La política del Presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.
Las organizaciones aludieron este miércoles a un reporte de Human Rights First, en el que se da cuenta de «816 casos documentados de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas» que los solicitantes de asilo han sufrido en México como consecuencia de este programa federal.
San Diego (EEUU), 29 ene (EFE).- A un año de ponerse en marcha el programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP), por el que cerca de 60 mil solicitantes de asilo en el país han sido devueltos a México, este miércoles organizaciones civiles y activistas han pedido el cierre de esta política «cruel e inhumana».
Congregados en el centro de San Diego, en el sur de California (Estados Unidos), donde hace un año comenzó este programa, los grupos civiles han mostrado con pancartas y cánticos su oposición a este programa, conocido como «Permanecer en México», y al que culpan de cientos de casos de muertes, violaciones y torturas.
Las organizaciones aludieron este miércoles a un reporte de Human Rights First, en el que se da cuenta de «816 casos documentados de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas» que los solicitantes de asilo han sufrido en México como consecuencia de este programa federal.
Mónika Langarica, abogada de Derechos de Migrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Efe que estos casos “son ejemplos claros de que la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas para las personas migrantes, que no son mexicanas y no tienen estructura familiar en México, están a niveles que no hemos visto en el pasado”.
«Esto ya no puede tener ninguna justificación, ni seguir un día más”, manifestó Langarica, una de las decenas de personas que hoy se apostaron delante de la sede de las oficinas federales en esta ciudad para pedir que “el Gobierno restaure el proceso de asilo hoy».
La política del Presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.
“Sus consecuencias han sido espantosas”, expresó Thomas Rachko, Jr., coordinador nacional de la organización Human Rights Watch.
Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado pidió el fin del “cruel experimento de la administración de Trump, que ha ocasionado que decenas de miles de personas sean forzadas a condiciones de peligro, expuestas al peligro de ser asesinadas, secuestradas, torturadas y agredidas sexualmente”.
Según esta organización, apenas menos del 5 por ciento de los solicitantes de asilo enviados a México han tenido acceso a representación legal.
Ese es el caso de Gabriela, una mujer originaria de Guatemala que se identificó con ese nombre y que participó hoy de la protesta, al recordar su experiencia como solicitante de asilo junto a su hijo menor de edad.
“No tenía a nadie con quién regresar a Tijuana (México), mi hijo me preguntó qué sigue, no tenemos a nadie, nadie nos va a recoger”, recordó.
Gabriela se presentó en junio de 2019 en el puerto fronteriza de Otay Mesa, entre San Diego y Tijuana, para solicitar asilo y antes de obtener representación legal, acudió a cuatro citas en la corte de Inmigración.
Hoy se encuentra bajo asesoría legal ofrecida por organizaciones civiles y vive con su hijo en un albergue de San Diego en espera de la resolución de su caso.
Estimaciones de organizaciones como ACLU indican que unas 25 mil 700 personas provenientes de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, han sido devueltas a la región de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas con California.
Congresistas como el demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano del Congreso, hablaron hoy con motivo del aniversario del programa, que calificó como terrorífico.
“Esta catástrofe fue creada por el Presidente Trump. Él y su administración intentaron deshacerse de un problema político sin siquiera atender la crisis humanitaria y en el proceso le han dado la espalda a la comunidad internacional”, expresó.
De igual forma, Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, dijo en un comunicado “hace un año, cuando esta política fue implementada por primera vez, advertimos que causaría caos y desgastaría aún más los valores centrales de nuestra nación. Y eso es lo que ha hecho”.
Agregó que el MPP ha «atrapado a decenas de miles de migrantes vulnerables a lo largo de la frontera».
Asimismo, Hope Border Institute señaló que el «Gobierno de los Estados Unidos está devolviendo a los migrantes a uno de los estados con las tasas de homicidios más altas de México, incluido un gran número de familias, niños y bebés».
