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Integrantes de organizaciones civiles enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Segob se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social hicieron un llamado este martes para dar un giro a la política de prevención del delito en México.

Después de congratularse por la salida de Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), los grupos civiles alertaron del riesgo que existe de que otros servidores públicos que no son idóneos vuelvan a ocupar el puesto.

Entre los posibles candidatos que las organizaciones acusan de no llenar los requerimientos del cargo señalaron al director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vásquez Rossainz, y a la actual directora general de Participación Ciudadana, Ruth Zavaleta.

“Vásquez tiene un perfil meramente de Policía y queda en duda la parte de prevención del delito, y Zavaleta, más bien, tiene una trayectoria política, fue Diputada Federal por el Verde. Por eso pedimos que desde ya se revisen sus perfiles”, dijo Clara Jusidman de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social.

Los integrantes de las organizaciones enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, dijo Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

La Coalición expuso que la salida de Escobar, ex vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue un primer paso para “el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado”.

Escobar y Vega salió el 25 de noviembre de la Segob luego de una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a un juzgado de girar una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

En conferencia de prensa las organizaciones exigieron que la Segob incorpore una red de vigilancia ciudadana para la designación de cargos públicos que esté compuesta por ciudadanos expertos en la prevención del delito.

“Lamentablemente en México nunca se ha hecho. Estamos haciendo una exigencia y no es necesario hacer una asamblea en una plaza. Nosotros tenemos experiencia en esto y queremos que nos dejen hacerlo” , dijo Alfredo Peña de México Unido contra la Delincuencia.

Entre otras cosas, las organizaciones instaron a las autoridades a dar protección al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien tomó el cargo en febrero y dirigió durante seis meses la investigación a Arturo Escobar.

“Nosotros no tenemos conocimiento de que Nieto haya sido amenazado, ni hemos hablado con él, pero lamentablemente, sabemos de las presiones que surgen a raíz de estas investigaciones”, explicó Carlos Cruz.

Sobre si la posible la designación de Escobar ameritaba la salida del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la representante de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, dijo:

“No sabemos si el Secretario de Gobernación sabía de la investigación que se estaba realizando a cabo sobre Arturo Escobar, pero sí creemos que los perfiles que fueron designados no tenían el sustento moral para estar en ese puesto”.

Cuando Arturo Escobar fue designado a principios de septiembre como subsecretario, los miembros de la Coalición manifestaron su rechazo, por el menosprecio que se hace a los funcionarios de carrera y el favoritismo político a un personaje que arrastraba con varias polémicas durante su gestión en la campaña del PVEM.

“Ahora, que la consignación de Escobar está en manos de la instancia jurisdiccional, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento pugnamos por la pronta resolución del caso en un marco de absoluta libertad, independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la ley”, citó en una misiva la Coalición.

El PVEM realizó una violación reiterada de las normas electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo multaron con 189 millones de pesos en multas firmes, que aún podrían ascender, de confirmarse, a un monto de 597 millones 471 mil pesos.

Expertos reclaman que Arturo Escobar debe también aclarar un presunto “negocio familiar” que involucra a su hermano en contratos al PVEM y a dependencias como la Sagarpa.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles, académicos y legisladores pidieron que las autoridades investiguen al hermano de Arturo Escobar y Vega y los “negocios familiares” realizados a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Arturo Escobar tuvo que dejar su cargo como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), el 25 de noviembre, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que libraría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

Desde marzo, diferentes grupos de la sociedad civil y partidos de oposición denunciaron que había un conflicto de interés en la compra de los llamados “cineminutos” –cápsulas promocionando al Verde en salas de cine– por parte del PVEM a la empresa Grupo Rabokse SA de CV, propiedad de Adrián Escobar y Vega, hermano del entonces dirigente y vocero del PVEM Arturo Escobar.

“Fue un claro conflicto de interés. Deberían investigarlo [a Adrián Escobar y Vega]”, dijo Carlos Cruz en entrevista con SinEmbargo, representante y fundador de la Cause Ciudadano, que junto con otras 25 organizaciones de la sociedad civil recordaron la semana pasada que por esta y otras razones Arturo Escobar nunca llenó la calidad moral para ostentar un cargo público.

Adrián Escobar y Vega es socio mayoritario del Grupo Rabokse SA de CV, con 49, y durante la campaña concretó contratos millonarios para la difusión en “cineminutos”, especialmente en la propaganda del Verde llamada “Propuesta cumplida” y “El verde cumple lo que promete”.

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Si bien nunca fue constatado que Grupo Rabokse recibiera dinero del PVEM, sí fue comprobado que la empresa celebró un contrato de 35 millones de pesos con Comercializadora Publicitaria TIK, que representa a Cinépolis, por los “cineminutos” que posicionaron al verde. Lo que constituye una aportación en especie.

“Me parece que pudiéramos estar frente a un tema de triangulación, lavado de dinero y negocios familiares”, dijo en su momento Francisco Gárate Chapa, representante del Partido de Acción nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, por la acción de Arturo Escobar de contratar “cineminutos” a favor del PVEM, el Instituto Nacional Electoral (INE) se limitó a multar al Verde con 67 millones de pesos. Y en agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandó al INE a profundizar las averiguaciones sobre la compra de “cineminutos” del Verde, ya que las multas sólo consideraron la aportación en especie, pero no la relación contractual entre la empresa y el partido.

El experto en partidos políticos Eduardo Huchim May recordó que no descartó que esta investigación podría ser llevada a la Fepade, misma que giró la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar.

En marzo legisladores del Verde negaron que Grupo Rabokse SA de CV hiciera contratos con su partido para los “cineminutos”, pero adujeron que la empresa celebra contratos con varios partidos y, también, con dependencias del Estado.

La empresa también tiene una relación de contratos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; en el 2013 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le otorgó 1 millón 506 mil pesos por la transmisión de spots en salas de cine, de acuerdo con el contrato DGRMIS-374/13; y un año después alrededor de 1 millón 994 mil pesos por el mismo concepto en el contrato DGRMIS-028/14.

En el 2014 Rabokse SA de CV celebró con la Segob el contrato número “4500016804” por alrededor de 3 millones 500 mil pesos; y en el 2015 lo hizo con la Secretaría de Educación Pública por servicios de difusión con un monto de 2 millones 153 mil pesos en el contrato número “700212”.

“Lo que tendría que determinar la autoridad electoral por lo pronto es si lo que la empresa cobró o reporta haberle cobrado el partido Verde es igual a la de los otros partidos, porque si no es así, esto significaría que le otorgó una ventaja al Partido Verde”, dijo Huchim.

En octubre, durante su comparecencia ante el Senado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, fue cuestionada sobre la existencia o no de investigaciones en torno a los supuestos delitos electorales cometidos por Arturo Escobar.

A lo que contestó: “Hay tres averiguaciones previas contra integrantes del Partido Verde Ecologista, las cuales están en trámite. No puedo dar más información, pero tenga por seguro que se agotarán todas las líneas de investigación y estamos trabajando, se está trabajando en la Fepade junto con el INE y junto con el Tribunal Electoral, y si también ellos nos envían alguna información, la tendremos que tomar en cuenta”, detalló.

Hasta ahora, la Fepade sólo ha concluido, después de una indagatoria de seis meses, que Arturo Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

RETIRO DE REGISTRO

Por su parte ,el Senador del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, consideró que las presuntas anomalías suscitadas de los contratos celebrados entre el PVEM y la empresa Rabokse deben dar hincapié a agotar otras líneas de investigación.

“Yo esperaría que una vez que sean temas, que una vez que haya una condición de investigación abierta, pues la autoridad profundice en toda la dimensión y magnitud de lo que pueda tipificar el involucramiento de representantes del PVEM en acciones o actitudes anómalas respecto a la ley, uno de muchos más temas que no quedan claro, y esperamos que se haga una investigación a fondo”, dijo.

El legislador del PRD fue más allá y argumentó que ésta, entre otras circunstancia que rodaron el proceso electoral del PVEM, legitimaron la petición ciudadana de quitar el registro al PVEM.

“Una es la repercusión social y de estas acciones que se han derivado, y otra es la ruta jurídica específica, más allá de una posición de partido político personal me parece que lo que hay todavía pendiente es que se establezca un camino formal para solicitar por la vía jurídica quitarle este registro al PVEM”, agregó Ríos Piter.