La SSC reveló que la persecución por las azoteas se debió a una denuncia por una presunta extorsión y secuestro en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, compartió este jueves el video de una persecución policiaca por azoteas de inmuebles del CentroHistórico para detener a tres presuntos delincuentes.
El operativo de búsqueda y localización ocurrió la tarde del miércoles en las calles República de Perú y República de Brasil de la colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc.
“Compañeros de SSC [Secretaría de Seguridad Ciudadana] atendieron una denuncia en la Alcaldía Cuauhtémoc y liberaron a una persona retenida por tres hombres”, escribió Harfuch en su cuenta de Twitter.
En la grabación que circula en redes sociales, se observa a los policías armados persiguiendo a los presuntos delincuentes, a quienes alcanzan más adelante.
Compañeros de @SSC_CDMX atendieron una denuncia en @AlcCuauhtemocMx y liberaron a una persona retenida por 3 hombres, para evitar su detención huyeron por las azoteas de los domicilios en la colonia #Centro, nuevamente Policías que entregan todo en servicio lograron detenerlos. pic.twitter.com/de88pdQJ35
De acuerdo con la SSC, las órdenes de aprehensión resultaron de una denuncia penal que realizó un hombre ante el Ministerio Público por el presunto delito de extorsión
Al ser atrapados, los elementos acorralaron a los criminales, los tiraron al suelo de la azotea y los esponsaronn. Además, en el mismo lugar, la policía capitalina liberó a una persona secuestrada por los presuntos delincuentes.
“Para evitar su detención huyeron por las azoteas de los domicilios en la colonia Centro, nuevamente policías que entregan todo en servicio lograron detenerlos”, agregó el jefe de la Policía de la CdMx.
La SSC-CdMx reportó que el hombre liberado declaró a las autoridades que hace unos días fue víctima de robo cuando le quitaron una motocicleta, pero luego una persona lo contactó para entregársela a cambio de dinero, sin embargo, lo amenazaron con una pistola, lo subieron a una motoneta y lo trasladaron a un domicilio.
Un individuo identificado como Fernando “N” murió durante la madrugada de este lunes durante una persecución con integrantes de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas; pobladores reaccionaron con protestas tras la muerte del sujeto, quien llevaba a cinco migrantes durante el momento del ataque.
Por Edgar H. Clemente
TAPACHULA, México, 1 de agosto (AP).— Un presunto traficante de migrantes murió durante una persecución de la policía de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en el sur de México, lo que generó protestas y la quema de una patrulla por parte de los pobladores.
La persecución se produjo cuando la policía le pidió al conductor de una camioneta Ford 150 que se detenga y éste siguió de largo el control.
Un funcionario de la Fiscalía, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar el caso, indicó que desde la camioneta hubo disparos contra la policía por lo que los agentes abrieron fuego contra el vehículo y mataron a un presunto traficante de migrantes identificado como Fernando “N”.
En el vehículo viajaban cinco migrantes cuyas nacionalidades e identidades no fueron informadas por las autoridades.
En protesta por la muerte los pobladores de la zona incendiaron una patrulla policial.
La Fiscalía de Justicia del Estado informó en un comunicado que el chofer de la camioneta —identificado como Marcelino “N”— contó que habían recogido a los extranjeros en Comitan de Domínguez, a 100 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Por el homicidio la dependencia abrió una investigación y envió un equipo a la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.
La región de Chiapas es otra de las rutas alternas menos visibles utilizadas por los traficantes de migrantes. La atención mediática se ha centrado en la ruta del Pacífico por las protestas masivas de migrantes a través de caravanas que buscan avanzar hacia Estados Unidos.
El diario nicaragüense, el cual ha sido crítico al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, señaló agresiones contra colaboradores, pues los domicilios de dos periodistas fueron allanados, mientras que dos choferes de La Prensa fueron encarcelados sin ningún motivo.
Por Gabriela Selser
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio (AP).— La policía de Nicaragua mantiene en prisión a dos choferes del diarioLa Prensa y allanó las viviendas de dosperiodistas, horas después de que estos cubrieran la salida del país de 18 monjas católicas expulsadas por el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, se informó el viernes.
Un empleado de La Prensa confirmó a The Associated Press que el equipo periodístico que el jueves cubrió la expulsión de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad —fundada por la madre Teresa de Calcuta—, cuya asociación en Nicaragua fue clausurada hace unos días, fue “perseguido” por la policía y sus viviendas fueron allanadas.
Asimismo, dos conductores del diario fueron arrestados y llevados a la cárcel policial de El Chipote, donde aún permanecen, dijo la fuente, que solicitó guardar el anonimato por motivos de seguridad. A los familiares no se les explicó por qué los detuvieron y a sus abogados no se les permite verlos, señaló.
El diario La Prensa es conocido por sus posiciones críticas al Gobierno de Ortega y en la actualidad sólo circula en forma digital, ya que sus instalaciones permanecen ocupadas por la policía desde hace casi un año.
🔴 Estamos ante un ataque más para callarnos. Exigimos al régimen que respete las leyes. Que se libere a los detenidos y cese la persecución contra el personal del Diario. https://t.co/24bkfgX5Bs
Ambos choferes “están en El Chipote, lo sabemos porque a sus familiares les reciben el agua y la ropa que les han llevado. Les han dicho que están siendo investigados; no les dicen nada más”, agregó la fuente.
Dijo que si bien el diario cuenta con abogados para la defensa de los detenidos, “la dictadura no los reconoce y aparentemente les nombrarán defensores públicos”.
El Gobierno de Nicaragua no ha brindado información sobre los arrestos y allanamientos, que la dirección del periódico ya denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa, según la fuente. Dijo que la policía sustrajo una computadora de una de las viviendas allanadas.
En agosto de 2021, las instalaciones de La Prensa fueron ocupadas por la policía, que detuvo a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en medio de una ola de arrestos de medio centenar de opositores. Todos continúan presos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el mandatario de 76 años se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.
Mientras tanto, el Gobierno de Nicaragua impidió el viernes el ingreso de una delegación de nueve diputados de partidos de izquierda latinoamericanos que pretendía “constatar la situación de los presos políticos”. Según la oposición, en el país hay unos 190 reos de conciencia, 180 de ellos detenidos tras las protestas sociales de 2018.
El diario La Prensa señala al Gobierno del Presidente Daniel Ortega por presuntamente perseguir a periodistas. Foto: AP.
Mariano Rosa, coordinador de la llamada “Comisión por la vida y la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua”, dijo que la policía del país movilizó a unos 300 efectivos a la frontera para bloquearles el paso cuando intentaron internarse desde la aduana de Peñas Blancas, Costa Rica.
“Montaron un operativo militar descomunal de policías y paramilitares, en una actitud intimidatoria y amenazante”, denunció Rosa. “Con esta acción el Gobierno demuestra que es una dictadura y que viola los derechos humanos”, añadió el legislador izquierdista.
El resto de diputados que intentaron visitar el país pertenecen a partidos de izquierda de Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.
En otro suceso el viernes, la policía ocupó las instalaciones de la agrupación ecologista Centro Humboldt y de la organización no gubernamental feminista La Corriente, según denunciaron esas organizaciones en Managua. Ambos organismos fueron clausurados hace dos meses por el Gobierno, que ha cerrado casi 800 asociaciones sin fines de lucro, en su gran mayoría durante el último año.
Ortega argumenta que las organizaciones no gubernamentales, la oposición y la prensa independiente participaron en un “fallido golpe de Estado” mediante las protestas sociales de 2018. Esa rebelión fue sofocada con violencia por policías y paramilitares, lo que dejó 355 muertos, dos mil heridos y más de 100 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La exfuncionaria está bajo prisión preventiva por “alto riesgo de fuga”; Robles es acusada de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de una persecución política en su contra y afirma que no está derrotada.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria, acusada de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos, aseguró que detrás de su denuncia hay una venganza.
“Esta es una venganza, el Presidente dice, y yo le tomo la palabra de que de su parte no es, pero entonces de quién es. Yo tengo el derecho de estar en libertad. Sino es conmigo el pleito, y sino es del Jefe del Estado mexicano de quién es. Ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada, ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros, pero eso no lo voy a hacer, por eso me llamo Rosario Robles.
“Con todo y todo sigo teniendo mi dignidad, que es lo único que me queda, mi congruencia, mi dignidad, mi vocación y mi lucha de tantos años, de décadas por las libertades. No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida”, dijo.
Robles se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace ya dos años. El pasado 20 de octubre el Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida y fueron admitidos por el el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos.
El juez determinó que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva. La exsecretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto se mantiene en prisión por el supuesto temor de que se dé a la fuga.
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
El pasado 13 de agosto, Rosario Robles cumplió dos años presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
El mandatario mexicano afirmó que “no hay persecución a nadie” por parte del Ejecutivo, por lo que no se denuncia a ninguna persona por consigna política. “Estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía que es un poder autónomo y luego el Poder Judicial”, aclaró.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que no hay ninguna venganza o persecución contra Rosario Robles Berlarnga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), esto luego de que el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinara ayer que la exfuncionaria debe continuar en prisión preventiva, ya que persiste un “elevado” riesgo de que se fugue.
“Creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie. No se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía que es un poder autónomo y luego el Poder Judicial”, dijo.
López Obrador abordó el tema durante su habitual conferencia de prensa matutina, donde consideró que hace falta informar más sobre el funcionamiento del Gobierno, pues en el antiguo régimen no se hacía. “Ayer, antier, hablábamos de la costumbre de que el poder lo concentraba el Presidente y esto viene de lejos. Esto se arraigó con el Porfiriato”, recordó. “De ahí viene también la simulación política porque en la Constitución se establecía la división, el equilibrio de los poderes, pero en la realidad los poderes Legislativo y Judicial eran apéndice. Estaban subordinados”, acusó.
En ese entonces, agregó, “el Presidente era el que ponía a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a todos, al Procurador”. “Eso es lo que quedó en el imaginario colectivo. Tenemos que ir poco a poco informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho”, comentó frente a los medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
“En el caso de Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial que es el que resuelve y si el Juez decidió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía. A nosotros nos están ahora resolviendo casos en el Poder Judicial en los que no estamos de acuerdo, pero esto muestra ya que se avanza en la separación de poderes”, sostuvo el Jefe del Ejecutivo federal.
Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.
"No hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, es inmoral e indigno", dice el presidente @lopezobrador_ sobre el caso de Rosario Robles, a quien anoche le negaron llevar su proceso en libertad. pic.twitter.com/Q6DXHLHZ6i
Sin embargo, la defensa de Robles sostiene que el documento utilizado por el Ministerio Público era falso.
“Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado (la cárcel) Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar”, dijo ayer a las puertas de la audiencia Mariana Moguel Robles, hija de la exfuncionaria.
Robles, único miembro del Gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, ha recibido un trato muy distinto al del exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016), quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía, incluso fue captado hace unos días comiendo en un restaurante de lujo.
El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo “solidaria” con la justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto. Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Zavala, “3 de los 4 hombres que murieron como resultado del accidente fueron identificados como migrantes de México”.
Ciudad de México, 5 de octubre (RT).- Gabriel Salazar, el tiktoker de 19 años que falleció en un accidente de tránsito el pasado 26 de septiembre tras una persecución policial en Texas, Estados Unidos, habría estado transportando a migrantes cuando se produjo el choque fatal, según reveló la Oficina del Sheriff del Condado de Zavala en su cuenta de Facebook.
“Investigaciones de Seguridad Nacional nos notificaron que 3 de los 4 hombres que murieron como resultado del accidente fueron identificados como migrantes de México”, reza la publicación.
Según confirmaron fuentes familiarizadas con el asunto a medios locales, el Departamento de Seguridad Pública de Texas inició dos investigaciones separadas. “Sí, una situación de tráfico es lo que parece”, afirmó otra fuente.
De acuerdo con las autoridades, el influencer conducía su vehículo, un Chevrolet Camaro, con exceso de velocidad, por lo que se inició una persecución policial. En consecuencia, el coche chocó contra unos árboles, rodó varias veces y estalló en llamas. El conductor y otros 3 pasajeros fueron declarados muertos en el lugar.
Tras su muerte, los amigos de Salazar han lanzado una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado más de 38 mil dólares, para ayudar a la familia a pagar los gastos del funeral.
La patrulla que pasó al lado del accidente de los tres motociclistas aseguró que no se detuvo porque tenía otra emergencia que necesitaba atender.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– La patrulla que presuntamente perseguía a unos motociclistas, que chocaron contra un automóvil en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el pasado sábado, no se detuvo después del accidente para auxiliarlos y proceder contra ellos.
El pasado 31 de julio, alrededor de las 3:30 horas, tres jóvenes se trasladaban a alta velocidad abordo de una motocicleta cuando se estrellaron contra una camioneta que se encontraba estacionada.
El saldo del accidente fueron dos muertos y otra persona herida.
Los policías que iban dentro de la patrulla que iba detrás de los jóvenes aseguraron en su declaración del caso que no se detuvieron porque tenían otra emergencia que atender.
Los primeros reportes policiales indicaron que ninguno de los tripulantes portaba casco, por lo que, tras el fuerte golpe, cayeron al suelo inconscientes. Al percatarse del accidente, los vecinos del lugar solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos de los jóvenes, un hombre y una mujer.
En tanto, el tercer acompañante, que aún presentaba signos vitales, fue estabilizado y trasladado de emergencia por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) al Hospital General Balbuena en donde se le brindó atención médica.
La escalada de la represión y del hostigamiento político en Nicaragua significan una deriva autoritaria que prendió las alarmas de la comunidad internacional y de los países vecinos.
Nicaragua, 24 junio (Open Democracy).- Después de la detención, este fin de semana, del quinto precandidato presidencial en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Presidente Daniel Ortega para detener la persecución a periodistas y políticos de la oposición. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de actualización sobre la situación de Nicaragua. A menos de cinco meses de las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, Bachelet demandó la liberación inmediata de los opositores detenidos, pero el Gobierno de Ortega ignoró la demanda.
La organización Humans Rights Watch, HRW, visitó el país recientemente y publicó un reporte de 37 páginas en el que advierte que en la situación actual hay “obstáculos enormes y probablemente infranqueables” para ejercer derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y de voto. Un plan urdido por Ortega y su red para despejar cualquier obstáculo que pudiera oponerse a su reelección, por cuarta vez consecutiva.
También se manifestaron gobiernos vecinos, el parlamento europeo y la Organización de Estados Americanos, OEA. Aunque en un primer momento los gobiernos México y Argentina se desmarcaron de la OEA alegando su intención de mediar pero creando un cierto desconcierto diplomático, al final han acabado retirando sus embajadores en Managua como medida de presión y de protesta. La semana pasada, la administración Biden emitió sanciones contra cuatro personas, incluyendo la hija de Ortega, Camila Ortega.
A la represión política, se suma la represión e incluso la violencia contra periodistas independientes que han abandonado el país en los últimos días.
Manifestantes en Nicaragua. Foto: Twitter vía Open Democracy
A la represión política, se suma la represión e incluso la violencia contra periodistas independientes que han abandonado el país en los últimos días. Con la fiscalía citando a varios periodistas a declarar sin decirles si van en calidad de testigos o investigados, la persecución de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua es altamente alarmante.
La situación de Nicaragua, sin embargo, no es nueva. Desde que en 2018 el Gobierno reprimió violentamente una rebelión cívica, Ortega ha sido cuestionado.
2018, EL AÑO DEL MIEDO
Tres años atrás Nicaragua ocupó los titulares del mundo por un ciclo de protestas que derivaron en violencia policial, en ataques a civiles y en el encarcelamiento de manifestantes opositores. Muchos, una vez liberados, tomaron el camino del exilio.
A raíz de unas reformas económicas del Gobierno Ortega, se generó una explosión social que venía gestándose ante el cansancio y la indignación de la población. Ortega llevaba ya 11 años en el Gobierno y, ese año, los jóvenes del país decidieron visibilizar problemas que ya no podían pasar por más tiempo desapercibidos.
En 2018 un incendio acabó con miles de hectáreas en una reserva forestal de Nicaragua llamada Indio Maíz. Jóvenes nicaragüenses convocaron a protestas en contra de la respuesta tardía por parte del Gobierno Ortega. La respuesta del Gobierno derivó en represiones violentas. Menos de una semana después, el Gobierno impuso una reforma legislativa que derramó el vaso.
Esa reforma permitió que se firmaran, por decreto, cambios a la ley del seguro social que afecta a todos los ancianos del país generando una fuerte e inédita solidaridad intergeneracional como lo demuestran audios de esa época en los que se oye a jóvenes gritando “abuso de poder” por este cambio y en defensa de los mayores.
Pero Nicaragua, que tiene un pasado tumultuoso, con guerras civiles y políticos cuestionables, se enfrentaba a algo habitual: siempre que se producían cambios arbitrarios, los jóvenes salían a manifestarse pacíficamente en las calles. Esta vez, sin embargo, como consecuencia del nerviosismo de un régimen que se supo fuertemente cuestionado, el Gobierno respondió a las protestas violentamente, alegando que se trataba de un intento de “golpe de Estado” alentado por los EU.
Donde fuera que había una manifestación, ahí estaba el escuadrón antimotines de la policía nicaragüense que les disparaban con fuego real a quienes protestaban. Hubo muertos, la mayoría estudiantes, lo que generó una agudización en la crisis social.
La violencia policial fue tal que, aunque la reforma a la ley del seguro social se revocó solo cuatro días después de haber comenzado las protestas, éstas continuaron para exigir la liberación de los protestantes detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones. La represión policial continuó a la par.
Organismos de derechos humanos y organismos internacionales mediaron y se constituyeron unas mesas de diálogo en las que participó el Gobierno, pero para muchos ese diálogo fue solo un muro de contención, una fachada.
Estudiantes en protestas del 2018. Foto: Twitter vía Open Democracy
Las protestas duraron meses y dejaron al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y casi 100.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Muchos detenidos fueron perseguidos al ser liberados. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que grupos paramilitares mancharon sus casas con pintura
Muchos detenidos fueron perseguidos al ser liberados. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que grupos paramilitares mancharon sus casas con pintura y se les negó acceso a estudios universitarios.
La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó abiertamente la violencia y pidió elecciones adelantadas en una sesión extraordinaria en julio de 2018. Ortega se negó y dijo que la comunidad internacional debía respetar la “autodeterminación” del país para restablecer la paz.
Para Ortega, siempre ha sido clave no aceptar que hay descontento por parte del pueblo. Por eso, la narrativa de su Gobierno desde 2018 es que las protestas fueron un intento de golpe de estado financiado por USAID, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional que proporciona ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo a distintos países.
Mientras Ortega se negaba a adelantar las elecciones, el poder legislativo pasó la ley de terrorismo que establece que, si alguien participa en actos contra el Gobierno, se le tratará como a un terrorista.
La comunidad internacional denunció que era una ley diseñada exclusivamente para reprimir a los manifestantes
LEYES DEL PASADO QUE DEFINEN LA CRISI DE HOY
Hoy, sigue habiendo en Nicaragua más de 120 presos políticos, incluyendo personas procesadas en el contexto de abril de 2018, cuando se dieron las protestas. La ley de terrorismo, además, sentó un precedente para lo que el país vive ahora.
En septiembre de 2018 la policía emitió un comunicado declarando ilegales todo tipo de manifestaciones.
En ese momento también, se aprobaron otras tres leyes: la primera, la ley de regulación de agentes extranjeros, que buscan controlar los recursos que reciben personas u organismos de fuentes internacionales; eso quiere decir que si un nicaragüenses, por ejemplo, recibe un salario de una entidad extranjera, tiene que registrarse como agente extranjero. Y quienes se registran como tales, deben informar, mes a mes, sobre sus operaciones al Gobierno.
Personas durante una manifestación en Nicaragua en el 2018. Foto: Twitter vía Open Democracy
La segunda, la ley de ciberdelitos, que regula que si alguien publica lo que el Gobierno considere fake news en Nicaragua, puede pasar entre uno y cinco años en la cárcel. La oposición ha tildado esta ley de “ley mordaza” porque limita el ejercicio del periodismo y atenta contra la libertad de expresión.
Por último, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz; a pesar de su largo nombre es, básicamente, una ley que dice que si alguien atenta contra la soberanía de Nicaragua, atenta contra la ley. Es decir, por ejemplo, que si alguien pide sanciones contra los gobernantes de Nicaragua, atenta contra la ley.
Con esas tres leyes represivas en vigor, a comienzos de 2021 el parlamento de Nicaragua ratificó una reforma constitucional que establece cadena perpetua contra quienes cometen crímenes de odio, algo que ha generado preocupación puesto que, según diputados de la oposición, dicha ley podría interpretarse para castigar a opositores del Gobierno.
ARRESTOS Y DERIVA AUTORITARIA
En los últimos días muchas personas han sido detenidas, no todas del ámbito político. El último fue Miguel Mora, precandidato presidencial a quien se le acusa de crímenes contra la soberanía, justamente una de las tres leyes que se aprobaron después de las protestas de 2018.
Con Mora, son ya 17 los opositores detenidos. De ellos, cinco son precandidatos a la presidencia, a cinco meses de las elecciones generales, en las que parece evidente que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busca asegurarse a toda costa un cuarto mandato sucesivo.
Los acosos policiales a los domicilios de opositores han sido constantes desde el 2018, y se han redoblado en esta última ofensiva gubernamental. A esto ha venido a sumarse la redada policial contra opositores que se inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien según los sondeos era la más popular de los postulantes a la silla presidencial y potencial rival de Ortega en noviembre. Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el nombre de su madre.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, entre otros notables opositores.
Muchos de estos detenidos, incluida Cristiana Chamorro, fueron parte de los diálogos con el Gobierno en 2018 que trataron de alcanzar una solución a la crisis. El lunes 21 de junio, Ortega reapareció frente a los medios y, en un comunicado llamado”Nicaragua, en defensa de la soberanía nacional y el Estado de derecho”, justificó las detenciones diciendo que no son candidatos ni políticos, sino “criminales” que quieren “derribar al Gobierno”. También pidió que los entes internacionales no intervengan y que las sanciones sean levantadas.
Según una encuesta de Diálogo Interamericano, en junio de 2020 la tasa de aprobación de Ortega se situaba por debajo de un 20%, un mínimo histórico para él. Esto hace evidente que si Ortega va a las urnas, en condiciones normales es difícil que gane. De ahí que su nerviosismo se haya traducido en detenciones de candidatos y en la creación de un clima de miedo que se respira en Nicaragua.
Cabe preguntarse si Daniel Ortega está ya preparando el escenario para una dictadura familiar hereditaria al asegurarse de que desaparezcan las opciones políticas alternativas. A los nicaragüenses les ha quedado claro que su Gobierno está dispuesto a detenerlos e incluso a matarlos si se interponen en su camino triunfal.
La comunidad internacional debe redoblar la presión para parar esta deriva autoritaria y exigir la liberación de los presos, la derogación de las leyes represivas y la garantía de unas elecciones libres, transparentes y competitivas, ratificadas por la observación internacional. Cualquier otro camino será un camino equivocado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) logró la aprehensión de 15 policías que son acusado del presunto delito de asesinato en contra de un menor de edad; los hechos ocurrieron tras una persecución originada por el choque de dos autos.
Ciudad de México, 4 de enero (RT).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha puesto a disposición del Ministerio Público (MP) a 15 elementos de la policía acusados de asesinar a tiros a un menor de 17 años de edad tras una persecución, informaron las autoridades a través de una tarjeta informativa.
Según detalla la Fiscalía, los agentes iniciaron la persecución del menor al solicitarles apoyo un automovilista, quien acusó al joven de darse a la fuga después de un choque entre los vehículos de ambos.
La persecución, que iniciara en la Alcaldía Azcapotzalco, en la capital mexicana, se extendió hasta el municipio de Naucalpan, en el vecino Estado de México.
De acuerdo a medios locales, tras ser acorralado por la Policía, el joven intentó continuar huyendo a pie, por lo que los oficiales abrieron fuego en su contra.
El menor fue trasladado a un hospital local, donde murió a consecuencia de las heridas de bala.
Por su parte, los uniformados han argumentado que se vieron en la necesidad de disparar en contra de la víctima porque era vendedor de drogas, sin que esto haya sido confirmado por las autoridades, quienes ya han abierto la carpeta de investigación correspondiente.
Mario, quien viajaba en la batea de la patrulla durante la persecución, habría realizado un disparo hacia el vehículo del transporte público, ocasionando la muerte de la víctima.
Ciudad de México, 19 octubre (SinEmbargo).- Durante una persecución a una combi del transporte público, Martín Héctor “N”, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Ecatepec, habría disparado su arma y ocasionado la muerte del conductor de la misma. Fue vinculado a proceso.
El pasado 10 de octubre seis elementos de Seguridad Pública del municipio, entre ellos el detenido, viajaban a bordo de un patrulla por la avenida Insurgentes a la altura del panteón municipal, cuando el tripulante de un vehículo tipo Sedan solicitó su apoyo con una unidad del transporte público que le cerraba el paso.
Los servidores públicos dieron alcance al vehículo referido y solicitaron al chofer que descendiera, sin embargo éste intentó huir, por lo que se suscitó la persecución.
Mario, quien viajaba en la batea de la patrulla habría realizado un disparo hacia el vehículo del transporte público, ocasionando la muerte de la víctima.
Ante lo sucedido sus excompañeros lo detuvieron y trasladaron al Centro de Justicia de la zona, donde el Ministerio Público (MP) inició una carpeta de investigación por homicidio calificado.
Tras revisar lo elementos de prueba recabados por el Agente del MP, un Juez determinó el inicio del proceso legal en contra de Martín y fue vinculado a proceso, con un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer interno en el Centro Penintenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.
Debido a un reporte de disparos con arma de fuego en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a dos personas que tenían una subametralladora y alrededor de 500 gramos de mariguana. Dos sujetos que intentaron evitar la detención también fueron aprehendidos.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lograron la detención de cuatro personas luego de una persecución.
A través de un comunicado, las autoridades de seguridad de la capital informaron que, durante una persecución en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se detuvo a cuatro personas que tenían entre sus posesiones una subametralladora y una bolsa con aparente mariguana.
Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos que realizaban detonaciones con un arma de fuego, desde el interior de un vehículo, fueron detenidos luego de una persecución en calles de la Alcaldía antes mencionada.
Gracias a una alerta del Centro de Control y Comando (C-2) Norte a efectivos de la SSC sobre disparos de arma de fuego, se pudo dar con el paradero de una camioneta color blanco, que circulaba sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo, en la colonia Villa Gustavo A. Madero.
Tras dar respuesta inmediata a la emergencia, mediante la implementación de un operativo para dar con la ubicación del vehículo, se logró encontrar al interior de la unidad a los posibles responsables de realizar los disparos con arma de fuego, sobre la calle Norte 119, en el perímetro de la colonia Gertrudis Sánchez.
Después de que se le dio alcance a la unidad, se inició una persecución entre calles de la zona, hasta que los oficiales lograron interceptar a los presuntos delincuentes.
Una vez que descendieron los tripulantes y se les realizó una revisión preventiva, tras la que se halló una subametralladora con cachas de madera.
En el interior del automóvil, las autoridades encontraron una bolsa de plástico que contenía hierba verde seca con las características de la mariguana, con un peso aproximado a los 500 gramos.
Debido a los hechos, las dos personas de 25 y 28 años de edad a bordo del vehículo fueron detenidas en el lugar.
Minutos después, arribaron al sitio dos personas que intentaron agredir a los oficiales para evitar la detención de los implicados. Por estas acciones se detuvo a dos hombres de 30 y 24 años de edad.
A los cuatro asegurados se les presentó ante un agente del Ministerio Público (MP), que será la autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los cuatro implicados.
En el video se observa cómo el automóvil negro embiste a los tres peatones, entre ellos dos niños, y escapa del lugar. Posteriormente, patrullas municipales comienzan la persecución hasta darle alcance y detenerlo.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Un automovilista fue detenido por policías municipales tras una persecución de varios minutos, luego de que atropellara a tres personas en una vialidad del municipio de Chalco, en el Estado de México.
Un video captado por cámaras del C5 y compartido por el reportero Carlos Jiménez muestra el momento en que un automóvil tipo Chevrolet Cavalier, color negro, embiste a una mujer y dos niños, para luego escapar del lugar.
De acuerdo con el Centro de monitoreo mexiquense, el accidente fue divisado en vivo por sus operadores, por lo que instruyó a las patrullas que rondaban en las cercanías del lugar a movilizarse para capturar al automovilista.
Una vez que fueron notificados, los patrulleros ubicaron al automóvil negro y comenzó una persecución por calles aledañas; incluso, el conductor volvió a pasar por el mismo punto en que atropelló a los peatones.
https://twitter.com/c4jimenez/status/1282487689615482880?s=20
Mientras los uniformados perseguían al conductor del Cavalier, paramédicos arribaron al lugar para dar los primeros auxilios a la mujer y sus hijos. Posteriormente, los trasladaron a un hospital cercano para su atención médica.
Después de algunos minutos, los policías dieron alcance al automovilista, lo aseguraron y presentaron ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.
El pasado viernes llevó a cabo un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército mexicano y presuntos integrantes del Cártel del Noreste; las autoridades señalaron que 12 sicarios perdieron la vida y no se registraron bajas de militares.
Ciudad de México, 8 de julio (RT).- Imágenes difundidas esta semana muestran el enfrentamiento armado que tuvo lugar entre el Ejército mexicano y presuntos integrantes del Cártel del Noreste durante una persecución a alta velocidad en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas.
La madrugada del viernes pasado, oficiales del decimosexto Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos, cuando fueron emboscados por sicarios de “La Tropa del Infierno”, como se identifica al brazo armado de la organización criminal. Los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión.
En el video se puede ver a un oficial disparando un rifle de asalto desde un vehículo que persigue a una camioneta en la que se transportaban los sospechosos. Una balacera se desató en plena carretera por la cual transitaban también vehículos particulares.
https://youtu.be/mhzR6zxQD5o
Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes en el momento en el que intentaron hacer un giro en la carretera.
Otras imágenes difundidas en las redes sociales mostraron a varios miembros de la “Tropa del Infierno”, que yacían sin vida en el suelo. Los delincuentes además portaban uniformes y equipo táctico, como los que usan las instituciones de seguridad en México.
El Ejército informó que fueron abatidos 12 sospechosos, ya que inicialmente las autoridades estatales habían señalado que se trataba de 13. También precisaron que no se produjeron bajas militares, recogen medios locales.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que tras el operativo se confiscaron nueve armas largas, dos fusiles Barret calibre 50, un arma corta, municiones, herramientas, y dos vehículos, uno de los cuales había sido reportado como robado.
En uno de los videos captados por cámaras del C5 se observa el instante en que el camión obstaculiza el paso a la camioneta donde viajaba el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y le disparan en múltiples ocasiones.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Videos captados por cámaras de vigilancia muestran cómo fue el ataque armado al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo el camión en el que viajaban los agresores le cerró el paso a la camioneta en la que iba el funcionario.
Justo en uno de los videos captados por cámaras del C5 se observa el instante en que el camión obstaculiza el paso a la camioneta y personas comienzan a disparar en múltiples ocasiones.
https://twitter.com/alekx_04/status/1276530974009032705?s=20
https://twitter.com/MrElDiablo8/status/1276532805170798592?s=20
En otra videograbación, captada por cámaras de seguridad de la zona, se aprecia la persecución por parte de elementos de la SSC y las ráfagas de balazos, esto minutos después del atentado contra el funcionario capitalino.
Otro video muestra el momento en que policías de la Ciudad de México llevaron detenidos a miembros del comando que atacó a García Harfuch.
García Harfuch acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser el responsable del atentado que sufrió y en el que fueron asesinados dos elementos de seguridad. así como una mujer que circulaba por la zona donde se desarrolló el ataque.
“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, escribió García Harfuch en su cuenta de Twitter.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó minutos más tarde que debido a las lesiones, el funcionario fue ingresado a quirófano para ser intervenido.
El ataque al funcionario capitalino se ejecutó este viernes al filo de las 6:38 horas y, de acuerdo con fuentes de la SSC, el grupo criminal utilizó armas calibre .50 y granadas.
Foto: El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Foto: EFE.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía no especular por el crimen y esperar a que la Fiscalía General de Justicia local investigue.
Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía local, confirmó esta tarde la detención de 12 hombres que estarían involucrados en el ataque, dijo que proceden de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y una de ellos es de nacionalidad colombiana, detalló el Vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.
Añadió que los sujetos posiblemente fueron contratados con tres semanas de anterioridad al ataque por que recibirían una cantidad de dinero a cambio.
El atentado generó una ola de reacciones empezando por el propio Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien interrumpió su conferencia desde el occidental estado de Michoacán.
“Todo esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país”, expresó el Presidente, desde la ciudad de Morelia.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, condenó “enérgicamente” este atentado y lo calificó de “ataque cobarde” contra un servidor público.
La pugna entre grupos criminales como La Unión de Tepito, Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac -que tienen alianzas con poderosos cárteles del país- se vincula a la violencia existente en la Ciudad de México, si bien en los últimos meses las cifras oficiales reflejan una disminución de la inseguridad.
La capital registró 115 asesinatos en mayo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Alrededor de las 18:00 horas del día de ayer, policías municipales que vigilaban la zona escucharon que se rompían vidrios en la tienda Coppel ubicada en avenida Pichardo Pagaza, en las inmediaciones del Metro Ecatepec, en dicha comunidad, y se percataron que unas 20 personas salieron del establecimiento y abordaron tres vehículos blancos.
Ecatepec, Estado de México, 25 de marzo (A Fondo Edomex).–Policías municipales detuvieron a tres menores de edad que presuntamente participaron en el asalto a la tienda Coppel ubicada en la colonia Alborada de Aragón, en las inmediaciones del Metro Ecatepec, quienes junto con otras personas irrumpieron en el lugar, rompieron vitrinas y sustrajeron diversos objetos.
Alrededor de las 18:00 horas del día de ayer, policías municipales que vigilaban la zona escucharon que se rompían vidrios en la tienda Coppel ubicada en avenida Pichardo Pagaza, en las inmediaciones del Metro Ecatepec, en dicha comunidad, y se percataron que unas 20 personas salieron del establecimiento y abordaron tres vehículos blancos.
Las personasrompieronvitrinas del negocio y sustrajeron diversos objetos, sobre todo electrónicos, para posteriormente subir a los vehículos y huir del lugar, por lo que los policías iniciaron la persecución de las unidades, con apoyo de policías estatales.
Un automóvil sedán blanco, con placas de circulación NMT-59-90, chocó contra el camellón y descendieron tres menores de edad, que fueron asegurados por los elementos policiacos; en el vehículo había dos computadoras laptop y una pantalla.
Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, de 15 años de edad, originario de Oaxaca, y Benjamín Isaac “N” y Eduardo Emmanuel “N”, ambos de 14 años de edad.
Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, donde definirán su situación legal por su probable participación en el delito de robo.
Roberto Hernández Romero, director de Seguridad Pública de Ecatepec, informó que reforzaron los patrullajes en el municipio y estarán pendientes para atender cualquier emergencia, ya que no permitirán la comisión de ilícitos en la localidad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las indagatorias correspondientes, donde se verificará si la versión de que el sujeto se suicidó es cierta o murió producto del enfrentamiento a balazos.
Estado de México, 20 de marzo (A Fondo Edomex).– No se conformaron con un sólo atraco, tres sujetos asaltaron a un transporte público, al bajar decidieron subir a robar a los usuarios de una Urban en la zona de Coacalco; las primeras víctimas alertaron del atraco a elementos policiacos por lo que inició una persecución y balacera que culminó con un asaltante muerto y dos más detenidos, uno de ellos portaba un brazalete de pre liberación.
La persecución terminó cerca de las 20:30 horas de este miércoles, sobre la Avenida José López Portillo y A. Zarzaparrillas, colonia San Francisco Coacalco.
“Estuvo fuerte, porque cuando ellos, los asaltantes, se dan cuenta que la policía venía siguiendo el transporte le dicen al chofer que le pise y empiezan a disparar, pero los policías también dispararon para amedrentarlos; lo fuerte es que según el otro cuando se vio acorralado y para no ser detenido se disparó, pero la verdad es que yo al oír los disparos me agache y no vi”, dijo uno de los usuarios.
Elementos de la Policía lograron detener la unidad Nissan, Placas A-03898-E y número económico 156 de la ruta San Bartolo, de inmediato aseguraron a los dos sujetos, uno de ellos con el brazalete ya que aún enfrentaba un proceso por robo.
Al dirigirse a la unidad, los uniformados se percataron que el tercer sujeto se encontraba desangrándose, tendido sobre uno de los asientos y con una pistola a sus pies.
Los sujetos, el arma y el cuerpo del otro presunto asaltante, fueron trasladados al Ministerio Público de la zona donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Foto: A fondo Edomex.
De inmediato se solicitó el apoyo de servicios de emergencia, paramédicos revisaron al sujeto y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Mientras tanto Azael Josue Roldán Gómez, de 24 años; y Jaír Roldán Gómez, de 20 años , de quienes se investiga si son hermanos o sólo se cambiaron el nombre fueron asegurados.
“¡Patrón véame bien patrón, nosotros no íbamos a robar!”, dijeron los detenidos a los usuarios quienes los reconocieron, incluso uno de ellos le dio un puñetazo a uno.
Los sujetos, el arma y el cuerpo del otro presunto asaltante, fueron trasladados al Ministerio Público de la zona donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México inició las indagatorias correspondientes, donde se verificará si la versión de que el sujeto se suicidó es cierta o murió producto del enfrentamiento a balazos.
ASESINAN A PASAJERO EN ECATEPEC
Tres sujetos asesinaron a balazos a un pasajero durante un asalto a una combi que transitaba en la entrada a la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia San Cristóbal, en Ecatepec, Estado de México.
Los hechos sucedieron la mañana del 16 de marzo, cuando tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros sacaron sus armas y comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, a bordo de una unidad de transporte público con placas de circulación 060-883-K que transitaban en la entrada de la autopista México-Pachuca casi esquina con avenida Insurgentes.
Los presuntos delincuentes dispararon a uno de los usuarios que al parecer intentó enfrentarlos, y después descendieron de la unidad marcada con el número económico 352 y huyeron.
El conductor se detuvo y solicitó ayuda al ver al hombre de alrededor de 29 años que quedó junto a la Urban herido.
Policías llegaron a la zona y solicitaron una ambulancia al confirmar los hechos.
Sin embargo, cuando paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar nada pudieron hacer y reportaron el deceso que por una identificación que portaba fue identificado como Angel Uriel “N”.
El área donde quedó el occiso, así como la unidad que se dirigía al paradero de Indios Verdes fue acordonada hasta que peritos se presentaron a realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo y fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de San Cristóbal, Ecatepec.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
