Las Fiscalía de Puebla y Querétaro investigan a Porfirio Lima Cervantes por los delitos de falsedad de declaraciones y secuestro simulado después de que descubrieron que se encontraba en un hotel y nunca fue levantado por miembros del crimen organizado.
Por Edmundo Velázquez
Puebla, 1 de junio (Periódico Central).- Las Fiscalías de Querétaro y Puebla investigan al candidato del Partido Verde a presidente municipal de Acajete, Porfirio Lima Cervantes, por los delitos de falsedad de declaraciones y secuestro simulado, después de que fue encontrado sano y salvo.
El candidato falseó declaraciones al ser encontrado en Querétaro por personal adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Esta dependencia de la Fiscalía de Querétaro acudió a las instalaciones del Nuevo Hospital General, donde fue llevado después de que se le encontró en una carretera y dieron aviso a Gilberto Higuera, el titular de la Fiscalía de Puebla.
Lima fue encontrado por elementos de la Policía Estatal de Querétaro que daban seguimiento a una camioneta de la que descendió la supuesta víctima, el político de Acajete, quien fue dejado en la autopista federal 57 en el municipio de El Marqués.
Después el candidato dijo que había sido levantado el 29 de mayo en San Jerónimo Ocotitlán, pero más tarde cambió su versión y se descubrió que él mismo se había registrado en un hotel con un nombre falso.
“Dando seguimiento a la línea de investigación de la Fiscalía Puebla en torno a la presunta desaparición de un candidato en aquella entidad, se informa que esta persona habría permanecido por voluntad propia en un hotel en la capital del estado de Querétaro (…) El 29 de mayo, se registró con un nombre falso y salió del mismo está mañana”.
El candidato ya fue trasladado a Puebla y serán las autoridades poblanas quienes continúen con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones o secuestro simulado de acuerdo con lo que se encuadre en la denuncia ya iniciada contra Porfirio Lima.
#MetaDatos | En el sexenio de Enrique Peña Nieto cada clic, retuit o reproducción de un video fue medido y convertido en mercancía por agencias de marketing que amasaron millones a expensas de la impopularidad del priista y con costo al erario. En este proceso, un centenar de contratos fueron entregados por adjudicación directa a dos agencias: Agavis Digital, fundada Aarón Fernández Medina, y 5M2 Digital S.A.P.I. de C.V. y filialres, empresa de publicidad que durante el sexenio de EPN creció al punto de comprar el Grupo Expansión en abril de 2017.
Lo que informaron y promocionaron estas agencias a través de Twitter, Facebook, YouTube y otras plataformas no fue suficiente para revertir el descontento de los mexicanos por el Gobierno de Peña, que desde 2014 inició su declive a raíz del caso Ayotzinapa. Desde esa fecha y hasta el último día de su sexenio, el priista mexiquense pagó millones a agencias externas, pese a contar con una sofisticada plataforma enfocada a esas tareas, y para revertir el malestar que en las redes sociales supuraba como el síntoma más visible de su fracaso.
Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).— La Estrategia Digital Nacional (EDN) fue creada el sexenio pasado con el objetivo de optimizar la difusión de las acciones del Gobierno mexicano en las redes sociales, una de las áreas que en los primeros días de Enrique Peña Nieto en Los Pinos aún se encontraba en fase emergente. Alejandra Lagunes Soto, quien hoy Senadora de la República por el Partido Verde Ecologista (PVEM), fue la creadora y primera titular de ese organismo, que fue coordinado de manera directa desde la Presidencia.
Al término del sexenio peñista, la EDN se desmoronó desde adentro. En sus primeros seis años de existencia delegó a varias agencias de marketing tareas de comunicación en las redes sociales (RRSS) que implicaron un gasto millonario para el erario y un jugoso botín para esta incipiente industria, que fue favorecida con centenas de contratos emitidos, en su mayoría, por adjudicación directa, con el fin difundir campañas del Gobierno federal, entre las que destacan los informes de Gobierno y las reformas estructurales.
Aunque la Estrategia Digital Nacional tenía como objetivo central la ejecución de un Plan de Comunicación Digital, conformado por un equipo responsable de la generación de contenidos y otro más de la administración de las redes sociales, dos agencias suplieron con mayor frecuencia estas actividades: Agavis Digital S.C., fundada por Aarón Fernández Medina, y 5M2 Digital S.A.P.I. de C.V., inicialmente una compañía de publicidad en transportes urbanos.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia y datos abiertos, entre ambas agencias recibieron más de 200 millones de pesos en contratos asignados de manera directa para difundir campañas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el Cuarto Informe de Gobierno de Peña Nieto.
EL NACIMIENTO DE UNA INDUSTRIA
De manera paralela al surgimiento de la EDN, evolucionó la industria de las agencias especializadas en el manejo de RRSS de dependencias gubernamentales, un servicio que adquirió una importancia inédita en el sexenio pasado. Los servicios de estrategias de comunicación a través de Twitter o Facebook, por ejemplo, no fueron una prioridad durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en que la publicidad en mobiliario urbano resultaba de mayor interés.
Aunque el gasto en campañas para las RRSS era mínimo en 2010, en aquel año la agencia 5M2 ya reunía amplia experiencia en la obtención de contratos por adjudicación directa para promocionar a varias dependencias en el Metrobús de la Ciudad de México, gracias al que la agencia –fundada por el empresario Édgar Farah Rubiera– apuntaló su éxito en la industria publicitaria.
En 2010, la empresa de Farah Rubiera obtuvo contratos sin concursar por varios millones de pesos, entre los que destacan casos como el del Instituto Nacional de las Muejeres (Inmujeres) por 34 millones, según se describe en el contrato con número INMUJERES/093/referido en el Portal de Transparencia de este organismo. En el mismo año destaca otro contrato por 4 millones que la Secretaría de Salud (SSA) le extendió con número de folio 177-DGCS-2010, por concepto de difusión en medios complementarios”; ambos fueron adjudicados en forma directa y ambos fueron clientes frecuentes de 5M2 hasta el último día del sexenio de EPN, casi una década después.
La ganancias que esta empresa obtuvo del Gobierno federal se incrementaron a partir de 2014 en que 5M2 integró servicios de publicidad digital a su cartera. De acuerdo con datos abiertos, en aquel año 5M2 –ya conformado como corporativo– incluyó al menos dos sub-agencias orientadas a la comunicación digital: 5M2 Digital , S.A.P.I. de C.V., y Full Digital Media, S.A.P.I. de C.V., que ofrecieron al Gobierno servicios de publicidad en redes sociales.
A pesar del crecimiento, la empresa fundada por Farah mantuvo el mismo modo de operación. 5M2 continuó recibiendo contratos por adjudicación directa, entre los que destaca uno por más de 14 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con número de folio 040-ADN-41-039/2015, y otro más con número 201705011, que recibió la agencia Full Digital Media en 2017 por más de 12 millones para publicitar al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y en YouTube, plataforma en que sus servicios alcanzaron el millón de pesos por día, según información obtenida a través del portal Compranet.
De ser una pequeña empresa de publicidad especializada en mobiliario urbano, 5M2 logró crecer en menos de una década hasta convertirse en una de las agencias de marketing más trascendentes de México. En abril de 2017, la agencia favorecida por la administración de Peña Nieto adquirió a Grupo Expansión por una suma no revelada y se convirtió en el Grupo 5M.
Gráfico que muestra la evolución en el número de contratos por adjudicación directa que recibió la empresa 5M2 por concepto de publicidad en mobiliario urbano, transporte público y redes sociales. Foto: SinEmbargo
DERROCHE EN 3.0
En tanto que 5M2 incursionaba en las redes sociales, Agavis Digital S.C. ya era una de las agencias predilectas por el Gobierno de Peña para el manejo de las RRSS. De acuerdo con una investigación realizada por la organización Project Poder, entre el 2012 y el 2018 esta agencia obtuvo más de 152 millones de pesos en contratos federales. De ese monto, al menos 131 millones también les fueron entregados por adjudicación directa.
La compañía fundada por Aarón Fernández Medina tuvo su mejor racha en 2016, año en que obtuvo la mayor cantidad de contratos y adjudicaciones directas. En ese mismo 2016, el Gobierno federal también favoreció a 5M2 con el incremento en la demanda de sus servicios publicitarios, tanto en mobiliario urbano como en el ámbito digital.
La organización Project Poder encontró que el número de contratos que la agencia Agavis Digital obtuvo por adjudicación directa fue en aumento a lo largo del sexenio de EPN. Foto: Project Poder
La millonaria erogación de presupuesto público en torno a las redes sociales durante el sexenio peñista no se sustenta en la práctica. Por dar un ejemplo, en e 2009 la SSA aperturó varias cuentas en Twitter para proporcionar información sobre la evolución de la epidemia ocasionada por el virus de la influenza H1N1, una de las peores crisis del Gobierno de Felipe Calderón. En el siguiente sexenio, y sin que se presentara una crisis similar, la comunicación de la SSA en Twitter y otras plataformas requirió de al menos 9 millones de pesos para ser administrada, de acuerdo con montos proporcionados a SinEmbargo vía transparencia.
La agencia Full Digital Media obtuvo varios contratos con la SSA durante el sexenio anterior, esta dependencia es una de las que reportan los mayores gastos en publicidad en redes sociales. Foto: Unidad de Transparencia de la SSA
Sin menospreciar a ninguna red social, la publicidad de Peña Nieto y de su Gobierno fue pautada en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Google, SnapChat y hasta en Waze, una aplicación de mapas; todas estas plataformas fueron integradas a las estrategias que las agencias de marketing ofrecieron por millones a la administración federal y que estuvieron muy lejos de mejorar la imagen desgastada de Peña Nieto y de sus colaboradores.
Con el paso de los años, la industria estructuró un modelo de comunicación en el que la interacción de los usuarios con el Estado era medido de manera milimétrica y ofrecido como producto. Una publicación de Facebook llegó a costar 6 mil 160 pesos y era ofrecida por millar de interacciones; un trending topic promocionado valía 220 mil pesos por día y este servicio aumentó a 550 mil pesos cuando se incluía un video, en tanto que la promoción en SnapChat costaba hasta 913 pesos por día.
Sin embargo la red social donde el contenido promocionado por Agavis resultó más costoso para el país fue YouTube, en donde un día de promoción oscilaba entre 671 mil pesos y 1 millón 89 pesos, esto de acuerdo con la tabla de precios incluida en el contrato 1511249 celebrado entre Agavis Digital y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2017.
A través de una petición subida a la plataforma Change.org, los firmantes demandan que Arturo Escobar y Vega rinda cuentas ante las autoridades por cometer delitos electorales cuando era representante del PVEM.
Foto: Especial
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones y ciudadanos exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) que Arturo Escobar y Vega sea enjuiciado por los delitos electorales que cometió cuando era representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
A través de una petición subida ayer a la plataforma Change.org, los firmantes demandan que el ex Subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob) rinda cuentas ante las autoridades.
“Arturo Escobar fue presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es hora de que rinda cuentas. Muchas organizaciones y ciudadanos señalamos durante meses la forma en que este partido violó la ley electoral y hoy, por fin, estamos frente a la posibilidad de que este personaje rinda cuentas porque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) acaba de pedir una orden de aprehensión en su contra”, dice la petición hecha por la organización Cauce Ciudadano.
El pasado 24 de noviembre, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar y Vega transgredió la Ley electoral al haber celebrado como representante del Partido Verde un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.
La dependencia solicitó a un juez una orden de aprehensión contra Escobar por delitos electorales. El Juez federal cuenta con 10 días hábiles para girar o negar la orden, o regresar la consignación a la Fepade.
Los ciudadanos y las organizaciones celebraron el trabajo de la Fiscalía y solicitaron firmas para exigir pruebas sólidas que lleven a Escobar a enfrentar un juicio.
“Es hora de que como ciudadanas y ciudadanos exijamos nuevamente a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer: un expediente impecable por parte de la Fepade, para que las pruebas sean sólidas, y un juez autónomo del poder político para tener un juicio totalmente justo, para que no ocurra como en otros casos (como el caso Cassez) que por un pésimo actuar de las autoridades la verdad nunca salió a la luz”, demandaron.
“Ayúdanos con tu firma y compartiendo esta petición para exigir pruebas sólidas y un juicio justo contra Arturo Escobar, tanto a la PGR como al juez que corresponde. Es hora de que Arturo Escobar y el Partido Verde rindan cuentas”, finaliza la petición.
El 25 de noviembre, Escobar y Vega dejó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) después de que la Fepade dio a conocer que pedirá una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
Grupos de la sociedad civil habían exigido a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, que lo despidiera por representar la cultura de la desobediencia, la falta de transparencia, y la cultura de la ilegalidad. Eso no valió para el titular de la Segob. La Fepade lo tumbó.
Escobar fue vocero del PVEM, que en alianza con el Revolucionario Institucional, postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Segob se consideró un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.
ESCOBAR EN LA SEGOB
El pasado 9 de septiembre, Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.
Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.
Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la política de prevención, que era una de las pocas donde había un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa política se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y había muchas limitaciones, pero había ese canal de diálogo que ahora está roto”.
Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.
Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
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