Mientras se encontraba retenido contra su voluntad, el hombre fue interrogado por comuneros del lugar, más tarde le quitaron la ropa, después le rociaron gasolina y le prendieron fuego.
Los Ángeles, 28 de julio (La Opinión).- Un hombre fue atrapado y quemado por más de una docena de pobladores de la ranchería El Mirador, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de que el sujeto fue sorprendido supuestamente robando aves de corral de una de las viviendas.
Según las primeras investigaciones, el hombre se dirigía a la comunidad El Limonar, en donde él vive, y al pasar por la ranchería un grupo de personas lo detuvo y acusó de haber robado dos guajolotes.
En un video difundido en redes sociales, se ve a una persona del sexo masculino con las manos amarradas hacia atrás, quien es llevada a un corral, donde le ponen una capucha y juntan leña a sus pies.
Pobladores de una comunidad indígena de #Ocosingo en #Chiapas lincharon a una persona por robar guajolotes. Ya la @FGEChiapas investiga este incidente que le causó quemaduras de tercer grado a José Antonio “N” pic.twitter.com/p2PPoweGfh
“Si tienes tanta necesidad puedes buscar trabajo. Mira cuantas personas no han dormido por las noches por estar cuidando sus animales. También ellos trabajan para mantener y cuidar a sus animales”, le dicen sus captores.
Mientras se encontraba retenido contra su voluntad, el hombre fue interrogado por comuneros del lugar, más tarde le quitaron la ropa, después le rociaron gasolina y le prendieron fuego.
De acuerdo con el semanario Proceso, la víctima fue llevada a un hospital ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo, donde recibe atención por las quemaduras de tercer grado que presenta.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo que el hecho no quedará impune y que se castigará al o los responsables de esta conducta delictiva.
Los integrantes de Ocosingo han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de Chiapas y la Fiscalía de Asuntos Indígenas de la ciudad de Ocosingo, pero al parecer no han recibido respuesta.
Por Chris Dalby
México, 25 de noviembre (Insight Crime).- Se suponía que ganar una lotería de cerca de un millón de dólares habría sido un hecho positivo y transformador para un jardín infantil y la comunidad de sus alrededores en Chiapas, México, pero fue todo lo contrario.
En septiembre de 2020, el equivalente al valor del avión presidencial de México fue sorteado mediante una rifa a nivel nacional, un controvertido plan a largo plazo ideado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 100 ganadores, cada uno de los cuales se llevó un premio de 20 millones de pesos mexicanos (940 mil dólares), fueron anunciados públicamente tan pronto como finalizó el sorteo. Entre los ganadores se encontraban varios hospitales y escuelas.
Uno de los ganadores fue el jardín infantil José María Morelos y Pavón en El Nacimiento, comunidad indígena en el estado de Chiapas, al sur del país. El centro educativo, ubicado en una zona pobre de México, planeaba usar parte del dinero para construir un techo nuevo y donar 14 millones de pesos (660 mil dólares) a la comunidad local.
La escuela se encuentra en el estado de Chiapas. Foto: Captura de pantalla Google Earth
Pero la alegría pronto se convirtió en pesadilla. El 21 de noviembre, medios mexicanos informaron que al menos 28 familias de niños que asistían al jardín infantil se habían visto obligadas a huir, dado que un grupo criminal estaba exigiendo el dinero.
“Ganamos 20 millones de pesos, pero la banda paramilitar Los Petules dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo a la prensa Melesio López Gómez, representante de las familias.
Otro miembro de la comunidad, Marcelo Santiz López, dijo que un miembro de Los Petules le había propinado un disparo y que la pandilla había robado la tarjeta de crédito de la cuenta bancaria donde estaba depositado el dinero, así como una gran suma de dinero en efectivo.
Durante una protesta de las familias en San Cristóbal de las Casas, López Gómez confirmó que habían abandonado sus tierras en octubre de este año, después de meses de ataques y amenazas de muerte. Esto hizo que también perdieran más de 250 cabezas de ganado, así como cosechas de frijoles y maíz de las que depende la comunidad.
Venta de cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
Los integrantes de la comunidad presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de Chiapas y la Fiscalía de Asuntos Indígenas de la ciudad de Ocosingo, pero al parecer no han recibido respuesta.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
En un país donde la extorsión ha llegado a niveles alarmantes durante la pandemia de COVID-19, era posible predecir que anunciar públicamente las identidades de los vulnerables ganadores de la rifa sería contraproducente.
Es cierto que ese tipo de anuncios son requeridos por ley, con el fin de garantizar la transparencia en las rifas patrocinadas por el Estado y evitar fraudes. Sin embargo, muchas otras loterías privadas sí protegen la identidad de los ganadores.
Pero la venta del avión presidencial, y la posterior rifa, recibieron tantas críticas y fueron tan anunciadas, que era posible prever que atraerían la atención de los grupos criminales.
Las escuelas han sido blanco de los grupos criminales de México en repetidas ocasiones, mediante extorsiones, robos o el reclutamiento de menores.
Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro.
Los Petules son bien conocidos en Ocosingo, municipio donde se encuentra la escuela. El grupo fue fundado en la década de 1990 como una unidad paramilitar para repeler la propagación de organizaciones socialistas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según se lee en un perfil de La Silla Rota.
Desde entonces, han estado vinculados a crímenes como extorsión, homicidio, acaparamiento ilegal de tierras, tráfico de drogas y trata de personas.
Un pobre e indefenso jardín infantil, que recibe tal cantidad de dinero como caída del cielo, les debió haber parecido a Los Petules como el perfecto regalo de Navidad anticipado.
Derivado de las recientes protestas por el caso de Mariana, surgieron varias denuncias en contra de profesores y funcionarios de la UNACH que presuntamente cometieron algún tipo de agresión sexual, por lo que la institución también decidió cesar de su cargo a al menos siete profesores.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH), presentó su renuncia al cargo debido a las quejas y peticiones de la comunidad estudiantil por el caso de Mariana Sánchez Dávalos, víctima de feminicidio en Ocosingo.
Previamente, los estudiantes de Medicina que realizan su servicio social sostuvieron un diálogo con la ahora exdirectora para exigirle protocolos de seguridad para el alumnado y para pedir que el caso de la joven de 24 años no quedara impune.
Sin embargo, la comunidad no quedó conforme con las respuestas que brindó Flores García, por lo que como parte de las protestas y el paro de actividades que se mantiene desde el pasado 30 de enero, pidió la destitución de la también médica.
Ana María Flores expuso que desde que se dio a conocer el fallecimiento de la joven Mariana Sánchez ha colaborado con las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, pero aseguró que ni la Facultad ni la UNACH tenía conocimiento previo de “algún hecho que atentara contra la integridad de la estudiante”, por lo que lamentó que no se contara con la información que permitiera actuar y evitar lo ocurrido con Sánchez Dávalos.
“Hemos cooperado con las instancias judiciales, y ese seguirá siendo nuestro actuar hasta que este terrible suceso quede totalmente aclarado y se haga justicia para nuestra estudiante Mariana”, recalcó la doctora.
Agregó que hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía han presentado un avance significativo en el que “se ha aclarado con pruebas contundentes que la Universidad ha actuado oportunamente ante casos sensibles de la comunidad estudiantil”.
“Una vez que se ha dejado constancia que nuestro actuar y conducta institucional han estado apegadas en todo momento a la normatividad y a nuestro deber moral, presento ante usted mi renuncia al cargo de directora de esta Facultad”, expuso Ana María Flores García en una carta dirigida al rector de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa.
Por otra parte, también presentó su salida del cargo el responsable del área de servicio social de la Facultad de Medicina, Carlos Alberto López Jiménez, luego de los señalamientos constantes que se han hecho en su contra asegurando que él sí sabía del caso de acoso sexual en contra de Mariana.
CESAN A FUNCIONARIA DE SSA DE CHIAPAS
La Secretaría de Salud de Chiapas retiró de su cargo a Mariana Lazos Salgado, quien se desempeñaba como subdirectora de Educación y Enseñanza, luego de que fue señalada como una de las funcionarias que ignoró la denuncia que Mariana Sánchez hizo sobre el abuso sexual del que fue víctima durante su servicio social en el municipio de Ocosingo.
De acuerdo con el oficio IS/DG/SAJ/DCA/5003/534/2021, con sello y firma de la institución, desde el pasado lunes 8 de febrero Lazos Salgado fue cesada de su cargo, del que ahora se ocupará el doctor Natan Enríquez Ríos.
Según los primeros reportes, dicho oficio se dirigió a Enoch García Fernández, director de la Universidad “Pablo Guardado Chávez”, institución privada que está ligada al área de salud estatal.
Días después del feminicidio de Mariana, su madre, Lourdes Dávalos, señaló a Lazos Salgado como la responsable en recibir la denuncia directa de la joven, quien en noviembre pasado expuso los abusos que Fernando Cuauhtémoc, un compañero de clínica, habría cometido en contra de su voluntad.
“Fue un fin de semana a Tuxtla Gutiérrez, se presentó a la Secretaría de Salud, con Mariana Lazos, la encargada de colocar a los muchachos en servicio social, y le dijeron que no se podía hacer nada, a menos que le pasara algo, le iban a dar un cambio”, expuso anteriormente la madre de Mariana Sánchez al periódico Reforma.
Lourdes Dávalos recalcó que que al menos en tres ocasiones la joven de 24 años se acercó con Lazos Salgado para denunciar las agresiones sexuales y solicitar el cambio de clínica, sin embargo, éste se le negó y sólo se le otorgó un periodo vacacional de un mes “para que se recuperara”.
Mariana Sánchez Dávalos fue hallada sin vida el pasado 29 de enero en el cuarto en el que vivía a un lado de la clínica de salud donde realizaba su servicio social en Ocosingo, Chiapas.
Aunque en las primeras versiones se aseguró que se había tratado de un suicidio, la FGE de Chiapas determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, por lo que inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
La muerte de Mariana Sánchez ha provocado suma indignación a nivel nacional y ha desatado testimonios de otros estudiantes que han pasado por situaciones en las que su vida ha peligrado sólo por realizar su servicio social en comunidades remotas de la urbanidad.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el Gabinete de Seguridad formará un equipo federal para atender el caso de Mariana Sánchez, pasante de Medicina que fue asesinada el pasado 28 de enero mientras realizaba su servicio social en Chiapas.
Durante la conferencia de prensa matutina, la Secretaria precisó que este equipo especializado estará bajo la coordinación de su dependencia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A pesar de ello, destacó que se respetará la autonomía de las autoridades locales, sin embargo, refirió que el caso requiere de acciones más rápidas y en conjunción.
“Desde esta posición privilegiada de estar en el micrófono en este momento, quisiera hacer un llamado a las autoridades de Chiapas para que pudiéramos actuar con mayor velocidad en las investigaciones”, comentó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.
La Secretaria de Gobernación agregó que el caso de Mariana Sánchez le ha provocado una profunda indignación debido a la serie de “irregularidades” que se presentaron. Recalcó que es muy grave que tanto las autoridades de salud como las universitarias hayan hecho omisiones en un caso de acoso sexual.
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“Hemos tenido conocimiento de que Mariana solicitó ese cambio y no fue removida de ese lugar para ubicarla en otro lugar. Tenemos también información de que tenía algún compañero que le estaba acosando permanentemente”, agregó.
También expuso que, como lo había denunciado la madre de Mariana, el cuerpo de la joven egresada de Medicina fue incinerado sin el previo consentimiento de su familia.
“Tenemos también información de que su cuerpo fue incinerado, aunque dicen las autoridades que practicaron la necropsia anteriormente, pero fue incinerado de manera bastante rápida y sin consentimiento y sin darle cuenta a su familia. Así todas estas irregularidades, empezando por la conducta irregular de quien no actuó con diligencia para cambiarla de lugar y removerla de esta situación”, expuso frente a los reporteros en la llamada “mañanera”.
“Así que, ante todas estas irregularidades, empezando por la conducta irregular de quien no actuó con diligencia para cambiarla de lugar y para removerla de esta situación, vamos a solicitar, respetando la autonomía del estado y la autonomía de las autoridades estatales, pero sí se acordó reunir un equipo federal, coordinado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad, para avanzar en esto”, destacó la titular de la Segob.
Finalmente, Olga Sánchez Cordero pidió a las instituciones educativas como las autoridades de salud que cuiden a los estudiantes y pasantes de la licenciatura de Medicina, y sus derivadas, ya que en muchas ocasiones realizan sus pasantías, servicio social o prácticas en zonas muy remotas y con altos índices de inseguridad.
Consideró que aunque se trata de un caso muy doloroso, la historia de Mariana será un parteaguas para que la comunidad médica-estudiantil no se vea descuidada.
“Quisiera hacer un llamado a las comunidades a donde llegan que los reciban bien, que los cojan para que sepan estas comunidades que van a ayudarlos y apoyarlos y hacer un reconocimiento a estos jóvenes de servicio social que están dando su vida”, indicó.
“Este va a ser un antes y un después, el caso de Mariana, para que todas las autoridades de Salud, tanto locales como federales, realmente cuiden y apoyen a los estudiantes que realizan este tipo de servicio social. Y sobre todo si hay una denuncia, por que la población a la que llegan haya alguna situación de violencia, protegerlos, yo creo que es una llamada de atención muy importante”, dijo la Secretaria.
EL CASO
El caso de Mariana ha causado indignación en el país desde el hallazgo de su cuerpo el pasado jueves porque días antes denunció una violación durante su actividad como becaria en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.
La joven, de 24 años y quien estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, había denunciado ante el Ministerio Público y presentado un reporte en la Secretaría de Salud del estado, a la que pertenecía, pero el primero mostró indiferencia por el caso y la segunda solo le ofreció un mes de vacaciones.
Tras el asesinato, la Fiscalía de Chiapas, en un comunicado, aseguró que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y agresión sexual, y la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”.
Precisamente este martes, la Fiscal María Guadalupe Cruz dijo que tras la revisión en todas las fiscalías de distrito y de materia de la entidad, “se confirmó que no existe ninguna denuncia penal por acoso sexual ni violación, presentada por la víctima anterior a los hechos que se hoy se investigan”.
Mediante un comunicado agregó que “ante el conocimiento de un posible delito sexual se dio vista a la Fiscalía de la Mujer para que inicie las indagatorias correspondientes de manera oficiosa”.
En los últimos años en México las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres han ido en aumento, además del alto índice de impunidad que permite que agresores y asesinos sigan en las calles.
Horas después de que tres hombres fueran detenidos, un grupo de personas ingresó con violencia en la cárcel para sustraer y retener a dos de ellos, a quienes golpearon y ataron de manos y pies para rociarles gasolina y prenderles fuego en el interior de una escuela.
Tuxtla Gutiérrez (México), 5 dic (EFE).- Un centenar de habitantes de una comunidad del estado mexicano de Chiapas lincharon y quemaronvivos a dos hombres que sacaron de la cárcel y los señalaron de ser culpables de un asesinato, informó este sábado la Fiscalía General de esa entidad.
La fiscalía relató que un grupo de habitantes del poblado El Censo, ubicado en el municipio de Ocosingo, detuvo a tres personas a las que acusaron de ser autores del asesinato de otra por lo que fueron entregados a la autoridad rural.
El agente rural del municipio denunció que las tres personas identificadas como Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano y Manuel “N”, habían sido detenidas como parte de la investigación que se seguía por el asesinato de un hombre y que fue cometido con un arma blanca, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad rural.
Pero horas después de la detención, un grupo de personas ingresó con violencia en la cárcel para sustraer y retener a dos de los tres hombres, los Vázquez Silvano, a quienes golpearon y posteriormente ataron de manos y pies y luego los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela.
De esta forma los privaron de la vida, mientras que Manuel “N” logró ser rescatado por la autoridad y entregado al agente del Ministerio Público.
La policía se hizo presente en el lugar de los hechos, pero fue inútil su intervención ya que no llegó a tiempo para salvarlos.
Según las primeras versiones, la persona asesinada se llamaba Gregorio Gómez Álvaro, quien fue visitado la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los hombres, quienes después de cruzar algunas palabras lo asesinaron, relató uno de sus familiares.
La Fiscalía condenó de manera enérgica este hecho y reiteró que ninguna conducta ilícita quedará impune.
Ante tales circunstancias, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación por los hechos violentos registrados en poblado de El Censo.
La dependencia dijo que un grupo especializado integra la carpeta de investigación por el delito de homicidio, mientras se trata de lograr la identificación de los responsables y presentarlos ante la justicia.
A través de su página de Facebook, identificada como “Guerrilleros de los Altos de Ocosingo”, publicó un comunicado bajo el título de “La Primera Declaración de Guerra del Ejército Revolucionario Indígena (ERI)”.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Un presunto grupo guerrillero autonombrado “Ejército Revolucionario Indígena (ERI)” hizo una supuesta “declaración de guerra” al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador si no retira a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de Ocosingo, Chiapas.
A través de su página de Facebook, identificada como “Guerrilleros de los Altos de Ocosingo”, publicó un comunicado bajo el título de “La Primera Declaración de Guerra del Ejército Revolucionario Indígena (ERI)”.
Allí, expuso que han tomado las armas para formar una autodefensa y proteger el territorio, vida y trabajo de la región Tzeltales-Mayas, ubicada en la región Altos de Chiapas.
De acuerdo con los primeros reportes, dicho grupo está conformado por campesinos, cafetaleros, transportistas, comerciantes en general, entre otros.
“El ERI se rige con mandos políticos-militares que encabezarán una milicia y política más fortalecida y consolidada en el manejo de sus propios recursos naturales”, se lee en el documento.
Los indígenas detallaron que López Obrador debe ordenar el retiro de los elementos la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en los tramos carreteros Ocosingo-San Cristóbal de las Casas y Crucero Petul-ton. Argumentaron que ha raíz de su presencia en los lugares, se ha originado un “clima de inseguridad en los pueblos y comunidades indígenas”.
“El Ejército Revolucionario Indígena tomará acciones de retiro (guerra), porque no existe para nosotros propiedad federal solamente territorio indígena”, resaltaron.
Además, en el documento hicieron un pronunciamiento en contra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de todos los acuerdos transnacionales neoliberales “que permiten el saqueo de los recursos naturales en Chiapas, principalmente de los yacimientos de petróleo, uranio, titanio y rocas fosfóricas”.
Por lo mismo, señalaron que formarán un autogobierno basado en los usos y costumbres de la región y que no permita el abuso y control de sus recursos y habitantes.
“Con la unión de nuestras fuerzas de formar un autogobierno indígena, sin la intervención de extranjeros, capitalistas e imperialistas, vamos a formar nuestro propio Gobierno de acuerdo con uso y costumbres”, subrayó el nuevo grupo de autodefensa.
Además, rechazó cualquier programa social del actual Gobierno y anunció que éstos serán expulsados de la zona, pues consideran que no aportan algún beneficio a los pueblos y comunidades indígenas.
Por último, precisó que instalarán casetas de control y vigilancia indígena en el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal de las Casas, en ambos sentidos, y finalizó diciendo que pronto darán a conocer la ubicación de las sedes de autogobierno que se implementarán en Chiapas.
La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que tras la declaratoria, diversas dependencias estatales y autoridades municipales realizan mesas de trabajo para la confirmación de planes de contingencia.
Chiapas, 22 de diciembre (Chiapas Paralelo).-En el periodo que va del 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, en los municipios de Palenque, Copainalá, Chilón y Ocosingo, ubicados en las zonas selva de Chiapas, la lluvia que cayó fue cuatro veces menos que un periodo normal.
De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la entidad, ello ocasionó un periododesequíaqueafectó a la población de la zona -dedicada en su mayor parte en actividades agropecuarias- perdiera la mayor parte de su cosecha del año, y la baja de pesos de su ganado.
En este contexto la Secretaría de Gobernacióndeclaró zona de desastre en los cuatro municipios, con ello se podrá acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales.
La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que tras la declaratoria, diversas dependencias estatales y autoridades municipales realizan mesas de trabajo para la confirmación de planes de contingencia.
Añadió que la crisis climática en Palenque, Copainalá, Chilón y Ocosingo, se agudizó porque en los últimos cuatro años han generado falta de precipitaciones en la entidad. Sin embargo fue este año que tuvo su déficit más bajo, al llegar a sólo el 24 de las precipitaciones esperadas en 2019.
Autoridades de Chiapas advirtieron que es factible que se presenten bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, “lo que genera pérdidas mayores en cultivos diversos, eleva el riesgo de incendios forestales y problemas de escasez de agua”.
Morales Santiz fue encontrado sin vida por compañeros de su comunidad y familiares con un impacto de arma de fuego en la cabeza luego de haber ido por leña.
Grupos y organizaciones acusan al Estado como autor del asesinato del joven originario de Ocosingo, Chiapas hace dos años. Hasta el momento no hay detenidos por el caso.
El Comité Cerezo México, indicó que el asesinato de Humberto, es responsabilidad del estado, ya que la ejecución se realizó mediante el mando único, ubicado en el campamento policiaco-militar que ha hostigado y amenazado a integrantes del Frente.
Humberto Morales Sántiz a las 14 horas se dirigió en dirección a las tierras de labranza de los compañeros y en los alrededores de éstas se abastecen de leña, es el combustible para uso doméstico en la preparación de sus alimentos, detalló el comunicado.
Sin embargo, los padres del Morales como a las 17 horas se preocuparon porque se hacía tarde y no regresaba, lo que provocó que a esa hora su padre y otro compañero se dirigieran a su búsqueda sin dar con su paradero.
Fue con la solidaridad de los compañeros del ejido que a las 20 horas encuentran al compañero sin vida a un costado de la leña con un impacto de bala en la cabeza.
Mientras se buscaba al compañero, los policías ubicados ilegalmente en las tierras de El Carrizal realizaban movimientos en ese lugar y mantuvieron prendidas sus torretas.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, acompañado del Comité Cerezo México, exigieron justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Humberto.
Además, retiro inmediato del campamento policiaco-militar de las tierras del ejido El Carrizal y un alto al hostigamiento y represión contra el FNLS.
Al menos cinco personas han resultado lesionadas luego de enfrentamientos y ataques contra integrantes de partidos políticos en Chiapas.
Por otro lado. hombres armados golpearon a funcionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, y les arrebataron siete paquetes con boletas que serían utilizadas el próximo domingo en el proceso electoral local.
El IEPC solicitó la reimpresión del material y señaló que las boletas hurtadas “carecen de validez y no podrán ser utilizadas en los comicios del 1 de julio”.
Ciudad de México, 29 de junio, (SinEmbargo).- Al menos cinco personas han resultado heridas luego de enfrentamientos y ataques en municipios de Chiapas, previo al inicio de la jornada electoral de este domingo.
La tarde de este viernes 29 de junio, el coordinador de campaña del Partido Podemos Mover a Chiapas en Mapastepec, David Ponce Montes, recibió tres impactos de bala cuando arribaba a la casa de campaña del candidato a la Alcaldía de dicho municipio.
Reportes locales señalan que dos personas se habrían acercado al lugar y accionaron un arma para después escapar abordo de una motocicleta.
Mientras, la noche del pasado jueves 28 de junio, cuatro personas resultaron heridas luego que simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Verde Ecologista se enfrentaran en el municipio de Yajalón.
Versiones apuntan a que los integrantes de Morena viajaban a bordo de una camioneta cuando sujetos armados les dispararon.
COMANDO ROBA 7 PAQUETES ELECTORALES EN HUIXTÁN
Un grupo armado robó siete paquetes electorales a integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, quienes se dirigían a entregar el material al municipio de Ocosingo.
A través de un comunicado, el IEPC informó que los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana de este viernes 29 de junio, a 400 metros de la cabecera municipal de Huixtán, cuando una camioneta blanca les cerró el paso.
Momentos después, hombres armados descendieron del vehículo e hicieron bajar a los capacitadores y al consejero electoral del municipio de Huixtán.
Tras amenazarlos y despojarlos de sus pertenencias, los golpearon y se llevaron siete paquetes electorales, que aparentemente contenían 600 boletas.
Versiones de medios nacionales señalan que fueron alrededor de 15 hombres armados los que cometieron el delito, mismo que ya fue reportado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Por otra parte, el IEPC aseguró que las boletas hurtadas “carecen de validez y no podrán ser utilizadas en los comicios del 1 de julio”. Por lo que solicitarán la reimpresión del material para su utilización durante la próxima jornada electoral.
Agregó que se establecerá un un protocolo de seguridad para asegurar que las boletas utilizadas el próximo domingo cuenten con las firmas de los funcionarios y representantes de partido en las casillas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos enumeró una amplia lista de fallas en las que incurrió el personal médico del Hospital Rural 32 del IMSS en Ocosingo, Chiapas. Todas ellas habrían provocado la muerte de la mujer de 32 años y de su hijo. La recomendación dirigida al director del IMSS implica la reparación del daño a los deudos de las víctimas y demanda la cooperación de las autoridades médicas en la investigación que abrirá la PGR una vez que la CNDH presente la denuncia correspondiente.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Mikel Andoni Arriola Peñalosa, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por violaciones a los derechos a la protección de la salud y a la vida por violencia obstétrica, atribuidas a personal médico del Hospital Rural 32 del IMSS en Ocosingo, Chiapas. Dichas violaciones provocaron la muerte de una mujer y su hijo.
El caso ocurrió el 10 de junio del 2013. Ese día, una mujer de 32 años con 38 semanas de embarazo, acudió con su esposo a una cita médica en ese hospital. El esposo se retiró y minutos más tarde recibió un mensaje de su esposa pidiéndole que regresara, porque sería intervenida de urgencia por complicaciones en su estado de salud.
De acuerdo con la CNDH, cuando el marido volvió personal médico le informó que su esposa y su hijo estaban graves. Más tarde le dijeron que ambos habían muerto durante una operación cesárea en la que intervinieron médicos residentes y un pasante de servicio social, sin la supervisión de un médico especializado en Ginecología y Obstetricia.
“En el expediente CNDH/5/2013/5242/Q se advirtió que durante la atención médica de la agraviada, cuatro médicos de base, siete médicos residentes y dos enfermeras generales omitieron monitorear oportunamente la presión arterial de la paciente y la frecuencia cardiaca del producto de la gestación, no realizaron estrecha vigilancia del binomio materno-fetal y tampoco establecieron un tratamiento para el embarazo de alto riesgo obstétrico que fue detectado en la paciente desde el control prenatal”, informó la Comisión en un comunicado.
La CNDH aseguró que, al no controlar los factores de riesgo de la víctima, los médicos y enfermeras del hospital incumplieron la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, que obliga al personal médico en el país a dar: “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”.
Otra falla detectada por la Comisión fue que un doctor de base y tres médicos residentes no refirieron a la víctima a un hospital de tercer nivel de atención, al que tendrían que haberla enviado porque el Hospital Rural 32 carecía de los recursos materiales y de personal especializado parea atender adecuadamente a la mujer y a su bebé.
Además, un segundo médico de base no estableció un diagnóstico temprano de preeclampsia severa, ni implementó un plan de manejo para la paciente, acorde con la Guía de Práctica Clínica, Atención Integral de la Preeclampsia, en el segundo y tercer niveles de atención; el tercer médico de base incurrió en negligencia por la falta de atención a la paciente durante 55 minutos.
También se encontró que el cuarto médico de base no supervisó la atención médica proporcionada a la mujer y a su hijo, por dos médicos residentes, en tanto que el médico residente 4 no consideró los factores que le permitieran sospechar la presencia del desprendimiento prematuro de placenta de la víctima.
La falta de insumos y personal médico especializado que supervisara de manera permanente la atención brindada por médicos residentes en el Hospital Rural 32, implicó responsabilidad institucional para el IMSS, porque no se garantizó una atención médica profesional y de calidad para la mujer y su hijo.
La CNDH advirtió también que en las notas médicas y de enfermería sobre este caso se infringió la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, “Del Expediente Clínico”.
Por todo ello, la CNDH recomendó reparar el daño ocasionado al esposo de la víctima; se capacite el personal médico en materia de derechos humanos, en relación con la observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud; se establezcan protocolos que garanticen la supervisión de las actividades del personal en proceso de formación y se supervise, verifique e informe sobre las condiciones en que se brinda la atención médica en el citado hospital Rural, para comprobar que cuenta con el personal médico y los insumos necesarios para su operación; de no ser así, se tomen las medidas para dotarlo de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice el disfrute del derecho a la protección de la salud a los usuarios.
Además, se deberá colaborar en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de la República, y en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, contra todo el personal médico relacionado con los hechos de esta Recomendación.
Finalmente, la comisión demandó se inscriba al esposo de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga acceso, en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
