El Secretario de Seguridad estadounidense dijo que el paso siguiente es comunicar la decisión a un tribunal inferior para que se levante la orden que mantiene la política en operación continua desde diciembre.
Por Elliot Spagat
SAN DIEGO (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos certificó este lunes su fallo de hace un mes que le permite al Gobierno de JoeBiden poner fin a un programa fronterizo del expresidente DonaldTrump que hace que los solicitantes de asilo aguarden en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses, una mera formalidad que ha atraído atención en medio de un silencio casi total de la CasaBlanca en torno a cuándo, cómo e incluso si desmantelará esa política.
La frase en el expediente decía “Sentencia dictada” para registrar que los jueces votaron 5-4 en un fallo emitido el 30 de junio acerca de que el Gobierno podía derogar la política “Permanecer en México”, sobreseyendo el fallo de un tribunal de menor instancia que obligó a reinstaurar el programa en diciembre.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo poco después de la victoria en la Corte Suprema que será necesario que los jueces le comuniquen la decisión a un tribunal inferior, que a su vez deberá levantar la orden que mantiene la política en operación en una demanda incoada por el estado de Texas. Aparte de eso, los funcionarios del Gobierno han dicho poco, incluyendo si se permitirá que algunas de las miles de personas sujetas a la política desde diciembre ingresen y permanezcan en Estados Unidos mientras una corte de inmigración analiza sus casos.
Estados Unidos reactivó el programa “Permanecer en México” para que los solicitantes de asilo en ese país esperen en territorio mexicano la resolución de sus trámites. Foto: AP
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no hicieron comentarios por el momento acerca de la certificación por parte de la Corte Suprema, y el Departamento de Justicia no quiso comentar. Funcionarios en México no hicieron comentarios.
Aproximadamente 70 mil migrantes se vieron sujetos a la política, conocida oficialmente como “Protocolos de protección al Migrante” (MPP, por sus siglas en inglés), desde que Trump comenzó a implementarla en enero de 2019 hasta que Biden la suspendió en su primer día en el puesto en enero de 2021, con lo que cumplió una promesa de campaña. Durante los primeros meses de la presidencia de Biden se permitió que muchas personas regresaran a Estados Unidos para atender sus casos.
Casi cinco mil 800 personas han estado sujetas a la política desde diciembre hasta junio, según cifras dadas a conocer el viernes, un número modesto que haría parecer menos plausible cualquier renuencia a ponerle fin. De ese número, la porción más grande es de nicaragüenses, y también hay de Cuba, Colombia y Venezuela.
El programa “Permanecer en México”, llamado oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera. Foto: AP
Un letrero que la Organización Internacional para las Migraciones colocó la semana pasada a la entrada del albergue para migrantes establecido por el Ejército de Salvación en la ciudad de Tijuana, México, parecía capturar mejor la comprensión del público sobre el estatus de la política: “¡Espera información oficial! El programa ‘Quédate en México’ (MPP) continúa. El Gobierno de Estados Unidos informará sobre cualquier cambio”.
Los críticos de la política son cada vez más abiertos sobre la reticencia del Gobierno de Biden con respecto a “Permanecer en México”, y tras la certificación del lunes renovaron sus exhortaciones para que se ponga fin inmediato a ese programa. “Es una política zombi”, dijo Karen Tumlin, fundadora del Justice Action Center, una organización que litiga en favor de los migrantes.
El último paso podría darlo el Juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, un Juez nombrado por Trump cuyo fallo el año pasado restableció “Permanecer en México”.
El Gobierno de Biden apeló el fallo de tribunales inferiores en los que obligaban al Presidente restaurar la política originalmente instaurada durante el periodo de Donald Trump; “Permanecer en México” obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.
Por Mark Sherman
WASHINGTON, 19 de febrero (AP).— La CorteSuprema de Estados Unidos concederá al Gobierno de Joe Biden una audiencia rápida en su intento de eliminar una política fronteriza impuesta en la era Trump, la cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
El viernes, los jueces acordaron escuchar la apelación del Gobierno a los fallos de tribunales inferiores que lo obligan a revivir la política “Permanecer en México”, que fue instaurada por el expresidente Donald Trump en 2019. La audiencia se realizará en abril y se espera una decisión para finales de junio.
Biden suspendió el programa, denominado formalmente como Protocolos de Protección a Migrante, en su primer día en el cargo, y el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021.
El programa “Permanecer en México” obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso. Foto: AP
Pero después de que los estados de Missouri y Texas, gobernados por políticos republicanos, interpusieran una demanda contra la medida de Biden, un juez federal ordenó que se volviera a aplicar la política, algo que ratificó un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones.
La política de “Permanecer en México”, reconoció Mayorkas, contribuyó al descenso de los cruces fronterizos ilegales en 2019, pero dijo que la reducción tuvo “costos humanos sustanciales e injustificables” para los solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
Este programa se ha reanudado, aunque de manera lenta. Desde su puesta en marcha en diciembre del año pasado, 572 personas habían sido devueltas a México hasta el 13 de febrero, según la agencia de migración de Naciones Unidas.
Tanto el Gobierno de Trump como el de Biden han utilizado una facultad de salud pública —para evitar la propagación del COVID-19— para expulsar a más de 1.5 millones de migrantes desde marzo de 2020 sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
Agencias como la OIM y organismos de la sociedad civil llevan meses alertando que la falta de información beneficia a la delincuencia, porque los traficantes esparcen rumores y juegan con la esperanza de la gente.
Por María Verza y Elliot Spagat
REYNOSA, México (AP).— Algunos migrantes varados desde hace meses al sur del Río Bravo, tienen ahora sus esperanzas puestas en la expansión de la política migratoria más polémica y criticada del expresidente Donald Trump: la que permite pedir asilo en Estados Unidos, pero esperando el proceso en México.
Las posibilidades de conseguir el asilo por esta vía parecen mínimas, aunque hay quienes lo ven como una especie de premio de consolación. Piensan que es mejor estar en esta zona controlada por el crimen organizado con un trámite de asilo en marcha —el programa conocido como “Permanecer en México” o MPP, según las siglas en inglés de su nombre oficial— que ser devuelto o esperar con el mismo miedo, pero sin un papel en las manos.
“No hay otra manera de cruzar legalmente, por eso creo que va a ser bueno”, afirma Alexander Sánchez, un venezolano que lleva nueve meses en un albergue de Reynosa, en el extremo este de la frontera entre México y Estados Unidos, con su esposa y su hija de 5 años. Sánchez confía en poder acogerse pronto a este plan, paralizado por el Presidente Joe Biden al llegar al poder en enero de 2021 y luego forzado a reinstalarlo por una orden judicial.
Vista de la Patrulla Fronteriza capturando sospechosos de ingresar irregularmente a Estados Unidos, en una fotografía de archivo. Foto: Larry W. Smith, EFE
La versión renovada del programa más simbólico de la política antiinmigrante de Trump comenzó a reinstalarse a principios de diciembre y su expansión esta semana a la frontera entre Tamaulipas (donde está Reynosa) y Texas ha pasado casi desapercibida pese a sus connotaciones: ese estado mexicano es el mayor corredor de tráfico de migrantes y fue en Texas donde un Juez nombrado por Trump ordenó a Biden reinstaurar el plan.
El alcance ha sido mínimo. Hasta el miércoles, sólo 381 solicitantes de asilo habían sido devueltos a México por este plan, según datos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la ONU que se encarga de recibirlos.
En comparación, decenas de miles que cruzan siguen siendo expulsados a México de forma automática cada mes sin poder pedir asilo debido a una medida de salud pública (el llamado Título 42) que Trump puso en marcha al inicio de la pandemia con el argumento de reducir los contagios y que Biden mantuvo sin cambios. Sólo en diciembre hubo casi 80 mil expulsiones de este tipo.
Walter Alexis Beltrán, un optometrista salvadoreño, fue uno de los devueltos bajo el Título 42 hace cuatro meses. Desde entonces vive con su esposa y su hija de 4 años entre los más de dos mil migrantes que se hacinan entre carpas y plásticos entrelazados en un campamento instalado en la plaza de Reynosa.
En esta imagen facilitada por la Casa Blanca, el Presidente Joe Biden conversa con el Presidente ruso Vladimir Putin desde su residencia privada en Wilmington, Delaware, el jueves 30 de diciembre de 2021. Foto: Adam Schultz/Casa Blanca vía AP
Beltrán pagó cuatro mil 500 dólares a los traficantes sólo por cruzar el Río Bravo y entregarse a las autoridades estadounidenses. Unas horas después, él y su familia estaban de vuelta en México sin haber podido siquiera contar su caso.
“El MPP tiene sus ventajas y sus desventajas”, explica mientras vigila su pequeño negocio: una batería comprada con sus últimos ahorros, con la que ofrece cargas de celular al resto de migrantes por un cuarto de dólar mientras espera una nueva oportunidad para poder cruzar a pedir asilo.
“Prefiero esto a que me manden a El Salvador”, asegura. “La desventaja es el peligro que hay aquí”, una zona controlada por cárteles para los que los migrantes son un pujante negocio.
Sin embargo, cualquier optimismo ante el nuevo MPP parece infundado.
De los más de 70 mil solicitantes de asilo que Trump incluyó en ese programa en dos años, fueron aceptados menos de un uno por ciento. Y según una unidad de análisis de datos de la Universidad de Syracuse llamada TRAC, en torno a la mitad de los casos están todavía pendientes y el resto fueron rechazados.
Migrantes duermen debajo de un kiosco en un parque en Reynosa, México, el 27 de marzo de 2021. Foto: Darío López-Mills, Archivo, AP
Ahora no hay claridad sobre quién será integrado en la nueva versión del MPP. En el primer mes, la mayor parte fueron nicaragüenses, seguidos de venezolanos y cubanos, según la organización Human Rights First.
El Departamento de Seguridad Nacional, en respuesta a una solicitud de comentario por parte de la AP, dijo que los migrantes no pueden elegir entrar o no al MPP, y que la política se aplica a aquellos que no pueden ser expulsados bajo las restricciones de la pandemia, es decir, el Título 42.
Teóricamente, México sólo acepta a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños por esta medida. Los ciudadanos de otros países del hemisferio occidental son liberados con órdenes de comparecer ante una corte o detenidos en Estados Unidos hasta que sean retornados a sus países, con lo cual, ellos parecen los principales candidatos para el MPP.
A diferencia de las más de 1.5 millones de expulsiones realizadas por Estados Unidos bajo el paraguas de la pandemia desde marzo de 2020, que no necesitaron contar con el visto bueno mexicano, el MPP (tanto el viejo como el nuevo) siempre lo necesitó, porque México tiene que aceptar y registrar a esos solicitantes de asilo.
Migrantes principalmente de Honduras y Nicaragua que buscan asilo hacen fila después de entregarse al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, en La Joya, Texas, el 17 de mayo de 2021. Foto: Gregory Bull, archivo, AP
De ahí que la reinstalación de la política conllevara meses de intensas negociaciones —aceleradas cuando empezaron a surgir pequeñas caravanas que se movían por el sur de México— en las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no estaba obligado por la decisión judicial estadounidense de agosto, al menos quería lograr más apoyos para la gestión de los migrantes en su territorio.
Biden aspiraba a cumplir con la orden del Juez de la forma más humanitaria posible, acortando los plazos del proceso de asilo de los acogidos al programa, facilitando mayor asistencia legal e intentando garantizar la seguridad para esos migrantes.
Uno de los puntos más complejos fue Tamaulipas. A México le preocupaba aceptar a retornados por este estado donde se han repetido las masacres contra migrantes. Estados Unidos tampoco quería ser acusado de actuar como en la época de Trump. Y ambos países temían que no incluir esta frontera en el programa pudiera alentar todavía más el tráfico ilegal en esa zona. Finalmente, la OIM se ofreció a trasladar a los migrantes que llegaran a lugares peligrosos hasta ciudades más seguras — y eso hizo con los primeros devueltos por Tamaulipas, quienes fueron llevados a Monterrey, a más de 200 kilómetros hacia el sur.
En esta imagen del 2 de marzo de 2019, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos patrulla el lado estadounidense de un muro con alambre de cuchillas junto a al frontera con México, al este de Nogales, Arizona. Foto: Charlie Riedel, Archivo, AP
La administración Biden planeaba que fueran retornados entre 30 y 50 migrantes al día bajo el nuevo MPP, según un funcionario estadounidense que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del tema. Pero esas cifras están muy lejos de las actuales: alrededor de media docena diaria por cada cruce. El primero que se abrió fue en el centro de la frontera —de El Paso a Ciudad Juarez—, el segundo en el extremo oeste —de San Diego a Tijuana—, el de esta semana en el este — Brownsville a Matamoros— y se espera la apertura de dos más en breve.
De manera paralela a toda la negociación del MPP, Estados Unidos continuaba con las expulsiones bajo las restricciones de la pandemia por cualquier parte de la frontera.
Pero también, al mismo tiempo, procesaba a seis de cada 10 migrantes que llegaban bajo otras normas migratorias, incluida la que permite pedir asilo.
Por ejemplo, en diciembre, frente a las casi 80 mil expulsiones por el Título 42, unos 100 mil migrantes pudieron exponer sus casos y muchos lograron quedarse a gestionar sus peticiones de asilo desde territorio estadounidense.
Operativo de la Patrulla Fronteriza de EU. Foto: EFE, archivo
La administración Biden no ha explicado por qué tantas personas pueden pedir asilo y quedarse en Estados Unidos y otras muchas no. Estas ambigüedades y movimientos en sentidos aparentemente contrarios han multiplicado las incertidumbres en la frontera.
“Evitar nuevas llegadas y desanimar a todos es el propósito (de Estados Unidos), pero tienen que poner en claro quién puede y quién no puede entrar”, afirma el pastor Abraham Barberi, fundador del albergue Dulce Refugio de Matamoros. “La gente necesita instrucciones claras”.
Juan Antonio Sierra, miembro del área de la Iglesia Católica que se encarga de los migrantes en Matamoros, considera una incongruencia que si una persona entra a Estados Unidos y la detienen, tenga opciones para pedir asilo, pero si se presenta en el puente legalmente y lo solicita allí, no lo acepten.
Ambos líderes de la sociedad civil están en comunicación constante con las autoridades estadounidenses.
En esta fotografía de archivo del miércoles 21 de noviembre de 2018, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se paran junto a un vehículo cerca de la valla que separa la ciudad de Tijuana, México, de San Diego, California. Foto: Gregory Bull/Archivo, AP
“Lo del MPP es bueno: aunque tengamos que esperar… entra uno con permiso”, afirma Ruth Rubio mientras su hija de 6 años corretea entre las tiendas de campaña en Reynosa.
Rubio dice que mataron a dos de sus hermanos en Honduras y que su hija mayor, que recibió un disparo, ya está en Estados Unidos. Las autoridades deberán comprobar si todo eso es cierto y aunque ella está confiada, nadie le ha dicho cómo, cuándo o si tendrá siquiera la oportunidad de exponer su caso a los estadounidenses en algún momento.
En la decisión, el magistrado Andrew Stephen Oldham opinó que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional para poner fin al programa ‘Permanecer en México’ es “una aproximación tan ilegal como ilógica”.
Los Ángeles (EE.UU.), 13 dic (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidosrechazó este lunes la petición del Gobierno del Presidente Joe Biden para suspender el programa “Permanecer en México” (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense.
El pasado 6 de diciembre la administración Biden tuvo que restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes, designación formal del programa “Permanecer en México”, obedeciendo la decisión de un juez federal que falló a favor de una demanda de dos estados conservadores.
La demanda argumenta que el Gobierno violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” de MPP, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
En su primera implementación entre enero de 2019 y febrero del 2021 cerca de 70 mil solicitantes de asilo bajo MPP fueron enviados a México a esperar sus solicitudes de asilo. Foto: Veronica G. Cardenas, AP.
La esperanza del Gobierno para poner fin a la política establecida por el expresidente Donald Trump (2017-2021) era que el Tribunal de Apelaciones bloqueara la orden del Juez federal Matthew Kacsmaryk pero hoy perdió nuevamente en la batalla legal emprendida por Texas y Misuri.
En la decisión, el magistrado Andrew Stephen Oldham opinó que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS ) para poner fin a MPP es “una aproximación tan ilegal como ilógica”.
Esta es la segunda vez que el Tribunal de Apelaciones falla en contra de Biden, que en agosto pasado ya había hecho un pedido de emergencia para suspender la orden de Kacsmaryk alegando que el DHS no tenía recursos para reanudar el MPP, pero los jueces de apelaciones se pusieron del lado de los estados demandantes.
El pasado 29 de octubre, el Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando que daba por terminado nuevamente el MPP cumpliendo supuestamente con las objeciones dadas por Kacsmaryk, aunque este nuevo paso no convenció al Magistrado Oldham.
Esta es la segunda vez que el Tribunal de Apelaciones falla en contra de Biden, que en agosto pasado ya había hecho un pedido de emergencia. Foto: Cuartoscuro.
En su decisión, el Magistrado Oldham señaló que el memorando del 29 de octubre “no pretendía alterar” el primer memorando con el que se puso fin a MPP.
En ese sentido, el consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, criticó en un mensaje de Twitter la opinión del Juez Oldham, y la calificó de “incorrecta”.
En su primera implementación entre enero de 2019 y febrero del 2021 cerca de 70 mil solicitantes de asilo bajo MPP fueron enviados a México a esperar sus solicitudes de asilo.
En este nueva etapa más de 60 solicitantes de asilo han sido retornados a territorio mexicano hasta este domingo, según informes de defensores de los inmigrantes.
El programa “Permanecer en México” obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.
Por Elliot Spagat
San Diego, 2 de diciembre (AP) — El Gobierno del Presidente Joe Biden ha acordado con México restablecer a partir de la semana próxima una medida de la Presidencia anterior que obliga a los solicitantes de asilo aguardar en México sus audiencias en la corte de migración en Estados Unidos, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves.
El restablecimiento de la norma “Permanecer en México” responde a una orden judicial. El Gobierno de Biden está buscando la manera de derogarla en forma tal que sobreviva al proceso judicial. Biden la había anulado, pero una demanda de Texas y Missouri le ha obligado a restablecerla.
Unos 70 mil solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, aprobada por el Presidente Donald Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día en funciones.
Migrantes parten de Huixtla, estado de Chiapas, México, 27 de octubre de 2021, hacia los estados del norte y la frontera con Estados Unidos. Foto: Marco Ugarte, AP.
Los cruces ilegales de la frontera cayeron bruscamente cuando México, ante la amenaza de Trump de elevar los aranceles a las importaciones, aceptó la expansión de la norma.
Los solicitantes de asilo eran víctimas de la violencia en México y enfrentaban obstáculos legales como la falta de acceso a abogados e información sobre sus casos.
El regreso de los migrantes está previsto para comenzar el próximo lunes en una ciudad de la frontera y luego en otras tres. Éstas son San Diego, en California, y los cruces texanos de El Paso, Laredo y Brownsville. Aún no se ha determinado la secuencia.
La llegada masiva de migrantes ha puesto en serios aprietos al Gobierno estadounidense, lo cual desató una ola de críticas por parte de los republicanos, quienes reprochan a los demócratas que se hayan suspendido las medidas de Trump que, en su opinión, tenían la migración bajo control.
Miami, Estados Unidos, 20 de octubre (EFE).- Las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más de 1.7 millones de migrantes, informó este miércoles el diario The Washington Post.
El año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre, superó de largo la cifra más alta registrada en los últimos años, los cerca de 977 mil migrantes interceptados en el año fiscal 2019, y la cifra es más de tres veces superior que la media de la última década.
The Washington Post tuvo acceso a las cifras antes de ser publicadas oficialmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que, a la espera de contar el último mes, reporta que de octubre de 2020 a agosto pasado más de 1.5 millones de personas habían sido registradas por las autoridades migratorias estadounidenses.
Personas de la nacionalidad de Haitiana fueron de tenidos por autoridades mexicanas, un promedio 15 caribeños se trasladaban en Taxis fueron detenidos en Libramiento sur de esta localidad. Foto: Cuartoscuro
De esa cifra, y en el mismo periodo, más de 930 mil personas fueron, sin embargo, expulsadas del país casi de manera inmediata gracias a que está en vigor una medida sanitaria denominada Título 42, que permite devolver a México a la gran mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al país con la incidencia de la COVID-19 como argumento.
El incremento en esa llegada de migrantes se inició en mayo de 2020, después del frenazo registrado debido a la pandemia y todavía con el expresidente Donald Trump en el poder.
Pero la cifra se desbocó a partir de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en enero pasado, lo que provocó una crisis migratoria en la frontera que puso en entredicho la táctica del mandatario demócrata de ofrecer una política migratoria más “humana”.
Migrantes haitianos usan una presa para cruzar hacia Estados Unidos desde México, el viernes 17 de septiembre de 2021, en Del Rio, Texas. Foto: Eric Gay, AP.
La masiva llegada de migrantes ha puesto en serios aprietos al Gobierno y desató una ola de críticas de los republicanos, que reprochan a los demócratas que se hayan suspendido las medidas de Trump que, en su opinión, tenían la migración bajo control.
Si en enero la cifra de migrantes interceptados fue de unos 78 mil, en julio rompió todos los datos históricos de más de dos décadas y se disparó a más 213 mil, guarismo que se mantuvo similar en agosto pasado, con 208 mil, aunque representó el primer descenso desde mayo de 2020.
Con todo, los defensores de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo están muy decepcionados con la actuación del Gobierno de Biden por mantener en pie el polémico Título 42, aplicado por Trump en marzo de 2020 en su intento de sellar la frontera con México.
Un guardia vigila la frontera que divide Estados Unidos con México. Foto: Cuartoscuro
Y también por no hacer, en su opinión, lo suficiente para tumbar de manera definitiva el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Permanecer en México”, que ha obligado a unos 70 mil solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.
Biden cerró el programa apenas llegó al poder, pero un Juez ordenó hace dos meses que se restableciera alegando deficiencias de procedimiento.
Y el Gobierno anunció recientemente que volverá a instaurarlo en noviembre, algo que los activistas consideran una “traición” porque, a su parecer, la Casa Blanca tuvo tiempo suficiente para corregir los problemas apuntados por el magistrado e impedir que MPP volviera a aplicarse en una frontera con más migrantes desde que hay datos.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU anunció que emitirá un nuevo memorando para suspender el programa “Permanecer en México”.
Washington, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Joe Biden anunció este miércoles que volverá a cancelar “en las próximas semanas” el programa migratorio implementado por el expresidente Donald Trump (2017-2021) “Permanecer en México” (MPP, en inglés) después de que la Justicia lo restituyera en agosto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política migratoria, explicó que cuando emita un nuevo memorando para suspender el programa, “tiene la intención de abordar las preocupaciones planteadas por los tribunales con respecto al memorando anterior”.
Biden suspendió nada más llegar al poder en enero las inscripciones en ese programa, impulsado en 2019 por el Gobierno de su predecesor y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el mes pasado un Juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaurara el polémico programa, que obligaba a los migrantes que solicitaban asilo en la frontera sur de EU a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones.
El Juez federal Matthew Kacsmaryk opinó que la orden por la que el Secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
El Magistrado ordenó al Gobierno de Biden restaurar el programa al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EU.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en su comunicado de este miércoles que el programa seguirá activo mientras la orden del Juez, a la que ha recurrido, también siga en pie.
Un fallo de una corte de distrito en Estados Unidos determinó que el Gobierno no puede negar a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en los cruces fronterizos con México.
Por Elliot Spagat
SAN DIEGO (AP) — Una Jueza federal falló el jueves que la práctica del Gobierno de Estados Unidos de denegarle a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones es inconstitucional.
El fallo de la Jueza federal de distrito Cynthia Bashant no tiene un impacto inmediato, pero podría impedirle al Gobierno limitar el ingreso de solicitantes de asilo amparándose en el argumento de que carece de recursos. También podría darle alivio a algunas de las decenas de miles de personas que ponen sus nombres en listas de espera no oficiales en ciudades fronterizas mexicanas.
Bashant, quien fue elegida por el expresidente Barack Obama, ordenó al Departamento de Justicia y los demandantes, encabezados por el grupo activista de Los Ángeles Al Otro Lado, que recomendaran sus próximos pasos antes del 1 de octubre.
BIG NEWS ICYMI: After 4 long years of litigation, we did it! We won our case challenging @CBP's illegal practice of turning away asylum seekers at ports of entry before they could reach U.S. soil and forcing them to wait on metering lists in dangerous border cities. https://t.co/0UK9CsuW4s
La práctica de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los cruces terrestres entre Estados Unidos y México, conocida como “metering”, empezó en 2016 durante la presidencia de Obama, cuando una gran cantidad de haitianos se presentó en el principal cruce a San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a toda la frontera en 2018 con Donald Trump en la Casa Blanca, lo que generó listas de espera a menudo dudosas que variaban considerablemente entre las ciudades fronterizas mexicanas.
Estados Unidos dejó de aceptar solicitudes de asilo en los cruces en marzo de 2020, con pocas excepciones, por una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42. En su momento, el Gobierno de Trump invocó su autoridad para evitar la propagación del coronavirus, y el ejecutivo de Joe Biden la amplió. En su decisión, la Jueza pidió a ambas partes que expliquen el impacto del Título 42.
Las listas de espera siguen creciendo. En mayo, las existentes en las ciudades fronterizas mexicanas tenían más de 18 mil 600 nombres, más de la mitad de ellos en Tijuana, según un reporte del Centro Robert Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Los registros batieron su récord con cerca de 27 mil nombres en agosto de 2019.
En su fallo de 45 páginas, la Jueza determinó que la práctica violaba los derechos constitucionales al debido proceso conforme a la Ley y a una Ley federal que requiere que los funcionarios procesen a cualquier persona que se presente en busca de asilo.
Yesterday, along with @AlOtroLado_Org and partner organizations, we presented oral arguments before U.S. District Judge Cynthia Bashant of the Southern District of California, where we urged the court to declare unlawful and permanently end the Trump-era turnback policy. pic.twitter.com/odE8p7iIDy
La Ministra, que respondió a una demanda presentada hace casi cuatro años, respaldó de forma inequívoca la crítica de que las autoridades estadounidenses no monitorean las listas de espera, que están sujetas a fraude y corrupción, y que los solicitantes de asilo estaban expuestos a graves peligros físicos mientras esperaban en México. Aquellos que demandaron al Gobierno estadounidense se sintieron reivindicados.
“El Tribunal reconoció debidamente el elevado costo humano del metering, incluyendo el alto riesgo de agresión, desaparición y muerte cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incumplen su deber de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo y les obligan a esperar en México”, afirmó Melissa Crow, una abogada del Southern Poverty Law Center.
El Departamento de Justicia rechazó realizar comentarios.
El Presidente Biden calificó el metering como una práctica “desastrosa” durante su campaña electoral, pero no está claro si mantiene esa opinión o si los tribunales podrían obligarle a adoptarla de todas formas. La semana pasada, la Corte Suprema ordenó al Gobierno reinstaurar la política de Trump de “Permanecer en México” para que los solicitantes de asilo que hayan entrado en suelo estadounidense y tengan fecha para presentarse ante un Juez migratorio esperen en México a que esto ocurra.
López Obrador señaló que “su opinión” es el posicionamiento de Relaciones Exteriores, pero que “siempre va a procurar una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”.
Ciudad de México, 26 agosto (EFE).- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció “ayuda” a Washington en migración tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reimpuso el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como “Remain in Mexico” o “Permanecer en México”.
“Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.
Sus declaraciones se producen después de que el martes los jueces conservadores del Supremo estadounidense ordenaron al Presidente Joe Biden revivir el MPP que estableció Donald Trump para que los migrantes esperen en México mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos.
La Cancillería respondió el miércoles que “el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, pero también argumentó que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.
Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212 mil migrantes detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
Cuestionado por la prensa, el Presidente López Obrador señaló que “su opinión” es el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero que “siempre va a procurar una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”.
“Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas”, afirmó.
Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones al MPP, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes a México, donde han vivido con hacinamiento y acoso del crimen organizado, según organizaciones civiles.
Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212 mil migrantes detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
La Cancillería respondió el miércoles que “el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”. Foto: Cuartoscuro.
El Presidente de México reiteró su compromiso de “cuidar a los migrantes” en particular en el sureste del país, pero reconoció que “esto no puede ser eterno”.
El mandatario reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México.
También insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales.
“Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral”, sostuvo López Obrador.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos con el que se reactiva el programa “Permanecer en México” no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno nacional.
Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el de Estados Unidos con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común, informó este miércoles la Cancillería mexicana, además de resaltar que el país no tiene que cumplir de manera obligatoria con la orden para reactivar el programa “Permanecer en México”.
El diálogo, dijo, iniciará en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional.
El martes, la más alta instancia judicial de EU consideró que la Administración del Presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal cuando intentó acabar con “Permanecer en México“, como se conoce el programa instaurado por el Gobierno de su predecesor Donald Trump (2017-2021) por el que se devolvía al país vecino a los solicitantes de asilo mientras esperaban a que se resolvieran sus casos.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recordó que este día el Departamento de Estado de Estados Unidos le presentó de manera oficial la resolución emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos, respecto a la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, señaló la Cancillería.
No obstante, enfatizó que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.
▶️ Mensaje de @r_velascoa, jefe de la Unidad para América del Norte, sobre la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto de la implementación de la sección 235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.https://t.co/7J0dr3lk7Rpic.twitter.com/4H1nJ3J5of
En consecuencia, señaló que el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”.
En el cierre del texto, México reiteró la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas.
Este miércoles, se informó que Estados Unidos está manteniendo conversaciones con México para restaurar el programa migratorio por el que las autoridades estadounidenses devolvían a suelo mexicano a los solicitantes de asilo que llegaban a su territorio en espera de que se resolvieran sus casos, tras una decisión del Tribunal Supremo.
CONVERSACIONES DIPLOMÁTICAS
Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en su rueda de prensa diaria que el Departamento de Estado, con el apoyo del de Seguridad Nacional, está llevando a cabo conversaciones “diplomáticas” con el Ejecutivo de México para cumplir la orden del Supremo.
Psaki aseguró que su Administración se opone a ese programa, pero que al mismo tiempo cumplirá la orden judicial, y recordó que cuando estuvo en vigor anteriormente provocó un atasco en la tramitación de los casos de los demandantes de asilo.
Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo ese programa y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El pasado 13 de agosto, el Juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado a la actual Administración en abril por su decisión de acabar con el programa.
“Permanecer en México” es un programa que se instauró en el Gobierno del Presidente Donald Trump con el que se obliga a los migrantes ilegales a esperar en México mientras llega la fecha de su audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos.
-Con información de AP
Washington, 24 de agosto (SinEmbargo/AP) — La Corte Suprema se rehusó el martes a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al Gobierno del Presidente Joe Biden reanudar una política del Gobierno previo que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.
Con el disenso de los tres jueces liberales, la corte señaló que es posible que el Gobierno violara la ley federal en su intento por rescindir del programa conocido informalmente como “Permanecer en México”.
Un Juez federal en Texas había ordenado previamente la reinstauración del programa. Tanto el juez como la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazaron la solicitud del Gobierno de suspender el fallo.
El Juez Samuel Alito ordenó una breve demora para otorgarle al pleno de la Corte el tiempo necesario para considerar la apelación del Gobierno.
EL GOBIERNO DE BIDEN CONTESTA
Tras el anunció de la Corte Suprema de Estados Unidos de reanudar el programa para migrantes denominad “Permanecer en México”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país se pronunció.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el DHS indicó que “discrepa respetuosamente de la decisión del tribunal de distrito” y lamentó la declinación de la Suprema Corte en torno a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Asimismo, recordó que desde que se emitió tal orden, la ha apelado ” y continuará impugnándola enérgicamente”, dijo en su comunicado.
No obstante, aseguró que “cumplirá con la orden de buena fe” en tanto se lleva a cabo el proceso de apelación e incluso inició diálogos diplomáticos con el Gobierno de México para establecer lo Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Declaración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la decisión de la Suprema Corte en torno a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) pic.twitter.com/c2cdruzXc7
Además, el DHS continuara “expulsando a adultos solos al igual que a las familias que sean encontradas en la frontera suroeste”, para cumplir con la “orden de salud pública Título 42 de los Centros de Control de Enfermedades”, agregó.
“El DHS sigue comprometido a construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que respete nuestras leyes y valores”, concluyó la dependencia estadounidense.
La política del Presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.
Las organizaciones aludieron este miércoles a un reporte de Human Rights First, en el que se da cuenta de “816 casos documentados de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas” que los solicitantes de asilo han sufrido en México como consecuencia de este programa federal.
San Diego (EEUU), 29 ene (EFE).- A un año de ponerse en marcha el programaProtocolos de Protección Migratoria (MPP), por el que cerca de 60 mil solicitantes de asilo en el país han sido devueltos a México, este miércoles organizaciones civiles y activistas han pedido el cierre de esta política “cruel e inhumana”.
Congregados en el centro de San Diego, en el sur de California (Estados Unidos), donde hace un año comenzó este programa, los grupos civiles han mostrado con pancartas y cánticos su oposición a este programa, conocido como “Permanecer en México”, y al que culpan de cientos de casos de muertes, violaciones y torturas.
Las organizaciones aludieron este miércoles a un reporte de Human Rights First, en el que se da cuenta de “816 casos documentados de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas” que los solicitantes de asilo han sufrido en México como consecuencia de este programa federal.
Mónika Langarica, abogada de Derechos de Migrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Efe que estos casos “son ejemplos claros de que la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas para las personas migrantes, que no son mexicanas y no tienen estructura familiar en México, están a niveles que no hemos visto en el pasado”.
“Esto ya no puede tener ninguna justificación, ni seguir un día más”, manifestó Langarica, una de las decenas de personas que hoy se apostaron delante de la sede de las oficinas federales en esta ciudad para pedir que “el Gobierno restaure el proceso de asilo hoy”.
La política del Presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.
“Sus consecuencias han sido espantosas”, expresó Thomas Rachko, Jr., coordinador nacional de la organización Human Rights Watch.
Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado pidió el fin del “cruel experimento de la administración de Trump, que ha ocasionado que decenas de miles de personas sean forzadas a condiciones de peligro, expuestas al peligro de ser asesinadas, secuestradas, torturadas y agredidas sexualmente”.
Según esta organización, apenas menos del 5 por ciento de los solicitantes de asilo enviados a México han tenido acceso a representación legal.
Ese es el caso de Gabriela, una mujer originaria de Guatemala que se identificó con ese nombre y que participó hoy de la protesta, al recordar su experiencia como solicitante de asilo junto a su hijo menor de edad.
“No tenía a nadie con quién regresar a Tijuana (México), mi hijo me preguntó qué sigue, no tenemos a nadie, nadie nos va a recoger”, recordó.
Gabriela se presentó en junio de 2019 en el puerto fronteriza de Otay Mesa, entre San Diego y Tijuana, para solicitar asilo y antes de obtener representación legal, acudió a cuatro citas en la corte de Inmigración.
Hoy se encuentra bajo asesoría legal ofrecida por organizaciones civiles y vive con su hijo en un albergue de San Diego en espera de la resolución de su caso.
Estimaciones de organizaciones como ACLU indican que unas 25 mil 700 personas provenientes de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, han sido devueltas a la región de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas con California.
Congresistas como el demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano del Congreso, hablaron hoy con motivo del aniversario del programa, que calificó como terrorífico.
“Esta catástrofe fue creada por el Presidente Trump. Él y su administración intentaron deshacerse de un problema político sin siquiera atender la crisis humanitaria y en el proceso le han dado la espalda a la comunidad internacional”, expresó.
De igual forma, Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, dijo en un comunicado “hace un año, cuando esta política fue implementada por primera vez, advertimos que causaría caos y desgastaría aún más los valores centrales de nuestra nación. Y eso es lo que ha hecho”.
Agregó que el MPP ha “atrapado a decenas de miles de migrantes vulnerables a lo largo de la frontera”.
Asimismo, Hope Border Institute señaló que el “Gobierno de los Estados Unidos está devolviendo a los migrantes a uno de los estados con las tasas de homicidios más altas de México, incluido un gran número de familias, niños y bebés”.
“Entiendo que esta decisión (el trato) es soberana, de los mexicanos, pero está ayudando al Presidente (Donald) Trump y sus políticas que está promoviendo y si nuestra administración no nos quiere dar detalles de este acuerdo, esperamos que el Presidente de México, como defensor de los derechos humanos, lo haga”, dijo Raúl Grijalva.
Tucson (EU), 8 dic (EFE).- El Congresista demócrata Raúl Grijalva solicitó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que divulgue los detalles del acuerdo que permite a los Estados Unidos enviar de regreso a territorio mexicano a migrantes que llegan hasta la frontera.
Se trata del programa Protocolos de Protección del Migrante (MPP), mejor conocido como “Permanecer en México“, que ha empezado a aplicarse también en Arizona.
“Entiendo que esta decisión (el trato) es soberana, de los mexicanos, pero está ayudando al Presidente (Donald) Trump y sus políticas que está promoviendo y si nuestra administración no nos quiere dar detalles de este acuerdo, esperamos que el Presidente de México, como defensor de los derechos humanos, lo haga”, dijo a EFE Grijalva.
El demócrata considera que es necesario saber los detalles sobre este acuerdo que está permitiendo que migrantes indocumentados de diversas nacionalidades sean enviados a esperar por meses a territorio mexicano mientras se tramitan sus solicitudes de asilo político.
El programa, que fue anunciado originalmente por la administración Trump el pasado mes de enero, fue ampliado al Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza a finales del mes de noviembre.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó oficialmente el pasado jueves de que había implementado el programa de MPP en la garita de entrada de Nogales, Arizona.
En virtud del programa, los migrantes detenidos en la frontera de Arizona serán transportados por camión a El Paso (Texas), desde donde serán devueltos a territorio mexicano.
“Considero que tanto el Gobierno de los Estados Unidos como de México tienen una responsabilidad por igual en la crisis humanitaria que se vive en nuestra frontera”, dijo Grijalva, quien representa un distrito que cubre parte de la frontera de Arizona con México.
“Tiene responsabilidad de aplicar las leyes, tienen una responsabilidad de seguridad, pero también tienen una responsabilidad por el trato humanitario de todas estas personas que están atrapadas entre ambos países”, finalizó Grijalva.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
