El Secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó más temprano que hay 27 personas detenidas por su presunta relación con la matanza.
México, 3 de febrero (RT).- Las fuerzas de seguridad de México detuvieron a Luis Alfonso Quintana O., alias “El Guacho”, sospechoso de estar involucrado en la masacre de tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrida en Bavispe, estado de Sonora, en noviembre de 2019.
A través de sus redes sociales, el activista Andrés LeBarón detalló que “El Guacho” fue detenido por agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Nuevo Casas Grandes, estado de Chihuahua.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la @FGRMexico cumplimentó una orden de aprehensión en Nuevo Casas Grandes, en contra de Luis Alfonso Quintana O. Alias “El Guacho” miembro de “La Línea”, implicado en la masacre en contra de mi familia. pic.twitter.com/ikYWWoH661
De acuerdo con LeBarón, este hombre es un presunto miembro de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
El miércoles, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México lo vinculó a proceso, imputándole los delitos de homicidio calificado, en grado de tentativa y daños.
Ante la captura, LeBarón insistió en participar en las audiencias. “Es mi derecho como víctima, queremos coadyuvar con las investigaciones”, manifestó.
HAY 27 DETENIDOS
Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, informó hay 27 personas detenidas por el caso y falta que se cumplan 11 órdenes de aprehensión. Foto: Gobierno de México
Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó que ya hay 27 personas detenidas por su presunta relación con la emboscada en la que fueron asesinados nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, de nacionalidad mexicana y estadounidense, el 4 de noviembre de 2019.
El funcionario detalló que algunas de estas personas fueron detenidas con órdenes de aprehensión, otras en flagrancia y unas más en actividades de inteligencia.
Señaló que aún quedan 11 personas vinculadas a esta matanza por aprehender, cuyas órdenes ya fueron giradas.
Según el Secretario de la Defensa Nacional, las detenciones de las 27 personas se han hecho a través de órdenes de aprehensión, en flagrancia o en actividades de inteligencia.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó, en la conferencia matutina diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el avance del caso Bavispe, donde integrantes de la familia LeBarón fueron acribillados.
“Desde el inicio, para atender el caso Bavispe se llevan 27 personas detenidas, algunas con orden de aprehensión, otras en flagrancia, otras en actividades de inteligencia y nos quedan 11 más vinculadas a este acto, que tienen orden de aprehensión y que se está trabajando para lograr su detención”, notificó Sandoval González.
Por su parte, López Obrador dijo que es un “asunto importante” y que “la gente está ayudando al Gobierno”. “Todo mundo quiere contribuir a pacificar el país”, mencionó.
La tragedia ocurrió el 4 de noviembre de 2019. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro.
La última de las detenciones hechas por el caso, fue el 2 de diciembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de Rubén “H”, alias “R7” o “Calva”, por su probable participación con la masacre de miembros de la familia.
Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de esta persona.
El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México libró una orden de aprehensión en contra de Rubén “H” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños.
Peritos de la Fiscalía de Sonora levantaron el automóvil calcinado en donde fueron asesinados varios miembros de la familia LeBarón. Foto: Cuartoscuro.
El 4 de noviembre de 2019, tres mujeres con 14 niños de la Familia LeBarón fueron emboscadas y acribilladas mientras transitaban en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Tres mujeres y seis niños fallecieron en el atentado, donde uno de los vehículos fue incendiado.
Ocho niños sobrevivieron: siete menores –cinco con heridas de bala– lograron escapar, se escondieron entre los arbustos y luego caminaron kilómetros en busca de ayuda; otra menor, una bebé de meses de edad, fue localizada ilesa en una de las camionetas.
Las autoridades indicaron que la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato se hará cargo de las diligencias con respecto a la masacre que dejó a ocho personas muertas y tres heridos.
Guanajuato, 29 de diciembre (EFE).– Dos sicarios asesinaron a ocho personas, entre ellas un bebé, y dejaron tres heridos en dos ataques a balazos en la comunidad de La Aldea, en el Municipio de Silao del estado de Guanajuato, informaron este miércoles las autoridades locales.
De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado, el homicidio múltiple fue perpetrado el martes en la noche por dos sujetos a bordo de una motocicleta y en dos puntos de la citada comunidad, ubicados a solo 150 metros de distancia el uno del otro.
En un domicilio fueron ubicadas las primeras cinco víctimas mortales. Se trataba de cuatro hombres —dos de ellos sin identificar— y una mujer de 37 años.
Mientras que en el segundo lugar, el interior de una casa, fueron localizados los otros dos cuerpos: el de una joven de 16 años y el de un niño de apenas un año y cuatro meses de edad, que fue encontrado sobre una cama en una habitación.
En el lugar se localizaron casquillos de arma corta y larga, según detalló la Fiscalía local, quien también indicó que la Agencia de Investigación Criminal del estado se hará cargo de las indagatorias.
“En relación al ataque armado ocurrido en #Silao, hemos girado instrucción para que una célula especial de la @AIC_Guanajuato se haga cargo de la indagación hasta su total esclarecimiento y detención de los inculpados para dejarlos a disposición ante un Juez”, dijo la autoridad en Twitter.
#FGEInforma En relación al ataque armado ocurrido en #Silao, hemos girado instrucción para que una célula especial de la @AIC_Guanajuato se haga cargo de la indagación hasta su total esclarecimiento y detención de los inculpados para dejarlos a disposición ante un Juez.
— Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) December 29, 2021
Además, cuatro personas que resultaron heridas producto de los ataques fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica, pero uno de ellos, un hombre de 38 años, falleció este miércoles, según confirmaron autoridades.
Los otros tres lesionados —entre ellos dos mujeres de 19 y 46 años— se encuentran en estado delicado.
Desde 2018, Guanajuato es el estado que año tras año concentra más homicidios dolosos en México. Este 2021, con corte a noviembre, los datos oficiales establecen que han sido asesinadas tres mil 239 personas.
Además, también es la entidad donde se han registrado más víctimas menores de edad, con 149, de los cuales 129 eran varones y 20 mujeres. El 83 por ciento de ellos fueron asesinados con arma de fuego.
La versión oficial de los hechos es que los combates cerca de Mo So estallaron el viernes cuando miembros del grupo guerrillero Partido Progresista Nacional Karenni y otros opositores a las fuerzas armadas condujeron vehículos “sospechosos” y atacaron a las fuerzas de seguridad, pero testigos indicaron que elementos gubernamentales balearon a civiles, entre ellos mujeres e infantes.
Por Tassanee Vejpongsa
BANGKOK, 26 de diciembre (AP).— Diversas fotografías de una masacre perpetrada en el este de Myanmar en Nochebuena que presuntamente dejó más de 30 personas muertas y calcinadas en sus vehículos —incluidos mujeres y niños— se han propagado por redes sociales, suscitando indignación contra los militares que tomaron el poder del país en febrero.
Las imágenes muestran los cadáveres quemados de más de 30 personas en tres vehículos calcinados a los que, según versiones, efectivos del Gobierno balearon cuando las víctimas huían de una zona de combate. Fue imposible corroborar la información de manera independiente.
El grupo de asistencia internacional Save the Children indicó que dos miembros de su personal desaparecieron en la masacre, la cual generó indignación contra los militares que asumieron el poder tras derrocar al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Save the Children dijo que estaba suspendiendo sus actividades en la región.
En esta fotografía facilitada por la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni (KNDF por sus siglas en inglés) se ve a vehículos incendiados en la localidad de Hpruso, estado de Kayah. Foto: KNDF vía AP.
La Embajada estadounidense en Myanmar expresó el domingo su consternación por el “ataque bárbaro en el estado de Kayah en el que murieron al menos 35 civiles, entre ellos mujeres y niños”.
“Continuaremos exigiendo la rendición de cuentas de los responsables de la actual campaña de violencia contra el pueblo de Birmania”, señaló la embajada en un comunicado.
Un aldeano que dijo haber acudido al lugar declaró a The Associated Press que las víctimas habían huido el viernes de la lucha entre grupos de la resistencia armada y el Ejército de Myanmar cerca de la aldea de Koi Ngan, contigua a Mo So. Señaló que las personas fueron asesinadas después de que los efectivos las arrestaran cuando se dirigían a campamentos para refugiados en la parte occidental del municipio.
Save the Children reportó que dos de sus empleados, que regresaban a sus casas para pasar las fiestas navideñas tras efectuar labores de ayuda humanitaria en una comunidad cercana, “quedaron atrapados en el incidente y siguen desaparecidos”.
“Tenemos confirmación de que su vehículo privado fue atacado e incendiado”, añadió la agrupación en un comunicado. “Presuntamente los militares sacaron a la gente de sus vehículos a la fuerza, arrestaron a algunos, mataron a otros y quemaron sus cadáveres”.
El Gobierno no ha formulado comentarios, pero el diario Myanma Alinn, operado por el Estado, reportó el sábado que los combates cerca de Mo So estallaron el viernes cuando miembros del grupo guerrillero Partido Progresista Nacional Karenni y otros opositores a las fuerzas armadas condujeron vehículos “sospechosos” y atacaron a las fuerzas de seguridad tras ignorar la orden de detenerse.
El diario reportó que entre los rebeldes había nuevos reclutas que iban a un entrenamiento para pelear contra el Ejército, y que los siete vehículos que usaban fueron incendiados. No dio más detalles.
El testigo le dijo a la AP que los restos estaban calcinados a tal grado que eran irreconocibles, y que se halló ropa de niño y de mujer junto con suministros médicos y alimentos.
“Los cuerpos fueron atados con cuerdas antes de que les prendieran fuego”, señaló el testigo, que solicitó guardar el anonimato por temor a sufrir represalias.
No vio el momento en el que fueron asesinados, pero dijo creer que algunas víctimas eran habitantes de la aldea de Mo So que supuestamente fueron arrestados por efectivos militares el viernes. Rechazó que los detenidos fueran miembros de grupos armados locales.
Indígenas tzotziles participaron en una misa en memoria del 24 aniversario de la masacre de Acteal este miércoles en el municipio de Chenalhó, Chiapas.
Chenalhó (México), 22 dic (EFE) .- A 24 años de la matanza de 45 indígenastzotziles en el paraje de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, familiares y sobrevivientes de la masacre perpetrada por un grupoparamilitar, marcharon para exigir cárcel para los autores intelectuales y materiales de los hechos.
Con cantos, rezos, cruces, incienso y velas los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, recordaron a sus muertos en la tumbacolectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas del crimen de Estado, entre los que se encontraban 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. La agrupación Las Abejas es un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas de esta organización oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuando fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.
“Es un dolor que no se supera, que no se olvida a más a 24 años porque no hay justicia. El gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han avanzado y tampoco hay informes de fondo del caso”, indicó Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes.
Entre cantos, rezos, cruces, incienso y velas Las Abejas de Acteal recordaron a sus muertos en la tumba colectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas de la masacre. Foto: EFE
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, ofició la misa en memoria de las víctimas y los sobrevivientes, exhortando a los presentes a no “engancharse en el dolor y la ira”.
“Estamos acompañando a quienes tienen un gran dolor por el acontecimiento, pero también por la ofrenda que Dios nos hable de este acontecimiento, que estemos dispuesto a defender la vida pero siempre con criterios de paz y legalidad”, dijo el obispo.
Durante la peregrinación recordaron a todos los asesinados y a los que les han ayudado a sobrellevar esta tragedia como lo fue el obispo Samuel Ruiz García, quien, dijeron, los apoyó en los momentos más difíciles donde fueron perseguidos y criminalizados por buscar justicia.
Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y tratando de dar a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsando una lucha pacífica y redignificando a las víctimas y sobrevivientes de la masacre.
Este crimen de Estado dejó 45 víctimas: 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. Foto: EFE
Transcurridos 40 años, la palabra impunidad sigue asociada a las masacres que el Batallón Atlacatl realizó en El Mozote y lugares aledaños en los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981. Y cada año que pasa, por pura ley de vida, quedan menos víctimas a las que se les pueda hacer justicia, y menos victimarios a los que condenar.
Por Roberto Valencia
Ciudad de México, 10 de diciembre (RT).- Se cumplen 40 años de la que ha pasado a la historia como la masacre de El Mozote, ejecutada por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador en distintas poblaciones de los municipios de Meanguera y Arambala, departamento de Morazán. Del millar de personas masacradas por los soldados, 408 eran bebés y niños y niñas abajo de los 10 años de edad, incluidos 17 no nacidos, asesinados en las panzas de sus madres.
Amadeo Martínez perdió a tres hermanos el 11 de diciembre de 1981: María de Jesús, de 7 años de edad; Teodorito, de 5 años; y Rafael, de 4. También asesinaron a su madre: María Inés Martínez, de 33 años.
Nacido el 31 de marzo de 1972, a Amadeo le faltaban poco más de tres meses para cumplir 10. Otro niño. Es un sobreviviente de El Mozote porque él y su otro hermano –José Enemesio, un año mayor– se enmontañaron a iniciativa del padre, José Santos Sánchez, quien había escuchado por la radio que la Fuerza Armada realizaría un operativo antiguerrillero.
“Mi padre, mi hermano y yo estábamos en medio del Ejército, con la diferencia de que estábamos escondidos”, dice Amadeo Martínez a RT, a sus 49 años ya, en la entrada de su modesta vivienda ubicada en La Joya, un cantón de Meanguera en el que el Atlacatl mató a su familia y a otros 150 vecinos.
“A mi papá le tocó ver los cuerpos porque enterró a varios; los pedazos que habían sobrado en algunos casos, porque los cerdos, los perros y los zopes se los estaban comiendo ya”, agrega.
“Mi mamá no quiso irse con nosotros al magueyal y prefirió quedarse con mis tres hermanitos en la casa de don Jacinto Sánchez, un anciano respetado del caserío que las dejó quedarse, con otras mujeres y niños”, recuerda Amadeo. “Pero a todos los asesinaron”, dice.
Cantón La Joya, caserío Ranchería, caserío Los Toriles, caserío Jocote Amarillo, cantón Cerro Pando, cerro Ortiz y, por supuesto, el caserío El Mozote, donde se hallaron la mitad de las osamentas, y cuyo nombre sirvió para bautizar el conjunto de masacres que la Fuerza Armada perpetró los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre.
La palabra exterminio no es exageración ni licencia literaria. El operativo militar, bautizado para mayor sorna como ‘Rescate de Morazán’, se vendió como una estrategia para neutralizar los campamentos que había establecido en la zona el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco agrupaciones que integraron la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Apoyados por artillería y aviación, se estima que entre 1.000 y 2.000 militares participaron en el operativo antiinsurgente, en un territorio agreste de apenas 25 kilómetros cuadrados. El rol protagónico lo asumió el Batallón Atlacatl, una unidad élite creada ese mismo año, equipada, financiada y asesorada por el gobierno estadounidense, cuya presidente era el republicano Ronald Reagan.
Monumento a las víctimas en El Mozote, al fondo sus nombres y edades. Foto: Roberto Valencia/RT
Unos 200 guerrilleros del ERP, sin embargo, rompieron el cerco militar y escaparon la madrugada del 10 de diciembre sin apenas sufrir bajas. Incluso lograron llevarse hasta la costa el equipo técnico con el que se emitía Radio Venceremos, el órgano de expresión del ERP durante toda la guerra civil salvadoreña, conflicto que inició en marzo de 1980 con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y se prolongó hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz.
Cuando la Fuerza Armada se apoderó del sector, la población civil que quedaba estaba compuesta mayoritariamente por ancianos, mujeres y, sobre todo, niños y niñas. Desarmados, por supuesto. Muchos ni siquiera eran simpatizantes de la guerrilla.
Aun así, el Ejército optó por llevar hasta las últimas consecuencias los conceptos de ‘tierra arrasada’ y ‘quitarle el agua al pez’, y se procedió al exterminio: mujeres violadas y asesinadas, adolescentes torturados, ancianos mutilados, bebés acuchillados, viviendas quemadas.
De las 988 víctimas mortales incluidas hasta el momento en el Registro Único de Víctimas de El Mozote, el 51 % de los muertos no había cumplido siquiera los 14 años. Y el 15 % de los exterminados tenían 60 años o más, incluida Simeona Vigil, una anciana de 93 años.
Sobrevivieron sólo los que se escondieron en cuevas y cultivos, como Amadeo, su padre y su hermano. A los cuatro o cinco días, cuando vieron que el vaivén de militares había cesado, fueron a la casa de don Jacinto, para comprobar que sólo quedaban cadáveres, moscas, zopilotes, cuches comiendo carne humana y un hedor que Amadeo aún no olvida. Quedaba El Mozote.
“Los soldados sacaron a mi padre de la casa a culatazos, lo arrastraron del pelo, lo terminaron de matar arriba, en el campo, y lo tiraron en un barranco, junto a un árbol”, dice Santos Vito Mejía, sobreviviente.
El padre, José Santos, reconoció los cuerpos de su esposa, sus tres hijos, y de otros familiares, y los enterró en una fosa séptica que acababa de abrir en su casa, y que aún no se estaba usando. Luego, los tres volvieron a enmontañarse, junto a algunos sobrevivientes con historias similares de luto y desdicha.
OTRAS HISTORIAS
Santos Vito Mejía, hoy una señora de 75 años, también es una sobreviviente de la masacre de El Mozote, pero por circunstancias diferentes. Nacida en 1946 en Meanguera, a mediados de los sesenta dejó el cantón La Joya y se fue a probar suerte en la capital.
“Cuando ocurrió la masacre, yo trabajaba como doméstica en una casa del reparto Guadalupe, en Soyapango [una ciudad del área metropolitana de San Salvador], y mis patrones no me dejaron ir a Morazán”, dice Santos. Haberse alejado de su familia, paradójicamente, le salvó la vida.
No fue hasta que regresó a La Joya, finalizada ya la guerra civil, más de una década después de la masacre, que supo que casi todos los integrantes de su familia habían sido asesinados por el Batallón Atlacatl.
Que José Cruz Vigil, de 67 años en la actualidad y vicepresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Víctimas del Mozote (APDHEM), esté vivo también responde a que no se encontraba en el caserío Jocote Amarillo –donde nació y se crió– cuando la Fuerza Armada irrumpió el 13 de diciembre.
Monumento a las víctimas de El Mozote. Foto: Roberto Valencia/RT
Cruz Vigil se había incorporado en el ERP en 1979, dos años antes. Era parte del grupo que estaba acampado en La Guacamaya y que logró escapar tras romper el cerco que la Fuerza Armada les puso. “Yo por estar en la guerrilla sobreviví; si no, muerto estaría”, dice.
La prioridad para el ERP fue esconderse, escapar, evitar choques directos con el Ejército, muy superior en efectivos y en armamento. Lo consiguieron, en líneas generales. De hecho, las primeras noticias sobre las masacres en El Mozote y alrededores no llegaron a oídos de la comandancia del ERP hasta el 17 de diciembre.
Cruz Vigil supo del exterminio cuando estaba en El Zapotal, municipio de Joateca, a unos 10 kilómetros en línea recta desde El Mozote. De inmediato pidió permiso para regresar por veredas para saber qué había sucedido con su familia, y se lo concedieron, con la condición de que no llevara fusil.
Caminó, hizo noche con un grupo de enmontañados que halló en La Joya, y le confirmaron que su papá también había sobrevivido por escapar del caserío Jocote Amarillo antes de que llegaran los soldados. A la mañana siguiente fue a buscarlo.
Nosotros estábamos de acuerdo en que el Estado pidiera perdón, pero queríamos que lo hicieran los militares, no el presidente, dice José Cruz Vigil, sobreviviente.
“Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos”, dice. Luego, el listado de familiares asesinados: los dos hermanos mayores, dos tíos, una cuñada y nueve sobrinos, en el círculo más cercano, y unos 40 familiares más lejanos. “Mi mamá había muerto unos meses antes”, dice resignado.
Las que cuentan los sobrevivientes de El Mozote son todas historias de una crudeza difícil de digerir. Una masacre de un millar de civiles desarmados –niños en su mayoría– ejecutada en la década de los ochenta por la unidad élite de un ejército regular, unidad armada, adiestrada y financiada por el gobierno de Estados Unidos.
Algo así tenía que negarse, esconderse, y eso es precisamente lo que pasó. Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron la masacre con tanto ímpetu que aún hoy hay salvadoreños que creen que nunca ocurrió, o que fue un combate, o que las masacres las perpetraron los guerrilleros.
Y el encubrimiento fue el caldo de cultivo idóneo para la impunidad. Cuatro décadas después, no hay ni una sola persona condenada por lo ocurrido en El Mozote.
“El papel de la administración Reagan fue clave –dice Carlos Henríquez Consalvi–, porque trató de borrar la masacre de la historia”.
Fotografía tomada en el caserío El Mozote el 30 de diciembre de 1981 por Carlos Henríquez Consalvi, periodista integrante de Radio Venceremos. Cortesía de Carlos Henríquez Consalvi
De 74 años en la actualidad, Consalvi era en diciembre de 1981 la voz de Radio Venceremos, la radio del ERP. “Yo me sentía un periodista”, dice. Él es de los que tuvo que escapar de La Guacamaya por el operativo de la Fuerza Armada.
A la guerrilla no le costó reagruparse, contraatacar y recuperar los territorios perdidos. Para el 30 de diciembre Consalvi consiguió ingresar en el caserío El Mozote y documentar la masacre con fotografías, anotaciones y entrevistas a sobrevivientes. Todo se transmitió por Radio Venceremos, pero con escasa receptividad.
“Cuando dijimos mil personas asesinadas, mucha gente pensó: eso es invento de la insurgencia, porque justo en esos días en el Congreso de Estados Unidos se estaba discutiendo si seguían apoyando militarmente a El Salvador”, dice Consalvi. “Acordate que la Fuerza Armada decía de nosotros que éramos Radio Mentiremos”, agrega.
La comandancia del ERP juzgó prioritario que periodistas independientes registraran la masacre, y permitió que dos periodistas del diario The New York Times (Raymond Bonner y Susan Meiselas) y una del The Washington Post (Alma Guillermoprieto) ingresaran desde Honduras y reportearan durante casi dos semanas en los territorios bajo control guerrillero en Morazán, incluido el caserío El Mozote, donde entrevistaron a sobrevivientes.
Carlos Henríquez Consalvi, periodista integrante de Radio Venceremos, el órgano de expresión del Ejército Revolucionario del Pueblo. Roberto Valencia/RT
Ambos reportajes se publicaron el mismo día, el 27 de enero de 1982. Y causaron cierto revuelo. Pero la administración Reagan se desvivió por desacreditar los trabajos periodísticos, tachándolos como propaganda efemelenista, y puede decirse que lo consiguió. The New York Times, por ejemplo, apartó a Bonner de su rol como periodista especializado en América Central y lo reubicó a la sección local de negocios.
En el gobierno estadounidense, dice Consalvi, hay dos altos funcionarios que sobresalieron como negacionistas de la masacre de El Mozote y, por extensión, del trabajo de Bonner, Meiselas y Guillermoprieto. Son Elliott Abrams y Thomas Enders, figuras clave en el Departamento de Estado del primer gobierno de Ronald Reagan.
En marzo de 1993, más de un año después de haber finalizado la guerra civil en El Salvador, Thomas Enders firmó un artículo de opinión en The Washington Post en el que admitía que la masacre sí había ocurrido –algo que negó ante el Congreso en 1982– y que la ejecutó la Fuerza Armada de El Salvador. “I was wrong”, admitió. Pero el daño ya estaba hecho.
Transcurridos 40 años, la palabra impunidad sigue asociada a las masacres que el Batallón Atlacatl realizó en El Mozote y lugares aledaños en los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981. Y cada año que pasa, por pura ley de vida, quedan menos víctimas a las que se les pueda hacer justicia, y menos victimarios a los que condenar.
“No basta con que se nos diga que eso fue un exceso del régimen pasado”, dijeron víctimas y familiares de personas desaparecidas quienes, junto con las activistas Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turatti —espiadas por la PGR e investigadas por su labor de investigación en la Masacre de migrantes en Tamaulipas— exigieron investigar a la estructura de la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe rendir cuentas por la persecución, espionaje e investigación que emprendió la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en contra de la activista Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turatti, demandaron organizaciones civiles, víctimas de los migrantes masacrados en Tamaulipas y colectivos de personas desaparecidas.
Los defensores de derechos humanos y los colectivos respaldaron este día, en conferencia de prensa, la labor de Delgadillo, Doretti y Turatti, quienes entre los años 2015 y 2016 fueron investigadas por la PGR, que las señalaba como “delincuencia organizada” en relación a la masacre de migrantes en San Fernando, según se desprende de lo publicado este martes por The Washington Posty que las afectadas han reafirmado. Además, exigieron investigar a todas las estructuras que integran a la actual Fiscalía.
En el periodo en el que Ana Lorena Delgadillo, Mercedes Doretti y Marcela Turatti fueron espiadas, Jesús Murillo Karem encabezaba la PGR que —según los mismos reportes— practicó diligencias de investigación mediante las cuales accedieron ilegalmente a las llamadas telefónicas, mensajes escritos y, en el caso de la periodista Marcela Turatti, hasta sus ubicaciones geográficas de febrero de 2015.
Los colectivos repudiaron, de igual forma, que las autoridades en lugar de cumplir con su labor de investigar, buscar a las víctimas de desaparecidos y procurar justicia, emprendieran una persecución en contra de quienes ofrecieron apoyo a las víctimas de la violencia.
Por ello exigieron que los funcionarios que participaron en esa persecución rindan cuentas, pero no sólo quienes hayan encabezado la entonces SIEDO —en el periodo de 2012 a 2014, cuando se investigó a las tres mujeres— sino que incluso la actual Fiscalía General también rinda cuentas porque varios de los funcionarios y personas que han criminalizado y han obstaculizado investigaciones siguen dentro de la dependencia.
“¿Cómo es posible que para investigar y espiarlas a ellas tres sí haya diligencias expeditas, ilegales, pero expeditas? Mientras, tantos casos de nuestros desaparecidos donde no logramos tener las sábanas de llamadas, pero seguramente la Fiscalía saldrá a decir que fue un tema del 2016, 2015, que ya no somos los mismos. ¡No es cierto”, siguen siendo los mismos y siguen teniendo las mismas prácticas”, señaló Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos!
Con la frase “somos defensoras, no delincuentes” activistas exigieron a la FGR un alto a la criminalización. Foto: Centro Prodh
Marcela Turatti, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti detallaron que con las actuaciones descritas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no solo vulneró la privacidad e intimidad sino que las colocó riesgo y mandó un mensaje de amenaza al sistema mismo de derechos humanos, a las víctimas que intentan buscar a sus familiares desaparecidos y alcanzar la justicia, a todas las defensoras y defensores que luchan por la justicia y los derechos de las víctimas.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización que ha dado acompañamiento al caso Ayotzinapa, apuntó que la unidad de la PGR que se metió en las comunicaciones de Ana, Mercedes y Marcela y las presentó como presuntas responsables de delincuencia organizada, es la misma unidad que torturó, manipuló evidencia y desvió la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“No basta con que se nos diga que eso fue un exceso del régimen pasado porque no tenemos la certeza que eso no sigue ocurriendo, porque hay personas de ese pasado que siguen en el presente y porque lo que tiene que ocurrir es una sanción. No por un ánimo de venganza, sino porque eso es lo que asegura que hechos simulares no se repitan”, destacó el activista.
Los altos mandos de la PGR de ese entonces estaban enterados de tales diligencias, según se ha revelado, puesto que la información llegaba al Subprocurador Gustavo Salas y también al titular del área de Secuestros, Gualberto Ramírez, hoy investigado por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Grace Fernandez destacó que sin el trabajo que hacen los abogados periodistas, peritos y periodistas independientes, México hoy tendría miles de mentoras históricas como el caso Ayotzinapa y miles de restos incinerados ilegalmente “para deshacer la pruebas que la FGR que no quiere trabajar”.
“Este país necesita una verdadera transformación en los procesos de justicia y como está la FGR, no nos sirve. Y si el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) no se pone las pilas, tampoco nos sirve”, añadió.
Familiares de víctimas de desaparición forzada y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos, ofrecieron conferencia de prensa para dar detalles sobre las irregularidades en el caso de las Fosas Clandestinas De San Fernando 2011. Foto: Cuartoscuro
En la conferencia destacaron que este tipo de maniobras se conocen como el “derecho penal del enemigo”, el cual consiste en una serie de herramientas invasivas y violentas empleadas por el Estado, bajo una norma de excepción: la Ley de Delincuencia Organizada, que se debe usar sólo para la investigación de los delitos más graves.
“La entonces PGR solicitó de forma ‘extraurgente’ información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal”.
Los activistas indicaron que el asedio no sólo es un agravio para las tres profesionistas sino que constituye un delito grave y una violación grave a derechos humanos de Delgadillo Doretti y Turatti, que tendría que derivar en medidas de no repetición.
“Investigar con las herramientas de delincuencia organizada como sospechosas de secuestro y delincuencia organizada a quienes estaban coadyuvando en la investigación de una violación grave de derechos humanos, retrata de cuerpo enteros a un estado mexicano que ve como enemigos a quienes de verdad auxilian”.
La reconocida periodista Marcela Turatti, especializada en cobertura de desaparición y víctimas, fue investigada por su labor periodística. Foto: Cuartoscuro
Las afectadas explicaron que, al equiparar su trabajo con la delincuencia organizada, la SEIDO las colocó en una situación de riesgo y en un estado de indefensión, pues nunca hizo de su conocimiento que eran investigadas ni dio a conocer pruebas que justificaran las pesquisas.
Cuestionadas en relación a si tienen identificados a los servidores de la SEIDO que siguen en la Fiscalía o a los responsables de la investigación, las afectadas detallaron que es una preguntaría que se tendría que realizar a la propia Fiscalía, no obstante, destacaron que no se trata sólo de investigar o sancionar a algunos servidores públicos sino de erradicar “la maquinaria de impunidad y criminalización” ahí instalada.
“Se requiere investigar todas las estructuras que integran la actual FGR, así como una transformación institucional de esta área y el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos”, explicó Ana Delgadillo.
La SEIDO estuvo a cargo desde noviembre de 2012 hasta el año 2014 por Rodrigo Archundia Barrientos, uno de los responsables de la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa; en su lugar entró Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien estuvo a cargo hasta junio de 2019, ya con la nueva administración.
Archundia renunció formalmente a la SEIDO en marzo de 2015, actualmente se desempeña como Coordinador General de Combate al Secuestro en el Estado de México, mientras que Muñoz Vázquez, quien fue el que llevó el caso en contra de Javier Duarte, actualmente tiene en la FGR una carpeta de investigación abierta en su contra.
Desde 2018, Guanajuato se ubica como el estado con más homicidios dolosos en el país derivado de la disputa territorial entre grupos criminales, según sostienen las autoridades locales.
Guanajuato (México), 14 nov (EFE).– Al menos 15 personas fueron asesinadas en dos hechos distintos ocurridos este sábado en el céntrico estado mexicano de Guanajuato, informaron este domingo autoridades locales.
La primera masacre ocurrió en la comunidad Puerta Grande, en el municipio de Silao, donde un grupo armado disparó contra varias personas. Cuatro murieron en el lugar, tres hombres y una mujer, mientras otras seis fallecieron cuando eran atendidas en el hospital.
Entre las víctimas mortales había un menor de edad, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), que además indicó que en la escena se encontraron envoltorios de plástico transparentes con una sustancia granulada cristalina.
Apenas el pasado 2 de noviembre, dos policías de Tránsito y Vialidad de Celaya, Guanajuato, fueron asesinados por atacantes armados en el centro de la ciudad. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
Horas después, se registró otro múltiple homicidio, esta vez en el municipio de Apaseo El Grande, ubicado a 100 kilómetros de Silao.
Un comando armado ingresó a un domicilio de la colonia San Telmo y acribilló a cinco personas, entre ellas un niño de 14 años y una niña.
Además, la Fiscalía informó que en el ataque un bebé de 8 meses resultó lesionado por una ojiva incrustada en su brazo.
En la escena, peritos criminalistas recabaron indicios entre los que se encuentra una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.
El 8 de octubre, hombres armados y personal del Ejército se enfrentaron durante las primeras horas del día en la comunidad de Caleras de Ameche. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
Datos oficiales establecen que, de enero a septiembre del 2021, en el estado fueron asesinadas dos mil 655 personas, cifra que representa el 10.4 por ciento de los registrados en todo el país.
Esas mismas cifras indican que Guanajuato tiene una tasa de 42.47 víctimas de asesinato por cada 100 mil habitantes, la cual duplica la media nacional, que es de 19.69 homicidios por cada 100 mil personas.
México ha registrado los dos años más violentos de su historia durante los primeros dos años del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 689 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 558 en 2020.
El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre Sonora y Chihuahua, en el norte del país, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe hacia la comunidad mormona de LeBarón.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, “discutió enviar soldados a México para combatir a cárteles tras el asesinato de los miembros de la familia LeBarón”, de acuerdo con funcionario que hablaron de manera anónima con The New York Times.
Los asesores de Trump intentaron “desplegar a 250 mil elementos en la frontera, lo que hubiese superado a los 170 mil militares que estuvieron en Irak en el punto más álgido de la guerra”, apunta el periódico estadounidense.
El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre Sonora y Chihuahua, en el norte del país, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe hacia la comunidad mormona de LeBarón.
Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos.
El lugar del ataque a los LeBarón. Foto: Cuartoscuro.
Asesinaron a niños en el lugar. Foto: Cuartoscuro.
“Trump y sus aliados lo aprovecharon como evidencia de la necesidad de cerrar la frontera, un mensaje del que se hicieron eco los presentadores de Fox News y otros medios conservadores”, dice The New York Times.
“Este es el momento de que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la GUERRA contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Solo esperamos una llamada de su gran nuevo Presidente!”, dijo Donal Trump en redes sociales después del ataque.
“Pero dentro de la Casa Blanca, Trump fue aún más explícito sobre el uso de la fuerza, según exfuncionarios que participaron en las discusiones con el Mandatario sobre el tema”, detalla New York Times.
“El entonces Presidente presionó a sus principales asesores para que enviaran fuerzas al propio México para cazar cárteles de la droga, al igual que los comandos estadounidenses han rastreado y asesinado a terroristas en Afganistán o Pakistán, dijeron los funcionarios”, añade.
“Trump preguntó repetidamente sobre el envío de tropas a México, lo que obligó a los principales asesores de seguridad nacional a rechazar la idea, y señaló que para la mayor parte del mundo, parecería una invasión estadounidense”, señala.
LA OFERTA DE TRUMP
En aquel noviembre de 2019, Donald Trump, entonces Presidente de Estados Unidos, recomendó a Andrés Manuel López Obrador utilizar “un ejército para derrotar a un ejército”, en relación con los asesinatos de tres mujeres y seis menores de edad en los límites entre Sonora y Chihuahua. Dijo que con una llamada, juntos librarían una guerra contra los cárteles para eliminarlos de forma “rápida y efectiva”.
El Presidente mexicano de inmediato rechazó la opción. Afirmó que la opción armada, en México, fracasó. Además recordó que es un tema de soberanía y que sería como si las autoridades mexicanas se metieran en la matanza de El Paso, en donde murieron mexicanos en un ataque de odio.
“Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos cárteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y [hay] algunos desaparecidos”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. “Si México necesita o solicita ayuda para limpiar de estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, agregó.
“El gran nuevo Presidente de México ha hecho de esto un gran asunto, ¡pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!”, dijo.
El Presidente mexicano fue cuestionado casi al instante en que fueron emitidos los mensajes de Trump, durante su conferencia matutina. Agradeció la ayuda ofrecida por el entonces mandatario estadounidense y aseguró que verá la posibilidad de colaborar apegados al marco legal vigente.
“Voy a hablar con el Presidente Trump para agradecerle su apoyo y ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite y en el marco de la legalidad vigente, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un Gobierno extranjero. Todo esto de manera muy respetuosa”, señaló frente a los medios de comunicación.
El 3 de agosto de 2019, Patrick Crusius, de 21 años, mató a tiros a 23 personas, de las cuales nueve eran mexicanas, e hirió a otras 22 en un Walmart de la fronteriza ciudad El Paso, al que acuden a comprar muchos mexicanos de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera.
Ciudad de México, 3 de agosto (EFE).- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó este martes la discriminación racial y los crímenes motivados por el odio y el racismo al recordar la matanza de 23 personas de origen latino en El Paso (Texas, Estados Unidos), el 3 de agosto de 2019.
Luego de dos años de este lamentable suceso, en un comunicado especial, México, como Presidencia Pro Témpore de la Celac, recordó a las 23 víctimas mortales del ataque terrorista.
En el texto, México señaló que se mantiene vigente lo expresado por los Estados Miembros de esta Comunidad, respecto “a su más enérgica condena y rechazo a la discriminación racial y los crímenes motivados por el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, incluyendo el discurso de superioridad racial”, en donde quiera que estos ocurran.
Por la mañana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó en redes sociales que viajaría durante el día a El Paso (Texas, Estados Unidos) para conmemorar los dos años de la matanza.
El asesino. Fotos: Especiales.
Tras participar en la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard apuntó en Twitter: “Ahora como entonces, México condena la violencia, el racismo y el odio que solo conducen a la tragedia”.
El 3 de agosto de 2019, Patrick Crusius, de 21 años, mató a tiros a 23 personas, de las cuales nueve eran mexicanas, e hirió a otras 22 en un Walmart de la fronteriza ciudad El Paso, al que acuden a comprar muchos mexicanos de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera.
Luego de ser arrestado Crusius, encausado por hasta 90 cargos federales y estatales, declaró que su objetivo era matar mexicanos.
El Gobierno de México condenó entonces la matanza como un acto de “terrorismo” vinculado al supremacismo blanco de Estados Unidos y estudió pedir la extradición a territorio mexicano de Crusius, sin embargo nunca se llevó a cabo.
La Cancillería mexicana recordó este martes que México promovió tanto en la Unesco como en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sendas declaraciones de rechazo a la discriminación y al odio racial.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este martes con representantes de la comunidad latina para hablar de la reforma migratoria, su agenda económica o sus planes para proteger el derecho al voto, en un encuentro que coincide con el segundo aniversario de la masacre.
A un año de la masacre en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación”, en la comunidad de Arandas y la colonia Galaxias del Naranjal la vida se ha detenido para familias como la de Yuyo: “ya no celebramos cumpleaños ni Navidad, nos quitaron las ganas de todo”. El 1 de julio de 2020, 27 internos fueron asesinados.
Por Edith Domínguez
Guanajuato, Guanajuato, 4 de junio de 2021 (PopLb).- La vida se detuvo en varios hogares de la comunidad de Arandas y la colonia Galaxias el Naranjal del municipio de Irapuato. Han pasado 365 días y aunque hay movimiento del comercio local, la venta de flores, elotes, pollos, quesadillas, la comunidad no volverá a ser la misma después de la masacre en el anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación” de ese 1 de julio de 2020.
En los rostros de los deudos hay decepción, aislados viven su duelo, la justicia quién sabe si llegará para las 32 víctimas y sus familias. Hay quienes ya ni eso esperan.
Jesús Emmanuel Quezada Martinez, único procesado por el Poder Judicial del estado como presunto responsable del multihomicidio -fue uno de tres detenidos en su momento anunciados por la Fiscalía general del estado-, continúa sin sentencia.
Comunicado oficial. Foto: Especial.
POPLab pudo conocer que el proceso contra Emmanuel (bajo la causa penal 1620-530) llegó a la audiencia preliminar para el juicio oral el 16 de junio. Pero en dicha audiencia, el juez excluyó medios de prueba que la fiscalía busca presentar en el juicio en contra del inculpado. Por ello, la Fiscalía General del Estado y los asesores jurídicos de algunas de las familias apelaron la resolución, por lo que el proceso se alarga.
Veinte lazos descoloridos y alambres oxidados cuelgan del portón café; algún día sostuvieron los ramos de flores que expresaron el dolor de las 27 familias que perdieron a sus hijos, padres o hermanos.
Como hace un año la calle está llena de lodo tras las lluvias. Igual que ese 1 de julio, cuando hombres armados violentamente ingresaron al anexo; supuestamente tras una llamada desde un celular de uno de los agresores para “informar que no estaba la persona que buscaban”, dispararon contra los más de 40 internos, a los que obligaron a colocarse en el piso boca abajo. Veintiuno de ellos fueron asesinados en un cuarto del piso superior de la finca. Tres cuerpos más, entre ellos el dueño del anexo, quedaron en un cuarto en la planta baja. La cifra ascendió en los días posteriores a 27 víctimas mortales y cinco heridos, cuatro hombres y una mujer.
Las víctimas. Foto: Especial.
Víctimas mortales:
Abimael Tejada Martínez
Juan Alfredo Rico Domínguez
Arael Giovanni Regalado Santoyo
Omar Regalado Santoyo
Hugo Cristian Regalado Santoyo
José Trinidad Hernández Medina
Juan Carlos Pérez Regalado
Luis Antonio Ruiz Caudillo
Roberto Carlos Saucedo González
Miguel Ángel Sandoval López
Víctor Hugo Sánchez Tapiacuya
José Antonio Isidro Zavala Ramírez
Jesús Eduardo Martínez Rangel
Jesús Morales Lopez (Yuyo, menor de 16 años).
Abel Alejandro González Rodríguez
Mario Barajas Sandoval
Silvestre Ramírez Martínez
Jorge Bravo Alvarado
Marco Antonio Castillo Acosta
Víctor Guadalupe Rodríguez González
Alfredo Aguilar Cervera
Miguel Ángel Barrientos Sánchez
José Mario Vázquez Sánchez
Erasmo Flores Regalado
Juan Armando Sandoval Molina
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Óscar Escamilla Cortez
Juan José Luis Raya Valtierra y/o José Luis Raya Valtierra y/o Juan Luis Raya Valtierra.
El martes 29, desde el frente del anexo trinan los pájaros; el sol comienza a calar antes de las doce del día. Tres perros en dos casas ladran a los extraños, los moradores no quieren hablar, se dicen ocupados, con el lodo es muy difícil caminar.
En la finca ubicada en el lote 10 manzana 11 de la calle Cerrada Guanajuato -donde funcionó el anexo-, un foco blanco del pasillo principal sigue prendido como avisando que alguien vive en el lugar, pero la barda de tabique rojo es usada de cortina de una de las ventanas. La casa está vacía, el patio limpio y las flores del jardín comienzan a brotar.
“¡ADIÓS, YUYO!”
“Doña, no olvide que la quiero mucho”, fueron las últimas palabras de Jesús Morales a su madre desde las escaleras del anexo. “Sí hijo, no olvides que yo también a ti” respondió Mayra, después que convivieron, con su abuela materna Graciela y su hermana al llevarle de comer papas fritas, frijoles y bistec al adolescente de 15 años.
Detrás de la puerta cerrada cuando salieron, todavía escucharon el grito de “Yuyo”: “mamá, Doña (cómo le decía de cariño a su progenitora) te cuidas, no olvides que te quiero mucho”. Les pidió que avisaran a Jesús, su papá, que lo fuera a visitar el domingo siguiente, “yo sí le dije: nos vemos el domingo”. Una visita que no llegó para la familia Morales y desde ese momento su vida se paralizó.
“Doña, no olvide que la quiero mucho”, fueron las últimas palabras de Jesús Morales a su madre. Foto: PopLab.
Ese primero de julio la mamá, la abuela y la hermana de “Yuyo” salieron del anexo y cruzaron la calle con calma entre el lodazal, caminaron por el bulevar y apenas llevaban unos 700 metros de camino rumbo a su casa ubicada en la colonia Galaxias el Naranjal (que se ubica a unos mil metros) cuando escucharon detonaciones de arma de fuego. Mayra pensó “son cuetes” y siguió caminando.
Recién llegó a su casa en la calle Circuito Costas, cuando ya le estaban avisando que policías municipales estaban cercando la calle del anexo, pues “algo pasó”. Los padres de “Yuyo” se dirigieron al lugar. A medida que pasaban los minutos las ambulancias, las camionetas de Protección Civil y patrullas fueron llegando también al lugar; Jesús corrió pero no lo dejaron ingresar al anexo.
Mayra llegó instantes después, ya otras familias de los internos se encontraban en el lugar, querían saber de ellos. A gritos, Mayra pidió que dejaran pasar al “Pay” -uno de los hijos del encargado- porque él sabría quiénes eran las víctimas, pues las conocía. Entre la presión lo dejaron ingresar y fue él quien comenzó a informar de los heridos y los fallecidos.
Un policía ministerial salió del lugar y les avisó que apenas tres de los internos estaban en el hospital. “Todos los demás están muertos arriba”. El hijo mayor de Mayra la abrazó y le dijo “mamá nos lo mataron”
“Mi hijo se despidió de mí, yo me despedí de él, me dijo cuánto me quería. Tuve la dicha de verlo en sus últimos momentos, de verlo contento, sonreír”, relató Mayra.
El anexo. Foto: PopLab.
EN LA SECUNDARIA, ESTUDIOS… Y ADICCIONES
Después de la muerte de “Yuyo” los padres supieron que en la Secundaria Técnica Número 41 de Irapuato comenzó a consumir marihuana.
En el cuarto de Yuyo sus padres le tienen un altar con motocicletas y patinetas de juguetes pequeños, las fotos en vida están rodeadas de recuerdos de amigos, unas monedas que le pone su madre para que cuando “Yuyo” quiera venir a visitarlos lo dejen pasar del más allá, la veladora alumbra el cuarto pequeño donde está aún su bicicleta, una caja con sus ropa y unas coca-colas.
El menor era una promesa del deporte; días antes de su asesinato, un entrenador le pidió que le echara ganas porque lo contrataría un equipo de fútbol en la segunda división. Al comenzar o terminar cada día, la música sonaba desde su bocina.
Yuyo tenía pensado estudiar en el DIF para abrir su barber shop; incluso era quien les cortaba el pelo a los internos en el anexo, sus padres lo ayudarían.
Pero cuando cursaba la secundaria en la Técnica número 41 comenzó a consumir marihuana. Sus padres no se dieron cuenta en ese momento hasta que salió de tercero y vieron el cambio en él.
“Él empezó a consumir droga en la secundaria. Sale su hermana de tercero y él quedó en tercero, cuando sale su hermana -que lo cuidaba- él comenzó”. Jesús y Mayra recordaron que los mismos amigos de Yuyo y algunas madres de otros jóvenes de la colonia les confirmaron que fue en la escuela donde consumían; “nosotros teníamos la idea de que fue en la calle. Él entraba a la secundaria -a veces mi marido lo llevaba-, entraba, pero se brincaban o se salían, y me dicen que al interior de la secundaria donde están todos los basureros se drogaban”.
La droga la ingresaban los menores a la secundaria “la llevan los chiquillos, no entiendo cómo” porque había revisión de mochilas. El cambio se hizo más notable cuando comenzó a trabajar; sus padres se enteraron que consumía droga y Jesús habló con él.
Pero el 24 de marzo de 2020 un vecino les ofreció refresco a varios jóvenes en la calle, ese refresco que tenía varias pastillas, cuyos ingredientes desconocen, hizo que varios jóvenes, entre ellos Yuyo, se alteraran y descontrolaran. Fue cuando decidieron ‘anexarlo’. El 25 de marzo el padrino llegó por “Yuyo” a su casa, pero el muchacho decidió ir por su propio pie y así ingresó ese día al anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación”.
Misa a un año de la masacre. Foto: PopLab.
“NOS QUITAMOS LAS GANAS DE TODO”
Ha transcurrido un año y desde esa fecha la vida de la familia se paralizó. El último cumpleaños que festejaron fue el 19 de abril del 2020 en el anexo, fueron los 16 de Yuyo con un pastel, gelatina y refrescos. Tras la masacre, la familia no celebró la Navidad, Año Nuevo, ni algún otro cumpleaños; la familia está incompleta. La hermana de “Yuyo” -a quien le decía de cariño “Ratón” porque nació muy pequeña- se encerró en su cuarto y sale poco; su otro hermano bajó de peso; su padre enfermó de diabetes.
“La gente no sabe a puerta cerrada lo que uno siente, la gente no sabe el dolor que uno tiene, nosotros nos venimos para abajo, ya no hubo cumpleaños, no hubo 24, no hubo 31 (de diciembre) le dije a mi hijo mayor ‘vete con tu suegra, yo no voy hacer nada’; para nosotros ya no hubo nada porque desgraciadamente las ganas de todo esto nos la quitaron. No festejamos cumpleaños, ya no festejamos nada. Les dije a mis hijos ‘este año no va a haber fiestas, no va ver pastel, no va haber nada’, para todos la vida se detuvo. Esta canallada que hicieron nos cambió la vida”, relató Mayra.
El tiempo también parece haberse detenido para la justicia; las familias no ven un avance en el proceso para capturar y enjuiciar a todos los responsables y reparar en algo el daño. La familia de Yuyo reclamó a las autoridades: ”como a ellos no les ha matado un familiar, como ellos no saben la desesperación, por eso no hacen nada, se lavan las manos y ya, se echan la bolita uno y a otro, y cuando les matan a un familiar o cuando les matan a alguien ahí inmediatamente está el culpable y está sentenciado”.
El viernes 25 de junio, la familia encontró tiradas en el patio de su casa dos hojas con membrete del Poder Judicial del estado. Así se enteraron de que se realizó la audiencia de preparación del juicio oral el 16 de junio, y que en ella el juez a cargo rechazó varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía del estado que serían expuestas en el juicio en busca de obtener una sentencia condenatoria contra Jesús Emmanuel Quezada.
Supieron también que la Fiscalía interpuso un recurso de apelación en contra de dicha decisión del juez.
El mismo lodazal, las mismas condiciones, el mismo tejido social… roto. Foto: PopLab.
La familia Morales López sabe que la justicia no llegará pronto. El proceso mencionado involucra únicamente a Jesús Emmanuel Quezada Martínez, a quien la Fiscalía General de Guanajuato le atribuye el homicidio calificado de las 27 víctimas mortales y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa de los cinco sobrevivientes, a pesar que el 5 de julio del 2020 en un comunicado la propia Fiscalía General de Guanajuato anunció la detención de tres detenidos.
Extraoficialmente, POPLab conoció que los otros dos detenidos estarían a disposición de un juez federal por otros delitos. Esto fue consultado a la FGE, pero no fue aclarado por dicha instancia.
“Para nosotros no (llegará la justicia), yo siento que no; sí está detenido y todo, pero es un proceso que de todo ponen trabas, se pierden pruebas” dice la familia. Y es que aseguran que “cambian jueces, abogados, les están quitando pruebas, es un proceso que no se le ve que logre justicia para todos. La única justicia que quiero es la que sea para él”, dice Mayra.
La familia se ha mantenido al margen del proceso, de las audiencias, con las decenas de notificaciones se da cuenta de todo y ahí ven que quizás la justicia no llegará, “la jueza quitó pruebas a favor de los muchachos”.
Aunque algunos familiares de los deudos y autoridades consultadas por este medio -de quienes se omiten sus nombres por seguridad- aseguran que sí tienen pruebas suficientes contra Jesus Emmanuel porque encontraron las armas que habría utilizado, y por un testigo que lo identificó como uno de los presuntos responsables, luego que fue un familiar del propio Emmanuel quien lo entregó. De los otros dos detenidos no se conoce más.
Familiares recordaron a las víctimas a un año de su partida. Foto: PopLab.
“NO ME RECONOZCO”
El dolor de la familia Morales también lo viven al menos otras 30 familias. Cruzando la carretera Irapuato-Romita -que es la única que separa a la colonia Galaxias el Naranjal de la comunidad de Arandas- la señora Rosa, madre de Arael Giovanni, Omar y Hugo Cristian (todos de apellido Regalado Santoyo) niega su realidad. “Pienso que mis hijos al rato llegan, no me hago la idea de que mis hijos se hayan ido”.
Dejó de creer en la justicia en Guanajuato y así como le llegan las notificaciones de los procesos de la Fiscalía y el Poder Judicial, las tira a la basura porque, ¿qué justicia le pueden dar?
Frente al altar donde tiene las fotos de cinco hijos fallecidos en varias tragedias, recuerda que el día de la masacre, Arael Giovanni fue a visitar a sus hermanos Omar y Cristian. Los tres murieron en el ataque. Antes perdió a su hijo Juan Carlos, y una tolva atropelló a su hijo Iván el 27 de marzo de 2019.
Doña Rosa hoy se ve al espejo y no se reconoce. “Me gustaba andar muy elegante, ropa viejita pero muy limpia, mira mi foto con mi Omar en su cumpleaños; a mí todo el tiempo me ha gustado andar arregladita, pero ahorita ya no soy esa Rosy. Le pido a Dios y a mis hijos que me encuentre con esa Rosa, porque esta Rosy que soy no me gusta, me desconozco. Superarás (la muerte de un padre, hermano), pero de un hijo creo que nunca me voy a volver a levantar. Le echo ganas”.
Rosa llevó a sus dos hijos Omar y Cristian al anexo para que “se aliviaran, se casaran. ‘Con que ustedes sean felices yo soy feliz, porque verlos mal así no’. Los metí pensando que mis hijos iban a estar bien” luego de problemas de drogas.
Nunca pensó que ahí perdería a los tres.
Los recuerdos. Foto: PopLab.
Ese miércoles Giovanni, su hijo mayor, fue a visitar a sus dos hermanos. Se encontraba en la parte de abajo con el dueño del anexo cuando fueron asesinados.
“Al principio pensaba: ‘yo fui a meter a mis hijos, estuve pagando para que acabaran así’; a veces me digo a mi misma: Rosy, estuviste pagando pensando que tus hijos estaban ahí y no, mira cómo acabaron”. Dos días antes del ataque, Rosa fue a pagar las mensualidades, ahí platicó con don Erasmo, dueño del anexo. Su hijo Omar la abrazaba; “si él me hubiera dicho ‘jefa sácame’, yo lo hubiera sacado, pero él no me dijo nada. Ese lunes los miré como si algo me hubieran querido decir, pero don Erasmo estaba de frente y Cristian estaba atrás. Si me hubieran dicho sácame, yo los hubiera sacado, pero mi Omar no dijo nada”.
Tras el asesinato de sus tres hijos en el anexo, su hijo Erick -quien la apoyó para hacer los trámites ante la muerte de sus cinco hermanos- renunció a la empresa donde trabajaba y le pidió ayuda a su madre porque ya no aguantaba más.
“Él se ha encargado de todo lo de mis hijos que se han ido; dice que cierra los ojos y los ve y entró en una fuerte depresión, está en una clínica”. Ahora la esposa de Erick es quien trabaja y Rosa cuida de los tres hijos de Erick, de 13, 9 y 7 años.
Tras el asesinato el lazo familiar se ha ido reduciendo, a sus otros nietos los ve poco. La esposa de Omar siguió con su vida.
La justicia para la familia Regalado Santoyo tampoco importa ya, nada podrá regresarles la vida. “Lo que pudieran haber hecho, ya lo hubieran hecho desde cuando y no. Antes decían que Juárez, pero esto (masacre) tumbó a Juárez”.
Con una marcada desconfianza en la procuración de justicia en Guanajuato, Rosy no tiene interés en el proceso de la Fiscalía General del Estado. “Yo no veo nada de justicia, sí han llegado papeles, pero francamente los echo a la basura, ya no me interesa. La justicia no hace nada, agarra a los puros inocentes”.
El lunes 28 de junio del presente año, “así como llegaron otros papeles (del caso) los agarré y los eché a la bolsa de la basura. No quiero saber nada…”.
En la noche del 1 de julio del año cumplido, las campanas del templo de Arandas sonaron, los familiares y amigos de las víctimas se reunieron en su interior. El dolor sigue vivo: las madres, padres, hermanos e hijos de las 27 víctimas lloraron, el sacerdote les pedía que perdonaran, porque quien o quienes los mataron “no sabía lo que hacían”.
Allí estaba la madre de Marco Antonio García Acosta, quien cumpliría 31 años. La mujer dice que “nunca hace nada la autoridad, muertes y muertes quedan impunes, más acá, que fueron tantos inocentes. Que haga su trabajo como debe de ser y no lo deje en la impunidad”. Marco se internó porque quería componerse y un día llevó a su madre a la junta del anexo. Lo visitó el martes de la víspera del ataque.
La familia de José Eduardo Martínez Rangel, originario de la comunidad de Arandas y quien cumpliría 16 años de edad, lo ingresó al anexo porque “se empezó a drogar”. El domingo antes del ataque su padre lo visitó y José Eduardo le preguntó si lo sacaría. Al adolescente le gustaba andar con sus amigos, jugar billar. Como las otras familias, conocen del proceso penal por “los papeles” que dejan en su casa, pero “todavía no sabemos nada, si lo van a culpar o no (al detenido)”; de los otros dos detenidos que informó la Fiscalía General el pasado 5 de julio “no nos han dicho nada”.
El primero de julio del 2020 cambió la vida de 34 familias: 27 internos fueron asesinados, otros siete sobrevivientes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
Por Laura Villafaña
Ciudad de México, 01 de julio (ZonaFranca).- A un año de la masacre en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación” de la comunidad Arandas, Irapuato, no hay un solo responsable sentenciado de los tres presuntos homicidas que dijo la autoridad haber capturado. Sólo Emanuel ‘N’ cumple un proceso que se ha hecho largo y doloroso, sobre todo para algunas familias que prevén que el caso quedará en la impunidad.
El primero de julio del 2020 cambió la vida de 34 familias: 27 internos fueron asesinados, otros siete sobrevivientes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
De acuerdo con el Poder Judicial, Emanuel alías “El Jordán” o “El Muletero” no ha llegado ni siquiera a la etapa de juicio oral, pues apenas el pasado 16 de junio se celebró una audiencia intermedia, en la que se interpuso un recurso de apelación que se estaría por resolver para entonces fijar la fecha y seguir en el proceso. Sobre los otros dos presuntos responsables, se ha hecho saber que enfrentan un proceso ante la federación por delitos de esa competencia.
A un año de la masacre en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación” no hay un sólo responsable sentenciado de los tres presuntos homicidas capturados. Foto: Enrique García
Las audiencias, los sobres con las notificaciones del Poder Judicial o la Fiscalía que se dejan en el domicilio, se han convertido para las familias de las víctimas, que siguen el caso, en volver a recordar y revivir ese crudo momento, sin llegar a nada. Y es que, “la justicia ha sido lenta” como plantearon los padres de Jesús Morales, mejor conocido como “Yuyo“, quien a sus 16 años perdió la vida dentro del centro de rehabilitación cuando le faltaban 26 días para terminar con su tratamiento.
“Es lento y mal, cada rato están cambiando de jueces y licenciados. Se están poniendo trabas, creo que ya han estado quitando pruebas y pues no le veo mucho avance”, aseguraron Jesús Morales padre y su esposa Mayra Gabriela López.
Ellos no desean que la muerte de su hijo y el resto de las víctimas se quede impune.
El joven de 16 años que perdió la vida dentro del centro de rehabilitación estaba a 26 días de terminar su tratamiento. Foto: Enrique García
“No todos tenían culpa, el mío no tenía culpa de nada, la forma en cómo los mataron fue cobarde. Para nosotros es un tema fuerte, volver a recordar todo, pasar por lo mismo, no tiene sentido, es volver otra vez a todo, incluso cuando vienen a dejar notificaciones, dice uno: otra vez a recordar todo, el día se te hizo pesado, se vienen los recuerdos a la mente”.
LOS FESTEJOS NO SON LOS MISMOS DESDE HACE UN AÑO SIN YUYO
El pasado 19 de abril festejaron sin Yuyo su cumpleaños número 17.
“Para nosotros este año no hubo fiestas, ya no hubo 24 y 31 de diciembre, para nosotros no hubo nada. Ni el 10 de mayo, ni el día del padre. Su cumpleaños fue el 19 de abril y le hicimos su fiesta, no pasó desapercibido. Somos humildes y muy pobres, pero nosotros cada año le festejamos a nuestros hijos, si no tenemos para un regalo, su pastel y su gelatina no pasa desapercibido. Ese día hicimos pastel, gelatina, festejamos que cumpliría 17 años”, dijo Mayra.
La familia de “Yuyo” improvisó un pequeño altar el tocador de su habitación que reflejan lo que solía gustarle. Foto: Enrique García
La familia recuerda a Yuyo como un adolescente apasionado del fútbol desde los cuatro años de edad, pero también de la patineta. Sus gustos se reflejan en el pequeño altar que su familia improvisó en el tocador de su habitación. En ese espejo, donde diariamente el vanidoso joven cuidaba su aspecto personal, ahora hay fotografías de él y algunos recuerdos que amigos dibujaron en papel.
Mayra describió al tercero de sus cuatro hijos como un adolescente trabajador que al salir de la secundaria fue albañil, empleado de una juguetería, una pizzería, un taller de hojalatería y pintura. De su salario aportaba a la familia, y con el resto cumplió algunos de sus gustos, uno de ellos: adquirir una bocina en la que disfrutaba de la música a un alto volumen y una motocicleta. Su sueño por cumplir: aprender del oficio de barbería, lo que ya practicaba con sus compañeros del anexo.
Yuyo se introdujo en el mundo de las drogas cuando estaba en la secundaria, los papás empezaron a notar cambios en su comportamiento y él mismo habría aceptado que necesitaba ayuda; el día que ingresó al anexo, el 26 de marzo del 2020, junto a él lo hicieron amigos y vecinos, quienes un día antes, llegaron a casa en un estado alterado y eso al menos para la familia Morales López fue la gota que derramó el vaso.
Los padres de otros jóvenes de la colonia habían recomendado a los de “Yuyo” ese anexo ya que no había violencia al interior. Foto: Enrique García
Por recomendación de los padres de los otros jóvenes de la colonia, ese anexo era el mejor, ya que no había violencia al interior. El día de la masacre, Mayra acababa de salir del centro de rehabilitación, pues acostumbraba a visitarlo y llevarle comida los miércoles y domingos.
“Venía a medio camino cuando los mataron, pero no me di cuenta”, relató.
Mayra tiene coraje e impotencia que se han alimentado de especulaciones y rumores de que hubo amenazas previas al ataque y cuyas consecuencias, señaló, fue el perder a su hijo.
¿ESTARÉ TRISTE YO, O YO VEO TRISTE EL RANCHO?: ROSA ALBA SANTOYO
A diferencia de otras familias, Rosa, madre de Cristián, Omar y Giovanni, tres víctimas de la masacre en el anexo, señaló que aunque le lleguen documentos con las notificaciones del proceso y la investigación del caso, ella no quiere saber nada.
Rosa, madre de Cristián, Omar y Giovanni, tres víctimas de la masacre en el anexo no quiere saber nada sobre la investigación del caso. Foto: Enrique García
“No, yo no he ido ( a las audiencias). Llegan los papeles y yo los hecho al bote de la basura, entonces pues no. Yo digo mis hijos están descansando y solo le digo a los dos hijos que me quedan que pidan a su padre, que me mande alegría a mi corazón y que me levante, porque nada de esa Rosy soy ahora, la gente me mira pero esa Rosy ya no soy. Tengo a mi psicóloga y poco a poco voy”.
A un año, ella aún no acepta que perdió a sus hijos.
“Esto no es fácil de superar y yo creo que nunca lo vamos a superar. No siento que sea verdad, nada más veo el día que se acabó y no llegaron mis hijos, a veces digo: y si me tocan la puerta y llegan mis hijos, pero no, eso no va a suceder”.
Recuerda que a las cinco de la tarde de aquel día, ella descansaba después del turno de madrugada en la empresa donde se empleaba, cuando le avisaron de la ‘balacera’ en el anexo.
“Mi esposo vino y me habló y vamos a corre y corre, pero por ningún lado nos dejaron arrimarnos y ya cuando me dijeron, tus hijos están dormidos, agarre y me fui recorriendo, yo espera que salieran mis hijos porque si salieron algunos de ahí y yo espera que salieran pero cuál, no. Omar y Cristián estaban en el centro de rehabilitación, pero Giovanni no, él les fue a llevar botana y refresco, porque decía que ir al anexo era la pastilla del diario”.
Para Rosa nada es igual, pues solo a veces ve a sus nietos que llegan de visita y el resto de sus días los pasa con los dos hijos que aún la acompañan: Tony y Erick, éste último a quién le afectó la muerte de sus hermanos, ya que era el más apegado a ellos.
“Es el primer diez de mayo que me la pasé sola sin mis hijos, con el que me la pasé todo el sábado fue con Tony, ese hijo vale por muchos, es buena persona, me levanta el ánimo y Erik está malito y él todo el tiempo anda en shock”.
Para Rosa nada es igual, aunque sus nietos la visitan y sus otros dos hijos la acompañen. Foto: Enrique García
Rosa se cuestiona: “¿Estaré triste yo, o yo veo triste el rancho? Yo veo todo bien triste, ya es un año. Andaba temblorosa desde en la mañana”.
VECINOS Y COMERCIANTES SE SIENTEN IGUAL DE INSEGUROS; MATARON A UNA MUJER EN LA MISMA CALLE
Doce meses después, la calle Cerrada Guanajuato luce sola. Hay lodo y agua estancada a causa de las lluvias, como lucía aquella tarde. La fachada del inmueble se repintó de amarillo pero con estructuras de rejas, ventanas y escaleras en color café, algunas personas precisaron que ahí habita uno de los familiares del dueño del anexo, pero no tienen certeza de ello.
Casi frente al inmueble había otro centro de rehabilitación, que dejó de serlo el mismo día del atentado, e incluso se procedió a la liberación de los internos.
Luego de doce meses, la calle donde ocurrieron los hechos luce sola; hay lodo y agua estancada como lucía aquella tarde. Foto: Enrique García
Los vecinos no desean hablar, se limitan a mencionar que los dos salones de fiestas de la calle retomaron actividades y nunca ven una patrulla al menos en ese sitio.
“La seguridad sigue igual, venían (patrullas) después de lo que pasó pero ya después ya no. Siguió lo mismo y solo, son pocos vecinos y esta calle no es muy transitada. Los salones tienen sus eventos, ellos si tiene sus eventos”.
Mediante un recorrido de Zona Franca, se pudo observar una unidad de la Policía Municipal, que llegó a la mitad de la cerrada y se regresó.
Aquel vecino, también expuso que ya no ha pasado nada, pero fue en esa misma calle donde el pasado 16 de junio por la noche, una mujer fue asesinada dentro de su domicilio, recordó una comerciante de la zona.
Pese a que la actividad comercial sobre la avenida Arandas está activa, algunos vendedores se sienten igual de inseguros, pese al tránsito de patrullas, de la Sedena y de la GN. Foto: Enrique García
La actividad comercial sobre la avenida Arandas está activa. Algunos vendedores refieren que no ha cambiado nada después de la movilización de aquel día: se sienten igual de inseguros, pese al tránsito de patrullas y de unidades de Sedena y Guardia Nacional.
“Ese día estuvo feo, aquí la gente decía que la policía casi no venía y ni siquiera había vigilancia y ellos lo que querían es que anduvieran los rondines. Pero hace poquito, mataron a otra muchacha en esa calle, por donde está el anexo”.
Las ventas están bajas consideraron independientemente de lo ocurrido en el anexo, pues mencionaron que sus clientes son la gente de la comunidad.
Otro vendedor dijo que también se ha percatado de la vigilancia: “Antes estaba más solillo, aquí robaban mucho”.
Habitantes de Arandas acusan que la situación en la comunidad sigue igual de insegura pese a la presencia de los cuerpos de seguridad nacional. Foto: Enrique García
Una locataria coincidió que la zona es igual de insegura; mientras que otro vendedor declaró: “Pasamos ese día volteamos y vimos una gran cantidad de agentes ministeriales y estaba hasta la Guardia Nacional, Policía Municipal, pos ahí. Todos eran puros rumores. Ahora sigue todo mal, no ha cambiado la vigilancia, seguido pasan ministeriales, de la Guardia Nacional, pero nomás le andan haciendo al tonto”
Algunos más opinaron: “Todo está igual en seguridad y ya está por cumplirse un año de la masacre”.
EL CONTEXTO
El pasado primero de julio, los ojos del mundo voltearon a Irapuato. Ese día, incluso Facebook activó la Alerta de Seguridad.
Los hechos citados por la representante de la Fiscalía en la primera audiencia de Emanuel, uno de los presuntos responsables y con base en los testimonios refieren que cerca de las cinco de la tarde, tres hombres vestidos de negro y con armas ‘como las que portan los policías’ irrumpieron en el inmueble y dispararon a las víctimas. Cuatro de siete sobrevivientes fingieron su muerte.
No transcurrió ni una hora del atentado, cuando la fotografía de los cuerpos algunos apilados, sobre colchonetas y boca abajo, fueron difundidas en redes sociales, grupos de Whatsapp y medios digitales, locales, estatales, nacionales e incluso internacionales.
SE HA TRABAJADO EN LA REGULARIZACIÓN DE ANEXOS; TRAS LA MASACRE: SSC
Previo a la masacre en el anexo, desde diciembre del 2019 seis hechos violentos en centros de rehabilitación ya habían cobrado la vida de 16 personas, dejaron tres heridos bala, pero además hubo más de diez desaparecidos.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala solo contabiliza tres hechos, pero destaca que fue esto lo que motivó las primeras acciones de vigilancia en 30 anexos, que consistió en la colocación de códigos QR para registrar la visita de policías, lo que incluía ‘ Buscando el camino a mi recuperación’.
Ese ataque no fue el primero que tuvimos en Irapuato, ya habíamos tenido otros hechos: de privación de la libertad y algunos ataques con arma de fuego, eso es lo que motivó a empezar a trabajar en el tema de los anexos”.
Con lo ocurrido, las autoridades iniciaron las primeras acciones de vigilancia en 30 anexos, que consistió en la colocación de códigos QR para registrar la visita de policías. Foto: Enrique García
Sin embargo fue la muerte de los 27 internos lo que movilizó a la autoridad estatal y municipal para iniciar con una regularización desde lo local.
“Una vez que ocurrió el hecho el primero de julio se intensificó este trabajo, se movilizaron de diferentes dependencias para hacer una revisión. En un inicio se detectaron 63 lugares que funcionaban como centro de rehabilitación y en ese sentido apoyando a la autoridad competente hicieron una revisión, en las cuales cerraron el 60% de estos lugares porque no contaban con medidas sanitarias y de Protección Civil”.
El funcionario municipal detalló que en las revisiones que se hicieron con autoridades de salud y de la Policía Municipal, Protección Civil, SEDENA y la Guardia Nacional.
“No tenían extinguidores, no tenían rutas de vacunación, no contaban con la norma sanitaria y tuvieron que ser cerrados. En uno de ellos, ubicado en las Heras encontramos dos armas de fuego y droga, en uno más tenían a una persona amarrada con cadenas, por decir cómo operaban, había menores de edad lo que se permite siempre y cuando el tutor lo autorice, eran como 30%, hablamos de 16 y 17 años de edad”.
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Expuso hay 25 anexos de Irapuato en vías de obtener su licencia de uso de suelo, se adhirieron a la red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
Aseguró que en la zona de Arandas había varios meses, previos a la masacre, sin incidencia de algún tipo, pero por otra parte aceptó hubo desapariciones ‘de meses atrás’ y en lo general, explicó que ahí se registraron agresiones de arma de fuego, detenciones por venta de droga, y principalmente se tenía detectada actividad como narcomenudeo.
“No hemos tenido ningún otro incidente después del primero de julio, si hubo una agresión tiempos después, de una persona del sexo femenino y a partir de ahí ya no tuvimos algún reporte. Sabemos que es una zona de la que tenemos que estar muy al pendiente y mantenemos la vigilancia”, añadió.
En lo que va de este 2021 solo se han ubicado tres anexos clandestinos, a lo que se suman aquellos que fueron clausurados el año pasado.
El alcalde señaló que el dolor sigue presente, así como el sentimiento de las familias, de la comunidad y de su equipo. Foto: Enrique García
CUENTAN CON LA SOLIDARIDAD DE NOSOTROS: ALCALDE
Al ser cuestionado sobre la situación, a un año de la masacre en el anexo, el alcalde respondió: “Sigue estando presente el dolor y el sentimiento de las familias, de la comunidad y también la solidaridad de nosotros. Si se toman medidas al respecto, esperamos que poco a poco ese dolor y esa situación de la tragedia vaya amainando. De pronto estamos viendo que lamentable en el país se siguen viendo este tipo de circunstancias, entonces algo habrá que hacer”.
Las autoridades mexicanas han detenido a varios involucrados en los ataques armados del fin de semana pasado que dejaron al menos 19 muertos en Reynosa, en la frontera con Estados Unidos.
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Jorge Iván Cárdenas Martínez, alias “La Vaca”, supuesto líder criminal de una de la fracciones del Cártel del Golfo (CDG) señalado por la masacre en Reynosa, fue aprehendido.
Fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas los que localizaron a Jorge Iván en la colonia Conquistadores de Río Bravo, Tamaulipas, durante la tarde del sábado 26 de junio.
Al momento de su detención, Cárdenas Martínez estaba acompañado de siete sujetos, quienes también fueron aprehendidos.
De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue conducido hasta Reynosa en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Inocentes fueron asesinados en Reynosa. Foto: EFE.
“La Vaca” sería uno de los principales generadores de violencia en la región Reynosa-Río Bravo-Matamoros.
En su contra había órdenes de aprehensión desde 2019 por varios delitos. Las autoridades tamaulipecas ofrecían hasta 2 millones de pesos por información para capturarlo.
En la captura, autoridades también aseguraron ocho vehículos; 16 armas, dos de alto poder; más de 3 mil cartuchos útiles; decenas de cargadores; chales balísticos; granadas y equipamiento táctico.
MASACRE EN REYNOSA
Las autoridades mexicanas han detenido a varias personas por los ataques armados del fin de semana pasado que dejaron al menos 19 muertos en Reynosa, en la frontera con Estados Unidos.
Los ataques en diversos barrios de Reynosa dejaron 15 civiles y cuatro presuntos delincuentes sin vida.
El Fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, apuntó al choque entre grupos pertenecientes al Cártel del Golfo que operan en la zona para “sembrar terror” en la población y así ganar territorio.
En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló de “un acto de provocación” al prometer que “llegará al fondo del asunto”.
“Desde luego, muy reprobable porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción, porque no hubo un enfrentamiento, dispararon en contra de la gente inocente, por qué hicieron eso”, manifestó en su rueda de prensa diaria.
Estos hechos suceden en un contexto en el que la violencia no cesa en México, que tuvo los dos años más sangrientos de su historia en 2019, con 34 mil 682 asesinatos, y 2020 con 34 mil 554.
Apenas el lunes, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reportó 2 mil 963 homicidios en mayo, el mes más violento en 2021 y uno de los 10 más sangrientos del sexenio de López Obrador.
La frontera de Tamaulipas con Estados Unidos ha sido escenario de hechos violentos recientes, como el hallazgo en enero de 19 cuerpos calcinados en una camioneta en el poblado de Santa Anita, del municipio de Camargo, de los que 16 eran migrantes guatemaltecos.
Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 9 de mayo en el lugar “Memo”, ubicado sobre la carretera Guadalajara-Jiquilpan, a la altura de la colonia Vicente Guerrero. Hasta el momento se registran cinco muertos.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, Baja California, 10 de mayo (Zeta).- Cinco hombres, al parecer dos de ellos adolescentes, fueron ejecutados a tiros en el interior de un centro botanero en el municipio de Jocotepec, Jalisco.
Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 9 de mayo en el lugar “Memo”, ubicado sobre la carretera Guadalajara-Jiquilpan, a la altura de la colonia Vicente Guerrero.
Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Jocotepec arribaron al sitio localizando entre sillas y mesas del establecimiento los cadáveres de los cinco varones.
Los jóvenes quedaron al interior del negocio. Foto: Zeta.
También se reportó la presencia de otras dos personas lesionadas a balazos, quienes fueron trasladadas a recibir atención médica.
El hecho ocurrió la tarde de ayer. Foto: Zeta.
De acuerdo con testigos de los hechos, al sitio arribó un grupo de sujetos armados, que disparó en contra de los presentes, sin que por el momento se conozca el móvil del multihomicidio.
La Fiscalía de Jalisco informó que personal de la Policía Ministerial Investigadora y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya trabajan en el lugar de los hechos.
Los peritos del área de Criminalística de Campo realizan el aseguramiento de indicios para obtener información que pudiera aportar datos sobre la identidad de los causantes.
Los cuerpos serán remitidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Guadalajara para la práctica de las necropsias de ley.
A dos meses del doble feminicidio, el empresario Emigdio Enríquez exige a la FGE acciones para dar con los autores materiales e intelectuales de la masacre en la que su hermana, Carla Enríquez, y su madre, Gladys Merlín, perdieron la vida.
Por Ignacio Carvajal
Veracruz, 16 abril (Blog expediente).- Hace dos meses, en su residencia de Cosoleacaque, Veracruz, fueron asesinadas la exalcaldesa Gladys Merlín Castro, y su hija, Carla Guadalupe Enríquez Merlín, hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha ofrecido a la opinión pública, ni a su familia, un informe detallado sobre el avance de las investigaciones.
Emigdio Enríquez Merlín, el único que sobrevive de esa tragedia, denunció durante las primeras horas de este miércoles que las investigaciones por parte de la Fiscalía de Verónica Hernández Giadans están completamente paralizadas y si están avanzando él no sabe qué rumbo llevan.
Es más, a la fecha, Millo Enríquez no sabe quién es Verónica Hernández, la Fiscal General del Estado cuyo jefe de Prensa, Mario Lozano, proclama a los cuatro vientos que están preocupados por las víctimas del delito y para ello promociona en una nueva faceta con fotos tipo pasarela de Cibeles.
Pero Millo Enríquez nunca ha visto a la Fiscal de frente y tampoco ella le ha ofrecido audiencia, a pesar de que su familia fue aniquilada en uno de los peores crimines que hayan sacudido al sur de Veracruz en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
Durante su última visita al sur, la Fiscal Verónica Hernández Giadans no ofreció entrevistas a medios de comunicación, se la pasó aislada, siempre sirviendo de escolta al titular de la SEGOB, Éric Patrocinio Cisneros.
En el poblado de San Cristóbal, Minatitlán, donde se celebró la mesa de seguridad el pasado 8 de abril, los habitantes de ese sitio se preguntaron si esa dama que iba escoltando al Dos del Palacio era la Fiscal o una de sus secretarias, pues arribó cargando sus libretas de apuntes y con un desenvolvimiento corporal que la alejaba de la autonomía que debe mostrar la Fiscal General del Estado.
A pesar de que el caso ha jalado la atención del mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que al menos ha mencionado el tema de Gladis Merly y Carla Enríquez en al menos tres ocasiones en sus conferencias, la Fiscal Verónica Hernández Giadans no ha tenido la sensibilidad de buscar al empresario que hoy es víctima del delito, y que se duele por la indiferencia con la que lo han tratado desde la cúpula.
EL ATAQUE
Carla Enríquez y su madre, Gladys, fueron atacadas hace dos meses, durante la madrugada cuando descansaban en su residencia de la avenida Corregidora, en la zona centro de Cosoleacaque.
Confiadas en la seguridad y los sistemas de vigilancia de la casa, así como en el trabajo de dos elementos del IPAX, las mujeres se fueron a la cama sin saber que no volverían al amanecer.
Dos sujetos provistos de armas blancas ingresaron a la vivienda, usando un ruta bien conocida, y con el apoyo de interior, pues los sistemas de seguridad, como el cerco eléctrico fueron desactivados.
Los asesinos ingresaron por la parte más alta de la barda, en una zona oscura llena de árboles, treparon por más de 4 metros, sabedores que la electrificación no operaba y no les haría daño.
Cortaron los alambrados de púas e ingresaron a la casa usando una ventana que, casualmente, tenía mucho tiempo esperando mantenimiento y no cerraba bien, situación que solo sabían los más allegados a la vivienda, entre ellos dos exescoltas que hoy son buscados como principales sospechosos; así como por parte de los guardias del IPAX que estaban esa noche, Isabel N y Víctor N, hoy detenidos en el penal de Coatzacoalcos vinculados a proceso por feminicidio.
En el interior, como se aprecia en los videos de vigilancia de las recámaras y salas, medio de la noche, armados de cuchillos afilados, tapados del rostro, usando ropas oscuras, se movían con mucha destreza. Como si conocieran puntualmente cada rincón de la casa. Así como si estuvieran enterados de cada detalle para evitar tropezarse y hacer ruidos.
Así se fueron directo a la habitación de las dos mujeres, en donde se encontraba una caja fuerte.
Rápido, tomaron el control de las víctimas, asesinaron a Carla Enríquez y después a su mamá. Antes de eso, les sacaron la combinación de la caja fuerte de donde se estima sacaron un cuantioso botín consistente en joyas, relojes, dinero en efectivo y demás objetos de alto valor.
Pero según las investigaciones, solo uno de los asesinos se escapó por la misma escalera por donde ingresaron, el otro, cargando la maleta con el botín, se fugó por la entrada principal, donde estaba comisionado el policía del IPAX Víctor N, quien ese día, casualmente, había olvidado su teléfono celular, y según sus declaraciones, se había quedado dormido y no escuchó nada extraño.
A ese sitio habría arribado un vehículo que se lo llevó lejos del punto. Aunque la otra elemento del IPAX, Isabel N, supuestamente enfrentó a los maleantes, resultando con lesiones en una mano, en algunas declaraciones cae en diversas contradicciones que hace suponer un auto atentado.
En entrevista para este medio, el empresario Emigdio Enríquez dijo que le parecía lamentable que al paso de tantos días, la Fiscalía no ha logrado detener a los asesinos materiales, así, también llegar al intelectual.
“Dos meses en unas horas Fiscalía General del Estado de Veracruz si no pueden desde ahora les digo en menos de un mes yo les entrego a los malditos y cobardes asesinos de mi madre y mi hermana, se los voy a entregar vivos espero que no salgan de la cárcel esos hijos de puta”, publicó en su página de Facebook el también exjugador de los Tiburones Rojos.
Enríquez indicó que se sintió extrañado por las últimas declaraciones de la titular de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en el sentido de que la muerte de su madre y hermana habían sido por “el robo de dinero en efectivo y joyas con un valor superior a los tres millones de pesos”.
En esa misma declaración, recordó que ya “hay dos personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio, ambas personas eran del círculo cercano de las hoy asesinadas”
Millo Enríquez indicó que no le convence que el robo sea el móvil para acabar con la vida de dos mujeres, sobre todo como se dieron los hechos, con tanta saña y castigo para ellas.
Recordó que aún está de por medio la línea política, y hasta que no se detenga a los autores materiales, no se puede establecer que todo fue por un robo, por lo “yo pido que se llegue hasta donde se tope”.
Es decir, agotar todas las líneas.
No debe olvidarse que Carla Enríquez y su madre estaban involucradas en un proyecto político para que la primera fuera la abanderada de Morena a la Alcaldía de Cosoleacaque, cargo que ocupó su madre en dos ocasiones, al igual que otros miembros de su familia, desde su abuelo, Heliodoro Merlín y algunos tíos.
Millo Enríquez tiene señalamientos duros contra la Fiscalía General del estado, que no le ha dado la cara, ni informes oficiales sobre el caso, pero reconoce que el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el de Gobernación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, le dieron sendas audiencias para ofrecerle ayuda para dar con los asesinos y esclarecer el caso, así como la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, originaria de la zona sur de Veracruz, ha demostrado su solidaridad de manera infinita.
En contraste, recalcó la ardua labor que han desempeñado los elementos de la Policía Ministerial del Estado que lograron la captura de los policías del IPAX para que sean investigados, igualmente, gracias al trabajo de la ministerial, se dio una caleta donde fueron encontrados objetos de valor, joyas y dinero en efectivo por poco más de tres millones de pesos que estaban enterrados en el patio de una casa de la zona de Los Tuxtlas, vivienda vinculada a los ex escoltas que son prófugos de la justicia.
Sin embargo, la información sobre esta casa la obtuvo de manera informal y se acabó de enterar por la mañanera del Presidente de la República del pasado 9 de abril, en la Ciudad de México. Se quedó esperando que la Fiscalía le citara para darle detalles del aseguramiento en dicha casa en Los Tuxtlas.
“Ya son dos meses y yo no sé nada de cómo va el caso, no lo puedo creer, y veo por ejemplo como la policía de Tamaulipas ¡rápidamente dio con los sospechosos del asesinato de tres personas allá en Altamira, cometido supuestamente por personas del sur de Veracruz, y solo con un teléfono celular¡, y ellos acá no los pueden atrapar a los que mataron cobardemente a mi mamá y hermana”.
“Por eso ya les dije, que si no pueden, yo iré a buscarlos y se los entrego vivos a esos …”, indica en entrevista telefónica.
Otro agravio más que suma millo para con la Fiscalía, es que “a mí trataron como delincuente… claro, me tomaron huellas, me tomaron muestras de saliva y de boca y de cabello, fui el primero al que voltearon a ver para hacerle eso… ¿Cómo chingas se les ocurre que yo le iba hacer eso a mi mamá y a mi hermanita”?
A la distancia, Millo Enríquez reconoce que la suma de los días, con la ausencia de su amada madre y hermana, lo han alcanzado, con un dolor que no lo soporta en el pecho, y que se vuelve más cruel con por la indiferencia de las autoridades.
Reconoce que ha intentado buscar alternativas para salir adelante a este gran golpe de la vida, como la actividad pública, y la política, pero le ha sido completamente inútil y hoy está completamente convencido de que debe buscar justicia para sus seres amados a toda costa.
Familiares de los migrantes señalaron que solicitarán apoyo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para los niños que quedaron huérfanos tras la masacre en Tamaulipas.
Por Esteban Biba
Comitancillo (Guatemala) 13 mar (EFE).- Hace siete semanas los familiares de 16 guatemaltecos migrantes originarios de Comitancillo, municipio del oeste de Guatemala, recibieron llamadas y mensajes que les alertaban sobre un accidente de automóvil en la zona fronteriza de México con Estados Unidos.
El supuesto accidente del que les dieron cuenta entonces los coyotes era en realidad una masacre ocurrida en el poblado de Santa Anita, del municipio mexicano de Camargo, donde 19 personas fueron baleadas y calcinadas. Solo tres de los muertos no eran guatemaltecos.
Siete semanas después, las familias guatemaltecas rindieron este sábado homenajes y velaron a las víctimas de presuntos sicarios del Cartel del Noreste, los antiguos Zetas, que buscaban a un mando del Cartel del Golfo, la organización que controla la zona en Tamaulipas.
Los 16 cuerpos llegaron a Guatemala en un vuelo organizado por las autoridades migratorias mexicanas. En la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca los recibió un contingente de políticos y funcionarios, entre los que destacó la presencia del presidente del país, Alejandro Giammattei.
Los cuerpos fueron trasladados por cuenta de la Cancillería guatemalteca a sus poblados de origen. Primero arribaron a Comitancillo, en el departamento de San Marcos, y antes de la medianoche fueron enviados a la decena de aldeas de donde eran originarios.
Algunas familias vieron la recepción del Gobierno desde sus aldeas y al concluir se dirigieron con otros miles de personas al estadio Santa Cruz de Comitancillo, donde recibieron a 12 de los cuerpos.
La solemnidad de los eventos se cortaba con el llanto y lamentos de hombres y mujeres, como Zaidi Aguilón, quien abrazó el féretro en el que se encontraba su esposo, Iván Gudiel Pablo Tomás, y que, como el resto de ataúdes de las víctimas, estaba cubierto con una bandera de Guatemala.
RETORNAR AL CEMENTERIO
Elfego Roliberto Miranda Díaz inauguró este sábado el cementerio de la aldea de San Francisco, en una zona donde predominan las familias que reciben remesas de dinero de otros migrantes que se adelantaron.
A pesar de contar con un título de perito contador, Elfego pensó que en Estados Unidos podía mejorar las condiciones de vida de su familia, instalada en una tierra árida, colmada de casas de adobe y techo de paja, con suelo de tierra. Pero su sueño se truncó en territorio mexicano.
Su hermana Dalila, de 24 años, dijo a Efe que exige justicia y que necesita saber “por qué lo mataron”.
“Vamos a pedir que el Presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) se haga responsable de los niños que ya se quedaron huérfanos”, comentó respecto de sus tres sobrinos y del cuarto que aún está en el vientre de su cuñada.
En la casa de los Miranda un mariachi amenizaba la tarde mientras un canal evangélico de televisión del municipio transmitía en directo su velorio.
Así como los Miranda, el resto de ataúdes con los cuerpos de los migrantes fueron recogidos por las familias de cada uno para velarlos en sus casas antes de enterrarlos.
Algunas casas entre los caseríos de donde salieron los 16 indocumentados sobresalen. Son de bloques de cemento y están pintadas con colores brillantes. Tienen arcos y algunas balcones.
Es la arquitectura de remesas, el mayor motor de la economía guatemalteca y que el año pasado, pese a la pandemia, volvió a romper récord con más de 11 mil 340 millones de dólares enviados.
CON POCAS ESPERANZAS
Para reducir la migración, algunas personas propusieron al Alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, la construcción de un instituto tecnológico, un bien inexistente en tierra de escasas oportunidades.
Otra de las asesinadas, Cristina García Pérez, de 20 años, decidió viajar para conseguir el dinero suficiente para pagar la operación de labio leporino de su hermana de un año, según una publicación del medio Plaza Pública.
María Isidro Díaz, madre de Rubesly Elías Tomás Isidro, dijo a medios guatemaltecos e internacionales que pagó 15 mil quetzales (casi 2 mil dólares) al coyote (traficante de personas) y que además a Rubesly le robaron otros 2 mil quetzales (260 dólares) antes de que el grupo del crimen organizado acabara con su vida.
Lo último que le dijo Rubesly, contó, fue: “Estamos aquí (en Camargo), mañana vamos a llegar a la frontera. Voy a apagar mi teléfono y la llamo estando allá”. Luego se enteró que les habían quitado el teléfono y robado el dinero que llevaba consigo.
Otra víctima de la masacre fue Edgar López y López, de 50 años y que había vivido los últimos 30 en Estados Unidos como migrante. Hace cinco meses había sido deportado tras el endurecimiento de medidas antimigratorias del entonces Presidente Donald Trump y, al hallarse de vuelta en Comitancillo, prefirió volver a su otra vida, la que había amasado ya en el país norteamericano.
Cada año más de 200 mil guatemaltecos intentan migrar ilegalmente a Estados Unidos, donde radican tres millones de sus compatriotas, en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la violencia y la pobreza en su país.
Según datos del Gobierno guatemalteco, más del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y uno de cada dos niños padece de desnutrición.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
