El pasado 27 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Germán Larrea Mota Velasco, director de Grupo México, de incumplir con sus obligaciones con las 24 mil personas afectadas por el desastre ecológico que su mina causó en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– A tres años del “desastre ambiental más grande en la historia de la minería en México”, el Río Sonora sigue contaminado a pesar de que lo niegue el gobierno estatal y la empresa responsable del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aseguró el abogado del caso, Luis Miguel Cano.
El Juzgado Primero de Distrito de Sonora sentenció que el agua del río sigue contaminada. De acuerdo al monitoreo de los pozos, se detectaron dos pozos contaminados: el de la comunidad Sinoquipe con arsénico y en La Labor con manganeso, lo cual viola el derecho humano al agua para los alrededor de 500 habitantes de ambos poblados.
Estos dos pozos con arsénico y manganeso en niveles superiores a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud representan la mitad del Río Sonora.
Ante ello, se solicitó un diagnóstico médico al ISSTE Sonora, IMSS y a la Secretaría de Salud sobre los efectos por consumir agua de un río aún contaminado.
“Las autoridades dijeron que el río ya estaba bien y el agua se empezó a usar [incluyendo en bebederos de escuelas públicas de nivel básico]”, aseguró el abogado. “La empresa ha dado por cerrado el caso y el gobierno avala que el río no está contaminado”.
El derrame de tóxicos registrado en agosto de 2014 afectó directamente a 22 mil personas e indirectamente a 250 mil personas de siete municipios de Sonora, así como la calidad del agua y suelos para cultivo.
Reina Castro muestra unas fotografías de un afectado en su salud por los desechos tóxicos en el Río Sonora durante una protesta en 2015. Foto: Cuartoscuro/Archivo
Pero la compañía minera solo fue sancionada con 24 millones de pesos, “lo cual no es nada para la empresa; un 0.00016 por ciento de sus ingresos brutos en 2014”, destacó el litigante Cano. También se definió el reparto de 2 mil millones de pesos para reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos, solo el 0.013 por ciento de esos ingresos brutos.
Integrantes de dos de los ochos Comités de Cuenca Río Sonora, directamente afectados, acusaron que les prometieron 36 purificadoras para que la población afectada no tuviera que comprar agua limpia (entre 18 y 24 pesos la botella), así como una clínica de salud especializada para las 381 personas afectadas con daños a la salud por los metales. Pero no cumplieron.
Solo han colocado nueve purificadoras, pero la de Bacanuchi -comunidad cercana al río- no funciona, afirmó Ramón Miranda Córdova, del CCR-Aconchi.
La empresa argumentó que la reducción en el número de purificadoras fue porque “sería irresponsable hacerlas” ya que las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Mario Alberto Salcido Romo, integrante del CCR-Ures, recordó que antes tomaban agua de la llave sin preocupación, pero ya no pueden.
“El gobierno no ha puesto todas sus fuerzas para castigar a la empresa […]. Limpió con carretillas 30 kilómetros de los 270 kilómetros del río en Bacanuchi, pero sigue contaminado”, dijo Salcido.
El agricultor recibió 20 mil pesos por sus dos hectáreas de cultivo, lo cual consideró “irrisorio” porque lo que necesita y demanda es agua limpia y salud.
Carlos Iván Samayoa, campañista de tóxicos de Greenpeace, concluyó que este caso se suma a un largo historial de falta de acción gubernamental ante desastres ambientales.
“Esto da cabida a que las empresas sigan viniendo, dañen recursos y solo deban pagar una indemnización. Las reformas estructurales han abierto la puertas al modelo extractivo de recursos naturales. Mientras se sigan privilegiando las ganancias económicas sobre los derechos humanos, seguirán los abusos y la impunidad”, afirmó.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados de Grupo México en 2014, no sólo contaminó a los municipios del Río Sonora, también a la capital sonorense, aseguran. Los peces de la presa El Molino de Camou, que son consumidos por los hermosillenses en su mayoría, también han resultado contaminados.
El 6 de agosto de 2014 se registró el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora por una falla en la infraestructura de la mina de Buenavista del Cobre, a cargo de Grupo México. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México a 12 de enero (SinEmbargo).- El agua que utilizan los habitantes de la ciudad de Hermosillo,Sonora, para consumo humano no es segura: tiene arsénico, así lo reveló una serie de muestras que se tomaron el 23 de noviembre pasado en varias plantas tratadoras de la ciudad.
De cinco puntos analizados, tres rebasan las normas internacionales y uno incluso, las normas mexicanas, dijo Reina Castro Longoria, investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus).
Las muestras se tomaron en un pozo, una pileta y tres plantas tratadoras de agua. El pozo La Victoria fue el más conminado con 60 microgramos de arsénico, cantidad que supera lo permitido por la norma canadiense que permite 5 como máximo; la EPA, 10; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 y la Norma Mexicana que permite sólo 25 microgramos por litro.
La Planta tratadora de la cortina Abelardo L. Rodríguez resultó con arsénico en dos muestras que se tomaron: una arrojó 6 microgramos por litro y la otra 12 microgramos.
En la planta tratadora de La Sauceda el estudio clínico arrojó 14 microgramos por litro, mientas que la planta tratadora de Las Lomas no contiene metales y la pileta de El Mariachi 6 microgramos por logro.
El agua de la planta tratadora de Las Lomas está limpia porque se abastece del Acueducto Independencia, dijo Reina Castro. El líquido se analizó en el laboratorio Analítica del Noroeste y es agua que se inyecta directamente a la red de distribución de Agua de Hermosillo (Aguah).
Castro Longoria dijo que el agua está contaminada desde que ocurrió el derrame de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México el 6 de agosto de 2014.
“No sabemos si antes ya estaba contaminada, necesitamos revisar el histórico. Pedimos por transparencia los datos”, dijo.
De acuerdo con Castro Longoria, los riesgos del arsénico son mortales: causa cáncer, fallas al hígado, insuficiencia renal, manchas en la piel por distintos daños a órganos.
“Cerrar los ojos ante un problema de salud pública, es inhumano”, dijo la investigadora.
Cientos de trabajadores realizaron labores de limpieza en el Río Sonora, luego del derrame de agosto de 2014. Foto: Cuartoscuro
PECES CONTAMINADOS
Los peces de la presa El Molino de Camou, que son consumidos por los hermosillenses en su mayoría, también han resultado contaminados. Reina Castro envió a laboratorio muestras de varios peces muertos que aparecieron en la presa y se encontró fierro, aluminio y arsénico.
“Esto demuestra abioacumulación en los órganos como branquias, músculo e hígado. Los límites máximos permisible para los peligros químicos en el pescado se regulan por la NOM-027-SSA1-1993 y solo se regula el Cadmio [0.5 mg/kg], Mercurio [1.0 mg/kg], [0.5 mg/kg] y Plomo [1.0 mg/kg]”, explicó.
En la legislación Australiana y Neozelandesa de metales pesados en el pescado para el Arsénico inorgánico es: Australia [2 mg/kg] y Brasil [1 mg/kg].
“En los peces, tomando como referencia para el consumo humano el valor señalado el arsénico sobrepasa en el músculo de los peces analizados en la presa AL. Rodríguez. Por otro lado se observa una mayor bioacumulación en branquias e hígado, después del músculo”, dijo.
Los estudios fueron realizados de forma independiente con ayuda de ejidatarios que pusieron dinero de sus bolsillos y del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea.
El derrame de la mina Buenavista del Cobre podría generar un precedente no sólo para la industria minera, sino para todas las empresas que tienen concesiones del Gobierno federal y que deben velar por el cuidado del medio ambiente.
Benjamin Cokelet, de la organización PODER, Francisca García, pobladora e integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, y Luis Miguel Cano, abogado de Poder, durante la conferencia de ayer. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos el llevar el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora, al terreno de la violación de los derechos humanos.
Lo puede hacer si dictamina que la compañía, subsidiaria de Grupo México, es considerada una autoridad y, por lo tanto, tiene la obligación de velar por el medio ambiente de la región que explota.
“El pasado 18 de septiembre dimos a conocer diversas irregularidades en las que incurrió la mina y que fueron obtenidas a través de solicitudes de información. Irregularidades que hacen pensar que no se tienen los permisos necesarios para medir la contaminación a la atmósfera”, dijo Luis Miguel Cano, abogado del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascedencia.
“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione, si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.
La resolución podría marcar el rumbo del juicio de amparo 1144/2015 que los Comités de Cuenca del Río Sonora interpusieron ante la falta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de la minera.
La mina está demandada como autoridad en el juicio. En un principio la decisión fue del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pero el tribunal consideró que “se trata de un caso de interés y trascedencia a nivel nacional”, por lo que envió el caso a la SCJN, para que decida si lo atrae o no.
La demanda de los pobladores se sustenta en la nueva Ley de Amparo de 2013, la cual considera que no sólo al Estado, cuando se violenta a los derechos humanos, sino en ciertas circunstancias también a particulares, a los que, se les podría atribuir el carácter de autoridad responsable según el artículo 5, fracción II.
El antecedente similar a un caso en la Corte con las características del Río Sonora, ocurrió con Teléfonos de México (Telmex), de acuerdo con el director de PODER Benjamín Cokelet.
Sin embargo, la Corte decidió no atraer en esa ocasión el caso. De acuerdo con el abogado de la organización para Buenavista del Cobre no hay un plazo para conocer la respuesta.
La decisión podría tomarse en los próximos cuatro meses. Si SCJN decide atraer el tema de Buenavista del Cobre, el dictamen final podría llevar otros cuatro meses más.
Si la minera es considerada como autoridad violadora de los derechos humanos de los habitantes del Río Sonora, el caso marcará un precedente importante a nivel nacional para temas que involucren a empresas concesionarias y medio ambiente.
BUENAVISTA DEL COBRE: HISTORIA DE NEGLIGENCIAS
El 22 de septiembre pasado la organización PODER dio a conocer que Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades que llevaron al derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, obteniendo beneficios económicos por ello, de acuerdo con documentos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
PODER Entregó el informe “Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V.” a los Comités de Cuenca Río Sonora, donde detalla, gracias a información pública, cada una de las negligencias cometidas por la subsidiaria del Grupo México.
“La Profepa afirma que la minera Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, dice un comunicado de la organización PODER.
El informe se basó en el análisis de documentación de Profepa, obtenida a través de las solicitudes de acceso a la información PFPA/32.2/2C.27.1/151-14, PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14, PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14, PFPA/3.2/2C.27.1/00019-14 y PFPA03.2/2C27.1/0018/15/0001.
La Profepa establece en documentos que Buenavista del Cobre infringió las normas, obteniendo ahorros netos en costos y, por tanto, beneficios económicos de la violación de la normatividad.
“Obtuvo beneficios económicos en virtud de que al no haber invertido recursos económicos, tuvo un ahorro neto ya que no realizó las gestiones necesarias para realizar las acciones y presentar los documentos correspondientes, no internalizó los costos ambientales al no haber cumplido con las obligaciones referidas”, dice Profepa en sus actas.
La dependencia determina que “existió negligencia por parte de la inspeccionada toda vez que del acta de inspección y de los escritos presentados por ésta, se desprende una omisión al no cumplir con sus obligaciones en materia de residuos peligrosos”.
Según las actas los ríos Sonora y Bacánuchi están severamente contaminados. A raíz del derrame de Buenavista del Cobre se rebasaron los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en diversas normas que se vinculan con daños a corto, mediano y largo plazo. La limpieza se enfocó en el arroyo Tinajas, y no se realizó mayor actividad de limpieza río abajo.
La Profepa establece que la mina viola las leyes ambientales pues “no hay pozos de monitoreo, no hay valoración física real de contaminación o infiltración de suelos”. Además, “no se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”.
No hay sistema de captación de fluidos bajo geomembrana de Tinajas 2. Buenavista del Cobre no exhibe un plan de muestreo para identificar especies minerales presentes, y al no existir un plan de muestreo no es posible caracterizar la peligrosidad del mineral que se derramó.
La contaminación de la mina, indica PODER, puede provocar graves daños a la salud pública.
Las infracciones se consideran graves por las consecuencias que pueden tener para la salud pública, pues durante su proceso productivo la empresa emite partículas suspendidas, las cuales pueden irritar el sistema respiratorio o dañar los mecanismos de ventilación en los pulmones, contribuyendo de ese modo a agudizar enfermedades respiratorias. Además pueden generar desequilibrios ecológicos.
La organización señala que se realizaron estudios para determinar la afectación real del derrame.
“En las actas revisadas Profepa se compromete a realizar un estudio hidro-geológico y otro sobre la caracterización de la biota terrestre. El compromiso era entregarlos a finales de octubre de 2014, pero ninguno de los dos estudios ha finalizado aún. Tampoco se han presentando la Evaluación de Riesgo Ecológico ni los estudios de valuación de riesgo a la salud humana cuya finalización estaba prevista para noviembre de 2014”, dice PODER en su comunicado.
La filial de Grupo México acepta y reconoce en documentos de la Profepa que “por la falla en el represo Bordo Poniente en el sistema Tinajas 1, se ocasionaron diferentes daños al hábitat, ecosistemas y recursos naturales e hídricos, que requieren de acciones de reparación y remediación orientadas a devolver al estado base los desequilibrios ecológicos y sanitarios causados y/o hacer la compensación correspondiente en su caso.”
Los represos Tinajas 1 y 2 están en construcción con avances de 50 y 70 por ciento, respectivamente. La construcción de los bordos 1 y 2 del represo Tinajas 1, lugar donde ocurrió el derrame, no se encuentran contemplados en el informe preventivo “terreros de lixiviación…”.
Desde el 10 de mayo de 2013 se sugirió la construcción de los bordos poniente y oriente para aumentar la captación de solución de sulfato de cobre acidulado (incluyendo agua pluvial). Pese a que la empresa exhibió los planos de ingeniería a detalle para la construcción de estos bordos, al momento de la supervisión la empresa no presentó documentos que acreditaran que las obras de construcción se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el estudio a que se hace referencia y en los planos de ingeniería a detalle, sin embargo la zona inició operaciones.
PODER determina los hechos y las omisiones por los que Buenavista del Cobre infringió la legislación ambiental son graves, riesgosos y pueden provocar daños a la salud humana, a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico.
En febrero de este año pobladores interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas.
Benjamin Cokelet, de la organización Poder, Francisca García, pobladora e integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora y Luis Miguel Cano, abogado de Poder, durante la conferencia de este día. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México a 22 de octubre (SinEmbargo).– Los habitantes del Río Sonora que interpusieron hasta hoy siete amparos en contra de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, y autoridades como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto de 2014, obtuvieron dos victorias legales en los últimos días.
Luis Miguel Cano, abogado del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), anunció que el Juez Primero de Distrito de Sonora ordenó a la Conagua a realizar estudios sobre la potabilidad del agua para consumo humano. Dichos estudios se realizarán extrayendo el líquido de los pozos que se alimentan del Río Bacanuchi y Sonora.
El segundo avance obtenido por los pobladores del Río Sonora es la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará si Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, se puede considerar autoridad y por lo tanto, violatoria de los derechos humanos de los habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.
El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascedencia.
“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.
En febrero de este año pobladores interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos, informó hoy el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Luis Miguel Cano, abogado de la organización, indicó que los juicios de amparo datan desde el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio y fueron interpuestos por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.
Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por no haberse realizado hasta el día de hoy, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.
De acuerdo con el argumento del amparo, a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.
“La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue ‘no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, pero no hay un proyecto’. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada”, dijo el abogado.
Pobladores que viven al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi se apararon en contra de la Semarnat y la minera, por la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y la operación de la mina violando con ello la ley, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.
La población afectada por el derrame se amparó también en contra de Semarnat, Conagua, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por la apertura de pozos en la región, realizada bajo estándares de medición poco favorables, que violan el derecho al agua salubre y de calidad.
“Es muy fácil llegar y decir ‘no pasa nada, el agua está limpia, vuelvan a sus vidas,aquí hay mediciones y todo está conforme a la normatividad’. Lo que no se nos dice es que la normatividad del país que mide la calidad del agua deja mucho que desear, en arsénico por ejemplo, la norma mexicana en nueve veces más permisiva que la de la OMS [Organización Mundial de la Salud”, informó el abogado de PODER.
El amparo interpuesto el 29 de junio por las personas que habitan aledañas a la cuenca de los ríos afectados, es contra la Semarnat, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por la ausencia de un Programa de Remediación Integral.
“La reanudación de las actividades mineras de Buenavista del Cobre atenta contra las obligaciones de protección, garantía y prevención de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano de las personas que viven al sur se las instalaciones mineras”, argumenta el planteamiento jurídico.
La población se amparó en contra de la Semarnat y el Ejecutivo Federal, porque no se aseguró una consulta efectiva de los habitantes, cada vez que se emitió alguna autorización a la minera en materia ambiental.
Hace dos meses los pobladores interpusieron dos amparos más en contra de autoridades.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
