El video que circula en redes sociales muestra a una mujer policía golpear a una persona detenida. La Alcaldía de Perote, Veracruz, aseguró que ya abrió una carpeta de investigación al respecto de los hechos.
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Esta semana empezó a circular en redes sociales un video donde se observa a una mujer policía de la corporación de Veracruzgolpear a una persona detenida con una tabla, violentando así sus derechos humanos.
El video publicado por el reportero Jorge Becerril muestran a un hombre detenido en las instalaciones de la comandancia municipal de Perote, Veracruz. La persona detenida tiene las manos esposadas en su espalda y los pantalones abajo, mientras está recargada en un escritorio.
La mujer, que fue identificada como Rosa María, está golpeando al detenido con una tabla de madera.
Después de que se dieran a conocer los hechos, el Alcalde de Perote, Delfino Ortega Martinez, emitió un comunicado en el cual indicó que no será tolerada la violencia en ninguna de sus formas. “Procederemos a la investigación correspondiente y daremos a conocer a la ciudadania las medias que con firmeza serán tomadas en relación a este caso en las próximas horas”, remarcó.
La policía de Veracruz busca a un individuo acusado de asesinar a su suegra y herir gravemente a su pareja. Los hechos ocurrieron la noche de ayer, 27 de marzo, en el municipio de Isla, Veracruz.
El sujeto ya es buscado por las autoridades a la espera de que pronto den con él, se presume que se habría dado a la fuga a la ciudad de Xalapa.
Los hecho se presentaron anoche en Calle Javier Duarte de Ochoa, en una bodega de venta de materiales de construcción. Foto: Plumas Libres.
Isla, Veracruz/Ciudad de México, 28 de marzo, (PlumasLibres/SinEmbargo).- La policía busca a un hombre que anoche dio muerte a su suegra y dejó malherida a su novia, aparentemente por una pelea; el sospechoso está identificado como Roany Said Soler.
En la escena del crimen, una bodega en Isla, también encontraron una fosa que presuntamente había sido elaborada por el agresor con el propósito de lanzar ahí a sus víctimas.
Los hecho se presentaron anoche en Calle Javier Duarte de Ochoa, en una bodega de venta de materiales de construcción.
El dueño del negocio fue el que alertó a las autoridades sobre la llamada que había sido efectuada por uno de sus trabajadores identificado como Roany Said Soler, quien le confesó por teléfono el delito que había cometido.
Según el relato del dueño, el joven peleó con las dos mujeres, y mató con un arma blanca a su suegra, Isidra Castillo Cisneros de aproximadamente 41 años de edad; y dejó malherida a su novia, María de Jesus Sosa Castillo de 18 años.
Al arribar las autoridades, encontraron en mal estado a María de Jesus Sosa Castillo, por lo que fue llevada a urgencias médicas.
En cambio, nada pudieron hacer por su madre, quien se encontrada junto a una fosa que se notaba que la acaban de elaborar.
El reporte de la policía indica que el agresor, posiblemente, pensaba echar ahí a las dos víctimas, pero al ver que su novia no había muerto, se arrepintió y le llamó a su jefe para que mandara ayuda.
El sujeto ya es buscado por las autoridades a la espera de que pronto den con él, se presume que se habría dado a la fuga a la ciudad de Xalapa.
Las personas aseguradas responden a los nombres de Ismael “N”, Brayan “N”, Cristian “N” y Jonathan Luis “N”. Dicha banda operaban en Coatzacoalcos, Villa Allende y Minatitlán.
La banda tenía a una menor secuestrada, pero fue rescatada. Foto: PlumasLibres
Veracruz/Ciudad de México, 10 de marzo (PlumasLibres/SinEmbargo).- Apoyado en labores de inteligencia, el Grupo de Coordinación Veracruz rescató a una menor de edad, de nombre Dafhne Alejandra “N”, víctima de secuestro en Coatzacoalcos, quien se encuentra en perfecto estado de salud. Es importante señalar que no se pagó un solo peso de rescate.
En el operativo, se capturó a 4 presuntos secuestradores, desarticulando así a una peligrosa banda delictiva, además de que se obtuvo información muy relevante sobre otros crímenes cometidos por estos sujetos y los demás integrantes de esta célula, liderada por Sergio “N”, alias “El Cursi”, a quien se le busca en estos momentos.
Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), con sede en Coatzacoalcos y perteneciente a la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, SEDENA, SEMAR y la Secretaría de Seguridad Pública, implementaron un operativo en Coatzacoalcos, en el que capturaron a 4 presuntos secuestradores, quienes mantenían secuestrada a la víctima, desde el pasado 1 de marzo del presente año.
A partir de esa fecha, se inició un operativo de búsqueda y localización en dicho municipio y zonas aledañas, con la finalidad de dar con el paradero de la menor y de los posibles secuestradores.
Gracias a los exhaustivos trabajos de inteligencia y de campo, se logró ubicar un inmueble en la calle Félix Parra, número 130, de la colonia Paraíso, en Coatzacoalcos, que era utilizado como casa de seguridad y en el cual mantenían privada de su libertad a la menor.
Las personas aseguradas responden a los nombres de Ismael “N”, Brayan “N”, Cristian “N” y Jonathan Luis “N”. Dicha banda operaban en Coatzacoalcos, Villa Allende y Minatitlán.
Se informa que las personas detenidas, así como lo asegurado en el operativo, quedan a disposición del Fiscal en turno de la UECS, donde se determinará su situación jurídica.
Con acciones como éstas, el Grupo de Coordinación Veracruz reafirma su compromiso con la seguridad e integridad de la población.
Se invita a la ciudadanía en general a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente, en caso de haber sido víctima de estos sujetos.
La policía del estado mexicano de Veracruz creó unidades que emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer en su mayoría de jóvenes, sospechosos de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco. La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas.
Estas detenciones se perpetraban descaradamente en ámbitos urbanos, un modus operandi que no se había visto ni en Guerrero, lugar conocido por secuestros perpetrados por elementos de la policía federal cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado entre los años 1960 y 1970.
VERACRUZ, México, 28 de febrero (AP) — La policía del estado mexicano de Veracruz, infestado de corrupción, creó unidades que empleó tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco, de acuerdo con acusaciones presentadas por la procuraduría estatal.
Las denuncias presentadas la semana pasada contra exjefes de la policía de Veracruz muestran todas las señales de las violaciones de derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en los años de 1960 y 1970.
La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas que funcionaban en la misma academia de policía, que luego los mataban y hacían desaparecer los cuerpos, según el acta de acusación.
Ingreso al penal de “Pacho Viejo” de Roberto “N”, ex director de la Fuerza Civil de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte el paso 7 de febrero. Foto: Cuartoscuro
Si bien se sabe de policías corruptos que entregan jóvenes a los cárteles de la droga en distintas regiones de México, el caso de Veracruz es notable por la jerarquía de los acusados: son el exjefe de seguridad estatal y los jefes de al menos dos divisiones policiales, lo cual sugiere que las desapariciones eran política de estado durante la administración del gobernador Javier Duarte, quien se encuentra preso para responder a cargos de corrupción.
“Es la primera vez en la que se consigna a un grupo importante de personas en número y jerarquía y que se logra demostrar que hay una estructura, un aparato organizado de poder que se pone de acuerdo, planifica y ejecuta un plan elaborado, generalizado y sistemático para desaparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos.
“Lo paradigmático es la estrategia de la fiscalía para construir una teoría de caso que habla de una estructura de poder ideada para cometer desapariciones”, añadió.
Las policías federal y militar eran acusadas de torturas y desapariciones sistemáticas cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado de Guerrero, en el sur, en los años de 1960 y 1970.
Pero a diferencia de Guerrero, las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 no sucedieron en montañas remotas; se las perpetraba descaradamente en ámbitos urbanos. Los escuadrones incluso secuestraron, torturaron y liberaron a una mujer policía que viajaba en un taxi después de su turno, según la acusación.
Jaqueline, como se identifica a la testigo en documentos judiciales, aparentemente tomó el taxi equivocado: la policía acusó al chofer de transportar una pequeña cantidad de cocaína. En el sur de México los taxistas suelen trabajar como “mulas”.
Pero ni el taxista ni Jaqueline fueron arrestados, acusados ni obligados a comparecer ante un juez.
Las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 se perpetraban en ámbitos urbanos. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro
En su declaración a la corte, Jaqueline describió un procedimiento similar al presuntamente utilizado en otros casos.
Los obligaron a bajar del taxi y los entregaron al escuadrón policial conocido como “los fieles”, quienes los llevaron a la academia policial conocida como El Lencero donde según ella los torturaron y golpearon.
Al cabo de cuatro días, Jaqueline quedó en libertad porque sus captores, entre ellos el teniente Roberto Carlos Flores, comprendieron que era agente de policía. Pero del taxista no se tuvieron más noticias.
Según los documentos leídos en la corte, el patrón se repitió en al menos otros 14 casos. Las víctimas eran sobre todo jóvenes recogidos en las calles o en vehículos bajo sospecha de actuar como vigías para el cartel de los Zetas.
Aparentemente los recogían los “fieles” si la investigación inicial descubría mensajes sospechosos en sus teléfonos celulares.
Después supuestamente los llevaban a la academia de policía, de donde desaparecían sin dejar rastros.
Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, en actividad o retirados, están siendo juzgados por “desaparición forzosa”. Entre ellos figuran el exsecretario de seguridad pública _el principal comandante policial_ y sus directores de fuerzas especiales, cárceles y policía.
Las víctimas incluyen dos mujeres y dos menores.
Se han encontrado cientos de fosas en Veracruz, pero solo se ha podido identificar unos pocos cadáveres.
El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, informó que los dos ministeriales han sido concentrados en sus instalaciones a la espera del proceso para darlos de baja.
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Veracruz/Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Policías ministeriales intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra una mujer de la tercera edad en calles de Boca del Río, Veracruz, sin embargo, se trataba de la persona equivocada.
De acuerdo con los testigos, los dos ministeriales siguieron a la mujer hasta un café de la zona, la sacaron y de ahí se la llevaron casi arrastras.
En un video difundido en redes sociales se observa una camioneta, sin logotipos oficiales, en la que pretendían llevarse a la mujer.
Mientras los dos hombres la llevaban detenida, la mujer pedía a gritos ayuda. Narró a otra ciudadana que se acercó para tratar de auxiliar que después de que la siguieron, los ministeriales le apuntaron con un arma para llevársela.
Uno de los policías mostró su identificación, sin dejar de jalar a la mujer.
El ciudadano que seguía grabando el hecho se acercó a la camioneta y pudo constatar que tenía placas oficiales. Le preguntó a la mujer su nombre y ella se identificó como Araceli Cerralta González.
Cuando los ministeriales fueron cuestionados sobre la orden de aprehensión, estos no dieron razón ni del delito ni del nombre del imputado.
Uno de los policías acusó a la mujer de conducir en sentido contrario. Después, el segundo, al ver la identificación, le explicó que la detención no era contra ella y reconoció que se trató de un error.
El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, informó que los dos ministeriales han sido concentrados en sus instalaciones a la espera del proceso para darlos de baja.
Expresó que dará una disculpa pública a la ciudadana y aseguró que este tipo de conductas no se pueden seguir presentando en la institución.
Por ahorrar evaluación, Gobierno de Veracruz considera el regreso de elementos que formaron parte de la policía intermunicipal en Veracruz, lo que alertó a familiares de desaparecidos, quienes aseguraron que “Los comandantes hacen sus acuerdos, y no protegen a la población”.
Por Arantxa Arcos/Yerania Rolón
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo/BlogExpediente).- Carlos Saldaña Grajales perdió a dos hijos en un día. El 29 de noviembre del 2011 fueron levantados Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, ambos salieron de un antro y desde ese momento se desconoce de su paradero.
El padre de los jóvenes se dedicó a buscarlos. Presentó denuncias para que agentes ministeriales buscaran, sólo recibió “seguramente ya viven juntos. Así pasa luego entre hermanos”.
El desinterés de la autoridad por cumplir sus funciones hizo que Carlos Saldaña se uniera y buscara junto con otros familiares de desaparecidos, lo que lo llevó a encontrar una pistas importante: dos policías municipales resultaron sospechosos de la desaparición de Nallely y Alberto.
Cinco años después, Carlos recibió amenazas telefónicas de los posibles captores de sus hijos, las cuales no sirvieron para desistir de la búsqueda. Carlos mantiene actividad frecuente con colectivos de desaparecidos en la entidad veracruzana.
El primero de agosto del 2016, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó que presentaría la convocatoria para quienes se quisieran integrar a las policías estatales y municipales.
El anuncio se dio durante el Foro de Seguridad celebrado en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado.
En dicho evento, consideró como “grave error” la desaparición de las policías municipales, por lo que recalcó la necesidad de activarlas nuevamente y ser de “proximidad” con la población.
Carlos Saldaña no tomó con gusto la noticia. Sus hijos fueron levantados por elementos de la desaparecida policía municipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan.
Los presuntos culpables no fueron detenidos, fueron protegidos por la Fiscalía General del estado (FGE), incluso, después de desaparecer a los jóvenes que salieron de un bar, ocuparon el vehículo particular de Nallely para pasearse por la capital del estado.
“Los agresores sabían de la impunidad que gozaban. Luego de la desaparición circularon en el carro de mi niña como sin nada. Tuve que perseguirlos y exhortar a las autoridades que los detuvieran. Tiempo después los dejaron libres por falta de pruebas”.
La desesperación sigue caminando a un lado del valor por escarbar en fosas clandestinas, en terrenos remotos y calmar el sentimiento al ver osamentas o fragmentos de cuerpos inertes.
“Si no es por nosotros, no vemos avances. Las autoridades no dan avances. En el 2016 hubo cinco mil desaparecidos. Todas las desapariciones fueron forzadas”, insistió.
Los hijos de Carlos Saldaña llevan cinco años y dos meses desaparecidos. Hecho en el que policías intermunicipales de Xalapa estuvieron involucrados, aseguró el hombre.
“Nos hemos obtenido respuesta a los compromisos prometidos por el licenciado Miguel Ángel Yunes, al inicio de su campaña. Tuvimos varias reuniones, estuvimos al pendiente de la campaña y se comprometió que al primer día de su mandato iba a tomar cartas en el asunto”.
El regreso de las policías municipales estuvo programado para el mes de diciembre, el primer mes del Gobierno estatal panista que derrocó los 86 años consecutivos del PRI en Veracruz.
A días de consumar su segundo mes de mandato, Yunes Linares no presenta argumentos validos para ahorrar tres meses de análisis en los elementos que conformarían la policía estatal y municipal.
La reactivación de los citados elementos medita en ex policías, aquellos que supuestamente cuenten con antecedentes buenos para incursionar en las fuerzas de seguridad municipal.
“Decisión nada grata para nosotros. En mi caso no veo correcto que cada policía pertenezca a los municipios, porque entonces van a hacer lo que ellos quieran, no van a tener el control desde un Secretario de Seguridad Pública”, lamentó Carlos Saldaña.
Los periodistas en Veracruz están completamente indefensos. No existen organizaciones locales defensa de periodistas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas local no mueve un dedo y ni qué decir de la Fiscalía de justicia. Por eso muchos tienen temor, incluso para opinar sobre la violencia desatada en contra del gremio desde la llegada de Javier Duarte de Ochoa a la Gubernatura. Y nada, ni la presión social ni las acusaciones que se vierten a cubetadas contra su Gobierno logran que el mandatario priista haga algo para impedir el acoso, las amenazas y los asesinatos contra comunicadores en la entidad, reconocida a nivel mundial por ser la más peligrosa para ejercer el periodismo en todo América.
En Veracruz los periodistas están solos. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– En Veracruz, los periodistas están solos. Ellos se protegen entre sí, se aguantan el miedo y siguen trabajando día con día sin que nadie pueda parar los asesinatos y las amenazas. Aún así, la pasión por la profesión supera al temor, pero no al enojo y al clima de repudio de un gremio agraviado.
Así describió a la comunidad periodística veracruzana el fotógrafo Miguel Ángel Carmona en entrevista con SinEmbargo mientras se dirigía a cubrir el velorio de su colega Pedro Tamayo Rosas, un compañero que apenas hace un día estaba entre los vivos reporteando en un lugar del cual escapó por amenazas y al que, por un motivo que aún se desconoce, regresó.
“Aquí andamos, sacudidos por esto. Hay mucho enojo de parte del gremio en general contra la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas [CEAPP] que dirige Jorge Morales, porque de manera general está atada de manos, no puede hacer nada por los compañeros. Tiene un presupuesto asignado y siguen muriendo compañeros. Más allá de la consternación sabemos que la Comisión no es la responsable de estas muertes, pero el compañero [Pedro Tamayo] ya había recibido amenazas”, dijo.
A principios de este año, el periodista Pedro Tamayo Rosas escapó de Veracruz. Dijo que lo amenazaban policías. Ahora está muerto. Pedro Tamayo Rosas, de 43 años de edad y periodista que cubría la región de Tierra Blanca fue asesinado a balazos, después de que denunciara amenazas del Gobernador Javier Duarte de Ochoa y de su cuerpo policiaco.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), el periodista fue acribillado afuera de su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, entre Morelos y Matamoros, en la colonia Centro de Tierra Blanca.
Las primeras entrevistas establecen que habrían sido dos los agresores, quienes se acercaron a saludar a Tamayo Rosas en una negociación de su propiedad, agrediéndolo con disparos de arma corta, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde perdió la vida mientras recibía atención, detalló la dependencia en un comunicado.
La FGE informó que sus peritos especializados recolectaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y que los agresores huyeron en un auto, del que “se pudieron conocer las características”.
La dependencia veracruzana señaló que se estableció un operativo para dar con los responsables. Además de que se abrió de investigación 217/2016, en la que no se descartará “ninguna línea de investigación, incluido el trabajo periodístico”.
Tamayo Rosas huyó del estado después de que recibiera amenazas de “policías disfrazados de trabajadores de Telmex”. Su esposa Alicia Blanco denunció que fue visitada por policías en su domicilio.
“Le intervinieron el teléfono y posteriormente le dijeron textualmente que le dijera a su marido que ‘le bajara de huevos y que dejara de estar chingando al Fiscal y al Gobernador’”, esta cita fue publicada por El Piñero de la Cuenca, uno de los diarios en los que trabajaba.
Pero regresó a Tierra Blanca hace unos días para ser asesinado a balazos. Una decisión que el gremio periodístico aún no se explica, indicó Miguel Carmona.
“Es un misterio el porqué regresó. Se sabe de parte de Jorge Morales que desistió del apoyo y regresó al mismo ambiente sórdido que ocurre en Tierra Blanca. Como asunto medular, esto es puntual, tiene mucha relación con el caso de los cinco chicos de Tierra Blanca. Pedro se exilia el 25 de enero, pero empieza a darle seguimiento al caso. Llega la Policía Federal, resguardan el lugar, una vez que terminan vuelve el reino, el dominio de la zona de los criminales en los alrededores”, dijo.
Carlos Hermilo Orozco, tío de dos de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, lamentó el asesinato de Pedro Tamayo, reportero que conoció en medio de la desaparición de sus sobrinos.
“Lo conocíamos, sí [a Tamayo]. Mi sentir es que de verdad no se va a poder con la corrupción. Mientras esté aquí el mismo Gobierno [el de Javier Duarte de Ochoa] siguen la violencia, los desaparecidos, los asesinatos, todo sigue igual”, dijo Orozco.
En Tierra Blanca, agregó, todos los días ocurren hechos violentos: “pero la gente ya se acostumbró a vivir así. Los que pueden, intentan no pasar por ahí, pero hay quien tiene sus trabajos ahí o que tiene que pasar”.
Miguel Carmona detalló que en toda la entidad hay focos rojos para los periodistas. Los asesinados, ya 17, laboraban en distintas regiones de Veracruz. Aún así, los periodistas no paran: continúan trabajando, así sea en total vulnerabilidad.
“Es una moneda al aire en seguridad. La necesidad que abunda en el estado, la pasión por el periodismo hacen que salgan. Hay mucha consternación y enojo, pero la labor del periodista está por encima del miedo, aun sin garantías”, dijo.
Pedro Tamayo no es el único reportero que salió huyendo de Veracruz.
El año pasado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril– asesinado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto con cuatro mujeres –dijo en entrevista con SinEmbargo que salió huyendo de Veracruz, porque era acosado por el gobierno de Javier Duarte, debido a que publicaba fotos incómodas para el Gobernador y porque cubría marchas y movimientos sociales.
En una de esas coberturas andaba –una manifestación de estudiantes que fue reprimida y que a él le tocó registrar a través de su lente–, cuando un hombre, al que Rubén identificó como una persona de “ayudantía del Gobierno del Estado”, lo amenazó con que terminaría como la periodista Regina Martínez Perez de la revista Proceso, y quien fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio de Xalapa, Veracruz.
“Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de ayudantía del Gobierno del estado y me dijo: ‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’. Eso me lo dijo una persona de gobierno. Son policías vestidos de civil. La persona que orquestó el operativo de esos estudiantes está en la Secretaría de Seguridad Pública”, aseguró.
Espinosa Becerril aseguró que no confiaba en los mecanismos de protección del gobierno y que prefería acercarse a los organizaciones de defensa de periodistas:
“He hablado con Artículo19, con CPJ, con los medios con los que colaboro: con Proceso y Cuartoscuro, con AVC, ellos están conscientes. Estoy buscando a Periodistas de a Pie, porque en Veracruz no hay esa garantía. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada. El día de la golpiza del 14 de septiembre a un compañero le dieron con toletes eléctricos en el corazón y la misma Comisión le dijo: ‘Mejor recibe dinero, no hagas escándalo, ya te pasó, ya te robaron’. He venido acá [a la Ciudad de México] y me preguntan si ya me acerqué a la Comisión. No tienen idea de la corrupción que hay en esa Comisión. Yo no confío en ninguna institución del estado, no confío en el Gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí. No es nada más Rubén, es familia, amigos, yo no quiero perjudicar a nadie más con eso”, dijo un mes antes de ser asesinado.
El miércoles, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, acudió al estado a una reunión con autoridades locales y resaltó que Veracruz es el es la entidad que más periodistas y defensores de derechos humanos tiene inscritos en el Mecanismo de Protección federal, al atender a 56 personas.
ORGANIZACIONES CIVILES CONDENAN CRIMEN
Rubén Espinosa Becerril también huyó de Veracruz, pero fue asesinado en la Ciudad de México, en donde se refugiaba de las amenazas. Foto: SinEmbargo.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, hizo un llamado al esclarecimiento del crimen de reportero Pedro Tamayo:
“Que haya una investigación inmediata, imparcial, exhaustiva donde se esclarezcan estos hechos. Nos parece preocupante que sea el tercer asesinato en el año de un periodista en Veracruz y que los otros asesinatos no hayan sido esclarecidos totalmente. Nos preocupa que estos delitos queden impunes, porque es un incentivo y fomenta a que sigan ocurriendo estos actos”, dijo.
Quiroz Rendón expuso que el crimen de Pedro se da en un contexto en donde los mecanismos institucionales para proteger a los periodistas en la entidad no funcionan.
“Además del esclarecimiento de todos estos asesinatos, se deben de tomar medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones”, precisó el director de AI en el país.
La organización Artículo 19 también condenó el asesinato del periodista Pedro Tamayo, quien fue acribillado la noche del miércoles en su domicilio en Tierra Blanca, mientras estaba bajó la protección del Gobierno estatal. Calificó a Veracruz como un Estado fallido y peligroso donde no sólo se restringe la libertad de expresión, también existe una política estatal para limitarla. El gremio periodístico local, por su parte, acusó al Gobernador Javier Duarte de ser cómplice de la ola de agresiones en contra de los comunicadores de la entidad.
En entrevista para SinEmbargo, Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y América Latina dijo que la realidad que se vive en Veracruz muestra a una entidad donde no hay Estado de derecho y existe la impunidad.
“Hemos visto [Artículo 19] una impunidad, hay 17 asesinatos de periodistas en la gestión de Duarte y hay casos donde todavía no se consignan a los culpables. Hay mucho que desear sobre las investigaciones”, destacó Ruelas.
Artículo 19 mostró su preocupación porque no existen líneas de colaboración con el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa para dar seguridad a los periodistas.
“Hay una falta de Estado de Derecho, es una política dirigida a restringir los flujos de información, esperamos que en el próximo Gobierno haya una política que garantice que estos casos no vuelvan a pasar”, expuso.
La directora de Artículo 19 detalló que uno de los grandes problemas en Veracruz es la impunidad con la que las autoridades manejan los casos de los asesinados, desestimando la labor periodística de las víctimas.
“La impunidad que impera desestima la labor periodística de las personas, al final el discurso del Gobierno es tratar de justificar las muertes o la violencia”, mencionó.
Artículo 19 solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer el caso de Pedro Tamayo.
“Que atraiga el caso [FEADLE]. Se deben agotar todas las líneas de investigación”, exigió.
El diario El Piñero de la Cuenca, uno de los periódicos donde colaboraba el periodista, exigió ayer al Gobierno de Veracruz justicia para Tamayo.
“El equipo que integra a El Piñero de la Cuenca -que dignamente dirige su director general Roberto Hernández Torres- se manifiesta en firme protesta ante el asesinato del compañero reportero Pedro Tamayo Rosas”, expuso el diario en su editorial de este jueves.
Los compañeros de Pedro Tamayo señalaron que su asesinato representa un condenable ataque al periodismo y a quienes hacen su labor desde una geografía asolada por el crimen organizado y olvidada por las autoridades como los es la región de la Cuenca del Papaloapan.
Pedro Tamayo documentaba sucesos de violencia y protestas sociales en su natal Tierra Blanca; pero también lo hacía en donde su inquietud periodística le permitía, como en la Cuenca del Papaloapan.
Los compañeros de Pedro Tamayo señalaron que su asesinato representa un condenable ataque al periodismo y a quienes hacen su labor desde una geografía asolada por el crimen organizado y olvidada por las autoridades como los es la región de la Cuenca del Papaloapan.
Pedro Tamayo documentaba sucesos de violencia y protestas sociales en su natal Tierra Blanca; pero también lo hacía en donde su inquietud periodística le permitía como en la Cuenca del Papaloapan.
El quehacer reporteril de Pedro en Tierra Blanca era complicado, pues en muchas ocasiones había sido intimidado por las fuerzas del poder oficial porque sus publicaciones –la mayoría de violencia– “incomodaban”.
“Era un reportero incómodo. Era un reportero que tenía la premisa de informar las situaciones de riesgo, las complicaciones de una región históricamente violenta. Era un reportero que marcó una vida al lado de una cámara y al son del teclado. Era un reportero. Y fue un reportero que murió teniendo el blindaje del estado”, mencionó El Piñero de la Cuenca.
En 2015 y el primer trimestre de 2016, el Veracruz de Duarte se convirtió en la de mayor número de agresiones contra la prensa en el país, de acuerdo con la organización Artículo 19. En abril de 2013, se recuerda, el Gobernador priista recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
En junio del año pasado, en un encuentro con medios de comunicación de Poza Rica, el priista soltó la frase: “Pórtense bien […] Todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen vinculación con estos grupos [criminales]”.
Moisés Sánchez, de La Unión; Armando Saldaña, de Exa FM; Juan Mendoza, de Escribiendo la Verdad, y Rubén Espinosa, de Cuartoscuro, eran periodistas de Veracruz, pero fueron asesinados en otras entidades como Oaxaca y la Ciudad de México.
En lo que va del año, Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y Manuel Torres González, de Poza Rica, también fueron ejecutados.
El caso mas reciente había sido el de Manuel Torres, asesinado el 14 de mayo pasado de un disparo en la cabeza, en Poza Rica. Su cadáver quedó tirado frente a las instalaciones de las oficinas de Tránsito del estado, en la avenida Dos de Enero.
La entidad que aún gobierna Duarte de Ochoa es el espacio geográfico del continente y del país más peligroso para ejercer el periodismo, ha dicho Artículo 19. Durante su administración 17 periodistas han sido asesinados y de 2009 a 2015 se tienen registradas 240 tipos de agresiones en contra de medios y comunicadores en Veracruz.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
