El IMSS registró casi 500 mil empleos formales perdidos de los más de 1.1 millones en 2020, pero además quedan cerca de 1.4 millones de personas fuera de la población económicamente activa (PEA) al considerarse informales.
Pedro Pablo Cortés
Ciudad de México, 1 mayo (EFE).- Los trabajadores mexicanos llegan a este Primero de Mayo con un déficit de millones de empleos tras una lenta recuperación de la crisis que ha afectado de forma desproporcionada a mujeres, jóvenes e informales.
México aún debe recuperar casi 500 mil empleos formales de los más de 1.1 millones que perdió en 2020, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero además quedan cerca de 1.4 millones de personas fuera de la población económicamente activa (PEA) al considerarse informales.
Por ello, el déficit es en realidad de 2 millones de empleos con base en el cierre de 2020, reveló el reciente estudio “Los impactos distributivos del COVID-19 en México” del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), elaborado por Luis Monroy-Gómez-Franco.
“Si bien es posible que los empleos formales se recuperen relativamente rápido, aunque tampoco es lo que vemos en términos absolutos, el empleo total de formales e informales sigue sin recuperarse”, indica a Efe el también investigador de la Universidad pública de la Ciudad de Nueva York (CUNY).
El crecimiento económico de México avanzó un 0.4 por ciento intertrimestral entre enero y marzo de 2021. Foto: Cuartoscuro.
¿EN RECUPERACIÓN?
El crecimiento económico de México avanzó un 0.4 por ciento intertrimestral entre enero y marzo de 2021, un dato positivo pero escueto debido a la pandemia del coronavirus y a la segunda ola de casos que se padeció en ese periodo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que a mitad de año México recuperará los cerca de 20.5 millones de empleos formales que registraba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de la pandemia, que causó una contracción histórica de 8.2 por ciento del PIB en 2020.
“Hay indicios de crecimiento de la economía, está incrementándose la producción y las exportaciones. Entonces, esto es crecimiento económico con empleo”, aseguró el jueves pasado en su rueda de prensa matutina.
Pero un informe de BBVA México previó que el país solo creará un total de 564 mil trabajos formales este 2021 por lo que el empleo no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2022.
Además, el reporte calcula que la brecha del empleo formal es en realidad de 1.37 millones de plazas al considerar los puestos que el país habría tenido de seguir con la tendencia antes de la COVID-19 y que necesita el mercado laboral.
Pero un informe de BBVA México previó que el país solo creará un total de 564 mil trabajos formales este 2021 por lo que el empleo no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2022. Foto: Cuartoscuro.
Monroy-Gómez-Franco considera que la recuperación es “factible”, en particular por el crecimiento de la economía estadounidense, el avance de la vacunación y la normalización de las actividades económicas.
“Lo preocupante es el tipo de empleos que se están creando, ya con base los datos hasta 2020, la recuperación ha sido en los empleos principalmente en los de menor ingreso”, advierte.
CRISIS DESIGUAL
La investigación del CEEY cita que, tras la pandemia, hasta 60 por ciento de la población mexicana estaba en situación de pobreza ante una crisis que ha impactado más a los que menos tienen.
“Mientras que la población más pobre sigue teniendo un ingreso menor al que tenía al inicio de 2020, la población de mayores ingresos en términos laborales ya tiene un ingreso igual al que tenía al inicio de ese año, ellos ya se recuperaron de la crisis en ese aspecto”, menciona Monroy-Gómez-Franco.
En particular, la crisis ha afectado a las mujeres, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que dos de cada tres personas que salieron de la fuerza laboral en 2020 y no regresaron fueron mujeres.
El crecimiento económico de México avanzó un 0.4 por ciento intertrimestral entre enero y marzo de 2021. Foto: Cuartoscuro.
Mientras solo 41.8 por ciento en las mujeres en edad laboral trabajan, la proporción es de 74.3 por ciento en los hombres, según el instituto.
“No es igual para hombres y mujeres. Las mujeres han estado teniendo una reincorporación más lenta en el mercado laboral”, advierte María Ayala, investigadora de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Para la experta, “el dato más grave” es la brecha salarial entre hombres y mujeres que pasó de 680 pesos (34 dólares) a mil 100 pesos (55 dólares).
“La primera barrera es que las mujeres están saliendo menos a trabajar. Y la segunda es que aun las mujeres que están saliendo a trabajar tienen una brecha salarial más alta que la que tenían al principio del año pasado”, expone.
El país solo creará un total de 564 mil trabajos formales este 2021 por lo que el empleo no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2022. Foto: Cuartoscuro.
La asociación lanzó la plataforma Alianza Jóvenes con Trabajo Digno tras una investigación que encontró que, por la pandemia, casi 1 millón de ellos dejaron la escuela y más de 4 millones de quedaron desempleados.
La organización ha exigido acciones más contundentes al considerar que programas sociales del Gobierno, como el de becarios y aprendices Jóvenes Construyendo el Futuro, son necesarios, pero insuficientes.
“Es como ponerle un curita (tirita) a una herida enorme”, concluye Ayala.
“Me redujeron el salario”, “mi patrón me dijo que no hay dinero para mi sueldo”, “me corrieron y no me han pagado ni la quincena que trabajé”, “mi jefe me dijo que lo demande, que ahorita las juntas de conciliación están cerradas”… el 2020 podría cerrar con entre 3 y 6.2 millones de personas sin trabajo.
–Con información de Efrén Flores
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El Día del Trabajo en México cae en medio de una crisis de derechos laborales agudizados por la pandemia de COVID-19. Durante el último mes, miles de trabajadores han perdido sus empleos, han visto reducidos sus ingresos y se encuentran en la incertidumbre de saber si “la situación” se normalizará pronto o cómo será el tan ansiado regreso.
A inicios de marzo, cuando el coronavirus en México se convirtió en un tema serio, muchas empresas mostraron un rostro no esperado: no aguantaron ni una semana y comenzaron a despedir a trabajadores, a decir que “no había con qué pagar”, sin importar la edad o si se trataba de mujeres embarazadas.
Por otro lado, salieron las empresas a las que el virus era poca cosa y a contracorriente de todas las medidas sanitarias anunciadas día y noche, se aferraron a mantenerse abiertas, a costa de la salud de sus trabajadores y claro, de sus familias.
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El comportamiento de las empresas no ha sido el único problema. El trabajo informal golpea en la cara a todo el que puede quedarse en casa y se asoma por la ventana. Los albañiles, las señoras que venden quesadillas, el que bolea zapatos, la que vende pan dulce y café, los de los tamales, el de los cocteles de fruta… la pregunta de “¿cómo le estará yendo estos días?” retumba en la cabeza de muchos.
El Día del Trabajo en México cae en medio de una crisis de derechos laborales agudizados por la pandemia de COVID-19. Foto: Cuartoscuro.
Expertos sostienen que la pandemia vino a exhibir la precarización del trabajo en México, con una tendencia a que la situación se agudice y quedan dudas sobre la manera en que impactarán los programas sociales y los créditos del Gobierno federal.
La realidad, hoy en medio de la Fase 3 de Emergencia Sanitaria, es gente en la calle, en el Metro; tocando puertas para ver si adentro hay un jardín que podar; oficinistas en casa esperando el anuncio de la reducción salarial o el recorte. Si en años anteriores los 1 de mayo eran para reflexionar sobre el outsourcing y el sindicalismo, en este 2020, se suma el miedo de quedarte sin empleo de un día para otro.
LAS CIFRAS DEL EMPLEO
La crisis económica en México empeora con la pandemia de coronavirus. Al cierre del año pasado, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 3.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Esto significa que en el país hay 1.9 millones de personas que requieren, pero que no tienen trabajo.
Al final de 2020, la tasa de desempleo podría ser de entre el 5.3 y el 10.7 por cinto de la PEA, de acuerdo con proyecciones del Banco de México, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que en los próximos meses, entre 1.1 y 4.2 millones de personas perderán su empleo. Junto con los 1.9 millones de mexicanos que ya están desempleados, el país podría cerrar 2020 con una masa total de entre tres y 6.2 millones de personas sin trabajo.
En este contexto de emergencia y necesidad, la injusticia está a la orden del día. Despidos y recortes salariales injustificados, así como falta de indemnización y de prestaciones de ley, son las principales violaciones laborales denunciadas por trabajadores en México, en el marco de la crisis de COVID-19
SOBREVIVIR A LA PANDEMIA
Un empleador puede despedir a su empleado de manera justificada, ya sea porque perdió la confianza en el trabajador, por disposiciones del reglamento interno de trabajo, o por la comisión de faltas y/o delitos, y también pude despedirlo de forma injustificada, es decir, sin una causa razonable prevista por las leyes y reglamentos laborales o penales.
En ambos casos y a reserva de algunas excepciones, “procede algún tipo de indemnización”, dijo a SinEmbargo el coordinador del Colegio de Ciencias Jurídicas de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, Job Noel Romero. Para el abogado especializado en derecho laboral, la indemnización depende de la antigüedad de la persona en la empresa, de las prestaciones que haya devengado, pero que no cobró en su momento, y de los salarios que pudiera tener en bienes.
Cuando hay una controversia laboral, ya sea por despidos y recortes salariales injustificados, así como por falta de indemnización y de prestaciones, “típicamente existe la voluntad de la autoridad para evitar la saturación de la que padecemos en todo el sistema judicial”, de modo que las autoridades primero buscan una conciliación amistosa entre las partes, antes de proceder con un juicio.
Las cifras oficiales indican que entre enero y febrero de 2020, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) atendió 29 mil 33 asuntos de justicia laboral. Seis de cada 100 casos implicaron un proceso conciliatorio, y siete de cada cien, un procedimiento de juicio. El resto de los asuntos atendidos, es decir, 87 de cada cien casos, estuvieron relacionados con procesos de amparo y asesorías legales.
De acuerdo con Noel Romero, la primera etapa de conciliación, antes de la crisis de COVID-19, podía tardar entre 1.5 y 2.5 meses en ser resuelta. Una vez determinada la responsabilidad de la empresa, las autoridades suelen mediar entre las partes para que lleguen a un acuerdo, de modo que se ahorren un juicio “largo y tedioso”.
“Los juicios laborales duran en promedio dos años, dada la saturación de cargas de trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pudiéndose extender muchos años más en resolverse. Esta circunstancia juega siempre en contra del trabajador. Primero, porque desde el 2012 los salarios caídos sólo se pagan por un año que dure el juicio, sin importar si el mismo se extiende por mayor tiempo. En segundo lugar, porque justamente los trabajadores son quienes tienen la urgencia de un pago o restitución en su empleo, y al alargarse el juicio se le orilla a aceptar un mal arreglo, a un pleito que dure años”, explicó el abogado especialista en derecho laboral, José Alfonso Aparicio Velázquez.
Aunque en el caso de los juicios que prosperan suele haber “un porcentaje muy elevado” de casos resueltos por laudo o sentencia, Aparicio reconoció que aún hay “grandes dificultades en el cobro o ejecución de los laudos, dadas las artimañas de simulación y evasión que ejercen muchos empleadores”.
Los litigantes consultados por SinEmbargo coincidieron en que, dada la circunstancia de emergencia que vive el país, la etapa de conciliación se reduce sólo a casos de violaciones laborales a nivel constitucional –como lo son asuntos sindicales y temas de huelga– porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los juzgados están cerrados; y mientras esto suceda, “hay una laguna en la cual los trabajadores literalmente podrían ahogarse, porque si fueron despedidos de manera injustificada por una empresa, puede ser que no tengan en este momento, claramente, una autoridad a la cual acudir”.
Ante la situación, Romero explicó que el Gobierno está buscando que existan canales de comunicación para que las personas puedan quejarse, más que demandar un asunto, y por mucho recibir una asesoría legal. En ese sentido, “el Gobierno está rebasado” y no tiene forma de responder a la complejidad de la situación.
Por ello dijo que “se rompe absolutamente la normalidad, por dos aspectos fundamentales. Primero, por la situación de que todo el Estado esté parcialmente paralizado a causa de la emergencia sanitaria, que hace que se abran brechas por las cuales, quienes quieran y puedan faltar a la ética con su capital humano lo hagan. […] Segundo, por el espacio que encuentran estas empresas para reducir sus costos a costa de sus trabajadores”.
A esta circunstancia se añade la problemática de la transición de la justicia laboral, que hoy en día depende del Ejecutivo federal, pero que se busca pase a manos del Poder Judicial.
“En el decreto del Presidente de fecha 23 de abril de 2020, no se localiza como una actividad prioritaria la transición de la justicia laboral, misma que ya está saturada, y que en esta emergencia seguro se verá más mermada, desgraciadamente. Insisto, esta saturación sólo beneficia a los patrones que juegan a violar derechos laborales”, lamento Aparicio.
COVID-19 NO ES MOTIVO DE DESPIDO
Sobre los empleadores, los especialistas en derecho laboral refirieron que no existe justificación alguna para despedir personas por cuestiones relacionadas con la COVID-19, además que por cuestiones legales, éticas y solidarias, los negocios deberían “evitar a toda costa el despido”. Sólo en caso de contingencia sanitaria –que no ha sido declarada aún– existen mecanismos para reducir los salarios al mínimo y aplicar medidas laborales excepcionales. Mientras tanto, los empleadores deben negociar y respetar las condiciones laborales de sus trabajadores, además de proveerles medidas especiales de sanitización y prevención para la salud.
La vulnerabilidad por violaciones laborales en tiempos de coronavirus es grave. Pero la situación empeora tratándose de la población que labora en condiciones de informalidad.
En México hay 15.3 millones de personas ocupadas en el sector informal. Es decir, en “changarros” y negocios que no están registrados, que no pagan impuestos y que no le ofrecen a sus trabajadores las prestaciones básicas de ley. A esta cantidad de gente se suman 19 millones de mexicanos, que a pesar de tener un trabajo formal –como en el caso de trabajadores por honorarios o subcontratados– no tienen acceso a condiciones de seguridad social, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) al cuarto trimestre de 2019.
“¿Qué sucede en casos así? La ley prevé que una relación laboral existe cuando una persona está sujeta a las disposiciones de un tercero”, y según Romero, aunque no exista un contrato, “hay relación laboral por esta subordinación”.
Cuando un trabajador en circunstancia de informalidad sufre de alguna violación a sus derechos laborales, la ley también lo protege, dotándolo de una serie de características, que parten del testimonio del empleado, y conforme a proceso, deben de ser reconocidas o desvirtuadas por el empleador. A partir de este punto, la negociación y presentación de argumentos por las partes se insertan en un proceso de conciliación, e incluso de demanda, como cualquier otro trabajador.
Sin embargo, Aparicio recordó que a pesar de que este tipo de trabajadores tienen posibilidad de éxito en un juicio laboral, “las relaciones de trabajo en México cuelgan sobre alfileres y al contentillo de la buena voluntad de los patrones”. Al respecto, reiteró que “las leyes no sirven más que de buenas intenciones si no hay políticas públicas robustas, una inspección del trabajo fuerte –con más inspectores– y una nueva cultura laboral con incentivos para los empleadores”.
Tanto Romero como Aparicio coincidieron en que la crisis actual podría verse agravada por la falta de condiciones adecuadas de laborales, conforme a derecho.
“Es muy probable, y seguramente habrá estudios al respecto, que dado el gran porcentaje de informalidad, la pandemia de COVID-19 haya sido menos o más contenida. Los informales, muchos viven al día y eso provoca que no puedan resguardarse mayor tiempo y que se tengan que exponer al contagio y ser ellos mismos un foco del mismo contagio”, concluyeron.
Casi 32 millones de personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas; difícilmente pueden quedarse en casa si no reciben apoyo económico para subsistir, de acuerdo con los datos del Observatorio de Trabajo Digno.
Además, cerca de 18 millones de personas tienen empleos sin contrato estable, en riesgo de despidos sin indemnización y sin defensa en caso de reducción salarial o de prestaciones.
La encuesta, realizada también en Brasil, Francia, España, Estados Unidos y Portugal, revela que los empleados mexicanos son los menos conscientes del cambio económico que se gestará en los próximos años, pero según Rodrigo Assael, director general y fundador de Pinion Education -empresa especializada en el desarrollo de habilidades blandas- aunque el proceso de concientización va ligeramente más lento que en otros países, aún se está a tiempo para evitar que los trabajadores mexicanos queden rezagados.
Por Adriana Rodríguez Canales
Ciudad de México, 19 de febrero (EconomíaHoy).- A pesar de que en todo el mundo se tiene presente que el desarrollo económico de un país evolucionará de las manufacturas a la industria del conocimiento en la próxima década, pocos han implementado iniciativas para actualizar y preparar a sus trabajadores activos o a las nuevas generaciones.
De acuerdo con una encuesta publicada en 2019 por la plataforma de enseñanza en línea Udemy, en México 47 por ciento de los trabajadores cree que la inteligencia artificial y la automatización podrán desempeñar su trabajo en los próximos cinco años; y además 70 por ciento reconoce que tiene carencias que le impedirá adaptarse a los cambios que demandarán sus empleos en el futuro.
La encuesta, realizada también en Brasil, Francia, España, Estados Unidos y Portugal, revela que los empleados mexicanos son los menos conscientes del cambio económico que se gestará en los próximos años, pero según Rodrigo Assael, director general y fundador de Pinion Education -empresa especializada en el desarrollo de habilidades blandas- aunque el proceso de concientización va ligeramente más lento que en otros países, aún se está a tiempo para evitar que los trabajadores mexicanos queden rezagados.
“Hoy necesitamos hacer cambios que van a impactar dentro de 15 o 20 años en México. Todos los países están dentro de esta transformación y quienes lo logren de manera exitosa, serán las potencias del futuro”, indicó.
Otros hallazgos del estudio de Udemy respecto al mercado mexicano son que el 73 por ciento de los trabajadores creen que sus carencias en capacidades están mermando su productividad y 79 por ciento cree que algunos adultos no forman parte del mundo laboral actualmente porque no están dispuestos a readaptarse.
Además, sólo el 53 por ciento de los encuestados confía en las iniciativas del gobierno para readaptar a los empleados y ayudarles a ser competitivos en el mercado laboral actual.
Aunque la mayoría (82 por ciento) cree que su educación le ha preparado para la fuerza laboral, el 90 por ciento ha tenido que adquirir capacidades adicionales para poder desempeñar su trabajo de forma eficaz.
También se identificó que 49 por ciento de los mexicanos aprenden principalmente vía online y 35 por ciento través de la formación ofrecida por la empresa, y un dato relevante es que 71 por ciento de los encuestados dejaría su trabajo si no se le proporcionase formación para avanzar en sus carreras.
A pesar de la incertidumbre en torno a la economía global, el 79 por ciento de los encuestados cree que logrará más que sus padres en materia de desarrollo profesional.
Para el fundador de Pinion Education, los países deben enfocar sus esfuerzos no sólo en transmitir conocimiento técnicos a las personas, sino también en el desarrollo de habilidades blandas, es decir, aquellas que se ejecutan durante la realización de un trabajo pero que no están únicamente relacionadas con el conocimiento, como las habilidades sociales, de comunicación y de adaptación al cambio.
Assael señaló que el primer paso dentro de una economía es reconocer que se requiere una actualización de sus empleados, pero la mayoría de los países no sabe por dónde empezar.
“Por ejemplo en España, país donde estamos incursionando, no sólo se está tomando consciencia sobre la necesidad de actualizar a su base laboral presente, sino también a la futura, por lo que está buscando alternativas para desarrollar las habilidades blandas en los niños, pero aún están en proceso de descubrir estrategias que cumplan con esos propósitos”, comentó.
“Las escuelas de educación básica ya se están preparando y aunque algunas están enfrentando el reto eficientemente, otras no lo están logrando y unas más no tienen idea de cómo hacerlo, por lo que es un mercado abierto a la ayuda de expertos”, agregó.
En el caso de México, el desarrollo de las habilidades blandas ha tenido más eco en las escuelas privadas y en la educación pública aún no hay iniciativas para aplicarlas en sus programas oficiales.
Por Ley, los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo de hasta 40 días de salario, además de su “gratificación de fin de año”. Así, en promedio, la alta burocracia mexicana cerrará 2018 con 425.3 mil pesos netos más en sus bolsillos. En comparación con la mayor parte (75 por ciento) de los trabajadores nacionales que tienen ingresos de menos de uno a más de cinco salarios mínimos, los aguinaldos de la élite política son entre 17 y 321 veces mayores.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Para el 75 por ciento de los mexicanos (40.4 millones de personas) que percibe entre uno y cinco salarios mínimos mensuales, juntar los miles de pesos de aguinaldo que recibirán los altos funcionarios públicos de México, implicaría ahorrar la totalidad de su salario neto por un periodo de tres a 13 años, según su nivel salarial.
De acuerdo con el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los funcionarios públicos tienen derecho a un aguinaldo “equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna”.
A ello se suma la “gratificación de fin de año” que reciben junto con su aguinaldo. Dicha gratificación, que es proporcional a la “compensación garantizada” que reciben como parte de su salario, es asignada según su nivel de puesto y hasta por un monto equivalente a 40 días de trabajo adicionales (artículos 12 y 13 del decreto DOF:05/10/2018).
Por ejemplo, el Presidente de la República –según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018– tiene derecho a percepciones netas por 259 mil 627.58 pesos mensuales. De esa cantidad, el 20 por ciento es salario y el 80, compensación garantizada. Así, el primer mandatario tiene –o tenía– un aguinaldo de 82 mil 806 pesos, además de una gratificación de 340 mil 822 pesos.
Por fórmula, el aguinaldo neto del Presidente debería ser equiparable a 40 días de su salario neto (346 mil 170.11 pesos). Pero con el beneficio de la gratificación, esa cantidad se vuelve 22 por ciento mayor (asciende a 423 mil 628 pesos netos).
En comparación, el trabajador promedio, de acuerdo el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a un aguinaldo “equivalente a 15 días de salario, por lo menos”. Con un salario como el del 75 por ciento de la población, esta cantidad asciende a un mínimo de entre 1 mil 325.40 y 6 mil 627 pesos.
Los trabajadores que tienen ingresos de uno a dos salarios mínimos –como vendedores de mostrador (100 pesos diarios), albañiles (115), choferes de carga (118), mecánicos (120), trabajadores sociales (130 pesos diarios), entre otros– y que componen el 44 por ciento de la población económicamente activa (PEA) ocupada, tienen aguinaldos entre 160 y 320 veces menores al del Presidente.
A finales de febrero de 2018, hubo trabajadores que se manifestaron en contra del cobro del ISR en sus prestaciones y aguinaldo. La exención de impuestos de este tipo, también es un beneficio de Ley para los servidores públicos. Foto: José I. Hernández, Agencia Cuartoscuro.
La remuneración y prestaciones de los servidores públicos son adecuadas al “desempeño de su función”, porque “reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto”, o al “logro de resultados sobresalientes”, se lee en los artículos 127 constitucional, 64 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los apartados 3 y 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Este aspecto contrasta con los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), según los cuales, sólo el 39 por ciento de la población mexicana confía en los funcionarios públicos, cantidad superior a la confianza depositada en los gobiernos estatales (29.3) y federal (25.5 por ciento).
El tema de la reducción de percepciones y beneficios por parte de los servidores públicos cobró importancia derivado de las recientes medidas de austeridad, anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sin tocar el debate sobre una justificación real –o no– de los ingresos y beneficios que reciben los servidores públicos, en la Administración Pública Federal existe “un manejo discrecional” de los criterios que determinan la base salarial de los cargos públicos, concluye el estudio “Análisis de puestos y sueldos de personal de mando en la Administración Pública Federal 2018”, realizado por el profesor Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En su análisis de las estructuras organizacionales de las secretarías de Estado, Sánchez recomienda una revisión y redistribución de las estructuras orgánica y de remuneraciones en el sector público, con mecanismos “de evaluaciones del desempeño objetivas y un servicio civil de carrera funcional, para evitar la asignación de sueldos que no correspondan a las realidades y necesidades de la institución ni del servicio público”.
GRANDES INCENTIVOS
Desde la reforma (2009) al Artículo 127 constitucional, “ningún servidor público podrá recibir remuneración […] por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”.
El 5 de noviembre de este año, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 (sobre los tabuladores salariales en el PEF) y 127 constitucionales, entró en vigor tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, un mes después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró acciones de inconstitucionalidad en su contra y le dio marcha atrás.
A pesar de ello, el siguiente año “nadie ganará más que [Andrés Manuel] López Obrador como lo ordena la Constitución”, ya que en el PEF 2019 “se ajustarán los salarios” para garantizarlo, aseveró la semana pasada el Diputado Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Mientras el PEF 2019 entra en vigor, según los tabuladores para este año, aún hay funcionarios con ingresos superiores a los del Presidente de la República. Entre ellos están algunos magistrados de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como algunos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
En tales circunstancias estarían, por ejemplo, los magistrados del máximo tribunal mexicano, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos, quienes comenzaron a desempeñar sus funciones antes de la reforma de 2009.
Según las disposiciones de la base III del Artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, “en ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional”. Es decir, las partidas salariales no pueden ser modificadas con leyes posteriores a su establecimiento, salvo sea por orden del Poder Judicial.
Los tabuladores de la SCJN refieren que estos cuatro magistrados tendrían un salario máximo neto de 269 mil 215 pesos mensuales. Los otros siete magistrados que llegaron a la Suprema Corte después de 2009, tendrían un salario máximo de 159 mil 282 pesos mensuales.
En cualquier caso, ganarían más de los 108 mil pesos mensuales que AMLO dice ganar.
A reserva de los tabuladores de la SCJN, el PEF 2018 indica que los magistrados tienen salarios de 388 mil 290.75 y 247 mil 078.17 pesos mensuales, en comparación con los 259 mil 627.58 pesos de remuneración para el jefe del Ejecutivo Federal.
De este modo, un magistrado de la SCJN tiene derecho a un aguinaldo neto –que incluye la compensación garantizada– de 586.3 mil y de 385.6 mil pesos, según sea el caso. Esta cantidad sólo es igualada por los aguinaldos de algunos magistrados del TEPJF (entre 586.3 y 386.6 mil pesos) y de ciertos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (entre 586.3 mil y 378 mil pesos).
A ellos siguen los secretarios de Estado (563.9), los consejeros del Instituto Nacional Electoral (503.3), el Presidente de la República (423.6), el presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (418.7), el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (406.3), el Auditor Superior de la Federación (404.3), los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información (399.3), los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (393.4), los senadores (242) y diputados (140.5), además de los gobernadores (125.3 mil pesos, en promedio).
Inclusive para el 4.5 por ciento (2.4 millones de personas) de la PEA ocupada, que recibe más de cinco salarios mínimos mensuales (de 13.3 mil pesos mensuales en adelante), alcanzar el monto equivalente al aguinaldo promedio (425.3 mil pesos netos) de estos altos funcionarios públicos, es una labor titánica.
Una persona que gana 50 mil pesos mensuales, por ejemplo, tiene derecho a un aguinaldo de 25 mil pesos. El aguinaldo de un año de un alto funcionario público es, entonces, equivalente a 17 años de aguinaldo de un trabajador que gana 50 mil pesos al mes.
Inclusive, si este trabajador ahorrara todo su salario mensual neto, tardaría 8 meses y medio en obtener el monto neto de las gratificaciones de fin de año de la alta élite política de México.
El aguinaldo, para cualquier mexicano, es indispensable. Más si consideramos que el 43 por ciento de los trabajadores lo usará para comprar regalos, además del 24 por ciento que lo destinará al pago de la cena de Navidad y el 32 por ciento que lo ahorrará, según datos de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Este ingreso es de especial provecho para el 16.1 por ciento de la PEA ocupada (8.7 millones de personas) que se encuentra en “condiciones críticas de ocupación”, de acuerdo con el Inegi.
Dichas condiciones aluden a personas “que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos”.
Las Afores, instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSTE, llevan 20 años operando en México con uno de los más bajos niveles de montos dados a los trabajadores, por lo que el país ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas entre naciones de la OCDE.
Al ser el sistema de ahorro del retiro el segundo bien patrimonial del mexicano después de la vivienda, la Subsecretaria de Hacienda afirmó que las claves para contar con uno más productivo y competitivo es incentivar la formalización de los trabajadores, incrementar las aportaciones mediante incentivos y subir la edad de retiro actualmente en 65 años.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- A 20 años de operación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en México, economistas han expuesto que ante el aumento demográfico y de expectativa de vida, se debe incrementar el nivel de formalización de los trabajadores, aumentar la edad de retiro y desarrollar la educación financiera para garantizar un retiro digno, ya que en la actualidad se dan bajas y pocas pensiones por lo que México ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas entre naciones de la OCDE.
Las Afores, instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSTE, están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
SinEmbargo informó que las afores invirtieron, con dinero para el retiro, en proyectos de los empresarios Jerónimo Gerard, cuñado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, y de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del sexenio y relacionado con la Casa Blanca.
Durante la inauguración de la convención de Afores, la Subsecretaria de la Secretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, destacó “sería impensable concebir las reformas estructurales como la de telecomunicaciones o la energética si no pensáramos en este ahorro que se invierte en proyectos productivos en México”.
Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Carlos Noriega Curtis presidente de la Asociación Mexicana de Afores, y Rodolfo Gónzalez Guzmán, secretario general de la CROM, durante la inauguración de la Segunda Convención Nacional de Afores “Afore MX” y del “XV Seminario Internacional FIAP” llevada a cabo en el Centro Banamex. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Las Afores, instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSTE, están reguladas por la Consar. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Rubio expuso que el aumento en la expectativa de vida del mexicano ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una dependencia a la pensión por más tiempo.
Además, aunque ahora hay cinco trabajadores del IMSS por cada pensionado, y tres trabajadores del ISSSTE por pensionado, en los próximos años serán dos trabajadores por pensionado.
Al ser el sistema de ahorro del retiro el segundo bien patrimonial del mexicano después de la vivienda, la Subsecretaria de Hacienda afirmó que las claves para contar con uno más productivo y competitivo es incentivar la formalización de los trabajadores, incrementar las aportaciones mediante incentivos y subir la edad de retiro actualmente en 65 años.
Augusto Iglesias, socio de Primamérica Consultores, aseguró que el sistema de pensiones de América Latina, incluyendo México, padece dos debilidades: se pagan bajas pensiones a pocas personas en edad de retiro y los afiliados no entienden el servicio ofertado por las Afores, por lo que es “urgente” implementar una reforma de pensiones.
“En América Latina los nuevos sistemas de pensiones (el de México data de 1992) no convencen a la opinión pública de que pueden pagar buenas pensiones porque se pagan a poca gente y más bajo de lo esperado”, dijo.
En la región, la tasa de reemplazo con más de 25 años de cotización es en promedio entre 25 y 40 por ciento, no más de la mitad del salario que tenían antes de retirarse, documentó.
El economista chileno explicó que esto se explica por los altos niveles de informalidad en la región (en México la tasa es del 57 por ciento de los trabajadores) y por las reglas de pensión sobre el número de años que un empleado debe cotizar.
Iglesias llamó a aumentar el nivel de formalización laboral, postergar la edad de pensión-retiro, así como desarrollar el ahorro provisional voluntario.
Willem H. Buiter, economista en jefe de Citigroup, destacó que uno de los factores determinantes para un sistema de pensión funcional es la tasa de ahorro nacional.
La de México se ubica en 23 por ciento del PIB frente al 18 por ciento promedio de América Latina. El economista holandés evaluó que no es una de las “peores” a nivel mundial, pero no es suficiente. En China es del 48 por ciento, matizó.
“Debe haber una concientización de que el consumo después del retiro se financia a partir de ahorros personales”, aseguró Huiter.
Advirtió que el porcentaje de mexicanos de 65 años y más está por aumentar, ya que los de etapa productiva están envejeciendo. También coincidió con que la tasa de reemplazo para alguien que laboró durante más de dos décadas son muy bajas por lo que México ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas entre loa países de la OCDE.
Robert Kapito, presidente de Blackrock, sostuvo que América Latina tiene gran potencial porque su tasa de dependencia (personas menores de 18 años y mayores de 65 años) es baja y cuenta con una gran cantidad de trabajadores.
Para aprovechar esta oportunidad, dijo, se debe desarrollar la educación y alfabetización financiera ya que el 25 por ciento de los mexicanos ha dicho no contar con ella.
La tasa de ISR en el país se ubica en 9 por ciento y es la más alta de la región, que en varios países se ubica en cero. Incluso desde 2016, 14 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujeron el impuesto al trabajo, sin embargo, México tiene la legislación en materia sin reformarse desde 2008.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ha convertido en un castigo a la formalidad por ser elevado e ineficiente, por tal razón y frente a la aprobación del Paquete Económico 2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propondrá que 15.5 millones de trabajadores dejen de pagarlo de su salarios.
Actualmente, este impuesto se come mil pesos mensuales del salario bruto de los trabajadores y ha afectado seriamente al poder adquisitivo al no estar ajustado a la inflación. En los últimos 10 años, el ISR pasó de 7.7 a 10 por ciento por la inflación, mientras los salarios se mantienen.
La tasa de ISR en el país se ubica en 9 por ciento y es la más alta de la región, que en varios países se ubica en cero. Incluso desde 2016, 14 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujeron el impuesto al trabajo, sin embargo, México tiene la legislación en materia sin reformarse desde 2008.
“El ISR es alto e ineficiente y en consecuencia la informalidad se vuelve opción. El 70 por ciento de los hogares más pobres es el que contribuye con el 8 por ciento del ISR total”, comentó Ana Martínez, consultora y una de las realizadoras de la propuesta.
Agregó que este impuesto se convirtió en un castigo a la formalidad y afecta a los que menos ganan.
Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo
La propuesta del IMCO busca que los que ganan menos de 10 mil 200 pesos no paguen las cuotas fijas de ingreso.
Serían 15.5 millones de trabajadores beneficiados, es decir, el 74 por ciento de la fuerza laboral formal del país. Les significaría un ahorro de 950 pesos mensuales u 11 mil 400 pesos anuales, casi un aguinaldo extra.
A nivel nacional, serían 73.5 mil millones de pesos que servirían para la reactivación del mercado interno.
“Es una reforma fiscal al revés. El gobierno siempre busca espacios para recaudar más impuestos pero ahora es ver cómo dejarle dinero a las familias. La pobreza se combate así: aumenta el consumo y por lo tanto, hay más crecimiento económico”, señaló Juan Pardinas, director del IMCO.
Esta “reducción” fiscal afectaría poco, ya que de acuerdo con los cálculos de IMCO, Hacienda en los últimos años tuvo 170 mil millones de pesos extra en la recaudación y aún con la propuesta, les seguirían quedando 100 mil millones de pesos.
“Les quedan 100 mil millones de pesos y aún con eso pueden pagar la reconstrucción del sismo, seguir con sus frivolidades; no hay afectaciones al quitar el ISR a esos trabajadores. Las reformas fiscales no solo son para beneficiar al gobierno o gobernadores, sino a familias que están en el umbral de la clase media”, agregó Pardinas.
En septiembre pasado, la organización México, ¿Cómo Vamos? destacó que, a nivel estatal, el ingreso laboral mensual más alto durante el segundo trimestre de este año fue en Baja California Sur con 2 mil 989 pesos por persona; la Ciudad de México con 2 mil 550 pesos; y Chihuahua con 2 mil 377 pesos. En contraste, los tres estados con el menor ingreso laboral per cápita fueron tres estados del sur: Guerrero, con 983 pesos por persona; Oaxaca con 938 pesos por persona; y Chiapas, cuya población tuvo un ingreso de 898 pesos por persona.
Este año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento en el salario mínimo de siete pesos, por lo que pasó de 73.04 a 80.04 pesos. Sin embargo, organizaciones civiles coincidieron en que hay que retomar el compromiso y continuar la recuperación gradual del salario mínimo.
De acuerdo con un informe publicado en abril, México se ubicó en el último lugar de los 35 países que integran la OCDE, donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016.
Los trabajadores mexicanos ganan menos que los de Chile, donde se paga en promedio 20.51 dólares, Letonia, (25. 38) y Eslovaquia 29.9, revela un informe publicado por la OCDE.
Además, un informe difundido por el Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina detalló que el salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21 por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.
El 79 por ciento no puede acceder a ella, a pesar del aumento de 7 pesos al salario mínimo decretado a finales de 2016.
En México, donde cuatro de cada 10 personas vive en situación de pobreza, ocho millones de trabajadores ganan el salario mínimo de 80.04 pesos al día. Sin embargo, el salario mínimo real –que ya considera el aumento en los precios de bienes y servicios– fue de 63.50 pesos en junio, un 20.66 por ciento menos, de acuerdo con datos de la Conasami e Inegi.
La Coparmex, que ha solicitado un incremento del salario, expuso que si se aumenta a 92.62 pesos el próximo año, se cubriría el 98.6 por ciento de la línea de bienestar (canasta básica y servicios) establecida por el Coneval, es decir, mil 856 pesos en la zona rural y dos mil 857 pesos en la zona urbana al mes por persona. Con el actual solo se cubre el 85 por ciento.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El salario mínimo nominal que ganan ocho millones de trabajadores es de 80.04 pesos en este año, el tercero más bajo en América Latina, pero el salario mínimo real –que considera el incremento en la tasa de inflación durante este año– fue de 63.50 pesos en junio, un ingreso por debajo de la línea de bienestar, de acuerdo con las cifras más actualizadas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En junio de 2016, cuando el salario mínimo nominal era de 73.04 pesos diarios, el real era de 61.73 pesos considerando los precios de bienes y servicios, esto es, 11.31 pesos menos (15.48 por ciento). Este año la diferencia es de 16.54 pesos (20.66 por ciento).
“Tenemos el salario mínimo deprimido desde 1990 y ha perdido su poder adquisitivo en un 80 por ciento. Es alarmante que los aumentos salariales no se han hecho de acuerdo a la inflación; no se ajustan para alcanzar la paridad”, dijo el economista Sergio Saldaña. “A nadie le dicen ‘te hemos reducido tu salario’, pero al no realizar los aumentos salariales proporcionalmente a los inflacionarios, te lo reducen. ¿Dónde están los sindicatos y los partidos populares para defender el ingreso?”.
Existen tres vías de aumento de competitividad: la innovación científica y el desarrollo tecnológico, aumento de infraestructura productiva, y la reducción de salarios. Pero en México esta tercera fuente es predominantemente la que más han usado las empresas, con lo cual se castiga a los trabajadores y al consumo, consideró.
Luego de los gasolinazos y la depreciación de la moneda frente al dólar en los primeros meses del año, la inflación –el aumento generalizado y continuo en los precios de bienes y servicios– se ubicó en una tasa anual de 6.66 por ciento en agosto, la más alta desde 2001. Los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) estiman que termine el año en 6.24 por ciento, pero con tendencia a la baja en 2018. Aunque el economista Sergio Saldaña Zorrilla no lo descarta, destacó que es año electoral y el gasto público, que es inflacionario, se desatará.
“Una elevada inflación afecta en mayor medida a los grupos de población con menores recursos que, por lo general, tienden a mantener la mayor parte de sus ingresos en efectivo. Además, tiende a estar asociada con un deterioro en los salarios reales”, expuso el Gobernador de Banxico Agustín Carstens Carstens a finales de agosto.
La inflación en México se situó en 6.66 por ciento, el nivel más alto desde 2001, lo que ha reducido al salario mínimo real a 63.50 pesos, considerado por abajo de la línea de bienestar. Foto: Cuartoscuro
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este verano a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) una propuesta que tiene como meta que hacia el 2030 el salario mínimo general sea entre 162.35 y 194.68 pesos diarios, lo que según sus estimaciones permitirá cubrir el ingreso necesario para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia.
De acuerdo con la iniciativa privada, aproximadamente 428 mil personas que laboran en la economía formal reciben un salario mínimo general trabajando más de 40 horas a la semana, en tanto que en la economía informal 2.5 millones de personas reciben un salario mínimo, lo que representa un total de dos millones 928 mil.
Como primer paso, la Coparmex propuso a la Conasami que se estudie a fondo la posibilidad de aumentar a 92.62 pesos el salario mínimo el próximo año, con el fin de que recupere su poder adquisitivo real. El líder empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, justificó que con ese incremento se cubriría el 98.6 por ciento de la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo (Coneval) a julio de 2017.
Con el nivel actual de 80.04 pesos diarios sólo puede cubrirse el 85 por ciento de la línea de bienestar, la cual incluye una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. En la zona rural está en mil 856 pesos y en la zona urbana dos mil 857 pesos al mes por persona.
Respecto al salario de los 19 millones 172 mil trabajadores formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue de 337.37 pesos al día durante julio, de acuerdo con datos del IMSS.
A pesar de que en mayo, junio y julio se han registrado incrementos salariales contractuales de 4.7, 5.4, y 5.8 por ciento respectivamente, el salario contractual real ex post –que toma en cuenta la inflación anual– ha caído un -2.1, -1.8 y -1.9 por ciento en los meses referidos, revelan datos de Banxico.
Durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las partes estadounidenses y canadienses han propuesto incluir un capítulo laboral por el tema de los bajos salarios en México, lo cual implica una ventaja competitiva para el país por los menores costos de mano de obra que implica para las empresas trasnacionales.
Al cierre de la segunda ronda celebrada en la Ciudad de México, el jefe de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, reiteró que el nuevo TLCAN deberá beneficiar a los “más perjudicados” por el convenio trilateral, como los obreros, y mejorar las condiciones laborales en los tres países.
“Tenemos que atender las necesidades de aquellos perjudicados por el TLCAN actual, especialmente los trabajadores de manufactura”, afirmó Lighthizer en un mensaje a medios. Confió en que “eleve los estándares de vida de los trabajadores de México y Canadá”.
El Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, dijo que “el objetivo de toda negociación comercial es tener un impacto favorable en la calidad de los empleos generados y en el nivel salarial”. Pero ha recalcado que el tema salarial es un asunto interno.
El economista Sergio Saldaña dijo que además de no tener “autoridad” para negociar, las autoridades económicas mexicanas “no persiguen el beneficio nacional”, en este caso caminar hacia la convergencia de salarios de los tres países, y son “piezas débiles” frente a los otros dos socios comerciales.
Por el momento, la brecha salarial entre los tres socios comerciales es marcada. Un trabajador en Canadá gana un salario mínimo de alrededor de 10 dólares canadienses la hora (aunque puede ir aumentando con la antigüedad), un trabajador en Estados Unidos gana el mínimo de 7.25 dólares la hora y un trabajador en México, donde cuatro de cada 10 habitantes vive en la pobreza, obtiene 80.04 pesos al día.
“Quien trabaja no debe ser pobre. Hay una obligación constitucional por lograr un salario suficiente para mantener a un trabajador y su familia”, exigieron al Gobierno de México más de 80 organizaciones y 118 personalidades como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y el ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. Coincidieron en que el salario mínimo, de 80 pesos, aprobado para 2017 no cumple con la Constitución y tampoco es suficiente para garantizar la canasta básica.
Las ONGs exhortaron a las organizaciones patronales y sindicales a aprobar un monto salarial que cubra las necesidades de los trabajadores, al mismo tiempo que exigieron a las autoridades convocar cuanto antes a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para definir la cantidad.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Más de 80 organizaciones y 118 personalidades como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y el ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, exigieron al Gobierno de México un incremento urgente al salario mínimo de 14 pesos diarios y cubrir así “el costo de la canasta básica para una persona”.
“El salario mínimo de 80 pesos aprobado para 2017 aún no cumple con lo dispuesto en la Constitución. Tampoco es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para una persona”, destacaron este jueves en un comunicado difundido por la Acciono Ciudadana Frente a la Pobreza.
Este año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento en el salario mínimo de siete pesos, por lo que pasó de 73.04 a 80.04 pesos.
Los firmantes indicaron que el ajuste aprobado en diciembre pasado fue adecuado y positivo, sin embargo, hay que retomar el compromiso y continuar la recuperación gradual del salario mínimo.
“Las condiciones económicas lo permiten y de hecho lo recomiendan. No hay razones para posponerlo”, señalaron.
Indicaron que los datos muestran una tendencia muy positiva de fortalecimiento del mercado interno. De hecho, mencionaron, “hay un incremento sustancial en el consumo de bienes nacionales a costa del consumo de bienes importados por su encarecimiento como consecuencia de la depreciación del peso. También hay un incremento de la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional”.
Las organizaciones exhortaron a las organizaciones patronales y sindicales a aprobar un monto salarial que cubra las necesidades de los trabajadores, al mismo tiempo que exigieron a las autoridades convocar cuanto antes a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para definir la cantidad.
“Exhortamos a las organizaciones patronales y sindicales a aprobar el ‘Monto Independiente de Recuperación’ que sea suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para una persona, y por tanto acordar el incremento al salario mínimo correspondiente”, puntualizaron.
Las razones normativas, morales y sociales para garantizar un salario suficiente cobran aún mayor relevancia en el contexto actual, destacaron los firmantes.
“Quien trabaja no debe ser pobre. Hay una obligación constitucional por lograr un salario suficiente para mantener a un trabajador y su familia”, dijeron.
Las organizaciones señalaron la histórica decisión tomada en diciembre de 2016 de incluir por primera vez un “Monto Independiente de Recuperación” con valor nominal para iniciar la recuperación gradual del salario mínimo ha mostrado sus beneficios.
“Hay un compromiso aprobado para hacer la recuperación durante 2017, así como para revisar las condiciones para hacerlo en mayo”, refirieron.
Precisaron que el dato más reciente del costo de la canasta básica para una persona, al mes de abril, es de 94 pesos al día, sin embargo, con el nuevo Monto Independiente de Recuperación, el ajuste al salario mínimo debe ser de 14 pesos por día.
Las organizaciones pidieron al Gobierno de México un incremento al salario mínimo de 14 pesos diarios. Foto: Archivo Cuartoscuro.
De acuerdo con un informe publicado en abril, México se ubicó en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016.
El trabajo mexicano se paga en promedio de 14.63 dólares, muy por abajo de la media, la cual es de 50.21 dólares.
Los trabajadores mexicanos ganan menos que los de Chile, donde se paga en promedio 20.51 dólares, Letonia, (25. 38) y Eslovaquia 29.9, revela un informe publicado por la OCDE.
Un informe difundido por el Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina detalló que el salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21 por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.
El 79 por ciento no puede acceder a ella, a pesar del aumento de 7 pesos al salario mínimo decretado a finales de 2016.
De acuerdo con el Informe del Observatorio, México es el país que tiene una mayor distancia entre el salario y la línea de pobreza y en términos de poder adquisitivo, tenemos un salario más bajo que Guatemala.
Actualmente el 74 por ciento de la población pobre lo es por el factor de los ingresos, mientras que la pobreza general aumentó 3 puntos porcentuales, según el estudio realizado por la Ibero, situándose en 65 por ciento total de la población.
Desde 1917, la pensión es un derecho constitucional. Sin embargo, en el marco de un aumento de la población de adultos mayores y más esperanza de vida, se hace insostenible porque actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.
El sistema de pensiones es desigual entre individuos y generaciones porque más del 50 por ciento del presupuesto destinado para el pago de éstas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución del gobierno que representan el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El sistema de pensiones mexicano es desigual, insostenible y poco transparente, y lo seguirá siendo hasta 2120 cuando se extinga la obligación de pagar con ingreso público las pensiones de las generaciones de transición.
Ante ello es urgente una discusión pública para establecer políticas que enfrenten este problema a largo plazo e intergeneracional que no es a futuro, sino ya está aquí, determinó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Desde 1917 la pensión es un derecho constitucional. Sin embargo, en el marco de un aumento de la población de adultos mayores y más esperanza de vida, se hace insostenible porque actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.
Si se considera que el 3.9 por ciento del PIB viene de la recaudación del IVA, y los ingresos tributarios del gobierno ya son más que los ingresos petroleros, el pago de pensiones “se irá comiendo” el espacio fiscal y eso orillará a mayores recortes al presupuesto de la salud y educación, alertó Héctor Villareal, director del CIEP.
La directora de gasto público, Sunny Villa, dijo que el sistema de pensiones es desigual entre individuos y generaciones porque más del 50 por ciento del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución del gobierno que representan el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas.
El déficit por pago de pensiones en 28 universidades públicas estatales equivale al 2 por ciento del PIB, por lo que se necesitaría tres veces el presupuesto de educación superior para saldarlo. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo.
Entre lo asignado por pensionado, entre la CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro, los alrededor de 2 millones de beneficiarios reciben 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un trabajador pensionado del IMSS, destacó Villa.
Dado los niveles salariales en el país, los trabajadores privados que cotizan ante el IMSS pueden ahorrar para su pensión un 6.5 por ciento frente al 11.3 por ciento ahorrado por trabajadores del gobierno, expuso Alejandra Macías, coordinadora de pensiones del CIEP.
La investigadora Sunny Villa afirmó que el sistema de pensiones también es poco transparente en los esquemas de pensiones de las universidades y de las entidades federativas, principalmente en Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.
El déficit por pago de pensiones en 28 universidades públicas estatales equivale al 2 por ciento del PIB, por lo que se necesitaría tres veces el presupuesto de educación superior para saldarlo.
De no existir alguna reforma para el pago con ingreso público de las 5 millones de pensiones de beneficio definido que se extinguirán hasta 2120, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales -el sistema creado después de la ley de 1997 en sustitución del sistema de reparto- terminarán pagando no solo sus propias pensiones, sino también la de las generaciones pasadas, concluyó Villareal Páez.
Ante ello, llamó a que la Secretaría de Hacienda evalúe el tamaño del pasivo contingente pensionario, impulsar el ahorro voluntario y unificar las reglas ya que, dijo Alejandra Macías, hay más de mil subsistemas pensionarios, entre ellos, el del IMSS, ISSSTE y Pemex, en vez de una política pensionaria.
Es fácil ser un adicto al trabajo, pues los mismos ambientes laborales estimulan que sus empleados busquen mayor estatus y reconocimiento, aunque tengan que sacrificar aspectos sociales, familiares e incluso su salud, para lograrlo. Experto de la UNAM explican cómo reconocer a un workaholic.
Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo/AgenciaConacyt).– ¿Qué es lo que de verdad importa?, ¿de qué tienes miedo?, ¿cuáles son tus otros sueños?, ¿quién eres aparte de tu título y tu sueldo?, ¿cuánto dinero es suficiente?, ¿cuándo fue la última vez que tuviste vacaciones y te desconectaste de toda la tecnología que usas diariamente?
Los motivos para trabajar son diversos y las preguntas sobre ello infinitas; sin embargo, el individuo que tiene vida laboral activa experimenta diferentes tipos de presiones en el ambiente de trabajo, así como la necesidad de distinción en su desempeño con el objetivo de subir de categoría, mejorar los ingresos u ocupar un mejor puesto.
Durante las últimas tres décadas, investigadores alrededor del mundo han indagado en el área de estrés laboral y las variables que generan formas de comportamiento que, bajo diferentes circunstancias, reciben distintas nomenclaturas en las que se incluyen la adicción laboral, obsesión o pasión por el trabajo, “entrega” o síndrome de la alta productividad y que en cada uno de estos casos hay una relación directamente proporcional con altos niveles de desempeño.
Es así como se tiene definido con un término específico a este grupo de individuos que, en aras de buscar un mayor estatus y reconocimiento laboral, pueden llegar a descuidar aspectos sociales, familiares e incluso de su propia salud para lograr dicho objetivo y son los workaholics o trabajólicos.
Para Adrián Cano, especialista de la Clínica de la Universidad de Navarra, si trabajas más de 10 horas al día, es decir, entre 50 y 60 horas a la semana, puedes considerarte un trabajólico: ellos ponen su oficio por encima de todo, incluso llegan a tener pensamientos obsesivos, abandonan actividades lúdicas, sociales, familiares o conyugales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país más estresado, el que más horas trabaja al año y a pesar de eso, el menos productivo de los países de sus miembros.
Otro factor que lo distingue es el predominio de “empresas tóxicas” que promueven y premian prácticas que no necesariamente aseguran productividad ni atienden la salud. “Dentro de nuestra cultura laboral mexicana, se suele confundir cantidad con calidad y se lleva a los trabajadores a sobresaturarlos de actividades con un horario más amplio de lo que debería ser y ese tipo de acciones se premia”, comentó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Erika Villavicencio Ayub.
LOS ANTECEDENTES
La investigadora Erika Villavicencio Ayub. FOto: Agencia Conacyt
Se puede decir que la adicción al trabajo es un tema de estudio relativamente nuevo, pues comenzó a ser analizado como una patología a partir de los años 80 por medio de un antecedente llamado síndrome de Karoshi o de fatiga crónica.
Aunque los análisis oficiales se remontan a la década de los 80, fue el psicólogo estadounidense Wayne Oates quien inició con las indagaciones relacionadas con la adicción al trabajo a finales de la década de 1960 y que la definió como aquella necesidad incontrolable de realizar excesiva e ilimitadamente acciones ligadas a la actividad profesional.
Posterior a estos estudios y como una vía para dar a conocer más del tema, publicó el primer libro que habla abiertamente de la adicción al trabajo: Confessions of a workaholic. El término tuvo una gran popularidad y pasó a traducirse en castellano como trabajólico.
UN TRABAJÓLICO ES…
Todos aquellos “adictos al trabajo” o trabajólicos a simple vista tienen un difícil diagnóstico, ya que de acuerdo con los especialistas y a diferencia de otras patologías adictivas, esta dependencia encuentra un consenso social y familiar que apoya y promueve esta adicción.
El doctor Adrián Cano, especialista de la Clínica de la Universidad de Navarra, mencionó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que una persona adicta al trabajo se caracteriza fundamentalmente por dedicar mayor tiempo de lo necesario a las tareas laborales.
“Si trabajas más de diez horas al día, es decir, entre 50 y 60 horas a la semana, puedes considerarte un trabajólico. Por decirlo de una manera, los trabajólicos ponen su oficio por encima de todo, incluso llegan a tener pensamientos obsesivos, abandonan actividades lúdicas, sociales, familiares o conyugales”, explicó.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 30 a 35 por ciento de los empleados del mundo es trabajólico y el resultado fue determinado por el análisis de las horas de trabajo de las personas encuestadas.
¿CÓMO SABER SI SOY WORKAHOLIC?
La doctora y coordinadora del área de Psicología Organizacional de la UNAM, Erika Villavicencio Ayub, mencionó en entrevista que el perfil de un trabajólico es variado pero generalmente tiene el llamado perfil tipo A.
Explicó que las personas con este perfil son aquellas más competitivas, perfeccionistas, tienen problemas con delegar obligaciones o trabajar en equipo, pueden llegar a tener dos empleos o combinar el estudio con trabajo.
“Tienden a ser muy individualistas, obsesivos; además de que hay una serie de conductas que se van sumando, como el consumo de cigarro o alcohol, mala alimentación, entre otras características que buscan no distanciarse de la actividad laboral”, comentó Villavicencio Ayub.
También existen mujeres que son amas de casa y que además tienen trabajos fuera del hogar. Este tipo de personas suele descansar poco y trabajar más de su horario normal, en su tiempo libre o vacaciones, y no pueden desconectarse de su trabajo ni siquiera en la enfermedad.
Bryan Robinson, psicoterapeuta y autor de numerosos libros basados en estrés laboral y trabajolismo, define la adicción al trabajo como un trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta en la forma de exigencias autoimpuestas, inhabilidad de regular los hábitos de trabajo y una sobregratificación que llega al grado de excluir casi todas las demás actividades de la vida.
Robinson menciona en un artículo publicado en The New York Times que básicamente hay cuatro raíces en la adicción al trabajo. Se empieza desde la infancia y buscan compensar la idea de sacar de “pobre” a la familia y argumentos similares, culturalmente el trabajo es visto como sufrido y los factores sociales refuerzan su desarrollo.
LOS JEFES TÓXICOS
La doctora Villavicencio Ayub ha dedicado parte de sus investigaciones al análisis de las áreas relacionadas con salud ocupacional y estudia variables como la adicción al trabajo, estrés laboral, presentismo, aburrimiento laboral y algunas vertientes de salud.
“La idea de estudiar el fenómeno de los adictos al trabajo surge de la experiencia que tengo con las empresas, y en ellas he visto cómo en la misma cultura predomina una constante que nos permite llamar a estas corporaciones como empresas tóxicas”, explicó.
Después de aplicar una encuesta a un total de tres mil trabajadores de distintas empresas mexicanas, el grupo de investigadores, que es encabezado por la doctora Villavicencio, permitió encontrar el perfil de las empresas denominadas como tóxicas.
En este tipo de empresas se premian dichas conductas dañinas a la salud del trabajador, “comenzamos a identificar qué tanto esas conductas se convierten en trastornos ocupacionales, entre ellos la misma adicción”.
Según los resultados de este estudio, las empresas tóxicas carecen de programas de balance de vida y trabajo, además de no contar con una estructura organizacional en función de cargas y responsabilidades y, por si fuera poco, tienden a restringir prestaciones.
Algunas de las características de las condiciones laborales que pueden contribuir a la aparición de trabajólicos es la falta de horarios fijos y que estos no se respeten, “si tu horario es de 9 a 6 de la tarde, los ejecutivos ven mal que te vayas a tu hora porque suponen que no estás comprometido”, mencionó Villavicencio Ayub.
El ambiente laboral donde hay mucha competencia es otro factor que fomenta la “absorción” total del empleo, aquel que está todo el tiempo disponible y conectado con el mismo y que está dispuesto a dejar en segundo plano otras necesidades de vida con tal de responder al trabajo.
“Los mismos superiores promueven que esta adicción se presente, ya que son ellos los que buscan al empleado fuera del horario laboral o piden estar al pendiente fines de semana por correo o por mensaje”, continúa.
De acuerdo con algunas cifras de las encuestas aplicadas por el equipo de estudio de la doctora Villavicencio, 85 por ciento de las compañías premia estos comportamientos y mencionó que la cultura laboral del país ha confundido la adicción al trabajo con el compromiso.
“El uso de la tecnología también ha traído varios trastornos, como por ejemplo el tecnoestrés, que es otra de las variables que yo estudio, y en un trabajólico aumenta entre cinco y veinte horas a la semana de trabajo gracias a que está conectado vía correo o redes sociales”.
¿COMPROMISO O FALSA PRODUCTIVIDAD?
“Con un promedio total de horas año que establece la OCDE de mil 170, México ocupa el primer lugar de horas laborables con dos mil 237 horas, pero para ser productivo no necesariamente hay que hacer demasiadas cosas o trabajar muchas horas”, mencionó Rodrigo Peniche, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Los empleados en México tienen aproximadamente un promedio de trabajo de 48 horas a la semana; además es el país con el salario mínimo más bajo, con un dólar de ganancia por hora y las extensas jornadas laborales no se ven reflejadas en la productividad.
De acuerdo con estos datos, especialistas explican que la fatiga y el estrés que provoca el trabajo de tiempo extra propicia a que el empleado cometa una serie de errores que se deberían corregir con mayor tiempo de trabajo.
“Dentro de nuestra cultura laboral mexicana, se suele confundir cantidad con calidad y se lleva a los trabajadores a sobresaturarlos de actividades con un horario más amplio de lo que debería ser y ese tipo de acciones se premian”, comentó Erika Villavicencio.
ADICCIÓN SIN REMUNERACIÓN
De acuerdo con Rodrigo Peniche, ser un adicto al trabajo o trabajólico tiene consecuencias de varios tipos y estas se dividen en conductuales, físicas y psicológicas.
“En toda la parte conductual engloba el consumo de sustancias, mala alimentación, irritabilidad, individualidad y aislamiento, lo que trae a su vez mayor índice de divorcios, problemas familiares, etcétera”, mencionó el especialista.
Con la parte psicológica o emocional, la gente se vuelve irritable. Por más esfuerzo hecho no consigue resultados y eso lleva a un nivel elevado de frustración, lo que corresponde a que la persona dude de sus propias capacidades. “Es decir, por el mismo desgaste acumulado, se le hace más difícil ser productivo y, por ende, parece que ya no es tan capaz como solía ser”.
Dentro del aspecto biológico o físico, la persona se comienza a enfermar más, hay pérdida o aumento de peso, además hay otros trastornos provocados por este mismo problema, como dermatitis, colitis, migrañas, entre otras enfermedades.
Las consecuencias de estas acciones son trastornos de sueño, enfermedades por causa de la sobrecarga de trabajo y desgaste que van adquiriendo, además de que son personas que tienen un significado distorsionado de lo que implica tener un compromiso laboral.
“Como son personas que no tienen horarios y postergan otro tipo de situaciones de la vida como el deporte, entretenimiento, descanso y alimentación, tienen afectaciones que desequilibran al organismo y pueden llegar a los trastornos más fuertes que es el conocido Karoshi, este término se acuñe a la muerte por infarto al miocardio”, explicó Erika Villavicencio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que nuestro país registra aproximadamente 75 mil infartos al año, de los cuales 25 por ciento está relacionado con alguna enfermedad producida por estrés laboral.
No existe una profesión específica que se pueda asociar con más o menos trabajólicos, depende mucho del tipo de personalidad de cada individuo y aunque no exista un clima laboral en las empresas que no favorezca la adicción, existen personas que lo desarrollan de acuerdo con la condición del trabajador.
Según los expertos, la condición de vida también influye en el desarrollo de la adicción, ya que para algunos el trabajo es el refugio de alguien que tiene problemas en su hogar, entonces la persona prefiere trabajar que llegar a casa y enfrentar la situación.
La gente que es adicta al trabajo lo es principalmente porque involucrarse en sus tareas laborales le permite estar tranquilo de otras áreas de su vida.
“Hay varios factores que pueden dar cabida a que este tipo de adicción se desarrolle. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Yo creo que hay que entender que la adicción al trabajo no es equitativa al compromiso laboral y que la productividad se mide de otra forma”, subrayó la doctora Villavicencio.
Otra de las consecuencias que se producen por el trabajolismo es el aumento en la cantidad de divorcios e incluso en el sobrepeso y obesidad, pues hay una tendencia a mantenerse sedentario y pasar muchas horas sin hacer actividad física.
REESTRUCTURAR EL PLAN DE TRABAJO
Es necesario ser más productivo sin llenarse de actividades, tener claridad de cuál es el objetivo e indicador que hay que cumplir y no llegar al aburrimiento o presentismo, que son otros trastornos que van de la mano por la misma adicción.
Los especialistas sugieren que las organizaciones tienen que reestructurarse, pues el modelo que están siguiendo les funcionó en su momento, pero hoy día hay otra variable que debe tomarse en cuenta y son las generaciones.
“La fuerza laboral de estos días son los millenials, ellos traen una estructura mental distinta y están demandando que las organizaciones se ‘pongan las pilas’ para ofrecer condiciones laborales más frescas y óptimas hacia lo que ellos buscan que es un balance de vida, cosa que no era tan común en la generación X ni en los baby boomers”, comentó Erika Villavicencio.
De acuerdo con la experta, las empresas deben tener un perfil de puesto muy adecuado para no emplear gente a quien le quede grande o chico el perfil, deben tener el acompañamiento de una buena capacitación para dotar a los colaboradores de las herramientas necesarias no solo para hacer su trabajo sino para conocer la cultura laboral y, en el caso de los líderes, para formarlos como tales y que aprendan a comunicarse, delegar y retroalimentar, pues muchas veces son ellos los que ocasionan estos trastornos.
Además, es necesario que las corporaciones tengan una estructura organizacional muy clara en función de cargas de trabajo y con ello asignar objetivos igual de claros para que la gente comience a trabajar con base en ellos y que no estén ligados a horarios.
“Inclusive hay profesiones en las que no es necesario tenerlos en la oficina ya que pueden hacer el trabajo a distancia y es algo que los millenials demandan. Todos estos puntos son condiciones laborales óptimas que producen un balance de vida y trabajo”.
Las empresas que cuidan a su personal son exitosas en todos los sentidos y tienen un personal que desempeña su trabajo de manera productiva y comprometida sin necesidad de caer en el trabajolismo.
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