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La Segob usó datos de 1960 y 1985 para justificar regalo de miles de millones a la prensa en 2018: ASF

lunes, marzo 2nd, 2020

En el sexenio del ahora ex Presidente Enrique Peña Nieto no hubo año en que el gasto en publicidad oficial respetara el tope legal aprobado por el Poder Legislativo. La Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018 la Segob fue laxa con las peticiones y autorizó ampliaciones con datos generados en 1960 y 1985.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) aprobó, durante 2018, solicitudes de ampliación presupuestal para publicidad en medios de comunicación, bajo el argumento de “contingencia”, que sí está previsto en la Ley, pero con argumentos que no representaban “contingencia” alguna. De acuerdo con la Ley en la materia, las dependencias pueden solicitar más recursos para informar sobre alguna emergencia fortuita, pero la Segob autorizó ampliaciones con datos generados en 1960 y 1985.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, a las irregularidades anteriores, se sumó que las dependencias federales no hicieron uso de los tiempos oficiales en los medios de comunicación, que están a su servicio para utilizarse en el transcurso del año.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, la Segob –entonces al mando del priista Alfonso Navarrete Prida, quien fue titular del 10 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018, luego de cinco años en las manos del también priista Miguel Ángel Osorio Chong– no se fijó en la justificación de las “contingencias” de las oficinas de Gobierno y aprobó los aumentos presupuestales.

La ASF encontró que la Unidad de Comunicación Social de Gobernación debió tener las justificaciones de las dependencias para comprobar que se trataba de emergencias, ya que, de no ser estrictamente para eso, debían estar contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

“Debió incluirse en el proyecto de PEF 2018 para ser aprobado por la Cámara de Diputados y no requerirlo bajo un supuesto de carácter ‘contingente’ […] No se señalaron los criterios en que se basó la valoración para acreditar el incremento de los recursos presupuestarios con la documentación presentada por la Unidad de Comunicación Social”, concluyó el documento que hace unos días la ASF entregó a la Cámara de Diputados.

El 10 de enero de 2018, Alfonso Navarrete Prida se convirtió en el segundo y último Secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. En la imagen, aparece con Miguel Ángel Osorio Chong, luego del mensaje que ambos dieron a funcionarios y trabajadores la dependencia. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

En las observaciones descritas se infiere que la Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) de la Segob autorizó incrementos de recursos presupuestarios en las partidas presupuestales 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios” en 20 dependencias, sin que se cumpliera con las especificaciones marcadas en la Ley.

Por tal razón, el 20 de enero de 2020, la ASF solicitó la intervención a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que realizara las investigaciones correspondientes y en su caso, las sanciones administrativas “derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los entes públicos siguientes: Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Servicio Geológico Mexicano, Fondo de Cultura Económica, Liconsa, Consejo de Promoción Turística de México, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Marina, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Consejo Nacional de Población”, por lo detectado en las “justificaciones”.

Los sobreejercicios en el presupuesto del gasto público fueron la constante. En 2013, la variación entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado es superior en casi 50 por ciento, en 2014 fue de 35 por ciento, en 2015 de 80 por ciento, para 2016 de 133.58 por ciento más y en 2017 se gastó 200 por ciento más, 7 mil 160 millones 622 mil 278 pesos extras.

LAS “CONTINGENCIAS”

La ASF enlistó los argumentos para pedir más dinero para la publicidad. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió dinero para el Programa de Protección, Atención y Defensa de los Mexicanos versión pasaportes, lo que debió incluirse en la propuesta de Presupuesto si es que en realidad se necesitaba, pero que no significó una contingencia.

Pasó lo mismo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que dijo que quería más dinero para el “reforzamiento de la difusión del programa de ahorro voluntario y el programa de atención a trabajadores”.

Lotería Nacional (Lotenal) pidió dinero a la Segob para la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios” porque quería “generar mayores ingresos”. Segob autorizó a pesar de que no informó cómo llevaría la difusión de mensajes comerciales ni las líneas de acción de la estrategia de ventas para generar mayores ingresos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó la ampliación de presupuesto las campañas “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para la campaña “Leales por México”, versiones “Nos preparamos por ti”, “Siempre cerca de ti”, “Reconstruyendo a México” y “Más allá de México”.

La dependencia argumentó que el dinero era para una “contingencia”, dada la magnitud de los eventos hidrometeorológicos de la temporada y se lo aprobaron, aun cuando se presentó información de fenómenos naturales pasados y cuya temporalidad de ocurrencia no se encontraba determinada; por lo tanto, debió incluirse en el proyecto de PEF 2018 y no requerirlo bajo un supuesto de carácter “contingente”.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) solicitó ampliación para la “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para las campañas “Desarrollo Productivo del Campo Mexicano”, pero la Segob no tuvo la “constancia de valoración” y autorizó “sin evidencia justificativa y comprobatoria de la valoración”.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) pidió para la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, cuando el monitoreo sísmico es su actividad sustantiva. No informó cómo llevaría la difusión de mensajes comerciales o las líneas de acción de la estrategia de ventas para “generar mayores ingresos”. Pero el gasto se le autorizó.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) pidió también bajo el argumento de la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”. Tampoco indicó las formas de cómo lograrlo.

La Secretaría de Marina (Semar) dijo a la Segob que quería difundir mensajes sobre programas y actividades gubernamentales para la campaña “La Marina cerca de ti, versión: en la tierra, en el aire y en el mar” y atender una situación de carácter “contingente”, citando datos del sismo de 1985 y el tsunami generado por este, que causaron miles de decesos y daños por varios miles de millones de dólares. La Segob le autorizó el aumento presupuestal con antecedentes documentales que datan, justo, de 1985.

“La Marina cerca de ti, versión: en la tierra, en el aire y en el mar” fue la campaña para la que Semar pidió más dinero a la Segob y así atender una situación de carácter “contingente”, citando datos del sismo de 1985 y el tsunami generado por este. Foto; Cuartoscuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) también alzó la mano y pidió dinero para “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para la campaña “Prevención de accidentes laborales”. Argumentó que era una “contingencia para reducir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo”, con estadísticas de años anteriores. Aun así, la Segob autorizó la ampliación del dinero público a esa dependencia.

La Semarnat dijo que necesitaba dinero para la campaña “Protección de los Océanos”, versión “Mares y costas de los océanos”, por “contingencia por la contaminación de mares y costas, consecuencias de la contaminación marina de los océanos en México, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies”. Presentó documentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)… pero de 1960.

En este caso, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que una información de 1960 no significaría contingencia alguna, pero la Secretaría de Gobernación decidió otorgar ese dinero.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pidió más dinero para la campaña “Inversión con la Reforma Energética”, versión “Reforma Energética”, con vigencia del 12 de febrero de 2018 al 29 de marzo de 2018, y la campaña “Gas LP”, versión “AmiGasLP, AmiGasLP Etapa 2”. Esta oficina no sustentó las razones de su “contingencia” y tampoco hubo necesidad: la Segob le autorizó gastar el dinero público.

Finalmente, de la revisión a la documentación proporcionada a la ASF, no se encontró evidencia de las dependencias que solicitaron acceso a tiempos oficiales para la difusión de sus campañas, siendo que éstas ejercieron recursos presupuestarios para actividades de comunicación social en radio y televisión.

En esto incurrieron el Conapred, Conavim, el INM, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Sedena, la Semar, la Sedesol, el Fondo Nacional para las Artesanías y Liconsa.

El favorito de los gobiernos por décadas, Televisa, pierde 13.8% en publicidad por recorte de AMLO

lunes, abril 29th, 2019

Televisa había consolidado gran parte de sus ganancias gracias a la venta de publicidad que recibía por parte del Gobierno federal en anteriores sexenios, especialmente en el de Enrique Peña Nieto. Los recursos que durante décadas los gobiernos destinaron a los medios servían para coartar, en muchos casos, la libertad de expresión, según alertó la organización Artículo 19 en varios informes.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El recorte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la publicidad en medios le pegó a las ventas de Grupo Televisa, que durante el primer trimestre de 2019 disminuyeron 13.8 por ciento para ubicarse en 3 mil 681.9 millones de pesos.

Televisa había consolidado gran parte de sus ganancias gracias a la venta de publicidad que recibía por parte del Gobierno federal en anteriores sexenios, especialmente en el de Enrique Peña Nieto. Los recursos que durante años los gobiernos destinaron a los medios servían para coartar, en muchos casos, la libertad de expresión, según alertó la organización Artículo 19 en varios informes.

Sin embargo, con la entrada del nuevo Gobierno la situación cambió para las grandes empresas de comunicación como Televisa.

Con la nueva política de austeridad implementada por el Gobierno del Presidente López Obrador, los recursos que recibía la televisora por el concepto de ventas de publicidad estatal se redujeron, así lo reconoció la empresa de Emilio Azcárraga Jean en su reporte trimestral publicado este lunes al cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las ventas por publicidad de Televisa en el primer trimestre de 2019 disminuyeron 13.8 por ciento a 3 mil 681.9 millones en comparación con los 4 mil 272.7 millones en el primer trimestre de 2018.

La disminución en las ventas se explica mayormente por una caída significativa en la publicidad de gobierno, mientras que las ventas de publicidad al sector privado disminuyeron aproximadamente 2 por ciento.

Gráfico: Televisa

“El nuevo gobierno está implementando una serie de medidas de política pública orientadas a liberar fondos para otras iniciativas. Una de estas medidas es la reducción de su inversión total en publicidad, la cual indicaron públicamente que en 2019 bajaría en aproximadamente 50 por ciento con respecto a 2018. Esta medida será aplicada a todos los medios, incluyendo radio, medios impresos, digitales y televisión. Cabe recordar que la publicidad de gobierno representó el 11por ciento de nuestros ingresos totales por publicidad el año pasado, o alrededor de 2 por ciento de las ventas netas consolidadas”, explicó Televisa en su reporte.

Anticipó que la publicidad del Gobierno caerá alrededor de 50 por ciento este año. Sin embargo, durante el primer trimestre, la reducción las ventas de publicidad a Gobierno fue mayor que 50 por ciento, probablemente debido a que las campañas de varias entidades de gobierno todavía están por empezar, indicó la empresa.

La empresa de Emilio Azcárraga también informó de una disminución del 20.1 por ciento interanual en sus ganancias durante el primer trimestre de 2019 para ubicarse en 541.7 millones de pesos.

Los ingresos de Televisa, el mayor productor mundial de contenidos audiovisuales en español, sumaron 23 mil 395.2 millones de pesos en el periodo.

EL TAMAÑO DEL DERROCHE

Aunque aún no se ha publicado la cifra oficial del gasto en publicidad durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, organizaciones nacionales y extranjeras –como son Artículo 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– estimaron en agosto pasado el monto alcanzaría los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México.

Los organismos de la sociedad civil consideran que el gasto se realizó básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.

Sólo entre julio y noviembre de 2018 –los últimos cuatro meses del sexenio– el Gobierno del político mexiquense se gastó al menos 2 mil 277 millones 605 mil pesos en la difusión de sus supuestos logros en materia social y la promoción de los 12 mensajes con los que el ex Presidente se despidió de los mexicanos y en los que sostuvo que entregaba “un México mucho mejor” que el de seis años antes.

En esta última erogación del Gobierno peñanietista, las empresas más beneficiadas fueron Televisa de Emilio Azcárraga Jean con 522 millones 993 mil 46 pesos y TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego con 383 millones 261 mil 147 pesos. En el caso de este último consorcio, no sólo sus canales televisivos transmitieron “las conquistas” de la administración que en esos meses decía adiós; también lo hicieron las pantallas que el Banco Azteca tiene instaladas en sus sucursales como repetidoras de anuncios.

La publicidad oficial de los últimos días peñanietistas alcanzó hasta a los lectores de espectáculos. La revista TV Notas de la editorial Notmusa fue escaparate de la campaña del 90 Aniversario de la Policía Federal. Recibió 315 mil 668 pesos por un contrato con vigencia del 24 de julio al 30 de septiembre.

Lo anterior quedó plasmado en 674 contratos publicados en Compranet y revisados por SinEmbargo. Se trata de uno de los gastos del gobierno de Enrique Peña Nieto en su último tramo, cuando había concluido el proceso electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y se preparaba la entrega de la administración.

LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde su llegada a la Presidencia que el gasto en publicidad se recortaría a la mitad, gracias a que se utilizaría únicamente el presupuesto aprobado por el Congreso, no más como ocurrió durante cada uno de los años de la administración de Enrique Peña Nieto.

En el punto 29 del plan de austeridad de López Obrador, se aseguró que el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos para este rubro para 2019, en contraste con los más de 4 mil millones de pesos en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto y los 9 mil millones de pesos que en promedio se destinaron en cada año de 2012 a 2018.

Finalmente, el dinero que se aprobó para publicidad oficial fue de 4 mil 711 millones de pesos.

De acuerdo con el colectivo Medios Libres, la reducción por sí sola “no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación”.

Recientemente, Jesús Ramírez encargado de Comunicación Social del Gobierno de México, aseguró que la publicidad gubernamental haría uso de los tiempos oficiales que son los que por ley no tienen costo y que se trabajará en igualar las condiciones entre los medios y no favorecer a ninguno en especifico, como sucedía antes.

Entre las nuevas políticas de comunicación que manejará el actual gobierno, enlistó estas el pasado 17 de abril:

–Ningún medio podrá tener más del 25 por ciento de una campaña.
–Para la producción de materiales se va a privilegiar a los medios públicos, se harán dentro del Gobierno, no se contratarán agencias. Se contratará directamente a creativos, directores y actores.
–Utilización del 100 por ciento de los tiempos oficiales.
–También se anunció la renegociación de tarifas publicitarias con los medios para cerrar la brecha con las tarifas comerciales.

La SCJN está a nada de frenar el derroche en publicidad oficial; eso propone el Ministro Saldívar

viernes, octubre 27th, 2017

La SCJN presentó el proyecto de sentencia a favor de Artículo 19, en la que reconoce  la omisión del Congreso de la Unión de elaborar una Ley que regule la asignación de la publicidad oficial.

El documento, presentado por el Ministro Zaldívar, será votado el próximo 15 de noviembre. En caso de que obtenga la mayoría de los votos a favor, el Congreso tendrá la obligación de expedir una Ley que reglamente esas partidas; este acto que se debió realizar desde febrero de 2014.

Durante la administración de Peña Nieto se han ejercido 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, con un sobreejercicio constante, ya que se ha gastado 71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, 15 mil 162 millones de pesos extras.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Arturo Zaldívar presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto de procedencia del amparo interpuesto por Artículo 19 ante la omisión del Legislativo de elaborar la Ley que regule el reparto de dinero para publicidad oficial.

El agravio en el que se basa es la ausencia del marco normativo reglamentario al párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, en el que se permite un uso arbitrario y discrecional de la asignación de la publicidad oficial.

Ahí quedó establecido que era deber del Congreso de la Unión expedir una Ley reglamentaria en un determinado tiempo. Esa obligación se incumplió totalmente porque no se discutió y mucho menos se aprobó. El plazo previsto en el artículo transitorio para ese efecto terminó desde el 30 de abril de 2014.

Es decir, el Congreso de la Unión tenía el deber de expedir una ley que reglamentara el párrafo octavo del Artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, por lo que hay una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

De acuerdo con el proyecto del Ministro Zaldívar, la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno, cuando el Estado debe actuar de manera neutral en la asignación de esos recursos entre los medios de comunicación, por ello deben existir reglas que aseguren que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios, sean escuchadas.

En el proyecto de sentencia quedó acreditado que el Congreso de la Unión omitió emitir la ley de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 para que se regule el gasto en materia de comunicación social.

Esta omisión, sostiene, vulnera la libertad de expresión en dimensión colectiva y en dimensión individual respecto al objeto social de Artículo 19.

El Presidente Enrique Peña Nieto saluda al periodista Joaquín López-Dóriga, quien por años fue el rostro de las noticias de Televisa. Foto: Cuartoscuro

El proyecto de sentencia que quedó acreditado, resuelve que la Corte concede el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida y proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes del 30 de abril de 2018.

Para la organización defensora de la libertad de expresión argumentó que esta omisión se ha prestado para que las autoridades utilicen los recuerdos públicos destinados a dicho fin de manera discrecional y opaca y además, ha generado medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información por una asignación del recurso que “premia” a ciertos medios y ciertas líneas editoriales.

La agrupación internacional insistió en el aparo en que la ausencia de la regulación, propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social y constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión.

Además planteó que la revisión al argumentar que dicha omisión violaba la libertad de expresión y no los derechos político-electorales. Esto porque el Juez Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, negó el amparo y consideró como “materia electoral”, la tarea de regular el ejercicio del gasto publico en comunicación social.

Y agregó que no hay una invasión de facultades porque los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados por una omisión legislativa absoluta.

“Si la Constitución lo mandata, ya no es una facultad discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio”, explicó la organización en un documento al respecto, elaborado por Leopoldo Maldonado, coordinador del Programa Legal de Artículo 19.

DECISIÓN HISTÓRICA

Pasaron ya cinco años de que Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial y lejos de ver los resultados, hoy se sabe que el dinero destinado a medios de comunicación ha incrementado y no se han respetado los límites que le ha marcado el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Uno de los elementos de la dimensión colectiva de la libertad de expresión es la existencia de medios de comunicación profesionales e independientes para generar un debate plural sobre los asuntos públicos. Para ello deben generarse condiciones como pluralidad de medios y prohibición de monopolios y garantizar protección a la libertad e independencia. Por tanto, corresponde a los tribunales de amparo garantizar la existencia de un clima de seguridad y libertad en la que los medios puedan desplegar vigorosamente la importante función que están llamados a cumplir en una sociedad democrática como la mexicana”, declaró la organización defensor de la libertad de expresión.

En ese contexto, la publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de restricción indirecta.

En entrevista con SinEmbargo, Leopoldo Maldonado explicó que la propuesta es positiva por la expansión de los efectos y alcances del juicio de amparo en tanto que es un recurso judicial para la protección de derechos fundamentales.

También porque en el fondo del tema está la regulación de la asignación de publicidad oficial, que históricamente se ha utilizado como una forma de censura a los medios de comunicación y que ha limitado la pluralidad informativa en el país.

“Al reconocer que esa ausencia de regulación vulnera no solamente el derecho a la libertad de expresión de los medios, sino el derecho a la información de la sociedad en general, la SCJN estaría dando un gran paso”, comentó.

Leopoldo Maldonado: la SCJN puede hacer historia. Foto: Cuartoscuro

El proyecto que se discutirá el próximo 15 de noviembre, abordará temas como el financiamiento necesario a medios de comunicación, la compra de espacios por parte del gobierno, los recursos de comunicación social que deben quedar como indispensables y la suspensión de ingresos por publicidad oficial a medios que ya no tengan los recursos económicos necesarios para seguir funcionando.

Además se hará énfasis en que lo que hace falta son reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno.

“Lo que se plantea por parte de la Corte es histórico porque la falta de regulación de publicidad oficial, vulnera la posibilidad de desarrollar o cumplir nuestro objeto social que es la defensa y promoción de la libertad de expresión y que en ese sentido, el Legislador tendría que revertir esa vulneración a nuestros derechos”, agregó Maldonado, que explicó que el principio de relatividad no sería tan estricto, ya que las sentencias de amparo benefician a más personas que las que promovieron el amparo, sobre todo en cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales.

Y bajo el nuevo parámetro constitucional en materia de derechos humanos, se tienen que expandir los alcances del juicio de amparo para obligar a que las autoridades cumplan con el orden constitucional, lo que sentaría un precedente histórico.

En caso de que la votación al amparo sea a favor, se le daría un plazo razonable al Congreso de más de un año para legislar, con un término hasta el 30 de abril de 2019. Para Maldonado, el hecho de que la discusión no esté contaminada por la coyuntura electoral, abre un panorama político bastante favorable porque se podría generar una discusión a fondo en el tema para que se cumplan con los estándares internacionales en materia.