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EPN prefiere amigos a profesionales aunque le queden mal: politólogos

domingo, septiembre 11th, 2016

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto se compra personajes que después le generan conflictos y escándalos porque antes que la eficiencia están la lealtad y el dinero, coinciden especialistas consultados por SinEmbargo. No importa que pesen sobre sus espaldas escándalos de corrupción –como el caso de Fidel Herrera Beltrán, ex Gobernador de Veracruz y nombrado Cónsul en Barcelona, España–; que sean opacos como Luis Enrique Miranda Nava, ahora Secretario de Desarrollo Social y quien no declara conflictos de interés ni bienes, o el mismo Luis Videragay Caso, autor de la visita que causó la humillación internacional de sufrió México hace unos días –luego de que el candidato republicano Donald Trump dijera en Los Pinos que el muro fronterizo va porque sí, sin que el Jefe del Ejecutivo Federal dijera una sola palabra–. Todo este puñado de personajes son apuntalados por el Presidente, aunque después llegue la hora de poner la cara por sus errores.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Fue el 23 de mayo de 2012 en el extinto programa “Tercer Grado”, de Televisa, que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso como ejemplo de la renovación de los liderazgos de ese nuevo priismo que se gestaba a nivel nacional a tres gobernadores con nombre y apellido.

Un Peña Nieto más joven, vigoroso y menos delgado, sostuvo a la periodista Denise Maerker Salmón, ante la exigencia “ponga nombres”, que el nuevo PRI –que en ese entonces gobernaba 20 entidades– tenía cuadros renovados.

“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte [de Ochoa]; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche [Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a Mearker.

Cuatro años después, tres de los gobernadores que enumeró, como si se hubieran puesto de acuerdo, le mostraron al país que el Presidente Enrique Peña Nieto erró al apuntalarlos.

César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Ángulo enfrentan acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y despojo a semanas de concluir sus administraciones. Los tres gobernadores tienen en común, además de dejar deudas millonarias y la inseguridad desbordada en sus estados, el haber perdido la gubernatura para el PRI en las elecciones del pasado 5 de junio.

No son los únicos personajes que, con acusaciones de corrupción a cuestas, perfiles grises, con una trayectoria curricular discorde con los puestos, han sido apuntalados por el Presidente de la República para luego causarle conflictos y hasta dejarlo en ridículo –como ocurrió con su amigo y fiel asesor Luis Videgaray Caso, ahora ex Secretario de Hacienda–. Los méritos de esos políticos son ser sus amigos, pertenecer a viejas lealtades de grupo o haber aportado dinero para su campaña presidencial de 2012, coinciden expertos entrevistados por SinEmbargo.

“En general, el poder político en México prácticamente se ha ubicado en la conformación de gabinetes en función de la amistad, porque los políticos mexicanos han definido que entre la amistad y la eficiencia, la amistad representa mayor lealtad. Entonces han elegido más que a la eficiencia a la lealtad para armar equipos de trabajo. Si apelamos a la historia personal de Peña Nieto es un personaje que fue encumbrado por un grupo político. El grupo llamado Atlacomulco definió que Peña Nieto podía ser el candidato a la Presidencia porque cubría criterios estéticos aunque no de preparación, no de una figura política”, explica Manuel González Navarro, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El Presidente Peña Nieto, precisa Manuel González, es un hombre que se conduce a través de lealtades entrañables. Se rodea de personajes que piensan como él o que, al menos, le dicen pensar como él; le hablan al oído y le susurran lo que quiere escuchar, ocultándole, incluso, muchas verdades para no alterar su ánimo.

“Él [Peña Nieto] no va a buscar gente eficiente sino gente como él, a su propio criterio y punto de vista”, afirma González Navarro.

Por eso, explica el académico, en ocasiones esos hombres de poder alrededor del titular de Ejecutivo Federal toman decisiones e involucran a sus propias lealtades en puestos clave. Si hay errores, si se equivocan, tratan de ocultar, matizar y contener el escándalo al Primer Mandatario.

Pero no todo funciona con base en lealtades y amistades entrañables. En el caso de los gobernadores, es claro que el apoyo del Presidente fue determinado por el dinero, plantea Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (Cenca).

“Peña Nieto llega con muchos compromisos a la Presidencia de la República, compromisos que pasan por lealtades del Estado de México y por lealtades de apoyos para su candidatura. Los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y hasta Humberto Moreira Valdés [ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI] son políticos que le dieron mucho dinero. Ellos pasan por una lealtad del dinero, de apoyos económicos. Entonces, él ha pagado esos compromisos con las consecuencias que haya tenido. Las lealtades del Estado de México son más que compromisos: son amistades entrañables”, dice Bravo Peralta.

Por esos compromisos, el Presidente respaldó también al ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán, jefe político de Javier Duarte de Ochoa y una de las 10 personas más corruptas de México, como lo calificó la revista Forbes. Pero, pese a ello, fue nombrado Cónsul en Barcelona, España, sin ninguna credencial para acreditar su cargo de diplomático, coinciden los analistas.

UNA LARGA LISTA DE LEALTADES

La lista de los amigos de Peña Nieto en sus gabinetes legal y ampliado es muy larga, y en ella desfilan perfiles que no están preparados para el puesto, como es el caso de Claudia Ruiz Massieu, que de Secretaria de Turismo, pasó a ocupar el cargo diplomático más importante como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Pero uno de esos amigos, quizás el más visible de los últimos días, es Luis Videgaray Caso, quien renunció a su cargo tras la humillación de la visita del candidato republicano Donald Trump a Los Pinos, pero que, de acuerdo con el investigador Manuel González, sólo saldrá del puesto público y se quedará alrededor del grupo de confianza del Presidente con miras a la sucesión presidencial de 2018.

Al margen de Luis Videgaray hay otras lealtades que se entretejen, algunas cercanas al Jefe del Ejecutivo Federal, y otras a su buen amigo Videgaray Caso.

Luis Enrique Miranda Nava, por ejemplo, es una de esas amistades entrañables de las que hablan los expertos y que acompaña a Peña desde que era Gobernador del Estado de México. Es un funcionario opaco que no declara bienes ni conflictos de interés, pero fue el principal operador político de Peña Nieto en el conflicto magisterial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y hoy se encarga de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de acuerdo con una investigación de Linaloe R. Flores, publicada en este sitio digital.

“Miranda es muy cercano, es entrañable, su compadre, su amigo, su cómplice, su carnal, su brother. Es uno de sus más entrañables. No es ningún activo políticamente, es un pasivo, pero yo lo veo más como una lealtad personal del Presidente que de grupo”, dice Virgilio Bravo.

El analista adelanta que Peña Nieto enfrentará conflictos ocasionados por Miranda Nava, debido a que es un personaje ligado a escándalos de corrupción, lo que supone explica, que utilizará la Sedesol como un botín para 2018.

Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex) coincide sobre esta opinión de Miranda Nava y considera que es probable que su nombramiento se deba para disponer de jugosos recursos para comprar el voto en 2018, y evitar el castigo en las urnas por los errores del titular del Ejecutivo Federal y su gabinete.

Como Miranda Nava, otro hombre cercano al llamado Grupo Atlacomulco y que ha ocupado distintos puestos en la administración actual, además de amasar conflictos y no resultados, es Alfredo Castillo Cervantes, ex Procurador de Justicia del Estado de México.

Castillo Cervantes estuvo al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y en 2014 fue nombrado Comisionado de Seguridad para Michoacán, dejando a su paso decenas de autodefensas en la cárcel, incluido su fundador el médico José Manuel Mireles Valverde.

Después de concluir su encomienda en Michoacán, en 2016 fue nombrado titular de la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Ahí ha entregado resultados muy pobres –como la participación de México en la Olimpiada de Río de Janeiro– y, al contrario, ha sido una máquina para producir escándalos y pleitos.

En la lista de decepciones también está Aurelio Nuño Mayer, una de las lealtades de Videgaray Caso. Nuño Mayer fue asesor de Peña Nieto cuando era Gobernador en el Edomex y después fue nombrado Jefe de Oficina de la Presidencia de la República cuando el PRI recobró el poder de Los Pinos. Hoy es el Secretario de Educación Pública que vio resbalársele entre los dedos sus aspiraciones presidenciales con la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año.

“Aurelio era pieza de Videgaray dentro de ese mismo grupo. Empujando a ser una alternativa como candidato a la Presidencia. Una cara joven, moderna, una segunda opción”, dice Virgilio Bravo.

Aurelio Nuño se encuentra hoy enfrascado en un conflicto magisterial que parece no tener fin. Los maestros de la disidencia lo han llamado un “cadáver político” con el que es imposible sentarse a dialogar.

Otro de los personajes que representó un verdadero fracaso para el Presidente fue Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y a quien le estalló en las manos el caso que cimbró a la administración, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) sufrieron desaparición forzada… un pendiente que aún no se resuelve.

Después de crear la famosa “verdad histórica” y de no convencer a los familiares de los desaparecidos, el Procurador fue removido del puesto pero no eliminado del gabinete: fue nombrado Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México.

Las lealtades y las amistades provocan situaciones como la de Humberto Benítez Treviño, quien fue destituido de la Profeco en 2013, cuando su hija Andrea Benítez se convirtió en #LadyProfeco tras protagonizar un escándalo en un restaurante de la Ciudad de México.

Aunque el padre de Andrea perdió su puesto a nivel federal, un año después, en junio de 2014, Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, le otorgó la presidencia de El Colegio Mexiquense AC.

CONFLICTOS DE INTERÉS DESDE EL PODER

El Presidente Enrique Peña Nieto también ha cosechado amistades que le han generado acusaciones por conflicto de interés, como la de Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, la compañía contratista del Gobierno federal que le construyó la llamada “casa blanca” –valuada en 7.5 millones de dólares– a Angélica Rivera Hurtado.

Peña Nieto no fue el único involucrado en conflicto de interés con Grupo Higa sino también Luis Videgaray, quien compró una casa en Malinalco, Estado de México, a esa empresa.

Sin embargo ni el Presidente ni el entonces Secretario de Hacienda recibieron alguna sanción, pues fueron exonerados por Virgilio Andrade Martínez, amigo cercano de Videgaray Caso y nombrado por Peña Nieto como el Secretario de la Función Pública (SFP) encargado de investigar y determinar si hubo o no conflicto de interés con Grupo Higa.

El nombramiento de Virgilio Andrade trajo consigo serias críticas para el Jefe del Ejecutivo federal, sin que hicieran mella en su decisión.

Otro conflicto de interés que se tejió desde las entrañas de la Oficina de la Presidencia es el caso de Jesús Ramírez Stabros. El periodista Humberto Padgett dio cuenta –en septiembre de 2014 y en este medio digital– que Stabros fungía como Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia y al mismo tiempo formaba parte del Consejo de Administración de la Comisión de Auditoría de Iberdrola México, una de las empresas energéticas beneficiarias de la Reforma Energética.

“La función operativa más importante desempeñada por Jesús Ramírez ha sido como enlace entre Los Pinos y las Cámaras de Diputados y de Senadores, papel especialmente intenso durante la pasada reforma constitucional en materia energética”, escribió Padgett.

Por el escándalo, Ramírez Stabros renunció a su puesto en la Presidencia, pero la compañía Iberdrola firmó un acuerdo de colaboración con el Gobierno de México para invertir millones de dólares.

Otro de los amigos beneficiados de Peña, y que después le trajo un escándalo de corrupción, fue Emilio Lozoya Austin, quien estuvo al frente de la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien fue destituido en febrero de este año, meses después de la difusión de unos audios publicados en YouTube en donde apoyaba a la constructora OHL México a cambio de viajes. Antes de estar al frente de Pemex, Lozoya Austin formó parte del Consejo de Administración de OHL.

En julio de 2015, una grabación reveló un presunto acto de corrupción que involucraba a Enrique Ochoa Reza, entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al propio Emilio Lozoya. Ambos obtendrían vacaciones en el hotel Mayakobá, en la Riviera Maya, a cambio de que el titular de la CFE ayudara a la compañía a obtener la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I.

A pesar del escándalo, Enrique Ochoa no dejó la CFE hasta que fue llamado a presidir al PRI nacional en junio de este año, en sustitución de Manlio Fabio Beltrones.

TRAMPAS Y AMIGOS GRISES

En el entramado de las amistades y las lealtades destaca el caso de Arturo Escobar y Vega, quien tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), tras ser acusado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de cometer delitos electorales al frente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), socio del PRI en las elecciones.

Escobar fue elegido por el Presidente y por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, para ocupar uno de los puestos más importantes de la Segob, donde se encargaría de prevenir delitos.

El politólogo Lorenzo Meyer Cossío dijo entonces a SinEmbargo que la denuncia profundizaba el descrédito de las instituciones mexicanas y desnudaba el encubrimiento del Presidente de la República y Osorio Chong a un “delincuente electoral”.

Pero Peña Nieto asumió el costo político y, con ello, admitió su error.

“El sacarlo de ese puesto implica otro costo político para el Presidente que ya había pagado un costo por poner a alguien, a la persona que tiene sospecha de haber cometido la ilegalidad. Si lo hubieran mantenido se hubiera diluido relativamente con el paso del tiempo y ahora, en el momento que tiene que renunciar, justamente por lo que todo el mundo sabía, por hechos ilegales, y uno dice: ¿el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error”, dijo Meyer Cossío.

NO SE PUEDE OCULTAR EL ESCÁNDALO

¿Crees que Peña Nieto terminará su sexenio? Foto: Cuartoscuro

El Presidente Enrique Peña Nieto dijo esta semana que un día los mexicanos entenderán “el porqué de cada decisión tomada”. Foto: Cuartoscuro

Los analistas consultados por SinEmbargo coinciden en que en México ha habido pocos estadistas y que la mayoría de los gabinetes se han construido con base en lealtades.

“A diferencia de otros años, otros sexenios, el margen de maniobra del Presidente con el control de los medios de comunicación le alcanzaba para maniobrar entre los compromisos y las ineficiencias, o competencias o corrupción de estos personajes. Pero hoy en día, con las redes sociales y medios de comunicación dinámicos, es muy difícil controlar. Desafortunadamente es algo que ya no entendieron, que no comprendieron, que no trabajaron y hoy están desbordados”, dice Virgilio Bravo Peralta.

El pasado 7 de septiembre, el día que su Luis Videgaray entregó su renuncia, el Presidente de la República dijo que con el tiempo los mexicanos comprenderán su decisión de invitar a Donald Trump a Los Pinos.

“Y quizá hoy no se terminen de entender [sus decisiones], pero estoy seguro que llegará el momento que se comprenda el porqué de cada decisión tomada”, dijo.

El politólogo Lorenzo Meyer concluye al respecto.

“Peña Nieto dice: ‘no me entendieron, pero ya en el futuro entenderán porqué lo hice’. Él nos trata como imbéciles: ‘ustedes, como el resto de los mexicanos, no están para entender las altas decisiones o las importantísimas decisiones de alta política que tomé, pero porque son tontos, no tienen capacidad intelectual para entenderlo. Pero ya con el paso del tiempo lo van a entender que esta fue una decisión de política importantísima y que lo hice por el bien de México’. Bueno, además del error, hasta nos insulta”.

La Fepade acatará el rechazo del Juez al arresto de Escobar; anuncia que reelaborará el expediente

lunes, diciembre 14th, 2015

La noche del 25 de noviembre, el órgano electoral solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante las elecciones pasadas.

Arturo Escobar, presidente nacional del Partido Verde a su llegada a una reunión entre la Secretaria de Gobernacion y los lideres de los Partidos Políticos. 10 de abril 2015. Foto: Cuartoscuro.

Arturo Escobar fue acusado de incurrir en violaciones a la ley electoral. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó no apelar la resolución de un Juez que negó la orden de aprehensión en contra del ex Subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, y adelantó que reelaborará el expediente para volver a solicitar su captura por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.

“En su pretensión punitiva, dicha Fiscalía, consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”, expuso la Fepade.

La noche del 25 de noviembre, el órgano electoral solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante las elecciones pasadas.

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.

Sin embargo, el pasado 9 de diciembre, Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado 11 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, negó la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob), al considerar que no había elementos que comprueben su participación en delitos electorales, informaron fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista de México, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se consideró un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

Grupos civiles: “otro Escobar” podría ir a Segob; pagan al PVEM con puestos públicos, acusan

martes, diciembre 1st, 2015

Integrantes de organizaciones civiles enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Segob se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

La Coalición expuso que la salida de Escobar fue un primer paso para "el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado". Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

La Coalición expuso que la salida de Escobar fue un primer paso para “el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social hicieron un llamado este martes para dar un giro a la política de prevención del delito en México.

Después de congratularse por la salida de Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), los grupos civiles alertaron del riesgo que existe de que otros servidores públicos que no son idóneos vuelvan a ocupar el puesto.

Entre los posibles candidatos que las organizaciones acusan de no llenar los requerimientos del cargo señalaron al director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vásquez Rossainz, y a la actual directora general de Participación Ciudadana, Ruth Zavaleta.

“Vásquez tiene un perfil meramente de Policía y queda en duda la parte de prevención del delito, y Zavaleta, más bien, tiene una trayectoria política, fue Diputada Federal por el Verde. Por eso pedimos que desde ya se revisen sus perfiles”, dijo Clara Jusidman de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social.

Los integrantes de las organizaciones enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, dijo Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

La Coalición expuso que la salida de Escobar, ex vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue un primer paso para “el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado”.

PROMO-ONGS-ESCOBAR

Escobar y Vega salió el 25 de noviembre de la Segob luego de una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a un juzgado de girar una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

En conferencia de prensa las organizaciones exigieron que la Segob incorpore una red de vigilancia ciudadana para la designación de cargos públicos que esté compuesta por ciudadanos expertos en la prevención del delito.

“Lamentablemente en México nunca se ha hecho. Estamos haciendo una exigencia y no es necesario hacer una asamblea en una plaza. Nosotros tenemos experiencia en esto y queremos que nos dejen hacerlo” , dijo Alfredo Peña de México Unido contra la Delincuencia.

Entre otras cosas, las organizaciones instaron a las autoridades a dar protección al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien tomó el cargo en febrero y dirigió durante seis meses la investigación a Arturo Escobar.

“Nosotros no tenemos conocimiento de que Nieto haya sido amenazado, ni hemos hablado con él, pero lamentablemente, sabemos de las presiones que surgen a raíz de estas investigaciones”, explicó Carlos Cruz.

Sobre si la posible la designación de Escobar ameritaba la salida del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la representante de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, dijo:

“No sabemos si el Secretario de Gobernación sabía de la investigación que se estaba realizando a cabo sobre Arturo Escobar, pero sí creemos que los perfiles que fueron designados no tenían el sustento moral para estar en ese puesto”.

Cuando Arturo Escobar fue designado a principios de septiembre como subsecretario, los miembros de la Coalición manifestaron su rechazo, por el menosprecio que se hace a los funcionarios de carrera y el favoritismo político a un personaje que arrastraba con varias polémicas durante su gestión en la campaña del PVEM.

“Ahora, que la consignación de Escobar está en manos de la instancia jurisdiccional, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento pugnamos por la pronta resolución del caso en un marco de absoluta libertad, independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la ley”, citó en una misiva la Coalición.

El PVEM realizó una violación reiterada de las normas electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo multaron con 189 millones de pesos en multas firmes, que aún podrían ascender, de confirmarse, a un monto de 597 millones 471 mil pesos.

Grupos civiles piden investigar al hermano de Escobar por negocios con PVEM y Gobierno federal

martes, diciembre 1st, 2015

Expertos reclaman que Arturo Escobar debe también aclarar un presunto “negocio familiar” que involucra a su hermano en contratos al PVEM y a dependencias como la Sagarpa.

Arturo Escobar también podría ser investigado por conflicto de interés en el caso de los cineminutos pagados por la empresa de su hermano. Foto: Cuartoscuro

Arturo Escobar también podría ser investigado por conflicto de interés en el caso de los cineminutos pagados por la empresa de su hermano. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles, académicos y legisladores pidieron que las autoridades investiguen al hermano de Arturo Escobar y Vega y los “negocios familiares” realizados a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Arturo Escobar tuvo que dejar su cargo como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), el 25 de noviembre, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que libraría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

Desde marzo, diferentes grupos de la sociedad civil y partidos de oposición denunciaron que había un conflicto de interés en la compra de los llamados “cineminutos” –cápsulas promocionando al Verde en salas de cine– por parte del PVEM a la empresa Grupo Rabokse SA de CV, propiedad de Adrián Escobar y Vega, hermano del entonces dirigente y vocero del PVEM Arturo Escobar.

“Fue un claro conflicto de interés. Deberían investigarlo [a Adrián Escobar y Vega]”, dijo Carlos Cruz en entrevista con SinEmbargo, representante y fundador de la Cause Ciudadano, que junto con otras 25 organizaciones de la sociedad civil recordaron la semana pasada que por esta y otras razones Arturo Escobar nunca llenó la calidad moral para ostentar un cargo público.

Adrián Escobar y Vega es socio mayoritario del Grupo Rabokse SA de CV, con 49, y durante la campaña concretó contratos millonarios para la difusión en “cineminutos”, especialmente en la propaganda del Verde llamada “Propuesta cumplida” y “El verde cumple lo que promete”.

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Si bien nunca fue constatado que Grupo Rabokse recibiera dinero del PVEM, sí fue comprobado que la empresa celebró un contrato de 35 millones de pesos con Comercializadora Publicitaria TIK, que representa a Cinépolis, por los “cineminutos” que posicionaron al verde. Lo que constituye una aportación en especie.

“Me parece que pudiéramos estar frente a un tema de triangulación, lavado de dinero y negocios familiares”, dijo en su momento Francisco Gárate Chapa, representante del Partido de Acción nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, por la acción de Arturo Escobar de contratar “cineminutos” a favor del PVEM, el Instituto Nacional Electoral (INE) se limitó a multar al Verde con 67 millones de pesos. Y en agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandó al INE a profundizar las averiguaciones sobre la compra de “cineminutos” del Verde, ya que las multas sólo consideraron la aportación en especie, pero no la relación contractual entre la empresa y el partido.

El experto en partidos políticos Eduardo Huchim May recordó que no descartó que esta investigación podría ser llevada a la Fepade, misma que giró la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar.

En marzo legisladores del Verde negaron que Grupo Rabokse SA de CV hiciera contratos con su partido para los “cineminutos”, pero adujeron que la empresa celebra contratos con varios partidos y, también, con dependencias del Estado.

La empresa también tiene una relación de contratos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; en el 2013 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le otorgó 1 millón 506 mil pesos por la transmisión de spots en salas de cine, de acuerdo con el contrato DGRMIS-374/13; y un año después alrededor de 1 millón 994 mil pesos por el mismo concepto en el contrato DGRMIS-028/14.

Contrato celebrado con Sagarpa de acuerdo con el portal de transparencia. Foto: Captura de pantalla

Contrato celebrado con Sagarpa de acuerdo con el portal de transparencia. Foto: Captura de pantalla

En el 2014 Rabokse SA de CV celebró con la Segob el contrato número “4500016804” por alrededor de 3 millones 500 mil pesos; y en el 2015 lo hizo con la Secretaría de Educación Pública por servicios de difusión con un monto de 2 millones 153 mil pesos en el contrato número “700212”.

“Lo que tendría que determinar la autoridad electoral por lo pronto es si lo que la empresa cobró o reporta haberle cobrado el partido Verde es igual a la de los otros partidos, porque si no es así, esto significaría que le otorgó una ventaja al Partido Verde”, dijo Huchim.

En octubre, durante su comparecencia ante el Senado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, fue cuestionada sobre la existencia o no de investigaciones en torno a los supuestos delitos electorales cometidos por Arturo Escobar.

A lo que contestó: “Hay tres averiguaciones previas contra integrantes del Partido Verde Ecologista, las cuales están en trámite. No puedo dar más información, pero tenga por seguro que se agotarán todas las líneas de investigación y estamos trabajando, se está trabajando en la Fepade junto con el INE y junto con el Tribunal Electoral, y si también ellos nos envían alguna información, la tendremos que tomar en cuenta”, detalló.

Hasta ahora, la Fepade sólo ha concluido, después de una indagatoria de seis meses, que Arturo Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

RETIRO DE REGISTRO

Por su parte ,el Senador del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, consideró que las presuntas anomalías suscitadas de los contratos celebrados entre el PVEM y la empresa Rabokse deben dar hincapié a agotar otras líneas de investigación.

“Yo esperaría que una vez que sean temas, que una vez que haya una condición de investigación abierta, pues la autoridad profundice en toda la dimensión y magnitud de lo que pueda tipificar el involucramiento de representantes del PVEM en acciones o actitudes anómalas respecto a la ley, uno de muchos más temas que no quedan claro, y esperamos que se haga una investigación a fondo”, dijo.

El legislador del PRD fue más allá y argumentó que ésta, entre otras circunstancia que rodaron el proceso electoral del PVEM, legitimaron la petición ciudadana de quitar el registro al PVEM.

“Una es la repercusión social y de estas acciones que se han derivado, y otra es la ruta jurídica específica, más allá de una posición de partido político personal me parece que lo que hay todavía pendiente es que se establezca un camino formal para solicitar por la vía jurídica quitarle este registro al PVEM”, agregó Ríos Piter.

Grupos civiles exigen a la PGR un juicio sólido contra Escobar para que no se les caiga

domingo, noviembre 29th, 2015

A través de una petición subida a la plataforma Change.org, los firmantes demandan que Arturo Escobar y Vega rinda cuentas ante las autoridades por cometer delitos electorales cuando era representante del PVEM.

Foto: Especial

Foto: Especial

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones y ciudadanos exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) que Arturo Escobar y Vega sea enjuiciado por los delitos electorales que cometió cuando era representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A través de una petición subida ayer a la plataforma Change.org, los firmantes demandan que el ex Subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob) rinda cuentas ante las autoridades.

“Arturo Escobar fue presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es hora de que rinda cuentas. Muchas organizaciones y ciudadanos señalamos durante meses la forma en que este partido violó la ley electoral y hoy, por fin, estamos frente a la posibilidad de que este personaje rinda cuentas porque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) acaba de pedir una orden de aprehensión en su contra”, dice la petición hecha por la organización Cauce Ciudadano.

El pasado 24 de noviembre, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar y Vega transgredió la Ley electoral al haber celebrado como representante del Partido Verde un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

La dependencia solicitó a un juez una orden de aprehensión contra Escobar por delitos electorales. El Juez federal cuenta con 10 días hábiles para girar o negar la orden, o regresar la consignación a la Fepade.

Los ciudadanos y las organizaciones celebraron el trabajo de la Fiscalía y solicitaron firmas para exigir pruebas sólidas que lleven a Escobar a enfrentar un juicio.

“Es hora de que como ciudadanas y ciudadanos exijamos nuevamente a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer: un expediente impecable por parte de la Fepade, para que las pruebas sean sólidas, y un juez autónomo del poder político para tener un juicio totalmente justo, para que no ocurra como en otros casos (como el caso Cassez) que por un pésimo actuar de las autoridades la verdad nunca salió a la luz”, demandaron.

“Ayúdanos con tu firma y compartiendo esta petición para exigir pruebas sólidas y un juicio justo contra Arturo Escobar, tanto a la PGR como al juez que corresponde. Es hora de que Arturo Escobar y el Partido Verde rindan cuentas”, finaliza la petición.

El 25 de noviembre, Escobar y Vega dejó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) después de que la Fepade dio a conocer que pedirá una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

Grupos de la sociedad civil habían exigido a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, que lo despidiera por representar la cultura de la desobediencia, la falta de transparencia, y la cultura de la ilegalidad. Eso no valió para el titular de la Segob. La Fepade lo tumbó.

Escobar fue vocero del PVEM, que en alianza con el Revolucionario Institucional, postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Segob se consideró un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

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ESCOBAR EN LA SEGOB

El pasado 9 de septiembre, Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.

Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.

Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la política de prevención, que era una de las pocas donde había un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa política se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y había muchas limitaciones, pero había ese canal de diálogo que ahora está roto”.

Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.

Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

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El INE da al Verde más dinero público para gastar en 2016, en medio del escándalo Escobar

viernes, noviembre 27th, 2015

El INE otorgó al PVEM 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, 49 millones de pesos más del asignado en 2015, pese a los señalamientos en contra del partido del Tucán por cometer graves violaciones a la ley electoral en las elecciones de este año.

 Votación durante la sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro

Votación durante la sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– En medio del escándalo por la renuncia de Arturo Escobar y Vega a su cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob), por transgredir la Ley electoral como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio ayer a ese instituto político 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, 49 millones de pesos más del asignado en 2015.

Escobar y Vega anunció la noche del miércoles pasado que renunciaba a la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

Luego de las denuncias en contra del PVEM y de la discusión para que incluso se le retirara el registro por violar la Ley Electoral, Escobar fue elegido por el Presidente Enrique Peña Nieto y por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para ocupar uno de los puestos más importantes dentro de esa dependencia.

Escobar fue vocero del Partido Verde, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló como su candidato en las elecciones de julio de 2012 al actual Jefe del Ejecutivo federal. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación es considerado por analistas, activistas y opositores al PRI un pago político del Gobierno federal a los favores electorales recibidos del PVEM.

LÍDERES CUESTIONAN SALIDA DE ESCOBAR

Analistas, políticos y legisladores coincidieron en que fue un error nombrarlo en el gobierno y señalaron que su renuncia profundiza el descrédito de las instituciones mexicanas y desnuda el encubrimiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, a un “delincuente electoral”.

El politólogo e historiador Lorenzo Meyer Cossío declaró en entrevista para SinEmbargo que sólo existe una respuesta a la noticia de la renuncia de Escobar: “Algo no cumplió de lo que se negoció y algo hay más en el fondo”.

Lorenzo Meyer Cossío explicó que con el escándalo de Escobar, el Gobierno federal asume un doble costo político: el que asumió cuando lo llevó a un puesto en donde incluso se burló de los mexicanos y ahora, al aceptar a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que es un presunto delincuente.

“El sacarlo de ese puesto implica otro costo político para el Presidente que ya había pagado un costo por poner a alguien, a la persona que tiene sospecha de haber cometido la ilegalidad. Si lo hubieran mantenido se hubiera diluido relativamente con el paso del tiempo y ahora, en el momento que tiene que renunciar, justamente por lo que todo el mundo sabía, por hechos ilegales, y uno dice: ¿el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error”, dijo Meyer Cossío.

Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió con Meyer y dijo que ahora Osorio Chong deberá explicar por qué le dio una subsecretaría a alguien acusado de presuntos actos ilegales.

“¿Cómo es posible que el Secretario de Gobernación y el Presidente lo hayan nombrado para un puesto público tan importante, sin haber escuchado previamente y después, todavía haberlo ratificado? Había una especie de pacto político electoral. El Secretario de Gobernación tendrá que responder: Si usted es la cabeza de la legalidad en las actuaciones cívicas, ¿cómo pudo nombrar a este Subsecretario que ahora mismo tiene que renunciar para defenderse?”, cuestionó.

El especialista en partidos políticos Eduardo Huchim May opinó que en otros países los cargos que enfrenta Arturo Escobar hubieran bastado para que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, renunciara. Sin embargo, las características de México son distintas.

“En la designación del Subsecretario [Arturo Escobar] estuvo necesariamente involucrado el Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que no necesariamente Osorio Chong tendría que renunciar. Sin embargo, sí pone en entre dicho que hayan colocado a alguien que al momento de su designación ya arrastraba con la denuncia”, explicó.

La directora de México Evalúa Edna Jaime Treviño dijo que el caso Escobar simplemente reitera o refrenda que fue una mala decisión “el que haya prevalecido un criterio de recompensa, un criterio de pagar por la alianza con el partido verde que desde un principio le salió muy caro por las críticas, y ahora se confirma que había razón en ellas”.

“Este año ha sido muy complicado en materia de prevención y seguramente se va ver reflejado, si de por sí ya era un programa en el proceso de madurez, que de ninguna manera podemos hablar de un política consolidada, pues ahora es un ámbito mucho más débil, donde los relevos, la ausencia de un Subsecretario por varios meses, y un nombramiento fallido sí están debilitando a la subsecretaría y los programas que se financian”, dijo Jaime Treviño.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es un “chivo expiatorio” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para “engañar que les interesa la legalidad”.

Legisladores consultados por SinEmbargo coincidieron en que la orden de aprehensión de la Fepade, una instancia con autonomía técnica, subordinada de la Procuraduría General de la República (PGR), rompió el encubrimiento que hace el Gobierno a sus allegados.

“Sería cuestionable que el Secretario de Gobernación si sabía o no que su Subsecretario nada más ni nada menos que el de Prevención del Delito estaba siendo investigado por cometer delitos. Lo que refleja es que es un grupo gobernante que se maneja como una pandilla cómplices”, dijo el Senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

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INE DA PRERROGATIVAS

Pese a las acusaciones en su contra, el PVEM conservará su registro y seguirá percibiendo del presupuesto público. Ayer, el INE le otorgará 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016.

El partido del Tucán recibirá 49 millones de pesos más del asignado a 2015, que fue de 323 mil millones de pesos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer, por unanimidad, el monto de financiamiento que por concepto de prerrogativas  públicas recibirán los partidos políticos.

El financiamiento que recibirá el Verde lo colocan en el quinto lugar después del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que recibirá 420 millones; el de la Revolución Democrática (PRD), 484 millones; Acción Nacional (PAN), 797 millones, y el Revolucionario Institucional (PRI), con un millón 51 mil pesos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.

La ilustración más clara fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones. En Julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.

Todos esos triunfos pese a que en la elección federal cometió varias irregularidades como anunciarse en cines fuera de los tiempos de campaña y repartir miles de tarjetas de descuento en comercios.

En el proceso electoral de 2015 fue el partido que cometió más violaciones electorales y por ello fue multado en reiteradas ocasiones, de hecho, aún debe pagar por esas sanciones.

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El titular de la Fepade afirma que en el caso Escobar se actuó sin “filias ni fobias” y con imparcialidad

viernes, noviembre 27th, 2015

El titular de la Fepade indicó que el organismo a su cargo desarrolló su trabajo en el marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, aseguró que en el caso de Escobar se actuó con imparcialidad. Foto: Twitter @OuroborosAc

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, aseguró que en el caso de Escobar se actuó con imparcialidad. Foto: Twitter @OuroborosAc

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, aseguró que se actuó “con imparcialidad, sin filias ni fobias” en la integración de la investigación contra Arturo Escobar y Vega, ex subsecretario de Gobernación y ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“En todos los casos donde la Fiscalía sigue trabajando en indagatorias respecto a dirigentes de los partidos, del PVEM o de cualquier otro partido político, seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en que consideramos que se acredita el cuerpo del delito de la probable responsabilidad, actuando, como tengo la instrucción de la Procuradora General de la República, de forma autónoma y en ejercicio de mis competencias y con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, consignaremos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han acreditado estos dos elementos”, dijo en entrevista al término de su participación en el XVII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia.

Escobar y Vega anunció la noche del miércoles que renunciaba a su puesto en la Secretaría de Gobernación, después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

El titular de la Fepade indicó que el organismo a su cargo desarrolló su trabajo en el marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.

“En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso, no me refiero a este específico, sino a ningún caso de los que tenga conocimiento la Fiscalía, hemos vulnerado disposiciones de carácter normativo”, aseveró Santiago Nieto.

El funcionario federal justificó la decisión que tomó la Fepade en el caso de Escobar con base en la información que es pública en virtud de que se trata de asuntos resueltos por el INE o el Tribunal Electoral.

El pasado 25 de noviembre, la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra de Escobar y Vega por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

De acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.

A Escobar y Vega se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.