagen de México como la de una Nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos —Naciones Unidas ha calificado de ‘generalizada’ la tortura por parte de las fuerzas de seguridad–, el mismo Gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo”, refiere el texto firmado por Azam Ahmed.
De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón. En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el Gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo.
Para el diario estadounidense, la legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno del Presidente Peña Nieto y del PRI. Foto: Cuartoscuro.
“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo al New York Times James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.
Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen, detalló el diario.
Añadió que además de esa propuesta, el PRI y legisladores de otros partidos promueven varias versiones de una ley que abriría la puerta a que el Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas participen en la implementación de la seguridad interior, un papel que los militares han desempeñado sin un marco legal desde hace una década, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.
“En México se han disparado los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Según datos oficiales, las fuerzas armadas matan a más combatientes de los que hiere, una letalidad desmedida: la Marina, por ejemplo, mata a treinta personas por cada una que hiere, una proporción que según expertos indica que hay ejecuciones sumarias”, sostuvo el medio.
El New York Times destacó que pocos soldados son castigados en México cuando cometen abusos. De las 4 mil quejas por tortura que ha revisado la Procuraduría General de la República desde 2006, solo 15 han resultado en condenas, lo que ha derivado en preocupación mundial sobre la impunidad y la disposición gubernamental para lidiar con los abusos a los derechos humanos.
“Esta ley es una respuesta a la pregunta que el mismo Gobierno se hizo: ‘¿Las fuerzas armadas necesitan el respaldo de una legislación para seguir haciendo lo que hacen?’”, dijo al diario Jan Jarab, el representante en México de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. “Pero la pregunta correcta es: ‘¿Deberían seguir haciéndolo? ¿Ese paradigma militar ha sido exitoso?’. La respuesta, por una amplia y apabullante mayoría, es no”.
Ayer el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe sobre la actuación policial a un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.
El 31.3 por ciento de 16 ministerios públicos estatales encuestados por Cidac consideró mala la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.
Las policías son el primer eslabón dentro del NSJP, encargado de proteger escenas del crimen y recolección de indicios. Mas el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.
México, 10 Nov (Notimex).- El senador Omar Fayad Meneses, del PRI, señaló que no se puede hablar de una reingeniería de la policía cuando el nivel escolar de la mayoría de los uniformados es la escuela primaria.
En el panel “reingeniería de las policías y el sistema nacional de seguridad pública”, explicó que los datos arrojan que en los perfiles, 68.3 por ciento de los policías apenas tienen la educación básica, pues de cada 10, siete cursaron la primaria; mientras que 1.9 son analfabetas; 25 por ciento tienen educación media y 4.5 por ciento educación superior.
Recordó que de acuerdo con el diagnóstico de la Policía, elaborado en 2012, en México hay 31 corporaciones estatales, una del Distrito Federal y mil municipales, con un total de 431 mil elementos.
De esos uniformados, 36 mil son federales, 202 mil estatales, 166 mil municipales, tres mil 500 ministeriales federales y 29 mil estatales, indicó durante el Cuarto Foro Nacional, “Sumemos más Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”.
También lamentó que las estadísticas arrojen que de cada 10 personas ocho piensen que la policía es corrupta, toda vez que “hay una percepción ciudadana ganada a pulso, justa o injusta, pero hoy la palabra policía, con estas cifras y datos, en todos los casos significa corrupción”.
En su intervención, el senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República, indicó que la fenomenología del crimen cambió sustancialmente y en consecuencia es difícil enfrentarla desde los parámetros habituales de entendimiento del crimen organizado vinculado al narcotráfico.
La única forma de enfrentar la inseguridad es generar capacidades en todos los órdenes gubernamentales, desde municipios, estados y federación, “porque la delincuencia en el país es más que narcotráfico, y es mucho más que trasiego de drogas”.
A su vez, el senador Alejandro Encinas señaló que no será la vía del retiro de los recursos para que los estados y municipios asuman su responsabilidad para que atiendan el problema de la inseguridad.
Comentó que no se necesita voluntad política, sino una decisión política firme e implementar el proceso de profesionalización, capacitación y desarrollo institucional de los cuerpos de seguridad de estados y municipios.
Encinas Rodríguez recordó que más de 80 por ciento de los municipios del país carecen de policías o se trata de cuerpos comunitarios, ello derivado de usos y costumbres, o bien las corporaciones tienen menos de cinco elementos.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
