La polémica norma establece que un migrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años; entre los beneficios se incluyen la asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos.
Washington, EU, 28 de enero (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó este lunes, sin unanimidad, que el Gobierno pueda aplicar la llamada norma de “carga pública”, por la cual puede rechazar los permisos de residencia a migrantes que reciban beneficios públicos, mientras se resuelven las apelaciones pendientes.
La aplicación de la norma, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019, fue respaldada con una votación de 5-4 de los magistrados, después de ser bloqueada en octubre pasado, cuando debía entrar en vigor, por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
“Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo en Illinois”, señala la decisión del Supremo.
Ya en diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la administración de Donald Trump.
La polémica norma establece que un migrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años.
Esos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
La normativa apunta, además, a reducir la cantidad de migrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de “green card” (como se conocen en inglés los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para el Gobierno, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
Sobre la decisión, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, avisó de que no proteger “a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, menores y ancianos”, al tiempo que como “discriminatoria” la norma.
FWD.us, una asociación creada por líderes tecnológicos partidarios de una nueva política migratoria, quienes presentaron un documento de apoyo legal (“amicus brief”) en contra de la normativa, consideraron que el fallo del Supremo hará “más difícil” la vida para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.
“Esta política es un esfuerzo con subterfugios de cortar la migración legal y perjudicará a millones de familias (incluyendo los estadounidenses nativos), nuestras comunidades y nuestra economía”, afirmó en un comunicado el presidente de FWD.us, Todd Schulte.
