SinEmbargo MX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuarán las obras del Tren Maya en los tramos Palenque-Izamal a pesar de la suspensión definitiva confirmada esta semana por un Tribunal Colegiado, lo cual ya viola al Estado de Derecho, determinó la defensa legal de las comunidades mayas amparadas.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La suspensión definitiva confirmada por un Tribunal Colegiado a tres tramos del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, por posibles violaciones a derechos humanos “sólo queda en papel”, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no “detendrán” las obras, lo que “pisotea al Estado de Derecho“, determinó la defensa legal de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” conformada por comunidades mayas.

“Hasta que el Juez dicte la sentencia del juicio de amparo, en teoría los trabajos deben de suspenderse en esos tramos. Pero desde hace un año que se emitió la primera suspensión de obras, que ahora fue confirmada, los trabajos han seguido por lo que metimos una serie de incidentes que dan herramientas al Juzgado federal para hacer que sea haga efectiva. Pero no le ha dado trámite. El Presidente dijo que los trabajos no pararán, lo cual implica una violación a la suspensión definitiva”, dijo el abogado de la asociación civil Indignación que representa a las comunidades, Jorge Fernández.

En un país en guerra con el narcotráfico y líder de la región latinoamericana en asesinatos a defensores ambientales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo (Sectur) han llamado a los miembros de la Asamblea “cártel de los ampareros” o señalado que sólo quieren “joder a la 4T”, lo cual, afirmó el defensor legal, los pone en riesgo y “exhibe un talante autoritario y antidemocrático”, ya que en una nación democrática cualquier colectivo tiene derecho a impugnar cualquier acto de autoridad que considere que viola derechos humanos.

Estos pueblos originarios de la Península de Yucatán aseguran ser apartidistas y han luchado desde 2020 en juzgados, cobijados por el internacional Acuerdo de Escazú, para defender su derecho al medio ambiente sano, al territorio, a la consulta indígena adecuada y a la vivienda frente a la “invasión” de este megaproyecto “ajeno” a su cultura.

“Lo que hizo el Tribunal Colegiado [en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito] fue confirmar una suspensión definitiva que hace un año había otorgado a un grupo de comunidades mayas un juzgado federal en Yucatán [el Cuarto de Distrito], que dejó sin efecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional que había aprobado la Semarnat para los tramos I, II y III”, explicó el abogado del caso, Jorge Fernández, desde Yucatán, visitado el sábado 5 de marzo pasado por el Presidente López Obrador para supervisar el avance.

Esta semana el Presidente López Obrador comentó en Palacio Nacional que al final es un “asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento”, por lo que las obras continuarán con normalidad para terminar con el plazo programado en diciembre de 2023.

“No nos va a detener. Si legalmente esa es la decisión, la tenemos que respetar, pero entiendo que no tiene ese alcance [suspender las obras]”, afirmó el miércoles. “Los adversarios nuestros van a estarnos poniendo obstáculos”, consideró.

El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente autorizó al Fonatur la MIA regional para la ejecución del proyecto de Palenque a Izamal. Las comunidades presentaron un amparo en enero de 2021 contra esa autorización ambiental sin transparentar solicitando la suspensión de obras, la cual al ser regional y no integral no considera impactos por los polos de desarrollo ni suficientes medidas de mitigación contra la flora y fauna que habita la selva del sureste mexicano.

“El amparo tiene un mecanismo, que es la suspensión para parar cualquier acto de autoridad, en este caso la Manifestación de Impacto Ambiental, mientras se resuelve en definitiva en el juicio del amparo si se violaron los derechos humanos o no”, expuso la defensa legal.

Aunque la suspensión otorgada por el Juzgado federal fue impugnada en abril de 2021 por la Semarnat con un recurso de revisión, la reciente resolución del Tribunal Colegiado da la razón a las comunidades mayas por lo que ya no podrán volver a impugnar sobre el mismo punto.

“El juicio de amparo sigue en curso, se están desahogando las pruebas, todavía falta que el Juez emita una sentencia que puede ser favorable a las comunidades o a las autoridades”, dijo el abogado Jorge Fernández.

CON ESPERANZA, PERO PREOCUPADOS

Esta resolución del Tribunal Colegiado que confirma la suspensión definitiva de tres tramos, y que tiene vigencia hasta que se resuelva todo el juicio de amparo, dio “esperanza” a las comunidades mayas amparadas.

Sin embargo, también les generó preocupación por la reacción del Gobierno federal, manifestó Pedro Uc, quien ha sido blanco de amenazas durante estos años de oposición al megaproyecto turístico más importante del sexenio y contra la soya transgénica.

“Esta decisión que se ha tomado nos genera cierta esperanza, pero también nos preocupa mucho la decisión del Presidente cuando plantea que los trabajos del Tren se van a seguir, cuando se supone que estamos en un Estado de Derecho, donde se supone que hay división de poderes y se debería de respetar una resolución judicial”, afirmó Uc, que habita en Buctzotz, a unos 90 kilómetros de la reserva de anillos de cenotes de Yucatán.

En caso de que no se paren las obras acatando la suspensión definitiva, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya planean seguir con la lucha jurídica que incluirá una queja en el Consejo de la Judicatura (CJF) de la mano de la asociación Indignación, pese a la serie de descalificaciones en su contra por parte de funcionarios federales.

A finales del año pasado, cuando por los amparos Fonatur debió ajustar la ruta de dos estaciones del tramo III que se construirían en Ciudad Campeche y Mérida, el entonces titular Rogelio Jiménez Pons declaró que “los grupos de extrema derecha están poniendo amparos”.

Y agregó: “Tenemos prisa por terminar el Tren. Se hará todo, pero nada más que se acabe la discusión con estos ‘politiquillos’ que le meten grilla. Son ganas de joder a la 4T, al Presidente”.

El Secretario de Turismo Miguel Torruco Márques aseguró por su parte en el Tianguis Turístico 2021 que “el cártel de los ampareros […] nos hacen los mandados, porque nadie va a obstruir el progreso de México”.

“Esa lista de descalificaciones son una especie de émulo de lo que hace el Presidente en sus mañaneras y no hace más que exponernos a ser linchados por sus seguidores. Recibimos a diario una serie de insultos y expresiones de odio de gente que cree ciegamente en el Presidente”, comentó el defensor de territorio Pedro Uc, quien en 2019 recibió amenazas de muerte a su teléfono celular.

Ha sido difícil, reconoció, pero seguirán dando la batalla jurídica para proteger el agua, tierra y biodiversidad, porque como Asamblea han descartado salir a manifestarse a la calle “a ser víctimas de los garrotes” de la Guardia Nacional.

“Queremos seguir construyendo la defensa de nuestro territorio con base en las leyes establecidas, aunque seamos descalificados”, planteó el maya Pedro Uc. “No nos enfrentamos a cualquier cosa, sino a la fuerza del Estado que quiere implementar un proyecto ajeno a nosotros y destructor de la cultura maya”.

Respecto a las consecuencias de las obras hasta el momento, luego del banderazo en 2020, Uc comentó que “los daños ya son incalculables” a la flora y fauna de la fase uno, y, advirtió, por la expectativa inmobiliaria y de turistas la inseguridad agudizada de Quintana Roo por la presencia del crimen organizado se está trasladando a Yucatán.

“La pobreza cada vez es mayor porque hay un despojo de tierras a través de una gran cantidad de empresas que especulan y están tomando las mejores tierras que están al paso del Tren, como en Izamal, en la costa de Yucatán, donde están los cenotes y lagunas, y sitios arqueológicos. Se están tratando de apropiar de estos espacios para el negocio”, afirmó el defensor Pedro Uc.

Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el megaproyecto de más de mil 500 kilómetros sólo demandará la tala de árboles “de 100 hectáreas”, y que están mitigando con la siembra de “200 mil hectáreas”, además se ampliará la reserva de Calakmul y se construirán parques naturales en Tulum y Uxmal rodeados de las zonas arqueológicas, cuyos vestigios están siendo resguardados por elementos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ante la lucha jurídica, concluyó el abogado Jorge Fernández, “el Gobierno federal ha optado por la descalificación, lo cual es gravísimo porque parece ser que cualquier persona que considere que sus derechos humanos sean violados será señalado y satanizado por el poder, cuando la respuesta debería ser —que va contraria a la prisa por concluir el Tren en 2024— buscar espacios de diálogo”.